CE - 110010315000202303553011SENTENCIA20231018172655

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., diecisiete (17) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001-03-15-000-2023-03553-01

Demandante: AUDOMELIO FRAGOZO EPIAYU

Demandado: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y O TROS

Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA

ACCIÓN DE TUTELA – petición ante autoridades; se corroboró que algunas de las entidades demanda das vulneraron el derecho fundamental de petición al no contestar en la oportunidad legal las solicitudes realizadas por el peticionario.

La Sala decide l a impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia del 10 de agosto de 2023, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, que resolvió:

PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación de la Presidencia de la República y el Ministerio del Interior, por los mot ivos expuestos en esta providencia.

SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la acción de tutela respecto de la Presidencia de la República y el Departamento de la Guajira.

TERCERO: AM PARAR el derecho fundamental de petición del señor Audomelio Fragozo Epiayu. En consecuencia, ORDENAR a Alcaldía de Hatonuevo y al Ministerio del Interior – Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías que, en el término de 48 horas contados a partir de la notificación

Audomelio Fragozo Epiayu. En consecuencia, ORDENAR a Alcaldía de Hatonuevo y al Ministerio del Interior – Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías que, en el término de 48 horas contados a partir de la notificación de esta sentencia, de respuesta a la petición presentada en cada una de las entidades demandadas el 11 de agosto de 2022.

CUARTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.Radicación número: 11001-03-15-000-2023-03553-01

Demandante: Audomelio Fragozo Epiayu Demandado: Presidencia de la República y otros Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

I. A N T E C E D E N T E S

1. Demanda

1.1. Pretensiones

El 3 de julio de 2023, el señor Audomelio Fr agozo Epiayu1, por intermedio de apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra la Presidencia de la República, el Ministerio del Inte rior, la Secretaría de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías del Departamento de La Guajira y la Alcaldía de Hatonuevo (La Guajira), por considerar vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, de petición, «al precedente constitucion al», a la autonomía, a la autodeterminación y autogobierno de la comunidad étnica indígena Wayúu El Espinal. Formuló las siguientes prete nsiones:

1. Tutelar los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la autonomía, al autogobierno, a la autodeterminación, al precedente constitucional y derecho de petición de la comunidad étnica indígena Wayúu

1. Tutelar los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la autonomía, al autogobierno, a la autodeterminación, al precedente constitucional y derecho de petición de la comunidad étnica indígena Wayúu del Espinal Municipio de Hatonuevo La Guajira, violados por el pres idente de la R epública de Colomb ia, Ministerio del Interior, Secretaría de Asunt os Indígenas del Departamento de La Guajira , oca sionando perju icios irremediables contra la comunidad étnica indígena Wayúu del Esp inal

Municipio de Hatonuevo La Guajira.

2. Ordenar al presidente de la República de Colombia, Ministerio del Interior, Secretaría de Asuntos Indígenas del Departamento de la Guajira y el alcalde del Municipio de Ha tonuevo La Guajira, posesionar y registrar al señor AUDOMELIO FRAGOZO EPIAYU en el cargo de autoridad tradicional de la comunidad indígena Wayúu del Espinal Municipi o de Hatonuevo La Guajira, por go zar de los derechos f undamentales a la igualdad, autonomía, autogobierno y autodeterminación.

3. Ordenar a l Ministerio del Interior, hace r una visita de verificación e inspección de campo al territorio donde está asentada la Comunidad Étnica Indígena Way úu del Espinal M unicipio de Hatonuevo La Guajira, para que tenga una mayor i doneidad sobre los hechos orígenes de esta acción de tutela y pueda darse cuenta que si existe la comunidad étnica Wayúu del

Espinal Municipio de Hatonuevo, La Guajira.

1.2 . Hechos y argumentos de la tutela

El demandante informó que la Comunidad Étnica Indígena Wayúu de El Espinal

Espinal Municipio de Hatonuevo, La Guajira.

