CE - 110010315000202303467011SENTENCIA20230921161232

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de tutela Núm. único de radicación: 110010315000202303467-01

Actor: Víctor Arturo Pacheco Restrepo

Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial

Tema: Improcedencia de la acción de tutela por falta de cumplimiento del requisito general de relevancia constitucional

Derecho Fundamental Invocado: Debido proceso

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por el actor contra la sentencia de tutela de 4 de agosto de 2023 proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por medio de la cual declaró improcedente la acción de tutela.

La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.2

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03467-01

Actor: Víctor Arturo Pacheco Restrepo

I.ANTECEDENTES

La solicitud

1. El actor, en nombre propio, presentó solicitud de tutela contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, porque, a su juicio, al proferir la sentencia de 8 de marzo de 2023 , en el proceso disciplinario identificado con el número único de

1. El actor, en nombre propio, presentó solicitud de tutela contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, porque, a su juicio, al proferir la sentencia de 8 de marzo de 2023 , en el proceso disciplinario identificado con el número único de radicación 11001110200020150060900-02, vulneró su derecho fundamental invocado supra.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en

síntesis, son los siguientes:

3. Señaló que, se le inició un proceso disciplinario en su contra por posiblemente haber incurrido en las faltas previstas en el numeral 61 del artículo 33 y en el numeral 32 del artículo 35 de la Ley 1123 de 23 de enero de 20073.

4. Expresó que, el Consejo Superior de la Judicatura mediante providencia de segunda instancia del 21 de marzo de 2017, resolvió sancionarlo con la exclusión de la profesión de abogado y a pagar una multa de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

5. Adujo que, presentó solicitud de rehabilitación del ejercicio profesional, al haber cumplido a cabalidad con lo previsto en el artículo 108 de la Ley 1123 de

2007.

6. La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá mediante providencia de 2 de agosto de 20 22, resolvió i) rechazar la solicitud de prescripción de la sanción disciplinaria impuesta en contra del actor; y ii) negar por improcedente la respectiva rehabilitación.

1 “Valerse de dádivas, remuneraciones ilegales, atenciones injustificadas o insólitas o de cualquier otro acto

sanción disciplinaria impuesta en contra del actor; y ii) negar por improcedente la respectiva rehabilitación.

1 “Valerse de dádivas, remuneraciones ilegales, atenciones injustificadas o insólitas o de cualquier otro acto equívoco que pueda ser interpretado como medio para lograr el favor o la benevolencia de los funcionarios, de sus colaboradores o de los auxiliares de la justicia”. 2 “Exigir u obtener dinero o cualquier otro bien para gastos o expensas irreales o ilícitas”. 3 “Por la cual se establece el código disciplinario del abogado”.3

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Actor: Víctor Arturo Pacheco Restrepo

7. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial , mediante providencia de 8 de

marzo de 2023, resolvió:

“[…] PRIMERO.- Confirmar la providencia proferida por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá el dos (2) de agosto de dos mil veintidós (2022), la cual negó por improcedente la solicitud de rehabilitación presentada por el abogado VÍCTOR HUGO PACHECO RESTREPO, de conformidad con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente providencia. […]”.

7.1 Como fundamento de su decisión consideró que:

“[…] Procede la Comisión Nacional de Disciplina Judicial a emitir el pronunciamiento que corresponda con apoyo en el material probatorio allegado al plenario y a la luz a las disposiciones legales que atañen el tema a debatir, precisando que, tal como lo ha sostenido de manera pacífica esta Colegiada, la órbita de competencia del juez

a las disposiciones legales que atañen el tema a debatir, precisando que, tal como lo ha sostenido de manera pacífica esta Colegiada, la órbita de competencia del juez de segunda instancia le hace i mperioso emitir pronunciamiento únicamente en relación con los aspectos impugnados, por cuanto presume el legislador que aquellos tópicos que no son objeto de sustentación, es porque no suscitan inconformidad en el sujeto procesal que hace uso del recurso de apelación: no obstante lo anterior, ello no es óbice para extender la competencia a asuntos no impugnados, si resultan inescindiblemente vinculados al objeto de la apelación.

Además, el funcionario judicial de segunda instancia no goza de libertad para decidir, toda vez que no se encuentra ante una nueva oportunidad para emitir un juicio fáctico y jurídico sobre el asunto, sino que su labor consiste en realizar un control de legalidad de la decisión impugnada, a partir de la evacuación que haga sobre lo s argumentos presentados por el apelante.

