CE - 110010315000202303440011SENTENCIA20231012120712

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., doce (12) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de tutela Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03440-01

Actor: Ariel Quesada Zamora

Demandado: Tribunal Administrativo del Meta

Tema: Acción de tutela contra providencia judicial/ falta del cumplimiento del requisito general de inmediatez

Derechos Fundamentales Invocados: i) Igualdad, ii) debido proceso; y iii) libertad personal

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por el actor contra la sentencia de tutela de 4 de septiembre de 2023 proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por medio del cual declaró improcedente el amparo.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES

La solicitud

1. El actor, a través de apoderado, presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Meta , porque, a su juicio , al proferir la sentencia de 17 de noviembre de 2022, en el proceso adelantado en ejercicio del medio de control de reparación directa identificado con el número únic o de radicación 500013333-005Administrativo del Meta , porque, a su juicio , al proferir la sentencia de 17 de noviembre de 2022, en el proceso adelantado en ejercicio del medio de control de reparación directa identificado con el número únic o de radicación 500013333-0052014-00169-01, vulneró sus derechos fundamentales invocados supra.2

Núm. único de radicación: 110010315000202303440-01

Actor: Ariel Quesada Zamora

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los c uales se fundamenta la acción de tutela,

en síntesis, son los siguientes:

3. El actor presentó demanda contra la Fiscalía General de la Nación , en ejercicio del medio de control de reparación directa, con el fin de que se le declarara administrativamente responsable por los daños y perjuicios ocasionados, como consecuencia de la privación injusta d e la libertad del que fuera víctima el señor

Ariel Quesada Zamora.

4. El Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito de Villavicencio, profirió sentencia en primera instancia el 3 de junio de 2016, por medio del cual accedió a las pretensiones de la demanda.

5. El Tribunal Administrativo del Meta profirió sentencia en segunda instancia el 17 de noviembre de 2022, mediante la cual resolvió lo siguiente:

“[…] PRIMERO: REVOCAR en su integridad el fallo de fecha 3 de junio de 2016, proferido por el Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Villavicencio, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia y, en su lugar, NEGAR las pretensiones de la demanda.

proferido por el Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Villavicencio, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia y, en su lugar, NEGAR las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: Condenar en costas a la parte demandante por las razones indicadas en el acápite correspondiente, liquídense por la secretaría del Despacho de origen, teniendo como agencias en derecho el 5% del valor de las pretensiones de la demanda […]”.

5.1. El Tribunal Administrativo del Meta consideró que:

[…] Con miras a resolver el problema jurídico planteado y marcados los derroteros que a nivel jurisprudencial orientan la definición del régimen de responsabilidad a aplicar en los casos en que se pretende la declaración de responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad y su consecuente reparación, resulta notorio para la Sala que la aplicación del régimen objetivo se limita a los supuestos en que no existe tipicidad objetiva o cuando el hecho punible no existió; en el asunto bajo estudio, s e ha establecido a nivel probatorio que la absolución del demandante devino de la aplicación del in dubio pro reo, por lo cual de acuerdo al precedente jurisprudencial se debe proceder a un análisis de la proporcionalidad, razonabilidad, necesidad y legalidad de la medida de aseguramiento impuesta, esto es, auscultar tales circunstancias bajo la óptica del régimen subjetivo de falla del servicio.3

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Actor: Ariel Quesada Zamora

En ese sentido, se tiene que el artículo 306 de la Ley 906 de 2004, vigente para la

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Actor: Ariel Quesada Zamora

En ese sentido, se tiene que el artículo 306 de la Ley 906 de 2004, vigente para la época de los hechos, establece que el fiscal solicitará al juez de control de garantías imponer medida de aseguramiento, indicando la persona, el delito, los elementos de conocimiento necesarios para sustentar la medida y su urgencia, los cuales se evaluarán en audiencia permitiendo a la defensa la controversia pertinente.

A su turno, el articulo 308 ibídem consagra que a la autoridad judicial le compete finalmente decretar la medida de aseguramiento cuando de los elementos materiales probatorios y evidencia física recogidos y ase gurados o de la información obtenida legalmente, se pueda inferir razonablemente que el imputado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva y, a su vez, se cumpla alguno de los siguientes requisitos:

1. Que la medida de aseguramiento se muestre como necesaria para evitar que el imputado obstruya el debido ejercicio de la justicia.

