CE - 110010315000202303497001SENTENCIA20230907110829

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., siete (7) de septiembre de dos mil veintitrés (2023) Referencia: Acción de tutela Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03497-00

Actora: Nelcy del Socorro Santana Cabarcas

Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar1

Temas: Defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial/alcance

Defecto sustantivo por falta de aplicación de normas jurídicas/alcance

Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso , ii) acceso a la administración de justicia, iii) igualdad y iv) reparación integral

Derecho Fundamental Amparado: Ninguno

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por la actora contra el Tribunal Administrativo de Bolívar.

La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.

I. ANTECEDENTES La solicitud

1. La actora, a través de apoderada 2, presentó acción de tutela contra la Sala de Decisión núm. 1 del Tribunal Administrativo de Bolívar, porque, a su juicio, al proferir la sentencia de 27 de abril de 2023, en el proceso adelantado en ejercicio del medio de control de reparación directa identificado con el número único de radicación

la sentencia de 27 de abril de 2023, en el proceso adelantado en ejercicio del medio de control de reparación directa identificado con el número único de radicación

1 Cfr. índice núm. 3 de SAMAI. Documento denominado “ED_CARATULA(.pdf) NroActua 3”. Archivo aportado en forma digital. 2 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI. Documento denominado “2_DemandaWeb_Demanda-Poder(.pd f) NroActua 2”. Archivo aportado en forma digital.2

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Actora: Nelcy del Socorro Santana Cabarcas

130013333006201600320-01, vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la igualdad y a la reparación integral.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los c uales se fundamenta la acción de tutela, en

síntesis, son los siguientes:

3. Indicó que present ó demanda contra la Nación – Ejercito Nacional – Armada Nacional – Policía Nacional y el Municipio de San Juan Nepomucen o, en ejercicio del medio de control de reparación directa, con el fin de que se les declarara administrativamente responsables por los daños y perjuicios, con ocasión del desplazamiento forzado del que fue víctima.

4. El Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Cartagena profirió sentencia de primera instancia el 30 de junio de 202 1, accediendo a las pretensiones de la demanda.

4. El Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Cartagena profirió sentencia de primera instancia el 30 de junio de 202 1, accediendo a las pretensiones de la demanda.

5. El Tribunal Administrativo de Bolívar profirió sentencia de segunda instancia el 27

de abril de 2023, resolviendo lo siguiente:

“[…] PRIMERO: REVOCAR la sentencia del treinta (30) de junio de dos mil veintiuno (2021) proferida por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Cartagena.

En su lugar, DECLARAR probada la excepción de caducidad del medio de control de reparación directa, de acuerdo con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Sin condena en costas de segunda instancia […]”.

6. El Tribunal Administrativo de Bolívar consideró que:

“[…] Así entonces, puede concluirse que los demandantes tuvieron conocimiento de la participación del Estado en el hecho dañoso, desde el 7 de agosto de 2002, por lo tanto, tenían hasta el 8 de agosto de 2004 para acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La solicitud de conciliación prejudicial fue presentada el 28 de enero de 201659 y, a su vez, la demanda se radicó el 15 de diciembre de 2016.3

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Actora: Nelcy del Socorro Santana Cabarcas

En este orden de ideas, se entiende que se dejaron vencer los plazos legales para acudir a este medio de control de reparación directa.

Actora: Nelcy del Socorro Santana Cabarcas

En este orden de ideas, se entiende que se dejaron vencer los plazos legales para acudir a este medio de control de reparación directa.

1. Otro aspecto que se ha valorado para el estudio de la caducidad, son los eventos donde los demandantes demuestran haber estado en la imposibilidad material para acceder a la jurisdicción contenciosa administrativa.

Al respecto, la Sala evidencia que existe una certificación expedida por la Brigada de Infantería de Marina No. 01 de la Armada Nacional, en la que se informa que la desarticulación de los grupos armado ilegales de las FARC, ELN y ERP se produjo entre los años de 2007 a 2009, cuando se rea lizaron las operaciones militares de “Alcatraz” y “Mariscal”. Igualmente, precisó que, el día 14 de julio de 2005 se llevó a cabo la desmovilización del grupo ilegal de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

El documento en cuestión reviste de presun ción de autenticidad, por cuanto, no fueron cuestionados respecto a su veracidad al momento de incorporarse al expediente judicial. Es decir, no se promovió la tacha de falsedad prevista en el artículo 269 del Código General del Proceso a fin de desvirtuar su contenido, por lo cual, se encuentra acreditaba la veracidad de las afirmaciones expuestas.

