CE - 110010315000202303748011SENTENCIAFALLOTUTE20231127153126

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá D.C, quince (15) de noviembre de dos mil veintitrés (2023).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ Expediente: 25000-23-15-000-2023-03748-01

Demandante: JORGE ANTONIO BLANCO GÓMEZ

Demandado: COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL Y

OTRO

Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA

Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA

JUDICIAL. IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE

TUTELA POR INCUMPLIMIENTO DE LOS

REQUISITOS DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL Y

SUBSIDIARIEDAD.

Síntesis del caso: el demandante cuestionó la providencia mediante la cual fue declarado responsable disciplinariamente y sancionado con censura por su gestión como abogado en un proceso concordatario. Alegó que dicha providencia incurrió en los defectos fáctico, sustantivo y violación directa de la Constitución. La Sala confirmará la sentencia que declaró improcedente el amparo por incumplimiento del presupuesto general de relevancia constitucional y subsidiariedad, pues, el actor pretendió emplear la acción de tutela como una instancia adicional al proceso ordinario , no cumplió con la carga argumentativa suficiente para soportar sus fundamentos de vulneración y pretendió alegar argumentos nuevos que, habiendo tenido la oportunidad de ventilar en el proceso ordinario, no los propuso.

una instancia adicional al proceso ordinario , no cumplió con la carga argumentativa suficiente para soportar sus fundamentos de vulneración y pretendió alegar argumentos nuevos que, habiendo tenido la oportunidad de ventilar en el proceso ordinario, no los propuso.

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte demandante en contra de la sentencia de 4 de septiembre de 2023 proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la que se decidió:

“PRIMERO. - DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. (...)”. (negrillas del original – archivo disponible en medio magnético en el aplicativo SAMAI)

I. ANTECEDENTES

Mediante escrito presentado el 10 de julio de 2023, la parte actora promovió proceso de acción de tutela en contra de la s sentencias de 7 de marzo de 2022 y 29 de marzo de 2023 proferidas por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de BogotáExpediente: 11001-03-15-000-2023-03748-01

Demandante: Jorge Antonio Blanco Gómez Acción de tutela – Impugnación de fallo

2 y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial , respectivamente, para la protección de sus derechos fundamentales del debido proceso y acceso a la administración de justicia, consagrados en los artículos 29 y 229 de la Constitución Política.

1. Los hechos de la demanda

Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo siguiente:

1. Los señores Jaime Rodríguez Roncancio, Blanca Pulido Riaño y Paulina Justinico

1. Los hechos de la demanda

Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo siguiente:

1. Los señores Jaime Rodríguez Roncancio, Blanca Pulido Riaño y Paulina Justinico de Farfán, miembros de la junta asesora del proceso concordatario de liquidación del señor Misael Muñoz Robayo, formularon queja para que se investigara al actor por su conducta como representante de los acreedores hipotecarios en ese proceso que tramitó el Juzgado 51 Civil del Circuito Judicial de Bogotá.

1. En sentencia de 7 de marzo de 2022, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá declaró que el actor incurrió en la falta disciplinaria de que trata el artículo 32 de la Ley 1123 de 2007 (falta contra el respeto debido a la administración de justicia y a las autoridades administrativas) en la modalidad dolosa y, en consecuencia, le impuso la sanción de censura del artículo 41 de esa misma norma.

1. Las razones de esa decisión consistieron en que el abogado presentó innumerables memoriales con los que hizo acusaciones temerarias y manifestaciones injuriosas en contra de la liquidadora del proceso y el juez titular del despacho, a través de calificativos irrespetuosos con los que les endiligó conductas punibles de falsedad ideológica y fraude procesal.

1. El demandante apeló la sentencia con fundamento en que la primera instancia se apartó de los precedentes de la S ala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura en casos similares, no aludió de manera íntegra a las pruebas del proceso disciplinario e hizo un juicio sesgado porque inobservó los

apartó de los precedentes de la S ala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura en casos similares, no aludió de manera íntegra a las pruebas del proceso disciplinario e hizo un juicio sesgado porque inobservó los hechos que le eran favorables.

1. Adicionalmente, solicitó que se declarara la nulidad de todo lo actuado porque el juzgado no tuvo en cuenta los reproches que expuso sobre el actuar punible de quienes actuaron como quejosos y la liquidadora en el proceso concordatario , losExpediente: 11001-03-15-000-2023-03748-01

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3 cuales debió tener en cuenta pa ra abrir proceso disciplinario en su contra y remitir copias a la Fiscalía General de la Nación.

1. Con sentencia de 29 de marzo de 2023 , la Comisión Nacional de Disciplina Judicial confirmó la decisión de primera instancia y negó la solicitud de nulidad que presentó el abogado Jorge Antonio Blanco Gómez.

1. Para la autoridad judicial demandada no hubo lugar a declarar la nulidad reclamada por que el asunto discutido versó sobre la conducta del abogado Blanco Gómez en el proceso concordatario y no sobre u na denuncia en contra de los quejosos y la liquidadora en ese proceso.

1. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial concluyó que en la sentencia de primera instancia se hizo alusión detallada a todos los hechos y circunstancias que sirvieron de fundamento para la decisión, no se vulneró el debido proceso del demandante, se respetaron los precedentes jurisprudenciales en materia de faltas

primera instancia se hizo alusión detallada a todos los hechos y circunstancias que sirvieron de fundamento para la decisión, no se vulneró el debido proceso del demandante, se respetaron los precedentes jurisprudenciales en materia de faltas contra el respeto debido a la administración de justicia y las pruebas fueron debidamente valoradas por el a quo del proceso disciplinario.

1. El demandante presentó una solicitud de adición a la sentencia en la que reclamó que la autoridad demandada no se pronunció sobre una prejudicialidad acontecida en el proceso disciplinario, la mora del Juzgado 51 Civil del Circuito Judicial de Bogotá para resolver el proceso concordatario, el incumplimiento de los deberes de la liquidadora, la falta de respuesta a sus múltiples peticiones, el chequeo de las cuentas que presentó la liquidadora, la revisión superficial de las pruebas, la denuncias que presentó el actor en contra de los quejosos y reproch ó inconsistencias gramaticales, de sindéresis y el carácter gaseoso de los fundamentos de la decisión.

1. Mediante auto de 11 de mayo de 2023 , la Comisión Nacional de Disciplina Judicial rechazó la solicitud de adición porque en la sentencia de segunda instancia no se incurrió en algún error u omisión sustancial.Expediente: 11001-03-15-000-2023-03748-01

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2. Los fundamentos de la vulneración

La parte demandante señaló que las sentencias de 7 de marzo de 2022 y 29 de marzo de 2023 proferidas por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá

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2. Los fundamentos de la vulneración

La parte demandante señaló que las sentencias de 7 de marzo de 2022 y 29 de marzo de 2023 proferidas por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial incurrieron en un defecto fáctico , un defecto sustantivo y una violación directa de la Constitución.

Frente al defecto fáctico afirmó que las providencias cuestionadas no contienen un examen crítico de las pruebas y , por ello , avalaron las irregularidades en que incurrieron los quejosos del proceso disciplinar io y los servidores judiciales en el marco del proceso concordatario.

Sobre el defecto sustantivo reclamó que las sentencias cuestionadas omitieron aplicar varias disposiciones legales 1 e insistió en que se desconocieron los precedentes del Consejo Superi or de la Judicatura sobre faltas contra el respeto debido a la administración de justicia.

Las providencias censuradas incurrieron en una violación directa de la Constitución porque resultaron contrarias a los derechos fundamentales invocados y se sustentaron en un régimen objetivo de responsabilidad y en una errada valoración probatoria.

El actor agregó que la nulidad que propuso en la apelación debió ser resuelta por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial y no por su superior jerárquico con la apelación, lo cual vulneró sus derechos fundamentales del debido proceso y doble instancia.

Las autoridades demandadas no aplicaron el principio de prejudicialidad, a pesar de que ello fue solicitado en el escrito de nulidad y no se pronunciaron sobre las causales de exclusión de responsabilidad disciplinaria.

instancia.

Las autoridades demandadas no aplicaron el principio de prejudicialidad, a pesar de que ello fue solicitado en el escrito de nulidad y no se pronunciaron sobre las causales de exclusión de responsabilidad disciplinaria.

