CE - 110010315000202303418011SENTENCIA20230921161011

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de tutela Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03418-01

Actor: Yanit Vergel Villareal

Demandado: Tribunal Administrativo del Huila

Tema: Acción de tutela contra providencia judicial/ falta del cumplimiento del requisito general de relevancia constitucional

Derechos Fundamentales Invocados: i) Igualdad, ii) acceso a la administración de justicia, iii) debido proceso y iv) seguridad social

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por el actor contra la sentencia de tutela de 24 de julio de 2023 proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por medio de la cual negó la solicitud de tutela.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES

La solicitud

1. El actor, a través de apoderado, presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Huila, porque, a su juicio, al proferir la sentencia de 2 3 de mayo de 2023, en el proceso adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 41001Administrativo del Huila, porque, a su juicio, al proferir la sentencia de 2 3 de mayo de 2023, en el proceso adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 4100133-33-006-2022-00051-01, vulneró sus derechos fundamentales invocados supra.2

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03418-01

Actor: Yanit Vergel Villareal

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los c uales se fundamenta la acción de tutela,

en síntesis, son los siguientes:

3. Advirtió que, presentó demanda contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y el Municipio de Neiva , en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con el fin de que: i) se declarara la nulidad del Oficio núm. 2896 de 1 de septiembre de 2021 ; y ii) a título de restablecimiento del derecho, solicitó que se condenara a las entidades demandadas a reconocer y pagar a su favor, la sanción moratoria que establece la Ley 50 de 28 de diciembre de 19901, desde el 15 de febrero de 2021 hasta el día en que se efectúe la consignación de la prestación , y la indemnización que prevé la Ley 52 de 18 de diciembre de 19752 por el pago extemporáneo de los intereses sobre las cesantías.

4. El Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Neiva profirió sentencia en

la indemnización que prevé la Ley 52 de 18 de diciembre de 19752 por el pago extemporáneo de los intereses sobre las cesantías.

4. El Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Neiva profirió sentencia en primera instancia, el 17 de noviembre de 2022, en la cual, negó las pretensiones de la demanda.

5. El Tribunal Administrativo del Huila profirió sentencia, en segunda instancia, el 23 de mayo de 2023, mediante la cual resolvió lo siguiente:

“[…] PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 17 de noviembre de 2022 por el Juzgado Sexto Administrativo de Neiva, por medio de la cual denegó las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: No CONDENAR en costas en esta instancia […]”.

5.1. El Tribunal Administrativo del Huila consideró que:

“[…] Para resolver el sub examine, no es necesario recurrir al principio de favorabilidad, en la medida en que no se está frente a dos disposiciones que ofrezcan un trato diferenciado y/o antinomias legales. A contrario sensu, lo que se aprecia es que la Ley 91 de 1989 (régimen especial de los docentes) no contempló la sanción

1 “Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones”. 2 “Por la cual se reconocen los intereses anuales a las cesantías de los trabajadores particulares”.3

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03418-01

Actor: Yanit Vergel Villareal

moratoria por la consignación tardía de las cesantías que introdujo la Ley 50 de 1990

Actor: Yanit Vergel Villareal

moratoria por la consignación tardía de las cesantías que introdujo la Ley 50 de 1990 y que por virtud de la Ley 344 de 1996 se extendió a los servidores públicos territoriales con excepción de los educadores.

La diferencia que destaca la demandante y en la que soporta sus pretensiones, encuentra asidero en la voluntad del legislador, en la naturaleza y en el tipo de relaciones que regula uno y otro régimen. Características, que por sí mis mas no envuelven la trasgresión al principio de igualdad y no demandan –como ya se dijola aplicación del principio de favorabilidad.

Ahora, la periodicidad anualizada para la liquidación de las cesantías no implica per se, que el régimen de los docentes sea el mismo o se le apliquen las disposiciones del marco prestacional de los demás servidores públicos o particulares. Justamente, porque entre ellos se distingue el origen de los recursos, la forma de administración, el fondo administrador y el trámite para su reconocimiento y pago.

iii.- La ponderación de derechos y la aplicación en materia laboral de la favorabilidad e igualdad tiene cabida cuando al reclamante por vacío legal se le impide lucrarse de un beneficio otorgado a la mayoría.

