CE - 110010315000202303750011SENTENCIA20231117163837

Radicado: 11001-03-15-000-2023-03750-01

Demandante: Clelia Andrea Anaya Benavides

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá D.C., dieciséis (16) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2023-03750-01

Demandante: CLELIA ANDREA ANAYA BENAVIDES

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,

SECCIÓN CUARTA, SUBSECCIÓN B Y OTRO

Temas: Tutela contra providencia judicial. Contra auto que negó solicitud de inaplicación de la sanción impuesta por desacato.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte demandante contra la providencia del 31 de agosto de 2023, dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, que resolvió:

«PRIMERO. - RECHAZAR POR IMPROCEDENTE la acción de tutela instaurada por la

providencia del 31 de agosto de 2023, dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, que resolvió:

«PRIMERO. - RECHAZAR POR IMPROCEDENTE la acción de tutela instaurada por la señora Clelia Andrea Anaya Benavides contra el Juzgado Cincuenta y Cinco Administrativo del Circuito de Bogotá y el Tribunal Administ rativo de Cundinamarca – Sección Cuarta – Subsección B, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

(…)».

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

La señora Clelia Andrea Anaya Benavides interpuso acción de tutela contra el Juzgado Cincuenta y Cinco Administrativo de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, por estimar vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso , a la tutela judicial efectiva, al buen nombre y el “derecho al patrimonio” . En consecuencia, formul ó las siguientes pretensiones:

«(…) PRIMERO: AMPARAR mis derechos fundamentales al debido proceso, a la tutela judicial efectiva, buen nombre, y patrimonio vulnerados por el JUZGADO CINCUENTA Y CINCO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO - SECCIÓN SEGUNDA DE BOGOTÁ y el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA - SECCIÓN CUARTA - SUBSECCIÓN "B", teniendo en cuenta lo ya expuesto y la Sentencia SU-034 de 2018 de la Corte Constitucional.

SEGUNDO: ORDENAR al JUZGADO CINCUENTA Y CINCO ADMINISTRATIVO DEL

teniendo en cuenta lo ya expuesto y la Sentencia SU-034 de 2018 de la Corte Constitucional.

SEGUNDO: ORDENAR al JUZGADO CINCUENTA Y CINCO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO - SECCIÓN SEGUNDA DE BOGOTÁ, modular los efectos del fallo del 05 de diciembre de 2022, en cumplimiento de la Sentencia SU-034 de 2018 y el Auto 206 de 2017 de la Corte Constitucional, en la medida que se cumplió con la orden al expedir la Resolución 04102019-171346 del 17 de diciembre de 2019, con fundamento en la Resolución No. 01049 de 2019, que reconoció el derecho a la entrega de la indemnización a la señora JULIA INESRadicado: 11001-03-15-000-2023-03750-01

Demandante: Clelia Andrea Anaya Benavides

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador

LOZANO QUIROGA y dispuso la aplicación del método técnico de priorización, en atención a que no acreditó un criterio de priorización.

Y en consecuencia, INAPLICAR Y/O DEJAR SIN EFECTOS las sanciones impuestas en auto del 13 de febrero de 2023 en mi contra, consistente en multa de dos (02) salarios mínimos legales mensuales vigentes, decisión CONFIRMADA por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO

del 13 de febrero de 2023 en mi contra, consistente en multa de dos (02) salarios mínimos legales mensuales vigentes, decisión CONFIRMADA por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA - SECCIÓN CUARTA - SUBSECCIÓN "B" en auto del 15 de febrero de 2023.

TERCERO: ORDENAR al JUZGADO CINCUENTA Y CINCO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO - SECCIÓN SEGUNDA DE BOGOTÁ y al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA - SECCIÓN CUARTA - SUBSECCIÓN "B", que comunique a la autoridad encargada de la ejecución de la sanción de multa, que las mismas se han levantado con ocasión a la acreditación de la imposibilidad del cumplimiento de la orden judicial de tutela.

CUARTO: CONMINAR al JUZGADO CINCUENTA Y CINCO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO - SECCIÓN SEGUNDA DE BOGOTÁ y al TRIBUNA L ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA - SECCIÓN CUARTA - SUBSECCIÓN "B", a que acate y aplique los precedentes jurisprudenciales frente a la procedencia del levantamiento de la sanción, previa acreditación del cumplimiento de la orden y/o acreditando las razone s que imposibilitan su cumplimiento, con base en la naturaleza persuasiva del incidente de desacato».

