CE - 110010315000202303743001SENTENCIASENTENCIA20230928170209

Radicado: 11001-03-15-000-2023-03743-00

Demandante: WXYZ y otros

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá D.C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintitrés (2023) Referencia Acción de tutela Radicación 11001-03-15-000-2023-03743-00 Demandante WXYZ Y OTROS Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN C Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Causales Generales de Procedibilidad. Relevancia constitucional. Medio de control de reparación directa. Caducidad de la acción en eventos que involucran crímenes de lesa humanidad - desaparición forzada. Aplicación de la sentencia de unificación de 29 de enero de 2020 y del artículo 164.2.i del CPACA. SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA Corresponde a la Sección Cuarta del Consejo de Estado, decidir en primera instancia la acción de tutela instaurada por WXYZ y otros, de conformidad con lo dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones El 10 de julio de 2023 1, WXYZ y otros 2, por conducto de apoderado judicial,

dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones El 10 de julio de 2023 1, WXYZ y otros 2, por conducto de apoderado judicial, interpusieron acción de tutela contra la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Consideran que el auto del 30 de noviembre de 2022, en el que la au toridad judicial confirmó la decisión de declarar la caducidad de la acción en el proceso de reparación directa nro. 10013336-0312022-00126-01, vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al acceso a la administración de justicia, a la reparación integral y a la integridad personal. En consecuencia, formularon las siguientes pretensiones3: «Con fundamento en los hechos que sustenta la acción de tutela y los elementos de derecho, en concordancia con el conjunto de Principios para la Protección y Promoción de los Derechos Humanos, el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, así como el derecho a un recurso judicial efectivo. Ruego su Señoría, aplicar los principios de interpretación favorable en derechos Humanos para revocar la decisión de segunda instancia promovido el día 30 de noviembre de 2022, notif icada el día 11 de enero de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Magistrado Ponente: FERNANDO IREGUI CAMELO, Expediente N° 2022-000126-01, y en su efecto:

1. Realizar el respectivo control de convencionalidad y constitucionalid ad y TUTELAR los derechos fundamentales a la igualdad, (artículo 13 CP y 24 de la Convención Americana

1. Realizar el respectivo control de convencionalidad y constitucionalid ad y TUTELAR los derechos fundamentales a la igualdad, (artículo 13 CP y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos - CADH, al debido proceso y recurso judicial efectivo, artículos, 29 y 229 CP, garantía y protección judicial, artículos, 8 y 25 de la Convención, la Verdad, la Justicia, y la Reparación.

1 La acción de tutela se radicó por correo electrónico dirigido al buzón de la Secretaría General del Consejo de Estado. Consultado a través del sistema de gestión judicial del Consejo de Estado: SAMAI (índice 2). 2 No se hará referencia a los nombres de los accionantes, dado que algunos de ellos, según se relata en el escrito de tutela, hacen parte de programas de protección de testigos en virtud de las investigaciones que adelantan las autoridades del Estado por la desaparición y muerte del señor Carlos Alberto Barreto Ruiz. Luego, se estima que su mención en la providencia podría vulnerar su derecho a la intimidad, integridad y seguridad personal. 3 Páginas 27 y 28 de la acción de tutela. Expediente digitalizado. Samai, índice 2.Radicado: 11001-03-15-000-2023-03743-00

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2. Revocar el Auto de Segunda Instancia del día 30 de noviembre de 2022, notificada el día 11 de enero de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarcawww.consejodeestado.gov.co

2. Revocar el Auto de Segunda Instancia del día 30 de noviembre de 2022, notificada el día 11 de enero de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de CundinamarcaMagistrado Ponente: FERNANDO IREGUI CAMELO, Expediente N° 2022-000126-01.

3. Ordenar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca ADMITIR la demanda interpuesta por el señor WXYZ y otros contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejercito Nacional y otros.

4. En consecuencia, ORDENAR a la autoridad judicial accionada que, dentro del término de que trata el decreto 2591 de 1991, expida una nueva decisión de reemplazo en la que se tengan en cuenta las consideraciones expuestas, en relación con la caducidad del medio de cont rol de reparación directa, sin perjuicio del control de legalidad de los demás requisitos.