1 Artículos 166, 167,168, 169, 173, 174, 212 y 225 de la Ley 222 de 1995, 190 del Código de Comercio, 4, 5, 8, 21, 22, 23, 24, 25 y 85 de la ley 1123 de 2007, 9, 64 y 74 del Código Civil, 13, 29 y 230 de la Constitución Política, 2,7,13, 42, 44, 50, 85,121,191, 279 y 280 del Código General del Proceso, 4, 5 y 7 del Código de Procedimiento Penal, 67, 286 a 297 y 497 del Código Penal, 69 del Código único Disciplinario y, 4 y 22 del Código Disciplinario del Abogado.Expediente: 11001-03-15-000-2023-03748-01

Demandante: Jorge Antonio Blanco Gómez Acción de tutela – Impugnación de fallo

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3. Pretensiones

Con fundamento en lo anterior el demandante solicitó el amparo de las siguientes súplicas:

“1º. Que se revoquen o dejen sin valor o efecto jurídico las providencias dictadas por la sala plena de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial de fecha 29 de marzo de 2023, complementada y adicionada mediante interlocutorio de fecha 11 de mayo de 2.223 (si c) (...) y la sentencia expedida el día 7 de marzo de 2022 por la Comisión Seccional de

de fecha 29 de marzo de 2023, complementada y adicionada mediante interlocutorio de fecha 11 de mayo de 2.223 (si c) (...) y la sentencia expedida el día 7 de marzo de 2022 por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá (...) en el proceso disciplinario adelantado contra el abogado JORGE ANTONIO BLANCO GOMEZ (...) por vulnerar de manera grave e irreparable los derechos fundame [n]tales consagrados en los artículos 1, 2, 4, 29, 51, 58, 83, 228 y 230, entre otros textos, de la Constitución Política y demás normas sustanciales y procesales.

2º. Ordenar a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial Bogotá, que en el término de cuarenta y ocho horas (48) siguientes remitan copia de la sentencia a la oficina del Registro Nacional de Abogados para que excluyan de la hoja de vida del abogado JORGE ANTONIO BLANCO GOMEZ quien se identifica con la cédula de ciudadanía (...) y es tenedor de la tarjeta profesional de abogado (...)”.

4. Actuación en primer grado

La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado por auto de 12 de julio de 2023 admitió la acción de tutela y notificó a los magistrados de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial con el fin de que presentaran un informe sobre los hechos que dieron lugar a la presente acción.

Adicionalmente, se negó la solicitud de pruebas que presentó el demandante para que se ordenara a la Fiscalía General de la Nación la remisión de la noticia criminal

Judicial con el fin de que presentaran un informe sobre los hechos que dieron lugar a la presente acción.

Adicionalmente, se negó la solicitud de pruebas que presentó el demandante para que se ordenara a la Fiscalía General de la Nación la remisión de la noticia criminal que presentó el actor en contra de Jaime Rodríguez Roncancio, Blanca Aurora Pulido de Riañ o y Paulina Justinico de Farfán, presidente y miembros de la junta asesora de liquidación de Misael Muñoz Robayo, respectivamente y Nydia Jeannette Ramírez Nieto, liquidadora auxiliar de la justicia en el proceso concordatario que tramitó el Juzgado 51 Civil del Circuito Judicial de Bogotá.Expediente: 11001-03-15-000-2023-03748-01

Demandante: Jorge Antonio Blanco Gómez Acción de tutela – Impugnación de fallo

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5. Sentencia de primera instancia

El 4 de septiembre de 2023, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado profirió sentencia en la que declaró improcedente el amparo solicitado por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional.

Para el a quo, el interés del actor fue emplear la acción de tutela como una tercera instancia del proceso disciplinario que se adelantó en su contra, además, varios de los reproches formulados carecen de carga argumentativa y no superaron el requisito de subsidiariedad.

Los argumentos de la acción de tutela según los cuales la sanción careció de sustento probatorio, aplicó un régimen objetivo de responsabilidad, desconoció el precedente judicial, omitió remitir copias a la Fiscalía General de la Nación sobre la conducta de las partes en el proceso concordatario de liquidación y aplicar el

sustento probatorio, aplicó un régimen objetivo de responsabilidad, desconoció el precedente judicial, omitió remitir copias a la Fiscalía General de la Nación sobre la conducta de las partes en el proceso concordatario de liquidación y aplicar el principio de prejudicialidad, también fueron formulados en el recurso de apelación que se presentó contra el fallo de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial y las solicitudes de nulidad, adición y complementación de esa sentencia y fueron debidamente resueltos por la autoridad demandada.