Al respecto, es importante recordar (i) que por mandato constitucional los servidores públicos no podrán devengar emolumentos diferentes a los que la ley o el reglamento dispone (artículo 122 Superior) y (ii) que el ordenamiento jurídico hizo a los docentes oficiales acreedores de la sanción moratoria por el reconocimiento y pago tardío de las cesantías.

Ello quiere decir que, si cuentan (al igual que la mayoría) con un respaldo al respecto

oficiales acreedores de la sanción moratoria por el reconocimiento y pago tardío de las cesantías.

Ello quiere decir que, si cuentan (al igual que la mayoría) con un respaldo al respecto (Ley 244 de 1995, modificada por la Ley 1071 de 2006) y que, aunque ese respal do es diferente al regulado en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, dicha diferencia radica en la especialidad de su régimen.

iv.- El principio de inescindibilidad de la norma jurisprudencialmente se ha estructurado con fundamento en el principio de favorabilidad; y consiste en “entender que las normas jurídicas bajo las cuales ha de regirse un asunto concreto, deben ser aplicadas en su integridad, es decir, no pueden ser dividas para resolver con parte de ellas y arte de otras el caso que se trate”.

Para la Sala, la aplicación del régimen contenido en la Ley 50 de 1990 desconocería la especialidad del sistema consagrado en la Ley 91 de 1989 para los docentes, y modificaría la forma de administrar, liquidar y cancelar sus cesantías.

Esto quiere decir, que, en lo relacionado con las cesantías y sus intereses, no es procedente que los miembros del magisterio apelen a un régimen diferente cuando el que los ampara, ya lo regula; o, que el vacío normativo (sanción moratoria por la consignación tardía de las cesantías) se satisfaga con la aplicación parcial de un marco normativo general (creándose un lex tertia).

Se hace alusión a una aplicación parcial porque para el reconocimiento de la sanción moratoria no se puede dejar de lado que la función asignada al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio es especial y que en todos los casos no necesariamente la

Se hace alusión a una aplicación parcial porque para el reconocimiento de la sanción moratoria no se puede dejar de lado que la función asignada al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio es especial y que en todos los casos no necesariamente la imputación de la responsabilidad por la omisión en la consignación del auxilio es del empleador (como lo establece el artículo 99-3º de la Ley 50 de 1990); más aún, si se tiene en cuenta que los recursos para el pago de la prestación son girados por el Ministerio de Educación al Fondo y que la entidad territorial (quien funge como administrador del servicio educativo y a veces como nom inador) no interviene en el traslado de esos dineros (Leyes 91 de 1989 y 1955 de 2019).4

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03418-01

Actor: Yanit Vergel Villareal

v.- La aplicación integral del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 a la situación de los educadores también se dificulta cuando se trata de contabilizar la mora; en la medida en que tampoco puede pasarse por alto que los recursos provienen del Sistema General de Participaciones y se descuentan directamente de los rubros que anualmente se distribuyen para la prestación del servicio educativo; los cuales, deben ser presupuestados por la entidad territorial.

vi.- La sentencia SU98 de 2018 que sustenta las súplicas no puede tenerse como precedente de unificación vinculante, pues en ese caso, la Corte Constitucional se refirió a un docente que no fue afiliado a ningún Fondo, y no al reconocimiento de la sanción moratoria establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 para los afiliados

refirió a un docente que no fue afiliado a ningún Fondo, y no al reconocimiento de la sanción moratoria establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 para los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

Fue precisamente por esa discrepancia fáctica, que la Corte Constitucional no se refirió a la naturaleza y a la especialidad del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio; el cual, funciona como una cuenta especial de la Nación encargada de la administración de las prestaciones sociales de los docentes, cuyos recursos son manejados a través de una fiducia, y que, a diferencia de las Sociedades Administradoras de Fondos Privados, no tiene dispuesta una cuenta individual en la que el afiliado recibe la consignación de sus cesantías.

