CE - 110010315000202303556001SENTENCIA20230905111734

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., cuatro (4) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001-03-15-000-2023-03556-00

Demandante: ELSA ROSMARY PÁEZ ORTEGA

Demandado: DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE

CÚCUTA Y OTRO

Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala1 decide la acción de tutela presentada por la señora Elsa Rosmary Páez Ortega contra la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cúcuta.

I. A N T E C E D E N T E S

1. Demanda

1.1. Pretensiones

La señora Elsa Rosmary Páez Ortega 2 interpuso acción de tutela contra la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cúcuta, porque consideró vulnerados sus derechos fundamentales a la igualdad, a la salud, a la vida digna, a la familia y al trabajo. Formuló las siguientes pretensiones:

PRIMERA: Se tutelen mis derechos constitucionales a la IGUALDAD, SALUD,

VIDA DIGNA, FAMILIA Y TRABAJO EN CONDICIONES DIGNAS.

SEGUNDO: En consecuencia, ordenar a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Norte de Santander y Arauca, que de acuerdo con sus competencias, en el término que usted, señor juez, estime conveniente considerando lo expuesto, entre ellos las fechas en las que deseo disfrutar del

Administración Judicial de Norte de Santander y Arauca, que de acuerdo con sus competencias, en el término que usted, señor juez, estime conveniente considerando lo expuesto, entre ellos las fechas en las que deseo disfrutar del período de vacaciones, adelanten las gestiones administrativas y presupuestales que correspondan, para que se proceda a emitir el respectivo certificado de disponibilidad presupuestal y en su defecto sea posible nombrar

1 Se advierte que, el 29 de agosto de 2023, el proceso ingresó al despacho de la magistrada ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente. 2 Obra como coadyuvante de la solicitud de amparo el señor Ariel Mauricio Peña Blanco, en su condición de juez segundo promiscuo de familia de Pamplona.Radicación: 11001-03-15-000-2023-03556-00

Actor: Elsa Rosmary Páez Ortega Demandado: Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cúcuta y otro Sentencia de tutela de primera instancia

2 un reemplazo en el cargo de Oficial Mayor nominado del Juzgado de Circuito del Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Pamplona.

1.2. Hechos y argumentos de la tutela

La accionante manifestó que ejerce el cargo de oficial mayor en el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Pamplona, en el cual está sujeta al régimen de vacaciones individual.

El 6 de junio de 2023, el coordinador de Talento Humano de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cúcuta certificó que cuenta con los siguientes periodos de vacaciones pendientes por disfrutar: (i) desde el 20 de diciembre de

El 6 de junio de 2023, el coordinador de Talento Humano de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cúcuta certificó que cuenta con los siguientes periodos de vacaciones pendientes por disfrutar: (i) desde el 20 de diciembre de 2020, hasta el 19 de diciembre de 2021, y (ii) desde el 20 de diciembre de 2021, hasta el 19 de diciembre de 2022.

El 7 de junio sigu iente, le solicitó al juez titular del despacho que le concediera las vacaciones por el primero de los periodos, con el fin de disfrutarlas a partir del 8 de agosto de 2023.

Expuso que, previo al estudio de fondo de la solicitud, el juez segundo promiscu o de familia de Pamplona solicitó al director Ejecutivo Seccional de Administración Judicial expedir el certificado de disponibilidad presupuestal para nombrar el respectivo reemplazo, por razones de necesidad del servicio, p ues el Juzgado cuenta con un em pleado menos que los otros juzgados de la misma categoría, sumado al hecho que cada uno de los funcionarios tienen sus funciones asignadas y que los mismos manifestaron no asumir las funciones desempeñadas por ella, lo que atrasaría el normal funcionamiento del despacho,

Mediante Oficio DESAJCUO23-1298 del 29 de junio de 2023 la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cúcuta le informó que no resultaba procedente expedir el CDP por cuanto las directrices del Consejo Superior de la Judicatura indicaban que solo era posible para el reemplazo de funcionarios judiciales, y la señora Páez Ortega no ostentaba tal calidad.

