CE - 110010315000202303464011SENTENCIA20230921153934

Consejo de Estado

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Título
CE - 110010315000202303464011SENTENCIA20230921153934
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

Demandante: Luz Helena Ordóñez Tejada Demandado: Tribunal Administrativo de Santander Radicado: 11001-03-15-000-2023-03464-01

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2023-03464-01

Demandante: LUZ HELENA ORDÓÑEZ TEJADA

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Temas: Tutela contra providencia judicial. Ausencia del requisito de relevancia constitucional. Confirma improcedencia.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA SOLICITUD

Procede la sala a resolver la impugnación presentada por la parte demandante contra la sentencia de 21 de julio de 2023, por medio de la cual el Consejo de Estado, Sección Primera declaró la improcedencia de la acción de tutela de la referencia.

1. ANTECEDENTES

1.1. La solicitud de amparo

La señora Luz Helena Ordóñez Tejada , el 28 de junio de 2023, instauró acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Santander con el fin de que se protejan sus derechos al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia,

tutela contra el Tribunal Administrativo de Santander con el fin de que se protejan sus derechos al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia, así como los principios a la confianza legítima, a la seguridad jurídica y a la prevalencia de lo sustancial sobre lo formal.

Las referidas garantías constitucionales las consideró vulneradas con ocasión de la providencia de 23 de marzo de 2023 dictada por el Tribunal Administrativo de Santander, a través de la cual recovó el fallo de 31 de marzo de 2022 del Juzgado Noveno Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga que había accedido a las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por la actora contra el municipio de Bucaramanga, para, en su lugar, denegarlas. El asunto se identificó con el radicado 68001-23-33000-2020-00055-01.Demandante: Luz Helena Ordóñez Tejada Demandado: Tribunal Administrativo de Santander Radicado: 11001-03-15-000-2023-03464-01

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1.2. Pretensiones

La parte actora solicitó:

PRIMERA: TUTELAR los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, así como los principios de confianza legítima, seguridad jurídica, prevalencia del derecho sustancial sobre el formal.

SEGUNDA: DEJAR SIN EFECTOS la sentencia proferida el veintitrés (23) de marzo de

acceso a la administración de justicia, así como los principios de confianza legítima, seguridad jurídica, prevalencia del derecho sustancial sobre el formal.

SEGUNDA: DEJAR SIN EFECTOS la sentencia proferida el veintitrés (23) de marzo de dos mil veintitrés (2023) por el Tribunal Administrativo de Santander H.M. Claudia patricia peñuela arce, dentro del proceso de Nulidad y Restablecimiento del derecho identificado bajo radicado 680012333000-2020-00055-01.

TERCERA: ORDENAR al H. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER proferir una nueva decisión en la cual se valoren en debida forma las pruebas obrantes dentro del plenario, declarando que los hechos que dan cuenta de la existencia de un contrato realidad sí fueron debidamente acreditados dando lugar a CONFIRMAR la sentencia de primera instancia de fecha treinta y uno de marzo (31) de marzo de dos mil veintidós (2022), proferida por el Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito Judicial de

Bucaramanga. 1

1.3. Hechos

Los supuestos que a continuación se relacionan, son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

La señora Luz Helena Ordóñez Tejada informó que ejerció el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el municipio de Bucaramanga, Secretaría del Interior, con el objeto de que se declarara la nulidad del acto expedido2 por el referido ente, a través del cual le negó el reconocimiento de la existencia de una relación laboral y el pago de los derechos salaria les, prestacionales y demás emolumentos a que hubiera lugar.

Lo anterior, con fundamento en que la accionante fue vinculada a la Secretaría del

relación laboral y el pago de los derechos salaria les, prestacionales y demás emolumentos a que hubiera lugar.

Lo anterior, con fundamento en que la accionante fue vinculada a la Secretaría del Interior del municipio de Bucaramanga mediante la celebración de sucesivos contratos de prestación de servicios desde el 13 de junio de 2013 hasta el 30 de octubre de 2015, en el car go de abogada de la Oficina de Apoyo Jurídico para el trámite de acciones constitucionales y judiciales, dentro del cual desempeñó funciones en forma permanente, bajo subordinación, cumplimiento de horario y en igualdad de condiciones a las de un «[e]mpleado de la planta de personal» del ente territorial.