Aunque es cierto, que la existencia de las cuentas individuales no hace parte del fondo de la discusión, es importante destacar a esta característica para insistir en las diferencias que existen entre el régimen docente y el de los particulares y/o servidores públicos afiliados a un fondo privado de cesantías.

Se itera, que, aunque el legislador generalizó el sistema anualizado para la liquidación de las cesantías, su voluntad también se dirigió a distinguir a través de diferentes regímenes: el trámite, la forma, los plazos y los administradores de los recursos de uno y otro tra bajador (docente vs particular y servidor público del nivel territorial afiliado a un fondo privado). Y, es por esa legal categorización que para la Sala no resulta adecuado exigir al empleador o al administrador de los dineros cumplir con una obligación q ue no se incluyó en el compendio normativo que orienta su

afiliado a un fondo privado). Y, es por esa legal categorización que para la Sala no resulta adecuado exigir al empleador o al administrador de los dineros cumplir con una obligación q ue no se incluyó en el compendio normativo que orienta su funcionamiento (consignar las cesantías y cancelar los intereses antes del 15 de febrero y del 31 de enero de cada año, respectivamente).

Así entonces, por las razones señaladasla Sala considera q ue la demandante no es acreedora de la sanción moratoria y/o la indemnización procurada. En tal virtud, es inocuo hacer referencia a la responsabilidad que prevé el artículo 57 de la Ley 1955 de 2019 […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

6. El actor solicitó en su escrito de tutela:

“[…] 1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO (sic) DEL HUILA en la sentencia proferida el día 23 DE MAYO DE 2023, en el expediente rad. No. 41001-33-33-006-2022-00051-01, transgredió los derechos fundamentales: AL DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, SITUACIÓN MÁS FAVORABLE AL TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN LA

APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES FORMALES DE DERECHO,5

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03418-01

Actor: Yanit Vergel Villareal

GARANTÍA A LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA IGUAL DAD, ACCESO A LA

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LA

Actor: Yanit Vergel Villareal

GARANTÍA A LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA IGUAL DAD, ACCESO A LA

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LA

PERPETUATIO JURISDICTIONIS, SEGURIDAD JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE JUDICIAL VERTICAL, de la (sic) accionante, por considerar que las razones de la decisión no se ajus tan a los postulados de la ley y a la abundante jurisprudencia constitucional y de este órgano de cierre en la jurisdicción contencioso administrativo, por lo que se encuentra vulnerando los derechos fundamentales de la accionada.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA; dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en las sentencias SU 098 de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del H. Consejo de Estado mediante diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la sanción por mora como fue solicitada en la demanda, de acuerdo a los postulados establecidos en los

siguientes expedientes:

CONSEJO DE

ESTADO

No. RADICADO

EXPEDIENTE FECHA DECISIÓN MAGISTRADO PONENTE CONSEJERO

S

FIRMANTES

1 08001-23-33000-201300666-01 (0833-16)

6 de agosto de 2020

Dra. SANDRA LISETH IBARRA SENTENCIA DE

S

FIRMANTES

1 08001-23-33000-201300666-01 (0833-16)

6 de agosto de 2020

Dra. SANDRA LISETH IBARRA SENTENCIA DE

UNIFICACIÓN DEL

CONSEJO DE

ESTADO

2 76001-23-31000200900867-01, No.

Interno: 4854-2014

24 de enero de 2019

Dra. SANDRA LISETH IBARRA

Dr. CÉSAR PALOMINO

CORTÉS - Dr.

CARMELO

PERDOMO CUÉTER

3 11001-0315000-201803499-01

29 de julio de 2019

Dr. NICOLÁS YEPES CORRALES

Dr. JAIME ENRIQUE

RODRÍGUEZ NAVASDr. GUILLERMO

SÁNCHEZ LUQUE

4 08001 23 33 000 2014 00173-01 (1688-16)

2 de diciembre de 2019

Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS

Dr. WILLIAM

HERNÁNDE

Z GÓMEZDr. GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDE

Z

5 08001-23-33000-201400208-01

10 de junio de 2020

Dra. SANDRA LISETH IBARRA

Dr. CÉSAR PALOMINO

CORTÉS - Dr.