Sostuvo que no le fueron concedidas las vacaciones por la negativa de la autoridad

Judicatura indicaban que solo era posible para el reemplazo de funcionarios judiciales, y la señora Páez Ortega no ostentaba tal calidad.

Sostuvo que no le fueron concedidas las vacaciones por la negativa de la autoridad demandada de expedir el CDP y porque la carga laboral no podría ser asumida porRadicación: 11001-03-15-000-2023-03556-00

Actor: Elsa Rosmary Páez Ortega Demandado: Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cúcuta y otro Sentencia de tutela de primera instancia

3 otro empleado del Despacho. Expuso que la tutela es el único mecanismo protector de sus derechos constitucionales.

Precisó que mantenía su solicitud inicial de fechas para disfrutar de sus vacaciones, sin desconocer las necesidades de la «unidad judicial, así como que a mi regreso muy seguramente encontraré actividades pendientes que no se alcanzaron a realizar en mi ausencia, y que no permitirán un disfrute pleno del periodo de vacaciones, por la posible afectación de la carga laboral ».

Por último, adujo que en casos de similares circunstancias fácticas se ha otorgado el amparo y ordenado la expedición del respectivo certificado de disponibilidad presupuestal. Por último, indicó que la tutela se presentaba con el fin de evitar un perjuicio irremediable, pues no cuenta con otro medio de defensa judicial para proteger su derecho.

2. Trámite impartido e intervenciones

Mediante auto del 7 de julio de 2023, se admitió la acción de tutela y se ordenó notificar al presidente del Consejo Superior de la Judicatura, al director y a la coordinadora financiera de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración

Mediante auto del 7 de julio de 2023, se admitió la acción de tutela y se ordenó notificar al presidente del Consejo Superior de la Judicatura, al director y a la coordinadora financiera de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cúcuta, como parte demandada. Asimismo, se dispuso la vinculación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

2.1. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cúcuta se opuso a las pretensiones de la demanda. Al respecto, expuso que no resulta posible crear un cargo para un despacho judicial, pues el numeral 9 del artículo 85 de la Ley 270 de 1996 atribuyó esa competencia a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

En cuanto al goce y disfrute de las vacaciones, manifestó que no se oponía porque estas deb ían ser autorizadas por el respectivo nominador, de ahí que no le correspondía atender esa situación.

Expuso que, de acceder a lo pretendido, se desconocería lo previsto en el artículo 71 del Decreto 111 de 1996 y el artículo 2.8.3.2.1. del Decreto 1068 de 2015, pues el nombramiento de reemplazo sin la respectiva autorización presupuestalRadicación: 11001-03-15-000-2023-03556-00

Actor: Elsa Rosmary Páez Ortega Demandado: Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cúcuta y otro Sentencia de tutela de primera instancia

4 «implicaría actuaciones de tipo disciplinario como las consagradas en la Ley 724 de 2002».

Administración Judicial de Cúcuta y otro Sentencia de tutela de primera instancia

4 «implicaría actuaciones de tipo disciplinario como las consagradas en la Ley 724 de 2002».

Señaló que , si bien la demanda de tutela solo se dirigió contra la Dirección Seccional, lo cierto es que debía dirigirse contra el Consejo Superior de la Judicatura, pues e n el evento de ampararse los derechos d e la actora, las facultades legales para expedir el CDP depende de los lineamientos que imparta esta última autoridad y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

2.2. La Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura solicitó que se declarara la falta de legitimación en la causa por pasiva por cuanto las acciones u omisiones alegadas en la tutela recaen exclusivamente sobre la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cúcuta, entidad que actúa como ordenador del gasto de conformidad con los numerales 2 y 6 del artículo 103 de la Ley 270 de 1996 y que tiene a cargo expedir el CDP para designar los reemplazos de los funcionarios y empleados judiciales que pretenden el disfrute de sus vacaciones.