En este punto, el Consejo de Estado ha señalado que, “para contar la caducidad en materia de desplazamiento forzado no se requiere acreditar que, en efecto, l os afectados hubiesen vuelto a su lugar de origen, sino que lo determinante es que se

En este punto, el Consejo de Estado ha señalado que, “para contar la caducidad en materia de desplazamiento forzado no se requiere acreditar que, en efecto, l os afectados hubiesen vuelto a su lugar de origen, sino que lo determinante es que se dieran las condiciones para que ello ocurriera, al margen de que los afectados hubiesen decidido hacerlo o no, o lo hubiesen hecho en épocas posteriores ” [subrayas fuera de texto].

De esta manera, esta Colegiatura acoge las consideraciones del órgano de cierre y, en consecuencia, advierte que la situación de orden público en el municipio de San Jacinto se reestableció desde el año de 2009. Este hecho, se reafirma con lo manifestado por el declarante Julio César Acevedo González, quien manifestó que, los predios ubicados en la vereda de Montecristo estaban siendo explotados por sus propietarios, a través de contratos de arrendamientos que suscribían con terceros. Incluso, precisó que, algunas personas encomendaban a conocidos para realizarle mantenimiento a dichos inmuebles.

Por consiguiente, la parte demandante tenía hasta el 1° de enero de 2011 para promover la demanda. Sin embargo, la solicitud de conciliación prejudic ial y la demanda se presentaron el 28 de enero de 2016 y el 15 de diciembre de 2016, respectivamente. Por lo anterior, es claro que se dejaron vencer los plazos previstos por el Legislador para pedir la indemnización por este hecho dañoso.

1. Ahora bien , se encuentra comprobado que los demandantes se instalaron permanentemente en el municipio de María La Baja, por lo tanto, no es suficiente con alegar el continuo estado de inseguridad de la vereda de Montecristo para

1. Ahora bien , se encuentra comprobado que los demandantes se instalaron permanentemente en el municipio de María La Baja, por lo tanto, no es suficiente con alegar el continuo estado de inseguridad de la vereda de Montecristo para inaplicar el término de caducidad.

En efecto, mediante sentencia de fecha 3 de febrero de 2023, el Alto Tribunal explicó que, “ante una situación de desplazamiento forzado las personas perjudicadas pueden acceder a la administración de justicia en un lugar distinto al de la ocurrencia de lo s hechos, de ahí que no se encuentre razonable considerar que la simple4

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situación de desplazamiento justifica la imposibilidad de acceso a la administración de justicia” 66 [subrayas añadidas al texto].

A diferencia de otros derechos que únicamente puede n ser ejercido en sitios específicos y concretos (como la propiedad o el usufructo), la justicia “opera a nivel nacional y, por ende, es un derecho al que se puede acceder aun en situaciones irregulares como la de desplazamiento forzado”

67. Lo expuesto guarda relevancia, dado que, la señora Nelcy del Socorro Santa Cabarcas y el resto de demandantes, establecieron su domicilio principal en el municipio de María La Baja, de acuerdo con lo manifestado por los testigos Julio César Acevedo González y Nelson A cevedo González. De hecho, se destaca que los poderes utilizados para promover la presente demanda fueron conferidos en el

municipio de María La Baja.

César Acevedo González y Nelson A cevedo González. De hecho, se destaca que los poderes utilizados para promover la presente demanda fueron conferidos en el municipio de María La Baja.

En este orden de ideas, era posible acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo a través del nuevo lugar donde se radicaron definitivamente, ya que, el derecho al acceso a la administración de justicia puede ejercerse desde cualquier parte del país. Además, aun refiriendo alguna cuestión de orden económica, se recuerda que, para acudir a un pr oceso judicial puede hacerse uso del amparo de pobreza previsto en el artículo 151 del Código General del Proceso, conforme con lo establecido en la sentencia del 20 de mayo de 2022 emanada por el Consejo de Estado69.