Respecto de la falta de decisión frente a la solicitud de nulidad que presentó el actor luego de haberse proferido el fallo de primera instancia, el a quo afirmó que ese trámite se rige por la Ley 1123 de 2007, según la cual esa solicitud se puede decidir en la sentencia, por lo cual hizo bien la Comisión Seccional de Disciplina Judicial en remitirla con la apelación para que se resolviera por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

Frente al defecto sustantivo , el señor Blanco Gómez se limitó a enunc iar las disposiciones presuntamente desconocidas pero no explicó la manera en que se configuró ese defecto y tampoco construyó algún argumento dirigido a explicar si el fundamento de la decisión cuestionada fue una norma que no era aplicable en el caso concreto o si se hizo una interpretación irrazonable.

El cargo relacionado con que las autoridades demandadas no se pronunciaron sobre las causales de exclusión de responsabilidad disciplinaria no superó el requisito de subsidiariedad porque el demandante nunca planteó ese argumento deExpediente: 11001-03-15-000-2023-03748-01

Demandante: Jorge Antonio Blanco Gómez

sobre las causales de exclusión de responsabilidad disciplinaria no superó el requisito de subsidiariedad porque el demandante nunca planteó ese argumento deExpediente: 11001-03-15-000-2023-03748-01

Demandante: Jorge Antonio Blanco Gómez Acción de tutela – Impugnación de fallo

7 defensa en el proceso d isciplinario y tampoco solicitó la adición del fallo en dicho sentido, por lo cual no puede pretender emplear a la acción de tutela como un reemplazo de las vías judiciales ordinarias.

7. Impugnación

El demandante presentó recurso de impugnación contra l a sentencia de primera instancia y le fue concedido con auto de 20 de septiembre de 2023.

En primer lugar , el señor Jorge Antonio Blanco Gómez reclamó que el presente trámite de acción de tutela está viciado de nulidad porque la sentencia de primera instancia “fue admitida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado” , por lo cual debió ser resuelta por la Sala Plena de esta Corporación y no por la Subsección A de la Sección Tercera.

Como razones de reproche en contra del fallo de primera instancia , señaló, en términos generales, que como se declaró improcedente la acción de tutela, con ello se omitió pronunciarse sobre l a totalidad de fundamentos fácticos descritos en la demanda y no se refirió a los planteamientos que sustentaron los defectos fáctico, sustantivo y la violación directa de la Constitución.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad

sustantivo y la violación directa de la Constitución.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que invalide l o actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido a consideración con el siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela, 2) cuestión preliminar: la solicitud de nulidad y 3) el caso concreto.

1. Finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.Expediente: 11001-03-15-000-2023-03748-01

Demandante: Jorge Antonio Blanco Gómez Acción de tutela – Impugnación de fallo

8 Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir los recursos idóneos previstos por el legislado r y tampoco para desplazar o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir términos precluidos o acciones caducadas.

De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando exista otro medio de defen sa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos constitucionales fundamentales del demandante.

2. Cuestiones preliminares

2.1 La solicitud de nulidad

transitorio para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos constitucionales fundamentales del demandante.

2. Cuestiones preliminares

2.1 La solicitud de nulidad

Previamente a decidir el fondo del asunto y en la medida que el asunto se encuentra para fallo, en cumplimiento de los principios de celeridad y economía procesal que irradian el trámite de la acción de tutela, la Sala resolverá la solicitud de nulidad en esta sentencia, para evitar mayores dilaciones.

Al respecto, se tiene que el señor Jorge Antonio Blanco Gómez formuló en su escrito de impugnación en los siguientes términos:

“1. El suscrito demand[ó] mediante acción constitucional de tutela, a todos los magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otra, la demanda fue admitida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado. Por ende a la misma entidad que admitió la demanda es decir, la citada sala plena debe decidir mediante sentencia la acción constitucional impetrada y no la Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Tercera - Subsección A y constituida por los magistrados María Adriana Marín, Nubia Velásquez y José Roberto Sáchica. A mi juicio la decisión i mpugnada acarrea nulidad, pues la sentencia proferida ha debido ser discutida y analizada en Sala Plena.”.

Así entonces, el demandante reclamó una supuesta falta de competencia de los magistrados de la Subsección A de la Sección Tercera de esta Corporació n para conocer en primera instancia del proceso de acción de tutela de la referencia.

Sobre el particular, la Sala debe señalar que el artículo 4 del Decreto 306 de 1992

magistrados de la Subsección A de la Sección Tercera de esta Corporació n para conocer en primera instancia del proceso de acción de tutela de la referencia.