2. Hechos

De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

La señora Julia Inés Lozano Quiroga present ó acción de tutela contra la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas (en adelante UARIV) con el

De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

La señora Julia Inés Lozano Quiroga present ó acción de tutela contra la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas (en adelante UARIV) con el fin de conseguir la protección del derecho fundamental de petición.

El proceso fue conocido por el Juzgado Cincuenta y Cinco Administrativo de Bogotá, que, por sentencia del 5 de diciembre de 2022, concedió el amparo pretendido y resolvió, entre otros, «(...) SEGUNDO. - ORDENAR a la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas – UARIV que, por conducto del funcionario competente, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, responda, de: fondo, completa, clara y congruente, la petición de la señora Julia Inés Lozano Quiroga (...) indicándole el plazo aproximado y orden, en el que podr á acceder a la indemnización administrativa por el hecho victimizarte del desplazamiento forzado. De otra parte, copia de lo actuado por la entidad debe ser enviado a este juzgado, para comprobar el cumplimiento de la sentencia. [...]». (se destaca)

El 19 de enero de 2023 la señora Julia Inés Lozano Quiroga interpuso incidente de desacato en contra de la UARIV por el incumplimiento del fallo del 5 de diciembre de 2022.

El Juzgado Cincuenta y Cinco Administrativo de Bogotá, por auto del 13 de febrero de 2023, declaró el incumplimiento de la orden de tutela por parte Clelia Andrea

de 2022.

El Juzgado Cincuenta y Cinco Administrativo de Bogotá, por auto del 13 de febrero de 2023, declaró el incumplimiento de la orden de tutela por parte Clelia Andrea Anaya Benavides, Directora Técnica de Reparaciones de la UARIV , y, en consecuencia, le impuso sanción consistente en multa equivalente a dos salarios mínimos legales mensuales vigentes .

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, al resolver el grado jurisdiccional de consulta, en auto del 15 de febrero de 2023, consideró bien impuesta l a sanción por desacato y confirm ó la decisión proferida por el Juzgado.Radicado: 11001-03-15-000-2023-03750-01

Demandante: Clelia Andrea Anaya Benavides

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador

El 21 de febrero de 2023 y el 10 de marzo de 2023, la señora Clelia Andrea Anaya Benavides presentó solicitud de inaplicación de la sanción impuesta, con fundamento en que, mediante Resolución 4102019-171346 del 17 de diciembre de 2019, se reconoció la medida de indemnización administrativa por el hecho victimizarte del desplazamiento forzado a la señora Julia Inés Lozano Quiroga,

fundamento en que, mediante Resolución 4102019-171346 del 17 de diciembre de 2019, se reconoció la medida de indemnización administrativa por el hecho victimizarte del desplazamiento forzado a la señora Julia Inés Lozano Quiroga, pero que, aplicado el método técnico de priorización s e determinó que no cumplió con los criterios para acceder al pago.

El Juzgado Cincuenta y Cinco Administrativo de Bogot á, en auto del 31 de marzo de 2023, no accedió a la solicitud porque, tal como se señaló en el auto del 13 de febrero de 2023, confirmado en auto del 15 de febrero de 2023 «(…) sus respuestas no denotan claridad ni certeza, en otras palabras, no conducen a demostrar que se haya dado cabal cumplimiento a lo allí dispuesto, pues prima facie se ha limitado a reiterar en las múltiples respuestas brindadas a la señora Julia Inés Lozano Quiroga, la fecha en que se efectuará el próximo método de priorización – 31 de julio de 2023, dado que los métodos realiza dos en las vigencias 2019, 2020, 2021 y 2022 no han resultado favorables – sin que se le informe la situación financiera para dar o no cumplimiento al pago, a fin de que la incidentante decida si espera su turno o ejerce la acción ejecutiva para acceder al pago por vía judicial, como tampoco demuestra la incidentada mediante prueba sumaria la imposibilidad que alega de no poder indicar una fecha cierta de pago».

