CE - 110010315000202303593001SENTENCIA20230808150839

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., cuatro (4) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de tutela Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03593-00

Actora: Catalina Henao Correa

Demandado: Sección Quinta del Consejo de Estado

Tema: Acción de tutela contra providencia judicial/ falta del cumplimiento del requisito general de relevancia constitucional

Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso y ii) acceso a la administración de justicia

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por la actora contra la Sección Quinta del Consejo de Estado.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES La solicitud

1. La actora, en nombre propio, presentó acción de tutela contra la Sección Quinta del Consejo de Estado, porque, a su juicio, al proferir los autos de 2 y 22 de junio de 2023, en el proceso adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad identificado con el número único de radicación 110010328000202300032 -00, vulneró sus derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia y al debido proceso.2

de 2023, en el proceso adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad identificado con el número único de radicación 110010328000202300032 -00, vulneró sus derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia y al debido proceso.2

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03593-00

Actora: Catalina Henao Correa

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los c uales se fundamenta la acción de tutela, en

síntesis, son los siguientes:

3. Manifestó que se encuentra en trámite una iniciativa ciudadana que pretende llevar a cabo un referendo constitucional aprobatorio, con el fin de proteger el derecho fundamental a la vida desde la concepción y, en ese orden de ideas , eliminar la posibilidad de interrupción voluntaria del embarazo, reconocido en las sentencias C-355 de 2006 y C-055 de 2022 proferidas por la Corte Constitucional.

4. Expresó que por medio de la Resolución núm. 7054 del 15 de marzo de 2022, la Registraduría Nacional del Estado Civil autorizó la inscripción del comité promotor del “[…] referendo constitucional por la vida […]” y permitió a dicha organización recolectar l os apoyos y firmas para continuar el procedimiento del referendo aprobatorio.

5. Adujo que en los términos del artículo 105 de la Ley 1757 de 6 de julio de 20151, la Registraduría Nacional del Estado Civil otorgó un plazo de seis meses al comité promotor para la recolección de apoyos.

5. Adujo que en los términos del artículo 105 de la Ley 1757 de 6 de julio de 20151, la Registraduría Nacional del Estado Civil otorgó un plazo de seis meses al comité promotor para la recolección de apoyos.

6. Agregó que el 14 de septiembre de 2022, Sara Jimena Castellanos, en calidad de vocera y promotora del mecanismo de participación ciudadana, radicó ante el Consejo Nacional Electoral una solicitud de prórroga del plazo par a la recolección de los apoyos ciudadanos.

7. Señaló que el Consejo Nacional Electoral mediante la Resolución núm. 1322 de 2023, decidió prorrogar el plazo para la recolección de apoyos ciudadanos por un

término de tres meses, al señalar lo siguiente:

“[…] Teniendo en cuenta la contextualización anterior, es importante reiterar que, para que se configure la figura de fuerza mayor o caso fortuito como eximentes de

1 “Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática”.3

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03593-00

Actora: Catalina Henao Correa

responsabilidad, es imperioso el cumplimiento y concurrencia de los requisitos señalados por la jurisprudencia y la ley, es decir, que el hecho sea: i) irresistible, ii) imprevisible y iii) externo respecto del obligado.

Precisado lo anterior, del escrito presentado se colige que a juicio de la ciudadana CASTELLANOS RODRIGUEZ, la fuerza mayor consistió en que a raíz de las

imprevisible y iii) externo respecto del obligado.

Precisado lo anterior, del escrito presentado se colige que a juicio de la ciudadana CASTELLANOS RODRIGUEZ, la fuerza mayor consistió en que a raíz de las intensas lluvias causadas en algunas ciudades del país por el anómalo climático denominado “fenómeno de la niña”, impidió el normal desarrollo para la recolección de firmas, afectando la labor por más 90 días, lo cual se traduce en el sustento para rendir la ampliación descrita en la ley. Bajo este entendido, resulta pertinente analizar si el fenómeno climático aducido por la ciudadana en calidad de vocera, cumple con las condiciones requeridas para la configuración de la fuer za mayor, esto es, la irresistibilidad y la imprevisibilidad […]”.

[…]

“[…] En este orden de ideas, es viable señalar que la iniciativa ciudadana denominada “REFERENDO CONSTITUCIONAL POR LA VIDA”, para la fecha de la solicitud de inscripción del comité a nte la Registraduría Nacional del Estado Civil, esto es el 23 de febrero de 2022, la llegada del fenómeno de la niña estaba impactando al país, por consiguiente para la Corporación es de sustento que esta ocurrencia climática fue un impedimento para el normal desarrollo de la recolección de firmas, al ser irresistible la llegada del fenómeno climático, por consiguiente se encuentra que en el asunto sub examine se configura la imprevisibilidad e irresistibilidad que aduce la solicitante y en tal virtud, conv ergen los elementos estructurales para su estructuración fenomenológica y jurídica […]”.

8. La actora presentó demanda contra el Consejo Nacional Electoral, en ejercicio

irresistibilidad que aduce la solicitante y en tal virtud, conv ergen los elementos estructurales para su estructuración fenomenológica y jurídica […]”.

8. La actora presentó demanda contra el Consejo Nacional Electoral, en ejercicio del medio de control de nulidad, con el fin de que se declarara la nulidad de la Resolución núm. 1322 del 22 de febrero de 2023 “[…] Por medio de la cual se decide sobre la PRÓRROGA del plazo para la recolección de apoyos ciudadanos dentro de la iniciativa popular denominada “REFERENDO CONSTITUCIONAL POR LA

VIDA […]”.

9. La Sección Quinta del Consejo de Estado profirió la providencia de 2 de junio de 2023, resolviendo rechazar la demanda.

10. La Sección Quinta del Consejo de Estado profirió la providencia de 22 de junio de 2023, por medio del cual resolvió el recurso de súplica presentado contra el auto de 2 de junio de 2023, disponiendo en su parte resolutiva lo siguiente:

“[…] Primero: Confírmase la providencia del 2 de junio de 2023, mediante la cual se rechazó la demanda de nulidad presentada por la se ñora Catalina Henao Correa4

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03593-00

Actora: Catalina Henao Correa

contra la Resolución 1322 de 2023 del Consejo Nacional Electoral, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Segundo: Por Secretaría, devuélvase el expediente al despacho de origen para lo de su cargo […]”.

contra la Resolución 1322 de 2023 del Consejo Nacional Electoral, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Segundo: Por Secretaría, devuélvase el expediente al despacho de origen para lo de su cargo […]”.

11. La Sección Quinta del Consejo de Estado consideró lo siguiente:

“[…] Al respecto, se advierte que revisado el acto acusado se evidencia que tal como lo indicó la magistrada ponente en la providencia recurrida, aquel constituye un acto de trámite que no pone fin a ninguna actuación administrativa.

Frente al punto, resulta del caso precisar que para que un acto administrativo sea pasible de este control jurisdiccional debe ser definitivo y debe tener efectos jurídicos, es decir, debe crear, modificar o extinguir una situación jurídica; de lo contrario se estaría desconociendo la regla aceptada tradicionalmente y de manera pacífica por esta Corporación según la cual, sólo son demandables los actos que ponen fin a una actuación o hacen imposible continuar con su trámite.

Lo anterior, por cuanto al examinar la legalidad de dichos actos definitivos se pueden discutir todas aquellas presuntas irregularidades sucedidas durante su proceso de elaboración.

En otras palabras, la legalidad de los actos preparatorios o de trámite, es decir, de aquellos que contribuyen a la formación del acto definitivo, se estudia conjuntamente con aquel.

Al respecto, esta Sección, teniendo en cuenta pronunciamientos de la Corte Constitucional, ha diferenciado claramente entre los actos de trámite y los actos definitivos, con el fin de recalcar que l os únicos susceptibles de ser demandados, son los definitivos que produzcan efectos jurídicos:

Constitucional, ha diferenciado claramente entre los actos de trámite y los actos definitivos, con el fin de recalcar que l os únicos susceptibles de ser demandados, son los definitivos que produzcan efectos jurídicos:

«Los actos de trámite son los que se “encargan de dar impulso a la actuación o disponen organizar los elementos de juicio que se requieren para que la administración pueda adoptar la decisión de fondo sobre el asunto mediante el acto definitivo y, salvo contadas excepciones, no crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas”. Es por tanto que “no expresan en concreto la voluntad de la administración, simplemente constituyen el conjunto de actuaciones intermedias que preceden a la formación de la decisión administrativa que se plasma en el llamado acto definitivo”.

Si los de trámite son los que meramente dan impulso a la actuación, los preparatorios, según la academia, son aquellos previos, pero necesarios, para adoptar una decisión de fondo»

Así las cosas, está completamente claro que, en materia de juicios de legalidad, por regla general, los únicos actos demandables ante esta Jurisdicción son aquellos que resuelven definitivamente una actuación o que hacen imposible continuarla, por cuanto son los únicos que producen efectos jurídicos definitivos.

En el caso concreto, se tiene que, contrario a lo afirmado por la recurrente, el hecho de que el Consejo Nac ional Electoral haya indicado que contra la Resolución 1322 de 2023 procedía el recurso de reposición, no implica per se que esa decisión sea5

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03593-00

Actora: Catalina Henao Correa

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03593-00

Actora: Catalina Henao Correa

definitiva, para establecer si se trata o no de un acto de trámite debe analizarse qué se decidió por la administración y si con dicha decisión se puso fin a la actuación o se hizo imposible continuarla.

No obstante, en este evento, la Resolución 1322 de 2023 lejos de poner fin a la actuación del denominado «Referendo constitucional por la vida» lo que hizo fue promover una actuación intermedia relacionada con apenas una de las etapas preliminares del proceso, pero en manera alguna lo decidió en forma definitiva y mucho menos, con su decisión impidió continuarlo.

Así, como se expuso por la Sala en un caso similar al ahora estudiado en que se resolvió el recurso de súplica presentado contra la decisión de rechazo de otra demanda contra una decisión del Consejo Nacional Electoral que prorrogó el término para la recolección de firmas en esta misma iniciativa ciudadana , debe tenerse en cuenta que el artículo 6 de la Ley 1757 de 2015 a través de la cual se regula, entre otros, el procedimiento del referendo, dispone:

«En el momento de la inscripción, el promotor de cualquier mecanismo de participación ciudadana deberá diligenciar un formulario, diseñado por la Registraduría Nacional del Estado Civil, en el que como mínimo debe figurar la siguiente información: a) El nombre completo, el número del documento de identificación y la dirección de notificaciones del promotor o de los miembros del Comité promotor; b) El título que describa la propuesta de mecanismo de participación ciudadana;

siguiente información: a) El nombre completo, el número del documento de identificación y la dirección de notificaciones del promotor o de los miembros del Comité promotor; b) El título que describa la propuesta de mecanismo de participación ciudadana; c) La exposición de motivos que sustenta la propuesta; d) El proyecto de articulado, salvo en el caso de las propuestas de revocatoria de mandato.

Inscrito un Comité promotor de un referendo, la Registraduría contará con un plazo de ocho (8) días para verificar el cumplimiento de los requisitos de la iniciativa, a partir del cual contará con un plazo de seis (6) meses para la recolección de los apoyos ciudadanos […]”.

[…]

“[…] En este orden de ideas, es claro que la recolección de apoyos ciudadanos es apenas una actuación preliminar dentro de la actuación surtida ante la Organización Electoral para llevar a cabo un referendo de iniciativa popular, por lo que, definitivamente la decisión de prorrogar el término para el efecto, es un acto de trámite que no pone fin a la actuación y, po r ende, no es pasible de ser enjuiciable ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

12. La actora solicitó en su escrito de tutela:

“[…] Bajo esta línea de consideraciones, solicito al juez de tutela:6

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03593-00

Actora: Catalina Henao Correa

1.Amparar mis derechos fundamentales de acceso a la justicia y el debido proceso

Actora: Catalina Henao Correa

1.Amparar mis derechos fundamentales de acceso a la justicia y el debido proceso vulnerados por la Sección Quinta del Consejo de Estado mediante los autos proferidos el 2 de junio -por la Magistrada Rocío Araújo Oñate-, y el 22 de junio de 2023 -por los demás magistrados de la Sección Quinta -, mediante los cuales se rechaza la acción de nulidad que presenté contra la Resolución 1322 de 2023.

2. Como consecuencia de lo anterior, (i) dejar sin efectos los autos proferidos y (ii) ordenar que se profiera otra decisión de segunda instancia que esté acorde con mi derecho fundamental de acceso a la administración de justicia y los mandatos propios del debido proceso […]”.

13. La actora en su escrito de tutela señal ó que la Sección Quinta del Consejo de Estado incurrió en un i) defecto sustantivo por interpretación irrazonable de normas jurídicas, en un ii) defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial; y en la iii) causal de violación directa de la Constitución.

Actuación

14. El Despacho sustanciador, mediante auto de 10 de julio de 2023; i) admitió la acción de tutela y ii) ordenó notificar a los magistrados de la Sección Quinta del Consejo de Estado , concediéndoles el término de tres (3) días para que rindieran informe sobre el particular.

Intervenciones de la demandada

15. La Sección Quinta del Consejo de Estado adujo que:

“[…] En consideración a lo expuesto, entiende este despacho que los reproches que

informe sobre el particular.

Intervenciones de la demandada

15. La Sección Quinta del Consejo de Estado adujo que:

“[…] En consideración a lo expuesto, entiende este despacho que los reproches que eleva la tutelante en su escrito se edifican en torno a una inconformidad con el rechazo de la demanda presentada por ella dentro del proceso de simple nulidad para controvertir l a Resolución 1322 de 2023, acto administrativo proferido por el Consejo Nacional Electoral, como respuesta a una solicitud de prórroga del plazo para la recolección de apoyos de la iniciativa ciudadana denominada “REFERENDO

CONSTITUCIONAL POR LA VIDA”.

26. Lo anterior, pone de presente que la accionante no alega una cuestión constitucional relevante que permita la intervención del juez de tutela, pues de su escrito se puede evidenciar una inconformidad en punto de la interpretación razonable que se plasmó en las providencias cuestionadas, la cual se adoptó en el marco de la autonomía de la función judicial.

27. La tutelante, plantea una discusión que gira en torno a la naturaleza del acto demandado y la posibilidad de control judicial sobre el mismo, asp ecto que ya fue decidido por esta Sección en los autos cuestionados, por lo que se pretende utilizar7

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03593-00

Actora: Catalina Henao Correa

la acción de tutela como una tercera instancia en la que se realice un nuevo estudio sobre los aspectos de orden legal que fueron ya debatidos […]”.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

la acción de tutela como una tercera instancia en la que se realice un nuevo estudio sobre los aspectos de orden legal que fueron ya debatidos […]”.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

16. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política; el artículo 1.º del Decreto núm. 1983 de 30 de noviembre de 2017, por el cual se establecen reglas para el reparto de la acción de tutela; y, el Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de

2019.

Generalidades de la acción de tutela

17. La acción de tutela ha sido instituida como un instrumento preferente y sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente señalados. Proce de, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Problema jurídico

18. Corresponde a la Sala establecer: i) si, en efecto, es procedente la acción de tutela, acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias judiciales, concretamente si se cumplió con el requisito general de relevancia constitucional.

19. Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes

de la acción de tutela contra sentencias judiciales, concretamente si se cumplió con el requisito general de relevancia constitucional.

19. Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes temas: i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, ii) requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra providencias judiciales; iii) marco normativo y jurisprudencial del derecho8

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03593-00

Actora: Catalina Henao Correa

fundamental al debido proceso; iv) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al acceso a la administración de justicia, procediendo posteriormente a resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando, se satisfagan los requisitos generales.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

20. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala Plena2, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profieraque resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los qu e en el futuro determine la ley y la propia doctrina judicial.

Requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales

parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los qu e en el futuro determine la ley y la propia doctrina judicial.

Requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales

21. Esta Sección adoptó3 como parámetros a seguir los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 20054, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.

22. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta acción constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos

2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328. 3 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P. María Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328 4 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.9

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03593-00

Actora: Catalina Henao Correa

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03593-00

Actora: Catalina Henao Correa

causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de tutela contra tutela.

23. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera “dejar sin efecto o modular la decisión”5 que encaje en dichos parámetros.

24. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se convierta en una maner a de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

25. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sa la Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 20146.

Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela en el caso concreto

26. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela

acción de tutela en el caso concreto

26. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005, proferida por la Corte Constitucional, en especial, el cumplimiento de l requisito general de relevancia constitucional.

5 Corte Constitucional. Sentencia T225 del 23 de marzo de 2010, M.P.Mauricio González Cuervo. 6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.10

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03593-00

Actora: Catalina Henao Correa

Acerca del requisito general de la relevancia constitucional

27. Sobre este asunto en particular, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en la citada Sentencia de Unificació n de 5 de agosto de 20147, al referirse al requisito de relevancia constitucional, sostuvo lo siguiente:

“[…] 3.3.5. Relevancia constitucional.

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.

puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el principio constitucional de la autonomía funcional de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [ 8]; por otro, evita q ue la acción de tutela se torne en un instrumento para “ involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones”[9].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos necesarios [10].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su dec isión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o

explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional[11].

7 Ut supra página 6. [8] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.” [9] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.” [10] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.” [11] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en particular, contra providencias judiciales.”11

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03593-00

Actora: Catalina Henao Correa

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03593-00

Actora: Catalina Henao Correa

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia procesal adicional . En consecuencia, en caso que de la acción de tutela se derive que esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas cuestiones carecerían de relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T -061 de 2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que l a cuestión que se pretende discutir por medio de la acción de tutela debe ser una cuestión de evidente relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de la acción suponga el desconocimiento de un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto de evidente relevancia constitucional y no puede ser utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [12]. Si bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de relevancia constitucional de aquellos que no lo son, también lo es que esta Corporación ha sido particularmente cuidadosa

constitucional y no puede ser utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [12]. Si bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de relevancia constitucional de aquellos que no lo son, también lo es que esta Corporación ha sido particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en los antecedentes originados en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero que emerge de la propia Constitución y que es el denominado debido proceso constitucional, y otro que es fruto de la labor legisla