1.2 . Hechos y argumentos de la tutela

El demandante informó que la Comunidad Étnica Indígena Wayúu de El Espinal está ubicada desde épocas ancestrales en la zona rural del Municipio de Hatonuevo La Guajira, conformada por más de 100 f amilias, más de 60 niños, con viviendas ancestrales, enramadas, cementerio, corr ales para cría de chivos, ganado vacuno, gallinas; elaboran arte sanías, desarrollan actividades agrícolas ,

1 Se advierte que , el 8 de septiembre de 2023, el expediente ing resó al despacho de la magist rada ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.Radicación número: 11001-03-15-000-2023-03553-01

Demandante: Audomelio Fragozo Epiayu Demandado: Presidencia de la República y otros Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

con fuentes hídricas naturales como el arroyo Paladine, pozo artesanal y tienen un Jagüey.

Informó que fue designado como autoridad tradicional vitalici a de la comunidad mediante acta 001 del 22 de mayo de 20 20, en uso de su a utonomía, autorreconocimiento, autogobierno, usos y costumbres.

El 11 de agosto de 2022, solicitaron ante el alcalde del Municipio de Hatonuevo el registro de la posesión de la designación en el cargo de autoridad tradicional del señor Fragozo Epiayu, para que fuera registrada en el libro de autoridades tradicionales y se expidiera la respectiva certificación. Indicó que el alcalde no

registro de la posesión de la designación en el cargo de autoridad tradicional del señor Fragozo Epiayu, para que fuera registrada en el libro de autoridades tradicionales y se expidiera la respectiva certificación. Indicó que el alcalde no contestó su petición , lo cual desconoce sus derechos al debido proceso, a la igualdad, de petición, autonomía, autogobierno y autorreconocimiento de la comunidad Indígena Wayúu de El Espinal.

En esa mis ma fecha, solicita ron ante el Presidente de la Repú blica y el Ministro del Interior la posesión y registro como autoridad tradicional de esa comunidad.

Sostuvo que, ante la falta de posesión, re gistro y certificación del señor Audomelio Fragozo Epiayu en el c argo de autor idad tradicional de la comunidad , se están generando perjuicios irremediables , por cuanto no han podido acceder a los programas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) enc aminados a garantizar la educación, el agua potable, salud y alimentación para más de 60 niños Wayúu, los cuales están en estado de desnutrición. El 15 de julio de 2020, la Corte Suprema de Justic ia, Sala de Casación Civil , reconoció la existencia de la comunidad indígena Wayúu de El Espinal y que su autoridad tradicional es el señor Audomelio Fragozo Epiayu, tal como lo contempla la sentencia T-528 de 1992.

Sostuvo que , el 8 de marzo de 2021, la Unidad de Rest itución de Tierras le informó al señor Fragozo Epiayu que realizaría una visita al territorio colectivo. El 24 de mayo siguiente, esa misma autorida d solicitó autorización para realizar la

Sostuvo que , el 8 de marzo de 2021, la Unidad de Rest itución de Tierras le informó al señor Fragozo Epiayu que realizaría una visita al territorio colectivo. El 24 de mayo siguiente, esa misma autorida d solicitó autorización para realizar la visita de verificación, la cual se llevó a cabo el 9 y 10 de junio de 2022.

Manifestó que, el 16 de marzo de 2023, el Ministerio del Interior realizó verificación de campo en el territorio colectivo y pudo constatar que la autoridad tradicional era el señor Audomelio Fragozo Epiayu.Radicación número: 11001-03-15-000-2023-03553-01

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2. Trámite impartido e intervenciones

2.1. Mediante auto del 1° de marzo d e 2023, el despacho del magistrado sustanciador en primera instancia admiti ó la acción de tutela y ordenó notif icar a las autoridades demandadas.

2.2. El Departamento de La Guajira indicó que desconoce no solo la realización de la asamblea general de la comunidad Wayúu El Espinal del Municipio de Hatonuevo, sino la designación del señor Audomelio Fragozo Ep iayu como autoridad tradicional vitalicia.