2. Que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima.

3. Que resulte probable que el imputado no comparecerá al proceso o que no cumplirá la sentencia.

Posterior a encontrarse acreditados los requisitos tanto de orden probatorio como subjetivo por parte del juez, procede determinar si hay lugar a la detención preventiva en establecimiento carcelario, según los supuestos del articulo 313 ibidem.

Revisado el expediente digital en su integridad, se extrae de la solicitud de medida de

subjetivo por parte del juez, procede determinar si hay lugar a la detención preventiva en establecimiento carcelario, según los supuestos del articulo 313 ibidem.

Revisado el expediente digital en su integridad, se extrae de la solicitud de medida de aseguramiento elevada al interior de audiencia de 22 de septiembre de 2009, presidida por el Juez Primero Penal Municipal con Función de Control de Garantías, que la restricción de la libertad se fundó básicamente en el numeral 2º del artículo 313 y 308 del C.P.P., disposiciones conforme a las cuales, procede la detención preventiva al estar frente a un delito investigable de oficio en el cual el mínimo de la pena establecida excede cuatro años y, en razón a que, a partir de la noticia criminal y los elementos que se recaudaron en la fase instructiva se podía inferir razonablemente la autoría o participación del implicado en la comisión del delito, así como su interferencia en la investigación adelantada y dada la probable vinculación del señor Quezada Zamora a la organización criminal “ERPAC”, situación que podría representar un peligro para la comunidad […]”.

[…]

“[…] Sin embargo, el fallador de segunda instancia en el proceso penal indicó que, una vez apreciados los testimonios aducidos en juicio oral, se desconocieron los requisitos legales previstos en el artículo 253 del C. de P.P. y, por ello, los señalamiento s elevados no podían fundar la sentencia condenatoria, por lo que la misma mereció su revocatoria y, por ende, la absolución del hoy accionante.

Como fundamento de la decisión de absolución, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Vi llavicencio consideró que en los casos en los cuales hay

revocatoria y, por ende, la absolución del hoy accionante.

Como fundamento de la decisión de absolución, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Vi llavicencio consideró que en los casos en los cuales hay testigos que señalan a una persona como autora de un hecho punible, pero desconocen su nombre o identidad, para la labor de identificación e individualización, lo procedente es el reconocimiento en fila de personas en los términos precisos y de conformidad con los parámetros establecidos en el artículo 253 del C. de P.P […]”.

[…]4

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Actor: Ariel Quesada Zamora

“[…] En atención a los argumentos expuestos por el fallador de segunda instancia, si bien los motivos de absolución se re montan a las labores adelantadas en etapa de investigación, no debe perderse de vista que, en sede de medida de aseguramiento, no se requiere grado de certeza sobre la autoría o participación del implicado en la conducta punible investigada, sino que debe existir una pauta para inferirla de manera razonable, aspecto sobre el cual descansa precisamente la procedencia de la detención preventiva.

Lo anterior, no solo para lograr la comparecencia del implicado al proceso, sino también porque los elementos recogidos por la Fiscalía en esa etapa primigenia de la investigación, le permitían afirmar la concurrencia de los requisitos previstos en los artículos 308 a 310 de la Ley 906 de 2004 e inferir la autoría o participación del señor Ariel Quezada en los hechos por los cuales se le investigaba, máxime cuando a pesar de los reproches realizados por la segunda instancia en el proceso penal, relacionados

artículos 308 a 310 de la Ley 906 de 2004 e inferir la autoría o participación del señor Ariel Quezada en los hechos por los cuales se le investigaba, máxime cuando a pesar de los reproches realizados por la segunda instancia en el proceso penal, relacionados con las formalidades que persiguen la debida identificación e individualización del procesado en etapa de juicio , lo cierto es que para la primera fase de la instrucción, en especial en el momento en el que el ente acusador solicitó la audiencia preliminar, que comprendía la solicitud de librar orden de captura, su posterior legalización, la imputación de cargos e i mposición de medida de aseguramiento, el procesado fue traído al proceso con el señalamiento expreso de su nombre e identificación 3 (en diligencias que anteceden a la detención preventiva), aspecto que fue sometido al tamiz del Juez de Control de Garantía s, quien no dejó constancias o anotó falencia alguna; distinto es que, en la etapa de juzgamiento, los testigos de cargo y sus dichos no permitieran afirmar la responsabilidad penal perseguida, situación que en nada mengua o modula el estándar probatorio e xigible a la Fiscalía para peticionar la detención preventiva, etapa en la que la pauta no se hace tan rígida como en la etapa de juicio, ni en grado de certeza para la declaratoria de responsabilidad […]”.