El 4 de abril de 2023, el 8 de mayo de 2023 y el 12 de mayo de 2023, la señora Clelia Andrea An aya Benavides y/o la Unidad para la Atención y Reparación

El 4 de abril de 2023, el 8 de mayo de 2023 y el 12 de mayo de 2023, la señora Clelia Andrea An aya Benavides y/o la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas presentó nueva solicitud de inaplicación de la sanción impuesta, con fundamento en que realiz ó todas las gestiones positivas para dar cumplimiento a la orden judicial . S e refirió a la Resolución 1049 de 2019 y a la Resolución 4102019 -171346 del 17 de diciembre de 2019, mediante la que se reconoció a la accionante la medida de indemnización administrativa por el hecho victimizante del desplazamiento forzado, en el que se determ inó que el método técnico de priorización se aplicaría nuevamente en el segundo semestre de 2023, porque la actora no acreditó situación de urgencia manifiesta o extremas vulnerabilidades, por lo que, adujo que para la entidad es imposible dar un plazo aproximado y orden de entrega de la indemnización administrativa.

El Juzgado Cincuenta y Cinco Administrativo del Circuito Judicial de Bogot á, en auto del 15 de junio de 2023, no accedió a la solicitud, porque constatar que la Unidad para la Atención y Repar ación Integral a las Víctimas no ha dado cumplimiento al fallo de tutela, como se expuso en los autos del 13 de febrero de 2023, del 15 de febrero de 2023 y del 12 de mayo de 2023.

3. Argumentos de la acción de tutela

En términos generales, la señora Clelia Andrea Anaya Benavides alega que existe imposibilidad de cumplir la orden de tutela del 5 de diciembre de 2022, porque no

3. Argumentos de la acción de tutela

En términos generales, la señora Clelia Andrea Anaya Benavides alega que existe imposibilidad de cumplir la orden de tutela del 5 de diciembre de 2022, porque no es posible para la UARIV indicar un plazo aproximado en el cual la señora Julia Inés Lozano Quiroga puede acceder a la indemnización administrativa por el hecho victimizante del desplazamiento forzad o, en la media en que, la entidad debe ser respetuosa del procedimiento establecido en la Resolución 1049 de 2019 –la cual fijó los criterios de priorización para el reconocimiento reparato rio– y del debido proceso administrativo.

Adujo la existencia del defecto fáctico porque las autoridades judiciales demandadas no valoraron los escritos presentados por la Unidad para Atención y Reparación Integral a las Víctimas - UARIV en que se aportó el oficio que resolvióRadicado: 11001-03-15-000-2023-03750-01

Demandante: Clelia Andrea Anaya Benavides

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador

el reconocimiento de la medida indemnizatoria, el oficio de no favorabilidad y lo relacionado con el procedimiento previsto en la Resolución 01049 de 2019.

Indicó que se desconoció que en el trámite de desacato la Unidad para Atención y

el reconocimiento de la medida indemnizatoria, el oficio de no favorabilidad y lo relacionado con el procedimiento previsto en la Resolución 01049 de 2019.

Indicó que se desconoció que en el trámite de desacato la Unidad para Atención y Reparación Integral a las VíctimasUARIV informó la imposibilidad de establecer el término en el que se efectuará de manera material el desembolso de la indemnización administrativa, porque:

(i) mediante Resolución 04102019 -171346 del 17 de diciembre de 2019, reconoció a favor de Julia Inés Lozano Quiroga la medida de indemnizaci ón administrativa por el hecho victimizante del desplazamiento forzado y decidió aplicar el método técnico de priorización, con el fin de disponer la orden de entrega;

(ii) el 31 de julio de 2022, la Unidad aplicó nuevamente el método técnico de priorización, cuyo resultado fue que no era procedente materializar la entrega de la medida de indemnización ya reconocida porque el puntaje mínimo definido para acceder a la indemnización fue 46.6053 para el año 2022 y la señora Lozano Quiroga fue 29.20707;

(iii) de acuerdo con el procedimiento administrativo contemplado en la Resolución 1049 de 2019, no era posible otorgar fecha de pago porque el puntaje obtenido no lo ubicó en el universo de víctimas que accederían a la indemnización conforme a la disponibilid ad presupuestal del año 2022;

(iv) se informó que se aplicaría nuevamente el método en la vigencia 2023 con las víctimas que a 31 de diciembre de 2022 contaban con acto administrativo de reconocimiento y con orden de aplicación de método,

(iv) se informó que se aplicaría nuevamente el método en la vigencia 2023 con las víctimas que a 31 de diciembre de 2022 contaban con acto administrativo de reconocimiento y con orden de aplicación de método,

(v) informó que, si la señora Julia Inés Lozano Quiroga contaba con una situación de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad, prevista en el artículo 4 de la Resolución 1049 de 2019 o 1 de la Resolución 582 de 2021, podría adjuntar la certificación y soportes nec esarios para priorizar la entrega, al correo docuementacion@unidadvictimas.gov.co.

