CE - 110010315000202303507001SENTENCIA20230901111728

Radicado: 11001-03-15-000-2023-03507-00

Actor: José Martínez Urquijo

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejera Ponente: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-03507-00

Demandante: JOSÉ MARTÍNEZ URQUIJO

Demandados: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA -DEPARTAMENTO

ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA ,

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL , DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA, UNIDAD DE GESTIÓN PENSIONAL Y PARAFISCALES -UGPPTemas: Tutela contra autoridad es administrativas. Pago de prestaciones sociales en favor de exempleado del Departamento Administrativo de Seguridad -DAS-. Presupuesto de la subsidiariedad

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta d el Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela promovida por el señor José Ma rtínez Urquijo contra “el Estado o a quien corresponda”, con el objeto de que se ampare n los derechos fundamentales que se encuentren vulnerados porque no le han recon ocido “las prestaciones sociales,

promovida por el señor José Ma rtínez Urquijo contra “el Estado o a quien corresponda”, con el objeto de que se ampare n los derechos fundamentales que se encuentren vulnerados porque no le han recon ocido “las prestaciones sociales, interés y sobre interés de cesantías” , correspondientes al periodo laborado en el Departamento Administrativo de Seguridad (en adelante DAS), comprendido entre el 1 de mayo de 1977 y el 10 de diciembre de 1980.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

El actor relató que tiene 76 años y no cuenta una fuente de ingresos que le permita garantizar su subsistencia.

Señaló que laboró en el extinto DAS entre el año 1977 y 1980 y que dentro de ese periodo “nunca se hizo efectivo el derecho d e mis prestaciones sociales tal como lo manifiesta el art. 64 y 65 del Código Sustantivo del Trabajo”.

Indicó que el 7 de febrero de 2020 acudió a la UGPP , con el fin de solicitar el reconocimiento de “ las prestaciones sociales y los intereses de cesantía s” y que , frente a ello, la entidad adelantó el trámite para el reconocimiento de la pensión de vejez y “ al mismo tiempo” indemnización sustitutiva ”. Agregó que, frente a esta última, se le reconoció la suma de $1.174.704.

Por último, a firmó que la UGPP l e sostuvo que el reconocimiento de cesantías e intereses a las cesantías no hace parte de sus competencias, sino que es un asunto que corresponde al empleador. Adujo que su empleador es el Estado,

Por último, a firmó que la UGPP l e sostuvo que el reconocimiento de cesantías e intereses a las cesantías no hace parte de sus competencias, sino que es un asunto que corresponde al empleador. Adujo que su empleador es el Estado, teniendo en cuenta que trabajó en el DAS, entidad que dejó de existir.Radicado: 11001-03-15-000-2023-03507-00

Actor: José Martínez Urquijo

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2. Fundamentos de la acción

El señor José Martínez Urquijo formuló acción de tutela contra “el Estado o a quien corresponda”, con el objeto de que se ampare n los derechos fundamentales que se encuentren vulnerados porque no le han reconocido “las prestaciones sociales, interés y sobre interés de cesantías” , correspondientes al periodo laborado en el DAS comprendido entre el 1 de mayo de 1977 y el 10 de diciembre de 1980.

3. Pretensiones

El accionante no expresó de manera concreta las pretensi ones de la ac ción de tutela, pero es posible establecer que lo que persigue con la acción de tutela es que se protejan los derechos fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital, los cuales consider a vulnerados por la falta de reconocimiento de “las prestaciones sociales, interés y sobre interés de cesantías” correspondientes al periodo laborado en el DAS comprendido entre el 1 de mayo de 1977 y 10 de diciembre de 1980 y, en consecuencia, se ordene a las respectivas entidades el reconocimiento de esos emolumentos.

periodo laborado en el DAS comprendido entre el 1 de mayo de 1977 y 10 de diciembre de 1980 y, en consecuencia, se ordene a las respectivas entidades el reconocimiento de esos emolumentos.

4. Prueba relevante

Obra en el expediente copia de la Resolución No. RDP 013318 de 9 de junio de 2020, “por medio de la cual se reconoce una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez”.