Es necesario también recordar que "la sustentación del recurso constituye carga ineludible del apelante, e irrumpe como presupuesto imprescindible para acceder a la segunda instancia, pero a su vez, se erige en límite de la competencia del ad quem, el cual sólo puede revisar y pronunciarse acerca de los aspectos reprochados “salvo la nulidad (por su naturaleza oficiosa) y los aspectos inescindiblemente vinculados a la impugnación". Por lo tanto, la tarea del ad que m se encuentra circunscrita a referirse sobre aquellos tópicos presentados por el censor en el escrito de apelación, mismos que deben estar argumentados de forma razonable a efecto

vinculados a la impugnación". Por lo tanto, la tarea del ad que m se encuentra circunscrita a referirse sobre aquellos tópicos presentados por el censor en el escrito de apelación, mismos que deben estar argumentados de forma razonable a efecto de contar con elementos jurídicos y fácticos para su análisis.

Téngase en cuenta que, si bien las sanciones disciplinarias no pueden tornarse en perpetuas y mucho menos deben estar condicionadas a la aceptación de la rehabilitación, tomando en consideración criterios o factores subjetivos del funcionario judicial, por cuanto ell o afectaría los derechos fundamentales de los sancionados en materia disciplinaria.

En el caso en concreto, conforme las pruebas allegadas al plenario, se constató que no se ha cumplido con el término legal de diez (10) años, atendiendo que los hechos generadores de la imposición de la sanción de exclusión del abogado solicitante de la rehabilitación tuvieron lugar en una actuación en la que era contraparte un ente del Estado, la máxima autoridad de la jurisdicción ordinaria, toda vez que el abogado implicado ejercía la defensa de Fidupetrol S.A. al interior de una acción de tutela contra la Corte Suprema de Justicia.4

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Actor: Víctor Arturo Pacheco Restrepo

Fue por lo anterior que se desato una investigación penal que llevó a condenas por el delito de tráfico de influencias, sin que resulte proc edente en esta oportunidad entrar a debatir lo que ya se investigó y juzgó en el proceso disciplinario como la

Fue por lo anterior que se desato una investigación penal que llevó a condenas por el delito de tráfico de influencias, sin que resulte proc edente en esta oportunidad entrar a debatir lo que ya se investigó y juzgó en el proceso disciplinario como la pretende el apelante, al indicar que no actuó coma contraparte de una entidad pública, lo cual debió alegar al interior del proceso disciplinario distinguido con el radicado No. 2015 00609 01 en su oportunidad.

Aunado a lo anterior, se debe tener presente que la sentencia emitida por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, en su momento denominada Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, data del 2 de mayo de 2016 y fue confirmada por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura de la época mediante sentencia emitida el 21 de marzo de 2017, providencia que cobr ó ejecutoria en la fecha de su suscripción, esto es, el mismo 21 de marzo de 2017

Lo anterior es indicativo que en la actualidad no han transcurrido los diez (10) años que exige el inciso segundo del artículo 108 de la Ley 1123 de 2007, para que el factor transcurso del tiempo permita valorar la solicitud de rehabilitación incoada.

La solicitud de tutela

Pretensiones

8. El actor solicitó en su escrito de tutela:

“[…] PRIMERO: Se declaren como vías de hecho aquellas actuaciones de Comisión Nacional de Disciplina Judicial al proferir su providencia de 08 de marzo de 2.023, en Sala 016, dictada dentro del proceso disciplinario radicado

“[…] PRIMERO: Se declaren como vías de hecho aquellas actuaciones de Comisión Nacional de Disciplina Judicial al proferir su providencia de 08 de marzo de 2.023, en Sala 016, dictada dentro del proceso disciplinario radicado 110011102000201500609n02, con ponencia del Magistrado doctor JULIO ANDRÉS

SAMPEDRO ARRUBLA.

SEGUNDO: Dejar sin efectos l a anterior providencia, e instruir a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial que produzca una providencia ajustándose al caudal probatorio vertido en la decisión apelada, producida por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, motivándola suficientemente y, en consonancia, con los hechos aducidos. […]”.

