CE - 110010315000202303776001SENTENCIA20230810130053

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., cuatro (4) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Radicación: 11001-03-15-000-2023-03776-00

Accionante: CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DE LA

PLATA BAHÍA MÁLAGA Y OTROS

Accionado: PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y OTROS Referencia: ACCIÓN DE TUTELA – AMPARA LOS DERECHOS FUNDAMENTALES A LA CONSULTA PREVIA, A LA VIDA Y A LA

SEGURIDAD DE COMUNIDAD NEGRA

Sentencia de primera instancia

La Sala decide la acción de tutela presentada por el Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de la Plata Bahía Málaga, por la Cooperativa Multiactiva de la Comunidad Malagueña - COOPEMALAGA y por el señor Hoovert Eladio Carabali Playonero en contra del Presidente de la República, del Ministerio del Interior, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI, de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA y de la Sociedad Puerto Industrial Aguadulce S.A.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. Los demandantes solicitaron el amparo de sus derechos fundamentales a la vida, a la igualdad, al debido proceso, a la consulta previa y a la existencia étnica e identidad cultural, cuya vulneración le atribuyeron a las autoridades públicas accionadas: (i) por la omisión de llevar a cabo el proceso de consulta previa en

a la igualdad, al debido proceso, a la consulta previa y a la existencia étnica e identidad cultural, cuya vulneración le atribuyeron a las autoridades públicas accionadas: (i) por la omisión de llevar a cabo el proceso de consulta previa en relación con la ejecución del proyecto portuario denominado «Construcción y Operación de un Puerto Multipropósito en el sector de Aguadulce, Bahía de Buenaventura»; (ii) por la omisión de llevar a cabo el procedimiento para verificar la afectación del citado proyecto a la comunidad étnica accionante, y (iii) por la omisión del Estado de proteger en, sus derechos a la vida y la seguridad, a los representantes de las comunidad étnica demandante.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. Para efectos metodológicos, la Sala dividirá los hechos expuestos en el escrito de tutela, de acuerdo con los cargos o vulneraciones expuestas en el párrafo anterior, como se observa a continuación:2

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Accionante: Consejo comunitario de la Comunidad Negra de la Plata Bahía Málaga y Otros

II.1. Hechos relacionados con la presunta omisión de llevar a cabo el proceso de consulta previa

2.1. Señalaron que la Comunidad Negra de la Plata Bahía Málaga es un asentamiento ancestral, organizado a través de un Consejo Comunitario desde el 19 de diciembre año 1998, de conformidad con la Ley 70 de 1993 y el Decreto 1745 de 1995.

2.2. Relataron que el territorio de la histórico de la comunidad se encuentra ubicado

19 de diciembre año 1998, de conformidad con la Ley 70 de 1993 y el Decreto 1745 de 1995.

2.2. Relataron que el territorio de la histórico de la comunidad se encuentra ubicado en los corregimientos de Bahía Málaga y de Gamboa, territorio que hace parte de la zona rural del Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico de Buenaventura.

2.3. Comentaron que la comunidad referida ha desarrollado prácticas y costumbres tales como «la pesca, agricultura, cacería o lampareo, piangueo, corte de madera, recolección de semillas y frutos del bosque»; y que, con ocasión de lo anterior, la ocupación y el relacionamiento con el territorio es extensiva y dentro de este «cuenta[n] con importantes recursos hídricos» y de especies como «el guatín, la guagua, el tatabro, la pava cantona, el tulicio, el saino, el perico».

2.4. Sostuvieron que, mediante la Resolución N° 000047 de 21 de julio de 2003, el extinto Instituto Colombiano de la Reforma Agraria - INCORA le entregó «TÍTULO COLECTIVO PARCIAL de su territorio ancestral al consejo Comunitario de la Comunidad Negra de la Plata Bahía Málaga solo SIETE MIL SETECIENTAS TRECE HAS MAS DOS MIL CIENTO TREINTA Y OCHO MTS (7.713 + 2.138Mts) de las 51.396,76 Has ancestralmente ocupadas y solicitadas en titulación. Reconocimiento parcial ubicado espacialmente solo al interior de la Bahía de Málaga».

de las 51.396,76 Has ancestralmente ocupadas y solicitadas en titulación. Reconocimiento parcial ubicado espacialmente solo al interior de la Bahía de Málaga».

