CE - 110010315000202303537001SENTENCIA20230922154215

Radicado: 11001-03-15-000-2023-03537-00

Actor: Gustavo Adolfo González Amaya

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-03537-00

Demandante: GUSTAVO ADOLFO GONZÁLEZ AMAYA

Demandados: COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL Y

COMISIÓN SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL DE

SANTANDER

Temas: Tutela contra providencia judicial. Sanción impuesta en el trámite de proceso disciplinario sancionatorio. Requisito general de la relevancia constitucional cuando se acude como instancia adicional

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela promovida por el s eñor Gustavo Adolfo González Amaya , quien actúa por conducto de apoderado judicial, contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander, en la que pide el amparo constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, libertad

conducto de apoderado judicial, contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander, en la que pide el amparo constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, libertad de expresión e intimidad personal, los cuales consider a vulnerados con las decisiones de 22 de febrero de 2023 y 28 de noviembre de 2022, en su orden, mediante las cuales fue declarado disciplinariamente responsable.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

El actor relató que con ocasión al informe presentado por la Fiscal Treinta y Nueve Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializados de Bucaramanga el 25 de abril de 2018 , en el que solicitó investigar lo disciplinariamente por las presuntas manifestaciones efectuadas en su contra que habrían afectado el buen nombre y la h onra, la otrora Sala Jurisdiccion al Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander abrió la respectiva investigación.

Indicó que por sentencia de 28 de noviembre de 2022 , la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander declaró la responsabilidad disciplinaria del actor por incurrir a título de dolo en las faltas contempladas en los artículos 30 (numeral 4) y 32 de la L ey 1123 de 2007, al desconocer los deberes consagrados en los numerales 7 y 5 del artículo 28 de dicha ley, en consecuencia sancionó al actor con suspensión en el ejercicio de su profesión de abogado de seis (6) meses

Lo anterior , porque se acreditó que a ctuó de mala fe al comprometerse con su cliente y su familia que se le concedería detención domiciliaria a partir de un

con suspensión en el ejercicio de su profesión de abogado de seis (6) meses

Lo anterior , porque se acreditó que a ctuó de mala fe al comprometerse con su cliente y su familia que se le concedería detención domiciliaria a partir de un supuesto compromiso con la fiscal que nunca existió, y siendo conocedor de que eso era imposible por la gravedad del delito (homicidio en grado de tentativa) y laRadicado: 11001-03-15-000-2023-03537-00

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etapa del proceso penal . También porque se acreditó que publicó en el perfil de WhatsApp un mensaje que atentó contra la honra y el buen nombre de la funcionaria judicial.

Por último, relató que presentó recurso de apelación con tra la decisión de primera instancia, el cual fue resuelto por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial en sentencia de 22 de febrero de 2023 que modificó parcialmente el fallo recurrido, en el sentido de absolverlo de la responsabilidad disciplinaria p or la falta contemplada en el numeral 4, artículo 30 de la Ley 1123 de 2007 . En lo demás, confirmó la responsabilidad a título de dolo por la falta contemplada en el artículo 32 de dicha normativa. En consecuencia, dispuso reducir la sanción de seis (6) a cuatro (4) meses. Al respecto, argumentó que no se acreditó que el investigado hubiese prometido a su cliente y a su familia que , con la ayuda de la fiscal del

32 de dicha normativa. En consecuencia, dispuso reducir la sanción de seis (6) a cuatro (4) meses. Al respecto, argumentó que no se acreditó que el investigado hubiese prometido a su cliente y a su familia que , con la ayuda de la fiscal del caso, se le concedería detención domiciliaria , por lo que fue absuelto de ese cargo. No ocurrió lo mismo con los cargos relativos a las manifestaciones que había realizado contra la Fiscal Treinta y Nueve Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especiali zados de Bucaramanga y que se demostró a través de la imagen de una conversación en su perfi l de WhatsApp, por lo que concluyó que el accionante incurrió en la falta contemplada en el artículo 32 de la Ley 1123 de 2007.

