CE - 110010315000202303560011SENTENCIA20230921160545

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de tutela Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03560-01

Actor: Afranio Cardona Granados

Demandado: Tribunal Administrativo de Santander

Tema: Acción de tutela contra providencia judicial/falta del cumplimiento del requisito general de relevancia constitucional

Derechos Fundamental Invocado s: i) Debido proceso ; ii) acceso a la administración de justicia; iii) igualdad; iv) seguridad social y v) mínimo vital

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por el actor contra la sentencia de tutela de 2 de agosto de 2023 proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por medio del cual negó las pretensiones del amparo.

La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.

I. ANTECEDENTES

La solicitud

1. El actor, obrando en nombre propio, presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Santander , porque, a su juicio , al proferir la sentencia de 2 de diciembre de 2021, en el proceso adelantado en ejercicio del medio de control de2

1. El actor, obrando en nombre propio, presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Santander , porque, a su juicio , al proferir la sentencia de 2 de diciembre de 2021, en el proceso adelantado en ejercicio del medio de control de2

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03560-01

Actor: Afranio Cardona Granados

nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 68001333014-2017-00232-01, vulneró sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la seguridad social y al mínimo vital.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en

síntesis, son los siguientes:

3. El actor afirmó que el 12 de noviembre de 1998 cumplió 55 años de edad dado a que nació el 12 de noviembre de 1843.

4. Manifestó que, prestó sus servicios como empleado público en la Universidad Industrial de Santander desde el 15 de octubre de 1971 hasta el 4 de junio de 1973; y del 15 de agosto de 1974 al 30 de agosto de 2016, ejerciendo labores de docente de tiempo completo.

5. Expresó que, mediante la Resolución núm. 5608 de 2004 le fue reconocida la pensión de vejez, condicionando el ingreso a nómina a la fecha de retiro; decisión que fue apelada y confirmada a través de la Resolución núm. 001128 de 2006.

6. Adujo que , el 16 de septiembre de 2014 presentó solicitud de reliquidac ión, en

que fue apelada y confirmada a través de la Resolución núm. 001128 de 2006.

6. Adujo que , el 16 de septiembre de 2014 presentó solicitud de reliquidac ión, en donde se expidió la Resolución GNR 21446 del 30 de enero de 2015, ordenándose aplicar el régimen previsto en el Decreto 758 de 11 de abril de 19901.

7. Agregó que, contra dicha decisión interpuso el recurso de reposición y apelación las cuales fueron resueltas mediante las resoluciones GNR 255878 del 24 de agosto de 2015 y VBP 72621 del 30 d e noviembre de 2015 , incrementando el porcentaje de liquidación, pero manteniendo el régimen previsto en el Decreto 758 de 1990.

1 “Por el cual se aprueba el Acuerdo número 049 de febrero 1 de 1990 emanado del Consejo Nacional de Seguros Sociales Obligatorios”.3

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03560-01

Actor: Afranio Cardona Granados

8. Manifestó que, mediante la Resolución GNR 240822 del 17 de agosto de 2016 se reliquidó la pensión del actor conforme a la Ley 33 de 29 de enero de 19952, con fecha de estatus del 12 de noviembre de 1998, ordenándose el ingreso a nómina a partir del 01 de septiembre de 2016.

9. Señaló que el día 8 de febrero de 2017 presentó nueva solicitud pensional, para lo cual fue decidida mediante Resolución GNR 55389 del 20 de febrero de 2017 , ordenando la reliquidación de la pensión de vejez del a ctor, aplicando el Decreto

lo cual fue decidida mediante Resolución GNR 55389 del 20 de febrero de 2017 , ordenando la reliquidación de la pensión de vejez del a ctor, aplicando el Decreto 758 de 1998, con fecha de status del 6 de marzo de 2011.

10. Expresó que, contra dicho acto administrativo interpuso el recurso de reposición y en subsidio el de apelación, los cuales se resolvieron de manera desfavorable mediante las Resoluciones SUB 15016 de 21 de marzo de 2017 y DIR 3718 de 21 de abril de 2017.

11. Afirmó que, presentó demanda contra la Ad ministradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones, en ejercicio del medio de control de nulidad y restableciendo del derecho, en donde solicitó que se le declarara la nulidad de las resoluciones indicadas supra; y a título de restablecimiento del derecho, solicitó que se reliquidara la pensión con la aplicación de lo previsto en el Decreto 758 de 1990, por medio del cual se aprobó el Acuerdo núm. 049 de 1990.