2.5. Indicaron que, a través de la Resolución N° 2802 de 13 de diciembre de 2012, el extinto Instituto Colombiano de Desarrollo Rural - INCODER amplió el área de titulación colectiva del Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de la Plata Bahía Málaga en «TREINTA MIL TRESCIENTAS VIENTITRES HECTAREAS (…) dejando un título global de (…) TREINTA Y OCHO MIL TREINTA Y SIETE HECTAREAS MAS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO METROS CUADRADOS (38.037 Has + 364) en dominio (…) colectivo del Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de la Plata Bahía Málaga».

2.6. Asimismo, precisaron que en el mismo acto administrativo se reconoció «desde el punto de vista ancestral nuestra PRESENCIA, USO Y APROVECHAMIENTO

MARINO-COSTERO COMO COMUNIDAD NEGRA TANTO EN LA BAHIA DE

MALAGA, COMO EN LA BAHIA DE BUENAVENTURAQUEBRADAS SAN

JUAQUIN/AGUALCE/GAMBOA».

2.7. Manifestaron que, mediante la Resolución N° 1159 de 10 de noviembre de 2000, el entonces Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial otorgó «licencia ambiental a la Sociedad Portuaria Promotora Puerto Industrial Aguadulce S.A., para3

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ambiental a la Sociedad Portuaria Promotora Puerto Industrial Aguadulce S.A., para3

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el proyecto de Construcción y Operación de un Puerto Multipropósito en el sector de Aguadulce, Bahía de Buenaventura; del Distrito de Buenaventura».

2.8. Adujeron que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, a través del Auto N° 1213 de 16 de abril de 2008, inició el trámite de modificación de la licencia ambiental N° 1159 de 2000, en virtud de la solicitud radicada el 25 de marzo de 2008 por la Sociedad Puerto Industrial de Aguadulce S.A., mediante el cual se solicitó «[i]ntroducir modificaciones en el diseño del proyecto en lo relacionado con el área de influencia del terminal portuario».

2.9. Precisaron que, por medio la Resolución N° 1762 de 9 de octubre de 2008, la Dirección de Licencias, Permisos y Trámites Ambientales del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial aprobó la solicitud de modificación de la licencia ambiental N° 1159 de 2000, «en el sentido de introducir modificaciones en el diseño del proyecto, en lo relacionado con el área de influencia del Terminal Portuario, en especial con la ubicación del muelle y con el manejo de los gráneles, incluido el carbón».

2.10. Indicaron que en el trámite de modificación de la licencia ambiental se aportó el

Portuario, en especial con la ubicación del muelle y con el manejo de los gráneles, incluido el carbón».

2.10. Indicaron que en el trámite de modificación de la licencia ambiental se aportó el oficio N° OFI08-7417-DET-1000 de marzo 14 de 2008, mediante el cual «la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior y de Justicia certifico [sic] que (…) dentro del área [de influencia del proyecto figuraban] los siguientes consejos comunitarios: Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de la Vereda Gamboa (…); Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de la Caucana (…); Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de la Vereda Citronela (…) y con título colectivo los Consejos Comunitarios Cuenca Baja del río Calima (…); Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de la Brea»; pero anotaron que se omitió incluir al Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de la Plata Bahía Málaga.

2.11. Advirtieron que, mediante el oficio N° 4120-E1-120053 de 20 de octubre de 2008, la Sociedad Puerto Industrial Aguadulce S.A. solicitó la aclaración de la Resolución N° 1762 de 9 de octubre de 2008 sobre la sustracción de una parte del área de la «reserva forestal del pacífico».

2.12. En conclusión, señalaron que se vulneró su derecho a la consulta previa en razón a que no fueron incluidos en el proceso consultivo llevado a cabo con ocasión el citado proyecto portuario.