5. Se guarde debida reserva de la información y documentos, ya que compromete la vida y seguridad de los demandantes y sus familias.» (Sic para toda la cita)

2. Hechos En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes: 2.1. El 3 de mayo de 2022, WXYZ y otros promovieron medio de control de reparación directa contra la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, Policía Nacional y Fiscalía General de la Nación, con la finalidad de que se declarara su responsabilidad administrativa y patrimonial, por la d esaparición y posterior asesinato del señor Carlos Alberto Barreto Ruíz, hechos ocurridos en los meses de enero y febrero de 2009, en el departamento del Huila.

declarara su responsabilidad administrativa y patrimonial, por la d esaparición y posterior asesinato del señor Carlos Alberto Barreto Ruíz, hechos ocurridos en los meses de enero y febrero de 2009, en el departamento del Huila. En los antecedentes de la acción, se lee que el 29 de enero de 2009, cuando se dirigía en vehículo al corregimiento de Bruselas, en cercanías del Batallón de Infantería No. 27 “Magdalena”, el señor Barreto Ruíz fue detenido, junto con su acompañante, por una patrulla adscrita a la Policía de Pitalito. También se narra que fue obligado a subir a un vehículo particular y que su cuerpo fue encontrado sin vida, con signos de violencia y en alto estado de descomposición, el 11 de febrero de 2009, en el municipio de Oporapa, Huila. Se informó que por estos hechos fueron adelantados dos procesos ante la justicia penal ordinaria. Uno de ellos por los delitos de concierto para delinquir agravado en concurso material heterogéneo con el delito de favorecimiento de desaparición forzada y homicidio agravado, donde se designó como testigo protegido a una de las personas aquí accionantes. Finalmente, se informó que, el 17 de diciembre de 2019, la Jurisdicción especial para la Paz JEP profirió resolución en la cual asumió el conocimiento de la solicitud presentada por un agente de la fuerza pública, por los delitos de concierto para delinquir agravado, desaparición agravada, tortura agravada y homicidio agravado, cuya víctima fue Carlos Alberto Barreto Ruíz. 2.2. El conocimiento del asunto, en primera instancia, correspondió al Juzgado 31

homicidio agravado, cuya víctima fue Carlos Alberto Barreto Ruíz. 2.2. El conocimiento del asunto, en primera instancia, correspondió al Juzgado 31 Administrativo del Circuito Judicial de Medellín, bajo el radicado Nro. 11001-3336-031-2022-000126-00. En auto del 22 de julio de 2022, el Juzgado rechazó la demanda en razón a que encontró acreditado el fenómeno procesal de caducidad de la acción. Como fundamento de su decisión, expuso que, en aplicación del artículo 164.2.i) del CPACA, el inicio del cómputo de caducidad para el evento de desaparición forzada inicia desde el momento en que aparece la víctima, para este caso: a partir del 10 de febrero de 2009. Luego, el término de interposición oportuno de la acción feneció el 11 de febrero de 2011. 2.3. La parte demandante interpuso recurso de apelación con fundamento en los siguientes argumentos:Radicado: 11001-03-15-000-2023-03743-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co (i) El daño antijurídico se configuró el 17 de diciembre de 2019, con la resolución de la JEP. Pues fue en ese momento cuando un agente de la fuerza pública solicitó someterse a esa jurisdicción por los delitos de tortura, homicidio y desaparición del señor Ba rreto Ruíz. Antes de ese evento, las víctimas indirectas no tenían certeza sobre los autores del ilícito.

solicitó someterse a esa jurisdicción por los delitos de tortura, homicidio y desaparición del señor Ba rreto Ruíz. Antes de ese evento, las víctimas indirectas no tenían certeza sobre los autores del ilícito. (ii) El artículo 164.2 i) permite que el cómputo de la caducidad de la acción para los eventos de desaparición forzada se cuente en cualquiera de dos mome ntos: cuando aparezca la víctima o a partir del fallo penal definitivo. Solicita que en este caso se tome la opción más favorable a los demandantes, es decir, la segunda y como no ha terminado el proceso penal por los hechos, no ha operado la caducidad. (iii) El daño derivado del evento de desaparición forzada no está cobijado por el fenómeno de caducidad de la acción por tratarse de crímenes de lesa humanidad. En tal virtud, debe dejarse de lado el enfoque en exceso formalista y hacer prevalecer los principios pro actione y pro homine. (iv) En casos como el que se analiza, las víctimas indirectas suelen ser objeto de intimidaciones que afectan la interposición oportuna de acciones judiciales. 2.4. En providencia del 30 de noviembre de 2022, la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmó la decisión de primera instancia que declaró la caducidad de la acción. El Tribunal precisó que el cómputo de caducidad en el caso concreto debía analizarse a la luz del artículo 164.2.i) del CPACA, del alcance que ha dado la jurisprudencia contenciosa al fenómeno de la caducidad y de las reglas