CARMELO PERDOMO

CUÉTER

6 08001-23-3110 de junio de 2020

Dra. SANDRA LISETH IBARRA

Dr. CÉSAR PALOMINO

CORTÉS - Dr.

CARMELO PERDOMO

CUÉTER

6 08001-23-31000-201400254-01 (4960-2017)

22 de octubre de 2020

Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Dr. RAFAEL

FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS - Dr.

GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ

7

08001-23-33000-201400132-01

12 de noviembre de 2020

Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Dr. RAFAEL

FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS - Dr.

GABRIEL VALBUENA

HERNÁNDEZ6

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03418-01

Actor: Yanit Vergel Villareal

8

08001 23 31 000 2014 00815 01 (4979–2017)

17 de junio de 2021

Dr. GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ GÓMEZ

- Dr. RAFAEL

FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS

9 08001-23-33000-201500331-01

17 de junio de 2021

Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS

Dra. SANDRA LISSET

VARGAS

9 08001-23-33000-201500331-01

17 de junio de 2021

Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS

Dra. SANDRA LISSET

IBARRA VÉLEZ - Dr.

CARMELO PERDOMO

CUÉTER

10 19001-23-33000-20150044502(048320)

4 de noviembre de 2021

Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Dr. RAFAEL

FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS - Dr.

GABRIEL VALBUENA

HERNÁNDEZ

11 08001-23-33000-201401127-01 (1002-2021)

25 de noviembre de 2021

Dra. SANDRA LISETH IBARRA

Dr. CÉSAR PALOMINO

CORTÉS - Dr.

CARMELO PERDOMO

CUÉTER

12 40001-23-40000-201700134-01 (2208-2020)

25 de noviembre de 2021

Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Dr. RAFAEL

FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS - Dr.

GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ

13 080001-23-40000-201590008-01 (2387-2020)

11 de noviembre de 2021

Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Dr. RAFAEL

FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS - Dr.

90008-01 (2387-2020)

11 de noviembre de 2021

Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Dr. RAFAEL

FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS - Dr.

GABRIEL VALBUENA

HERNÁNDEZ

14 080001-23-40000-201490022-01 (5154-2016)

11 de noviembre de 2021

Dr. GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ GÓMEZ

- Dr. RAFAEL

FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS

15 080001-23-33000-201700931-01 (1001-2021)

20 de enero de 2022

Dr. GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ GÓMEZ

- Dr. RAFAEL

FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS

16 080001-23-33000-201500075-01 (2660-2020)

3 de marzo de 2022

Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Dr. RAFAEL

FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS - Dr.

GABRIEL VALBUENA

HERNÁNDEZ

17 76001-23-33000-201300756-01 (2224-2020)

28 de abril de 2022

Dr. CARMELO PERDOMO CUÉTER

Dr. CÉSAR

PALOMINO CORTÉSDra. SANDRA LISETH

IBARRA

(2224-2020)

28 de abril de 2022

Dr. CARMELO PERDOMO CUÉTER

Dr. CÉSAR

PALOMINO CORTÉSDra. SANDRA LISETH

IBARRA

18 080001-23-40000-201700795-01 (2659-2020)

9 de mayo de 2022

Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ GÓMEZ

- Dr. GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ

19 47-001-23-33000-201900359-01 (4004-2021)

19 de mayo de 2022

Dra. SANDRA LISETH IBARRA

Dr. CÉSAR PALOMINO

CORTÉS - Dr.

CARMELO PERDOMO CUÉTER 20 47-001-23-33000-201900376-01 (4462-2021) 1 de julio de 2022 Dra. SANDRA LISETH IBARRA Dr. CÉSAR

PALOMINO CORTÉSDr. CARMELO

PERDOMO CUÉTER7

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03418-01

Actor: Yanit Vergel Villareal

21 08001-23-33000-201500509-01 (2140-2020)

22 de Agosto de 2022

Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS

Dr. SANDRA LISSET

IBARRA VELEZ – Dr.