2.3. Mediante auto del 11 de agosto de 2023, la magistrada ponente remitió el expediente al despacho del consejero José Roberto Sáchica Méndez, por cuanto el proyecto de sentencia fue derrotado por la Sala en sesión celebrada el 9 de agosto de 2023. En providen cia del 23 de agosto siguiente, el magistrado sustanciador ordenó la devolución del expediente al Despacho de la magistrada María Adriana Marín « ante la existencia de un nuevo precedente que unifica la

agosto de 2023. En providen cia del 23 de agosto siguiente, el magistrado sustanciador ordenó la devolución del expediente al Despacho de la magistrada María Adriana Marín « ante la existencia de un nuevo precedente que unifica la jurisprudencia constitucional en este punto, y que por ende debe ser atendido por los jueces de tutela, se estima innecesaria la elaboración de una nueva ponencia en tanto la primera se ajusta a lo indicado por la Corte Constitucional ».

II. C O N S I D E R A C I O N E S

1. Problema jurídico

En primer lugar, la Sala deberá establecer si el señor Ariel Mauricio Peña Blanco, en su calidad de juez segundo promiscuo de familia de Pamplona , se encuentra legitimado para solicitar la protección de sus derechos fundamentales.

Asimismo, corresponde a la Sala determinar si la tutela cumple con los requisitos generales de procedencia, en especial, el de subsidiariedad. De cumplirse, seRadicación: 11001-03-15-000-2023-03556-00

Actor: Elsa Rosmary Páez Ortega Demandado: Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cúcuta y otro Sentencia de tutela de primera instancia

5 abordará el estudio de fondo, con el fin de establecer si las autoridades demandadas vulneraron los derechos fundamentales cuya protección reclama la señora Elsa Rosmary Páez Ortega , por la negativa a concederle las vacaciones solicitadas y a expedir el CDP para designarle un reemplazo mientras disfruta de ellas .

2. De la legitimación para ejercer la acción de tutela

El inciso primero del artículo 86 de la Constitución Política establece que toda

expedir el CDP para designarle un reemplazo mientras disfruta de ellas .

2. De la legitimación para ejercer la acción de tutela

El inciso primero del artículo 86 de la Constitución Política establece que toda persona podrá ejercer la acción de tutela en nombre propio o mediante apoderado para obtener la protección inmediata de sus derechos fundamentales.

Empero, dicha regla supone que el actor de tutela debe estar legitimado en la causa por activa, en la medida en que s ólo podrá ejercer esta acción constitucional quien reclame la protección de sus propios derechos fundamentales, sin perjuicio de lo que se establece respecto de la agencia oficiosa de derechos, como lo dispone el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991.

De esta manera, la Corte Constitucional indicó que, so pretexto de ejercer la acción de tutela, no puede asumirse de forma indeterminada o ili mitada la representación de otra persona, ni la informalidad propia de este mecanismo de protección constitucional supone que no existan requisitos mínimos de procedibilidad como la legitimación en la causa por activa 3.

Además, q uien actúa como agente of icioso tiene la carga de manifestar expresamente que actúa en tal calidad, expresar los hechos que permitan inferir que el agenciado está imposibilitado para acudir ante el Juez de Tutela y obtener la ratificación oportuna de las pretensiones por parte del interesado4.

En este punto, conviene señalar que, el señor Ariel Mauricio Peña Blanco, en su condición de juez segundo promiscuo de familia de Pamplona, suscribió el escrito de tutela y manifestó que actuaba en calidad de coadyuvante de la parte

En este punto, conviene señalar que, el señor Ariel Mauricio Peña Blanco, en su condición de juez segundo promiscuo de familia de Pamplona, suscribió el escrito de tutela y manifestó que actuaba en calidad de coadyuvante de la parte demandante, motivo por el cual en el auto admisorio de la demanda se le vinculó al presente proceso en calidad de demandante .