Señaló que no es de su competen cia la posesión, registro y certificación de las autoridades tradicionales, pues eso le corresponde al Municipio de Hatonuevo y al Ministerio del Inte rior. Además, indicó que no obra pr ueba de que el demandante hubiera remitido petición alguna a dicha autoridad.

autoridades tradicionales, pues eso le corresponde al Municipio de Hatonuevo y al Ministerio del Inte rior. Además, indicó que no obra pr ueba de que el demandante hubiera remitido petición alguna a dicha autoridad.

Por lo anterior, solicitó que se declarara la fal ta de legitimación en la causa por pasiva.

2.3. El Ministerio del Interior pidió que se de clarara la falta de legitimación en la causa por pasiva respecto de esa entidad , por cuanto no le corresponde realizar alguna actuación sobre el trámite administrat ivo de pos esión de las autoridades indígenas, lo cual les corresponde a las alcaldías y gobernaciones, según el caso , de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 89 de 18902.

Asimismo, alegó que no existe vulneración de los dere chos fundamentales de l accionante, y luego de verificar las plataformas de corresponde ncia, se pudo verificar que no se ha recibido solicitud de registro como comunidad indígena por parte del colectivo El E spinal, ni tampoco alguna de inscripción del señor Audomelio Fra gozo como autoridad tradicional en el registro de autoridades indígenas, que lleva la Dir ección de Asuntos Indígenas, Rom y Minerías.

2 «Artículo 3. En todos los luga res en que se encuentre establecida una parcialidad de indígenas habrá un pequeño Cabildo nombrado por éstos conforme á (sic) sus costumbres. El período de duración de dicho Cabildo será de un año, de 1. De Enero a 31 de Diciembre. Para tomar posesión de sus puestos no necesitan los miembros del Cabildo e otra formalidad que la de ser reconocidos

duración de dicho Cabildo será de un año, de 1. De Enero a 31 de Diciembre. Para tomar posesión de sus puestos no necesitan los miembros del Cabildo e otra formalidad que la de ser reconocidos por la parcialidad ante el Cabildo cesante y á presencia del Alcalde del Distrito.

Exceptúense de esta disposición las parcialidades que estén regidas por un solo Cabildo, las que podrán continuar como se hallen establecidas».Radicación número: 11001-03-15-000-2023-03553-01

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Expuso que el 11 de agosto de 2022, se remitió una petic ión a distintas direcciones electrónicas, ninguna de ellas corresponde al ca nal oficial de radicación de correspondencia servicioalciudadano@mininterior.gov.co.

2.4. La Presidencia de la Repúbli ca informó que atendió la petición elevada por el accionante, sin embargo, al advertir que no era competencia del DAPRE dio traslado a la autoridad compe tente para resolver la, esto es, el Ministerio del Interior, actuación que se puso en conocimiento del accionante por medio del Oficio OFI22-00151815/GFPU 1305000 del 23 de noviembre de 2022. Pidió que se declarara la falta de legitimación en la c ausa por pasiva, pues el conflicto e s con el Municipio de Hatonuevo , sumado al hecho de que la visita pretendida recae en el Ministerio del Interior y no en la Presidencia de la República.

3. Fallo impugnado

conflicto e s con el Municipio de Hatonuevo , sumado al hecho de que la visita pretendida recae en el Ministerio del Interior y no en la Presidencia de la República.

3. Fallo impugnado

En sentencia del 1 0 de agosto de 2023, la Sección Quin ta del Consejo de Estado amparó el derecho fu ndamental de petición del accionante y le ordenó a la Alcaldía de Hatonuevo y al Ministerio del Interior – Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías , que dieran respuesta a la solicitud del 11 de agosto de 2022 presentada por el demandante.

Para tal efecto, sost uvo que, respecto de la Presidencia de la República se pudo constatar que dio respuesta a la solicitud del accionante en oficio del 23 de noviembre de 2022, en el que le informó que remitió por competencia la petición al Ministerio del Interior.