CARMELO PERDOMO

00509-01 (2140-2020)

22 de Agosto de 2022

Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS

Dr. SANDRA LISSET

IBARRA VELEZ – Dr.

CARMELO PERDOMO

CUÉTER

22 08001-23-33000-201590124-01 (2394-2020)

22 de Septiembre de 2022

Dr. CESAR PALOMINO CORTÉS

Dr. SANDRA LISSET

IBARRA VELEZ – Dr.

CARMELO PERDOMO

CUÉTER

6.1. El actor en su escrito de tutela señaló que la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial.

Actuación

7.El Despacho sustanciador de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante auto de 28 de junio de 2023; i) admitió la acción de tutela ; ii) ordenó notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo del Huila; y iii) vinculó a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y al Municipio de Neiva, en calidad de tercero s con interés legítimo, concediéndoles el término de tres (3) días para que rindieran informe sobre el particular.

Intervenciones de la demandada y de los terceros con interés legítimo

8. La Fiduprevisora S.A., solicitó que se le desvinculara del presente trámite de tutela, toda vez que se configuró la falta de legitimación en la causa por pasiva.

9. El Tribunal Administrativo del Huila consideró que:

8. La Fiduprevisora S.A., solicitó que se le desvinculara del presente trámite de tutela, toda vez que se configuró la falta de legitimación en la causa por pasiva.

9. El Tribunal Administrativo del Huila consideró que:

“[…] En línea con lo anterior, podría entenderse que el defecto al que alude la tutelante se circunscribe al desconocimiento de la normatividad que invoca como sustento de las pretensiones en el proceso ordinario. Sin embargo, como esa circunstancia implica la reiteración de las pretensiones del proceso, torna improcedente la presente acción de tutela, pues la decisión emitida por este Tribunal tiene como soporte el caudal probatorio recopilado en el proceso ordinario en comento, así como la verificación y aplicación de la distinta normatividad en el asunto.

En consecuencia, solicito muy respetuosamente, negar el amparo deprecado, en razón a que dentro de la providencia atacada no se observa la vulneración de algún derecho fundamental de la parte actora, amén que la configuración de los requisitos específicos d e procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, brillan por su ausencia dentro de este asunto […]”.8

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03418-01

Actor: Yanit Vergel Villareal

10. El Municipio de Neiva adujo que:

“[…] Aunado a lo anterior, como bien se pudo demostrar en el proceso, conforme con las pruebas allegadas se efectuó la valoración probatoria, pues así se puede extraer de lo indicado en las razones que determinaron el sentido de la sentencia,

“[…] Aunado a lo anterior, como bien se pudo demostrar en el proceso, conforme con las pruebas allegadas se efectuó la valoración probatoria, pues así se puede extraer de lo indicado en las razones que determinaron el sentido de la sentencia, en cuanto que los intereses a las cesantías fueron cancelados oportunamente en el mes de marzo de 2021.

Ahora bien, la providencia se encuentra ajustada a derecho, y en consecuencia, es improcedente la acción impetrada; de lo contrario implicaría ir en contravía de la estabilidad jurídica, a sabiendas que la providencia del Tribunal está conforme al ordenamiento jurídico que regula dicho asunto.

Por lo antes expuesto, no se advierte que la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Huila -Sala de Decisión No.5, haya quebrantado los derechos fundamentales al debido proceso, seguridad social, igualdad, acceso a la administración de justicia, entre otros, peticionados por la accionante, y que por ello deba ser amparado por el Juez Constitucional, pues se reitera, se realizó el estudio normativo y jurisprudencial y la valoración probatoria, como claramente se puede evidenciar del contenido del fallo, y que le permitió al Tribunal proferir la decisión y de esta manera precisar que: la demandante no es acreedora d e la sanción moratoria y/o la indemnización procurada […]”.