9. Como fundamento de su solicitud, el actor señaló lo siguiente:

“[…] A través del juicio de validez constitucional expuesto, se evidencia que el procedimiento cuestionado es arbitrario, plétoro de sinrazones, como quiera que para adoptar la decisión controvertida no se aplicaron las disposiciones legales imperantes sobre el particular, ni los precedentes de distintos linajes, transgrediéndose el DEBIDO PROCESO CONSTITUCIONAL que me asiste , toda vez que no la Comisión Nacional no adoptó su decisión confirmatoria ceñida a las leyes preexistentes al acto que se me imputa.

De contera, se transgredió el artículo 230 del Constitución, como quiera que la actuación controvertida no se sometió al Imperio de La Ley.5

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Actor: Víctor Arturo Pacheco Restrepo

actuación controvertida no se sometió al Imperio de La Ley.5

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Actor: Víctor Arturo Pacheco Restrepo

Igualmente, se conculcó el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, integrada a nuestro medio Constitucional, que, como una garantía judicial, impone la obligación de motivar las providencias, razonable y lógicamente.

Si se persevera en los gravísimos yerros constitucionales enlistados en líneas anteriores, enfrentamos una colosal arbitrariedad, situación que, definitivamente, abre paso al Amparo Constitucional rogado […]”.

Actuación

10. La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante auto de 4 de julio de 2023: i) admitió la acción de tutela; ii) ordenó notificar a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial ; y iii) vinculó, en calidad de tercero con interés legítimo, a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá , concediéndoles el término de tres (3) días para que rindieran informe sobre el particular.

Intervención de la demandada y del tercero con interés legítimo

11. La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá solicitó declarar la improcedencia de la acción de tutela. Al respecto, consideró lo siguiente:

“[…] Así las cosas, atendiendo los hechos expuestos por el accionante dentro del ejercicio de tutela que nos convoca, se logra concluir que no existe razón mínima para considerar que se ha vulnerado algún derecho constitucional por el trámite impartido

“[…] Así las cosas, atendiendo los hechos expuestos por el accionante dentro del ejercicio de tutela que nos convoca, se logra concluir que no existe razón mínima para considerar que se ha vulnerado algún derecho constitucional por el trámite impartido a la sol icitud de rehabilitación presentada por el abogado PACHECO RESTREPO, quien fuera excluido de la profesión, atendiendo la sentencia confirmatoria de 21 de marzo de 2017. […]”.

[…]

“[…] Como se puede observar, el objeto de la acción de tutela va dirigido a dejar sin valor y efecto la decisión emitida por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial e intrínsecamente la proferida por esta Corporación, al considerar vulnerados sus derechos constitucionales, por cuanto la providencia no fue motivada adecuadamente, no existió una apropiada valoración probatoria y, se omitió aplicar el principio de favorabilidad, violándose así el debido proceso, aspectos éstos que, a diferencia de lo indicado por el accionante, si fueron valorados y analizados, determinándose que conforme la ley, el señor PACHECO RESTREPO no había cumplido el término legal para ser rehabilitado al ejercicio profesional […]”.

[…]

“[…] Ahora, si lo pretendido en sede constitucional, es dejar sin efectos las decisiones emitidas al interior del trámite de rehabilitación y, con ello se entre a emitir un nuevo pronunciamiento haciendo un análisis que favorezca los pedimentos del6

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Actor: Víctor Arturo Pacheco Restrepo

accionante, la misma resulta ser improcedente, en tanto la naturaleza excepcional y

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Actor: Víctor Arturo Pacheco Restrepo

accionante, la misma resulta ser improcedente, en tanto la naturaleza excepcional y residual de la acción de tutela, predica que la acción constitucional es eficaz, siempre y cuando los medios de acción y/o defensa judicial ordinariamente establecidos, para el caso en concreto, resulten insuficientes para prevenir la configuración real de un daño y/o perjuicio irremediable; situación que no se cumple dentro de la presente actuación, en tanto, no se encuentra probado el perjuicio irremediable o daño, cumpliendo el despacho a mi cargo con las estipulaciones normativas.

Conforme lo precedente, no se evidencia que esta Comisión Seccional y menos el despacho a mi cargo, haya incurrido en vulneración a los derechos fundamentales del accionante, pues siempre se ha propendido por acatar no solo las órdenes judiciales sino cumplir con los principios de eficacia y eficiencia propios del derecho disciplinario, en medio de las vicisitudes que se puedan presentar, en aras de garantizar al usuario y/o ciudadano judicial sus derechos fundamentales […]”.

12. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial solicitó “[…] se nieguen por improcedentes las pretensiones formuladas debido a que desconocen la naturaleza de este medio constitucional como mecanismo residual y subsidiario […]” . Para tal

efecto, sostuvo que:

“[…] Considera el tutelante que la decisión cuestionada desconoce el precedente judicial de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia, al omitirse acudir

efecto, sostuvo que:

“[…] Considera el tutelante que la decisión cuestionada desconoce el precedente judicial de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia, al omitirse acudir al principio de favorabilidad, no se ciñó a las formas procesales respectivas, adoleció de respaldo probatorio e inobservó las normas aplicables. […].”

[…]

“[…]Es importante precisar en el presente asunto, que el accionante en el escrito de tutela no realiza una “ identificación razonable de los hechos que genera ron la vulneración de los derechos fundamentales”, toda vez que la providencia del 8 de marzo de 2023 se encuentra debidamente argumentada, claramente motivada y resulta por demás ligero cuestionar que no existe soporte probatorio de la confirmación allí d ecidida, sin explicar claramente la razón de la afirmación; resulta superfluo que se reivindique el no reconocimiento de una favorabilidad que no fue alegada en el recurso de apelación, y que se aluda a un supuesto desconocimiento del precedente judicial sobre la materia, sin especificar cómo y porqué. […]”.

[…]

“[…] Fue por lo anterior que siguiendo los derroteros jurisprudenciales puestos de presente, los criterios constitucionales y legales aplicables sobre la materia, la primera instancia negó la solicitud de rehabilitación formulada por el hoy accionante, VICTOR ARTURO PACHECO RESTREPO, mismos que fueron acogidos por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial mediante la providencia del 8 de marzo de 2023, aprobada según acta No. 016 de la misma fecha, emitida en el radicado No.

ARTURO PACHECO RESTREPO, mismos que fueron acogidos por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial mediante la providencia del 8 de marzo de 2023, aprobada según acta No. 016 de la misma fecha, emitida en el radicado No. 110011102000201500609 02, con acogimiento, desde luego, del principio del límite, consistente en que la órbita de competencia del juez de segunda instancia le hace imperioso emitir pronunciamiento únicamente en relación con los aspectos impugnados, por cuanto presume el legislador que aquellos tópicos que no son objeto de sustentación, no suscitan inconformidad en el sujeto procesal que hace uso del recurso de apelación […]”.7

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Actor: Víctor Arturo Pacheco Restrepo

La sentencia impugnada

13. La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, profirió sentencia, en primera instancia, el 4 de agosto de 2023, por medio de la cual resolvió

lo siguiente:

“[…] PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional con las razones ut supra […]”.

13.1 Como fundamento de su decisión consideró que:

“[…] 4.2.- Para la Sala, ab initio, se torna evidente que los cargos elevados en el escrito introductorio no satisfacen el requisito genérico sub examine, puesto que, además de no estar debidamente justificados, se advierten como un medio dirigido a revivir el análisis jurídico efectuado en el trámite de rehabilitación efectuado en el

escrito introductorio no satisfacen el requisito genérico sub examine, puesto que, además de no estar debidamente justificados, se advierten como un medio dirigido a revivir el análisis jurídico efectuado en el trámite de rehabilitación efectuado en el proceso disciplinario No. 11001110200020150060900/02, como si este mecanismo fuera una instancia adicional al proceso ordinario, según se explicará.

4.3.- Pues bien, al analizar los argumentos vertidos en la decisión de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, se observan las siguientes consideraciones:

“En el caso concreto, conforme las pruebas allegadas al plenario, se constató que no se ha cumplido con el término legal de diez (10) años, atendiendo que los hechos generadores de la imposición de la sanción de exclusión del abogado solicitante de la rehabilitación tuvieron lugar en una actuación en la que era contraparte un ente del Estado, la máxima autoridad de la jurisdicción ordinaria, toda vez que el abogado implicado ejercía la defensa de Fidupetrol S.A. al interior de una acción de tutela contra la Corte Suprema de Justicia.