12. El Juzgado Catorce Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga profirió senten cia de primera instancia el 24 de junio de 202 1 accediendo parcialmente a las pretensiones de la demanda.

13. El Tribunal Administrativo de Santander profirió sentencia de segunda instancia el 2 de diciembre de 2021, resolviendo lo siguiente:

“[…] PRIMERO: MODIFICAR el numeral SEGUNDO de la sentencia de primera instancia de fecha veinticuatro (24) de junio de dos mil veintiuno (2021), proferida por el Juzgado Catorce Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga, el cual quedará así:

instancia de fecha veinticuatro (24) de junio de dos mil veintiuno (2021), proferida por el Juzgado Catorce Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga, el cual quedará así:

2 “Por la cual se dictan algunas medidas en relación con las Cajas de Previsión y con las prestaciones sociales para el Sector Público.”4

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03560-01

Actor: Afranio Cardona Granados

“SEGUNDO: ORDENASE a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES reliquidar la pensión reconocida al señor AFRANIO CARDONA GRANADOS, incluyendo el promedio de lo devengado en el tiempo que le hacía falta para adquirir el estatus pensional, o el cotizado durante todo el tiempo laborado , según le resulte más favorable conforme lo previsto en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en concordancia con el artículo 21 ibídem; advirtiendo que la reliquidación ordenada solo quedará en firme si resulta ser mayor que el valor de la pensión que ya viene devengando, conforme las pautas dadas en esta providencia.”

SEGUNDO: ADICIONAR el siguiente numeral a la sentencia apelada: “SEPTIMO: ORDENAR el reconocimiento y pago de la mesada adicional o mesada catorce a favor del accionante desde el 01 de septiembre de 2016. Las sumas que resulten de este reconocimiento deberán ser ajustadas a valor presente, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta decisión.”.

TERCERO: CONFIRMAR en sus demás partes la sentencia apelada, por lo expuesto en la parte motiva.

sumas que resulten de este reconocimiento deberán ser ajustadas a valor presente, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta decisión.”.

TERCERO: CONFIRMAR en sus demás partes la sentencia apelada, por lo expuesto en la parte motiva.

CUARTO: NO SE CONDENA en costas de segunda instancia de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva.

QUINTO: Ejecutoriada esta providencia DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de

Origen. […]”.

[…]

14. El Tribunal Administrativo de Santander consideró que:

“[…] Para resolver el primer problema jurídico planteado y una vez revisado el material probatorio incorporado al proceso, lo primero que deber establecer la Sala es la fecha de adquisición del status de pensionado del actor, pues conforme el contenido de los a ctos acusados, se señalan diferentes fechas como pasa a demostrarse:.[…]”.

[…]

“[…] Aplicando el régimen especial que rige la pensión del actor, esto es, el previsto en el Decreto 758 de 1990, se tiene que según el artículo 12 para tener derecho a la pensión de jubilación, el señor Afranio Cardona Granados debía acreditar: a) 60 años o más b) cumplir un mínimo de 500 semanas de cotización pagadas durante los últimos veinte (20) años anteriores al cumplimiento de las edades mínimas, o haber acreditado un número de un mil (1.000) semanas de cotización, sufragadas en cualquier tiempo. En ese orden y al acreditarse que efectuó cotizaciones desde el 23 de septiembre de 1971 de manera ininterrumpida como docente en la Universidad Industrial de Santander y que nació el 12 de noviembre de 1943, resulta evidente

cualquier tiempo. En ese orden y al acreditarse que efectuó cotizaciones desde el 23 de septiembre de 1971 de manera ininterrumpida como docente en la Universidad Industrial de Santander y que nació el 12 de noviembre de 1943, resulta evidente que adquirió el estatus pensional el 12 de noviembre de 2003 y no en las distintas fechas señaladas por Colpensiones en los actos demandados, 5, 6 y 10 de marzo de 2011.

Además, se advierte que las resoluciones referidas desconocen el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Le y 100 de 1993 en concordancia con el artículo 21, del que es beneficiario el actor, conforme las subreglas jurisprudenciales fijadas por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en la sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018, respecto del cál culo del IBL y de los factores5

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03560-01

Actor: Afranio Cardona Granados

salariales que se deben tener en cuenta para liquidarla, porque cuando entró en vigor esta norma a nivel territorial - 30 de junio de 1995 (La UIS es entidad del orden territorial), al actor le faltaban menos de diez años par a adquirir el status de pensionado, pues como se vio, lo adquirió el 12 de noviembre de 2003 al cumplir los 60 años de edad.

En este sentido, para el cálculo de la pensión del accionante, debió tenerse en cuenta el promedio de lo devengado en el tiempo qu e le hacía falta para adquirir el estatus pensional, o el cotizado durante todo el tiempo laborado,

En este sentido, para el cálculo de la pensión del accionante, debió tenerse en cuenta el promedio de lo devengado en el tiempo qu e le hacía falta para adquirir el estatus pensional, o el cotizado durante todo el tiempo laborado, según le resultara más favorable, pero como se vio en los actos atacados, Colpensiones tomó el promedio de los salarios cotizados durante los 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión. Así las cosas, se concluye que, si bien el accionante no tien e derecho a que su pensión se reliquide con todos los factores salariales devengados en el último año de servicios conforme al Decreto 758 de 1990 como lo reclama en la demanda y la impugnación de la sentencia, si tiene derecho a que se le reliquide con el promedio de la totalidad de factores devengados y cotizados (enlistados en el Decreto 1158 de 1994) en el tiempo que le hacía falta para adquirir el status de pensionado que ocurrió el 12 de noviembre de 2003 o, con el promedio de lo cotizado en toda su vida laboral, si esto último le resulta más favorable, conforme lo dispone el artículo 21 de la Ley 100 de 1993.

Por lo anterior, se modificará la sentencia de primera instancia que declaró la nulidad parcial de la Resolución No. DIR 3718 del 21 de abril de 2017, en el sentido de ordenar la reliquidación de la pensión, porque siendo el actor beneficiario del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, la liquidación debe ceñirse al periodo de liquidación y a los factores sobre los cuales r ealizó aportes siempre que estuvieran enlistados en el Decreto 1158 de 1994, según lo previsto

ceñirse al periodo de liquidación y a los factores sobre los cuales r ealizó aportes siempre que estuvieran enlistados en el Decreto 1158 de 1994, según lo previsto en el inciso 3° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 en concordancia con el artículo 21 ibídem, así como en las subreglas de la sentencia de unificación, es decir con el promedio de lo devengado en el tiempo que le hacía falta para adquirir el estatus pensional, o el cotizado durante todo el tiempo laborado , según le resulte más favorable. Se advierte que la reliquidación ordenada solo quedará en firme si resulta ser mayor que el valor de la pensión que ya viene devengando, conforme las pautas dadas en esta providencia. […]”.

[…]

“[…] En este sentido, respecto a la causación y disfrute de la pensión por vejez se advierte que el artículo 13 del Decreto 758 de 1990 establece que: “Artículo 13. La pensión de vejez se reconocerá a solicitud de parte interesada reunidos los requisitos mínimos establecidos en el artículo anterior, pero será necesaria su desafiliación al régimen para que se pueda entrar a disfrutar de la misma. Para su liquidación se tendrá en cuenta hasta la última semana efectivamente cotizada por este riesgo”

Teniendo en cuenta lo anterior, y de acuerdo con lo probado en el proceso, se tiene que el señor AFRANIO CARDONA GRANADOS causó su derecho pensional desde el 12 de noviembre de 2003, cuando cumplió el requisito de edad (60 años), pues ya contaba con el tiempo de servicios, conforme la norma que le fue aplicada para su reconocimiento –Decreto 758 de 1990, debido a que se vinculó a la Universidad Industrial de Santander desde 1971.6

ya contaba con el tiempo de servicios, conforme la norma que le fue aplicada para su reconocimiento –Decreto 758 de 1990, debido a que se vinculó a la Universidad Industrial de Santander desde 1971.6

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03560-01

Actor: Afranio Cardona Granados

Por tanto y aunque el demandante obtuvo el reconocimiento pensional con efec tos a partir del 01 de septiembre de 2016, fecha en la que se verificó el retiro efectivo del servicio, lo cierto es que su derecho pensional se consolidó el 12 de noviembre de 2003, cuando acreditó todos los requisitos para pensionarse conforme a los presupuestos de la Ley 758 de 1990.

En consecuencia, se adicionará un numeral a la sentencia de primera instancia para reconocerla a partir del 01 de septiembre de 2016, fecha en la que se hizo efectiva la pensión, toda vez que, el demandante consolidó su derecho con anterioridad a la publicación del Acto Legislativo 01 de 2005. […]”.

