CE - 110010315000202303512001SENTENCIA20230908151806

Radicación: 11001-03-15-000-2023-03512-00

Demandante: Esperanza Medina Arias

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 - 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., siete (7) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-03512-00

Demandante: ESPERANZA MEDINA ARIAS

Demandados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN

“B”, AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS Y COMISIÓN

NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL

Temas: Tutela contra providencia judicial y actos administ rativos de ejecución. Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Presupuesto objetivo de la inmediatez respecto de la providencia judicial objetada . No se vulneran los derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada ni se descono ce la condición de prepensionada con la expedición de los actos administrativos que dan cumplimiento a un fallo judicial

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela promovida por la señora E speranza Medina Arias contra e l Consejo de Estado , Sección Segunda, Subsección “B” , la Agencia Nacional de Tierras y la Comisión

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela promovida por la señora E speranza Medina Arias contra e l Consejo de Estado , Sección Segunda, Subsección “B” , la Agencia Nacional de Tierras y la Comisión Nacional del Servicio Civil, con el fin de que se amparen los derechos fundamentales al debido proceso, trabajo, estabilidad laboral reforzada, seguridad social, mínimo vital, salud, educación, igualdad, defensa, doble instancia y dignidad humana , los cuales considera vulnerados con la sentencia de 24 de marzo de 2022 que declaró la nulidad de las Resoluciones Nos. CNCS20171020014625 de 27 de febrero de 2017 y CNSC -2017020033535 de 30 de mayo de 2017 y , como consecuencia , dispuso que se reubicara en el cargo de Gestor código T1 grado 08 en la Agencia Nacional de Tierras.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

La actora relató que se vinculó al Instituto Colombiano de la Reforma AgrariaINCORA-, Regional Caquetá 1 y, posteriormente, al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural -INCODERen la Dirección de l departamento de Caquetá 2 .

1 Entre el 15 de marzo de 1999 y el 27 de enero de 2004, en virtud de un concurso de méritos. 2 Señaló que en razón de la liquidación del INCORA, el 27 de febrero de 2004. en el cargo de profesional especializado grado 13 Posteriormente, afirmó “fue nombrada en el cargo de profesional especializado grado 14”.Radicación: 11001-03-15-000-2023-03512-00

Demandante: Esperanza Medina Arias

especializado grado 13 Posteriormente, afirmó “fue nombrada en el cargo de profesional especializado grado 14”.Radicación: 11001-03-15-000-2023-03512-00

Demandante: Esperanza Medina Arias

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 - 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

2 Afirmó que el INCODER entró en liquidación y teniendo en cuenta que ocupaba un cargo de carrera administrativa , el 1 de agosto de 2016 formuló solicitud de reincorporación que fue resuelta por medio de la Resolución No. 2017020014625 el 27 de febrero de 2017 expedida por la Comisión Nacional del Servicio Civil , en la que ordenó a la Agencia Nacional de Tierras -ANTincorporar a la accionante al cargo de gestor código T1 , grado 10, perteneciente Unidad de Gestión Territorial UGT – Bogotá, de la planta de personal de la ANT, al considerar que cumplía los requisitos para el mismo. Agregó que la A gencia Nacional de Tierras presentó recurso de reposición contra dicho acto administrativo que fue resuelto por Resolución No. 20171020033535 de 30 de mayo de 2017, en el que se confirmó la decisión recurrida.

Sostuvo que la A gencia Nacional de Tierras presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra los precitados actos administrativos expedidos por la Comisión Nacional del Servicio Civil, que fue tramitada en única instancia por la Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado (radicado No . 11001032500020180015300).

por la Comisión Nacional del Servicio Civil, que fue tramitada en única instancia por la Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado (radicado No . 11001032500020180015300).

Expresó que el 6 de junio de 2022 se notificó a través de su correo electrónico la sentencia de 24 de marzo de 2022 proferida por la Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado que declaró la nulidad de las Resoluciones Nos. CNCS20171020014625 de 27 de febrero de 2017 y CNSC -2017020033535 de 30 de mayo de 2017 y , como consecuencia , dispuso que se reubicara en el cargo de Gestor código T1 grado 08 en la Agencia Nacional de Tierras. Explicó que, como fundamentos de esa decisión , la autoridad judicial accionada refirió que la Comisión Nacional del Servicio Civil incurrió en un error al ordenar la reincorporación, pues la figura que procedía , para el caso de los exfuncionarios del INCODER, era la incorporación directa.

