CE - 110010315000202303791001SENTENCIA20230901162021

Radicado: 11001-03-15-000-2023-03791-00

Demandante: Myriam Yolanda Castillo Díaz

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2023-03791-00

Demandante: MYRIAM YOLANDA CASTILLO DÍAZ

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA –

SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN AY OTRO

Temas:

TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - PRIMA

TECNICA CONTRALORIAREQUISITOS GENERALES

DE PROCEDENCIA

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA Decide la Sala la acción de tutela presentada, mediante apoderada, por la señora Myriam Yolanda Castillo Díaz contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, y el Juzgado Dieciocho Administrativo Oral de Bogotá, de conformidad con lo establecido en el Decreto 333 de 2021.

Myriam Yolanda Castillo Díaz contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, y el Juzgado Dieciocho Administrativo Oral de Bogotá, de conformidad con lo establecido en el Decreto 333 de 2021.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones La señora Myriam Yolanda Castillo Díaz interpuso acción de tutela contra las citadas autoridades judiciales, por estimar vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones: “PRIMERO. – ORDENAR que se ampare a favor de la señora MYRIAM YOLANDA CASTILLO

DIAZ, identificada con la cedula de ciudadanía No. 51.644.109 de Bogotá D.C. los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y acceso a la administración de justicia, que le fueron vul nerados por Juzgado Dieciocho Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá D.C. Sección Segunda al emitir el fallo del 12 de mayo de 2022 y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda Subsección A, con motivo de la sentencia de fecha 30 de marzo de 2023 dentro del proceso No.110013335018201800091-00 (02).

SEGUNDO. - DEJAR SIN EFECTO la sentencia del Juzgado Dieciocho Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá D.C. Sección Segunda de fecha 12 de mayo de 2022 y la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda Subsección A de fecha 30 de marzo de 2023, dentro del Proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho No.

del Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda Subsección A de fecha 30 de marzo de 2023, dentro del Proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho No. 110013335018201800091-00 (02), que niega las pretensiones de la demanda en re lación con el reconocimiento y pago de la prima técnica.

TERCERO. - ORDENAR al Juzgado Dieciocho Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá D.C. Sección Segunda y al Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda Subsección A, profiera sentencia de remplazo dentro del proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho No. 110013335018201800091 -00, ordenando el reconocimiento y pago de la prima técnica de conformidad a la norma y al precedente jurisprudencial aplicable a la Contralor ía General de la República.”Radicado: 11001-03-15-000-2023-03791-00

Demandante: Myriam Yolanda Castillo Díaz

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2. Hechos:

De la demanda de tutela, se indican como hechos relevantes los siguientes: La señora Myriam Yolanda Castillo Díaz fue vinculada a la Contraloría General de la República (en adelante CGR) en el cargo de profesional universitario, grado 01, de la

La señora Myriam Yolanda Castillo Díaz fue vinculada a la Contraloría General de la República (en adelante CGR) en el cargo de profesional universitario, grado 01, de la Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva de Bogotá, desde el 22 de mayo de 1990 hasta la actualidad. El 10 de febrero de 2014, la demandante solicitó a la CGR el reconocimiento de la prima técnica, de conformidad con el numeral 5 del artículo 113 de la Ley 106 de 1993, con fundamento en que ocupaba un cargo del nivel profesional , la cual fue resuelta de manera negativa mediante Oficio núm. 2014E0035153 del 11 de marzo de 2014. El 6 de septiembre de 2017 , la demandante solicitó por segunda vez a la C GR el reconocimiento de la prima técnica, bajo el argumento de que era un derecho adquirido, pues contaba con los requisitos para que la misma le fuera otorgada, concretamente, encontrarse laborando, contar con el título profesional y pertenecer al nivel profesional y, por ende, beneficiaria del régimen de transición establecido en el Decreto 1724 de 1997. La CGR, mediante Oficio núm. 2017/E0078705 del 27 de septiembre de 2017, reiteró lo expuesto en el Oficio del 11 de marzo de 2014, en el que respondió la solicitud del 10 de febrero de 2014, relacionada con el reconocimiento y pago de la prima técnica. Por lo anterior, la señora Castillo Díaz interpuso m edio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con la finalidad de que se declarara la nulidad del último acto administrativo y, en consecuencia , se ordenara el reconocimiento y pago de la

Por lo anterior, la señora Castillo Díaz interpuso m edio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con la finalidad de que se declarara la nulidad del último acto administrativo y, en consecuencia , se ordenara el reconocimiento y pago de la prima técnica por experiencia altamente calificada en la proporción que correspondiera.