En cuanto a la Alcaldía de Hatonuevo no encontró acreditado que hubiera dado una respuesta de fondo a la solicitud, por lo que le ordenó que respondiera la misma.

Asimismo, en relación con el M inisterio d el Interior, le ord enó que respondiera la petición del demandante , por cuanto quedó probado que la Presidencia de la República le remitió por competenc ia la solicitud que se presentó, y no se acreditó que hubiera otorgado una respuesta oportuna.Radicación número: 11001-03-15-000-2023-03553-01

Demandante: Audomelio Fragozo Epiayu Demandado: Presidencia de la República y otros Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

Finalmente, en relación con el Departamento de La Guajira, negó el amparo, pues

Demandante: Audomelio Fragozo Epiayu Demandado: Presidencia de la República y otros Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

Finalmente, en relación con el Departamento de La Guajira, negó el amparo, pues no obraba prueba de que se hubiera presentado petición alguna ante esa autoridad.

En cuanto a la visita de veri ficación e in spección de campo , negó el amparo porque a través de la tu tela no resulta procedente conminar al Ministerio de l Interior para que se realice lo pretendido, puesto que es una decisión discrecional de la autoridad competente, que escapa de la órbita del juez constitucional.

4. Impugnación

La parte demandante imp ugnó la sentencia de primera instancia y argumentó que la falta de pos esión como autoridad tradicional de la comunidad indígena e stá generando perjuicios irremediabl es porque no puede gestionar ante ninguna autoridad del Estado ning ún proyec to social ni ay udas de alimentación, agua potable, salud y educación para los niños indígenas Wayúu de la comunidad de El Espinal.

Solicitó qu e se orde nara al Ministerio del Int erior y al alcalde municipal de Hatonuevo que re gistrara el acta 001 so bre su elección y designación como autoridad tradicional vitalicia, teniendo en cuenta que presentó solicitud ante esta última autoridad con el documento de l auto censo interno de la comunidad, así como la reseña histórica de conformación de la comunidad, el mapa de ubicación y lo establecido en la sentencia T -592 de 1992 , que habla sobre el origen y existencia de dicha comunidad.

Pidió que se ordenara al Presidente de la República y al ICBF la implementación e

y lo establecido en la sentencia T -592 de 1992 , que habla sobre el origen y existencia de dicha comunidad.

Pidió que se ordenara al Presidente de la República y al ICBF la implementación e inclusión en los programas sociales de alimentación, agua potable, salud y educación de los más de 50 niños indígenas Wayúu de esa comunidad que no están incluidos en los programas sociales.

Asimismo, requirió que se ordenara al Ministe rio del Interior realizar una verificación de visita de camp o al territorio colectiv o pa ra tener adquirir certeza sobre los hechos narrados y la necesidad de lo pretendido.

Finalmente, en relación con el reglamento interno de las com unidades indígenas , manifestó que « no es obligatorio, la comunidad es autónoma, de no aprobar oRadicación número: 11001-03-15-000-2023-03553-01

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tener reglamento interno, porque muchos de estos afectan sus usos y co stumbres, crean conflictos internos entre las diferentes castas de una c omunidad».

5. Cumplimiento del fallo de tutela

El Ministerio del Interior allegó memorial el 17 de agosto de la presente anualidad en el que acreditó el cumplimiento del fal lo de tutela.

En la respuesta brindada al accionante se le informó que para programa r la respectiva visita se requería, co mo mínimo, que se remitiera el autocenso, el mapa de localización y la reseña h istórica de conformación del colectivo solicitante y que, una vez allegados los documentos, se realizaría una verificación técnica de la

respectiva visita se requería, co mo mínimo, que se remitiera el autocenso, el mapa de localización y la reseña h istórica de conformación del colectivo solicitante y que, una vez allegados los documentos, se realizaría una verificación técnica de la información, para luego programar la visita de campo con el f in de realizar una última verificación y terminar con el ejercicio de recopilación de información para la elaboración del concepto etnológico , y finalmente definir si procede o no el registro como comunidad indígena del colectivo solicitante.