Fue por lo anterior que se desató una investigación penal que llevó a condenas por el delito de tráfico de influencias, sin que resulte procedente en esta oportunidad debatir lo que se ya investigó y juzgó en el proceso disciplinario como lo pretende el apelante, al indicar que no actuó como contraparte de una entidad pública, lo cual debió alegar al interior del proceso disciplinario (…) en su oportunidad”

15 . 4.4. - En atención a lo anterior, la Sala nota que el ad quem del trámite de

apelante, al indicar que no actuó como contraparte de una entidad pública, lo cual debió alegar al interior del proceso disciplinario (…) en su oportunidad”

15 . 4.4. - En atención a lo anterior, la Sala nota que el ad quem del trámite de rehabilitación se limitó a verificar las circunstancias de la sanción que está en firme y encontró que los hech os allí investigados tuvieron relación con la injerencia del accionante, en virtud de la amistad que tenía con algunos funcionarios, para que se seleccionara una tutela elevada por su representada Fidupetrol S.A. en contra de la Corte Suprema de Justicia, que es una entidad de la Rama Judicial del poder público, por ende, según lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley 1123 de 2007, el plazo que debe cumplirse para la rehabilitación es de 10 años y no de 5 como lo estima el actor. Igualmente, la autoridad c onvocada tuvo en cuenta que el profesional del derecho pretendía discutir las circunstancias de la sanción, sin embargo, descartó tal posibilidad, pues se trata de fallos en firme.

4.5.- Con base en esto, resulta claro que el tutelante pretende utilizar la tutela como si se tratara de una instancia adicional y sin exponer una carga argumentativa suficiente, pues, como se vio, la autoridad accionada se ciñó a lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley 1123 de 2007 en atención a las particularidades del proc eso8

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Actor: Víctor Arturo Pacheco Restrepo

que había dado lugar a la investigación disciplinaria, sin que sea factible discutir lo

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Actor: Víctor Arturo Pacheco Restrepo

que había dado lugar a la investigación disciplinaria, sin que sea factible discutir lo decidido en las sentencias sancionatorias en el trámite de rehabilitación, como lo pretende el accionante.

En tal medida, para esta Sala, se hace diáfano que las censuras aludidas buscan reabrir el debate que tuvo lugar en el trámite de rehabilitación mediante críticas a lo decidido en las sentencias sancionatorias, con el fin de que se analicen nuevamente aspectos que fueron definidos por la autoridad judicial acc ionada y se imponga la interpretación favorable a los intereses del tutelante en detrimento de aquella que fue prohijada por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, lo que impide estudiar el fondo de tales.

4.6.- En este orden de ideas y en atención a la autonomía judicial y al carácter excepcionalísimo que reviste la tutela formulada en contra de una providencia judicial, se debe acotar que no basta con manifestar inconformidades respecto de las decisiones judiciales objeto de censura o alegar la configuración de los requisitos especiales de procedencia, ya que, de esa forma, la discusión queda restringida a asuntos de mera legalidad que no trascienden al plano constitucional.

4.7.- Al respecto, se insiste en que la procedencia de la acción de tute la en contra de decisiones judiciales es de carácter residual y no puede usarse para desconocer la autonomía e independencia judicial, ni los principios de cosa juzgada y seguridad

4.7.- Al respecto, se insiste en que la procedencia de la acción de tute la en contra de decisiones judiciales es de carácter residual y no puede usarse para desconocer la autonomía e independencia judicial, ni los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, en razón a lo cual es concebida como un “juicio de validez” y no como un “juicio de corrección” de la decisión cuestionada16, lo que se opone a que se use indebidamente como una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole probatoria o de interpretación del derecho, que se resolvieron en el curso del proceso ordinario […]”.

La impugnación

14. El actor impugnó la sentencia proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado. En ese orden de ideas señaló que:

“[…] NUESTROS RESPETUOSOS REPAROS.

Primero.

1. Enfatizo que la sanción disciplinaria que me fue impuesta, tuvo estribo en los artículos 33-6 y 35-3, de la ley 1123 de 2.007.

2. Recalco que en ningún expediente se encuentra acreditado que tal sanción fue aplicada por conductas que desplegué como apoderado o contraparte de un a entidad pública.