5. Trámite procesal

5.1. El 2 de febrero de 2023, el act or radicó la acción de tutela en la Corte Constitucional.

Por auto de 8 de febrero de 2023, la Sala Plena de la Corte Constitucional dispuso remitir la acción de tutela promovida por el actor a la Secretaría General del Consejo de Estado par a que se tram ite el proceso respectivo, teniendo en cuenta las reglas de reparto fijadas en el Decreto 333 de 2021.

En cumplimiento de lo anterior, la Secretaría General de la Corte a través del Oficio No OF-AU-211/23 de 23 de junio de 2023, remitió el a sunto a la Se cretaría General del Consejo de Estado , que radicó la demanda bajo No. 11001-03-15000-2023-03507-00 el 30 de junio de 2023.

5.2. Por auto de 6 de julio de 2023, la magistrada s ustanciadora dispuso la admisión de la acción de tutela y ordenó notificar el contenido de esa providencia al demandante y a la Presidencia de la República, el Ministerio de Defensa Nacional y la UGPP.

admisión de la acción de tutela y ordenó notificar el contenido de esa providencia al demandante y a la Presidencia de la República, el Ministerio de Defensa Nacional y la UGPP.

La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios 68015 a 68025, 68029, 68032, 68035 de 11 de julio de 2023 1 , con el fin de notificar a las partes.

1 La parte accionante, la autoridad judicial demandada y los terceros interesados fueron notificados a las siguientes direcciones de correo electrónico: edimartinez122@gmail.com, joseurquijo47@hotmail.com, notificacionesjudiciales@presidencia.gov.co, tutelasnacionales@defensajuridica.gov.co, notificacionesjudiciales@presidencia.gov.co, notificacionesjudiciales@dni.gov.co, notificaciones.tutelas@mindefensa.gov.co; Notificaciones.Bogota@mindefensa.gov.co, notificaciones.judiciales@mindefensa.gov.co, defensajudi cial@ugpp.gov.co, notificacionesjudicialesugpp@ugpp.gov.co, edimartinez122@gmail.com, joseurquijo47@hotmail.com, notificacionesjudiciales@dni.gov.co.Radicado: 11001-03-15-000-2023-03507-00

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6. Oposición

6.1. Respuesta de la Dirección Nacional de Inteligencia

La jefe de la Oficina Jurídica pidió que se desvincule del trámite constitucional por configurarse la falta de legitimación por pasiva, teniendo en cuenta que la entidad

6.1. Respuesta de la Dirección Nacional de Inteligencia

La jefe de la Oficina Jurídica pidió que se desvincule del trámite constitucional por configurarse la falta de legitimación por pasiva, teniendo en cuenta que la entidad no tiene alguna relación jurídica con el accionante y, por lo tanto, no existe actuación u omisión por su parte que pueda llegar a originar la vulneración de los derechos fundamentales del accionante.

Al respecto, explicó que por medio del Decreto 4057 de 2011 el Gobierno Nacional dispuso la supresión del DAS , a lo que agregó que sus funciones fueron trasladadas a distintas entidades conforme lo establece el artículo 3°, tales como la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, la Policía Nacional, la Unidad Administrativa Especial - Unidad Nacional de Protección y la Fiscalía General de la Nación.

Adujo que, de acuerdo con lo anterior, señaló que el Departamento Administrativo, Dirección Nacional de Inteligencia, al n o ser receptor de ninguna de las funciones del extinto DAS, no se produjo el traslado de personal, ni de los archivos administrativos los cuales están bajo la custodia del Archivo General de la Nación conforme con lo establecido en el artículo 2° del Decreto 1303 de 2004.

6.2. Respuesta de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales -UGPPEl subdirector de Defensa Judicial Pensional y apoderado de la entidad pidió que se declare improcedente la acción de tutela , al considerar que se configuró una actuación temeraria, en tanto el actor ha presentado dos tutelas anteriores bajo los mismos hechos y pretensiones. En ese sentido , se refirió a los siguientes expedientes de tutela:

actuación temeraria, en tanto el actor ha presentado dos tutelas anteriores bajo los mismos hechos y pretensiones. En ese sentido , se refirió a los siguientes expedientes de tutela:

• Expediente No . 2021-00079-00. Culminó con sentencia de 19 de abril de 2021 , proferida por e l Juzgado Sesenta y Uno Administrativo del Circuito de Bogotá , que negó las pretensiones de la demanda promovida contra la UGPP con el objeto de que se reconociera “ las prestaciones sociales, intereses sobre intereses de cesantías de 40 años que han estado en su poder”, en virtud del periodo laborado en el DAS . Esta decisión no fue impugnada.