Mencionó que, en cumplimiento de la mencionada sentencia, la Comisión Nacional del Servicio Civil profirió Resolución No. 6126 de 26 de abril de 202 3 que ordena “Reincorporar a la señor a ESPERANZA MEDINA ARIAS identificad a con cédula de ciudadanía No. (…) de Neiva - Huila, en la vacante definitiva del empleo identificado con la OPEC No. 158686, denominado Gestor, Código T1, Grado 8, de la Agencia Nacional de Tierras -ANT, conforme a la parte motiva de este proveído”.

Finalmente, adujo que la Agencia Nacional de Tierras expidió la Resolución No .

de la Agencia Nacional de Tierras -ANT, conforme a la parte motiva de este proveído”.

Finalmente, adujo que la Agencia Nacional de Tierras expidió la Resolución No . 20236100502216 de 7 de junio de 2023 que dispuso “Reincorporar a la señora Esperanza Medina Arias, identificada con cédula de ciudadanía No. (…), en el cargo denominado Gestor Códig o T1 Grado 8 perteneciente a la Unidad de Gestión Territorial Centro, empleo de la planta de personal global de la Agencia Nacional de Tierras – ANT, con ubicación geográfica en la ciudad de Bogotá D.C”.

2. Fundamentos de la acción

La actora presentó acción de tutela en defensa de los derechos fundamentales al debido proceso, trabajo, estabilidad laboral reforzada, seguridad social, mínimo vital, salud, educación, igualdad, defensa, doble instancia y dignidad humana , los cuales considera vulnerados con la sentencia de 24 de marzo de 2022 proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, que declaró la nulidad de las Resoluciones Nos. CNCS-20171020014625 de 27 de febrero deRadicación: 11001-03-15-000-2023-03512-00

Demandante: Esperanza Medina Arias

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3 2017 y CNSC -2017020033535 de 30 de mayo de 2017 y , como consec uencia, dispuso que se re incorporara en el cargo de gestor código T1 grado 08 en la Agencia Nacional de Tierras , así como con los actos administrativos expedidos

3 2017 y CNSC -2017020033535 de 30 de mayo de 2017 y , como consec uencia, dispuso que se re incorporara en el cargo de gestor código T1 grado 08 en la Agencia Nacional de Tierras , así como con los actos administrativos expedidos para dar cumplimiento a la precitada decisión judicial, t ales como Resolución No . 6126 de 26 de abril de 2023 proferida por la Comisión Nacional del Servicio Civil y la Resolución No . 20236100502216 del 7 de junio de 2023 expedida por la Agencia Nacional de Tierras.

La actora no desarrolló las causales espec íficas de procedencia en las que , a su juicio, habría incurrido la autoridad judicial accionada , y del relato de la demanda no se puede extraer la referencia sobre algún defecto.

Concretamente, consideró que la afectación ius fundamental invocada radica en que no se garantizó la doble instancia , pues no se le brindó la oportunidad de presentar recurso de apelación contra la sentencia de 24 de marzo de 2022 proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”. Además, que el cargo en el que fue reubicada por orden judicial es de nivel inferior al que ocupaba y, por lo tanto, se presenta una desmejora en sus condiciones laborales y afecta su mínimo vital y el de su núcleo familiar porque el salario es menor al que percibía, alterando las condiciones actuales de vida, lo que se agrava al ser madre cabeza de familia.

Agregó que trasladar su residencia a Bogotá le ha causado un deterioro en su salud física y mental por causa del estrés y la polución de esta ciudad, lo que atiende a través del servicio médico particular porque l a EPS no le ha brindado un

Agregó que trasladar su residencia a Bogotá le ha causado un deterioro en su salud física y mental por causa del estrés y la polución de esta ciudad, lo que atiende a través del servicio médico particular porque l a EPS no le ha brindado un tratamiento efectivo para sus patologías.

Asimismo, puso de presente que tiene la condición de prepensionada , pues le faltan menos de dos años para cumplir el requisito de cotizaciones para adquirir el estatus pensional.

Alegó un tratamiento desigual respecto de otros exfuncionarios del INCODER que fueron reincorporados a otras entidades tales como el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Agencia de Desarrollo Rural – ADR, Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca – AUNAP, Agencia Presidencial de Renovación del TerritorioART, Instituto Colombiano Agropecuario – ICA, Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM, entre otras entidades, y que fueron nombrados en cargos más altos, siendo desmejorados únicam ente quienes fueron incorporados a la Agencia Nacional de Tierras.

Por último, hizo referencia a los perjuicios que se causaron entre el tiempo en que se liquidó el INCODER y la incorporación a la Agencia Nacional de Tierras.

3. Pretensiones

En el escrito de tutela, el accionante formula las siguientes:

“1. Se me tutelen mis derechos al Trabajo - estabilidad laboral reforzada - la calidad de Prepensionada - seguridad social; Mínimo vital – Madre soltera cabeza de hogar; Derecho a la educación de mi hi ja; Igualdad en relación con otros funcionarios, debido proceso - Derecho de defensa – Derecho a la doble

calidad de Prepensionada - seguridad social; Mínimo vital – Madre soltera cabeza de hogar; Derecho a la educación de mi hi ja; Igualdad en relación con otros funcionarios, debido proceso - Derecho de defensa – Derecho a la doble instancia; Derecho a la salud – Daño moral – psicológico y Dignidad humana,Radicación: 11001-03-15-000-2023-03512-00

Demandante: Esperanza Medina Arias

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4 por parte de las entidades Agencia Nacional de Tierras - ANT, Com isión Nacional del Servicio Civil – CNSC y Consejo de Estado.

2. Como consecuencia de lo anterior, se ordene a la Agencia Nacional de Tierras - ANT, Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC y al Consejo de Estado, mantenerme en mi empleo de Gestor código T1 gra do 10 o en otro cargo equivalente en caso de reestructuración de la entidad, en la Unidad de

Gestión Territorial - UGT Bogotá.

3. Que se les ordene a las entidades Agencia Nacional de Tierras - ANT, Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC y C onsejo de Estado, que me mantengan en el cargo de Gestor código T1 grado 10 o en otro cargo equivalente en caso de reestructuración de la entidad, en la Unidad de Gestión Territorial - UGT Bogotá, hasta tanto no cumpla con los requisitos para obtener mi pensión de vejez, teniendo en cuenta que en la actualidad no tengo las semanas suficientes para la pensión dentro del régimen de prima media con prestaciones definidas”.

4. Pruebas relevantes

mi pensión de vejez, teniendo en cuenta que en la actualidad no tengo las semanas suficientes para la pensión dentro del régimen de prima media con prestaciones definidas”.

4. Pruebas relevantes

Obran en el expediente los siguientes documentos:

• Copia de la s entencia de 24 de marz o de 2023 , proferida por la Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado. • Resolución CNSC No. 6126 de 26 de abril de 2023. • Resolución No. 20236100502216 de 7 de junio de 2023.

5. Trámite procesal

Por auto de 6 de julio de 2023, la magistrada sustanciadora admitió la demanda de tutela y ordenó notificar al demandante y a la s autoridades judicial y administrativas accionadas.

Del mismo modo, dispuso oficiar al Consejo de Estado , Sección Segunda, Subsección “B”, para que allegara copia digitalizada del proceso No. 11001-03-25000-2018-00153-00 correspondiente al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por la Agencia Nacional de Tierras.

La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios Nos. 68549 a 68554 de 11 de julio de 2023, a las direcciones electrónicas suministradas para este efecto 3

con el fin de notificar a las partes.

6. Oposición

6.1. Respuesta de la Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado

El magistrado ponente de la sen tencia cuestionada rindió informe sobre la acción de tutela, en los siguientes términos:

3

6.1. Respuesta de la Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado

El magistrado ponente de la sen tencia cuestionada rindió informe sobre la acción de tutela, en los siguientes términos:

3 El accionante, la autoridad judicial demandada y los terceros interesados fueron notificados a las siguientes direcciones de correo electrónico: esperanza.medinaa@gmail.com, notifcpalomino@consejodeestado.gov.co, javilas@consejodeestado.gov.co, daniangap0128@gmail.com, kossaa@consejodeestado.gov.co, abespiher@gmail.com, tutelasnacionales@defensajuridica.gov.co, juridica.ant@ant.gov.co, notificacionesjudiciales@cnsc.gov.co, ces2secr@consejodeestado.gov.co.Radicación: 11001-03-15-000-2023-03512-00

Demandante: Esperanza Medina Arias

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5 Relató que la sentencia de 24 de marzo de 2022 se profirió en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por la Agencia Nacional de Tierras contra la Comisión Nacional del Servicio Civil.