3. La atribución de la responsabilidad en derecho disciplinario corresponde ser acreditada satisfactoriamente.

4. Así: es insoslayable que para extender mi sanción por espacio de 10 años es

menester que se acredite ampliamente que:

(i) VICTOR PACHECO RESTREPO se valió de dádivas, remuneraciones ilegales, atenciones injustificadas o insólitas, en9

menester que se acredite ampliamente que:

(i) VICTOR PACHECO RESTREPO se valió de dádivas, remuneraciones ilegales, atenciones injustificadas o insólitas, en9

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Actor: Víctor Arturo Pacheco Restrepo

desarrollo de una Acción de Tutela que tuvo como contraparte a una entidad pública. (ii) (ii) VICTOR PACHECO RESTREPO exigió u obtuvo dinero para gastos o expensas irreales o ilícitas en una Acción de Tutela que tuvo como contra parte a una entidad pública.

5. ¿A cuales funcionarios entregué dádivas, remuneraciones, ofrecí atenciones injustificadas o insólitas, en una Acción de Tutela promovida cont ra una entidad pública?.

6. ¿Cuáles fueron los dineros exigidos para gastos o expensas irreales en una Acción de Tutela promovida contra una Entidad Pública?.

7. En fin, ¿en que Acción de Tutela me desempeñé como apoderado o contraparte de una entidad pública?.

8. Si las respuestas a estos interrogantes no están correctamente acreditadas, necesariamente se impone concluir que VICTOR PACHECO RESTREPO no se ha desempeñado como apoderado o contraparte de una entidad pública.

LOGICA CONCLUSION.

SI LO CONCLUIDO ES IRREFUTABLE, A VICTOR PACHECO RESTREPO NO LE ES APLICABLE EL INCISO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 108 DE LA LEY 1123 DE

2.007.

SEGUNDO

SI LO CONCLUIDO ES IRREFUTABLE, A VICTOR PACHECO RESTREPO NO LE ES APLICABLE EL INCISO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 108 DE LA LEY 1123 DE

2.007.

SEGUNDO

1. Es claro: VICTOR PACHECO RESTREPO no está reviviendo episodios o juzgamientos pretéritos.

2. Solamente he in coado que el inciso segundo del artículo 108 de la ley 1123 de 2.007, no sea aplicado para impedir mi rehabilitación como quiera que no está acreditado, de ninguna manera, mi desempeño como apoderado o contraparte de una entidad pública.

TERCERO. En nuestro país está vedado condenar sin pruebas. Se asegura que la infracción a este principio constituye un error de legalidad De igual forma, bajo el contexto constitucional y legal, una condena sin pruebas es un imposible jurídico y judicial. Una condena sin pruebas es reprochada, con más veras, desde la óptica Constitucional.

DEL DEFECTO FÁCTICO.

Hacemos nuestras las siguientes líneas jurisprudenciales, correspondientes a un precedente de obligatorio acatamiento: La Corte ha explicado que las deficiencias probatorias pueden generarse como consecuencia de: (i) una omisión judicial, como puede cuando el juez niega o valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa o puede ser por la falta de práctica y decreto de pruebas conducentes al caso deb atido, presentándose una insuficiencia probatoria; (ii) o por vía de una acción positiva, que se presenta cuando el juez aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la providencia cuestionada que no ha debido admitir

caso deb atido, presentándose una insuficiencia probatoria; (ii) o por vía de una acción positiva, que se presenta cuando el juez aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la providencia cuestionada que no ha debido admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas y al hacerlo se desconoce la Constitución., o por la valoración de pruebas que son nulas de pleno derecho o que son totalmente inconducentes al caso concreto, y (iii) defecto fáctico por desconocimiento de las reglas de la sana crítica.10

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Actor: Víctor Arturo Pacheco Restrepo

CONCLUSION. Estando latente el defecto fáctico en nuestro caso, al no accederse mi petición de no extenderse la sanción impuesta por un lapso superior a cinco años, a pesar de la inexistencia de pruebas para prolongarla por otros cinco años, se impone que el Operador acceda al resguardo incoado. […]”.4

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

15. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con los artículos 1.º y 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991 5, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de 20216 y en armonía con el Acuerdo 377 de 11 de diciembre de 20187

Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de 20216 y en armonía con el Acuerdo 377 de 11 de diciembre de 20187 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019 8, que asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

16. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades públicas, o por los particulares, en los c asos expresamente indicados. Procede, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Problemas jurídicos

17. En el caso sub examine, corresponde a la Sala establecer: i) si, en efecto, es procedente la acción de tutela, acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias judiciales, concretamente si se cumplió con el requisito general de relevancia constitucional.

4 Transcripción literal del texto 5 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada e