CE - 110010315000202303569011SENTENCIA20231002111500

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 110010315000-2023-03569-01

Referencia: Acción de tutela

Actor: HERNÁNN GUSTAVO GARRIDO PRADA

TESIS: SE CONFIRMA EL FALLO IMPUGNADO. LA ACCIÓN DE

TUTELA ES IMPROCEDENTE POR NO CUMPLIR EL REQUISITO

GENERAL DE LA RELEVANCIA CONSTITUCIONAL. EL ACTOR

PRETENDE CUESTIONAR UNA DECISIÓN JUDICIAL COMO SI ESTE

MECANISMO SE TRATASE DE UN RECURSO O INSTANCIA

ADICIONAL AL PROCESO ORDINARIO.

DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO Y AL ACCESO A

LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por el actor contra la sentencia de 10 de agosto de 2023, proferida en primera instancia por la SECCIÓN CUARTA DEL CONSEJO DE ESTADO1 que declaró improcedente la acción de tutela de la referencia.

1 En adelante SECCIÓN CUARTA.2

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Actor: HERNÁNN GUSTAVO GARRIDO PRADA

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Actor: HERNÁNN GUSTAVO GARRIDO PRADA

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I.– ANTECEDENTES

I.1.- La solicitud

El señor HERNÁNN GUSTAVO GARRIDO PRADA , actuando en nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, los cuales estima vul nerados por la SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN “A” - DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA 2 al proferir en segunda instancia la sentencia de 27 de febrero de 2023, dentro de la acción de cumplimiento identificada con el número único de radicación 110013336037-2022-00291-01.

I.2.- Hechos

Indicó que en el año 2022 promovió una acción de cumplimiento contra el INSTITUTO DE TRÁNSITO DEL CESARINDTRACESAR3 con la finalidad de que se le ordenara la notificación en debida forma de un comparendo que le fue impuesto e

2 En adelante el TRIBUNAL. 3 En adelante INDTRACESAR.3

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implementara mecanismos para la comparecencia virtual a

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implementara mecanismos para la comparecencia virtual a audiencia, conforme con los artículos 8 y 12 de la Ley 1843 de 14 de julio 20174.

Sostuvo que el proceso aludido fue identificado con el número único de radicación 110013336037-2022-00291-00 y atribuido para su trámite en primera instancia al JUZGADO TREINTA Y SIETE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ5 que, mediante sentencia de 19 de octubre de 2022, negó las pretensiones de su demanda.

Manifestó que interpuso el recurso de apelación respectivo ante el TRIBUNAL que, mediante sentencia de 27 de febrero de 2023, confirmó la decisión recurrida al estimar que la autoridad de tránsito estaba surtiendo los procedimientos dispuestos por la normativa citada como incumplida ante la comisión de una contravención detectada por el sistema de ayudas electrónicas.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

4 “Por medio de la cual se regula la instalación y puesta en marcha de sistemas automáticos, semiautomáticos y otros medios tecnológicos para la detección de infracciones y se dictan otras disposiciones”. 5 En adelante el JUZGADO.4

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Afirmó que al proferir la sentencia cuestionada el TRIBUNAL incurrió en el defecto sustantivo al haber dado una interpretación errada al artículo 8 de la Ley 1843 de 2017, porque no tuvo en cuenta que esa norma establece un término de tres días para notificar el comparendo detectado por medios tecnológicos.

Destacó que el TRIBUNAL incurrió en el defecto fáctico, porque no advirtió que el foto-comparendo fue impuesto el 7 de septiembre de 2022, por lo que a mas tardar el 12 de septiembre siguiente INDTRACESAR debió haber enviado el reporte a la dirección inscrita en el Registro Único Nacional de Tránsito -RUNT, lo cual solo sucedió hasta el 3 de octubre de esa anualidad.

Argumentó que el TRIBUNAL desconoció que el parágrafo 1° del artículo 8 de la Ley 1843 de 2017 fue declarado inexequible por la Corte Constitucional a través de sentencia C-038 de 2020, conforme con la cual dicha disposición no es aplicable a vehículos particulares.

Señaló que “[…] cuando un VEHÍCULO PARTICULAR sea captado por medios tecnológicos desatendiendo una norma del Código Nacional de Tránsito QUE IMPLIQUEN EL ACTO DE CONDUCIR, NO es posible vincular al PROPIETARIO del vehículo a un proceso contravencional5

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de Tránsito QUE IMPLIQUEN EL ACTO DE CONDUCIR, NO es posible vincular al PROPIETARIO del vehículo a un proceso contravencional5

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a partir de una FOTOMULTA, siendo ese el alcance fijado por la H. Corte Constitucional para aplicar el artículo 8º. de la Ley 1843 del 2017 a un presunto contraventor del CNT […]”.

Agregó que “[…] tozudamente el INSTITUTO DE TRÁNSITO DEL CESAR sin tener plenamente probado que fui yo el que cometió la infracción, por el mero hecho de ser el propietario del vehículo de placas HSW-382 me reportó ante el SIMIT, sin pre viamente darme la posibilidad de comparecer al procedimiento sancionatorio al no fijarme una fecha para ser escuchado en descargos […]”.

I.4.- Pretensiones

Como consecuencia de lo anterior, el actor pretende lo siguiente:

“[…] PRIMERO: CONCEDER el amparo de mis derechos constitucionales fundamentales DE ACCESO A LA

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA y AL DEBIDO PROCESO.

SEGUNDO: Disponer que se deje sin efectos la sentencia del H.

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN PRIMERA, SUBSECCIÓN A , emitida el el veintisiete (27) de octubre de dos mil veintidós (2022), dentro de la ACCIÓN DE

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN PRIMERA, SUBSECCIÓN A , emitida el el veintisiete (27) de octubre de dos mil veintidós (2022), dentro de la ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO, Exp. No. 11001 -33-36-037-2022-00291-01, con ponencia del H. Magistrado NÉSTOR JAVIER CALVO CHAVES, y en su lugar, ordenar que el plazo de 10 días se profiriera la providencia de reemplazo, en la cual se INTERPRETE adecuadamente el artículo 8 de la Ley 1843 de 2017, teniendo en cuenta la declaratoria de INEXEQUIBILIDAD del Parágrafo 1º de la6

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norma en cita, mediante Sentencia C -038-20 de 6 de febrero de 2020, según la cual en el caso de VEHÍCULOS PARTICULARES, no es posible aplicar esta disposición en razón a que aquella adolece de ambigüedades en su redacción y por consiguiente, genera incertidumbre en cuanto al respeto de garantías constitucionales ineludibles en el ejercicio del poder punitivo del Estado, valorando adecuadamente el acervo probatorio y determinado además el incumplimiento del artículo 12 ibídem, disponiendo las precisas ordenes que garanticen el cumplimiento de las normas desatendidas por IDTRACESAR […]”.

I.5.- Defensa

determinado además el incumplimiento del artículo 12 ibídem, disponiendo las precisas ordenes que garanticen el cumplimiento de las normas desatendidas por IDTRACESAR […]”.

I.5.- Defensa

I.5.1.- El TRIBUNAL puso de presente que la providencia cuestionada estuvo fundamentada en presupuestos legales y jurisprudenciales aplicables al caso, así como en el análisis de la situación fáctica probada, por lo que las pretensiones del actor no están llamadas a prosperar.

Anotó que dentro del proceso obraba copia de un oficio a través del cual la autoridad de tránsito demandada había indicado al actor “[...] que el comparendo a él impuesto había sido remitido por correo físico a la dirección registrada en el RUNT, actuación que además de estar dispuesta en la norma es el primer trámite a surtirse dentro del procedimiento […]”.

Indicó que si bien es cierto que la Corte Constitucional en sentencia7

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C-038 de 2020 declaró inexequible el parágrafo 1° del artículo 8 de la Ley 1843 de 2017, lo cierto era que el resto del texto del precepto normativo sigue vigente en el ordenamiento jurídico y fue sobre dicha base normativa que se fundamentó la decisión contenida en la sentencia de 27 de febrero de 2023.

normativo sigue vigente en el ordenamiento jurídico y fue sobre dicha base normativa que se fundamentó la decisión contenida en la sentencia de 27 de febrero de 2023.

I.5.2.- El JUZGADO, vinculad o en calidad de tercer o con interés directo en las resultas del proceso, se limitó a remitir copia del expediente digital origen de la controversia , sin realizar pronunciamiento alguno sobre el fondo del asunto.

I.5.3.- INDTRACESAR, vinculado en calidad de tercero con interés directo en las resultas del proceso, pese a haber sid o notificado en debida forma, guardó silencio.

II.- FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

La SECCIÓN CUARTA de esta Corporación, mediante sentencia de 10 de agosto 2023, declaró improcedente la acción de tutela de la referencia por no cumplir el requisito general de la relevancia constitucional.8

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Para tal efecto, indicó que el TRIBUNAL efectuó el estudio del caso a partir del texto normativo vigente para ese momento, por lo que no tenía que “[…] hacer ningún análisis o pronunciamiento sobre lo dicho por la Corte Constitucional en la sentencia C-038 de 2020 […]”.

Precisó que de ahí que el alegato propuesto por el actor respecto a la falta de pronunciamiento sobre el parágrafo que fue declarado

dicho por la Corte Constitucional en la sentencia C-038 de 2020 […]”.

Precisó que de ahí que el alegato propuesto por el actor respecto a la falta de pronunciamiento sobre el parágrafo que fue declarado inexequible no involucra una discusión sobre derechos fundamentales dado que, por el contrario, tal situación estuvo acorde con la naturaleza de la acción de cumplimiento que busca el efectivo acatamiento de normas aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes.

Destacó que, en relación con los cargos relativos a la interpretación del artículo 8 de la Ley 1843 de 2017, tampoco se cumplía el requisito general de la relevancia constitucional, toda vez que el actor propone la misma discusión jurídica que presentó en la acción de cumplimiento.

Agregó que si bien el actor alegó que la providencia objeto de tutela incurrió en los defectos sustantivo y fáctico , lo cierto es que, en últimas, lo que pretende es que se reabra el debate jurídico sobre si9

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se debe ordenar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 1843 de 2017, en cuanto al envío por correo físico o electrónico del comparendo y la citación para el inicio del proceso contravencional.

III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

El actor impugnó la sentencia proferida en primera instancia

del comparendo y la citación para el inicio del proceso contravencional.

III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

El actor impugnó la sentencia proferida en primera instancia indicando que la vulneración de sus derechos deviene de la “[…] aplicación de la norma expulsada del ordenamiento legal mediante la declaratoria de INEXEQUIBILIDAD, que era la que en vigencia permitía que al propietario del vehículo se le vinculara al proc eso contravencional mediante NOTIFICACIÓN del comparendo por el mero hecho de ser el dueño del vehículo con que se cometió la infracción […]”.

Expuso que en el curso de la acción de cumplimiento no se tuvo en cuenta que el término para la notificación del foto-comparendo es de 3 días después de su imposición, conforme con el artículo 8 de la Ley 1843 de 2017.

Indicó que fue desconocido que el comparendo no le fue enviado en10

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término, sino solo hasta que se dio respuesta a una petición que elevó a la au toridad de tránsito , esta última que hizo una discriminación entre las acciones de enviar y notificar.

Insistió en que la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad del parágrafo 1° del artículo 8 de la Ley 1843 de 2017, con base en razones por las cuales toda esa disposición no podría ser utilizada

Insistió en que la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad del parágrafo 1° del artículo 8 de la Ley 1843 de 2017, con base en razones por las cuales toda esa disposición no podría ser utilizada para la imposición de foto-comparendos, lo cual no fue analizado en la providencia cuestionada.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de negocios entre las secciones.11

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La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello, Consejera ponente doctora María Eliz abeth García González), en un

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello, Consejera ponente doctora María Eliz abeth García González), en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la violación de derechos cons titucionales fundamentales, debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).12

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En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así:

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En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le oto rga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdi cción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdi cción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela pro ceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y13

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seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucio nales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora [7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C -591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,

con la doctrina fijada en la Sentencia C -591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección cons titucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela [9]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamenta les no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales14

decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales14

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especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.

a. Defecto or gánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo

o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido con stitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

1. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del15

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texto)

En el caso bajo examen, el actor pretende que se deje sin efecto la sentencia de 27 de febrero de 2023, proferida por el TRIBUNAL, a través de la cual fue confirmada la decisión de denegarle sus pretensiones dentro de la acción de cumplimiento identificada con el

sentencia de 27 de febrero de 2023, proferida por el TRIBUNAL, a través de la cual fue confirmada la decisión de denegarle sus pretensiones dentro de la acción de cumplimiento identificada con el número único de radicación 110013336037-2022-00291-01.

La controversia tiene origen en un foto-comparendo que le fue impuesto al actor por INDTRACESAR, pero que aquel sostuvo no le fue notificado en término, por lo que interpuso la acción de cumplimiento aludida con la finalidad de que se efectuara dicha diligencia en los términos de los artículos 8 y 12 de la Ley 1843 de 2017 y se realizara la audiencia de contradicción de forma virtual.

El disenso de l actor subyace del hecho de que , en su sentir, el TRIBUNAL incurrió en los defectos sustantivo y fáctico porque no tuvo en cuenta que el comparendo debía ser notificado dentro de los tres días siguientes a su imposición, además porque no se le podía imponer sanción por el solo hecho de ser el propietario del vehículo involucrado, conforme con la sentencia C-038 de 2020 en la que se declaró inexequible el parágrafo 1° del artículo 8 de la Ley 1843 de16

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2017.

En el curso de la primera instancia la SECCIÓN CUARTA declaró improcedente la solicitud de amparo por falta de relevancia

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2017.

En el curso de la primera instancia la SECCIÓN CUARTA declaró improcedente la solicitud de amparo por falta de relevancia constitucional, al advertir que los argumentos del actor estaban encaminados a que el juez de tutela volviera sobre la controversia decidida por el juez natural, sin que se observara que su decisi ón hubiese sido arbitraria.

En la impugnación el actor indicó que la vulneración devenía del hecho de que se hubiera dado alcance al artículo 8 de la Ley 1843 de 2017, norma que en su sentir no puede ser aplicada con fundamento en la sentencia C-038 de 2020, dado que no es procedente imponer foto-comparendos al propietario del vehículo involucrado en la infracción por el solo hecho de serlo.

Además, el actor insistió en que se desconoció que el fotocomparendo no le fue notificado dentro del término previsto para tal efecto.

Por lo anterior, la Sala debe determinar si el caso cumple con los presupuestos generales de procedibilidad de la ac ción de tutela17

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contra providencias judiciales y, de ser así, establecer si el TRIBUNAL vulneró los derechos deprecados e incurrió en los defectos sustantivo y fáctico, al haber proferido la sentencia de 2 3 de febrero de 2023.

contra providencias judiciales y, de ser así, establecer si el TRIBUNAL vulneró los derechos deprecados e incurrió en los defectos sustantivo y fáctico, al haber proferido la sentencia de 2 3 de febrero de 2023.

Precisado lo anterior, la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en especial, el requisito de la relevancia constitucional.

De acuerdo con la sentencia C590 de 2005 antes transcrita, cuando la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una cuestión de « evidente relevancia constitucional». Bajo esta expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario que se ponga de presente el desconocimiento de garantías18

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esenciales, propias del debido proceso constitucional6, de manera tal que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser examinadas en sede de tutela».7

esenciales, propias del debido proceso constitucional6, de manera tal que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser examinadas en sede de tutela».7

Acerca de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Sala Plena de esta Corporación8, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, sostuvo:

“[…] Relevancia constitucional

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “ el principio constitucional de la autonomía funcional de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [9]; por otro, evita que la acción de tutela se torne en un instrumento para

6 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto. 7 Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto. 8 Co