1. Finalmente, cabe destacar que, en la Sentencia SU -254 de 2013, la Corte Constitucional dispuso en su parte resolutiva lo siguiente: “para efectos de la caducidad de futuros procesos judiciales ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, los términos para la población desplazada sólo podrán computarse a partir de la ejecutoria del presente fallo y no se han de tener en cuenta trascursos de tiempo anteriores, por tratarse de sujetos de especial protección constitucional, en atención a sus circunstancias de vulnerabilidad extrema y debilidad manifiesta”

70. Para esta Sala, no debe utilizarse como referencia la ejecutoria de la Sentencia SU-254 de 2013 para efectuar el cómputo de la caducidad del medio de control de reparación directa. La sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 proferida por el Consejo de Estado no indicó ninguna limitación en cuanto a la aplicación de este

SU-254 de 2013 para efectuar el cómputo de la caducidad del medio de control de reparación directa. La sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 proferida por el Consejo de Estado no indicó ninguna limitación en cuanto a la aplicación de este criterio jurisprudencial en el tiempo. Así pues, debe considerarse que sus efectos son retrospectivos, es decir, las reglas definidas en esta sentencia deben aplicarse a situaciones no consolidadas antes de su vigencia […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

7. La actora solicitó en su escrito de tutela:

“[…] PRIMERA: Tutelar el DERECHO FUNDAMENTAL al debido Proceso, Acceso a la Administración y Re paración Integral de la SRA. NELCY DEL SOCORRO SANTANA, que fueron vulnerados por la sentencia judicial No. 019 de 2023 emitida el día 27 de abril de 2023 por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLIVAR SALA5

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DE DECISION No. 1, dentro del medio de control de Repa ración Directa, radicado 13001-33-33-006-2016-00320-01.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLIVAR SALA DE DECISION No. 01, a que Deje sin Efectos la sentencia judicial No. 019/2023 de fecha 27 de Abril de 20 23 proferida dentro del

ADMINISTRATIVO DE BOLIVAR SALA DE DECISION No. 01, a que Deje sin Efectos la sentencia judicial No. 019/2023 de fecha 27 de Abril de 20 23 proferida dentro del medio de control de reparación directa radicado: 13001-33-33-0062016-00320-01, y en consecuencia, emita una decisión sustitutiva en la que se tenga en cuenta, la excepción de la REGLA GENERAL DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL establecida en la sentencia de unificación de fecha 29 de enero de 2020 para los casos de Responsabilidad del Estado por DESPLAZAMIENTO FORZADO y en consecuencia, sea analizado el Daño conforme a las reglas de caducidad en los eventos DAÑO CONTINUADO, es decir , que cuando cesa se entiende consolidado el hecho causante del daño y a partir de allí empieza a correr su término de caducidad […]”.

8. La actora en su escrito de tutela señal ó que la autoridad judicial accionada incurrió en un i) defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial y en un ii) defecto sustantivo por falta de aplicación de normas jurídicas.

Actuación

9. El Despacho sustanciador, mediante auto de 30 de junio de 2023; i) admitió la acción de tutela, ii) ordenó notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo de Bolívar; y iii) vinculó al Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Cartagena, a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, Ejército Nacional, Armada Nacional, al Municipio de San Juan Nepomuceno, a Deivi José Jaraba Torres, a José

y iii) vinculó al Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Cartagena, a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, Ejército Nacional, Armada Nacional, al Municipio de San Juan Nepomuceno, a Deivi José Jaraba Torres, a José Daniel Díaz Santana, a Simona Pérez Barrios de González, a Adelaida Iglesias Marimon, a JMDS, a JMDS y a VCDS 3 en calidad de tercero s con interés legítimo, concediéndoles el término de tres (3) días para que rind ieran informe sobre el particular.

Intervenciones de la demandada y de los terceros con interés legítimo

10. El Tribunal Administrativo de Bolívar consideró que:

3 Teniendo en cuenta que, este Despacho adopta como medida de protección a su intimidad, en caso de aún ser menores de 18 años de edad, la supresión de los datos que permiten su identificación, razón por la cual, sus nombres serán reemplazados por las siguientes iniciales JMDS, JMDS y VCDS.6

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Actora: Nelcy del Socorro Santana Cabarcas

“[…] La parte actora aduce que en la sentencia cuestionada incurrió en desconocimiento del precedente judicial, dado que, no se tuvo en cuenta las reglas de la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estaco. En específico, refiere que los hechos de desplazamiento forzado deben analizarse confo rme a la figura del daño continuado, pues los demandantes no han podido retornar a su lugar de origen por la situación de orden

del Consejo de Estaco. En específico, refiere que los hechos de desplazamiento forzado deben analizarse confo rme a la figura del daño continuado, pues los demandantes no han podido retornar a su lugar de origen por la situación de orden público del municipio de San Jacinto.