2. Fundamentos de la acción

La parte actora presentó acción de tutela en defensa de los derechos fundamentales al debido proceso, libertad de expresión e intimidad personal, los cuales considera vulnerados con las decisiones de 22 de febrero de 2023 y 28 de noviembre de 202 2, med iante las cuales fue declarado disciplinariamente responsable por incurrir a título de dolo en las faltas contempladas en los artículos 30 (numeral 4) y 32 de la Ley 1123 de 2007, al desco nocer los deberes consagrados en los numerales 7 y 5 del artículo 28 de dicha ley. Concretamente, alegó la configuración de los siguientes defectos:

2.1. Fáctico: el cual se habría configurado por la indebida valoración de los elementos probatorios que sirvieron de fundamento para la deci sión de declararlo responsable disciplinariamente por haber incurrido en la falta disciplinaria

2.1. Fáctico: el cual se habría configurado por la indebida valoración de los elementos probatorios que sirvieron de fundamento para la deci sión de declararlo responsable disciplinariamente por haber incurrido en la falta disciplinaria consagrada en el artículo 32 de la Ley 112 3 de 2007. Al respecto, señaló que la prueba consistió en un pantallazo del WhatsApp, no obstante, no se estableció en la investigación el “autor mediato”. Además, aseveró que “las declaraciones del jefe de la unidad de vida y de la propia quejos a se puede extraer que ella fungía era como fiscal especializada de la Unidad de vida y no como fiscal seccional”.

De igual forma, adujo que el documento contentivo de la impresión de pantalla del perfil de WhatsApp de su teléfono fue una prueba obtenida con violac ión a los derechos a la libertad de expresión e intimidad, pues él nunca envío ese mensaje a la quejosa , o lo expuso en algún escenario judicial . En ese sentido , expresó lo siguiente:

“[P]ues mal se hace por la judicatura y la fiscalía en utilizar publicaciones personales de sus estados de su vida privada, íntima, personal, pensamiento político religioso o moral para inmiscuirlas o llevarlas a las esferas jurídicas y del derecho ante las autoridades judiciales, una situación diferente es lo que se ventile en un estrado judicial mediante escritos afirmaciones en audiencias comportamientos que presuntamente por mas de que no fue el profesional sino no presuntamente su secretaria la autora del mensaje”.

De igual forma, repro chó que se desvirtuara el relato de l disciplinado en torno a que quien fungía como secretaria en la oficina de abogado -la autora de ese

que no fue el profesional sino no presuntamente su secretaria la autora del mensaje”.

De igual forma, repro chó que se desvirtuara el relato de l disciplinado en torno a que quien fungía como secretaria en la oficina de abogado -la autora de ese mensaje-, con fundamento en que “es un mensaje jurídico creado por un jurista y que el profesional en sus argumentos defensivos dijo que era algo irreleva nteRadicado: 11001-03-15-000-2023-03537-00

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siendo objeto o motivo para deducir que fue el abogado el que lo elaboró por sus propias afirmaciones defensivas”.

Señaló que la fiscal ejerció persecución contra el actor por intermedio de “ sus investigadores” que “husmearon” en sus redes sociales y las de su secretaria para usar información en su contra, violando la intimidad personal.

De igual forma, indicó que la quejosa estaba adscrita a la Unidad de Vida Especializada y no seccional, por lo que no entiende por qué se sintió aludida con ese mensa je hasta senti rse afectada en su salud mental . Agregó que le resulta extraño c ómo una persona con tantas ocupaciones “precisamente solucionando casos o delitos contra la vida se va a detener a pensar o afectarse por un pantallazo que ni siquiera del mismo escrito se puede colegir que iba en contra de ella”.

En definitiva, consideró que la prueba documental que contiene una impresión de

casos o delitos contra la vida se va a detener a pensar o afectarse por un pantallazo que ni siquiera del mismo escrito se puede colegir que iba en contra de ella”.

En definitiva, consideró que la prueba documental que contiene una impresión de pantalla de la imagen publ icada en el perfil de s u WhatsApp solo puede usarse como prueba válida para determinar la falta disciplinaria establecida en el artículo 32 de la Ley 1123 de 2007 , si ese mens aje se hubiese expuesto en un escenario judicial u obtenido por orden judicial.