11.El actor allegó memorial con el fin de “[…] presentar PRONUNCIAMIENTO respecto de las contestaciones a la acción de tutela radicadas respectivamente por el Tribunal Administrativo del Huila, l a FIDUPREVISORA S.A. y el Municipio de Neiva […]”, al señalar lo siguiente:

“[…] En tal sentido, no se desconoce la autonomía e independencia judicial; no

el Tribunal Administrativo del Huila, l a FIDUPREVISORA S.A. y el Municipio de Neiva […]”, al señalar lo siguiente:

“[…] En tal sentido, no se desconoce la autonomía e independencia judicial; no obstante, si es necesario que por vía de tutela se analice el presente asunto, ante la copiosa y ex cesiva jurisprudencia sobre el tratamiento igualitario a todos los empleados públicos que le prestan servicios al país, teniendo en cuenta su importancia, máxime cuando existe Sentencia de Unificación (098 del 17 de octubre de 2018) expedida por la Sala Plena de la Corte Constitucional, en donde se abordó en primera medida el concepto y la finalidad del auxilio de cesantías, definiéndolo como una prestación social de conformidad con los artículos 42 y 48 de la Constitución Nacional, reiterando el carácter de irrenunciable, y también señalando que dicha prestación tiene como fin que el trabajador pueda cubrir sus necesidades en dado caso que se encuentre cesante, o en ciertos casos se deberá otorgar para el acceso a vivienda y educación (cesantías parciales), considerándolo así como la prestación social más importante no solo para el trabajador, sino también para su núcleo familiar.

Cuando mi representado utilizó los procedimientos legales solicitando el pago de sus cesantías como docente en igualdad de condiciones que el resto de empleados públicos del país, lo realizó conociendo previamente TODOS LOS

PRONUNCIAMIENTOS PREVIOS Y RECIENTES DE LAS ALTAS CORTES Y EL

H. CONSEJO DE ESTADO, no lo hizo por un simple capricho o por pretender jugar, sino por luchar por sus derechos laborales y fundamentales. Lo anterior, se

PRONUNCIAMIENTOS PREVIOS Y RECIENTES DE LAS ALTAS CORTES Y EL

H. CONSEJO DE ESTADO, no lo hizo por un simple capricho o por pretender jugar, sino por luchar por sus derechos laborales y fundamentales. Lo anterior, se evidencia en un trasegar importante no solo en la jurisdicción contenci osa administrativa, sino en los múltiples pronunciamientos de la Corte Constitucional, en lo atinente, al aspecto central de la presente acción constitucional que consiste en el reconocimiento de la sanción moratoria como docente vinculado después del 19

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03418-01

Actor: Yanit Vergel Villareal

de enero de 1990, por la no consignación del auxilio de cesantías en los términos establecidos en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990; por ello, la importancia que este asunto sea analizado a través de acción de tutela, pues en el caso en concreto se han vul nerado los derechos fundamentales al debido proceso, seguridad social, principio de favorabilidad, igualdad y garantía a la seguridad social.

Así entonces, el fallo objeto del presente recurso de amparo desconoce el contenido de la Ley 91 de 1989 y el de sarrollo que se ha dado legal y jurisprudencialmente, donde se evidencia que no existe tal argumento, de la presencia de un vacío normativo en lo relativo al límite temporal para la consignación de las cesantías (15 de febrero de cada anualidad) y la consecuente sanción moratoria de aplicación para los docentes oficiales pues este emolumento que se encuentra consagrado en el

normativo en lo relativo al límite temporal para la consignación de las cesantías (15 de febrero de cada anualidad) y la consecuente sanción moratoria de aplicación para los docentes oficiales pues este emolumento que se encuentra consagrado en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 19901 , figura (cesantía anualizada) que más adelante se extendería a todas las personas que se vincularan a los órganos y entidades del Estado a partir del 31 de diciembre de 1996, según lo consagrado en el artículo 13 de la Ley 344 de 1996, incluye necesariamente a los docentes oficiales. Seguir insistiendo en eso por parte de un despacho judic ial, es no reconocer el avance jurisprudencial que ha existido en la materia y anquilosarse en una idea que perjudica una familia, un empleado público y la seguridad jurídica […]”.

