CE - 110010315000202303430011SENTENCIA20231031114249

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001-03-15-000-2023-03430-01

Demandante: ALEXANDER NORFI QUINTERO EPIA

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

Referencia: SENTENCIA DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – Debe reunir los requisitos generales establecidos por la jurisprudencia constitucional, para que proceda su estudio de fondo / REQUISITO GENERAL DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – No se cumple en este caso, dado que el accionante busca discutir aspectos netamente económicos.

La Sala decide1 la impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia del 22 de agosto de 2023, proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por medio de la cual se declaró improcedente la acción de tutela de la referencia.

I. A N T E C E D E N T E S

1. Demanda

1.1. Pretensiones

El 26 de junio de la presente anualidad, el señor Alexander Quintero Epia, por medio de apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Huila, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido p roceso, a la seguridad social, a la igualdad y de acceso a la

medio de apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Huila, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido p roceso, a la seguridad social, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia. Formuló las siguientes pretensiones:

1. Se declare que el Tribunal Administrativo del departamento del Huila en la sentencia proferida el día 23 de mayo de 2023, en el expediente rad. No. 41001-33-33-006-2022-00045-01, transgredió los derechos fundamentales: al debido proceso, derecho a la seguridad social, situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes

1 La Sala advierte que, el 11 de octubre de 2023, el expediente ingresó al despacho de la magistrada ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.Radicación11001-03-15-000-2023-03430-01

Demandante: Alexander Norfi Quintero Epia Demandado: Tribunal Administrativo del Huila Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

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formales de derecho, garantía a la seguridad social, a la igualdad, acceso a la administración de justicia, principio constitucional de la perpetuatio jurisdictionis, seguridad jurídica, al desconocimiento de precedente judicial vertical, de la accionante, por considerar que las razones de la decisión no se ajustan a los postulados de la ley y a la abundante jurisprudencia constitucional y de este órgano de cierre en la jurisdicción contencioso administrativo, por lo que se encuentra vulnerando los derechos fundamentales de la accionada.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al Tribunal Administrativo del Huila; dejar sin efectos la providencia referida en el numeral

administrativo, por lo que se encuentra vulnerando los derechos fundamentales de la accionada.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al Tribunal Administrativo del Huila; dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en las sentencias SU 098 de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del H. Consejo de Estado mediante diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la sanción por mora como f ue solicitada en la demanda, de acuerdo a los postulados establecidos en los siguientes expedientes:

CONSEJO DE ESTADO

No. RADICADO

EXPEDIENTE

FECHA

DECISIÓN

MAGISTRADO

PONENTE

CONSEJEROS

FIRMANTES 1 08001-23-33000201300666-01 (0833-16) 6 de agosto de 2020

Dra. SANDRA

LISETH

IBARRA

SENTENCIA DE

UNIFICACIÓN DEL

CONSEJO DE

ESTADO

2 76001-23-3100020090086701, No. Interno: 4854-2014 24 de enero de 2019

Dra. SANDRA

LISETH

IBARRA

Dr. CÉSAR

PALOMINO CORTÉS

- Dr. CARMELO

PERDOMO CUÉTER 3 11001-0315000201803499-01 29 de julio de 2019

Dr. NICOLÁS

YEPES

CORRALES

Dr. JAIME ENRIQUE

RODRÍGUEZ NAVAS

3 11001-0315000201803499-01 29 de julio de 2019

Dr. NICOLÁS

YEPES

CORRALES

Dr. JAIME ENRIQUE

RODRÍGUEZ NAVAS

- Dr. GUILLERMO

SÁNCHEZ LUQUE 4 08001 23 33

000 2014 00173-01 (1688-16) 2 de diciembre de 2019

Dr. RAFAEL

FRANCISCO

SUÁREZ

VARGAS

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZ - Dr.

GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ 5 08001-23-33000201400208-01 10 de junio de 2020

Dra. SANDRA

LISETH

IBARRA

Dr. CÉSAR

PALOMINO CORTÉS

• Dr.