El asunto le correspondió en primera instancia al Juzgado Noveno Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga que, en sentencia de 31 de marzo de 2022, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda al declarar la nulidad del acto censurado y decretar la prescripción «respecto al pago de los factores salariales y

1 Transcripción literal con posibles errores. 2 Oficio SJAL015519 de 11 de septiembre de 2019.Demandante: Luz Helena Ordóñez Tejada Demandado: Tribunal Administrativo de Santander Radicado: 11001-03-15-000-2023-03464-01

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prestacionales [...] dejando a salvo el reconocimiento y pago de los aportes patronales en pensión».

El recurso de apelación interpuesto por el municipio de Bucaramanga fue desatado

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prestacionales [...] dejando a salvo el reconocimiento y pago de los aportes patronales en pensión».

El recurso de apelación interpuesto por el municipio de Bucaramanga fue desatado por el Tribunal Administrativo de Santander en el sentido de revocar la decisión del a quo, para, en su lugar, denegar las súplicas de la demanda al no encontrar acreditado el elemento de la subordinación por cuanto no se demostró: (i) el cumplimiento de un horario de trabajo; (ii) la dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar; y (iii) la identidad de funciones frente al personal de planta relacionadas con el objeto de la entidad.

1.4. Fundamentos de la solicitud3

La señora Luz Helena Ordóñez Tejada indicó que sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia, así como los principios a la confianza legítima, a la seguridad jurídica y a la prevalencia de lo sustancial sobre lo formal, le fueron vulnerados por el Tribunal Administrativo de Santander con la expedición de la sentencia de 23 de marzo de 2023, en la que incurrió en defecto fáctico.

Lo anterior, con fundamento en la indebida valoración probatoria efectuada por el tribunal demandado en relación con el elemento de la subordinación laboral, puesto que, a juicio de la señora Ord óñez Tejada, los medios obrantes en el expediente lo acreditaban. Concretamente, señaló:

  • Testimonio de HERNÁN ADOLFO BRUGES SIOSI (declaración recepcionada en Audiencia de Pruebas) - Testimonio de YEXANDER RAÚL MAKENSI LINARES (declaración recepcionada en

Audiencia de Pruebas)

  • Testimonio de HERNÁN ADOLFO BRUGES SIOSI (declaración recepcionada en Audiencia de Pruebas) - Testimonio de YEXANDER RAÚL MAKENSI LINARES (declaración recepcionada en Audiencia de Pruebas) - Copia de los contratos de prestación de servicios profesionales suscritos entre el MUNICIPIO DE BUCARAMANGA y LUZ HELENA ORDOÑEZ TEJADA. - Relación de comprobantes de egreso, correspondiente a los pagos realizados a LUZ HELENA ORDOÑEZ TEJADA. - Certificados de contratos de prestación de servicios profesionales entre el MUNICIPIO

DE BUCARAMANGA y LUZ HELENA ORDOÑEZ TEJADA. 4

En cuanto al cumplimiento de horario , en contravía de lo señalado por el Tribunal Administrativo de Santander, concerniente a que no existía en el expediente ordinario prueba documental que indicara la «obligatoriedad de permanecer dentro de la planta de trabajo en horas específicas» y, además, que tal aspecto no fue esclarecido por los testigos debido a que no rindieron información concordante; la señora Ordoñez Tejada argumentó que estos últimos sí demostraron que «[e]lla permanecía todo el día en la Alcaldía a cargo del grupo de descongestión», que estuvo a cargo de los procesos de segunda instancia en el área j urídica y que el horario variaba «entre las 7:30 am a

3 Las transcripciones del acápite de los fundamentos son citas del texto original con posibles errores. 4 Para tal efecto, citó apartes de la sentencia del Consejo de Estado SUJ -CE-S2-2021.Demandante: Luz Helena Ordóñez Tejada