• Expediente 2021 -00239-00/01. Adelantado ante el Juzgado Sesenta y Uno Administrativo del Circuito de Bogotá que por sentencia de 30 de septiembre de 2021 declaró “la configuración de cosa juzgada” y, en consecuencia, negó las pretensiones de la demanda de tutela, al evidenciar que el actor ya había promovida una demanda anterior que presentaba identidad fáctica, partes y pretensiones. Explicó que dicho fallo fue impugn ado lo cual fue decidido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, el 10 de noviembre de 2021, que modificó la decisión de primera instancia en el sentido de declarar la duplicidad de acciones de tutela, en tanto al no ha ber un pronun ciamiento de la Corte Constitucional sobre el fallo de tutela proferido dentro del primer proceso, no podía configurarse la cosa juzgada constitucional. Además, conminó al actor para que se abstuviera de presentar nuevas demandas sobre los mismos hechos.

tutela proferido dentro del primer proceso, no podía configurarse la cosa juzgada constitucional. Además, conminó al actor para que se abstuviera de presentar nuevas demandas sobre los mismos hechos.

De esta manera, la UGPP señaló que se presenta temeridad en la actuación del demandante porque no existe motivo para incoar una tercera demanda de tutela y, por lo tanto, en virtud de lo establecido en el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 debe declararse improcedente.

De igual modo, señaló que el 7 de febrero de 2020 el señor José Martínez Urquijo solicitó el reconocimiento de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, la cual fue reconocida por medio de la Resolución No . RDP 013318 del 9 de junio deRadicado: 11001-03-15-000-2023-03507-00

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2020 en cuantía de $1.174.709, para lo cual se tuvo en cuenta la información laboral y los factores salariales en formato CETIL consecutivo No . 202003800128835000870046 de 24 de marzo de 2020.

Indicó que el anterior acto administrativ o fue debidamente notificado al accionante a través de radicado de salida No. 2020180002214701, al correo electrónico asandramartinez@gmail.com y se obtuvo constancia de recibido.

De otra parte, adujo que la UGPP no puede resolver las pretensiones relativas al

a través de radicado de salida No. 2020180002214701, al correo electrónico asandramartinez@gmail.com y se obtuvo constancia de recibido.

De otra parte, adujo que la UGPP no puede resolver las pretensiones relativas al reconocimiento de las cesantías y los intereses porque es un asunto que es competencia de los empleadores en el marco de un contrato de trabajo o una vinculación legal y reglamentaria. En este punto, aseveró que una orden dirigida al reconocimiento de dichas acreencias laborales sería imposible de cumplir.

En ese marco, señaló que si el actor presenta un descuerdo con lo decidido Resolución No. RDP 013318 de 9 de junio de 2020, que dispuso el reconocimiento de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, tiene a su disposición otros mecanismos de defensa judicial ordinarios para controvertir dicho acto administrativo.

Finalmente, pidió que se rechace la tutela o , en su defecto , se declare improcedente teniendo en cuenta que la UGPP no tiene competencia para atender las pretensiones de la demanda , a lo que agregó que lo que era de su resorte fue resuelto por medio del precitado acto administrativo que reconoció la indemnización sustitutiva.

6.3. Las demás autoridades vinculadas al trámite constitucional guardaron silencio, aun cuando se les notificó en debida forma del auto admisorio de la acción de tutela.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artí culos 86 de l a Constitución Política, 29

tutela.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artí culos 86 de l a Constitución Política, 29 del Decreto 2591 de 1991 y 13 del reglamento interno (Acuerdo 080 de 2019), la Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto de estudio.

2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala determinar si las autoridades accionadas vulneraron algún derecho fundamental al accionante, porque no le han reconocido “las prestaciones sociales, interés y sobre interés de cesantías” , correspondientes al periodo laborado en el DA S comprendido entre el 1 de mayo de 1977 y el 10 de diciembre de 1980.