Al respecto, el suscrito magistrado considera que, debe desestimarse el argumento expuesto por la parte actora. A lo largo de la providencia cuestionada, se hizo un estudio minucioso de las reglas planteadas en la sentencia de unificación invocada al presente caso. De esta manera, se pudo concluir que, (i) los hechos endilgados al Estado ocur rieron el 7 de agosto de 2022; (ii) los demandantes tenían la posibilidad de retornar a su lugar de origen desde el año 2009, conforme a la certificación expedida por la Brigada de Infantería de Marina No. 001 (no fue tachada de falsedad), así como del tes timonio rendido por el señor Julio César Acevedo González, quien explicó que los predios de la vereda de Montecristo estaban siendo explotados económicamente por sus propietarios; (iii) el derecho al acceso a la administración de justicia podía ejercerse e n cualquier parte del país, por ende, si los demandantes estaban radicados en el municipio de María La Baja pudieron haber demandado desde ese lugar; (iv) aún aplicando el término de caducidad dispuesto en la Sentencia SU-254 de 2013, operó la caducidad del medio de control de reparación directa.

Así pues, las inconformidades planteadas por la parte actora resultan infundadas, en la medida que, reprocha únicamente la forma en que fue aplicado el precedente

de reparación directa.

Así pues, las inconformidades planteadas por la parte actora resultan infundadas, en la medida que, reprocha únicamente la forma en que fue aplicado el precedente planteado por el Consejo de Estado1 y por la Cort e Constitucional, no obstante, resulta evidente que estas reglas no fueron obviadas en la providencia judicial objeto de análisis. La apoderada de los demandantes olvida que al juez administrativo le concierne aplicar estos pronunciamientos con base en los principios de independencia y autonomía judicial, por ende, una interpretación razonable de estos criterios de unificación no justifica la intervención del juez constitucional […]”.

11. La Policía Nacional manifestó que:

“[…] Con base en lo anterior, no es posible reconocer vía tutela la posibilidad de revivir el término caducado del medio de control de reparación directa, al ser una figura procesal que la ley establece con un plazo perentorio para su ejercicio, siendo desconocido por parte de la hoy a ccionante, y en cuyo marco obtuvo una decisión desfavorable; no obstante, siendo conscientes de dicha situación, acude al presente mecanismo constitucional, buscando reactivar los términos procesales en la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, como será explicado a continuación:

Como primera medida, el Honorable Tribunal Administrativo de Bolívar – Sala de Decisión Nro. 001, profirió una decisión en el marco de la legalidad, que al verificar los supuestos de hecho y de derecho conllevó en revocar lo resuelto por parte del a quo, declarándose la caducidad del medio de control de reparación directa, siendo enfático en reafirmar que la fecha en la cual inició a contar la caducidad del presente

los supuestos de hecho y de derecho conllevó en revocar lo resuelto por parte del a quo, declarándose la caducidad del medio de control de reparación directa, siendo enfático en reafirmar que la fecha en la cual inició a contar la caducidad del presente medio de control, goza un análisis hibrido de lo decantado en la jurisprudencia constitucional, describiéndose en tres escenarios para que la recurrente hubiera acudido a ejercer su derecho de acción y el análisis de fondo de sus planteamientos deprecados, pues bien, el primero corresponde al 07 de agosto del 2002 cuando se7

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tuvo conocimiento de la participación de estado en el hecho de abandonar su residencia y territorio “tal como se versó en la demanda”; el segundo ocurre a partir del día 01 de enero del 2009 cuando en jurisdicción de la vereda Montecristo “lugar de habitación de la demandante” se restablece el orden público y la fuerza pública toma el control total de la jurisdicción y un tercero acontece desde el día 23 de mayo del 2013 cuando cobra ejecutoria el contenido de la sentencia de unificación proferida por el Consejo de Estado con el radicado Nro. SU -254-2013, proveído vigente donde se ilustra los tópicos ponderativos en el inicio de la cuenta del término de la caducidad, cuando su contexto obedece a un desplazamiento forzado […]”.

12. El Juzgado Sexto Adm inistrativo del Circuito de Cartagena solicitó que se le

de la caducidad, cuando su contexto obedece a un desplazamiento forzado […]”.

12. El Juzgado Sexto Adm inistrativo del Circuito de Cartagena solicitó que se le desvinculara del presente tramite de tutela, toda vez que se configuró la falta de legitimación en la causa por pasiva.