CARMELO

PERDOMO CUÉTER 6 08001-23-31000201400254-01 (4960-2017) 22 de octubre de 2020

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZ

Dr. RAFAEL

FRANCISCO

SUÁREZ

VARGAS - Dr.

GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ 7 08001-23-33000201400132-01 12 de noviembre de 2020

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZ

Dr. RAFAEL

FRANCISCO

SUÁREZ

VARGAS - Dr.

GABRIEL

VALBUENA

12 de noviembre de 2020

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZ

Dr. RAFAEL

FRANCISCO

SUÁREZ

VARGAS - Dr.

GABRIEL

VALBUENA HERNÁNDEZRadicación11001-03-15-000-2023-03430-01

Demandante: Alexander Norfi Quintero Epia Demandado: Tribunal Administrativo del Huila Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

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8 08001 23 31 000 2014 00815 01 (4979 – 2017) 17 de junio de 2021

Dr. GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZDr. RAFAEL

FRANCISCO

SUÁREZ VARGAS 9 08001-23-33000201500331-01 17 de junio de 2021

Dr. CÉSAR

PALOMINO

CORTÉS

Dra. SANDRA LISSET

IBARRA VÉLEZ - Dr.

CARMELO

PERDOMO

CUÉTER 10 19001-23-33000-20150044502(048320) 4 de noviembre de 2021

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZ

Dr. RAFAEL

FRANCISCO

SUÁREZ

VARGAS - Dr.

GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ 11 08001-23-33000201401127-01 (1002-2021) 25 de noviembre de 2021

Dra. SANDRA

GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ 11 08001-23-33000201401127-01 (1002-2021) 25 de noviembre de 2021

Dra. SANDRA

LISETH

IBARRA

Dr. CÉSAR

PALOMINO CORTÉS

• Dr.

CARMELO

PERDOMO CUÉTER 12 40001-23-40000201700134-01 (2208-2020) 25 de noviembre de 2021

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZ

Dr. RAFAEL

FRANCISCO

SUÁREZ

VARGAS - Dr.

GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ 13 080001-23-40000201590008-01 (2387-2020) 11 de noviembre de 2021

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZ

Dr. RAFAEL

FRANCISCO

SUÁREZ

VARGAS - Dr.

GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ 14 080001-23-40000201490022-01 (5154-2016) 11 de noviembre de 2021

Dr. GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZDr. RAFAEL

FRANCISCO

SUÁREZ VARGAS 15 080001-23-33000201700931-01 (1001-2021) 20 de enero de 2022

Dr. GABRIEL

VALBUENA

FRANCISCO

SUÁREZ VARGAS 15 080001-23-33000201700931-01 (1001-2021) 20 de enero de 2022

Dr. GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZDr. RAFAEL

FRANCISCO

SUÁREZ VARGAS 16 080001-23-33000201500075-01 (2660-2020) 3 de marzo de 2022

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZ

Dr. RAFAEL

FRANCISCO

SUÁREZ

VARGAS - Dr.

GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ 17 76001-23-33000201300756-01 (2224-2020) 28 de abril de 2022

Dr. CARMELO

PERDOMO

CUÉTER

Dr. CÉSAR

PALOMINO

CORTÉS - Dra.

SANDRA LISETH IBARRARadicación11001-03-15-000-2023-03430-01

Demandante: Alexander Norfi Quintero Epia Demandado: Tribunal Administrativo del Huila Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

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18 080001-23-40000201700795-01 (2659-2020) 9 de mayo de 2022

Dr. RAFAEL

FRANCISCO

SUÁREZ

VARGAS

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZ - Dr.

GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ

19

de 2022

Dr. RAFAEL

FRANCISCO

SUÁREZ

VARGAS

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZ - Dr.

GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ 19 47-001-23-33000201900359-01 (4004-2021) 19 de mayo de 2022

Dra. SANDRA

LISETH

IBARRA

Dr. CÉSAR

PALOMINO CORTÉS

• Dr.

CARMELO

PERDOMO CUÉTER 20 47-001-2333000-20190037601 (44622021) 1 de julio de 2022

Dra. SANDRA

LISETH

IBARRA

Dr. CÉSAR

PALOMINO CORTÉS

• Dr.