El Juzgado 18 Administrativo Oral de Bogotá, en sentencia del 12 de mayo de 2022 , negó las pretensiones de la demanda al considerar que, de conformidad con el Decreto 1724 de 1997, no le asistía el derecho porque el cargo desempeñado por la actora era del nivel profesional y esa norma establecía que la mencionada prima, únicamente, se reconocía a funcionarios que se desempeñaran en cargos de los n iveles Directivo, Asesor o Ejecutivo. Que el decreto excluyó expresamente el nivel profesional.

El Tribunal Administrativo de C undinamarca, Sección Segunda, Subsección A , en sentencia del 30 de marzo de 2023, confirmó la decisión del juzgado al considerar que, de acuerdo con lo probado en el expediente, no le asistía el derecho reclamado porque no acreditó los 3 años de experiencia altamente calificada , la cual se obtiene una vez se recibe el título de formación avanzada.

El Tribunal consideró que si bien la actora acreditó los requisitos mínimos requeridos para el cargo que ocupaba, esto es, título de abogada desde el 6 de diciembre de 1985 y más de 3 años de experiencia profesional obtenidos en la CGR desde el 21 de agosto de 1991 hasta el 28 de julio de 1994 desempeñando el cargo de profesional universitario, nivel profesional grado 01, no ocurría lo mismo frente a los requisitos para

y más de 3 años de experiencia profesional obtenidos en la CGR desde el 21 de agosto de 1991 hasta el 28 de julio de 1994 desempeñando el cargo de profesional universitario, nivel profesional grado 01, no ocurría lo mismo frente a los requisitos para el reconocimiento de la prima técnica.Radicado: 11001-03-15-000-2023-03791-00

Demandante: Myriam Yolanda Castillo Díaz

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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Ahora, en cuanto a la acreditación de experiencia altamente calificada, el tribunal determinó que la señora Castillo Díaz demostró que obtuvo el título de especialista en derecho de familia el 10 de diciembre de 1994 y que ocupó el cargo de profesional universitario grado 10, en propiedad, pero, para el 4 de julio de 1997, fecha de entrada en vigor del Decreto 1724 de 1997, la demandante contaba solo con 2 años, 6 meses y 19 días de experiencia altamente calificada, lo que significa que no consolidó los 3 años exigidos para el reconocimiento.

3. Argumentos de la tutela A juicio de la actora , la s autoridades judiciales demandadas incurrieron en defecto sustantivo porque desconocieron las normas de rango legal e infra legal aplicables al caso concreto porque cumplió los requisitos para el reconocimiento y pago de la prima

A juicio de la actora , la s autoridades judiciales demandadas incurrieron en defecto sustantivo porque desconocieron las normas de rango legal e infra legal aplicables al caso concreto porque cumplió los requisitos para el reconocimiento y pago de la prima técnica por experiencia calificada, puntualmente, indicó que , en el caso objeto de estudio, debió darse aplicación a la norma especial que regulaba la materia, esto es, el Decreto 1384 de 1996 y la Ley 106 de 1993, art. 113 numeral 5º. Explicó que, en su caso, por haber consolidado el derecho e stando en vigencia el decreto 1384 de 1996, es decir, antes del 4 de julio de 1997, fecha en que entró a regir el Decreto 1724 de 1997, le asistía e l derecho al reconocimiento y pago de la prima técnica en la proporción solicitada en la demanda. Afirmó que las autoridades demandadas incurrieron en desconocimiento del precedente jurisprudencial en dos sentidos el primero por indebida aplicación del precedente al aplicar criterios fijados en providencias que no correspondían a su caso, pues en ellas se hacia referencia a una empleada de la Rama Ejecutiva del Poder Público que laboraba en la DIAN, a la cual se le aplicaban las disposiciones sobre Prim a Técnica establecidas en el Decreto Ley 1661 de 1991 y el Decreto 2164 de 1991, y no las normas especiales consagradas para los funcionarios de la CGR. Frente a la indebida aplicación del precedente señaló que le fueron aplicadas las sentencias: de 25 de mayo de 2006, C.P. Jesús María Lemos Bustamante, radicación

especiales consagradas para los funcionarios de la CGR. Frente a la indebida aplicación del precedente señaló que le fueron aplicadas las sentencias: de 25 de mayo de 2006, C.P. Jesús María Lemos Bustamante, radicación 25000-23-25-000-2002-08242-01(2922-04) y sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, del 8 de agosto de 2003, C.P. Alejandro Ordóñez Maldonado, expediente 23001 -2331-000-2001-00008-01, actor: Benjamín A ntonio Vergara, las cuales no constituían un precedente judicial aplicable a la materia objeto de ese debate, pues como se vio las mismas versan sobre hechos distintos a los que se discuten en el presente caso. Ahora, respecto al desconocimiento del precedente mencionó que en lugar del criterio que fue aplicado en su caso, las providencias que debieron ser tenidas en cuenta al momento de decidir su caso son:  Sentencia de 18 de septiembr e de 2014 dictada por la Sección Primera del Consejo de Estado con ponencia del Magistrado Guillermo Vargas Ayala Actor: Luis Heberto Ramírez Martínez Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño.  Sentencia de 8 de octubre de Para acceder al amparo de los derechos 2014, dictada por la Sección Quinta del Consejo de Estado con ponencia de la Magistrada Susana Buitrago Valencia. Actor: Edgar Maldonado Rodríguez.

Accionado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander.  Sentencia del 30 de octubre de 2014 dictada por la Sección Primera del Consejo de Estado, con ponencia del Magistrado Guillermo Vargas Ayala. Actora: Alcira

Accionado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander.  Sentencia del 30 de octubre de 2014 dictada por la Sección Primera del Consejo de Estado, con ponencia del Magistrado Guillermo Vargas Ayala. Actora: Alcira Lidia Paredes Chamorro, Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño.Radicado: 11001-03-15-000-2023-03791-00

Demandante: Myriam Yolanda Castillo Díaz

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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4. Trámite previo Mediante auto del 14 de julio de 2023, se admitió la acción de tutela, se ordenó notificar a las partes y a la CGR, como tercera con interés a quienes se les remitió copia de la demanda.

5. Oposiciones El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, por intermedio del ponente de la decisión objeto de debate , indicó que la acción de tutela incoada debe negarse, por cuanto la sentencia atacada se sustentó en el material probatorio que obraba en el plenario, a la normativa y a la jurisprudencia vigentes.

Que, del análisis, se logró determinar que no había lugar al reconocimiento de la prima técnica porque, si bien la demandante se encontraba inscrita en carrera en el cargo de profesional universitario grado 10 y cumplió los requisitos mínimos exigidos para dicho

Que, del análisis, se logró determinar que no había lugar al reconocimiento de la prima técnica porque, si bien la demandante se encontraba inscrita en carrera en el cargo de profesional universitario grado 10 y cumplió los requisitos mínimos exigidos para dicho cargo (título de abogada desde el 6 de diciembre de 1985 y más de 3 años de experiencia profesional obtenidos en la entidad demandada ), lo cierto es que la demandante no acreditó los 3 años de experiencia altamente calificada, ya que adquirió el título de especialista en derecho de familia el 10 de diciembre de 1994, es decir, que al 4 de julio de 1997, fecha de entrada en vig or el Decreto 1724 de 1997, contaba con 2 años, 6 meses y 19 días de experiencia altamente calificada. Finalmente, indicó que, al no observarse la configuración de una vía de hecho en las sentencias atacadas por vía de tutela, deben negarse las pretensiones. El Juzgado 18 Administrativo Oral de Bogotá guardó silencio.

6. Intervenciones La CGR se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la acción de tutela y afirmó que carecen de fundamento fáctico y jurídico.

Explicó que los argumentos facticos y jurídicos planteados por la actora en el escrito de tutela, son los mismos analizados en el marco del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y demuestran la inconformidad con el resultado, razón por la que, afirmó, lo que se pretende es convertir la solicitud de amparo en una tercera instancia y, por ende, no cumple el requisito de relevancia constitucional. Indicó que, en el presente caso, tampoco se cumple con el requisito de subsidiariedad,

la que, afirmó, lo que se pretende es convertir la solicitud de amparo en una tercera instancia y, por ende, no cumple el requisito de relevancia constitucional. Indicó que, en el presente caso, tampoco se cumple con el requisito de subsidiariedad, porque la actora pudo acudir a l recurso extraordinario de revisión para cuestionar lo planteado en la tutela. Además, señaló que no se configura la vía de hecho judicial alegada por la demandante, pues no se evidencia la existencia de un error por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, en cuanto a la producción, validez o apreciación del material probatorio en el marco del medio de control.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: « Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en suRadicado: 11001-03-15-000-2023-03791-00

Demandante: Myriam Yolanda Castillo Díaz

5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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nombre, la prote cción inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales,

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nombre, la prote cción inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Acción de tutela contra providencias judiciales

En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela contra providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional 1 , para lo cual aplicó la metodología desarrollada por la Corte Cons titucional en la sentencia C -590 de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado, mediante el empleo de las causales generales 2 y específicas 3 de procedencia de la acción de tutela.