Finalmente, en escrito complementario señaló que las autoridades judiciales accionadas vulneraro n el derecho fundamental al debido proceso al sa ncionarlo disciplinariamente “por supuestas publicaciones en su estado de WhatsApp personal, situaciones que no debieron o currir pues el profesional tiene derecho de tener su vida personal, familiar y social de forma privada, tener liber tad de expresión y pensamiento, la Sala Disciplinaria no se puede inmiscuir en publicaciones persona les de un abogado, pues esto hace parte de su vida personal y tampoco el funcionario de la fiscalía que impulsó el proceso, investigadores y fiscal pueden acudir a la Sala Dis ciplinaria buscando pruebas contra los abogados por hechos que son personales y no ocurren dentro de un escenario judicial”.

2.2. Sustantivo: señaló que en el fallo de segunda instancia se incurrió en un error al reducir la sanción consistente en la suspensión del ejercicio de su profesión de abogado de seis a cuatro meses, pues si se estaba absolviendo de uno de los dos cargos, la reducción debió ser a la mitad, es decir, tres meses , en virtud de los principios de proporcionalidad, razonabilidad y gradualidad.

3. Pretensiones

uno de los dos cargos, la reducción debió ser a la mitad, es decir, tres meses , en virtud de los principios de proporcionalidad, razonabilidad y gradualidad.

3. Pretensiones

El accionante, en escrito complementario de la demanda, formuló las siguientes:

“Las pretensiones de la tutela s on que se deje s in efeto la sanción disciplinaria interpuesta por parte de l Consejo Superior de la Judicatura al abogado Gustavo Adolfo González Amaya, identificado con cédula de ciudadanía (…) por las r azones expuestas en la petición, toda vez que se considera que se vulneró el debido proceso en contra del profesional”.

4. Pruebas relevantes

Obra en el expediente los siguientes documentos:

• Copia del fallo de 28 de noviembre de 2022 , proferido por la Comisión

Seccional de Disciplina de Santander.

• Copia de la sen tencia de 22 de febrero de 2023 , dictada por la Comisión

Nacional de Disciplina Judicial.Radicado: 11001-03-15-000-2023-03537-00

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De igual modo, obra copia digitalizada del expediente No. 680011102000201900549-01 correspondiente a l proceso disciplinario adelantado contra el abogado Gustavo Adolfo González Amaya.

5. Trámite procesal

5.1. Por auto de 11 de julio de 2023 , previo a admitir la demanda, la magistrada

contra el abogado Gustavo Adolfo González Amaya.

5. Trámite procesal

5.1. Por auto de 11 de julio de 2023 , previo a admitir la demanda, la magistrada sustanciadora requirió a la parte accionante para que indi cara con la mayor claridad posible y de ma nera precisa, las autoridades judiciales demandadas y las pretensiones objeto de tutela. Frente a ese requerimiento, el 17 de julio de 2023 el actor presentó escrito complementario en el que precisó la información solicitada.

5.2. Por auto de 3 de agosto de 2023, se admitió la demanda de tutela y ordenó notificar a la s autoridades judiciales demandadas. Igualmente, se reconoció personería al apoderado del demandante.

Del mismo modo, dispuso oficiar a la Comisión Nacional d e Disciplina Judicial y a la Comisión Seccional de Dis ciplina Judicial de Santander, en el evento en que el expediente hubiese sido devuelto, para que allegara copia digitalizada del proceso disciplinario No. 68001 -11-02-000-2019-00549-01, de nunciado: Gustavo Adolfo González Amaya.

La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios 80239 a 80243 de 9 de agosto de 2023 1 , con el fin de notificar a las partes.

6. Oposición

6.1. Respuesta de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial

La magistrada ponente de la decisión cuestionada rindió informe so bre la acción de tutela y pidió que se declare improcedente , teniendo en cuenta que no cumple el presupuesto de relevancia constitucional o que, en su defecto, se nieguen las pretensiones de la demanda.

de tutela y pidió que se declare improcedente , teniendo en cuenta que no cumple el presupuesto de relevancia constitucional o que, en su defecto, se nieguen las pretensiones de la demanda.

Al respecto, comenzó por describir las etapas del proceso disciplinario adelantado contra el accionante y el sentido de la decis ión proferida en primera y segunda instancia.

