CE - 110010315000202303453001SENTENCIA20230801154928

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de julio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de tutela Núm. único de radicación: 110010315000202303453-00

Actor: William de Jesús Hernández Molina Demandados: Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín y otro1

Tema: Carencia actual de objeto por hecho superado dentro del marco de la acción de tutela

Derechos Fundamentales Invocados: i) Trabajo y ii) dignidad humana

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela presentada por William de Jesús Hernández Molina contra la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín – Antioquia y el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Antioquia.

La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.

1 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI, Documento denominado “ED_CARATULA(.pdf) NroActua 2”. Archivo aportado en forma digital.2

Núm. único de radicación: 110010315000202303453-00

Actor: William de Jesús Hernández Molina

I.ANTECEDENTES

en forma digital.2

Núm. único de radicación: 110010315000202303453-00

Actor: William de Jesús Hernández Molina

I.ANTECEDENTES

La solicitud

1. El actor, en nombre propio, presentó solicitud de tutela contra la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín – Antioquia y el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Antioquia , porque, a su juicio, i) la Dirección, al “[…] manifest[ar] la imposibilidad de emitir CDP para reemplazo […]” en el disfrute de sus vacaciones, y ii) el Juez, al negar “[…] el disfrute de vacaciones solicitado […]”: vulneraron sus derechos fundamentales invocados supra.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en

síntesis, son los siguientes:

3. Indicó que, en calidad de Asistente Jurídico , tras pertenecer al régimen de vacaciones individuales, el 25 de enero de 2023, solicitó al J uez Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Antio quia se le concediera las vacaciones, las cuales pretendía disfrutar entre el 13 de febrero y 3 de abril de 2023, tras haber laborado ininterrumpidamente por dos años (período comprendido entre el 19 de octubre de 2019 al 18 de octubre de 2021).

4. Advirtió que, el Juez Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad

entre el 19 de octubre de 2019 al 18 de octubre de 2021).

4. Advirtió que, el Juez Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Antioquia, mediante la Resolución núm. 005 de 25 de enero de 2023, resolvió:

“[…] PRIMERO: NEGAR el disfrute de vacaciones solicitado por el señor WILLIAM DE JESÚS HERNÁNDEZ MOLINA […] por necesidad del servicio y por las razones anotadas en precedencia.

SEGUNDO: Comunicar al interesado la presente decisión, e incorporar otra copia a la carpeta administrativa del empleado […]”.

4.1. Como fundamento de su decisión, el Juez consideró lo siguiente.

“[…] Que la Doctora […], en su calidad de directora de la Administración Judicial de Antioquia, mediante el oficio DESAJMEO23 -280, fechado 25 de enero de 2023,3

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Actor: William de Jesús Hernández Molina

certifica que, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal existente, no es posible expedir certificado para autorizar su reemplazo de vacaciones.

Que pese haberse estudiado la historia laboral de la peticionaria (sic) y concluirse que tendría derecho a disfrutar del periodo Vacacional, por la necesidad del servicio se hace necesario negar estas y cualquier otra solicitud de vacaciones que solicite el personal de este Juzgado, atendiendo la carga que tienen estos Despachos, hecho que no es desconocido por el propio Consejo Superior de la Judicatura, y que las solicitudes, que ingresan diariamente al Juzgado versan, en su inmensa mayoría

el personal de este Juzgado, atendiendo la carga que tienen estos Despachos, hecho que no es desconocido por el propio Consejo Superior de la Judicatura, y que las solicitudes, que ingresan diariamente al Juzgado versan, en su inmensa mayoría con solicitudes de libertad. Y pese a que desde que el suscrito se incorporó como tal, se ha ido depurando el Despacho, y se dan respuesta de manera oportuna a las solicitudes de libertad, lo que evide ntemente causa a cada uno de quienes trabajamos, desgaste y deseo natural de salir de vacaciones, empero que no es posible acceder a ello, porque el propio órgano de dirección de la Rama Judicial no realiza traslados y apropiaciones ni los recursos, pertinentes para nombrar el reemplazo. Los reemplazos son indispensables y necesarios para poder dar solución a las solicitudes mayoritariamente de los privados de libertad. Y en menor medida dar respuestas oportunas a los colegas y Magistrados, en las acc iones constitucionales de tutela y habeas corpus, que se nos vincula. En fin, las solicitudes y tramites (sic) de estos Despachos de ejecución de penas, exigen una respuesta inmediata que no dan espera por 25 días de disfrute de vacaciones y es imposible q ue esa carga de trabajo, se pueda repartir entre el Asistente Administrativo, el Oficial Mayor y el suscrito Juez, pues excedería con creces nuestra ya saturada capacidad de trabajo. La administración judicial, que conoce nuestra situación de congestión, a l punto que designa cargos temporales de descongestión, no designa los recursos para el reemplazo de los empleados en sus merecidas vacaciones, lo que se traduce, en una negativa del disfrute de las

nuestra situación de congestión, a l punto que designa cargos temporales de descongestión, no designa los recursos para el reemplazo de los empleados en sus merecidas vacaciones, lo que se traduce, en una negativa del disfrute de las mismas.