Demandado: Tribunal Administrativo de Santander

4 Para tal efecto, citó apartes de la sentencia del Consejo de Estado SUJ -CE-S2-2021.Demandante: Luz Helena Ordóñez Tejada Demandado: Tribunal Administrativo de Santander Radicado: 11001-03-15-000-2023-03464-01

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12:00 pm, 2:00 a 6:00 pm, 8:00 am a 12:00 pm, 2:00 pm a 5:00 pm, por las obras en las vías que se estaban adelantando. Adicionó que era citada cada 15 días a un comité técnico de trabajo para la proyección de metas en el que además se impartía la línea de trabajo para un periodo igual.

Añadió que, el exigir una prueba documental para probar el cumplimiento del horario se aparta de la realidad, comoquiera que es «entendible que los contratistas no diligencien ningún tipo de documento que acredite la permanencia y cumplimiento de horario en la planta de trabajo, ya que tal acción podría ser utilizada en contra del empleador en futuros pleitos judiciales».

Respecto al punto de la dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar , también alegó que se erró en la valoración realizada por el tribunal sobre los contratos de prestación de servicios.

Ello, por cuanto, si bien en el aparte de las obligaciones específicas contenidas en los referidos documentos se consignó que debía «[p]resentar informes mensuales o cada vez que lo requiera el Secretario del Interior sobre el avance del proceso de descongestión», lo cierto es que, como lo apuntó uno de los testigos, cada 15 días

referidos documentos se consignó que debía «[p]resentar informes mensuales o cada vez que lo requiera el Secretario del Interior sobre el avance del proceso de descongestión», lo cierto es que, como lo apuntó uno de los testigos, cada 15 días debía reunirse en la o ficina del mencionado servidor para llevar a cabo el comité técnico, lo que daba cuenta de que este fungía como superior jerárquico de la contratista, impartiéndole órdenes y criterios que debían ser aplicados en el modo, tiempo y lugar de la ejecución del contrato, «pues señalar la proyeción de metas e impartir línea de trabajo para los próximos días desdibuja la relación de coordinación, limitando a todas luces la autonomía e independencia característica de los contratos de prestación de servicios».

Resaltó que, uno de los testigos aseguró que a través de la Secreta ría Administrativa de organizaban capacitaciones en coordinación, las cuales a veces era impartidas por el SENA «y se vinculaban también a quienes estaban a través de contratos». De otro lado, indicó que la concesión de permisos o autorizaciones para ausentarse del puesto de trabajo, es un aspecto que denota la subordinación que se demostró en el proceso ordinario con uno de los testimonios en el cual se expresó: «como ella estaba asignada a la coordinación de ese grupo y quien lo lideraba era ella con el Secretario del Interior pues conozco que en algunos momentos, cuando uno se ausenta pues le comunica a su jefe superior».

Finalmente, en relación con el desarrollo de actividades también asignadas al personal de planta , trans cribió los objetos contractuales ejec utados para sustentar que las actividades desarrolladas por la señora Luz Helena Ordóñez Tejada «son de carácter

su jefe superior».

Finalmente, en relación con el desarrollo de actividades también asignadas al personal de planta , trans cribió los objetos contractuales ejec utados para sustentar que las actividades desarrolladas por la señora Luz Helena Ordóñez Tejada «son de carácter permanente en el Municipio de Bucaramanga, puesto que la defensa judicial y el desarrollo de funciones al interior de los proce sos que se adelantan en las distintas Inspecciones perm anece en el tiempo», por cuanto la proyección de resoluciones, citaciones, autos, entre otros, «componen funciones que son ejecutadas en suDemandante: Luz Helena Ordóñez Tejada Demandado: Tribunal Administrativo de Santander Radicado: 11001-03-15-000-2023-03464-01

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totalidad por cada una de las inspecciones adscritas a la Secretaía del Interior del Municipio».

1.5. Trámite de la acción de tutela

Con auto de 29 de junio de 2023 el ponente del primer grado 5 admitió la solicitud de amparo, dispuso tener como autoridad judicial accionada al Tribunal Administrativo de Santander y vinculó como tercero con interés al municipio de Bucaramanga.