Sobre el particular, la Sala debe señalar que el artículo 4 del Decreto 306 de 1992 señala la posibilidad de aplicar los principios generales del Código de ProcedimientoExpediente: 11001-03-15-000-2023-03748-01

Demandante: Jorge Antonio Blanco Gómez Acción de tutela – Impugnación de fallo

9 Civil, hoy Código General del Proceso, para interpretar las disposiciones previstas en el Decreto 2591 de 1991 en todo aquello que no sea contrario a dicho decreto.

Es por ello que en materia de nulidades procesales se aplica el artículo 133 de ese estatuto procesal que estableció que el proceso es nulo, en todo o en parte, solamente en los casos allí previstos, entre ellos cuando el juez actuó en el proceso después de declarar la falta de competencia2.

Sobre el particular, la Sala negará la solicitud de nulidad por la supuesta falta de competencia del a quo para resolver en primera inst ancia la presente acción constitucional con fundamento en los siguientes motivos:

El artículo 86 de la Constitución Política asignó a los jueces la protección de los derechos constitucionales fundamentales sin establecer regla alguna de competencia y en e se contexto el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 reguló la competencia para conocer de las acciones de tutela, según el factor territorial, asignándola a prevención a los jueces del lugar donde ocurriere la violación o la amenaza al derecho constitucional fundamental.

Por su parte, el Decreto 333 del 6 de abril de 20213 prevé lo siguiente en materia de reparto:

asignándola a prevención a los jueces del lugar donde ocurriere la violación o la amenaza al derecho constitucional fundamental.

Por su parte, el Decreto 333 del 6 de abril de 20213 prevé lo siguiente en materia de reparto:

"Artículo 2.2.3.1.2.1. Reparto de la acción de tutela. Para los efectos previstos en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, conocerán de la acción de tutela, a prevención, los jueces con jurisdicción donde ocurriere la violación o la amenaza que motivare la presentación de la solicitud o donde se produjeren sus efectos, conforme a las siguientes reglas: (...) (…)

8. Las acciones de tutela dir igidas contra el Consejo Superior de la Judicatura y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial serán repartidas para su conocimiento en primera instancia , a la Corte Suprema de Justicia o al Consejo de Estado, y se resolverá por la Sala de Decisión, Sección o Subsección que corresponda (...)”.

2 “(...) 1. Cuando el juez actúe en el proceso después de declarar la falta de jurisdicción o de competencia (...).”.

3 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1,2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”Expediente: 11001-03-15-000-2023-03748-01

Demandante: Jorge Antonio Blanco Gómez Acción de tutela – Impugnación de fallo

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de tutela”Expediente: 11001-03-15-000-2023-03748-01

Demandante: Jorge Antonio Blanco Gómez Acción de tutela – Impugnación de fallo

10 En primer lugar y contrario a lo señalado por el actor, se advierte que las autoridades demandadas fueron la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, motivo por el cual con acta de reparto del 10 de julio de 2023 el asunto fue asignado en primera instancia a la Subsección A de la Sección Tercera de esta Corporación, de conformidad con la norma referida.

Asimismo, no le asiste razón al actor en cuanto a que la acción de tutela fue admitida por la Sala Plena del Consejo de Estado, por cuanto es evidente que la demanda fue admitida mediante auto de 12 de julio de 2023 por parte d el magistrado José Roberto Sáchica Méndez, integrante de la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, a quien correspondió el reparto de rigor y fue el ponente de la Sala de decisión que discutió y aprobó la sentencia impugnada.

En gracia de discusión , debe señalarse que la controversia planteada por el actor no cumplió con los presupuestos legales para que la Sala Plena del Consejo de Estado asumiera su conocimiento y dictara una sentencia con fines de unificación , por importancia jurídica, trascendencia económica o social, necesidad de sentar jurisprudencia, precisar su alcance o resolver las divergencias en su interpretación y aplicación, de acuerdo con lo consagrado en el artículo 271 del CPACA y el artículo 14 del Acuerdo no. 080 de 2019.

jurisprudencia, precisar su alcance o resolver las divergencias en su interpretación y aplicación, de acuerdo con lo consagrado en el artículo 271 del CPACA y el artículo 14 del Acuerdo no. 080 de 2019.