Caso concreto

Mediante el ejercicio de la presente acción , la señora Myriam Yolanda Castillo Díaz pretende que se deje sin efecto la providencia del 30 de marzo de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Secci ón Segunda, Subsección A , que

pretende que se deje sin efecto la providencia del 30 de marzo de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Secci ón Segunda, Subsección A , que confirmó la decisión del Juzgado 18 Administrativo Oral de Bogotá , que negó las pretensiones del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesto para conseguir la nulidad del acto administrativo que negó el reconocimiento y pago de la prima técnica por experiencia altamente calificada.

Al respecto, la Sala destaca que es necesario determinar si el presente asunto se cumple con el requisito de relevancia constitucional y, solo en el evento en que se logre superar el requisito de procedencia y los demás requisitos generales, descenderá con el estudio de la vulneración alegada por la parte actora.

1 La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente. (Se destaca) 2 Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos

2 Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la parte actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos que se transgredi eron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela. 3 La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controverti da haya incurrido en alguno de los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental y, (viii) violación directa de la Constitución.Radicado: 11001-03-15-000-2023-03791-00

Demandante: Myriam Yolanda Castillo Díaz

6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Myriam Yolanda Castillo Díaz

6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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Sobre la relevancia constitucional como requisito general para la procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales

El requisito de relevancia constitucional tiene como finalidad proteger la autonomía e independencia judicial y evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones.

En ese sentido, la Corte Constitucional1 ha señalado que la relevancia constitucional tiene tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales, e (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

De acuerdo con los anteriores criterios y con los expuestos por la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 4, para que un asunto goce de relevancia constitucional deben verificarse los siguientes elementos:

(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de

de Estado en sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 4, para que un asunto goce de relevancia constitucional deben verificarse los siguientes elementos:

(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de derechos fundamentales . En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.

(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales» . Es necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.

(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.

(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.

(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adic ional del proceso

mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.

(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adic ional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.

4 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ). Actor: Alpina Productos Alime nticios S.A. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.Radicado: 11001-03-15-000-2023-03791-00

Demandante: Myriam Yolanda Castillo Díaz

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador

Sobre la falta de relevancia constitucional en el caso concreto

La Sala anticipa que la acción de tutela no cumple el requisito general de relevancia constitucional, porque, como se verá, la parte demandante insiste en los argumentos propuestos en el marco del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

En el caso concreto, la Sala advierte que la señora Myriam Yolanda Castillo Díaz propone la misma discusión jurídica que presentó en el trámite del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que adelantó contra la CGR.

Si bien, l a demandante alega que las providencias objeto de tutela le vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso , a la igualdad y de acceso a la administración de justicia e i ncurrieron en un presunto defecto sustantivo y desconocimiento e indebida aplicación del precedente judicial , lo cierto es que, en últimas, lo que pretende es que se reabra el debate surtido en el proceso con radicado 2018-00091-02 el cual concluyó que no había lugar a acceder a las pretensiones del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en la medida en que la señora Castillo Díaz no cumplía los requisitos para el reconocimiento y pago de la Prima Técnica de la CGR.

De la revisión del recurso de apelación interpuest o en referido medio de control, es posible evidenciar que la demandante no solo insiste en que es beneficiaria del régimen

Técnica de la CGR.

De la revisión del recurso de apelación interpuest o en referido medio de control, es posible evidenciar que la demandante no solo insiste en que es beneficiaria del régimen especial de prima técnica de los servidores de la C GR, sino que también se apoya en los mismos argume ntos de experiencia y capacitación que ha recibido y que , en su sentir, son elementos para tener en cuenta para el reconocimiento de la prestación. Asimismo, citó las sentencias de tutela que le sirvieron para sustentar su pretensión ante el juez natural de segunda instancia, con miras a que se revocara la decisión del juzgado y se accediera a la prima técnica.

En efecto, en el recurso de apelación que presentó la parte demandante contra la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda (resumido en la providencia de segunda instancia), la señora Castillo Díaz sostuvo:

«La apoderada de la parte demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia y solicitó que se revocara la misma, teniendo en cuenta que la demandante acreditó el cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos para el cargo de conformidad con los Decretos 1661, 2164 de 1991 y 1834 de 1996 y adicionalmente indicó que la demandante es beneficiaria de la transición establecida en el artículo 4 del Decreto 1724 de 1997.

Así las cosas, expuso que la demandante ingresó a la entidad demandada desde el 20 de abril de 1990 en el cargo de profesional universitaria grado 01 época para la cual el nivel profesional era susceptible de prima técnica y la Resolución No. 3398 del 4 de febrero de 1994 establecía como único requisit