El Tribunal precisó que el cómputo de caducidad en el caso concreto debía analizarse a la luz del artículo 164.2.i) del CPACA, del alcance que ha dado la jurisprudencia contenciosa al fenómeno de la caducidad y de las reglas establecidas en la sentencia de unificación de la Sección Tercera del Consejo de Estado con radicación interna 61.033, para el cómputo de la caduc idad en casos que involucran delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. La autoridad judicial optó por aplicar un criterio más flexible para el cómputo de la caducidad, considerando la manifestación de los demandantes sobre el desconocimiento de la participación de agentes del Estado en los hechos. Así pues, tomó como pauta para el cómputo de caducidad de la acción, el 16 de diciembre de 2018, fecha en la que se acusó a un agente del Estado como autor de los hechos que rodearon la desaparición y muert e de la víctima directa. Esto comoquiera que los demandados fueron incluidos como víctimas en el proceso penal. Como argumento subsidiario, indicó que, aún si se tuviera como fecha de inicio del cómputo de caducidad la del 17 de diciembre de 2019, la conc lusión también sería la caducidad de la acción. Esto, porque «el día 8 de junio de 2021, el apoderado de la parte accionante, presentó solicitud de conciliación prejudicial, es decir cuando había trascurrido 1 año, 5 meses y 22 días, término que se reanudó el 29 de julio de 2021 (constancia). Como la demanda fue presentada el 3 de mayo de 2022 (aproximadamente

cuando había trascurrido 1 año, 5 meses y 22 días, término que se reanudó el 29 de julio de 2021 (constancia). Como la demanda fue presentada el 3 de mayo de 2022 (aproximadamente 9 meses después de emitida la constancia), se concluye que, aun admitiendo el mencionado extremo temporal, el líbelo se instauró también fuera del té rmino bienal que establece el artículo 164 del CPACA.» La notificación de la providencia se surtió en estado electrónico del 11 de enero de 20234.

3. Fundamentos de la acción Los accionantes alegaron que el auto del 30 de noviembre de 2022 vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al acceso a la administración de justicia, a la reparación integral y a la integridad personal, porque el cómputo de la oportunidad de la demanda desconoció las particularidades

4 Información tomada de la consulta del proceso de reparación directa, segunda instancia, en Samai para Tribunales Administrativos en el proceso nro. 11001333603120220012601, índice 6.Radicado: 11001-03-15-000-2023-03743-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co fácticas del caso y la normativa nacional e internacional en la que debía fundarse. A continuación, se relacionan los argumentos a partir de los cuales, la parte actora sustentó la anterior afirmación. En primer lugar, precisaron que el término de caducidad de la acción para el delito de desaparición forzada tiene dos posibles interpretaciones, según deriva del inciso

sustentó la anterior afirmación. En primer lugar, precisaron que el término de caducidad de la acción para el delito de desaparición forzada tiene dos posibles interpretaciones, según deriva del inciso segundo del artículo 164.2.i del CPACA. El cómputo puede iniciar desde el momento en que aparece la víctima o desde la ejecutoria del fallo definiti vo adoptado en el proceso penal. En el caso particular, los jueces de instancia decidieron contar el término de la caducidad desde el momento en que apareció la víctima, 11 de febrero de 2009, por lo que concluyeron que el término feneció el 11 de febrero de 2011. No obstante, debieron analizar la caducidad desde el escenario más favorable para este caso, es decir, desde la ejecutoria de la sentencia penal y como aún no se ha dictado, la conclusión razonable es que no ha operado la caducidad. De otra parte, destacaron que en el caso particular era relevante que, atendiendo al artículo 164.2.i del CPACA, no se computara la caducidad desde la ocurrencia del hecho, sino desde el momento en que se tuvo conocimiento de este. En esa vía, advirtieron que, aun que conocieron de los hechos de desaparición forzada y asesinato, no sabían de la participación de agentes del Estado en los hechos; luego, la caducidad no podía iniciar en el 2009. En línea con lo anterior, indicaron que solo «al momento en que se hacen parte del proceso que cursa en la JEP cuando advierten la participación de agentes del Estado en la desaparición y muerte del señor Barreto. En el caso particular, el daño alegado por la parte demandante, se