Indicó que, en cumplimiento de la orden séptima del auto 206 del 2017 de la Corte Constitucional, la Unidad para Atención y Reparación Integral a las VíctimasUARIV profir ió la Resolución 1049 del 15 de marzo de 2019, por medio del cual adoptó el procedimiento para reconocer y otorgar indemnización por vía administrativa, se crea el método técnico de priorización, la cual contempla 4 fases de procedimiento, dentro de la que está la entrega.

Igualmente, informó que se aplicaría el método técnico de priorización en el caso de la señora Julia Inés Loz ano Quiroga durante la vigencia 2023 y se refirió ampliamente a la imposibilidad material del desembolso de la indemnización administrativa.

A su juicio, la autoridad judicial demandada incurrió en el defecto “sustantivo” por el desconocimiento de la sentencia SU – 034 de 2018 de la Corte Constitucional, en lo relacionado con “las reglas para modular el cumplimiento de los fallos, en especial, los

el desconocimiento de la sentencia SU – 034 de 2018 de la Corte Constitucional, en lo relacionado con “las reglas para modular el cumplimiento de los fallos, en especial, los que se relacionan con el pago de la indemnización administrativa”.Radicado: 11001-03-15-000-2023-03750-01

Demandante: Clelia Andrea Anaya Benavides

5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador

Invocó el defecto por violación directa de la Constitución porque con las decisiones cuestionadas se afectan los principios constitucionales al debido proceso, a la seguridad jurídica, a la confianza legítima, buena fe y pod desconocer el auto 206 de 2017 y el procedimiento de reconocimiento de in demnización administrativa previsto en la Resolución 01049 de 2019.

4. Trámite Previo

El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A , en auto del 13 de julio de 2023, admitió la acción de tutela, ordenó notificar al Juzgado Cincuenta y Cinco Administrativo de Bogotá y al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta y a la señora Julia Inés Lozano Quiroga, como tercera interesada. Asimismo, concedió la medida provisional solicitada por la demandante, consist ente en la suspensión de los efectos de la providencia del 15 de febrero de 2023, por medio

concedió la medida provisional solicitada por la demandante, consist ente en la suspensión de los efectos de la providencia del 15 de febrero de 2023, por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B confirmó la sanción.

5. Oposición

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B allegó informe en el que indicó que, los fundamentos contenidos en el proveído de 15 de febrero de 2023, que condujeron a la Corporación a confirmar la sanción impuesta por auto de 13 de febrero de 2023 , obedecieron a que, valoradas y constatadas las pruebas arrimadas a lo largo del trámite incidental, se evidenci ó que la incidentada no había acatado integralmente el fallo de tutela.

Mencionó que, no se pasó por alto que la UARIV atendió en término los requerimientos efectuados por el despacho judicial , sin embargo, sus respuestas no denotaron claridad ni certeza, pues, solo se limitó a reiterar en las múltiples respuestas brindadas a la señora Julia Inés Lozano Quiroga , la fecha en que se efectuaría el próximo método de priorización -31 de julio de 2023 -, dado que los métodos realizados en las vigencias 2019, 2020, 2021 y 2022 no resulta ron favorables, sin que se le inform ara la situación financiera para dar o no cumplimiento al pago, a fin de que la incidentante decida si espera su turno o ejerce la acción ejecutiva para acceder al pago por vía judicial, por cuanto puede generarse el decaimiento del acto administrativo que reconoció el derecho a la indemnización por la no ejecución oportuna en un término cercano.

la acción ejecutiva para acceder al pago por vía judicial, por cuanto puede generarse el decaimiento del acto administrativo que reconoció el derecho a la indemnización por la no ejecución oportuna en un término cercano.

Explicó que, lo anterior está soportado en la jurisprudencia constitucional, citó como ejemplo, la sentencia T-205 de 2021, donde al analizar on casos similares, en que la Corporación ha sostenido que «(...) el sistema de priorización no puede derivar en una práctica inconstitucional, consistente en restringir arbitraria y desproporcionadamente el acceso de un grupo particular de víctimas a las medidas de indemnización (...)», y que «(...) el reconocimiento de los principios de gradualidad y progresividad no puede traducirse en que las personas desplazadas tengan que esperar de manera indefinida, bajo una completa incertidumbre, el pago de la indemnización administrativa».