CARMELO

PERDOMO CUÉTER 21 08001-23-33000201500509-01 (2140-2020) 22 de Agosto de 2022

Dr. CÉSAR

PALOMINO

CORTÉS

Dr. SANDRA LISSET

IBARRA VELEZ – Dr.

CARMELO

PERDOMO CUÉTER 22 08001-23-33000201590124-01 (2394-2020) 22 de Septiembre de 2022

Dr. CESAR

PALOMINO

CORTÉS

Dr. SANDRA LISSET

IBARRA VELEZ – Dr.

CARMELO

PERDOMO CUÉTER

1.2 . Hechos

De la solicitud de tutela y del expedi ente se extraen los siguientes hechos jurídicamente relevantes:

IBARRA VELEZ – Dr.

CARMELO

PERDOMO CUÉTER

1.2 . Hechos

De la solicitud de tutela y del expedi ente se extraen los siguientes hechos jurídicamente relevantes:

El señor Alexander Norfi Quintero Epia labora como docente al servicio del municipio de Neiva. Además, se encuentra afiliad o al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio 2 y es be neficiario del régimen de cesantías anualizadas.

El 30 de agosto de 2021, el hoy accionante le solicitó a la Secretaría de Educación del municipio de Neiva y al Fomag el reconocimiento y el pago de la sanción por la no consignación de cesantías y la inde mnización por el pago tardío de los intereses, con fundamento en el régimen establecido en las Leyes 52 de 1975 y 50 de 1990.

Mediante Acto Administrativo 3060 del 7 de septiembre de 2021, la Secretaría de Educación del municipio de Neiva negó lo solicitado.

2 En adelante Fomag.Radicación11001-03-15-000-2023-03430-01

Demandante: Alexander Norfi Quintero Epia Demandado: Tribunal Administrativo del Huila Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

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En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, el señor Quintero Ep ia demandó al Ministerio de Educación Nacional – Fomag y al municipio de Neiva, con el fin de que se declarara la nulidad del acto administrativo que neg ó la petición de reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la no consignación de las cesantías y la indemnización por el pago tardío de los intereses.

administrativo que neg ó la petición de reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la no consignación de las cesantías y la indemnización por el pago tardío de los intereses.

Mediante sentencia del 17 de noviembre 2022, el Juzgado Sexto Administrativo de Neiva negó las súplicas de la demanda , por considerar que el señor Quintero Epia se encontraba afiliad o al Fomag y, por tanto, tenía un régimen especial de cesantías en el cual no operaba la sanción por mora.

Contra la anterior decisión, el accionante interpuso recurso d e apelación en el cual expuso que la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, en reiteradas ocasiones, habían establecido que era posible aplicar la Ley 50 de 1990 a los docentes oficiales, con fundamento en el principio de favorabilidad. Es decir, que como en la Ley 91 de 1989 —régimen especial de los docentes — no existe regulación sobre la sanción moratoria por la no consignación de las cesantías, se debía aplicar la norma más favorable, esto es, la Ley 50 de 1990, que sí lo estableció.

En providenc ia del 23 de mayo de 2023, el Tribunal Administrativo del Huila confirmó la decisión de primera instancia, bajo el argumento de que no era posible hacer extensiva la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 al caso de l señor Quinte ro Epia , quien había ocupado el cargo de docente oficial al servicio del municipio de Neiva y se encontraba cubiert o por el sistema anualizado de cesantías regulado por la Ley 91 de 1989.

De igual modo, determinó que no existía un precedente consolidado de obligatoria

oficial al servicio del municipio de Neiva y se encontraba cubiert o por el sistema anualizado de cesantías regulado por la Ley 91 de 1989.