[…]

“[…] Por lo argumentado, se considera que para el momento en que la Fiscalía solicitó la detención del demandante, contaba con indicios que permitían inferir razonablemente la autoría o participación del actor en los hechos objeto de investigación. En efecto, se avizora que la medida impuesta en ese momento procesal

la detención del demandante, contaba con indicios que permitían inferir razonablemente la autoría o participación del actor en los hechos objeto de investigación. En efecto, se avizora que la medida impuesta en ese momento procesal se mostraba: i) necesaria al existir el material probatorio para disponer la misma de acuerdo al Código de Procedimiento Penal, vigente para época de los hechos; así mismo, se orientaba a garantizar la comparecencia del procesado, preven ir su obstrucción en la investigación y al tratarse de persona con antecedentes de militar en grupo al margen de la ley, la probabilidad de estar vinculado a uno nuevo era alta, ii) proporcional dado que el delito investigado, implicaba eventualmente una p ena que oscilaba entre 48 a 108 meses de prisión5 y iii) razonable de cara a la gravedad de la conducta investigada y el estándar probatorio exigido en la etapa instrucción, momento procesal donde se demanda apenas inferencia lógica para aducir autoría o participación en los hechos penalmente relevantes, más no grado de certeza.

Estas situaciones ponen de relieve, que las razones que orientaron la absolución del demandante y tal como enfatiza el juzgador, se refieren al examen propio del juzgamiento penal, más no comprometen la fase instructiva ni la probabilidad exigida – probatoriamente hablando – para adoptar la medida de aseguramiento contra el implicado.

En conclusión, prospera el argumento invocado por la Fiscalía General de la Nación, según el cua l, en el presente asunto la controversia debía ser definida a la luz del régimen subjetivo de falla del servicio; así mismo le asiste razón al recurrente, al referir que los elementos de juicio con los que contaba el ente acusador al momento de

régimen subjetivo de falla del servicio; así mismo le asiste razón al recurrente, al referir que los elementos de juicio con los que contaba el ente acusador al momento de solicitar la medida hacían procedente la detención preventiva del hoy demandante, por5

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Actor: Ariel Quesada Zamora

ende, el daño alegado no puede entenderse como antijurídico, ya que no se aprecia que la medida adoptaba haya sido innecesaria, irracional o desproporcionada […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

6. El actor solicitó en su escrito de tutela1:

“[…] Con base en expuesto, solicito a la HONORABLE CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, se tutelen las garantías constitucionales A LA IGUALDAD, AL DEBIDO PROCESO Y DERECHO A LA DEFENSA, DERECHO A LA LIBERTAD Y CONEXOS, y el derecho a ser resarcidos los perjuicios causados a las víctimas y derechos mis representados y que como consecuencia de ese amparo, se REVOQUE la Sentencia censurada, esto es , la proferida el17 de noviembre de 2022, por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META - SALA DE DECISIÓN ORAL 4, dentro del radicado Reparación Directa expediente 500013333-005-2014-00169-01, Magistrada Ponente NOHRA EUGENIA GALEANO PARRA, y en su lugar se DECLARE que hubo violación o vulneraci ón de los derechos fundamentales deprecados y como consecuencia CONFIRME la Sentencia del JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO

NOHRA EUGENIA GALEANO PARRA, y en su lugar se DECLARE que hubo violación o vulneraci ón de los derechos fundamentales deprecados y como consecuencia CONFIRME la Sentencia del JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE VILLAVICENCIO, dentro de la Reparación Directa expediente 50001 -33-33-005-2014-00169-00, la cual declara administrativamente responsable a la NACIÓN - FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN por los daños y perjuicios ocasionados a ARIEL QUESADA ZAMORA y otros, por la detención llegal, injusta y arbitraria, de la que fue víctima desde el 23 de septiembre de 2009 hasta el 26 de septiembre de 2011 o se tomen las medidas necesarias y suficientes para el resarcimiento total de los perjuicios causados a mis prohijados y lograr efectiva aplicación del mandato constitucional contenido en el artículo 90, de la Carta Magna. […]”.