En ese orden, adujo que el actor emplea la acción de tutela para c ontrovertir la decisión proferida en el proceso disciplinario en am bas instancias , como una suerte de tercera instancia , en tanto reitera los mismos argumentos expuestos en el recurso de apelación contra el fallo de primera instancia.

Con todo, señaló que no se c onfiguraron los defectos fáctico y sustantivo alegados, porque no hubo una valoración caprichosa de los elementos probatorios que obran en el expediente . En relación con el defecto susta ntivo, advirtió que el actor no refirió la norma que se habría desconocido para configurar esta causal de procedencia.

Sobre la supuesta vulneración del derecho a la libertad de expresión e intimidad a los que alude el actor en la demanda, indicó que ese debate fue propuesto en el

1 La parte accionante, las autoridades judiciales demandadas fueron notificados a las siguientes direcciones de correo electrónico: juridicobga1@gmail.com, williamvalero@gmail.com, presidencia@consejosuperior.ramajudicial.gov.co, tutelasnacionales@defensajuridica.gov.co, sancionadoscndj@comisiondedisciplina.ramajudicial.gov.co, presidencia@comisiondedisciplina.ramajudicial.gov.co, correspondencia@comisiondedisciplina.ramajudicial.gov.co,

sancionadoscndj@comisiondedisciplina.ramajudicial.gov.co, presidencia@comisiondedisciplina.ramajudicial.gov.co, correspondencia@comisiondedisciplina.ramajudicial.gov.co, sancionadoscndj@comisiondedisciplina.ramajudicial.gov.co, ssdcsbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co, consecstd@cendoj.ramajudicial.gov.co.Radicado: 11001-03-15-000-2023-03537-00

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proceso disciplinario y, afirmó que, frente a ello en las decisiones cuestionadas se argumentó “que, si bien los pantallazos extraídos de la aplicación WhatsApp no son un documento original, los mismos se presumen auténticos, s egún lo dispone el artículo 246 del Código General del Proceso. Aún más, si se tiene en cuenta que en el caso objeto de análisis, l a defensa durante todo el trámite dis ciplinario no controvirtió las impresio nes de la publicación efectuada el 20 de marzo de 2018”.

Indicó que también se señaló que aun si no se hubiera tenido en cuen ta el documento que conten ía la imagen d el mensaje publicado en el perfil de WhatsApp correspondiente al número celular de l disciplinado, la decisión no se modificaría porque las pruebas testimoniales permit ían acreditar, con la misma veracidad, que el actor incurrió en falta disciplinaria consagrada en el a rtículo 32 de la Ley 1123 de 2007.

modificaría porque las pruebas testimoniales permit ían acreditar, con la misma veracidad, que el actor incurrió en falta disciplinaria consagrada en el a rtículo 32 de la Ley 1123 de 2007.

En ese sentido, se refirió ampliamente al análisis plasmado en la sentencia cuestionada sobre las declaraciones de “ los señores Aguilar Villamizar y Ortiz Díaz”, que vieron en el perfil de WhatsApp la image n con manifestaciones irrespetuosas contra la honra de la Fiscal Treinta y Nueve Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializados de Bucaramanga, a lo que agregó que la secretaria desvirtuó el relato del disciplinado en torno a que había sido ella quien tenía el celular y elaboró el mensaje.

6.2. Respuesta de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander

El magistrado ponente de la decisión cues tionada rindió informe sobre los hechos y las pr etensiones de la acción de tutela . A l re specto, señaló que el proceso disciplinario se adelantó con respeto de las garantías cons titucionales y legales, permitiendo siempre el ejercicio del derecho de defensa y contradicción.

En ese orden, adujo que la decisión de declarar la responsabilidad disciplinaria s e fundamentó en elementos probatorios que permitieron acreditar que el aquí accionante incurrió en la falta disciplinaria endilgada. De esta manera, señ aló que el actor acude al mecanismo de protección c onstitucional como una instancia adicional para dar continuidad al debate probatorio superado en ambas instancias del proceso dis ciplinario y que, advirtió, se sustenta en la prueba de WhatsApp y en las pruebas testimoniales.

adicional para dar continuidad al debate probatorio superado en ambas instancias del proceso dis ciplinario y que, advirtió, se sustenta en la prueba de WhatsApp y en las pruebas testimoniales.