En conclusión, a partir de lo anterior se advierte, sin hesitación alguna, que no se configuró alguna causal para declarar la nulidad procesal de lo actuado, motivo por el cual debe denegarse la solicitud elevada por el actor sobre esa materia.

2.2 Delimitación del asunto

La Sala aclara que, si bien la acción de tutela se dirigió c ontra las sentencias proferidas en las dos instancias del proceso disciplinario, lo cierto es que los argumentos de reproche del actor se dirigieron a controvertir el contenido de la providencia de segunda instancia, siendo aquella la que definió el marco de decisión de la presente providencia.

Lo anterior, aunado a que esa sentencia fue la que finalizó el proceso y ante la eventualidad de que deba accederse al amparo pretendido la autoridad judicial encargada de cumplir la orden y dictar una sentencia de reemplazo sería laExpediente: 11001-03-15-000-2023-03748-01

Demandante: Jorge Antonio Blanco Gómez Acción de tutela – Impugnación de fallo

11 Comisión Nacional de Disciplina Judicial. En suma, el análisis de la Sala se circunscribirá a lo decidido en segunda instancia.

3. El caso concreto

En el asunto que ocupa la atención de la Sala se demanda por esta vía constitucional a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial con el fin de que se protejan los derechos constitucionales funamentales del debido proceso y acceso a la administración de justicia presuntamente vulnerados con ocasión de la sentencia

constitucional a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial con el fin de que se protejan los derechos constitucionales funamentales del debido proceso y acceso a la administración de justicia presuntamente vulnerados con ocasión de la sentencia proferida por esa autoridad el 29 de marzo de 2023.

En los términos en que fue propuesta la controversia la Sala confirmará la sentencia de primera instancia que declaró improcedente la acción de tutela por no cumplirse con los requisitos de relevancia constitucional y subsidiariedad por las razones que procederán a exponerse:

1. Para determinar si una solicitud de amparo de tutela tiene o no relevancia constitucional, la Sala Plena del Consejo de Estado consideró necesario examinar varios elementos, siendo ellos que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional a las del proceso ordinario en que fue proferida la providencia acusada, puesto que este mecanismo especial constitucional fue diseñado para proteger derechos fundamentales y no para discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial y que la parte actora motive con suficiencia argumentativa la relevancia constitucional, para lo cual no es suficiente con mencionar la vulneración de derechos fundamentales4.

1. En este caso, a juicio del actor, en la providencia judicial atacada se incurrió en un defecto fáctico, un defecto sustantivo y una violación directa de la Constitución porque en ella: (i) no se hizo un examen crítico de las pruebas, (ii) se omitió aplicar varias disposiciones del Código de Comercio, el Código Civil, la Constitución Política, el Código General del Proceso, el Código de Procedimiento Penal, el Código Penal, el Código Único Disciplinario y el Código Disciplinario del Abogado,

varias disposiciones del Código de Comercio, el Código Civil, la Constitución Política, el Código General del Proceso, el Código de Procedimiento Penal, el Código Penal, el Código Único Disciplinario y el Código Disciplinario del Abogado, (iii) se aplicó un régimen objetivo de responsabilidad, (iv) desconoció el precedente judicial de la Corte Suprema de Justicia en materia de debido respeto a las

4 Sentencia de 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado, expediente 11001-03-15-000-2012-02201-01, MP: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.Expediente: 11001-03-15-000-2023-03748-01

Demandante: Jorge Antonio Blanco Gómez Acción de tutela – Impugnación de fallo

12 autoridades judiciales, (v) se resolvió una solicitud de nulidad sin tener competencia para ello, (vi) inaplicó el principio de prejudicialidad y (vii) no se remitieron copias a la Fiscalía General de la Nación por las irregularidades acontecidas en el proceso concordatario.

1. A partir de las pruebas obrantes en el expediente, la Sala encontró, como lo hiciera el a quo , que con la acción de tutela el demandante buscó un nuevo pronunciamiento sobre los aspectos que ya fueron debidamente expuestos, analizados y resueltos en el pro ceso disciplinario por parte del juez natural de la causa.

1. En efecto, en el recurso de apelación que presentó en contra de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial el actor alegó lo siguiente:

Con alusión al primer motivo de inconformidad o sea La sentencia

causa.

1. En efecto, en el recurso de apelación que presentó en contra de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial el actor alegó lo siguiente:

Con alusión al primer motivo de inconformidad o sea La sentencia recurrida [s]e