CE - 110010315000202303429011SENTENCIA20230922154849

Radicación: 11001-03-15-000-2023-03429-01

Demandante: BETTY ISABEL CABRERA MARTÍNEZ

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-03429-01

Demandante: BETTY ISABEL CABRERA MARTÍNEZ

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho . Sanción por consignación tardía de cesantías. Defe cto por desconocimiento del precedente judicial.

Requisito general de la relevancia constitucional cuando se acude como instancia adicional

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnació n presentada por el accionante contra la sentencia de 21 de julio de 2023, dictada por la Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado, en la que negó las pretensiones de la acción de tutela.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

por la Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado, en la que negó las pretensiones de la acción de tutela.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

La accionante manifestó que con post erioridad al año 19 90 se vinculó como docente del municipio de Pitalito y que, en razón a esto, el 15 de febrero de 2021 le debían ser consignadas las c esantías correspondientes al servicio que prestó durante el año 2020, lo que no sucedió en esa fecha.

Afirmó que el 6 de septiembre de 2021 solicitó a la Secretaría de Educación de Huila y al Fomag, el reconocimiento y pago de la sanción por mora prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, así como la indemnización por el pago tardío de los int ereses a las ces antías descri ta en el artículo 1° de la Ley 52 de 1975, solicitud que fue negada.

Refirió que, dado lo anterior, promovió demanda a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el Ministerio de Ed ucación NacionalFomag y el municipio de Pitalito , con el fin de que se declarara la nulidad de l os actos administrativos mediante los que se negó su solicitud.

Señaló que del asunto conoció , en primera instancia , el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Neiva, que en sen tencia de 1 3 de septiembre de 2022 negó las súplicas de la demanda, tras considerar que el régimen de cesantías de los docentes contemplado en la Ley 91 de 1989 es especial, por lo

Administrativo del Circuito de Neiva, que en sen tencia de 1 3 de septiembre de 2022 negó las súplicas de la demanda, tras considerar que el régimen de cesantías de los docentes contemplado en la Ley 91 de 1989 es especial, por lo que no es comparable al que prevé la Ley 50 de 1990.Radicación: 11001-03-15-000-2023-03429-01

Demandante: BETTY ISABEL CABRERA MARTÍNEZ

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

2 Narró que contra la anterior deter minación interpuso recurso de apelación, en el que sostuvo que “no solo la ley, sino la abundante jurisprudencia constitucional de unificación y de este órgano de cierre en la jurisdicción contencioso administrativo tanto en el año 2021, 2022 y las sentencias notificadas al inicio del presente año, ya despejaron las dudas sobre la aplicación de manera pacífica de la ley 50 de 1990, a los docentes oficiales, en igualdad de condiciones que al restante de empleados públicos de Colombia”.

Por último, sostuvo que el Tribunal Administrativo del Huila por sentencia de 21 de febrero de 2023, confirmó el fallo apelado, luego de considerar que en el caso no se acreditó que la docente fuera del nivel territorial y que estuviera afiliada a un fondo privado.

2. Fundamentos de la acción

La accionante presentó acción de tutela en de fensa de los derechos fundamentales al debido proceso, seguridad social, igualdad y de acceso a la

fondo privado.

2. Fundamentos de la acción

La accionante presentó acción de tutela en de fensa de los derechos fundamentales al debido proceso, seguridad social, igualdad y de acceso a la administración de justicia, así como el principio a la seguridad jurídica, los cuales considera vulnerados por la sentencia de 21 de febrero de 2023, mediante la cual el Tribunal Administrativo del Huila confirmó el fallo que negó las pretensiones del medio de control de nulidad y restablecimiento del der echo que promovió contra el Fomag y el municipio de Pitalito, con el fin de que se dejara n sin efectos los actos administrativos mediante los cuales se negó su solicitud de reconocimiento de la sanción por mora prevista en el artículo 99 de la Ley 50 d e 1990, y la indemnización por el pago tardío de los intereses a las cesantías.

Luego de hac er referencia al cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, adujo que el fallo objetado incurre en i) desconocimiento del precedente judicial, contenido en la sentencia SU-098 de 2018 de la Corte Constitucional y en múltiples pronunciamientos de la Sección Segunda del Consejo de Estado1, en la que, indicó, existen dos posiciones en torno al tema contro vertido, pero actu almente se h a acogido una interpretación favorable según la cual a los educadores oficiales vinculados después del 1° de enero de 1990 les resulta aplicable la Ley 50 de 1990.

1 Sentencia de u nificación de 6 de agosto de 2020. Expediente No 08001 -23-33-000-2013-00666-01. M.P.

50 de 1990.

1 Sentencia de u nificación de 6 de agosto de 2020. Expediente No 08001 -23-33-000-2013-00666-01. M.P. Sandra Liseth Ibarra Vélez, Sentencia de 24 de enero de 2019. Expediente No. 76001-23-31-000-2009-0086701. M.P. Sandra Liseth Ibarra Vélez, Sentencia de 29 de julio de 2019. Expediente No. 11001-0315-000-201803499-01. M.P. Nicolás Yepes Corrales, Sentenci a de 2 de diciembre de 2019. Expediente No. 08001 -23-33000-2014-00173-01. M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas, Sentencia de 10 de junio de 2020. Expediente No. 08001-23-33000-2014-00208-01. M.P. Sandra Liseth Ibarra Vélez, Sentencia de 22 de octubre de 2020. Expediente No. 08001 -23-31000-2014-00254-01. M.P. William Hernández Gómez, Sentencia de 12 de noviembre de 2020. Expediente No. 08001-23-31000-2014-00132-01. M. P. William Hernández Gómez, Sentencia de 17 de junio de 2021. Expediente No. 08001 -23-31-000-2014-00815-01. M.P. Gabriel Valbuena Hernández, Sentencia de 17 de junio de 2021. Expediente No. 08001 -23-33000-2015-00331-01. M.P. César

Palomino Cortés, S entencia de 4 de noviembre de 2021. Expediente No. 19001 -23-33-000-2015-00445-02. M.P. William Hernández Gómez, Sentencia de 25 de noviembre de 2021. Expediente No. 19001 -23-33-0002015-00445-02. M.P. Sandra Liseth Ibarra Vélez , S entencia de 25 de noviembr e de 2021. Expediente No. 40001-23-40-000-2017-00134-01. M.P. William Hernández Gómez, Sent encia de 11 de noviembre de 2021. Expediente No. 080001 -23-40-000-2015-90008-01. M.P. William Hernández Gómez, Sentencia de 11 de noviembre de 2021. Exped iente No. 0 80001-23-40-000-2015-90008-01. M.P. William Hernández Gómez, Sentencia de 11 de noviembre d e 2021. Expediente No. 080001 -23-40-000-2014-90022-01. M.P. Gabriel Valbuena Hernández, Sentencia de 20 de enero de 2022. Expediente No. 080001-23-33-000-2017-00931-01. M.P. Gabriel Valbuena Hernández, Sentencia de 3 de marzo de 2022. Expediente No. 080001 -23-33-0002017-00931-01. M.P. Gabriel Valbuena Hernández, Sentencia de 3 de marzo de 2022. Expediente No. 7600123-33-000-2013-00756-01. M.P. Carmelo Perdomo Cuéter, Sentencia de 3 de marzo de 2022. Expediente No. 080001-23-40-000-2017-00795-01. M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas, Sentencia de 3 de marzo de 2022. Expediente No. 47-001-23-33-000-2019-00359-01. M.P. Sandra Liseth Ibarra Vélez, Sentencia de 19 de mayo de 2022. Expediente No. 47-001-23-33-000-2019-00359-01. M.P. Sandra Liseth Ibarra Vélez.Radicación: 11001-03-15-000-2023-03429-01

Demandante: BETTY ISABEL CABRERA MARTÍNEZ

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3 Sobre el particular, agregó que la intención de la acción es que se respete el restablecimiento de la ley y “ los alcances de la interpretación de más de 22 sentencias que al unísono se han expedido sobre la materia en el h.c.e. sección segunda”, con ocasión de la confianza que generó en los docentes oficiales vinculados con posterior idad al 1º de enero de 1990, al haberse proferido gran cantidad de sentencias entre el año 2021 y 2022 por parte de la Sección Segunda del Consejo de Estado, lo que los motivó a s olicitarle a esta jurisdicción que sus cesantías del trabaj o del año 2020 fue ran trasladadas al Fomag a más tardar el 15 de febrero del año 2021, “ derecho que fue negado, habiéndose generado una

cesantías del trabaj o del año 2020 fue ran trasladadas al Fomag a más tardar el 15 de febrero del año 2021, “ derecho que fue negado, habiéndose generado una cancelación de una sanción por mora establecida en la ley 50 de 1990 y la ley 344 de 1996”.

Por último, aludió a senten cias proferidas po r Juz gados Administrativos del Circuito en donde se han aplicado estos precedentes judiciale s. No obstante, la Sala se abstiene de citarlos porque se descarta desde ya la fuerza vi nculante que tienen para el Tribunal Administrativo del Huila.

De otra part e, alegó que en el caso se incurr ió en ii) defecto sustantivo, por cuanto se realizó una indebida interpretación de las Leyes 91 de 1989, 50 de 1990 y 344 de 1996, toda vez que, adujo, en estas sí se prevé la posibilidad de reconocer la sanción moratoria y la i ndemnización por el pago ta rdío de los intereses a las cesantías a favor de los docentes afiliados al Fomag.

Tras efectuar un extenso recuento histórico de las competencias asignadas al Fomag en la relativo a la gestión de las cesantías de los docen tes, sostuvo que en el caso es c laro que “ aquí no hay nin gún régimen especial de las cesantías, puesto que las cesantías anualizadas de los maestros oficiales se liquidan de la misma forma como se liquidan a los empleados públicos y privados del país, la única diferencia radica en los in tereses a las cesantías, los cuales, se les cancela liquidando el DTF sobre el sa ldo acumulado, que para el año 2020, pero esta es

misma forma como se liquidan a los empleados públicos y privados del país, la única diferencia radica en los in tereses a las cesantías, los cuales, se les cancela liquidando el DTF sobre el sa ldo acumulado, que para el año 2020, pero esta es una situación no es una circunstancia novedosa como lo quiere hacer ver la entidad demandada y la sentencia hoy en reproche, PUES ESTOS INTERESES A LAS CESANTÍAS, YA SE LES PAGABA A LOS DOCENTES NACIONALES DESDE 1968 en el artículo 33 del De creto 3118 de 1969, intereses en favor de los trabajadores”.

Sostuvo que el Ministerio de Educaci ón Nacional debe acogerse a los postulados que garantizan los derechos laborales de los profesores, “ pues si bien es cierto que de la evolución norma tiva se desprende la descentralización del servicio educativo en cabeza de las entidades territoriales, tam bién lo es que ninguna ley despojó a la Nación de la obligación que tiene de consignar al respectivo fondo las prestaciones correspondientes”.

Por últi mo, adujo que en el caso se incurrió en ii) violaci ón directa de la Constitución, en específico del principio de favorabilidad, en tanto, explicó, han existido otros c asos en los cuales la Corte Constitucional aplicó el régimen general a personas que están amparadas bajo un régimen especial, sin que conlleve tal situación al desconocimiento del principio de inescindibilidad, como es el caso de la aplicación de la norma sobre el reconocimiento y pago de la sanción moratoria de cesantías a los servidores públicos por el pago tardío de las mismas en favor de los docentes del sector oficial (sentencias C -741 de 2012, C -486 de

el caso de la aplicación de la norma sobre el reconocimiento y pago de la sanción moratoria de cesantías a los servidores públicos por el pago tardío de las mismas en favor de los docentes del sector oficial (sentencias C -741 de 2012, C -486 de 2016, SU-336 de 2017 y SU-098 de 2018).

3. Pretensiones

En el escrito de tutela se formularon las siguientes:Radicación: 11001-03-15-000-2023-03429-01

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4 “1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE L HUILA en la sentencia proferida el 21 de febrero de 2023 , en el exped iente rad. No. 41001333300220220009201, transgredió los derechos fundamentales: AL DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA SEGURIDAD SOCI AL, SITUACIÓN MÁS FAVORABLE AL TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN LA APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES FORMALES DE DERECHO, GA RANTÍA A LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINIS TRACIÓN DE JUSTICIA, PRINCIPIO CON STITUCIONAL DE LA PERPETUA TIO JURISDIC TIONIS, SEGURIDAD JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE JUDICIAL VERTICAL, de la accionante, por considerar que la s razones d e la d ecisión no se

SEGURIDAD JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE JUDICIAL VERTICAL, de la accionante, por considerar que la s razones d e la d ecisión no se ajustan a los postulados de la ley y a la abundante jurisprudencia constitucional y de este órg ano de cierre en la jurisdicción contencioso administrativo, por lo que se encuentra vulnerando los derechos fundamentales de la accionada.

2. Como c onsecuencia de la anterior declaración, se o rdene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA; dejar sin efectos la provide ncia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes judiciales que sobre el t ema edificó la Corte Constitucional en las sentencias SU 098 de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda de l H. Consejo de Estado mediante diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la sanción por mora como fue solicitada en la demanda de acuerdo a los postulados establecidos en los siguientes expedientes: (…)”.

4. Pruebas relevantes

Se allegó copia dig ital de las actuaciones surtidas en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado con el Nº 2022 -0092-01, actor: Betty Isabel Cabrera Martínez.

5. Trámite procesal

Por auto de 18 mayo de 2023, la Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado dispuso la admisión de la demanda de tutela y ordenó notificar a la parte demandante y a la autoridad deman dada. Además, se ordenó vincular a al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Neiva, a la N ación - Ministerio de

de Estado dispuso la admisión de la demanda de tutela y ordenó notificar a la parte demandante y a la autoridad deman dada. Además, se ordenó vincular a al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Neiva, a la N ación - Ministerio de Educación Naciona l - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), a Fiduprevisora S.A., al municipio de Pitalito y a la Agencia Nacion al de Defensa Jurídi ca del Estado, como terceros interesados en el resultado del proceso.

6. Oposición

6.1. Respuesta del Tribunal Administrativo del Huila

El ponente de la decisión objetada rindió informe en el que solicitó que se declarara la improcedencia de la tutela, por cuanto, señaló, la discusión planteada redunda en el mism o debate que la accionante planteó ante la jurisdicción administrativa, pues esgrime casi idénticamente los razonamientos que fundamentaron la demanda ordinaria y que ya se estudiaron en dos instancias.

6.2. Respuesta del Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Neiva

El titular del d espacho rindió informe en el que solicitó que se declarara la improcedencia de la solicitud de amparo, por cuanto, sostuv o, carece del requisito de relevancia constitucional, en la medida de que “se trata de una discusión donde se debaten aspectos que son de índole legal (Ley 50 de 1990 artículo 99, Ley 52 de 1975 y el Decreto 1176 de 1991) y bajo dich a óptica es que fue res uelta la demanda de nulidad y restablec imiento del derecho que promovió la actora, sin

de 1975 y el Decreto 1176 de 1991) y bajo dich a óptica es que fue res uelta la demanda de nulidad y restablec imiento del derecho que promovió la actora, sin que en la s entencia del 15 de diciembre de 2022, contrario a lo dicho por laRadicación: 11001-03-15-000-2023-03429-01

Demandante: BETTY ISABEL CABRERA MARTÍNEZ

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5 accionante en su escrito de tutela, se haya omitido analizar, interpr etar y aplicar las normas antes enunciadas”.

Señaló que los pronunciamiento s del Consejo de Estado ident ificados como desconocidos no constituyen precedente judicial obligatorio, pues no se tra ta de sentencias de unificaci ón sobre la m ateria, aunado al hecho de que, adujo, trataron situaciones fácticas diferentes a la de la demandante, y que aquellos pronunciamientos de los tribunales y juzgados echado s de menos no constituyen precedente para el tribunal accionado.

6.3. Respuesta de la Fiduciaria La Previsora S.A.

La apoderada de la entidad ri ndió informe en el que solicitó declarar la improcedencia de la a cción, por cuanto, afirmó “ no existe ninguna conducta concreta, activa u omisiva que pueda concluir con la supuesta afectación de los derechos fundamentales del accionante en relación con Fid uciaria La Previ sora S.A., entidad que para los efectos actúa en nombre y representación del Fondo

concreta, activa u omisiva que pueda concluir con la supuesta afectación de los derechos fundamentales del accionante en relación con Fid uciaria La Previ sora S.A., entidad que para los efectos actúa en nombre y representación del Fondo Nacional de P restaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) ”, y pidió su desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que, adujo, no es la entidad competente para revocar o modificar actos adminis trativos y tampoco transgredió los derechos fundamentales de la accionante.

En todo caso, se pronunció sobre la materia objeto de tutela y señaló que de conformidad con el D ecreto 1582 de 19 98, las entidades administradoras de cesantías creadas por la Ley 50 de 1990 podrán administrar en cuentas individuales los recursos para el pago de las cesantías . No obstante, aseveró que esa modalidad de administración corresponde exclus ivamente a las en tidades administradoras de cesantías creadas por esa disposici ón dentro de las cuales no está el FOMAG, pues se creó med iante la Ley 91 de 1989 bajo el principio de unidad de caja y, por lo tanto, aseveró que las cesantías de los docentes no se administran en cuentas individuales.

Además, explicó que en el FOMAG no hay cuentas individuales para los docentes y que “los valores que corresponden a las cesantías no se co nsignan, sino que ya están presupuestados y trasladados al fondo, desde el primer mes de ca da vigencia”. En ese punto, señaló que Fiduprevisora S.A., en su calidad de vocera y administradora del Fomag, emite com unicados a las diferentes Secretarías de

están presupuestados y trasladados al fondo, desde el primer mes de ca da vigencia”. En ese punto, señaló que Fiduprevisora S.A., en su calidad de vocera y administradora del Fomag, emite com unicados a las diferentes Secretarías de Educación certificadas y a los encargados de las oficinas de prestaciones económicas de las entidades territoriales, sobre la fecha de entrega del reporte de cesantías para pago de intereses en la primera nómina de cada vigencia.

En ese marco, aseveró que se produce imposibilidad jurídica de crear cuentas individuales para cada uno de los afiliados del Fomag, en v irtud del principio de unidad de caja y, en co nsecuencia, no es posible aplicar la figura de la “consignación de cesantías”, pues en el caso de los docentes tienen la posibilidad de retirar sus cesantías cuando cumplan los requisitos establ ecidos para tal efecto, por lo tanto no puede aplicarse la san ción moratoria establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 pues esa figura se consagró para los eventos en que se da consignación tardía en las cuentas individuales lo qu e no ocurre en el caso de los docentes.

Por último , mencionó que no se vulnera ron los derechos fundamentales a la accionante, toda vez q ue la decisión judicial cuestionada aplicó los precedentes judiciales vinculantes para la decisión adoptada.Radicación: 11001-03-15-000-2023-03429-01

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6 6.5. Respuesta del municipio de Pitalito

El apoderado de la entidad ter ritorial rindió informe en el que solicitó que se declarara la improcedencia de la solicitud por carecer del requisito de la relevancia constitucional, toda vez que , adujo, “la solicitud de rec onocimiento del pago de sanción moratoria por tardanza en la consignación de las cesantías no se encuentra ligado a la satisfacción de un derecho fundamental, sino que, obedece a un asunto de carácter meramente económico al pretenderse que se hag a efectiva una prestación de índole estrictamente patrimonial”.

Arguyó que, e n t odo caso, si la sala determina la procedencia de la acción, tampoco re sulta adecua do que se acceda a la tutela de los derechos supuestamente vulnerados, “pues en el transcurso del proce so judicial, el cual se llevó a cabo con especial salvaguard a de los principios y derechos constitucionales, se logró demostrar que no se transgrede ni de be aplicarse el principio de favorabilidad para el presente caso, toda vez que no se está fr ente a disposiciones que ofrezcan un trato diferenciado, así como tampoco debe suponerse que de la periodicidad anualizada para la liquidación de las c esantías implique la aplicación per se de las disposiciones del marco prestacional de los demás servidores públicos o particulares, pues tal como lo menciona el Tribunal Administrativo del Huila en la providencia enjuiciada, entre uno y otro régimen “se

implique la aplicación per se de las disposiciones del marco prestacional de los demás servidores públicos o particulares, pues tal como lo menciona el Tribunal Administrativo del Huila en la providencia enjuiciada, entre uno y otro régimen “se distingue el or igen de los recursos, la forma de administración, el fondo administrador y el trámite para reconocimiento y pago”.

6.7. Intervención de la actora frente a las respuestas de la acción de tutela

La parte actora presentó un escrito en el que anuncia un pronunciamiento en torno las respuestas dadas por los vinculados al presente tr ámite. En e se sentido, reiteró los argumen tos expuestos en la demanda en torno al desco nocimiento del precedente judicial que establece la aplicación del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y a la inexistencia de un régimen especial de cesantías para los docentes teniendo en cuenta que las mismas se liquidan anualmente como las de cualquier empleado de l s ector público o privado, por lo que, considera, el único aspecto diferencial es el pago de los intereses.

Sostuvo que el artículo 230 de la Constitución Política dispus o que los jueces en sus providencias únicamente se encuentran sometidos al i mperio de la ley, que la Ley Estatutaria 270 de 1996 se reconoció a los jueces de la República en la toma de sus decisiones: i) independencia, ii) autonomía y iii) imparcialidad, “no obstante, esta (i) autonomía judicial no es absoluta, pues se debe respetar ciertos límites en la interpretación y aplicación de la Ley, asimismo a travé s de la Sentencia C -836 de 2001 al analizar (ii) el concepto del precedente, la Corte Constitucion al indicó

la interpretación y aplicación de la Ley, asimismo a travé s de la Sentencia C -836 de 2001 al analizar (ii) el concepto del precedente, la Corte Constitucion al indicó que en función de esta autonomía judicial no es dable desconocer a biertamente la jurisprudencia, toda vez que se prescindiría un deber constitucional de cooperación en aras del correcto funcionamiento de la administración de justicia. Es por ello, que la aplicación del principio de igualdad y la garantía de la seguridad jurídica, teniendo en cuenta su envergadura, debe prevalecer en las actuaciones judiciales”.

Indicó que no desconoce la autonomía e independencia judicial, no obstante, declaró, sí es necesario que por vía de tutela se analice el presente asunto ante la copiosa y excesiva jurisprudencia sobre el tratamiento igualitario a todos los empleados públicos que le prestan servicios al país, teniendo en cuenta su importancia, máxime cuando existe sentencia de unificación (098 de 17 de octubre de 2018) expedida por la Sala Plena de la Corte Constitucional, en donde se abordó en primera medida el concepto y la finalidad del auxilio de cesantías,Radicación: 11001-03-15-000-2023-03429-01

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

7 definiéndolo como una prestación social de confo rmidad con los a rtículos 42 y 4 8 de la Constitución Política, reiterando el carácter de irrenunciable, y también

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7 definiéndolo como una prestación social de confo rmidad con los a rtículos 42 y 4 8 de la Constitución Política, reiterando el carácter de irrenunciable, y también señalando que dicha prestación tiene como fin que el trabajador pueda cubrir sus necesidades en dado caso que se encuentre cesante, o en cierto s caso s se deberá otorgar para el a cceso a vivienda y educación (cesantías parciales ), considerándolo así como la prestación social más importante no solo pa ra el trabajador, sino también para su núcleo familiar.

Señaló que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha rec onocido el pago de la sanción moratoria por no consignación de las c esantías en tiempo, aplicando lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 a servidores públicos docentes sin distinción, siempre y cuando estuviesen v inculados después del 1 de ener o de 1990, e incluso así la entidad se encuentre en p roceso de reestructuración no admite que el empleador no reconozca la prestación en tiempo y forma como lo aduce la norma señalada, “ entonces, no es de recibo para esta parte procesal que teniendo los do centes el carácter de servidores públicos se soslaye esta modalidad de sanción moratoria contemplada en la Ley 50 de 1990, aduciendo un presunto régimen especial, aún cuando en el mismo claramente existe una ausencia de norma tividad respecto de esta tipolo gía de sanción moratoria, siendo plausible como bien se indicó en la Sentencia SU 098 de 2018 la aplicación del régimen genera l a los servidores públicos en un tema que fue

existe una ausencia de norma tividad respecto de esta tipolo gía de sanción moratoria, siendo plausible como bien se indicó en la Sentencia SU 098 de 2018 la aplicación del régimen genera l a los servidores públicos en un tema que fue omitido en la Ley 91 de 1989 (sanción moratoria por no pago del auxi lio de cesantías de acuerdo con la Ley 50 de 1990)”.

Para t erminar, afirmó que por parte del Consejo de Estado se han proferido alrededor de 21 sentencias en los últimos dos años en las cuales se ha manifestado que a los docentes afiliados al FOMAG le es aplicable la Le y 50 de 1990, por lo cual “ se está solicitando en el presente asunto un trato igualitario, en virtud del principio de favorabi lidad, pues está demostrado un yerro del Estado al no transferir el monto de las cesantías año por año, por lo cual no es de recibo esa interpretación restrictiva del Tribunal Administrativo de Huila, aun cuando si existe un pronunciamiento pacífico del Consejo de Estado que ha reconocido el pago de la sanción moratoria por no consignación de las cesan tías en tiempo, aplicando lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 a servidores públicos, siendo tan certera su postura que así la e ntidad se encuentre en proceso de reestructuración no admite que el empleador no reconozca la prest ación en tiempo y forma como lo aduce la norma señalada, por lo cual, no es p lausible este trato dife rencial en el pronunciamiento emitido por el Tribunal Administrativo de Huila”.

7. Sentencia de tutela impugnada

La Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado por sentencia de 21

trato dife rencial en el pronunciamiento emitido por el Tribunal Administrativo de Huila”.

7. Sentencia de tutela impugnada

La Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado por sentencia de 21 de julio de 2023 , denegó la s pretensiones de la acción, por cuanto , señaló, el Tribunal Administrativo del Huila efectu ó el estudio del caso en concreto en el marco de la normativa aplicable al asunto, por lo que no ob servaba una valoración caprichosa o arbitraria en perjuicio de los intereses d e la parte demandante que pudiere configurar un desconocimiento del precedente judicial.

Sostuvo que, en contraste, “en la sentencia revisada se dio respuesta a las inquietudes o reproches formulados en el escr ito de tutela en relación con las decisiones proferidas por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado en las que aparentemente se profirieron decisiones contrarias a lo dispuesto por el juez natural del proceso ordinario , y se expuso con clarid ad las razones por las cuales aquellas no contenían una regla jurisprudencial de obligatorio cumplimiento para la situación de la demandante”.Radicación: 11001-03-15-000-2023-03429-01

Demandante: BETTY ISABEL CABRERA MARTÍNEZ

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

8 Refirió que en la sentencia objetada el Tribunal Administrati