Indicó que, sobre la publicación del mensaje de W hatsApp de fecha 20 de marzo de 2018, el abogado sancionado se abstuvo de controvertir la integridad, autenticidad e inalterabilidad de la información, por lo que “no resulta plausible que muchos meses después de haberse surtido la opor tunidad procesal, pretenda que por vía de tutel a las pruebas debidamente incorporadas al diligenciamiento sean tildadas como violatorias de derechos fundamentales y constitucionales”.

Con todo , señaló que no se incurrió en el defecto fáctico alegado porque en ambas instancias se valoraron las pruebas que obraban en el expediente de manera conjunta, es decir, además del documento co ntentivo de la publicación en el perfil de WhatsApp, también se tuvieron en c uenta las declaraciones de los testigos, como la de la secretar ia del disciplinado que , contrario a lo afirmado por el accionante, negó haber escrito ese mensaje y tener a su disposición el celular.

Adujo que se demostró que “en el teléfono del abogado se escribió en su perfil de WhatsApp las manifestaciones irrespetuosas, se hicieron desde su número celular, precisamente en su perfil, es decir en el que s olo él tiene acceso y se constató por los testigos que tan pronto salió la publicación advirtieron tal situación y notificaron a la funcionaria de los actos irrespetuosos, sin que se probara que otra persona diferente a él tenía el aparato en su poder y se trató de enrostrar a suRadicado: 11001-03-15-000-2023-03537-00

y notificaron a la funcionaria de los actos irrespetuosos, sin que se probara que otra persona diferente a él tenía el aparato en su poder y se trató de enrostrar a suRadicado: 11001-03-15-000-2023-03537-00

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empleada la autor ía pero ella la negó, además se probó que el disciplinado no estaba conforme con la decisión de la señora Fiscal de haber solicitado la medida privativa de la libertad en contra de su defendido, por lo cual estaba c ontrariado e incluso el evo denuncia disciplinaria en su contra, es decir, existe la prueba qu e permite inferir de forma evidente que él fue el que realizó la publicación, aduciendo la afectada que el abogado le había hecho reclamos por su actuación, de ahí que exista la plena prueba para erigir una condena en su contra”.

Refirió que la dosimetría de la sanción no fue arbitraria y se basó en los principios de proporcionalidad y razonabilidad , teniendo en cuenta que la falta disciplinaria se desconoció un deber de mayor valía com o es el respeto por los servidores públicos.

Finalmente, pidió que se d eclare improcedente la acción de tutela porque no se evidenció ninguna irregularidad en el proceso disciplinario.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con l o previsto en los artículos 86 de la Constitución Pol ítica, 29

evidenció ninguna irregularidad en el proceso disciplinario.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con l o previsto en los artículos 86 de la Constitución Pol ítica, 29 del Decreto 2591 de 1991 y 13 del reglamento interno (Acuerdo 080 de 2019), la Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto de estudio.

2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala determinar si la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander con las decisiones de 22 de febrero de 2023 y 28 de noviembre de 2022, en su orden, mediante las cuales sancionó disciplinariamente al señor Gusta vo Adolfo González Amaya , vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso, libertad de expresión e intimidad personal, al incurrir en los defectos i) fáctico, por la valoración indebida de la pru eba documental que contiene la impresión de pantalla del mensaje publicado en la fo to de perfil de WhatsApp el 20 de marzo de 201 8 y ii) sustantivo, en tanto el fallo de segunda instancia redujo la sanción de seis a cuatro meses, cuando lo correcto eran imponerla por tres meses por cuanto se absolvió de uno de los cargos formulados.

De manera previa, en razón a que fue invocado por las autoridades judiciales accionadas, la Sala deberá establecer si la acción de tutela cumple con el presupuesto de la relevancia constitucional.

3. El presupuesto de la relevancia constitucional

Esta condición d e procedencia precisada en la jurisprude ncia de la Corte

accionadas, la Sala deberá establecer si la acción de tutela cumple con el presupuesto de la relevancia constitucional.