II. Hechos relacionados con la omisión de realizar el procedimiento de verificación de afectación directa

razón a que no fueron incluidos en el proceso consultivo llevado a cabo con ocasión el citado proyecto portuario.

II. Hechos relacionados con la omisión de realizar el procedimiento de verificación de afectación directa

2.13. Advirtieron que, mediante el oficio N° 4120-E1-54133de 16 de mayo de 2008, presentaron derecho de petición a la Dirección de Licencias, Permisos y Tramites Ambientales del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, para que tuviera en cuenta a la aludida comunidad «en el proceso de consulta previa que se estaba adelantado con motivo de la licencia ambiental del proyecto “Sociedad Puerto Industrial de Agua Dulce S.A.”, debido a que parte de su territorio ancestral en proceso de titulación estaba dentro del área de influencia directa del proyecto y4

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Accionante: Consejo comunitario de la Comunidad Negra de la Plata Bahía Málaga y Otros

por ende; los usos tradicionales que sus familias hacen en parte del mismo, se encontraban dentro del área de IMPACTO DIRECTO del proyecto».

2.14. Indicaron que el derecho de petición fue respondido el pasado 21 de mayo de 2008 por la aludida entidad y que en la respuesta se señaló que «las únicas comunidades que aparecían identificadas dentro del área de influencia del proyecto y por tanto sujetas a consulta eran: Villa Estela, La Brea, El Crucero y Las Brisas».

2.15. Mencionaron que el 31 de marzo de 2014, el Consejo Comunitario presentó un nuevo derecho de petición a la Dirección la Autoridad Nacional de Consulta Previa

2.15. Mencionaron que el 31 de marzo de 2014, el Consejo Comunitario presentó un nuevo derecho de petición a la Dirección la Autoridad Nacional de Consulta Previa – DANCP del Ministerio del Interior, para que dicha entidad conminara a la Sociedad Puerto Industrial de Aguadulce S.A. a respetar los derechos de participación y consulta previa de la comunidad negra.

2.16. Sostuvieron que, mediante la Resolución N° 01141 de 3 de octubre de 2016, se incluyó dentro de las obligaciones de compensación ambiental del proyecto portuario «al Consejo Comunitario de la Plata Bahía Málaga como área para compensación/reposición de manglar»; lo cual demostraba «la influencia e impactos directos de los efectos del proyecto en el territorio y los usos del mismo a las familias del Consejo de la Plata Bahía Málaga, en la zona que de Aguadulce/Gamboa»; de conformidad con la Resolución N° 2802 de 13 de diciembre de 2012, el extinto Instituto Colombiano de Desarrollo Rural – INCODER.

2.17. Indicaron que el territorio de la Comunidad Negra de la Plata Bahía Málaga «viene recibiendo impactos directos nefastos por las distintas actividades desarrolladas en la operación del puerto de los accionados», lo cual los coloca en una situación de «riesgo [a su] existencia física y cultural [como] grupo étnico. Las sucesivas ampliaciones y crecimiento de la actividad portuaria conllevan a un debilitamiento del ejercicio de las prácticas culturales y restricciones para el desarrollo de las prácticas tradicionales de producción, transito, movilidad, usos y costumbres de nuestras familias usuarias y asentadas en esa área del territorio

debilitamiento del ejercicio de las prácticas culturales y restricciones para el desarrollo de las prácticas tradicionales de producción, transito, movilidad, usos y costumbres de nuestras familias usuarias y asentadas en esa área del territorio ancestral y colectivo».

2.18. Expusieron que la identidad étnica y la existencia cultural son pilares fundamentales del Estado Social del Derecho y que la operación de la Sociedad Puerto Industrial Aguadulce - SPIA S.A. viene deteriorando y socavando, progresivamente, los usos tradicionales del territorio, las costumbres, la identidad y deteriorando el entorno natural en que habitan los miembros de la Comunidad Negra de la Plata Bahía Málaga.