Señaló que las pretensiones de la demanda est aban dirigidas a que se declarara la nulidad de los actos administrativos que ordenaron la reincorporación de la señora Esperanza Medina Ari as en el cargo de gestor T1 grado 10 en la Unidad de Gestión Territorial de Bogotá de la ANT, al considerar que la entidad demandada incurrió en infracción de las normas en que debía fundarse y falsa

señora Esperanza Medina Ari as en el cargo de gestor T1 grado 10 en la Unidad de Gestión Territorial de Bogotá de la ANT, al considerar que la entidad demandada incurrió en infracción de las normas en que debía fundarse y falsa motivación, al concluir que ese empleo y el que desempeñaba la servidora en el INCODER eran equivalentes.

Sostuvo que en la providencia cuestionada se accedió a las pretensiones de la demanda, teniendo en cuenta que se configuró la causal de nulidad de infracción de las normas en que debían fundarse los actos administrativos demandados , pues “ los em pleos Profesional Especializado código 2028 grado 14 del extinto INCODER y Gestor código T1 grado 10 de la ANT, no son equivalentes al no compartir la misma nomenclatura y clasificación y, en segundo término, porque la CNSC en los actos admini strativos acusados se equivocó al haber ordenado la reincorporación de la señora Esperanza Medina Arias, cuando lo que procedía era la incorporación directa en cumplimiento del mandato legal consignado en el artículo segundo del Decreto 419 de 2016 “Por el cual se esta blece la planta de personal de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y se dictan otras disposiciones” y en el Decreto 420 de 2016 “Por el cual se establecen unas equivalencias de empleos”.

Indicó que en la providencia cuestionada se explicó qu e la Agencia Nacional de Tierras tiene una normatividad especial en materia de nomenclatura y clasificación de los empleos públicos en las respectivas plantas de personal , que se encuentra establecido en el Decreto 508 de 9 de ma rzo de 2012, que ubica el c argo de

Tierras tiene una normatividad especial en materia de nomenclatura y clasificación de los empleos públicos en las respectivas plantas de personal , que se encuentra establecido en el Decreto 508 de 9 de ma rzo de 2012, que ubica el c argo de gestor código T1 grado 08 en el nivel asesor en agencias estatales.

Asimismo, adujo que para la decisión se tuvo en cuenta que el INCODER estaba concebido como un establecimiento público del orden nacional, adscrito al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural , y el sistema de nomenclatura y clasificación de empleos se regía por el Decreto 2489 de 2006 , que en el artículo 2° establecía en el nivel profesional el empleo profesional especializado código 2028 de los grados 12 a 24.

Aseveró que el Decreto 420 de 2016 , “Por el cual se establecen unas equivalencias de empleos” , establece las equivalencias entre el empleo profesional especializado código 2028 grado 14 (INCODER) con el de gestor T1 grado 08 ( empleos en agencias estatales) , p or lo que e sta norma tiva debió aplicarse en los actos administrativos expedidos por la Comisión Nacional del Servicio Civil de manera preferente, al determinar qué cargo correspondía ocupar a la actora en la Agencia Nacional de Tierras.

En ese orden, advirtió que en la sentencia cuestionada se ordenó la reubicación al cargo correspondiente, sin embargo, no se dispuso la devolución de alguna suma dinero, ni recuperar prestaciones sociales pagadas porque no hubo mala fe por parte de la servidora pública.Radicación: 11001-03-15-000-2023-03512-00

Demandante: Esperanza Medina Arias

dinero, ni recuperar prestaciones sociales pagadas porque no hubo mala fe por parte de la servidora pública.Radicación: 11001-03-15-000-2023-03512-00

Demandante: Esperanza Medina Arias

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6 Por último, expresó que la actora pretende reabrir el debate lega l superado en el trámite del proceso ordinario.

6.2. Respuesta de la Comisión Nacional del Servicio Civil

El jefe de la Oficina Asesora Jurídica pidió que s e desvinculara del trámite constitucional al existir falta de legitimación en la causa por pasiva . Al respecto señaló que esa entidad tiene como misión garantizar el adecuado funcionamiento en los sistemas de carrera administrativa y la correcta aplicación del ordenamiento jurídico, lo que no tiene r elación con las pretensiones de la actora , las cuales se encuentran dirigidas a que se ordene a la Agencia Nacional de Tierras mantenerla en el cargo que ocupaba antes de que se profiriera la sentencia de 24 de marzo de 2023 , proferida por la Sección Segun da, Subsecció n “B” del Consejo de Estado.