Que hasta tanto se disponga de presupuesto para su reemplazo, no es posible otorgar periodo de vacaciones al personal que se encuentre nombrado en los cargos de este Juzgado, por la necesidad del servicio […]”.

5. Señaló que, contra la decisión menciona da supra, interpuso recurso de reposición, el cual fue resuelto mediante la Resolución núm. 007 de 27 de enero

de 2023, en los siguientes términos:

“[…] PRIMERO: NO REPONER la resolución 0005 del 25 de enero de 2023, por medio de la cual se le NEGÓ el disfrute de vacaciones solicitado por el señor WILLIAM DE JESÚS HERNÁNDEZ MOLINA, titular de la cédula de ciudadanía número […], por necesidad del servicio, por las razones anotadas en precedencia.

SEGUNDO: Comunicar al interesado la presente decisión, e incorporar otra copia a la carpeta administrativa del empleado […]”.

5.1. Como fundamento de su decisión, el Juez consideró lo siguiente.

“[…] PRIMERO: Que pese a que el señor WILLIAM DE JESÚS HERNÁNDEZ MOLINA, lleva más de dos años trabajando de manera ininterrumpida, lo que en principio habilita el derecho al disfrute de las vacaciones, máxime cuando se expidió por parte de la Coordinación del Área Financiera de la Dirección Seccional

MOLINA, lleva más de dos años trabajando de manera ininterrumpida, lo que en principio habilita el derecho al disfrute de las vacaciones, máxime cuando se expidió por parte de la Coordinación del Área Financiera de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Medellín el CDP para su disfrute de vacaciones,4

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Actor: William de Jesús Hernández Molina

también constituy e justificación denegarlas por cuanto la inmensa carga laboral de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Antioquia, no da espera en ser atendida.

SEGUNDO: Inclusive, debe tenerse en cuenta que actualmente se tienen asignados cargos de descongestión, por las altas cargas de trabajo que a diario debemos evacuar y que, como se precisa en el numeral anterior, se ha incrementado en los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Antioquia, objetivo que se perdería con la salid a de empelados (sic) a vacaciones, sin el correspondiente reemplazo.

TERCERO: Pese a que en muchas otras ocasiones se ha tenido en el Despacho cargos de descongestión, se viene enfrentando una coyuntura debido a que la Dirección Seccional de Administración Judicial de Medellín, no está expidiendo el CDP para el reemplazo de las personas que salen a vacaciones, siendo ilógico este punto, pues se advierte la necesidad de descongestión, pero no se asignan los rublos para reemplazar las merecidas vacaciones de los empleados.

CUARTO: Lo anterior significa que quien sale a vacaciones no será reemplazado

este punto, pues se advierte la necesidad de descongestión, pero no se asignan los rublos para reemplazar las merecidas vacaciones de los empleados.

CUARTO: Lo anterior significa que quien sale a vacaciones no será reemplazado y, por lo tanto, el trabajo que le viene asignado deberá ser distribuido entre las personas que quedan en el Juzgado, lo que desborda su capacidad h umana y afecta gravemente su salud corporal y mental, por el alto estrés que ello genera

[…]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

6. El actor solicitó en su escrito de tutela:

“[…] Honorable Juez Constitucional, por cumplir los requisitos legales para ello, respetuosamente solicito la tutela a mi derecho al trabajo en condiciones dignas, ordenando se expida (i) por parte de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín Antioquia Antioquia (sic) - Chocó el respectivo CDP de reemplazo con el fin de garantizar la prestación del servicio en el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Antioquia, y (ii) por parte del Juez Primero de EPMS de Antioquia resolución mediante la cual me sea concedido el disfrute d e vacaciones solicitado […]”.