6.1. El actor en su escrito de tutela señaló que:

“[…] DEFECTO PROCEDIMENTAL

La Magistrada Ponente NOHRA EUGENIA GALEANO PARRA, del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META - SALA DE DECISIÓN ORAL 4, en su fallo que revoca la sentencia del JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE VILLAVICENCIO, se aparta abierta e injustificadamente de la normativa procesal aplicable, ya que desconoce el mandato legal procedimental normado en el Artículo 252 del CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Ley 906 de 2004, el cual ordena el realizar un reconocimiento en fila de personas cuando de una captura se trata, diligencia que

aplicable, ya que desconoce el mandato legal procedimental normado en el Artículo 252 del CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Ley 906 de 2004, el cual ordena el realizar un reconocimiento en fila de personas cuando de una captura se trata, diligencia que no se llevó a cabo configurando por consiguiente una privación injusta de la libertad, inobservancia que sin lugar a dudas constituye la obligación en cabeza del Estado de reparar el daño material y moral acaecido.

DEFECTO MATERIAL O SUSTANTIVO

Es evidente el vicio, ya que la INCORRECTA interpretación y aplicación de las disposiciones que integran el ordenamiento jurídico, tal como lo son el artículo 252 del CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, y la reiterada jurisprudencia de la Honorable

1 Transcripción literal del texto de la solicitud de amparo.6

Núm. único de radicación: 110010315000202303440-01

Actor: Ariel Quesada Zamora

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA y demás Cortes, tuvo una incidencia directa en la Sentencia que se ataca, decisión del 17 de noviembre de 2022, emanada de TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META - SALA DE DECISIÓN ORAL 4, dentro del radicado Reparación Directa 500013333 -005-2014-00169-01, Magistrada Ponente NOHRA EUGENIA GALEANO PARRA, la cual REVOCA la sentencia del 3 de junio de 2016, proferida por el JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE VILLAVICENCIO, esta última que declaraba responsable a la Nación - Fiscalía General

proferida por el JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE VILLAVICENCIO, esta última que declaraba responsable a la Nación - Fiscalía General de la Nación, por la privación injusta de la libertad del sr ARIEL QUESADA ZAMORA.

DEFECTO POR DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE

La sentencia del TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE VILLAVICENCIO, que absuelve (sic) ARIEL QUESADA ZAMORA, y la sentencia del JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE VILLAVICENCIO, que declara administrativamente responsable a la NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN por los daños y perjuicios ocasionados a ARIEL QUESADA ZAMORA , guardan identidad fáctica y jurídica, ya que ambas reconocen una privación injusta de la libertad por inobservancia del parámetro legal contenido en el artículo 252 del CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, LEY 906 DE 2004, decisiones que eran vinculantes para la sentencia atacada del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL METASALA DE DECISIÓN ORAL 4, y en donde la magistrada ponenteNOHRA (sic) EUGENIA GALEANO PARRA, no presentó una justificación razonable para apartarse del precedente vinculante (inexistencia de justif icación razonable para separarse del precedente)

4. DEFECTO POR VIOLACION DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN

En la sentencia emanada del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META - SALA DE DECISIÓN ORAL 4, dentro del radicado Reparación Directa expediente 5000133334. DEFECTO POR VIOLACION DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN

En la sentencia emanada del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META - SALA DE DECISIÓN ORAL 4, dentro del radicado Reparación Directa expediente 500013333005-2014-00169-01, la Magistrada ponente NOHRA EUGENIA GALEANO PARRA, profiere su decisión lesionando principios, las reglas y los postulados señalados por la Carta Política, así

• DERECHO A LA IGUALDAD ANTE LA LEY

"Articulo 13. Todas las personas nacen libre s e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan."

A LOS MISMOS HECHOS Y LAS MISMAS PRUEBAS EL MISMO DERECHO

Mediante sentencia TAM004 19 -12-261, del 5 de diciembre de 2019, el Tribunal Administrativo del Meta, dentro del radicado 50001 -23-33-000-2013-00439-00, Magistrada Ponente NELCY VARGAS TOVAR, declaró a la Nación - Rama judicial y Fiscalía General de la Nación, administrativa, extracontractual y patrimonialmente

Magistrada Ponente NELCY VARGAS TOVAR, declaró a la Nación - Rama judicial y Fiscalía General de la Nación, administrativa, extracontractual y patrimonialmente responsables de los perjuicios causados a OSCAR JAVIER DIAZ USECHE, por la privación injusta de su libertad.