3 Al respecto, ver la sentencia T-417 de 2013, reiterada en la sentencia T-020 de 2016. 4 Ibidem.Radicación: 11001-03-15-000-2023-03556-00

Actor: Elsa Rosmary Páez Ortega Demandado: Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cúcuta y otro Sentencia de tutela de primera instancia

6 A pesar de lo anterior, verificadas las circunstancias fácticas y jurídicas que rodean la controversia, la Sala considera que el señor Peña Blanco no se encuentra legitimado para integrar el extremo activo de la acción de tutela de la referencia , toda vez que no está reclamando la protección de sus propios derechos fundamentales.

En efecto, los hechos narrados en la solicitud de amparo son contundentes en señalar que la titular de los derechos fundamentales afectados con la negativa a conceder las vacaciones y expedir el CDP para designar un reemplazo es exclusivamente la señora Elsa Rosmary Páez Ortega.

De hecho, aunque el señor Peña Blanco se hubiera presentado como coadyuvante, lo cierto es que al constatar que la titular de las prerrogativas iusfundamentales invocadas como vulneradas es quien ejerce directamente la acción de tutela, la Sala

De hecho, aunque el señor Peña Blanco se hubiera presentado como coadyuvante, lo cierto es que al constatar que la titular de las prerrogativas iusfundamentales invocadas como vulneradas es quien ejerce directamente la acción de tutela, la Sala descarta la presencia de alguna modalidad de agenciamiento de derechos, que faculte al juez segundo promiscuo de familia de Pamplona para representar a la señora Páez Ortega en este juicio constitucional . Por el contrario, como se verá, lejos de asemejarse a la de coadyuvante, la posición de dicho funcionario judicial en esta contienda es más bien la de demandado, teniendo en cuenta que , de conformidad con el artículo 1465 de la Ley 270 de 1996, es la autoridad competente para conceder las vacaciones solicitadas por la actora.

En conclusión, la Sala declarará la falta de legitimación en la causa por activa del señor Ariel Mauricio Peña Blanco.

3. Análisis de la Sala

El artículo 86 de la Constitución Política establece que la pretensión de amparo constitucional procede ante la ausencia de otro mecanismo de defensa judicial para

5 ARTÍCULO 146. VACACIONES. Las vacaciones de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial serán colectivas, salvo las d e los de la Sala Administrativa de los Consejos Superiores y Seccionales de la Judicatura, las de los Tribunal Nacional, las de los Juzgados Regionales mientras existan, de Menores, Promiscuos de Familia, Penales Municipales y de Ejecución de Penas; y las de los de la Fiscalía y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Las vacaciones individuales serán concedidas de acuerdo con las necesidades del servicio

existan, de Menores, Promiscuos de Familia, Penales Municipales y de Ejecución de Penas; y las de los de la Fiscalía y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Las vacaciones individuales serán concedidas de acuerdo con las necesidades del servicio por la Sala Administrativa del Consejo Superior y Seccionales de la Judicatura po r la Sala de Gobierno del respectivo Tribunal a los Jueces y por el respectivo nominador en los demás casos, por un término de veintidós días continuos por cada año de servicio. (Énfasis de la Sala).Radicación: 11001-03-15-000-2023-03556-00

Actor: Elsa Rosmary Páez Ortega Demandado: Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cúcuta y otro Sentencia de tutela de primera instancia

7 la protección de los derechos fundamentales, a menos que se utilice como mecanismo transitor io para evitar un perjuicio irremediable. Esta condición se encuentra reiterada en el numeral 1 del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 y en la jurisprudencia constitucional 6, los cuales, en general, insisten en la improcedencia de la tutela para propiciar debates respecto de los cuales existen otros recursos o instrumentos judiciales y, en particular, para discutir la legalidad de decisiones contenidas en actos administrativos, salvo que se acredite la falta de eficacia de esos mecanismos.

Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado debe, por lo menos, probar que agotó los recursos que tenía a su disposición, pues, de lo contrario, la tutela deviene improcedente , salvo que , valga reiterar, se esté en

menos, probar que agotó los recursos que tenía a su disposición, pues, de lo contrario, la tutela deviene improcedente , salvo que , valga reiterar, se esté en presencia de un perjuicio irremediable7, es decir, que se trate de un riesgo cierto y real de daños provenientes de la amenaza o violación de derechos fundamentales, riesgo que de llegar a producirse no tendría ninguna forma de reparación auténtica, esto es, diferente a la mera ind emnización del perjuicio.