De igual modo, determinó que no existía un precedente consolidado de obligatoria aplicación y, por tanto, en aplicación del principio de autonomía e independencia judicial, consideró que el régimen general de cesantías consagrado en las Leyes 50 de 1990 y 52 de 1975 consagra la obligación de reconocer, liquidar y pagar l as cesantías a un fondo privado de cesantías hasta el 15 de febrero de cada año, generándose por el incumplimiento del plazo legal las sanciones establecidas en dichas normativas. Pero, insistió, dicho régimen no se aplica al sector docente, sino a los servidores afiliados a fondos privados de cesantías.Radicación11001-03-15-000-2023-03430-01

Demandante: Alexander Norfi Quintero Epia Demandado: Tribunal Administrativo del Huila Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

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Agregó que no existe identidad fáctica entre el caso estudiado en la sentencia SU 098 de 2018 y el caso en concreto, debido a que allí los docentes no fueron afiliados al Fomag y, por el contrario, aquí el señor Quintero Epia sí fue afiliad o al Fomag y las cesantías de la docente están previstas en los recursos de la nación.

1.3. Argumentos de la tutela

A lo largo del escrito de tutela, de forma resumida, la parte actora sostuvo que el Tribunal Administr ativo del Huila desconoció el precedente fijado por la Corte Constitucional en la sentencia SU -098 de 2018, así como en 22 sentencias del

Tribunal Administr ativo del Huila desconoció el precedente fijado por la Corte Constitucional en la sentencia SU -098 de 2018, así como en 22 sentencias del Consejo de Estado, entre las cuales se destacan la sentencia de tutela del 29 de julio de 2019 y la SU -2013-00666 del 6 de agosto de 2020, en las que se determinó que la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 sí resultaba aplicable a los docentes oficiales.

Luego de hacer un recorrido histórico sobre el Fomag y su funcionamiento, adujo que, si bien los docentes gozan de un régimen especial, lo cierto es que, en virtud del principio de favorabilidad, se les debe aplicar la normativa del régimen general que consagra la sanción moratoria por la no consignación de las cesantías, esto es, la Ley 50 de 1990.

De otra parte, el accionante señaló que el ad quem no argumentó con claridad por qué se apartó del precedente fijado en las 22 sentencias emitidas por el Consejo de Estado, pues lo único que expresó es que « existía unidad de caja en el manejo de los recursos del FOMAG y que no existe sentencia unificada, despreciando la masividad de sentencias expedidas por las 2 secciones que conforman la sección 2da del H.C.E.».

Agregó que, contrario a la decisión del Tribunal, la aplicación de la Ley 50 de 1990 a los docentes oficiales no desconoce el principio de inescindibilidad, pues, como se ha evidenciado, se aplica la norma de manera integral favoreciendo al docente oficial. Además, indicó que, al existir un vacío normativo, lo más lógico es llenarlo con la norma más favorable.

como se ha evidenciado, se aplica la norma de manera integral favoreciendo al docente oficial. Además, indicó que, al existir un vacío normativo, lo más lógico es llenarlo con la norma más favorable.

Asimismo, mencionó que la autoridad judicial accionada desconoció el principio de seguridad jurídica, toda vez que « existe una abierta discordancia, entre lo expresado por la Sección Segunda, en más de 22 ocasiones entre los años 20 21,Radicación11001-03-15-000-2023-03430-01

Demandante: Alexander Norfi Quintero Epia Demandado: Tribunal Administrativo del Huila Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

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2022 y 2023 y la decisión adoptada el 41001-33-33-002-2022-00027-01 del año 2023 por el Tribunal Administrativo del Huila, en el expediente radicado No. 41001-33-33-002-2022-00027-01».

Sostuvo que existe una sucesión de « irregularidades sustantivas » d entro de la decisión de segunda instancia emitida por el Tribunal Administrativo del Huila.

Finalmente, citó 1 0 sentencias proferidas por diferentes juzgados administrativos del país, en las que, con fundamento en el principio de favorabilidad, se reconoc ió la sanción moratoria por la consignación tardía de las cesantías anuales a los docentes demandantes, al amparo de lo dispuesto en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

2. Trámite impartido e intervenciones

2.1. Mediante auto del 29 de junio de 2023, el despacho sustanciador de primera instancia admitió la acción de tutela y ordenó que aquel se notificara a las partes y

2. Trámite impartido e intervenciones

2.1. Mediante auto del 29 de junio de 2023, el despacho sustanciador de primera instancia admitió la acción de tutela y ordenó que aquel se notificara a las partes y a los terceros con interés.