1.6. Intervención

Realizadas las notificaciones y publicaciones ordenadas, se recibi ó el informe del municipio de Bucaramanga que, por conducto de apoderado judicial y mediante escrito allegado el 6 de julio de 2023, solicitó que se nieguen las peticiones de la acción de tutela en atención a que no cumple con la acreditación de los requisitos generales y

allegado el 6 de julio de 2023, solicitó que se nieguen las peticiones de la acción de tutela en atención a que no cumple con la acreditación de los requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial.

Concretamente, aseguró que el defecto fáctico planteado no tiene la carga argumentativa suficiente ni la trascendencia necesaria que justifique la intervención del juez constitucional en reemplazo del funcionario natural de la causa ordinaria.

1.7. Sentencia de primera instancia6

Con fallo de 21 de julio de 2023, el Consejo de Estado, Sección Primera declaró improcedente la acción de tutela de la referencia por no encontrar superado el análisis de relevancia constitucional , debido a que: (i) el debate propuesto por la señora Luz Helena Ordóñez Tejada no gira en torno al alcance, aplicación y/o desarrollo de un derecho fundamental; (ii) no existe un despliegue argumentativo en el que se expliquen las razones por las cuales la decisión objeto de cesura afectó en forma desproporcionada el núcleo esencial de sus derechos fundamentales; (iii) los fundamentos de la acción están dirigidos a reabrir una discusión zanjada en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, esto es, la legalidad del oficio SJAL015519 de 11 de septiembre de 2019; y (iv) la solicitud de amparo se promovió con el objeto de agotar una tercera instancia de la causa contenciosa.

1.8. Impugnación

Con escrito radicado oportunamente el 9 de agosto de 2023, la señora Luz Helena Ordóñez Tejada alegó que el caso de la referencia sí es relevante constitucionalmente,

1.8. Impugnación

Con escrito radicado oportunamente el 9 de agosto de 2023, la señora Luz Helena Ordóñez Tejada alegó que el caso de la referencia sí es relevante constitucionalmente, debido a que, lejos de pretender agotar una tercera instancia, lo que se persigue es la efectiva protección de los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y

5 Inicialmente el expediente fue asignado por reparto al despacho del exmagistrado Roberto Augusto Serrato Valdés. Con ocasión del cumplimiento de su periodo, el despacho fue encargado a la magistrada Nubia Margoth Peña Garzón. 6 Fallo que se notificó vía electrónica el 3 de agosto de 2023.Demandante: Luz Helena Ordóñez Tejada Demandado: Tribunal Administrativo de Santander Radicado: 11001-03-15-000-2023-03464-01

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de acceso a la administración de justicia, así como los principios a la confianza legítima, a la seguridad jurídica y a la prevalencia de lo sustancial sobre lo formal.

Argumentó que el reconocimiento de la relación laboral entre el municipio de Bucaramanga y la señora Ordóñez Tejada «indudablemente involucra derechos irrenunciables de carácter lab oral, lo cuales fueron cabalmente transgredidos al desconocer a la accionante, acreditándose la vulneración de garantías de rango constitucional como lo es la seguridad social».

Finalmente, aseguró que este evento cumple con los criterio s expuestos por la Corte

desconocer a la accionante, acreditándose la vulneración de garantías de rango constitucional como lo es la seguridad social».

Finalmente, aseguró que este evento cumple con los criterio s expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia SU -2015 de 2022. En ese sentido, puntualizó lo siguiente:

(i) El sub examine tiene la entidad para que se interprete y desarrolle la Constitución Política o para que se determine el alcance de un derecho fundamental, en atención a que involucra garantías laborales de orden constitucional que revisten un carácter irrenunciable «y q ue influyen directamente en la seguridad social y el mínimo vital, constituyendo la igualdad que se persigue frente a las condiciones laborales».