En esos casos, es necesaria la intervención urgente e inmediata del juez de tutela, pero siempre que ese menoscabo se note sin justificación, es decir, que provenga de acciones manifiestamente contrarias a la ley, al punto de se r atentados a los derechos fundamentales.

4. Caso concreto y solución del problema jurídico

La accionante argumentó que la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cúcuta vulneró sus derechos fundamentales, por cuanto se le negó el goce o disfrute material de sus vacaciones aduciendo razones de disponibilidad presupuestal y necesidad del servicio, lo que le impide disfrutar de su derecho al descanso. Que, de hecho, la aludida dirección no ha tramitado el correspondiente CDP, a fin de apropiar los recursos necesarios para nombrar a la persona que la va a reemplazar.

6 Al respecto, existen numerosos pronunciamientos de la Corte Constitucional, entre los que se destacan las sentencias T-222 de 2017, T -317 de 2017, T-372 de 2017, T-048 de 2018, T -464 de 2019 y T-451 de 2022.

destacan las sentencias T-222 de 2017, T -317 de 2017, T-372 de 2017, T-048 de 2018, T -464 de 2019 y T-451 de 2022. 7 Corte Constitucional, sentencia T-695 de 2014, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Citando a: Corte Constitucional, sentencias T-225 de 1993, SU-086 de 1999, entre otras.Radicación: 11001-03-15-000-2023-03556-00

Actor: Elsa Rosmary Páez Ortega Demandado: Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cúcuta y otro Sentencia de tutela de primera instancia

8 En anteriores oportunidades 8, la tesis mayoritaria9 de esta Subsección consistía en que en este tipo de casos la parte demandante debía agotar los mecanismos ordinarios de defensa para obtener la protección de sus garantías fundamentales, esto es, el medio de control de nulidad y restablecimiento del derec ho, así como la solicitud de medidas cautelares, que le permitirían debatir la legalidad de los actos administrativos que le negaron sus vacaciones y la expedición de un certificado de disponibilidad presupuestal para designar su reemplazo.

No obstante, a partir de este pronunciamiento, la Sala modifica su posición en atención a lo resuelto recientemente por la Corte Constitucional en la sentencia SU296 de 202310, bajo el entendido de que en asuntos como el que aquí se examina, la solicitud de amparo sí cumple con el requisito de subsidiariedad y, por ende, es procedente analizar el fondo de la controversia . Textualmente, esto dijo la Corte:

(…) En primer lugar, verificó si se cumplían los requisitos de procedencia de la

procedente analizar el fondo de la controversia . Textualmente, esto dijo la Corte:

(…) En primer lugar, verificó si se cumplían los requisitos de procedencia de la acción constitucional en los casos acumulados, en particular en lo relacionado con el requisito de subsidiariedad. En este caso la Sala encontró que las tutelas sub examine (bajo examen) eran procedentes y que, por tanto, era necesario analizar el fondo de dichos asuntos.

Considera la Sala que, a pesar de que la accionante puede instaurar demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos administrativos que le negaron el derecho a disfrutar sus vacaciones, lo cierto es que este no sería un mecanismo eficaz de protecció n de sus derechos, si se considera la duración promedio de un proceso ordinario, lo que claramente podría repercutir sobre su estado de salud, al punto de representar un serio riesgo de enfermedad física y sicológica.