En el refe rido memorial solicitó que se declarara el cumplimiento de la o rden impartida en el fallo de tutela y se procediera al archivo de la diligencia constitucional.

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si hay lugar a conf irmar, modificar o revocar la sentencia del 10 de agosto de 2023, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, que amparó el derecho fundamental de petición del demandante. Para tal efecto, se deber á establecer si las autoridades demandadas vulne raron o no los derechos fundamentales del señor Audomelio F ragozo Epiayu al no contestar las peticiones presentadas el 11 de agosto de 2022.

2. Análisis de la Sala

2.1. El derecho fundamental de petición

Este derecho fundamental, consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, tal co mo lo ha concebi do la doctrina, es « un derecho que -antes queRadicación número: 11001-03-15-000-2023-03553-01

Demandante: Audomelio Fragozo Epiayu Demandado: Presidencia de la República y otros

Demandante: Audomelio Fragozo Epiayu Demandado: Presidencia de la República y otros Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

otra fu nciónfacilita la expresión de las personas en su relación con un determinado poder constituido »3 y, particularmente, en su relación con el Estado de Derecho. Es, por tanto, « una de esas formas de vincu lación entre el poder público y los particulares, par a que estos ejerzan control y fiscalización sobre el Estado»4.

Este derecho tiene un núcleo es encial complejo que se integ ra por (i) la facultad que tiene una persona de presentar petici ones respetuosas, en interés general o particular, ante las autoridad es y también ante organizaciones privadas, previa reglamentación del legislador, y (ii) los deb eres correlativos del sujeto pasivo de recibir la petición, evitar tomar represalias por su ejercicio, otorgar una respuesta material en el plazo dispuesto legal mente y notificarla en debida forma. La Corte Constitucional también ha señalado que la respues ta emitida debe ser clara, oportuna y congruente con lo solicitado.

En tanto derecho funda mental, la vulne ración de su núcleo esencial es objeto de protección por la acción de tutela. De este, sin embargo, no hace parte el sentido de la respuesta, pues es de competencia exclusiva del sujeto pasivo del derecho de petición. Es claro, entonces, qu e el hecho de ob tener una respuesta negativa, o cuando se le indica a l peticionario el procedimient o administrativo que se debe seguir o la relación de documentos que se deben aportar para efe ctos de estudiar la procedencia de la soli citud son circunstancias que, en ningú n ca so, implican la vulneración del derecho

administrativo que se debe seguir o la relación de documentos que se deben aportar para efe ctos de estudiar la procedencia de la soli citud son circunstancias que, en ningú n ca so, implican la vulneración del derecho fundamental de petición.

Así las cosas, una respuesta es suficiente cuando resuelve materialmente la petición y satisface los requerimientos del solicitante, sin p erjuicio d e que la respuesta sea negativa a las pretensiones del peticionario, pues se considera efectiva si la respuesta soluciona el caso que se plantea y es congruente si existe coherencia entre lo respondido y lo pedido, de tal manera que la solución verse justamente sobre lo pedido5.

Al respecto, la C orte Constitucional ha señalado que la respuesta de la autoridad debe ser:

3 MARÍN CORTÉS, Fabián G. Naturaleza jurídica del derecho de pe tición. En: Derecho público. Biblioteca Jurídica Diké – Universidad Pontificia Bolivariana, 2012. p. 115. 4 Ibid.., p. 174. 5 Sentencia T-587 de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.Radicación número: 11001-03-15-000-2023-03553-01

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«(i) clara, esto es, inteligible y contentiva de argumentos de fácil comprensión; (ii) precisa, de manera que atienda directame nte lo pedido sin reparar en información impertinente y sin incurrir en fórmulas evasivas o elusivas ; (iii) congruente, de suerte que abarque la materia objeto de la petición y sea