2.19. Manifestaron que a la fecha sus derechos fundamentales permanecen conculcados porque el Ministerio no ha llevado a cabo el procedimiento para determinar la afectación directa del proyecto a la comunidad.

2.20. Asimismo, precisaron que cuando existan dudas sobre la presencia de grupos étnicos o comunidades negras «la entidad encargada de expedir la certificación debe efectuar un reconocimiento en el terreno y dirimir la controversia a través de un mecanismo intersubjetivo de diálogo en el que se garantice la5

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Accionante: Consejo comunitario de la Comunidad Negra de la Plata Bahía Málaga y Otros

participación efectiva de las comunidades cuyo reconocimiento o afectación territorial es objeto de controversia».

II.3. Hechos relacionados con la omisión del Estado de proteger los derechos a la vida y a la seguridad personal de los representantes de la comunidad étnica demandante

territorial es objeto de controversia».

II.3. Hechos relacionados con la omisión del Estado de proteger los derechos a la vida y a la seguridad personal de los representantes de la comunidad étnica demandante

2.21. Por último, y mediante escrito radicado el 21 de julio de 2023, los accionantes allegaron al proceso el comunicado de 12 de julio de 2023, mediante el cual ponen en conocimiento de la opinión pública las «amenazas de muerte por no cumplimiento de extorsiones el representante legal del consejo comunitario y la junta del consejo comunitario la Plata Bahía Málaga».

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló la siguiente pretensión:

«PRIMERO: ORDENAR LA SUSPENSIÓN INMEDIATA de las operaciones y actividades que tengan a potencialidad de afectar el territorio colectivo y ancestral junto con las restricciones a las prácticas tradicionales de producción del Consejo Comunitario de Comunidades Negras de la Plata Bahía Málaga.

SEGUNDO: ORDENAR LA INTERVENCION E INICIO INMEDIATO de un esquema de protección para los líderes del Consejo comunitario de la Plata Bahía Málaga; así como, el establecimiento de una ruta de protección étnica su territorio ancestral y colectivo por parte de la Dirección de Asuntos para

Comunidades Negras Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior; Defensoría del Pueblo; Procuraduría General de la Nación y Contraloría General de la Republica.

TERCERO: Tutelar los derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso, subsistencia (existencia), territorio, consulta previa con consentimiento y a la

Defensoría del Pueblo; Procuraduría General de la Nación y Contraloría General de la Republica.

TERCERO: Tutelar los derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso, subsistencia (existencia), territorio, consulta previa con consentimiento y a la diversidad étnica y cultural vulnerados por el PRESIDENTE DE LA

REPUBLICANACION; MINISTERIO DEL INTERIOR- (DIRECCION DE

CONSULTA PREVIADIRECCION DE ASUNTOS PARA COMUNIADES

NEGRAS RAIZALES Y PALENQUERAS), MINISTERIO DE AMBIENTE Y

DESARROLLO SOSTENIBLE, AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS

AMBIENTALESANLA, AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA; EL

PUERTO INDUSTRIAL DE AGUADULCE S.A al CONSEJO COMUNITARIO

DE COMUNIDADES NEGRAS DE LA PLATA BAHÍA MÁLAGA.

CUARTO: ORDENAR que en el término de 48 horas siguientes a la notificación del fallo el Ministerio del Interior y EL PUERTO INDUSTRIAL DE AGUADULCE S.A den inicio a los pasos necesarios para comenzar el proceso de consulta previa con consentimiento que implique goce efectivo de derechos de las

Comunidades Negras del Consejo Comunitario de la Plata Bahía Málaga.

QUINTO: ORDENAR las medidas necesarias tendientes a evitar la vulneración de los derechos fundamentales alegados en violación».

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 13 de julio de 2023, el magistrado a cargo de la sustanciación del presente proceso admitió la acción de tutela de la referencia en contra del6

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del presente proceso admitió la acción de tutela de la referencia en contra del6

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Accionante: Consejo comunitario de la Comunidad Negra de la Plata Bahía Málaga y Otros

Presidente de la República, del Ministerio del Interior, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI, de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA y de la sociedad Puerto Industrial Aguadulce S.A.