13. El Municipio de San Juan Nepomuceno, Simona Pérez Barrios de González, Adelaida Iglesias Marimon, JMDS, JMDS y VCDS guardaron silencio en esta oportunidad procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

14. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con los artículos 1.º y 37 del Decreto núm. 2591 de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 20214 y en armonía con el Acuerdo 377 del 11 de diciembre de 2018 5 y con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, que asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

15. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales

4 “Por la cual se modifican l os artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 5 “Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado.”8

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fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Proce de, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Cuestiones previas

Falta de legitimación en la causa por pasiva

16.La Sala advierte que previo al planteamiento d el problema jurídico, resulta necesario precisar el presupuesto procesal sobre la legitimación en la causa por pasiva, para efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión, como el alcance del contenido de la sentencia.

17.Ahora bien, el ar tículo 13 del Decreto 2591 frente a la legitimación en la causa por pasiva, señala expresamente lo siguiente:

“[…] La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o

“[…] La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad d e la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.

Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se hubiere hecho la solicitud […]”.

18.De igual manera la Corte Constitucional, mediante sentencia T -1001 de 30 de noviembre de 20066, se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva en los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:

6 Corte Constitucional, sentencia T-1001 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.9

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“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el m érito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una

otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el m érito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de excusa para descono cer los derechos de las partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la Constitución como del decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares por la acción u omisión que provoque la violación de los derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo estatuto ."[7]. (Negrilla fuera de texto).

Y más adelante, en sentencia T -519 de 2.001 M.P. Clara Inés Vargas esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que el demandado no es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no

Y más adelante, en sentencia T -519 de 2.001 M.P. Clara Inés Vargas esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que el demandado no es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que inflige el daño […]”.

19.La Sala advierte que el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Cartagena solicitó su desvinculación de la solicitud de amparo, al c onsiderar que carece de legitimación en la causa por pasiva.

20.Al respecto, es preciso indicar que, la actora presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Bolívar, por lo que la decisión que adopte esta Sala solo tendrá interés para dic ha autoridad judicial y no para el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Cartagena.

7 “Esta posición, fue reiterada, entre otras, por la sentencia: T-213 de 2001 M.P. Carlos Gaviria Díaz y T-562 de 2002 M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-959 de 2002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett”.10

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21.En ese orden de ideas, de conformidad con el Decreto 2591 y la jurisprudencia anteriormente citada, la Sala concluye que al Juzgado Sexto Administrativo del

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21.En ese orden de ideas, de conformidad con el Decreto 2591 y la jurisprudencia anteriormente citada, la Sala concluye que al Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Cartagena no le asiste interés en la decisión de tutela que esta Sala profiera.

22.En tal virtud, la Sala declarará probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva formulada por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito d e Cartagena.

De las coadyuvancias

23. Al respecto, la Sala encuentra que, si bien el inciso 2º. Del artículo 13 del Decreto núm. 2591 de 1991, señala que “[…] Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él como coa dyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se hubiere hecho la solicitud […]”, la Corte Constitucional ha destacado que “[…] la coadyuvancia surge en los procesos de tutela, como la participación de un tercero con interés en el res ultado del proceso que manifiesta compartir reclamaciones y argumentos expuestos por el demandante de la tutela, sin que ello suponga que éste pueda realizar planteamientos distintos o reclamaciones propias que difieran de las hechas por el demandante, pues de suceder esto se estaría realmente ante una nueva tutela, lo que desvirtuaría entonces la naturaleza jurídica de la coadyuvancia […]”8

24. En el mismo sentido se pronunció la Corte al señalar que los terceros intervinientes no están facultados para so licitar la protección de sus propios

derechos. Esto dijo textualmente9:

24. En el mismo sentido se pronunció la Corte al señalar que los terceros intervinientes no están facultados para so licitar la protección de sus propios

derechos. Esto dijo textualmente9:

“[…] en la acción de tutela contra providencias judiciales los parámetros para estudiar la intervención de los terceros son mucho más estrictos. En primer lugar, siguiendo el concepto general del tercero coadyuvante, quienes tienen un interés legítimo en los resultados del proceso pueden coadyuvar la solicitud del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se hubiera hecho la solicitud, pero no están facultados para solicitar la protección de sus propios derechos, mucho menos en detrimento de

8 Corte Constitucional, sentencia T-1062 de 16 de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. 9 Corte Constitucional, sentencia T-269 de 29 de marzo de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.11

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los derechos de quien solicitó el amparo, pues es la solicitud de este último la que le da la unidad al proceso de tutela. Pero, adicionalmente, si una persona considera que una providencia judicial desconoce sus derechos fundamentales, lo pertinente es que promueva una acción de tutela diferente y no que presente en el trámite de amparo de los derechos fundamentales ajenos las razones de su inconformidad.

Esto último es indispensable atendiend