2.2. La Fiduprevisora, en calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio manifestó que las cesantías de los docentes no se administran en cuentas individuales, por cuanto el FOMAG fue creado mediante la Ley 91 de 1989 bajo el principio de unidad de caja. En ese sentido, los valores que corr esponden a las cesantías no se consignan, sino que « ya están presupuestados y trasladados al fondo, desde el primer mes de cada vigencia».

Sostuvo que el señor Alexander Norfi Quintero Epia realizó una indebida interpretación de la jurisprudencia relacio nada con las cesantías del FOMAG, pues reclamó la consignación extemporánea de sus cesantías en los plazos establecidos en la Ley 50 de 1990 e indemnización por el pago inoportuno de los intereses, frente a lo cual es « imposible que se cause una demora res pecto de un hecho que la administración no puede ejecutar en el régimen especial de los docentes, ya que resulta imposible realizar una consignación ante la ausencia de cuentas individuales por cada afiliado ».Radicación11001-03-15-000-2023-03430-01

Demandante: Alexander Norfi Quintero Epia Demandado: Tribunal Administrativo del Huila Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

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Pidió que se declarara improcedente la tutela porque la autoridad judicial

Demandante: Alexander Norfi Quintero Epia Demandado: Tribunal Administrativo del Huila Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

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Pidió que se declarara improcedente la tutela porque la autoridad judicial accionada decidió la controversia conforme a la normativa establecida y observó las garantías procesales.

2.3. El Tribunal Administrativo del Huila solicitó que se negara las pretensiones de la solicitud de amparo. Para tal efecto, indicó que el señor Quintero Epia no mencionó los defectos que supuestamente incurrió la autoridad judicial accionada, pues únicamente se centró en que la providencia en cuestión no se ajust ó a los postulados de la ley.

2.4. En memorial del 13 de julio siguiente, la parte actora se pronunció respecto de las contestaciones allegadas por el Tribunal Administrativo del Huila y el Fomag . Para ello, reiteró los argumentos expuestos en la acción de tutela .

2.5. Los demás sujetos procesales guardaron silencio.

3. Fallo impugnado

La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en providencia del 22 de agosto de 2023, declaró improcedente la acción de tutela, por considerar que incumplió con el requisito de relevancia constitucional. Esto, debido a que (i) carece de carga argumentativa, pues el accionante no explicó por qué los hechos narrados en la solicitud de amparo son de trascendencia constitucional y (ii) los argumentos que presentó el accionante son los mismos que expuso en el proce so ordinario como fundamento de sus pretensiones, asunto que ya fue definido ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

4. Impugnación

argumentos que presentó el accionante son los mismos que expuso en el proce so ordinario como fundamento de sus pretensiones, asunto que ya fue definido ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

4. Impugnación

La parte actora impugnó la anterior decisión, para lo cual reiteró los argumentos expuestos en la tutela y agregó que, contrario a lo establecido en el fallo de primera instancia, la acción de tutela sí cumple con el requisito de la relevancia constitucional. Que, de hecho, en un caso similar, la Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado, en provide ncia del 19 de enero de 2023, concedió el amparo solicitado.Radicación11001-03-15-000-2023-03430-01

Demandante: Alexander Norfi Quintero Epia Demandado: Tribunal Administrativo del Huila Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

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II. CONSIDERACIONES

1. Problema Jurídico

Corresponde a la Sala determinar si hay lugar a confirmar, modificar o revocar el fallo proferido el 22 de agosto de 2023, por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado. mediante el cual se declaró improcedente la acción de tutela.

Para tal efecto, primero se deberá analizar si en el caso concreto la solicitud de amparo cumplió con los requisitos generales de la tutela contra provide ncia judicial, particularmente, el de relevancia constitucional. Sólo en el evento de que se hubiera cumplido tal requisito , junto con los demás exigidos por la jurisprudencia, la Sala descenderá al análisis de fondo que corresponde, para establecer si la s autoridades demandadas vulneraron o no los derechos

se hubiera cumplido tal requisito , junto con los demás exigidos por la jurisprudencia, la Sala descenderá al análisis de fondo que corresponde, para establecer si la s autoridades demandadas vulneraron o no los derechos fundamentales invocados por la parte actora.