5. En la misma providencia, negó la medida provisional y vinculó a las siguientes entidades «al Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico de Buenaventura, a la Unidad Nacional de Protección – UNP, a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo». Asimismo, notificó al agente del Ministerio Público ante esta Sección, para lo de su competencia.

V. INTERVENCIONES

6. Efectuadas las notificaciones a las autoridades accionadas, se advierte que se

allegaron los siguientes informes:

6.1. El Presidente de la República, a través de apoderada judicial1, rindió informe en el que señaló que ante esa entidad no se ha recibido derecho de petición promovido por los accionantes en el presente proceso constitucional.

6.2. Manifestó que la entidad encargada de «recibir, analizar y eventualmente implementar los diferentes esquemas de seguridad» es la Unidad Nacional de Protección – UNP y tampoco es competente para llevar a cabo los trámites de consulta previa.

6.3. Con base en lo anterior, formuló las excepciones de falta de legitimación en la causa

implementar los diferentes esquemas de seguridad» es la Unidad Nacional de Protección – UNP y tampoco es competente para llevar a cabo los trámites de consulta previa.

6.3. Con base en lo anterior, formuló las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva y de inexistencia de la vulneración de los derechos fundamentales de la parte actora.

6.4. La Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, mediante apoderada judicial2, se puso a la prosperidad de las pretensiones de la acción de tutela y solicitó la desvinculación de la entidad, con base en los siguientes argumentos:

6.5. Precisó que en razón a lo convenido en el contrato de concesión N° 010 de 2007, corresponde a «la Concesión Sociedad Puerto Industrial Agua Dulce (…) [ejercer] todas las actividades que en materia de gestión social y ambiental son requeridas para la ejecución del proyecto de Concesión Conexión Antioquia - Bolívar, por lo cual será aquélla quien en el marco de sus obligaciones debe realizar aquellas actividades tendientes a garantizar el cumplimiento de sus obligaciones contractuales como lo es la procedencia de realizar los procesos de consulta previa con las comunidades».

6.6. Sostuvo que la función de la ANI, en el caso que nos ocupa, se limitaba a «administrar los contratos de concesión que se encuentren a su cargo y de estructurar los proyectos de infraestructura, pero no tiene competencia para

1 Carolina Jiménez Bellicia. 2 Susana Carolina Muñoz Risueño.7

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Accionante: Consejo comunitario de la Comunidad Negra de la Plata Bahía Málaga y Otros

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ejecutarlos, ni para adelantar el trámite de consulta previa», en virtud del artículo 3° del Decreto 1320 de 1998.

6.7. Manifestó que la acción de tutela no cumplía con el presupuesto de subsidiariedad porque la parte actora debió: (i) exponer ante el Ministerio del Interior los fundamentos fácticos de la presente tutela; (ii) promover el medio de control de los derechos e intereses colectivos ante los presuntos daños ambientales causados por la operación del proyecto, y (iii) presentar la demanda de nulidad en contra de la licencia ambiental.

6.8. Precisó que el garante del proceso consultivo en el caso sub examine es el Ministerio del Interior y que las funciones de la ANI están volcadas, especialmente, a «la administración de los contratos de concesión».

6.9. En virtud de lo anterior, planteó las excepciones de: a) falta de legitimación en la causa por pasiva, b) inexistencia de vulneración de los derechos fundamentales, y c) incumplimiento del requisito general de subsidiariedad.

6.10. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, mediante apoderado judicial3, solicitó que se declarara la falta de legitimación en la causa por pasiva, ya que las funciones de dicha entidad consisten en «otorgar o negar de manera privativa licencias ambientales para los proyectos obras y actividades mencionados en la Sección Segunda, del Capítulo Tercero, del Título Segundo del Decreto 1076

que las funciones de dicha entidad consisten en «otorgar o negar de manera privativa licencias ambientales para los proyectos obras y actividades mencionados en la Sección Segunda, del Capítulo Tercero, del Título Segundo del Decreto 1076 de 2015». Por lo que no es la llamada a «atender o llevar a cabo el proceso de Consulta Previa u ordenar esquemas de protección para los lideres del consejo comunitario».