Adicionó que se omitieron las prerrogativas al debido proceso y de acceso a la administración de justicia al efectuarse una indebida valoración probatoria por parte del Tribunal Administrativo de Santander. Por otro lado, adujo que el principio de la prevalencia de lo sustancial sobre lo formal es una herramienta jur ídica que procura por el respe to y conservación de los derechos laborales de la ciudadanía que se encuentran relacionados con garantías como la dignidad, el mínimo vital y la seguridad social.

(ii) Aseveró que la controversia planteada no se limita a una discusión meramente legal o económica, «toda vez que se encuentran involucrados derechos irrenunciables de carácter laboral como lo son la seguridad social en conexidad con la dignidad humana, los cuales fueron totalmente desconocidos al pretender disfrazar la relación laboral existente entre las partes».

(iii) Por último, indicó que en el caso concreto sí se configuró una afectación desproporcionada a derechos fundamentales, «por cuanto de haber valorado

los cuales fueron totalmente desconocidos al pretender disfrazar la relación laboral existente entre las partes».

(iii) Por último, indicó que en el caso concreto sí se configuró una afectación desproporcionada a derechos fundamentales, «por cuanto de haber valorado correctamente los elementos probatorios obrantes en el plenario, no se hubiere arribado a una decisi ón que no reconociera las garantías y derechos de carácter laboral que fueron desconocidos por la entidad demandada».

En ese orden, solicitó que se revoque la decisión de primera instancia adoptada por la Sección Primera del Consejo de Estado, para que, e n su lugar, se deje sin efectos la providencia de 23 de marzo de 2023 dictada por el Tribunal Administrativo de Santander que negó las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho y, en consecuencia, se ordene proferir una sentencia en reemplazo.Demandante: Luz Helena Ordóñez Tejada Demandado: Tribunal Administrativo de Santander Radicado: 11001-03-15-000-2023-03464-01

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1.9. Trámite en segunda instancia

En auto de 1. ° de septiembre de 2023 se dispuso poner en conocimiento del Juzgado Noveno Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga la nulidad de carácter saneable en la que el proceso de la referencia incurría, ante la falta de vinculación formal del referido despacho judicial, en atención a que fue la autoridad que conoció del proceso ordinario en primera instancia.

saneable en la que el proceso de la referencia incurría, ante la falta de vinculación formal del referido despacho judicial, en atención a que fue la autoridad que conoció del proceso ordinario en primera instancia.

Lo anterior, de conformidad con lo estipulado en los artículos 133-8, 136 y 137 del Código General del Proceso, y con el fin de que la mencionada judicatura: (i) alegara la nulidad; (ii) se pronunciara sobre la solicitud de amparo sin alegarla; o, (iii) guardara silencio. En los dos últimos eventos, aquella se entendería saneada.

1.10. Intervención en segunda instancia

Con escrito recibido vía electrónica el 11 de septiembre de 2023, el juez titular del Juzgado Noveno Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga solicitó que se declare la improcedencia de la acción constitucional, en atención a que no cumple con los requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial.

Adicionalmente, precisó que tampoco se acreditó la vulneración de los derechos fundamentales invocados por la parte actora, lo que daría lugar a una decisión denegatoria en el caso en que se estudie el fondo del reclamo.

2. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta sala es competente para conocer de la impugnación presentada contra el fallo de tutela de 21 de julio de 2023, por medio del cual el Consejo de Estado, Sección Primera declaró la improcedencia de la acción de tutela , de conformidad con los artículos 32 del Decreto 2591 de 1991 y el 2.2.3.1.1.3 . del Decreto 1069 de 2015, modificado por

declaró la improcedencia de la acción de tutela , de conformidad con los artículos 32 del Decreto 2591 de 1991 y el 2.2.3.1.1.3 . del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como el Acuerdo 80 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la s ala determinar si procede confirmar, modificar o revocar la providencia de 21 de julio de 2023, por medio de la cual el Consejo de Estado, Sección Primera, declaró improcedente esta solicitud de amparo.