"Ahora bien, en cuanto a la proporcionalidad de la imposición de la medida de aseguramiento, la Corporación encuentra que la Fiscalía General de la Nación n o ha debido reducir su actividad investigativa contra el señor Oscar Javier Diaz Useche a la7

Núm. único de radicación: 110010315000202303440-01

Actor: Ariel Quesada Zamora

declaración vertida por el señor Jhonny Andres Acevedo, quien muy a pesar que señaló a Oscar alias el "Mono" [...) y efectuar reconocimiento fotográfico, dicho mat erial probatorio no resultaba suficiente para solicitar la imposición de la medida de aseguramiento, máxime cuando el último inciso del artículo 252 del Código de Procedimiento Penal prevé que el reconocimiento por medio de fotografías i video no exonera al reconocedor de la obligación de identificar en fila de personas en caso de aprehensión o presentación voluntaria del imputado, y en el caso, una vez aprehendido el señor Oscar Javier Diaz Useche no se practicó el reconocimiento en fila de personas, pese a que no existía ningún otro elemento probatorio que corroborara que se trataba de un informante del comandante [...]

[...] Así pues, para la Sala, la Fiscalía General de la Nación en su condición de órgano persecutor o director del proceso penal - Ley 906 de 2004 - he debido efectuar una labor exhaustiva de investigación con el propósito de llevar al juez elementos de convicción

[...] Así pues, para la Sala, la Fiscalía General de la Nación en su condición de órgano persecutor o director del proceso penal - Ley 906 de 2004 - he debido efectuar una labor exhaustiva de investigación con el propósito de llevar al juez elementos de convicción para imponer la medida de aseguramiento y posteriormente, condenar Art. 414.1 del C.P.P, sin embargo, brilla por su ausencia que se hubieran efectuado las respectivas órdenes a policía judicial para recaudar elemento material probatorio y evidencia física adicional a la va obtenida.

Vale anotar, que OSCAR JAVIER DIAZ USECHE y ARIEL QUESADA ZAMORA, fueron capturados en LA MISMA OPERACIÓN por parte de la FISCALIA GENARAL DE LA NACIÓN, sin que posteriormente se les efectuara el reconocimiento en fila de personas como lo ordena el artículo 252 Ley 906 de 2004, ya que habían sido reconocidos mediante álbum fotográfico.

Así mismo, OSCAR JAVIER DIAZ USECHE y ARIEL QUESADA ZAMORA, fueron vinculados en el mismo proceso y por los mismos hechos, y condenados en primera instancia en LA MISMA SENTENCIA el 4 de febrero de 2011, dentro del radicado 50001-60-00-567-2008-01814, No. Interno 2009 -047, por el JUZGADO SEGUNDO

PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE VILLAVICENCIO.

Igualmente, OSCAR JAVIER DIAZ USECHE yARIEL QUESADA ZAMORA, fueron

absueltos EN LA MISMA SENTENCIA 21-SAP-RUN-50001-60-00-567-2008-01814-01,

Igualmente, OSCAR JAVIER DIAZ USECHE yARIEL QUESADA ZAMORA, fueron absueltos EN LA MISMA SENTENCIA 21-SAP-RUN-50001-60-00-567-2008-01814-01, el 21 de septiembre de 2011, por el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL

DE VILLAVICENCIO.

A OSCAR JAVIER DIAZ USECHE y ARIEL QUESADA ZAMORA, un Juez Administrativo les reconoció la vulneración de su derecho a la libertad por privación injusta de su libertad, por considerar se que la misma fue ilegal, desproporcionada, arbitraria e irrazonable, al violarse el precepto legal ordenado en el Artículo 252 del Código de Procedimiento Penal Ley 906 de 2004.

El TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META - SALA DE DECISIÓN, mediante sentencia del 17 de noviembre de 2022, dentro del radicado Reparación Directa expediente 500013333 -005-2014-00169-01, Magistrada Ponente NOHRA EUGENIA GALEANO PARRA, VIOLA EL DERECHO A LA IGUALDAD al revocar la sentencia del 3 de junio de 2016, proferida por el JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE VILLAVICENCIO, que reconocía la privación injusta de la libertad de la que fue víctima el señor ARIEL QUESADA ZAMORA, desconociendo el precedente que existía no sólo en el señor OSCAR JAVIER DIAZ USECHE sino en otros capturados en la misma operación, vinculados al mismo proceso, condenados en la misma sentencia y absueltos en la misma sentencia, a los cuales si se les reconoció la privación injusta

la misma operación, vinculados al mismo proceso, condenados en la misma sentencia y absueltos en la misma sentencia, a los cuales si se les reconoció la privación injusta de su libertad siendo reparados posteriormente, así mismo, des conociendo los reiterados pronunciamientos de las Altas Cortes respecto a la necesidad de reparar cuando se está al frente de una privación injusta de la libertad.