2. Análisis de la Sala

2.1. Del cumplimiento del requisito de relevancia constitucional, en relación con la supuesta falta de aplicación del artículo 99 de la Ley 50 de 1990

En sentencia del 5 de agosto de 2014, la Sala Plena de esta Corporación señaló que el requisito de la relevancia constitucional tiene como finalidad (i) proteger la autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones. De ahí que, para determinar si una solicitud de amparo de tutela tiene o no relevancia constitucional, es necesario examinar dos elementos.

El primero de ellos consiste en que el actor cumpla su carga argumentativa, esto es, que justifique suficientemente la relevancia constitucional por la vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta que para ello « [n]o basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundament ales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales ».

El segundo hace referencia a que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acus ada, toda vez que este valioso mecanismo de estirpe constitucional fue creado para protegerRadicación11001-03-15-000-2023-03430-01

Demandante: Alexander Norfi Quintero Epia Demandado: Tribunal Administrativo del Huila Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

Demandante: Alexander Norfi Quintero Epia Demandado: Tribunal Administrativo del Huila Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

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derechos fundamentales y no para que las partes de un proceso judicial ventilen sus discrepancias con las providencias que allí se dicten.

Ciertamente, la tutela n o puede convertirse en la instancia adicional de los procesos judiciales, pues los principios de seguridad jurídica y de coherencia del ordenamiento jurídico no permiten la revisión permanente y a perpetuidad de las decisiones de los jueces y, por tanto, n o puede admitirse, sin mayores excepciones, la procedencia de la tutela contra providencias judiciales.

En el asunto que ocupa la atención de la Sala, se reclama la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, a la ig ualdad y de acceso a la administración de justicia, con ocasión de la sentencia proferida el 23 de mayo de 2023 por el Tribunal Administrativo del Huila, por medio del cual confirmó la sentencia dictada el 17 de noviembre de 2022 , por el Juzgado Sexto Administrativo de Neiva, que negó las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada por el señor Alexander Quintero Epia.

En el fondo, el accionante alega que tiene derecho al reconocimiento y el pago de la sanción moratoria por la no consignación de sus cesantías, pues, en su criterio, se le debe aplicar el artículo 99 de la ley 50 de 1990, que sí consagra dicha sanción.

La Sala anticipa que, tal como lo concluyó el a quo, la acción de tutela no tiene vocación de prosperida d. Tal afirmación encuentra respaldo en las siguientes razones:

sanción.

La Sala anticipa que, tal como lo concluyó el a quo, la acción de tutela no tiene vocación de prosperida d. Tal afirmación encuentra respaldo en las siguientes razones:

En primer lugar, la solicitud de amparo elevada por el señor Quintero Epia carece de relevancia constitucional, debido a que es evidente que la controversia que aquí se examina, en el fondo, es de carácter legal e indudablemente se direcciona a un debate de índole económico, pues se pretende el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la no consignación de sus cesantías.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia de un ificación SU573 de 2019, revocó diferentes fallos en los que se negaron tutelas que pretendían el pago de la sanción moratoria por la no consignación de sus cesantías, para, en su lugar, declararlas improcedentes por falta de relevancia constitucional, precisamente porque consideró que comprendían discusiones económicas oRadicación11001-03-15-000-2023-03430-01

Demandante: Alexander Norfi Quintero Epia Demandado: Tribunal Administrativo del Huila Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

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patrimoniales para las cuales no estaba instituida este instrumento constitucional.