Lo anterior no significa que el derec ho a gozar de las vacaciones esté condicionado a que el trabajador padezca de alguna enfermedad, sino que el riesgo de adquirir patologías psicosociales como consecuencia de la falta de descanso da cuenta de la ineficacia del medio de control de nulidad y

8 Al respecto, ver, entre muchas otras, las sentencias del 8 de mayo de 2023, exp. 2022-06182-01, y del 4 de julio de 2023, exp. 2023-02118-00 y 2023-01218-01. 9 Criterio que no era compartido por la magistrada ponente de esta sentencia, quien, por tanto, salvó el voto en esas ocasiones.

y del 4 de julio de 2023, exp. 2023-02118-00 y 2023-01218-01. 9 Criterio que no era compartido por la magistrada ponente de esta sentencia, quien, por tanto, salvó el voto en esas ocasiones. 10 Comunicado 25 de la Presidencia de la Corte Constitucional, agosto 2 y 3. Disponible en: https://www.corteconstitucional.gov.co/comunicados/Comunicado%2025%20- %20Agosto%202%20y%203%20de%202023.pdfRadicación: 11001-03-15-000-2023-03556-00

Actor: Elsa Rosmary Páez Ortega Demandado: Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cúcuta y otro Sentencia de tutela de primera instancia

9 restablecimiento del derecho para proteger los derechos fundamentales invocados. De hecho, así lo consideró la Corte Constitucional en la sentencia SU-296 de 2023, cuando concluyó que « la actuación de las accionadas no solo impacta en el derecho fundamenta l al descanso de los actores, sino que podría tener incidencia en la garantía de otros derechos como la salud física y mental, así como en la dignidad humana de los funcionarios y empleados judiciales a quienes se les ha impedido acceder a las vacaciones en igualdad de condiciones debido a la imposición de barreras administrativas ».

En efecto, en la misma línea de la Corte Constitucional, es claro que las vacaciones no sólo permiten recuperarse del desgaste propio de las actividades laborales, sino que co nstituyen una verdadera prerrogativa de naturaleza iusfundamental mediante la cual los trabajadores pueden realizarse plenamente en otras facetas de su existencia, de acuerdo con el plan de vida trazado, que

laborales, sino que co nstituyen una verdadera prerrogativa de naturaleza iusfundamental mediante la cual los trabajadores pueden realizarse plenamente en otras facetas de su existencia, de acuerdo con el plan de vida trazado, que es, en últimas, una de las expresiones del princ ipio de dignidad humana 11. De ahí que, como beneficio mínimo irrenunciable, el disfrute de las vacaciones puede garantizarse a través de la acción de tutela, sin que ello desconozca el carácter residual y subsidiario de este mecanismo constitucional.

Con respecto a las vacaciones, se precisa que el artículo 25 de la Constitución Política prevé que el trabajo es un derecho y una obligación social que goza de especial protección por parte del Estado. Tal disposición, a su vez, indica que toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas.

11 En la sentencia T-881 de 2022, M.P. Eduardo Montealegre Lynett, la Corte Constitucional realizó la siguiente síntesis de la configuración jurisprudencial de la naturaleza jurídica de la dignidad humana:

(…)

10. Para la Sala una síntesis de la configurac ión jurisprudencial del referente o del contenido de la expresión “dignidad humana” como entidad normativa, puede presentarse de dos maneras: a partir de su objeto concreto de protección y a partir de su funcionalidad normativa.

Al tener como punto de vista el objeto de protección del enunciado normativo “dignidad humana”, la Sala ha identificado a lo largo de la jurisprudencia de la Corte, tres lineamientos claros y diferenciables: (i) La dignidad humana entendida como autonomía o como posibilidad de diseñar un plan vital y de determinarse según

humana”, la Sala ha identificado a lo largo de la jurisprudencia de la Corte, tres lineamientos claros y diferenciables: (i) La dignidad humana entendida como autonomía o como posibilidad de diseñar un plan vital y de determinarse según sus características (vivir como quiera). (ii) La dignidad humana entendida como ciertas condiciones materiales concretas de existencia (vivir bien). Y (iii) la dignidad humana entendida como intangibilidad de los bienes no patrimoniales, integridad física e integridad moral (vivir sin humillaciones). (Énfasis de la Sala). (…).Radicación: 11001-03-15-000-2023-03556-00

Actor: Elsa Rosmary Páez Ortega Demandado: Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cúcuta y otro Sentencia de tutela de primera instancia

10 Por su parte, en el artículo 53 ibidem se señalan varios principios mínimos fundamentales de forzosa observancia, entre los que se encuentran la igualdad de oportunidades y la irrenunciabilidad a los beneficios mínimos consagrados en normas laborales y se establece como uno de los principios d e los trabajadores el «descanso necesario» para la recuperación de las energías por el desgaste normal originado por la actividad laboral 12.