De manera previa, la Sala verificará si la acción de tutela cumple con el requisito de subsidiariedad y si, como lo solicitó la UGPP, el demandante incurrió en una actuación temeraria en los términos del artículo 38 del Decreto 2591 de 1991.

3. Generalidades de la acción de tutela

El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus d erechos constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por laRadicado: 11001-03-15-000-2023-03507-00

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acción o la omisión de cualquier autoridad pública” . Destaca esa disposición que dicha solicitud de amparo, “solo procederá cuando el afectado no disponga de otro m edio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”.

Dada su naturaleza subsidiaria, esta acción sólo procede cuando no existen otros medios de defensa judicial para amparar los derechos fundamentales invocados o, en su defecto, siempre que ello sea necesario para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en el cual procederá como mecanismo transitorio de protección.

4. Estudio y solución del caso concreto

4.1. El actor pr omovió acción de tutela contra “el Estado o a quien corresponda ”, con el objeto de que se ampare n los derechos fundamentales que se encuentren vulnerados porque no le han reconocido “las prestaciones sociales, interés y sobre interés de cesantías” , correspondientes al periodo laborado en el DAS comprendido entre el 1 de mayo de 1977 y el 10 de diciembre de 1980.

Al respecto, señaló que formuló una reclamación en ese sentido ante la UGPP y que por Resolución No . RDP 013318 de 9 de junio de 2020 reconoció en su favor la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez en cuantía de $1.174.709 , a lo que agregó que frente a las “prestaciones sociales cesantías e intereses de

la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez en cuantía de $1.174.709 , a lo que agregó que frente a las “prestaciones sociales cesantías e intereses de cesantías”, la administradora de pensiones se declaró incompetente para tal efecto, aduciendo que es al empleador al que le corresponde el reconocimiento y pago de esos emolumentos.

En razón a lo anterior , consideró que teniendo en cuenta que laboró para el DAS , entonces corresponde al Estado reconocer y pagar “las prestaciones sociales, cesantías e intereses de cesantías”.

En el auto admisorio de la acción de tutela proferido el 6 de julio de 2023, se entendió que la solicitud de tutela se dirigía contra la Presidencia de la República, el Ministerio de Defensa Nacional, la Dirección Nacional de Inteligencia y la UGPP, quienes fueron vinculados en calidad de demandados a este trámite constitucional, en razón a que el demandante no lo indicó de manera explícita.

4.2. Como cuestión inicial, la UGPP alegó la temeridad de la actuación del actor con la presen tación de la demanda, teniendo en cuenta que ha formulado dos acciones de tutela contra esa entidad por los mismos hechos y las mismas pretensiones, por lo que la Sala considera necesario precisar que, en este caso, no se cumplen los presupue stos previstos en el ordenamiento jurídico, como pasa a explicarse.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, “cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acción de tutela sea presentada por la misma persona o s u representant e ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes

“cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acción de tutela sea presentada por la misma persona o s u representant e ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes (…)”.

En armonía con el anterior precepto, se prevé que quien acude a este mecanismo de protección constitucional, efectúe el juramento de n o haber presen tado otra petición idéntica. De esta manera, se busca salvaguardar el principio de seguridad jurídica que resguarda las decisiones adoptadas por los jueces de la República, así como mantener los efectos de la cosa juzgada que implica “que las partes no puedan discutir de nuevo sus pretensiones cuando ellas fueron resueltas, toda vez que dicho principio concede a las sentencias el carácter de inmutables, definitivas, vinculantes y coercitivas”.Radicado: 11001-03-15-000-2023-03507-00

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De acuerdo con ello, para verificar la duplicidad de acciones de tutela corresponde al juez constitucional establecer los siguientes elementos: identidad de partes, de hechos, de pretensiones y la ausencia de justificación en la presentación de la nueva demanda.

Sobre este aspecto, resulta importante señ alar que la im procedencia por duplicidad de acciones de tutela se distingue de la de una acción temeraria, porque en el primer escenario no existe mala fe por parte de quien acude al mecanismo de protección constitucional en forma sucesiva o simultánea.

duplicidad de acciones de tutela se distingue de la de una acción temeraria, porque en el primer escenario no existe mala fe por parte de quien acude al mecanismo de protección constitucional en forma sucesiva o simultánea.