[…]

“[…] Finalmente, advierte la Sala que no opera el fenomeno de prescripción en el asunto de la referencia, pues entre la fecha en la que se hizo exigible la mesada catorce, esto es desde la efectividad la pension - 01 de septiembre de 2016 y la interposición de la demanda - 09 de junio de 2017, no transcurrieron más de 3 años. […]”.

[…]

“[…] Con relación a los intereses moratorios solicitados por el demandante, se precisa que la Ley 100 de 1993, en su artículo 141, establece que “(…) en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales de que trata esta Ley, la entidad

“[…] Con relación a los intereses moratorios solicitados por el demandante, se precisa que la Ley 100 de 1993, en su artículo 141, establece que “(…) en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales de que trata esta Ley, la entidad correspondiente reconocerá y pagará al pensionado, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento en que se efectué el pago”, es decir que, su pago procede cuando existe demora en la cancelación de la mesada pensional, luego de su reconocimiento. En virtud de lo expuesto, no hay lugar a cancelar intereses moratorios y la actualización de las sumas reconocidas por concepto de reliquidación de la pensión del demandante conforme lo dispuesto en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, debido a que, los valores que se ordenaron cancelar a favor de la parte actora, se originan en la sentencia apelada y no en una mora injustificada de la entidad de previsión social frente al pago de las diferencias en las mesadas a que tiene derecho el accionante por concepto del beneficio que le fue reconocido.

Además, es preciso señalar que, el reconocimiento y pago de los intereses moratorios no es compatible con el pago simultáneo de la indexación de las mesadas o diferencias adeudadas, en consideración a que estas obedecen a la misma causa, esto es a la devaluación del dinero, sin perjuicio de lo preceptuado en el inciso 3° del artículo 192 del C.P.A.C.A. […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

15. El actor solicitó en su escrito de tutela:

“[…] PRIMERO: se me TUTELEN los derechos fundamentales constitucionales aña

artículo 192 del C.P.A.C.A. […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

15. El actor solicitó en su escrito de tutela:

“[…] PRIMERO: se me TUTELEN los derechos fundamentales constitucionales aña igualdad (Art. 13), debido proceso (Art.29), acceso a la administración de justicia (Art. 229), a la garantía a la Seguridad Social Integral (Art. 48) y a la remuneración mínima vital conforme a las normas laborales (Art. 53).7

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03560-01

Actor: Afranio Cardona Granados

SEGUNDO: En consecuencia, se deje sin efectos por inconstitucionalidad la sentencia de segunda instancia, proferida en el proceso tramitado bajo el radicado 680013333014-2017-00232-00, en el marco de un medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, en lo referente a los factores salariales a tener en cuenta para la construcción del Ingreso Base de Liquidación, por incurrir en defecto sustantivo y en violación del precedente constitucional , al imputar al pensionado/afiliado los defectos en la gestión de cobro de la ADMINISTRADORA COLONBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES E.I.C.E ., cuando en decisiones posteriores el mismo Tribunal accionado a reconocido el derecho negado al suscrito, afectado a su vez mi garantía de trato igual ante la Ley y los jueces.

TERCERO: Con ocasión de lo anterior, se ordene al H. Tribunal Administrativo de Santander emitir decisión de remplazo, en la cual se conserve integralmente lo

al suscrito, afectado a su vez mi garantía de trato igual ante la Ley y los jueces.

TERCERO: Con ocasión de lo anterior, se ordene al H. Tribunal Administrativo de Santander emitir decisión de remplazo, en la cual se conserve integralmente lo decidido en la sentencia del dos (02) de diciembre del dos mil veintiuno (2021), agregando que para la construcción de Ingreso Base de Liquidación aplicable se hará con la inclusión de todos los factores devengados enlistados en el decreto 1158 de 1994, fuesen cotizados o no, en medida que la ausencia de cotización de un factor devengado y enlistado en la norma reglamentaria como integrante del ingreso pensional es producto de la ausencia de gestión de cobro de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES E.I.C.E., la cual no ha de imputarse al afiliado o pensionado, conforme la ley y el precedente constitucional. […]”.

16. El actor en su escrito de tutela señaló que la autoridad judicial accionada incurrió en un i) defecto sustantivo por interpretación irrazonable de normas jurídicas; y en un ii) defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial.

Actuación

17. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por auto de 11 de julio de 2023; i) admitió la acción de tutela, ii) ordenó notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo de Santander ; y iii) vinculó al señor presidente de la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones, en calidad de tercero con interés legítimo, concediéndoles el término de dos (2) días para que rindieran informe sobre el particular.

Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones, en calidad de tercero con interés legítimo, concediéndoles el término de dos (2) días para que rindieran informe sobre el particular. Intervenciones de la demandada y del tercero con interés legítimo

18. La Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones consideró que:

“[…] Aunado, se tiene que en el presente caso los los Honorables Magistrados de la República, dentro del proceso Contencioso Administrativo 680013333014-201700232-00 contaban con la posibilidad de apartarse del precedente jurisprudencial y argumentar, como en efecto sucedió, cuál era su interpretación normativa bajo la cual consideraba debía estudiarse en caso en concreto.8

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03560-01

Actor: Afranio Cardona Granados

Conforme a lo anterior, no se ha materializo ningún vicio, defecto o vulneración de derechos fundamentales, atendiendo a la interpretación dada por parte del el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER MP CLAUDIA PATRICIA PEÑUELA ARCE, dentro del proceso conte ncioso 680013333014-2017-00232-00, ya que dentro de su autonomía judicial, explico de manera detallada y razonada, la razón por la que se aparta de dicha jurisprudencia. […]”.

[…]

“[…] Así pues, debe tenerse en cuenta que decidir de fondo las pretensione s del accionante y acceder a las mismas, invade la órbita del juez ordinario y su autodominio, pero además excede las competencias del juez constitucional, en la medida que no se probó vulneración a derechos fundamentales, ni la existencia de

accionante y acceder a las mismas, invade la órbita del juez ordinario y su autodominio, pero además excede las competencias del juez constitucional, en la medida que no se probó vulneración a derechos fundamentales, ni la existencia de un perjuicio irremediable que haga viable proteger derecho alguno. […]”.

19. El Tribunal Administrativo de Santander guard ó silencio en esta oportunidad procesal.

La sentencia impugnada

20. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado mediante sentencia de 2 de agosto de 2023, resolvió lo siguiente:

“[…] 1º. Niégase el amparo los derechos constitucionales fundamentales a la igualdad, debido proceso, acceso a la administración de justicia, seguridad social y mínimo vital invocados por el señor Afranio Cardona Granados, en armonía con lo expuesto en la parte motiva […]”.

21. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado consideró que:

“[…]Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en el sub lite se constata que: (i) el asunto planteado comporta relevancia constitucional, pues recae sobre la presunta vulneración de los derechos constitucionales fundamentales a la igualdad, debido proceso, acceso a la administración de justicia, seguridad social y mínimo vital del accionante; (ii) contra la decisión objeto de censura no procede recurso alguno, en atención a que fue emitida en se gunda instancia y se encuentra ejecutoriada; iii) se establecieron los hechos que originaron el supuesto quebranto de las aludidas garantías superiores; (iv) el requisito de inmediatez se satisface, toda vez que la decisión

fue emitida en se gunda instancia y se encuentra ejecutoriada; iii) se establecieron los hechos que originaron el supuesto quebranto de las aludidas garantías superiores; (iv) el requisito de inmediatez se satisface, toda vez que la decisión atacada quedó ejecutoriada el 1º de febrero de 2023 3 y la solicitud de amparo se instauró el 4 de julio siguiente, es decir, dentro de un término prudencial (5 meses y 3 días); y (v) la providencia acusada no desató una acción de tutela. […]”.

[…]

3 En razón a que se presentó solicitud de aclaración del fallo, despachada de manera desfavorable el 27 de enero de 2023, providencia notificada por estado el 30 de los mismos mes y año, en virtud de lo dispuesto en el artículo 290 y 291 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).9

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03560-01

Actor: Afranio Cardona Granados

“[…] La jurisprudencia constitucional 4 ha precisado que la providencia judicial proferida con desconocimiento del sistema normativo incurre en el denominado defecto sustantivo, que se configura cuando el litigio es desatado con fundamento en una disposición legal inaplicable al caso concreto, bien porque fue derogada, declarada inexequible, versa sobre otro asunto que no tiene relación con el decidido, la interpretación que hace de ella el juez es paradójica o simplemente se omite aplicarla.

Sobre el particular, la Corte Constitucional sostuvo que este defecto implica «[…] la existencia de una falencia o yerro en una providencia judicial, originada en el

aplicarla.

Sobre el particular, la Corte Constitucional sostuvo que este defecto implica «[…] la existencia de una falencia o yerro en una providencia judicial, originada en el proceso de interpretación y aplicación de las disposiciones jurídicas al caso sometido al conocimiento del juez. Para que el defecto dé lugar a la procedencia de la acción de tutela, debe tratarse de una irregularidad de alta trascendencia, que lleve a la emisión de un fallo que obstaculice o lesione la efectividad de los derechos constitucionales». […]”.