12.El Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Neiva allegó copia del expediente del proceso adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 4100133-33-006-2022-00051-01.

La sentencia impugnada

13.La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado profirió sentencia, en primera instancia, el 24 de julio de 2023, por medio de la cual resolvió lo siguiente:

“[…] Primero: Negar el amparo solicitado por la señora Yanit Vergel Villareal, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia […]”.

13.1.Como fundamento de su decisión consideró que:

“[…] Así mismo, se evidencia que los supuestos fácticos estudiados en la Sentencia

conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia […]”.

13.1.Como fundamento de su decisión consideró que:

“[…] Así mismo, se evidencia que los supuestos fácticos estudiados en la Sentencia SU098/18 son iguales a los que acontecieron en varios de los procesos que dieron lugar a la expedición de las sentencias dictadas por las distintas subsecciones del Consejo de Estado alegadas como desconocidas por el señor César Ovidio Duque Daza, como lo son las del 6 de agosto de 2020, 2013-00666-01 (0833-16), en la que, además, valga señalar, se unificó únicamente lo relativo al término de prescripción de la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990 y fue objeto de estudio por el Tribunal Administrativo del Huila; 24 de enero de 2019, 2009 - 000867-01 (48542014); 28 de abril de 2022, 2013 -00756-01 (2224-2020); y 19 de mayo de 2022, 2019-00359-01 (4004-2021).10

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03418-01

Actor: Yanit Vergel Villareal

Así mismo, es importante dilucidar que en las sentencias SU332/19 y SU041/20 se estudió la sanción moratoria con fundamento en el artículo 5.° de la Ley 1071 de 2006, que modificó el artículo 2.° de la Ley 244 de 1995, no de la Ley 50 de 1990.

Igualmente, resulta per tinente precisar que la sentencia del 29 de julio de 2019,

2006, que modificó el artículo 2.° de la Ley 244 de 1995, no de la Ley 50 de 1990.

Igualmente, resulta per tinente precisar que la sentencia del 29 de julio de 2019, 2018-03499-01, fue proferida en sede de acción de tutela, por lo que tampoco constituye un pronunciamiento de obligatorio acatamiento, más allá de los efectos para el caso concreto. Lo anterior des virtúa el argumento del accionante acerca de la existencia de un precedente en casos similares al suyo con fundamento en las decisiones previamente identificadas.

Aunado a ello, un gran número de los proveídos indicados por el accionante se limitaron a estudiar la prescripción de la sanción moratoria reclamada, por ser ese el objeto de discusión en la segunda instancia, y, en esa medida, la ratio decidendi versó sobre ese aspecto. Bajo este contexto, no es factible concluir que se formuló una regla decisor ia sobre el reconocimiento de esa sanción, que el Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Tercera de Decisión, debió indefectiblemente aplicar al caso. Dentro de este grupo de sentencias se encuentran las del 25 de noviembre de 2021, 2014-01127-01 (1002-2021); 25 de noviembre de 2021, 201401127-01 (1002-2021); 25 de noviembre de 2021, 2017 -00134-01 (2208-2020); 11 de noviembre de 2021, 2015 -90008-01 (2387 -2020); 11 de noviembre de 2021,

2014-90022-01 (5154-2016); 20 de enero de 2022, 2017-00931-01 (1001-2021); 1.° de julio de 2022, 2019 -00376-01 (4462-2021); y 22 de septiembre de 2022, 201590124-01 (2394-2020).

De otro lado, la providencia del 4 de noviembre de 2021, 2015-00445-02 (048320), no versó sobre la sanción moratoria de que trata la Ley 50 de 1990, sino sobre liquidación de cesantías, por lo cual tampoco constituye un precedente obligatorio.

Así mism o, esta Subsección considera que las demás providencias no son sentencias de unificación, en los términos de los artículos 10 y 270 de la Ley 1437 de 2011, ni puede aceptarse que lo allí