7. Como fundamento de su solicitud, manifestó lo siguiente:

“[…] - Tratándose de un derecho fundamental, su limitación debe darse en eventos de especial excepción, situación que no se da en caso concreto, toda vez que se está imponiendo al empleado una carga de la administración que no está obligado a soportar y que no tiene la facultad de suplir, pues en estos eventos de necesidad en la prestación del servicio la salida no debe ser el derecho laboral a los

está imponiendo al empleado una carga de la administración que no está obligado a soportar y que no tiene la facultad de suplir, pues en estos eventos de necesidad en la prestación del servicio la salida no debe ser el derecho laboral a los servidores, sino más bien el arreglo de las gestiones administrativas necesarias para garantizar la prestación del servicios (sic).

• La negativa del disfrute de las vacaciones se funda en la necesidad de la prestación del servicio, la cual se da por la elevada carga laboral del Despacho,5

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Actor: William de Jesús Hernández Molina

tal nivel de trabajo también debe tenerse en cuenta como fundamento que supone un desgaste físico y mental considerable para los empleados, pues garantizar el servicio no puede ser a costa de la privación de los derechos de laborales, famili ares y de salud de los empleados, máxime cuando la negativa es de manera indefinida pues se relaciona con un hecho incierto como lo es el de la expedición de CDP de reemplazo por parte de la Dirección Seccional […]”.

Actuación

8. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 30 de junio de 2023; i) admitió la acción de tutela; y ii) ordenó notificar a la Directora Ejecutiva de Administración Judicial, a la Directora Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín – Antioquia y al Juez Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Antioquia, concediéndoles el término de tres (3) día para que rindieran informe sobre el particular.

Intervención de la demandada

– Antioquia y al Juez Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Antioquia, concediéndoles el término de tres (3) día para que rindieran informe sobre el particular.

Intervención de la demandada

9. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial solicitó su desvinculación, al considerar que carece de legitimación en la causa por pasiva, bajo los siguientes

argumentos:

“[…] En primera instancia, procedo a advertir la línea judicial que ha venido teniendo su Despacho, que de forma desconsiderada y sin apego a la norma ha venido amparando el derecho al trabajo en condiciones dignas al descanso, librando ordenes (sic) inconstitucionales mediante las cuales obliga a las Entidades Accionadas, a la Expedición de CDPs para cubrir los salarios de la persona que deben estas contra tar para remplazar al Accionante, cuando ello se encuentra plenamente prohibido por la Circular PSAC11-44 del 23 de noviembre de 2011 […]”.

[…]

“[…] Sea lo primero advertir que la presente acción de tutela es improcedente, toda vez que está dirigida o con esta se pretende atacar lo resuelto en un Acto Administrativo proferido por la Dirección Ejecutiva Seccional de Medellín, para lo cual efectivamente el Juez Natural es el Juez Contencioso Administrativo y no el Constitucional de Tutela, si lo que se pretende es dejar sin efectos la decisión adoptada, ahora bien la improcedencia será abordada y explicada en mejor forma en lo consiguiente del presente escrito de tutela, pero de ello se deja constancia desde ahora para que se tenga presente dicha situación y se profiera el fallo que en Derecho se debe dar […] Si bien, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial,

en lo consiguiente del presente escrito de tutela, pero de ello se deja constancia desde ahora para que se tenga presente dicha situación y se profiera el fallo que en Derecho se debe dar […] Si bien, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, se encarga de la ejecución, administración y representación de la Rama Judicial, atribuciones de las cuales, es claro que ésta Di rección nunca ha puesto en riesgo, ni ha violado el derecho de carácter constitucional o legal citado por la parte actora, lo cierto es que la competente para desatar el asunto es la Dirección Seccional de Administración Judicial de Medellín […]”.6

Núm. único de radicación: 110010315000202303453-00

Actor: William de Jesús Hernández Molina

[…]

“[…] En el presente asunto, lo que se presenta es una posición caprichosa del nominador que corresponde al Juez o Consejo Seccional de la Judicatura que haya nombrado al Accionante, quien se niega a conceder las vacaciones solicitadas por la accionante sin que le sea nombrado un reemplazo para el desarrollo de sus funciones, algo completamente ilógico, desproporcionado y que termina afectando los derechos fundamentales de la accionante, toda vez que ellos tienen claro que no es posible destinar recursos par a el nombramiento de un remplazo (sic) de la accionante, al no tener esta la condición de funcionaria, por consiguiente, en contra de quien se debe librar orden conminatoria, es contra el nominador de la accionante para que no condicione la concesión de la s vacaciones de esta a la expedición de un CDP que por norma no es posible expedir […]”.

10. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín –

para que no condicione la concesión de la s vacaciones de esta a la expedición de un CDP que por norma no es posible expedir […]”.

10. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín – Antioquia rindió informe en los siguientes términos:

“[…] la Dirección Ejecutiva Seccional dando cumplimiento a lo ordenado en el fallo de segunda instancia previo al decreto de nulidad, procedió a expedir el CDP requerido, de lo cual se notificó al accionante y a su nominador el día 27 de marzo de los corrientes […] Como consecuencia de lo anterior, el 4 de abril del año en curso fue remitida por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Antioquia la resolución No. 017 del 30 de marzo de 2023 por medio de la cual se le concedían vacaciones al accionante a partir del 24 de marzo hasta el 19 de junio del año en curso, ambas fechas inclusive, procediéndose desde esta dependencia con la respectiva liquidación.

En conclusión, según lo detallado en precedencia y los anexos aportados se advierte que no fue esta Dirección Ejecut iva Seccional la que vulneró los derechos fundamentales deprecados por el accionante, a la igualdad en conexidad con el derecho al descanso, al trabajo en condiciones dignas y a la salud, derechos de los que gozan todos los servidores judiciales; y que tam poco ha sido el propósito o la intención de esta Dirección Seccional socavar los derechos fundamentales del accionante. Lo que quedó demostrado con la expedición célere y oportuna del certificado de disponibilidad presupuestal para cancelar las vacaciones y prima de vacaciones del accionante […]”.

intención de esta Dirección Seccional socavar los derechos fundamentales del accionante. Lo que quedó demostrado con la expedición célere y oportuna del certificado de disponibilidad presupuestal para cancelar las vacaciones y prima de vacaciones del accionante […]”.

11. El Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Antioquia guardó silencio en esta oportunidad procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

12. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991 2, por el

2 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''7

Núm. único de radicación: 110010315000202303453-00

Actor: William de Jesús Hernández Molina

cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de 20213 y en armonía con el Acuerdo 377 de 11 de diciembre de 20184 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019 5, que asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

13. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades

Generalidades de la acción de tutela

13. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Cuestión previa

14. La Sala advierte que previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario precisar el presupuesto procesal sobre la legitimación en la causa por pasiva, para efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión, como el alcance del contenido de la sentencia.

15. Ahora bien, el artículo 13 del Decreto 2591 frente a la legitimación en la causa

por pasiva, señala expresamente lo siguiente:

“[…] La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.

Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él como coadyuvante del actor o de la persona o auto ridad pública contra quien se hubiere hecho la solicitud […]”.

Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él como coadyuvante del actor o de la persona o auto ridad pública contra quien se hubiere hecho la solicitud […]”.

3 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 4 “[…] Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado […]”. 5 Reglamento Interno del Consejo de Estado.8

Núm. único de radicación: 110010315000202303453-00

Actor: William de Jesús Hernández Molina

16. De igual manera la Corte Constitucional, mediante sentencia T -1001 de 30 de noviembre de 2006 6, se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva

en los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque otorga a las partes el derec ho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye

sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que el actor le dirige mediante la demand a sobre una pretensión de contenido material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y celerida d procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la Constitución como del decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares por la acción u omisión que provoque la violación de los derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo estatuto ."[7]. (Negrilla fuera de texto).

Y más adelante, en sentencia T -519 de 2.001 M.P. Clara Inés Vargas esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que el demandado no es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es el

no es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que inflige el daño […]”.

17. La Sala advierte que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial solicitó su desvinculación al considerar que carece de legitimación en la causa por pasiva.

18. La Sala advierte que la vinculación de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial se realizó como tercero con interés legítim o, en la medida

6 Corte Constitucional, sentencia T-1412872 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería. 7 “Esta posición, fue reiterada, entre otras, por la sentencia: T-213 de 2.001 M.P. Carlos Gaviria Díaz y T-562 de 2.002 M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-959 de 2.002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett”.9

Núm. único de radicación: 110010315000202303453-00

Actor: William de Jesús Hernández Molina

en que, el artículo 103 de la Ley 270 de 7 de marzo de 19968, establece que los Directores Seccionales de la Rama Judicial ejercen sus funciones “[…] en el ámbito de su jurisdicción y conforme a las órdenes, directrices y orientaciones del Director Ejecutivo Nacional de la Admin istración Judicial […]” , razón por la cual, a dicha entidad le asiste interés en el resultado del proceso de la referencia.

de su jurisdicción y conforme a las órdenes, directrices y orientaciones del Director Ejecutivo Nacional de la Admin istración Judicial […]” , razón por la cual, a dicha entidad le asiste interés en el resultado del proceso de la referencia.