(ii) precisa, de manera que atienda directame nte lo pedido sin reparar en información impertinente y sin incurrir en fórmulas evasivas o elusivas ; (iii) congruente, de suerte que abarque la materia objeto de la petición y sea conforme con lo solicitado; y además (iv) consecuente con el trámite que s e ha surt ido, de manera que, si la respuesta se produce con motivo de un derecho de petición formulada dentro de un procedimiento del que conoce la autoridad de la cual el interesado requiere la información, no basta con ofrecer una respuesta como si se tr atara de una petición aislada o ex novo, sino que, si resulta relevante, debe darse cuenta del trámite que se ha surtido y de las razones por las cuales la petición resulta o no procedente»6.

Así mismo, en el evento en que la autoridad a quien se dirigió la petición no sea competente p ara emitir un pr onunciamiento sobre el fondo de lo requerido, también se preserva la obligación de contestar, consistente en informar al interesado sobre la falta de capacidad legal para dar respuesta y, a su vez, remitir a la entidad encargada de pronunci arse sobre el asunto formulado por el peticionario7.

2.2. Caso concreto y solución del problema jurídico

En el caso bajo estudio, el señor Audomelio Frag ozo Epiayu considera que la Presidencia de la República, el Minister io del Interior, el Municipio de Hatonuevo y el Departamento de La Guajira vulneraron los derechos fu ndamentales de la Comunidad Indígena Wayúu El Espin al al debido proceso, a la igualdad, a la autonomía, al autogobierno, a la autodeterminación, «al precede nte

el Departamento de La Guajira vulneraron los derechos fu ndamentales de la Comunidad Indígena Wayúu El Espin al al debido proceso, a la igualdad, a la autonomía, al autogobierno, a la autodeterminación, «al precede nte constitucional» y d e petición, por no haber contestado las solicitudes del 11 de agosto de 2022 , en las que pidió que se posesionara y registrara al señor Audomelio Fragozo Epiayu como autoridad tradicional de esa comunidad.

La Sala anticipa que conf irmará el fallo impugnado p or las razones que s e pasan a explicar:

En primer l ugar, en relación con la vulneración del derecho fundamental de petición por parte de la Presidencia de la República y del Departamento de La Guajira, s e observa que, en efecto , tal como fue considerado por el a quo , no existió vulneración alguna por parte de estas autoridades.

En el expediente quedó acreditado que la Presidencia de la República , el 23 de noviembre de 2022, remitió la solicitud del demandante al Ministerio del Interior, en

6 Sentencia T610 de 2008, M.P Rodrigo Escobar Gil. 7 Sentencia T-230 de 2020, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.Radicación número: 11001-03-15-000-2023-03553-01

Demandante: Audomelio Fragozo Epiayu Demandado: Presidencia de la República y otros Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 14 37 de 2011, por cuanto no tenía competencia para emitir pronunciamiento alguno sobre lo solicitado por el

Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 14 37 de 2011, por cuanto no tenía competencia para emitir pronunciamiento alguno sobre lo solicitado por el señor Audomelio Fra gozo Epiayu. Asimismo, se pu do corroborar que en esa misma fecha la autoridad demandada le informó de la remisión al accionante.

De otra parte, en lo que tiene que ver con la vulneración endilgada a l Departamento de La Guajira, la Sala advierte que del material probatorio que obra en el expediente no s e observa que el accionante hubiera remitido petición alg una a esa autoridad departamental, por lo que, en esas condiciones, también se negará el amparo solicitado ante la falta de prueba de la violación del derecho de petición supuestamente cometida por dicho ente territorial.