que cursa en la JEP cuando advierten la participación de agentes del Estado en la desaparición y muerte del señor Barreto. En el caso particular, el daño alegado por la parte demandante, se configuró el día 17 de diciembre de 2019 , conforme a la Resolución No. (…) de la misma fecha en comento, expedida por la JEP, por cuanto puede verificar que el señor (…) en calidad de (miembro de la fuerza pública), solicita someterse ante la Jurisdicción Especial para la Paz para contar la verdad (…)». Manifestaron que solo cuando una de las víctimas indirectas fue reconocida como tal ante la JEP, pudieron conocer de la participación de agentes del Estado en los hechos de desaparición forzada y homicidio analizados. En esa línea, mencionaron que «ningún otro hecho o elemento material probatorio ha dado hasta el momento el conocimiento de que agentes del Estado participaron en la desaparición y muerte del señor Barreto». También indicaron que en el cómputo de la caducidad debió considerarse que, después de la ocurrencia de los hechos de desaparición forzada y homicidio del señor Carlos Alberto Barreto Ruíz, las víctimas indirectas fueron sometidas a amenazas e intimidaciones, lo que las llevó al exilio y afectó la interposición oportuna del medio de control. Finalmente, como argumento subsidiario, señalaron que el fenómeno de caducidad de la acción no debió aplicarse al caso particular debido a que el daño alegado tiene relación con crímenes de lesa humanidad. En consecuencia, adujeron que la decisión acc ionada desconoce el Pacto de San José de Costa Rica y que correspondía a la autoridad judicial surtir control convencional de la norma de la

relación con crímenes de lesa humanidad. En consecuencia, adujeron que la decisión acc ionada desconoce el Pacto de San José de Costa Rica y que correspondía a la autoridad judicial surtir control convencional de la norma de la caducidad en el caso particular y hacer prevalecer los principios pro homine y pro actione, y disponer la admisión de la demanda.

4. Trámite impartido e intervenciones 4.1. En auto del 14 de julio de 2023, el despacho ponente requirió al apoderado de la parte actora para que aclarara y/o acreditara la representación que nueve de los accionantes anunciaron tener respecto de las personas que fueron relacionadas en el proveído. 4.2. La demanda se subsanó en los términos requeridos por el despacho ponente.

En consecuencia, en auto del 3 de agosto de 2023, se admitió la acción de tutela interpuesta por WXYZ y otros contra la Subsección C de la SecciónRadicado: 11001-03-15-000-2023-03743-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca; y se vinculó, en calidad de terceros con interés, al Juzgado 31 Administrativo de Bogotá autoridad judicial que conoció, en primera instancia, el proceso radicado bajo el Nro. 11001-33-36-031-2022-000126-00 y a la señora María Salazar , dada su calidad de parte demandante en el mencionado proceso. 4.3. La Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de

11001-33-36-031-2022-000126-00 y a la señora María Salazar , dada su calidad de parte demandante en el mencionado proceso. 4.3. La Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por conducto del ponente de la decisión, reiteró los argumentos y pruebas que habían sido expuestos en el auto acusado y que a su juicio justifican el cómputo de caducidad de la acción desde el 16 de diciembre de 2018. Agregó que no puede acogerse la tesis de cómputo de caducidad propuesta por la accionante, según el cual solo puede iniciar el conteo con la ejecutoria del fallo penal, situación que aún no se había dado en el caso particular, porque ello implicaría «dejar a merced de las resultas del proceso penal el límite de tiempo para obtener la satisfacción del derecho a la reparación ante la Jurisdicción Contencioso Administrativo desconociendo por completo el mandato del legislador plasmado en el artículo 164 del CPACA». 4.4. El Juzgado 31 Administrativo Oral de Bogotá, a través de la secretaria del despacho, aportó el expediente digitalizado del medio de control de reparación directa nro. 1001 -33-36-031-2022-00126-00/01 y la constancia de que la existencia de este proces o constitucional se le notificó a la señora María Salazar.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y reglamentada por el Decreto 2591 de 1991 5, fue concebida como un mecanismo para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y reglamentada por el Decreto 2591 de 1991 5, fue concebida como un mecanismo para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales, ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales, y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales6 y especiales7 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual , se deben reunir todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos especiales de la acción.