Finalmente, en términos generales, se refirió al alcance del derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada para quienes son nombrados en provisionalidad en empleos de carrera administrativa , en el sentido de que tiene derecho a participar en el concurso de méritos respectivo y a permanecer en el empleo hasta que sea provisto con la persona que ocupe el primer lugar en la lista de elegibles.

6.3. Respuesta de la Agencia Nacional de Tierras

en el concurso de méritos respectivo y a permanecer en el empleo hasta que sea provisto con la persona que ocupe el primer lugar en la lista de elegibles.

6.3. Respuesta de la Agencia Nacional de Tierras

Quien se desemp eña como abog ada externa de la Oficina Jurídica de la entidad, pidió que se nieguen las pretensiones de la acción de tutela, al considerar que no se han vulnerado los derechos fundamentales invocados por la demandante.

Al respecto, señaló que la sentenci a de 2 2 de marzo de 2022 proferida por la Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado , se encuentra revestida por el fenómeno de cosa juzgada y que no se cumplen los requisitos para que a través de la acción de tutela pueda modificarse.

Aseveró que la actora no acreditó la condición de madre cabeza de familia en los términos fijados por la Corte Constitucional, particularmente, la dependencia económica de las personas imposibilitadas para trabajar. Además, adujo que en la demanda señala que tiene más de 29 años de experiencia laboral y acredita 60 años de edad, lo que permite advertir que ya cumplió los requisitos para acceder a la pensión de vejez y, por lo tanto, no ostenta la condición de prepensionada.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto

del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto de estudio.Radicación: 11001-03-15-000-2023-03512-00

Demandante: Esperanza Medina Arias

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2. Planteamiento del problema jurídico

La Sala observa que la actora presentó la demanda contra la Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado, al considerar que con la sentencia de 22 de marzo de 2022 que declaró la nulidad de las R esoluciones Nos. CNCS20171020014625 de 27 de febrero de 2017 y CNSC -2017020033535 de 30 de mayo de 2017 y, como consecuencia, dispuso que se reubicara en el cargo de gestor código T1 grado 08 en la Agencia Nacional de Tierras , se vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso, trabajo, estabilidad laboral reforzada, seguridad social, mínimo vital, salud, educación, igualdad, defensa, doble instancia y dignidad humana.

También se dirigió la demanda contra la Comisión Nacional del Servicio Civil y la Agencia N acional de Tierras, al considerar que los actos administrativos que expidieron las precitadas autoridades administrativas para dar cumplimiento a la mencionada sentencia, también constituyen causa de la vulneración ius fundamental alegada.

En ese marco, a la Sala le corresponde resolver los siguientes problemas jurídicos:

expidieron las precitadas autoridades administrativas para dar cumplimiento a la mencionada sentencia, también constituyen causa de la vulneración ius fundamental alegada.

En ese marco, a la Sala le corresponde resolver los siguientes problemas jurídicos:

2.1. ¿La acción de tutela fue presentada oportunamente con el fin de cuestionar la sentencia de 30 de marzo de 2022, proferida por la Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado?

2.2. ¿La Comisión Nacional del Servicio Civil y la Agencia Nacional de Tierras vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso, trabajo, estabilidad laboral reforzada, seguridad social, mínimo vital, salud, educación, igualdad, defensa, doble instancia y dignidad hum ana, al desmejorar las condiciones laborales y desconocer la condición de prepensionada y madre cabeza de familia, con las Resoluciones Nos. 6126 de 26 de abril de 2023 y 20236100502216 de 7 de junio de 2023, respectiv amente, que ordenaron “Reincorporar a la señora Esperanza Medina Arias, identificada con cédula de ciudadanía No. (…), en el cargo denominado Gestor Código T1 Grado 8 perteneciente a la Unidad de Gestión Territorial Centro, empleo de la planta de personal global de la Agencia Nacional de Tierras – ANT, con ubicación geográfica en la ciudad de Bogotá D.C”?

3. Generalidades de la acción de tutela

El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá la acción de tutela para reclamar ant e los jueces la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por

El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá la acción de tutela para reclamar ant e los jueces la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”. Destaca esa disposición que dicha solicitud de amparo, “solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.”