• DERECHO AL DEBIDO PROCESO8

Núm. único de radicación: 110010315000202303440-01

Actor: Ariel Quesada Zamora

"Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de ac tuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. [...]"

El debido proceso d ebe entenderse como una manifestación del Estado que busca proteger al individuo frente a las actuaciones de las autoridades públicas, de manera que ninguna actuación de las autoridades dependa de su propio arbitrio, sino que se encuentren sujetas a los procedimientos señalados en la ley o los reglamentos.

Así las cosas, la Sentencia. atacada, vulnera de manera grosera y flagrante este derecho fundamental al Debido Proceso, al desconocer las pruebas obrantes dentro del expediente, su valoración probatoria y decisión de fondo tomada por el HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE VILLAVICENCIO - SALA PENAL, y en especial aquellas que exponen la ausencia de la obligación de practicar un reconocimiento en fila de personas, mandato legal ineludible, así reconocido por la

TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE VILLAVICENCIO - SALA PENAL, y en especial aquellas que exponen la ausencia de la obligación de practicar un reconocimiento en fila de personas, mandato legal ineludible, así reconocido por la mencionada corporación, con base a un reconocimiento en álbum fotográfico, y al apartarse en su fallo del mandato legal normado en el artículo 252 del Código de procedimiento Penal y al desconocer la reiterada jurisprudencia del HONOR ABLE

CONSEJO DE ESTADO.

No cabe la menor duda, que se ha capturado a una persona y se le ha privado de su sagrado derecho fundamental a la libertad, sin el lleno de los requisito (sic) legales, omisión por parte del agente o autoridad del Estado originánd ose perjuicios y daños materiales, morales y sociales, que deben ser resarcidos por mismo Estado.

• DERECHO A LA LIBERTAD

"Artículo 28. Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades l egales y por motivo previamente definido en la ley.[...]"

Para el caso en concreto, está demostrado que la privación de la libertad del señor ARIEL QUESADA ZAMORA, fue ilegal desproporcionada, arbitraria e irrazonable, al violarse el precepto legal ordena do en el Artículo 252 del Código de Procedimiento Penal Ley 906 de 2004, lo que origina necesariamente responsabilidad patrimonial del Estado, por los daños antijurídicos causados por acción u omisión de sus agentes,

violarse el precepto legal ordena do en el Artículo 252 del Código de Procedimiento Penal Ley 906 de 2004, lo que origina necesariamente responsabilidad patrimonial del Estado, por los daños antijurídicos causados por acción u omisión de sus agentes, servidores o autoridades. (Art.90 C.N.).

Al respecto el mencionado artículo 90 de la Constitución Nacional de Colombia, en su tenor literal contempla: "Articulo 90. El estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. […]”.

Actuación

7. El Despacho sustanciador de la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante auto de 29 de junio de 2023; i) admitió la acción de tutela; ii) notificó al Tribunal Administrativo del Meta; y iii) vinculó al Fiscal General de la Nación y a los señores Uriel Quesada Cabrera; María Nery y Brayan Esneider

Zamora Segura; Liliana Bonilla, Yineth Paola Olivieri Calderón, Yeimili Andrea9

Núm. único de radicación: 110010315000202303440-01

Actor: Ariel Quesada Zamora

Quesada Bonilla, Jhoyner Andrés Quesada Olivieri, Ingrid Solany Zamora; Yancy, Ingrid Lizeth y Neyder Quesada Bonilla, en calidad de terceros con interés legítimo, concediéndoles el término de dos (2) días para que rindieran informe sobre el particular.

Intervenciones de la demandada y de los terceros con interés legítimo

8. La Fiscalía General de la Nación manifestó lo siguiente:

concediéndoles el término de dos (2) días para que rindieran informe sobre el particular.

Intervenciones de la demandada y de los terceros con interés legítimo

8. La Fiscalía General de la Nación manifestó lo siguiente:

“[…] Teniendo en cuenta que el apoderado de los tutelantes instaura la presente acción constitucional por considerar que se ha vulnerado el derecho fundamental al debido proceso y solicita reconocimiento total de los perjuicios causados, se resalta ante el Despacho que la acción de tutela es improcedente cuando con ella se pretende obtener reconocimiento de carácter económico, al respecto ha señalado la Corte Constitucional lo siguiente:

“(…) el único objeto de la acción de tutela es la protección efectiva, inmediata y subsidiaria de los derechos fundamentales. De esta manera, se ha entendido que el presente mecanismo es improcedente para dirimir conflictos d