La Corte Constitucional, en sentencia C-171 de 2020, estableció que las vacaciones tienen especial relevancia en el ejercicio del trabajo y que « no tienen como único propósito que el trabajador se recupere del desgaste que le ocasionan las actividades laborales, sino que tiene por objeto permitirle al individuo espacios en los cuales realice actividades en desarrollo d e sus propias expectativas y las de su

propósito que el trabajador se recupere del desgaste que le ocasionan las actividades laborales, sino que tiene por objeto permitirle al individuo espacios en los cuales realice actividades en desarrollo d e sus propias expectativas y las de su familia», por lo que se reconoce el derecho a las vacaciones que se perfecciona a través del goce del descanso remunerado .

En el mismo sentido, la Sección Cuarta de esta Corporación ha expresado que:

El descanso remunerado, denominado vacaciones, tiene por objeto que el empleado recupere las fuerzas físicas e intelectuales luego de un tiempo dedicado a trabajar y de esa manera preserve su capacidad de trabajo. Las vacaciones, tienen una naturaleza de derecho adqui rido para quien ha cumplido con los requisitos legales establecidos para que se causen. El empleador o nominador, es la persona que está llamada a otorgar las vacaciones al trabajador13.

Ahora bien, el artículo 146 de la Ley 270 de 1996, es claro al dispon er que los servidores judiciales de los Juzgados Promiscuos de Familia que pertenecen al régimen de vacaciones individuales tienen derecho a un descanso remunerado de 22 días continuos por cada año de servicios, los cuales deben ser concedidos por el respectivo nominador.

En el caso concreto, se tiene que el juez segundo promiscuo de familia de Pamplona le negó el derecho a disfrutar de las vacaciones causadas por la señora Elsa Rosmary Páez Ortega en el período comprendido entre el 20 de diciembre de 2020

12 Consejo de estado, Sección Cuarta, sentencia del 20 de enero de 2011, exp. 17001 -23-31-0002010-00345-01(AC), C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez. 13 Consejo de Estado. Sección Cuarta. sentencia de 12 de diciembre de 2018, radicado: 08001-2333-000-2018-00756-01. C.P. Milton Chaves García.Radicación: 11001-03-15-000-2023-03556-00

Actor: Elsa Rosmary Páez Ortega Demandado: Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cúcuta y otro Sentencia de tutela de primera instancia

11 y el 19 de diciembre de 2021 14 , por razones de necesidad del servicio y, adicionalmente, porque la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cúcuta, mediante Oficio DESAJCUO23-1298 del 29 de junio de 2023, se abstuvo de expedir el respectivo certificado de disponibilidad presupuestal , ya que esto sólo se hace en el caso de los funcionarios.

En este punto, la Sala considera pertinente citar las razones que esgrimió la Corte Constitucional en la sentencia SU-396 de 2023, para conceder el amparo solicitado por los allí demandantes:

La Sala tuvo en cuenta que la situación administrativa a la cual se enfrentan los diferentes nominadores como directores de los despachos judiciales es compleja y refleja que su negativa a conceder las vacaciones a los actores no es necesariamente caprichosa e injustificada, como lo sostuvieron las diferentes Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial. Para

compleja y refleja que su negativa a conceder las vacaciones a los actores no es necesariamente caprichosa e injustificada, como lo sostuvieron las diferentes Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial. Para arribar a esta conclusión, tuvo en cuenta que, ante la negativa de las Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial a realizar determinadas actuaciones administrativas y financieras, el nominador se encuentra compelido a elegir entre garantizar el adecuado funcionamiento del despacho a