Dijo que, esto último cobra relevancia, porque en el presente caso han transcurrido más de cuatro años realizando métodos de priorización desde que a la víctima le fue reconocida la indemnización administrativa por el hecho victimizante de desplazamiento forzado, sin que se le informe siquiera una fecha probable de pago conforme al presupuesto asignado por cada vigencia.Radicado: 11001-03-15-000-2023-03750-01

Demandante: Clelia Andrea Anaya Benavides

6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer

www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador

Finalmente, dijo que a l no demostrarse la configuración de las causales genéricas y alguna específica de procedibilidad contra providencia judicial, la presente acción de tutela se torna improcedente

El Juzgado Cincuenta y Cinco Administrativo de Bogotá hizo relación de las actuaciones surtidas al interior del trámite de tutela y del incidente de desacato.

Asimismo, relacionó las solicitudes de inaplicación allegados por la aquí accionante, en el siguiente orden: (i) el 21 de febrero de 2023, la Oficina Jurídica de la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas solicitó inaplicar la sanción impuesta a la Doctora Clelia Andrea Anaya Benavides y el 23 de febrero de 2023, mediante auto se declaró falta de legitimación en la causa por activa de la representante judicial de la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

(ii) el 24 de febrero de 2023, la representante legal de la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas solicitó inaplicar la sanción impuesta a la Doctora Clelia Andrea Anaya Benavides ; (iii) el 9 de marzo de 2023, la Directora Técnica de Reparaciones de la UARIV, Doctora Clelia Andrea Anaya Benavidez solicitó reconsiderar la inaplicación de la sanción y en auto del 31

de 2023, la Directora Técnica de Reparaciones de la UARIV, Doctora Clelia Andrea Anaya Benavidez solicitó reconsiderar la inaplicación de la sanción y en auto del 31 de marzo de 2023, el despacho negó la solicitud de inaplicación de la sanción.

(iv) el 10 de abril de 2023, la Directora Técnica de Reparaciones de la UARIV, Doctora Clelia Andrea Anaya Benavidez solicitó reconsiderar la inaplicación de la sanción y en auto del 12 de abril de 2023, el despacho resolvió estarse a lo resuelto en providencia de l 23 de febrero de 2023, el cual decidió declarar falta de legitimación en la causa por activa de la representante judicial de la UARIV.

(v) el 8 de mayo de 2023, la Oficina Jurídica de la Unidad Administr ativa Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas solicitó inaplicar la sanción impuesta a la Doctora Clelia Andrea Anaya Benavides y en auto del 11 de mayo de 2023, el despacho resolvió estarse a lo resuelto en la providencia del 23 de febrero de 2023, el cual decidió declarar falta de legitimación en la causa por activa de la representante judicial de la UARIV.

(vi) el 12 de mayo de 2023, la Directora Técnica de Reparaciones de la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Inte gral a las Víctimas, Clelia Andrea Anaya Benavidez solicitó inaplicar la sanción impuesta y en auto del 15 de junio de 2023 se decidió negativamente la solicitud.

Al efecto, explicó que no es procedente presentar acción de tutela en contra de

Andrea Anaya Benavidez solicitó inaplicar la sanción impuesta y en auto del 15 de junio de 2023 se decidió negativamente la solicitud.

Al efecto, explicó que no es procedente presentar acción de tutela en contra de tutela, aun cuando se presente como discusión de la decisión del incidente de desacato, por cuanto este es consecuencia del incumplimiento a la sentencia de tutela, lo que hace improcedente la acción constitucional y agregó que, e n el caso en estudio, la tutelante no reúne los requisitos preliminares para la procedencia de la acción, porque no cumple con el requisito de relevancia constitucional.

Mencionó que la Corte Constitucional ha indicado que no es procedente acudir a la acción de tutela para atacar otra tutela, cuando existe cosa juzgada constitucional y que, si en gracia de discusión que el motivo de inconformidad de la tutelante fueraRadicado: 11001-03-15-000-2023-03750-01

Demandante: Clelia Andrea Anaya Benavides

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador

la decisión del incidente de desacato, la Corte Constitucional, también ha indicado su procedencia excepcional.