Para resolver el anterior planteamiento, se analizarán los siguientes temas: (i) la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) el estudio de los requisitos de procedibilidad adjetiva y, de encontrarse superados; (iii) el caso concreto.Demandante: Luz Helena Ordóñez Tejada Demandado: Tribunal Administrativo de Santander Radicado: 11001-03-15-000-2023-03464-01

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2.3. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 20127 unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema8.

la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema8.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales 9. Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio, pues la sentencia de un ificación sim plemente se refirió a los « fijados hasta el momento jurisprudencialmente».

Al efecto, e n virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 10, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos po r la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.4. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.4.1. Para la s ala resulta necesario anunciar que , en consonancia con el análisis efectuado por el a quo , el requisito de relevancia constitucional no se advierte superado en el asunto de la referencia, marco en el cual la solicitud de amparo elevada por la señora Luz Helena Ordóñez Tejada no cumple con las reglas establecidas por la Corte Constitucional en la sentencia de unificación 215 de 16 de junio de 2022.

elevada por la señora Luz Helena Ordóñez Tejada no cumple con las reglas establecidas por la Corte Constitucional en la sentencia de unificación 215 de 16 de junio de 2022.

2.4.1.1. En el referido fallo la alta corte señaló que en tratándose del ejercicio de acciones de tutela contra providencia judicial, implica que el interesado proponga un debate que gire en torno a la validez de la decisión que considera vulneradora de sus garantías fundamentales, mas no en un juicio de corrección del fallo reprochado por cuanto esta circunstancia excluye « su formulación para la discusión de asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia judicial».

7 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001 -03-15-000-2009-01328-01. Acción de TutelaImportancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada Ponente: María Elizabeth García González. 8 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñada. 9 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia. 10 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014, Ref.: 11001 -03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela -Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.Demandante: Luz Helena Ordóñez Tejada

Demandado: Tribunal Administrativo de Santander

Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.Demandante: Luz Helena Ordóñez Tejada Demandado: Tribunal Administrativo de Santander Radicado: 11001-03-15-000-2023-03464-01

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Tal criterio es reiteración del con tenido en la sentencia SU -128 de 2021, oportunidad en la que se concretó que el referido enfoque «impide que el mecanismo de amparo constitucional sea utilizado indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial».

En ese sentido, la jurisprudencia del órgano de cierre en materia constitucional ha hecho énfasis en la necesidad de que este medio especial esté revestido de relevancia constitucional, debido a que está ligado al carácter subsidiario de la acción y en la especialidad de los jueces competentes de las causas ordinarias con el fin de evitar que en esta sede se emitan pronunciamientos que comprenden la esfera funcional de otras autoridades judiciales.

Corolario, es menester que, como primera medida, el accionante cumpla con la carga de exponer con suficiencia la «restricción desproporcionada » a las garantías superiores invocadas con ocasión del fallo censurado, puesto que no es viable el estudio del fondo del caso a partir del «simple alegato de la vulneración a los derechos fundamentales».

En la mencionada sentencia SU-128 de 2021, sobre el particular se expuso:

estudio del fondo del caso a partir del «simple alegato de la vulneración a los derechos fundamentales».

En la mencionada sentencia SU-128 de 2021, sobre el particular se expuso:

El juez constitucional no puede estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa por qué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.

Luego, en la SU-215 de 2022 se advirtió que la exigencia que se analiza debe cumplir con las siguientes finalidades:

(i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los derechos fundamentales; y

(iv) la prevención del uso indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal.11

Igualmente, en el citado fallo unificatorio se fijaron las siguientes reglas que el juez de tutela debe verificar al momento de analizar si el caso objeto de su atención satisface el requisito de relevancia constitucional. Para tal efecto, se puntualizó que:

11 Parafraseo de la SU 2015 de 2022.Demandante: Luz Helena Ordóñez Tejada Demandado: Tribunal Administrativo de Santander Radicado: 11001-03-15-000-2023-03464-01

11 Parafraseo de la SU 2015 de 2022.Demandante: Luz Helena Ordóñez Tejada Demandado: Tribunal Administrativo de Santander Radicado: 11001-03-15-000-2023-03464-01

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

a) El caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico 12; es decir, el re

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