Dada su naturaleza subsidiaria, esta acción sólo procede cuando no existen otros medios de defensa judicial para amparar los derechos fundamentales invocados o, en su defecto, siempre que ello sea necesario para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en el cual procederá como mecanismo transitorio de protección.Radicación: 11001-03-15-000-2023-03512-00

Demandante: Esperanza Medina Arias

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A su turno, el artículo 6° del Decreto 2591 de 199 1 establece que la acción de tutela es improcedente cuando existen otros medios de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, en los siguientes términos:

“(..) La acción de tutela no procederá:

1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en

1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendien do las circunstancias en que se encuentre el solicitante”.

Tanto la Constitución Política como el Decreto 2591 de 1991, dan la posibilidad al juez de tutela de valorar las circunstancias particulares de cada caso y d eterminar si la acción de tutela es procedente o si , por el contrario, existen otros medios jurídicos que permiten satisfacer los derechos fundamentales del actor.

Siguiendo estos parámetros, la jurisprudencia constitucional ha extendido los efectos del requisito de subsidiariedad, al consid erar que el sólo hecho de que existan otros medios de defensa judicial, no hace que automáticamente la acción de tutela se torne improcedente, ya que bajo ciertas circunstancias el carácter subsidiario y residual de la misma puede llegar a tener algunas excepciones. Así lo precisó la Sala Plena de la Corte Constitucional en sentencia SU263 de 20154:

“(i) Cuando los medios ordinarios de defensa judicial no son lo suficientemente idóneos y eficaces para proteger los d erechos presuntamente conculcados;

(ii) Aun cuando tales medios de defensa judicial sean idóneos, de no concederse la tutela como mecanismo transitorio de protección, se produciría un perjuicio irremediable a los derechos fundamentales.

(iii) Cuando el accionante es un sujeto de especial protección constitucional (personas de la tercera edad, personas discapacitadas, mujeres cabeza de

un perjuicio irremediable a los derechos fundamentales.

(iii) Cuando el accionante es un sujeto de especial protección constitucional (personas de la tercera edad, personas discapacitadas, mujeres cabeza de familia, población desplazada, niños y niñas, etc.), y por tanto su situación requiere de particular consideración por parte del juez de tutela."5 (Negrilla por fuera del texto)

De esta forma, el carácter subsidiario y residual de la acción de tutela ha servido para restringir su procedencia, como quiera que el sistema judicial permite a las personas valerse de diversas acciones ordinarias y extraordinarias que pueden ser eficaces para la defensa de sus derechos 6, ya que si bien, la regla de la subsidiariedad debe aplicarse de forma general para determinar la procedencia de la acción de tutela, el juez constituciona l puede llegar a intervenir en algunos casos en los que se demuestre que no existe otro medio de defensa judicial o que a pesar de existir no es idóneo ni eficaz, cuando se pretenda evitar un perjuicio

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Véase al respecto: Corte Constitucional, sentencia T-656 de 2006, M.P. María Victoria Calle Correa, sentencia T-435 de 2006 M.P. Humberto Antonio Sier ra Porto, T -768 de 2005 M.P. Jaime Araújo Rentería, sentencia T-651 de 2004 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, y T -1012 de 2003 M.P. Eduardo Montealegre

Lynett. 5 Corte Constitucional, sentencia SU-263 de 2015, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. 6 Cfr. Corte Constitucional, sentencia T-301 de 2009, M.P. Mauricio González Cuervo.Radicación: 11001-03-15-000-2023-03512-00

6 Cfr. Corte Constitucional, sentencia T-301 de 2009, M.P. Mauricio González Cuervo.Radicación: 11001-03-15-000-2023-03512-00

Demandante: Esperanza Medina Arias

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9 irremediable o cuando el accionante es un sujeto de es pecial protección constitucional, lo anterior, teniendo en cuenta que la finalidad de la acción de amparo es la protección de los derechos fundamentales.

En conclusión, para la procedencia de la acción de tutela cuando exista otro medio de defensa judicia l, el juez constitucional debe tener e n cuenta la eficacia e idoneidad del otro medio, o si se encuentra frente a un perjuicio irremediable, circunstancias que son determinantes a fin de valorar la procedencia formal del amparo constitucional.

4. Requisito de la inmediatez como presupuesto general de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

El artículo 86 de la Constitución Política establece que “ toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento pre ferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la