En caso bajo ex amen, la Sala encuentra que la falta de claridad con la que el señor José Martínez Urquijo se expresa en la demanda objeto de análisis y en las anteriores que puso de presente la UGPP, en principio, puede observarse que se presenta identidad de partes, de hechos, de pretensiones y que no existe justificación en la presentación de la nueva demanda.

No obstante, una lectura más detallada y atendiendo el contexto que pone de presente el actor en la demanda, se advierte que aquél expresa que la UGPP manifestó su incompetencia para decidir sobre el reconocimiento de “las cesantías, intereses a las cesantías y prestaciones sociales” y adujo que era un asunto que correspondía definir a su empleador, y asevera que en razón a ello anuncia como demandado en esta ocasión al “Estado o a quien corresponda”.

Por lo tanto, aun cuando en las anteriores demandas de tutela el señor Martínez Urquijo hubiere hecho referencia a la misma materia, no se cumple el presupuesto de identidad de partes, pues en esta ocasión se vincularon como demandadas a la Presidencia de la República, el Ministerio de Defensa Nacional, la Dirección Nacional de Inteligencia y la UGPP, por lo que no puede concluirse que existe duplicidad de acciones y tampoco se advierte mala fe por part e del actor, po r lo que no se configura temeridad en su actuación.

4.3. Ahora bien, s obre el requisito de la subsidiariedad en la acción de tutela ,

duplicidad de acciones y tampoco se advierte mala fe por part e del actor, po r lo que no se configura temeridad en su actuación.

4.3. Ahora bien, s obre el requisito de la subsidiariedad en la acción de tutela , el artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá la acción de tutela para reclama r ante los juec es la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública” . Destaca esa disposición que dicha solicitud de amparo, “solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”.

Dada su naturaleza subsidiaria, esta acción s olo procede cuando no existen otros medios de defensa judicial para amparar los derechos fundamentales invocados o, en su defecto, siempre que ello sea necesario para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en el cual procederá como mecanismo transitorio de protección.

A su tu rno, el artícul o 6° del Decreto 2591 de 1991 establece que la acción de tutela es improcedente cuando existen otros medios de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, en los siguientes términos:

“(..) La acción de tutela no procederá:

1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cu anto a su eficacia, atendiendo las

utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cu anto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante”.

Tanto la Constitución Política como el Decreto 2591 de 1991, dan la posibilidad alRadicado: 11001-03-15-000-2023-03507-00

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juez de tutela de valorar las circunstancias particulares de cada cas o y determinar si la acción de tutela es procedente o si, por el contrario, existen otros medios jurídicos que permiten satisfacer los derechos fundamentales del actor.

De esta forma, el carácter subsidiario y residual de la acción de tutela ha servido para restringir su procedencia, como quiera que el sistema judicial permite a las personas valerse de diversas acciones ordinarias y extraordinarias que pueden ser eficaces para la defensa de sus derechos 2, ya que si bien, la regla de la subsidiariedad debe aplicarse de forma general para determinar la procedencia de la acción de tutela, el juez constitucional puede llegar a intervenir en algunos casos en los que se demuestre que no existe otro medio de defensa judicial o que a pesar de existir no es idóneo ni eficaz, cuan do se pretenda evitar un perjuicio irremediable o cuando el accionante es un sujeto de especial protección constitucional. L o anterior, teniendo en cuenta que la finalidad de la acción de amparo es la protección de los derechos fundamentales.

irremediable o cuando el accionante es un sujeto de especial protección constitucional. L o anterior, teniendo en cuenta que la finalidad de la acción de amparo es la protección de los derechos fundamentales.

En conclusión, para la procedencia de la acción de tutela cuando exista otro medio de defensa judicial, el juez constitucional debe tener en cuenta su eficacia e idoneidad, o si se encuentra frente a un perjuicio irremediable, circunstancias que son det erminantes con el fin de valorar la procedencia formal del amparo constitucional.