6.11. Reconoció que, mediante la Resolución N° 1159 de 10 de noviembre de 2000 el «Ministerio de Medio Ambiente – MMA otorgó Licencia Ambiental a favor de la Sociedad Portuaria Promotora Puerto Industrial Aguadulce S.A. para la localización, construcción y operación de un puerto multipropósito en el sector de Aguadulce en la Bahía de Buenaventura, Municipio de Buenaventura, Departamento del Valle del Cauca».

6.12. Igualmente, admitió que a través del Auto N° 1213 de 16 de abril de 2008 la autoridad ambiental de la época dio «inicio al trámite administrativo de modificación de la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución 1159 de 2000, en el sentido de introducir modificaciones en el diseño del proyecto en lo relacionado con el área de influencia del Terminal Portuario».

6.13. Precisó que, mediante derecho de petición N° 4120-E1-54133 de 16 de mayo de 200, el Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de la Plata Bahía Málaga solicitó al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial información sobre «la zona de influencia otorgada o concedida por el Ministerio al proyecto industrial de Agua Dulce». Empero, en dicha solicitud no se hizo alusión a la necesidad de

solicitó al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial información sobre «la zona de influencia otorgada o concedida por el Ministerio al proyecto industrial de Agua Dulce». Empero, en dicha solicitud no se hizo alusión a la necesidad de

3 Víctor Augusto Torres Sossa.8

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«tener en cuenta a la comunidad negra en el proceso de consulta previa con motivo de la licencia ambiental del proyecto».

6.14. Señaló que, mediante el Oficio N° 4120-E1-54133 de 16 de mayo de 2008, la autoridad ambiental de la época dio respuesta a la petición informándole a los accionantes que en el área de influencia directa del proyecto «Construcción y Operación Puerto Multipropósito en el Sector de Aguadulce (...) se encuentran Las Brisas, Villa Estela, La Brea y El crucero».

6.15. Indicó que, mediante la Resolución 1762 de 9 de octubre de 2008, el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial – MAVDT «modificó la Resolución 1159 del 10 de noviembre del 2000 [que concedió la licencia ambiental], en el sentido de adicionar las coordenadas del canal de acceso y dársena de maniobras». Además, precisó que en las consideraciones de este acto administrativo se puso de relieve que, conforme con el Oficio N° OFI08-7417-DET-1000 de marzo 14 de 2008 expedido por la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior y de Justicia, en el área

que, conforme con el Oficio N° OFI08-7417-DET-1000 de marzo 14 de 2008 expedido por la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior y de Justicia, en el área de influencia solo se encontraban las siguientes comunidades negras: Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de la Vereda Gamboa, Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de la Caucana, Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de la Vereda Citronela, Consejos Comunitarios Baja del río Calima y Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de la Brea.

6.16. También reconoció que, mediante la Resolución N° 0981 de 28 de mayo de 2009, el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial – MAVDT efectuó una aclaración de la Resolución N° 1762 de 9 de octubre de 2008, referente a «las coordenadas del área de sustracción de la reserva forestal del Pacífico del proyecto Aguadulce».

6.17. Aclaró que, si bien a través de las Resoluciones números: 0031 del 16 de enero de 2015, 1097 del 3 de septiembre de 2015 y 1141 del 3 de octubre de 2016, se han venido imponiendo obligaciones a la Sociedad Puerto Industrial Aguadulce S.A. - SPIA S.A., en el marco de la licencia ambiental, lo cierto era que estas obligaciones no guardaban relación con la ampliación del área de influencia del proyecto. Aunado a ello, destacó que era falso que en la Resolución N° 1141 del 3 de octubre de 2016 «se mencione al Consejo Comunitario de la Plata Bahía Málaga en relación con la medida compensatoria y de mitigación por efectos del aprovechamiento forestal

a ello, destacó que era falso que en la Resolución N° 1141 del 3 de octubre de 2016 «se mencione al Consejo Comunitario de la Plata Bahía Málaga en relación con la medida compensatoria y de mitigación por efectos del aprovechamiento forestal correspondiente a la reposición en área 1:10 de manglar».

6.18. Por último, señaló que: «el proyecto cuenta con un Plan de Manejo Ambiental establecido en los artículos décimo primero y décimo segundo de la Resolución 1762 del 9 de octubre de 2008, el cual contiene las acciones necesarias para prevenir, mitigar, corregir y/o compensar los impactos generados por el proyecto, el cual es objeto de seguimiento y control ambiental por parte de esta Autoridad Nacional».

6.19. Con base en todo lo anterior, formuló las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva e inexistencia de la vulneración de los derechos invocados.9

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Accionante: Consejo comunitario de la Comunidad Negra de la Plata Bahía Málaga y Otros

6.20. El Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS, a través de apoderado judicial4, rindió informe en el que se opuso a las pretensiones de la demanda de tutela, aduciendo que en virtud del Decreto Ley 3570 de 2011 se creó la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, a la cual le corresponde «[o]torgar o negar las licencias, permisos y trámites ambientales de competencia del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible» y «[r]ealizar el seguimiento de las licencias, permisos y trámites ambientales».

«[o]torgar o negar las licencias, permisos y trámites ambientales de competencia del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible» y «[r]ealizar el seguimiento de las licencias, permisos y trámites ambientales».

6.21. Asimismo, precisó que en virtud del artículo 21 del citado Decreto Ley fueron transferidos los archivos en poder del Ministerio, relacionados con las funciones de la ANLA.

6.22. Argumentó que el derecho a la participación en materia ambiental y la consulta previa eran pilares fundamentales de un Estado Social de Derecho. Sin embargo, señaló que en la actualidad la garantía de estos derechos no se encuentra en cabeza de la cartera ministerial.

6.23. Con base en lo anterior, formuló las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva e incumplimiento de los requisitos de inmediatez y de subsidiariedad.

6.24. El Ministerio del Interior, por conducto de apoderado judicial, indicó que conforme al Decreto N° 2353 de 2019, se le asignó a la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa - DANCP las funciones de «determinar la procedencia y oportunidad de la consulta previa para la adopción de medidas administrativas y legislativas y la ejecución de los proyectos, obras, o actividades, cartográficos, geográficos o espaciales que se requieran y [d]irigir, liderar y coordinar los procesos de consulta previa».

6.25. Precisó que el procedimiento de consulta previa inicia con la «determinación de procedencia y oportunidad de la consulta previa», la cual consiste en un análisis «basado en el criterio de afectación y en la normatividad y jurisprudencia vigentes», mediante el cual se define la procedencia de la consulta previa.

procedencia y oportunidad de la consulta previa», la cual consiste en un análisis «basado en el criterio de afectación y en la normatividad y jurisprudencia vigentes», mediante el cual se define la procedencia de la consulta previa.

6.26. Señaló que una vez agotada la etapa anterior, conforme a la Directiva N° 08 de 2020, deben surtirse las siguientes etapas: (i) coordinación y preparación; (ii) preconsulta; (iii) consulta previa, y (iv) seguimiento de acuerdos.

6.27. Indicó que, en virtud de la Resolución N° 0203 del 19 de octubre de 2011, la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa «certificó que dentro de los parámetros técnicos y en virtud de las coordenadas entregadas por parte del ejecutor del proyecto, no se registraba la presencia de comunidades indígenas y Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, en las zonas de influencia directa del proyecto “Zona Franca Permanente Especial Sociedad Puerto Industrial Aguadulce S.A., Correspondiente al área de 443,312 m2 de Terrenos Adyacentes de uso privado”, localizado en jurisdicción del municipio de Buenaventura, departamento del Valle del Cauca».

4 Diego Jav