Así lo indicó:

[L]a sanción moratoria por no consignación oportuna de las cesantías no es un derecho fundamental ni está ligada a la satisfacción de una garantía de naturaleza constitucional. La jurisprudencia de esta Corporación ha reconocido el carácter irrenunciable de las cesantías, como una prestación patronal de rango legal cuya finalidad es “auxili ar a la persona que se queda

naturaleza constitucional. La jurisprudencia de esta Corporación ha reconocido el carácter irrenunciable de las cesantías, como una prestación patronal de rango legal cuya finalidad es “auxili ar a la persona que se queda temporalmente sin trabajo” 3 . Por tanto, solo en la medida en que lo reclamado sea dicha prestación, la tutela devendría procedente cuando se advierta que su falta de pago conlleva la vulneración del derecho al mínimo vital y a la seguridad social del trabajador. En consecuencia, cualquier pago adicional que no corresponda a la finalidad misma de las cesantías, sino a una penalidad para el empleador que no las consigna al fondo o las paga al trabajador en los términos solicitado s, es un reconocimiento de fuente legal con carácter netamente patrimonial, que no amerita la intervención del juez de tutela. Además, según se deriva de los antecedentes de los casos acumulados, no es prima facie admisible considerar que la falta de reconocimiento de aquella pretensión económica pueda comprometer su mínimo vital, en la medida en que los tres accionantes mantienen vigente su vínculo laboral con el Departamento del Atlántico4

Asimismo, en varias oportunidades, el Consejo de Estado ha consid erado que la sanción moratoria por la no consignación oportuna de las cesantías es un asunto netamente económico. Por ejemplo, esta Subsección, en la sentencia del 18 de marzo de 20225, indicó lo siguiente:

La accionante discute que tiene derecho al recon ocimiento de la sanción moratoria porque la entidad pública pagadora contaba con 45 días a partir del acto administrativo que ordenó la liquidación de sus cesantías para cancelar

marzo de 20225, indicó lo siguiente:

La accionante discute que tiene derecho al recon ocimiento de la sanción moratoria porque la entidad pública pagadora contaba con 45 días a partir del acto administrativo que ordenó la liquidación de sus cesantías para cancelar dicha prestación social y se tardó más de 260 días en mora.

En ese orden de ideas, se considera que la controversia gira en torno a una cuestión netamente económica, toda vez que la inconformidad que se planteó se limita al pago de un derecho patrimonial -pago de la sanción moratoria - y no se orienta a la protección de los derech os fundamentales invocados en la demanda de tutela.

Esta Corporación ya se pronunció sobre un tema similar y consideró que:

33. [E]sta Sala otorga relevancia constitucional a toda pretensión que, en sede de tutela, estuviese relacionada con una controve rsia en torno al amparo de un derecho o garantía de rango fundamental, como lo son las cesantías; no obstante, en asuntos como el caso en concreto, se ha sostenido que las pretensiones que versen sobre derechos de índole estrictamente económico, al no enco ntrarse ligados a la satisfacción de una garantía de naturaleza fundamental, se tornan improcedentes frente al amparo constitucional.

34. El anterior lineamiento acogido por la Sala se ha construido en estricto seguimiento de lo señalado por la Corte Constitucional en la sentencia SU3 Cita original de la providencia: Sentencia SU-336 de 2017. 4 Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2019, M.P. Carlos Bernal Pulido.

seguimiento de lo señalado por la Corte Constitucional en la sentencia SU3 Cita original de la providencia: Sentencia SU-336 de 2017. 4 Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2019, M.P. Carlos Bernal Pulido. 5 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 18 de marzo de 2022, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico, expediente 11001-03-15-000-2021-09117-01Radicación11001-03-15-000-2023-03430-01

Demandante: Alexander Norfi Quintero Epia Demandado: Tribunal Administrativo del Huila Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

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573 del año 2019, providencia cuyos elementos fácticos guardan identidad con el asunto examinado, dado que versó sobre tres solicitudes de amparo contra decisiones judiciales que no accedieron a la pretensión de reconocer sanción moratoria por el pago tardío de cesantías.

35. En la sentencia en mención, el máximo Tribunal Constitucional señaló que el carácter irrenunciable de las cesantías está relacionado con su naturaleza como prestación patronal de rango legal, cuya finalid ad es el auxilio de la persona que se quede temporalmente en situación de desempleo y, por tan