3. El presupuesto de la relevancia constitucional

Esta condición d e procedencia precisada en la jurisprude ncia de la Corte Constitucional, en el marco de las acciones de tutela contra providencias judiciales, tiene por finalidad “(i) proteger la autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones2.

Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido un conjunto de reglas dirigidas a definir cuándo un asunto presenta relevancia constitucional, partiendo del hech o que de la actua ción objeto de reproche constitucional s e advierta una posible

2 Sección Cuarta del Consejo de Estado, sentencia del 8 de febrero de 2018. Expediente 2017 -01745-01 M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.Radicado: 11001-03-15-000-2023-03537-00

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vulneración a los derechos y deberes constitucionales. Así, por ejemplo, en la sentencia T-310 de 20053, la Corte indicó que cuando se acuda al mecanismo de amparo constitucional para cuestionar la legalidad de un acto administrativo, sin que se encuentre de por medio la violación de derechos fundamentales se estaría frente a un asunto que carece de relevanc ia constitucional que conlleva la

amparo constitucional para cuestionar la legalidad de un acto administrativo, sin que se encuentre de por medio la violación de derechos fundamentales se estaría frente a un asunto que carece de relevanc ia constitucional que conlleva la improcedencia de la tutela.

En el mi smo sentido, la S ala Plena del Consejo de Estado partiend o de los lineamientos fijados por la Corte Constitucional en la Sentencia C -590 de 2005 sobre la procedencia excepcional de la tutela contra decisiones judiciales, fijó las condiciones que corresponde verificar al juez de tutela para determinar si la acción de tutela cumple o no con el requisito de relevancia constitucional4.

Al respecto, estableció que este requisito tiene una doble connotación, como criterio de selección en sede de revisión de la Corte Constitucio nal y como requisito de procedencia de l a acción de tutela que busca evitar que el trámite de la acción de amparo se convierta en una instancia adicional.

Esta Sala 5, de conform idad con lo anterior ha precisado que est e requisito de procedencia exige la verificación de los siguientes elementos:

1. Que el asunto objeto de estudio real mente involucre la amenaza o vulneración de derechos fundamentales . En principio, la acc ión de tutela no puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.

1. Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales . Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir l a vulneración de derechos fundamentales

1. Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales . Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir l a vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales» .

Es necesario que el interesa do exponga de man era clara las razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.

1. Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cues tionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el est udio con una expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.

1. Que no se propongan nuevos argumentos qu e no fueron expuestos en el proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.

1. Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida l a providencia acusada. Por más informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de lo s jueces, qu e se dictan previo agotamiento de los pro cedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se

argumentos para derribar las decisiones de lo s jueces, qu e se dictan previo agotamiento de los pro cedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso ordinario. Justamente po r eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.

Los referidos parámetros, se constituyen en una guía orientadora para verificar si en cada caso concreto se cumple esta condición de aplicación, condiciones que, en últimas, buscan preservar el valor de la cosa juzgada, la seguridad jurídica y la autonomía judicial.

3 Corte Constitucional M.P. Jaime Córdoba Triviño. Reiterada en sente ncia T-136 de 2015 M.P. María Victoria Calle Correa. 4 Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014. Expediente 2012-02201-01. 5 Expediente 2020-05131-00, M. P. Julio Roberto Piza Rodríguez.Radicado: 11001-03-15-000-2023-03537-00

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4. Estudio y solución del caso concreto

4.1. El accionante manifiesta que la Comisión Nacional de Dis ciplina Judicial y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander con las decisiones de 22

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4. Estudio y solución del caso concreto

4.1. El accionante manifiesta que la Comisión Nacional de Dis ciplina Judicial y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander con las decisiones de 22 de febrero de 2023 y 28 de no viembre de 2022, en su orden, mediante las cuales sancionó disciplinariamente al señor Gustavo Adolfo González Amaya , vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso, libertad de expresión e intimidad personal, al incurrir en los defectos i) fáctico , por la valoración indebida de la prueba documental que contiene la impresión de pantalla de l mensaje publicado en la foto de perfil de WhatsApp el 20 de marzo de 2018 y ii) sustantivo, en tanto el fallo de s