Indicó que en el trámite del incidente de desacato se respetaron los principios del

la decisión del incidente de desacato, la Corte Constitucional, también ha indicado su procedencia excepcional.

Indicó que en el trámite del incidente de desacato se respetaron los principios del debido proceso, defensa y contradicción y precisó que en la s entencia SU-034 de 2018 la Corte Constitucional señaló reglas para que los jueces de tutela, modulen el cumplimiento del fallo, en la que establecieron algunos requisitos, tales como: “(i) la imposibilidad fáctica o jurídica de cumplimiento, (ii) el contexto que rodea la ejecución de la orden impartida, (iii) la presencia de un estado de cosas inconstitucional, (iv) la complejidad de las órdenes, (v) la capacidad funcional de la persona o institucional del órgano obligado para hacer efectivo lo dispuesto en el fallo, (vi) la competencia funcional directa para la ejecución de las órdenes de amparo, y (vii) el plazo otorgado para su cumplimiento”.

Que, de acuerdo con lo anterior no se presenta alguno de los parámetros establecidos por la Corte Constitucional, por cuanto la orden del fallo de tutela del 5 de diciembre de 2022 se dirigió a que se respond iera de fondo, completa, clara y congruente, la petición de la señora Julia Inés Lozano Quiroga presentada el 25 de octubre de 2022, en la que indique el plazo y orden aproximados, en el que podrá acceder a la indemnización administrativa, de tal manera que, en ningún momento, se orden ó pago inmediato de la indemnización administrativa o no realizar los procedimientos establecidos; sino, fijar por parte de la entidad plazo y orden

acceder a la indemnización administrativa, de tal manera que, en ningún momento, se orden ó pago inmediato de la indemnización administrativa o no realizar los procedimientos establecidos; sino, fijar por parte de la entidad plazo y orden aproximados, en el entendido que, con posterioridad al reconocimiento de la indemnización, la entidad lleva más de 3 años realizando método de priorización .

Adujo que, no era necesario que el juez estableciera otras formas de satisfacer el derecho fundamental de petición, más aún, si se tiene en cuenta que, si las partes no est uvieron de acuerdo con la sentencia de tutela, tuvieron oportunidad de impugnarla, pero, no lo hicieron, razón que llevó al juzgado, a remitirla a la Corte Constitucional para su eventual revisión, sin que fuera seleccionada.

Señaló que en el trámite del inciden te de desacato se identificó a la funcionaria obligada a cumplir la orden de tutela, se le requirió para que cumpliera la orden, se le notificó personalmente el auto que abrió el incidente de desacato y se le otorgó la oportunidad de ejercer sus derechos d e defensa y contradicción.

En conclusión, dijo que, no es procedente la acción de tutela contra fallo de tutela, no se demostró que se haya vulnerado los derechos fundamentales de la tutelante en el trámite del incidente de desacato y , se pretenden reabri r la decisión tomada en sentencia de tutela, la cual no fue impugnada.

Solicitó declarar improcedencia de la acción de tutela.

6. Intervención terceros con interés

La señora Julia Inés Lozano Quiroga no se pronunció sobre los hechos que dieron origen a la presente acción.

Solicitó declarar improcedencia de la acción de tutela.

6. Intervención terceros con interés

La señora Julia Inés Lozano Quiroga no se pronunció sobre los hechos que dieron origen a la presente acción.

7. Sentencia de primera instancia

El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A , en sentencia del 31 de agosto de 2023, rechazó por improcedente la acción de tutela, porque los argumentos mediante los cuales la señora Clelia Andrea Anaya Benavides solicit óRadicado: 11001-03-15-000-2023-03750-01

Demandante: Clelia Andrea Anaya Benavides

8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador

la modulación de la orden de tutela objeto del incidente de desacato acusado no son nuevos y fueron incluso planteados por la misma entidad dentro del trámite de tutela inicial que no fue apelado, situación que no encaja dentro de los requisitos fijados para que sea posible el procedimiento modulatorio pretendido.

Precisó que la solicitud de amparo tampoco cumple con el requisito general de subsidiariedad, al ser la tutela un mecanismo residual y subsidiario, no puede usarse para sustituir la órbita de competencia del juez natural toda vez que la accionante antes que pretender la modulación de la orden dictada el 5 de diciembre

subsidiariedad, al ser la tutela un mecanismo residual y subsidia