19. En ese orden de ideas, de conformidad con el Decreto 2591 y la jurisprudencia anteriormente citada, la Sala concluye que a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo Superior de la Judicatura le asiste interés en la decisión de tutela que esta Sala profiera.

20. En tal virtud, la Sala declarará no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva alegada respecto de la Dirección Ejecutiva de

Administración Judicial.

Problemas Jurídicos

21. En el caso sub examine, corresponde a la Sala determinar si, en efecto: i) es procedente o no declarar la carencia actual de objeto por hecho superado; y si la respuesta al anterior interrogante es negativa ii) corresponde establecer si la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín – Antioquia y el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Antioquia vulneraron los derechos fundamentales invocados por el actor, al no expedir el certificado de disponibilidad presupuestal para proveer un reemplazo durante sus vacaciones y, en consecuencia, al haberle negado la solicitud de sus vacaciones.

22. Para resolver el anterior interrogante esta Sala analizará los siguientes temas: i) la carencia actual de objeto por hecho superado dentro del marco de la acción de tutela, ii) análisis del caso concreto, y finalmente iii) las conclusiones de la Sala.

22. Para resolver el anterior interrogante esta Sala analizará los siguientes temas: i) la carencia actual de objeto por hecho superado dentro del marco de la acción de tutela, ii) análisis del caso concreto, y finalmente iii) las conclusiones de la Sala.

Carencia actual de objeto por hecho superado dentro del marco de la acción de tutela

8 “ESTATUTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA”.10

Núm. único de radicación: 110010315000202303453-00

Actor: William de Jesús Hernández Molina

23. La figura de la carencia actual de objeto por hecho superado se encuentra establecida en el artículo 26 del Decreto 2591, al disponer lo siguiente:

“[…] Si, estando en curso la tutela, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará fundada la solicitud únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes […]”.

24. Ahora bien, la Corte Constitucional en relación con la carencia actual de objeto por hecho superado, mediante sentencia T-817 de 20059, se pronunció en el

siguiente sentido:

"[…] Ha sostenido esta Corporación en reiterada jurisprudencia, que cuando hechos sobrevivientes a la instauración de la acción de tutela, alteran de manera significativa el supuesto de fáctico sobre el que se estructuró el reclamo constitucional, al punto que desaparece todo su fundamento, decae la necesidad de protección actual e inm ediata que subyace a la esencia de la acción. En consecuencia, el juez constitucional queda inhibido para proferir una

reclamo constitucional, al punto que desaparece todo su fundamento, decae la necesidad de protección actual e inm ediata que subyace a la esencia de la acción. En consecuencia, el juez constitucional queda inhibido para proferir una orden orientada al restablecimiento del orden constitucional quebrantado […]”. (Se resalta).

25. Sobre el mismo punto, esta Sección, ha considerado10:

“[…] Al respecto, valga reiterar que es clara la posición adoptada por parte del Consejo de Estado y la Corte Constitucional, en cuanto a que la decisión del juez de tutela pierde o carece de objeto cuando, al momento de proferir sentencia, se advierte que la situación fáctica expuesta por el actor en su demanda ya ha sido saneada. Dicha situación tiene como consecuencia automática que desaparece toda posibilidad de amenaza efectiva o daño a un derecho fundamental.

Tal como ocurre en el presente caso, la carencia de objeto por hecho superado se genera cuando se advierte que lo pretendido con la acción de tutela era una orden de actuar y, previo al pronunciamiento del juez, sobrevienen hechos que demuestran que la entidad accionada acató la solicitud y que su correspondiente conducta resulta suficiente para impedir que continúe la vulneración del derecho fundamental, motivo por el cual la tutela pierde eficacia y razón de ser. En este orden, al extinguirse su objeto resulta inocua cualquier decisión judicial que se dicte, toda vez que “la posible orden que impartiera el juez caería en el vacío […]”.

26. Así las cosas, la Sala resalta que la carencia actual de objeto por hecho superado en la acción de tutela se predica, de aquellos eventos en los cuales,

orden que impartiera el juez caería en el vacío […]”.

26. Así las cosas, la Sala resalta que la carencia actual de objeto por hecho superado en la acción de tutela se predica, de aquellos eventos en los cuales, durante el trámite de las instancias o en sede de revisión d