5 Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto”. 6 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias jud iciales son: i) que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado

particulares en los casos que señala este decreto”. 6 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias jud iciales son: i) que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en la providencia atacada. 7 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) defecto orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii) defecto por violación directa de la Constitución.Radicado: 11001-03-15-000-2023-03743-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional 8 ha indicado que cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad, cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido

los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad, cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido proceso. Por lo anterior, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial objeto de tutela y que el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el proceso.

3. Cuestión previa: de la reserva del expediente de tutela En la pretensión quinta de la acción de tutela se solicitó la reserva de la información y documentos que pudieran comprometer la intimidad, seguridad personal e integridad de quienes conforman la parte activa de este proceso.

La Sala accederá a esta petición considerando la calidad de víctima que ha sido reconocido algunos de los accionantes en los procesos que se adelantan por los hechos de homicidio y desaparición forzada objeto de análisis. Asimismo, porque, los documentos a portados a esta acción de tutela contienen (i) información sobre los datos personales e incluso de contacto de los accionantes; (ii) algunos de ellos, según indican, se sometieron a programas de protección de testigos, y (iii) al expediente se anexó inform ación sensible del proceso penal y del seguido ante la JEP, que aún están en curso. Así las cosas, la Sala ordenará a la Secretaría General de esta Corporación que, restrinja, en el sistema de gestión de procesos SAMAI, la vista pública del expediente de tutela nro. 11001-03-15-000-2023-03743-00, para que solo accedan a

restrinja, en el sistema de gestión de procesos SAMAI, la vista pública del expediente de tutela nro. 11001-03-15-000-2023-03743-00, para que solo accedan a aquel, las partes del proceso y las autoridades judiciales a quienes corresponde el conocimiento de esta acción constitucional. Lo anterior, con excepción del fallo de tutela, comoquiera que se trata de un documento público en el que, en todo caso, se adoptarán las correspondientes medidas de protección de la información sensible.

4. Planteamiento del problema jurídico Por tratarse de una acción de tutela contra providencias judiciales, en primer lugar, se surtirá el examen general de procedibilidad para determinar si la solicitud de amparo supera los requisitos desarrollados por la jurisprudencia constitucional, en especial, el de relevancia constitucional.

De superarse ese análisis prelimina r, pasará a la Sala establecer si la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurrió en desconocimiento de los derechos fundamentales de la parte accionante al confirmar la decisión de caducidad de la acción en el m edio de control de reparación directa nro. 11001-33-36-031-2022-00126-00/01, sin considerar las situaciones particulares del caso y la normativa sobre derechos humanos y derecho internacional humanitario que permitían hacer un cómputo flexible de ese fenómeno procesal.

5. El presupuesto de relevancia constitucional: alcance y su análisis en el caso individual 5.1. La jurisprudencia ha reiterado que, a fin de proteger la autonomía funcional y la independencia judicial, los jueces de tutela no tienen competencia para

5. El presupuesto de relevancia constitucional: alcance y su análisis en el caso individual 5.1. La jurisprudencia ha reiterado que, a fin de proteger la autonomía funcional y la independencia judicial, los jueces de tutela no tienen competencia para

8 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Admini strativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.Radicado: 11001-03-15-000-2023-03743-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co reemplazar al juez de la causa y decidir sobre la controversia ordinaria. Su labor, entonces, está orientada a proteger derechos fundamentales vulnerados y a proferir órdenes encaminadas a su restablecimiento. Con base en esta premisa, la procedencia de la tutela contra providencias judiciales está condicionada a que el asunto sea de evidente relevancia constitucional. Aunque no siempre es sencillo dilucidar la línea que separa aquellos casos que son de relevancia constitucional y los que no, esta Sala de Decisión, a partir de lo señalado por la Sala Plena del Consejo de Estado en Sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 y por la Corte Constitucional en la Sentencia T –248 de 2018, ha fijado algunos criterios orientadores para determinar si una solicitud de amparo de tutela cumple o no con este requisito:

unificación de 5 de agosto de 2014 y por la Corte Constitucional en la Sentencia T –248 de 2018, ha fijado algunos criterios orientadores para determinar si una solicitud de amparo de tutela cumple o no con este requisito: (i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela. (ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales . Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que “no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales” 9. Es necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales. (iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la decisión objeto de tutela . La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada. (iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.

proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural. (v) Que la acción de tutela no s e convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más inform