Ahora bien, en cuanto a la vulneración por parte del Municipio de Hatonuevo , dada la falta de respuesta a la petición d el 11 de agosto de 20 22, presentada por el accionante, la Sala confirmará el amparo decretad o, pues, tal como lo sostuvo el a quo, se pudo corrobora r que el señor Audome lio Fragozo Epiayu le pidió a dicha autoridad adminis trativa que lo posesionara y lo registrara como autoridad tradicional de la Comunidad Étnica Indígena Wayúu El Espinal, la cual fue remitida al correo contactenos@hatonuevo-laguajira.gov.co y, como e n el expediente no obra documento alguno que acredite que el Municipio de Ha tonuevo hubiera otorgado una respuesta oportuna, clara, de fondo y congruente con la petición del

al correo contactenos@hatonuevo-laguajira.gov.co y, como e n el expediente no obra documento alguno que acredite que el Municipio de Ha tonuevo hubiera otorgado una respuesta oportuna, clara, de fondo y congruente con la petición del señor F ragozo Epiayu , resu lta forzoso concluir que dicha autoridad está vulnerando el derecho fundamental de petición del demandante.

Por último, respecto de la petición radicada ante el Min isterio del Interior , se observa que el 11 de agosto de 2022 s e remitió correo electró nico con los siguientes destinatarios: ministerio@ministerio.gov.co, notificaciones.ministerio@ministerio.gov.co , mesadeentrada@mininterior.gov.co

Y aunque el ministerio accionado manifestó que la petición no fue remitida al canal oficial de radicación de correspondencia , lo cierto es que en el ex pediente quedó acreditado que la Presidencia de la República, mediante Oficio OFI2200151818/GFPU 13050000 del 23 de noviemb re de 2022, le dio traslado de dicha solicitud al correo electrónico servicioalciudadano@mininterior.gov.co, sin que se advierta que hubiera impartido trámite alguno , por lo que , en esas condiciones, el amparo decretado en primera instancia será confirmado por la Sala. Ahora bien, en cumplimiento del fallo de tutela de primera instancia, el Ministe rio del Interior aportó copia de la respuesta brindada a la solicitud del 11 de agosto deRadicación número: 11001-03-15-000-2023-03553-01

Demandante: Audomelio Fragozo Epiayu Demandado: Presidencia de la República y otros Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

Demandante: Audomelio Fragozo Epiayu Demandado: Presidencia de la República y otros Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

2022. Por tanto, l a Sala considera necesario referi rse brevemente al conten ido de la re spuesta, con el fin de resolver el argumento de la imp ugnación del demandante consistente en que se le ordene a dicha autoridad la re alización de una visita a su territorio. El Ministerio del Interior le informó al a ccionante lo

siguiente:

En primer lugar, y antes de programar visitas de campo con los colectivos solicitantes, la Dirección de Asuntos Indíg enas, Rom y Minorías agota una etapa de apertura enfocada en recopilar y verificar la mayor información posible s obre el colectivo que se reivindica como indígena , y que funcionará como sustento para el ejercicio en campo liderado por el profesional designado por la mencionada Dirección. Así, en esta etapa se solicita a los colectivos que se reivindicar como parte el pueblo Wayúu remitir, como mínimo, la información que se relaciona a continuación:

1. Auto -censo: es necesario anexar el auto -censo poblacional del colectivo solicitante en el formato establecido por las Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías de l Ministerio del Interior, dando cuenta de su composición demográfica.

2. Mapa de localización: es necesario allegar el mapa de ubicación de las familias que hacen parte del colectivo solicitante d onde especifique los corregimientos, las inspecciones, las veredas y/o sectores, etc., en donde se encuentran asentados. De igual forma, y considerando la reivindicación como

familias que hacen parte del colectivo solicitante d onde especifique los corregimientos, las inspecciones, las veredas y/o sectores, etc., en donde se encuentran asentados. De igual forma, y considerando la reivindicación como parte del pueblo Wayúu, e n es te ejercicio deberán incluirse todos aquellos sitios importantes para la vida comunitaria, y de las vías de comunicación.

3. Reseña histórica de conformación del colectivo solicitante: es necesario remitir una reseña histórica donde se describa detalladamente el surgimiento, los acontecimientos más importantes, las personas que han sido o fueron las promotoras del proceso interno, y los actores solidarios que orientaron el proceso organizativo del colectivo solicita