[…]

“[…] Para desatar el presente asunto, resulta indispensable precisar que la Ley 100 de 1993, «Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones», fue expedida por el Congreso de la República con el fin, entre otros, de unificar la normativa en cuanto a la diversidad de regímenes pensionales especiales existentes.

No obstante lo anterior y con el objetivo de evitar menoscabar derechos a personas que se encontraban próximas a ser pensionadas o tuviesen cierto tiempo de servicio, se previó el régimen de transición, consagrado en el artículo 36 de la referida Ley 100 de 1993.

En efecto, en dicha norma se dispuso que las personas que al momento de entrar en vigencia el sistema de seguridad social integral (1° de abril de 1994) contaran con treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, se les reconocerá la pensión de jubilación de conformidad con el régimen anterior al cual se encontraban afiliados, es decir, la pensión de jubilación respecto de la edad, tiempo

edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, se les reconocerá la pensión de jubilación de conformidad con el régimen anterior al cual se encontraban afiliados, es decir, la pensión de jubilación respecto de la edad, tiempo de servicios y monto se les aplicará el régimen anterior. […]”.

[…]

“[…] Con base en el anterior recuento normativo, se tiene que, como lo anotaron los magistrados accionados, el actor nació el 12 de noviembre de 1943 y laboró desde el 23 de septiembre de 1971 de manera ininterrumpida como docente en la Universidad Industrial de Santander, por lo que la fecha en la que adquirió el estatus pensional es el 12 de noviembre de 2003 (en atención a su natalicio), por lo que es beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, dado que para cuando entró en vigencia dicha norma (30 de junio de 1995)5, tenía 24 años de servicios y 52 años edad.

Por consiguiente, el actor al ser beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 su reconocimiento pensional debió atender los requerimientos exigidos por el Decreto 758 de 1990 para su concesión , lo cual satisfizo (tenía 24 años de servicio y 52 años de edad ) y comoquiera que aquel le

4 Sentencias T-781 de 2011 y T-907 de 2012, entre otras. 5 Según el artículo 151 (parágrafo) de la Ley 100 de 1993, «El Sistema General de Pensiones para los servidores públicos del nivel departamental, municipal y distrital, entrará a regir a más tardar el 30 de junio de 1.995, en la

5 Según el artículo 151 (parágrafo) de la Ley 100 de 1993, «El Sistema General de Pensiones para los servidores públicos del nivel departamental, municipal y distrital, entrará a regir a más tardar el 30 de junio de 1.995, en la fecha que así lo determine la respectiva autoridad gubernamental».10

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03560-01

Actor: Afranio Cardona Granados

faltaban menos de 10 años para adquirir la pensión (estatus pensional 12 de noviembre de 2003), para el cálculo de su mesada debía tenerse en cuenta el promedio de lo devengado durante el tiempo que le hacía falta para adquirir el estatus pensional o el cotizado durante todo el tiempo laborado, lo que le resultara más beneficioso, por lo que no les era dable tener en cuenta como período de liquidación el último año de servicios, como lo pretendía el demandante, sin que ello implique la negación de incluir algún factor por falta de cotización al sistema general de pensiones, toda vez que el incremento allí ordenado debe observar el principio de favorabilidad. […]”.

[…]

“[…] Ahora bien, respecto de los artículos 17, 24, 57, 271 y 272 de la Ley 100 de 1993, la Sala observa que no fueron desatendidos, por cuanto en la sentencia objeto de reproche los magistrados accionados no desconocieron las cotizaciones efectuadas ni que Colpensiones no haya adelantado los respectivos procedimientos administrativos para obtener el pago de los dineros por ese concepto. Además, allí se determinó que se debe dar aplicación al principio de favorabilidad, para realizar el cálculo por el tiempo que le hacía falta para adquirir la pensión o el cotizado

administrativos para obtener el pago de los dineros por ese concepto. Además, allí se determinó que se debe dar aplicación al principio de favorabilidad, para realizar el cálculo por el tiempo que le hacía falta para adquirir la pensión o el cotizado durante todo el tiempo, sin que esto implique desconocimiento de lapsos de servicios por falta de cancelación de los dineros correspondientes a aportes ni factores salariales para el efecto.

Por último, esta Sala reitera su criterio en cuanto a que el ejercicio del razonamiento que efectúa el juez nat