4.4. En el asunto bajo examen , de conformidad con las pretensiones formuladas por el accionante, la Sala encuentra que no se cumple el presupuesto de la subsidiariedad, por dos razones:

(i) Para reclamar el pago de las cesantías e intereses a las cesantías por el periodo que laboró en el DAS , el actor debió una vez terminado el vínculo laboral, esto es, según el relato de la demanda el 10 de diciembre de 1980 , promover la respectiva petic ión ante la entidad y en caso de que la respuesta hubiera sido negativa, acudir a los mecanismos de defensa judicial ordinarios d entro del término previsto en el ordenamiento jurídico.

(ii) Respecto de lo que el actor considera se le adeud a por concepto de “prestaciones sociales”, si dentro de esa expresión encuentra que existe alguna de carácter imprescriptible e irrenunciable (art. 48 de la Constitución), el demandante debe acudir a las instancias administrativas y judiciales correspondie ntes para reclamar el reconocimiento y pago de las mismas.

En efecto, de conformidad con el artículo 104 de la Ley 1437 de 2011 a la

debe acudir a las instancias administrativas y judiciales correspondie ntes para reclamar el reconocimiento y pago de las mismas.

En efecto, de conformidad con el artículo 104 de la Ley 1437 de 2011 a la jurisdicción de lo contencioso administrativo le corresponde conocer de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hech os, omisiones y operaciones que estén sujetos al derecho administrativo y en los que se encuentren involucradas las entidades públicas o particulares cuando ejerzan función administrativa . D entro de estos asuntos se encuentran incluidas las controversias q ue surjan en el desarrollo de la vinculación legal y reglamentaria entre un servidor público y el Estado 3 .

2 Corte Constitucional, sentencia T-301 de 2009, M.P. Mauricio González Cuervo. 3

La citada disposición establece: En ese sentido, dicho precepto expresa lo siguiente: “ARTÍCULO 104. DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa. Igualmente conocerá de los siguientes procesos: 1. Los relativos a la respo nsabilidad extracontractual de cualquier entidad pública, cualquiera que sea el régimen aplicable. 2. Los relativos a los contratos, cualquiera que sea su régimen, en los que sea parte una entidad

siguientes procesos: 1. Los relativos a la respo nsabilidad extracontractual de cualquier entidad pública, cualquiera que sea el régimen aplicable. 2. Los relativos a los contratos, cualquiera que sea su régimen, en los que sea parte una entidad pública o un particular en ejercicio de funciones propias d el Estado. 3. Los relativos a contratos celebrados por cualquier entidad prestadora de servicios públicos domiciliarios en los cuales se incluyan o hayan debido incluirse cláusulas exorbitantes. 4. Los relativos a la relación legal y reglamentaria entre lo s servidores públicos y el Estado, y la seguridad social de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público. 5. Los que se originen en actos políticos o de gobierno. 6. Los ejecutivos derivados de las condenas impuestas y las conciliaciones aprobadas por esta jurisdicción, así como los provenientes de laudos arbitrales en que hubiere sido parte una entidad pública; e,Radicado: 11001-03-15-000-2023-03507-00

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En ese marco, el ordenamiento jurídico consagra los medios de control para que , a través de los mismos, según las pretensiones de la d emanda, los ciu dadanos reclamen la protección de sus derechos los cuales se encuentran desarrollados en el título III de la Ley 1437 de 2011.

Dentro de aquellos medios de control, en el artículo 138 se encuentra consagrado el de nulidad y restablecimiento del derecho al que puede acudir “[t]oda persona que

el título III de la Ley 1437 de 2011.

Dentro de aquellos medios de control, en el artículo 138 se encuentra consagrado el de nulidad y restablecimiento del derecho al que puede acudir “[t]oda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; tam bién podrá soli citar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior”.

De acuerdo con lo anterior, resulta necesario advertir que previo a promover una demanda de nulidad y res tablecimiento del derecho, el particular debe acudir a la administración para reclamar las prestaciones sociales y obtener un pronunciamiento ya sea expreso o ficto que sea objeto de demanda a través de este mecanismo de defensa judicial.

De esta manera, se le va a per mitir a la autoridad administrativa competente pronunciarse sobre los reclamos puntuales por el no reconocimiento de un derecho imprescriptible e irrenunciable . E n ese orden, se profiere una decisión administrativa que en caso