CE - 110010315000202303804001SENTENCIA20230830152344

Demandante: Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal EICE ESP Demandados: Tribunal Administrativo de Casanare y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-03804-00

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D.C., treinta (30) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-03804-00

Demandante: EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO

DE YOPAL EICE ESP

Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE Y OTRO

Temas: Tutela contra providencia judicial – improcedente por no superar el requisito general de la relevancia constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala resuelve la acción constitucional de la referencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 20151.

I. ANTECEDENTES

1.1. La tutela

1. La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal EICE ESP, actuando por intermedio de su gerente y representante legal, presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Casanare y el Juzgado Tercero

1. La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal EICE ESP, actuando por intermedio de su gerente y representante legal, presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Casanare y el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Yopal 2. Con la solicitud de amparo pretende que se le protejan los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, junto con el principio de seguridad jurídica.

2. Estimó que las referidas garantías constitucionales fueron vulneradas con ocasión de l as providencias dictadas por las autoridades judiciales accionadas respectivamente, el 27 de octubre de 2022 y el 20 de abril de 2023, en la acción popular con radicado 85001-3333-002-2022-00211-00/1. En las decisiones objeto de reproche se decretó y confirmó una medida cautelar.

1.2. Pretensiones

3. La parte actora solicitó lo siguiente:

1 Modificado por el artículo 1º del Decreto Nacional 333 de 2021. 2 El escrito de tutela fue enviado el 12 de julio de 2023 a través de correo electrónico.Demandante: Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal EICE ESP Demandados: Tribunal Administrativo de Casanare y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-03804-00

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PRIMERA: DECLARAR que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE y

el JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE YOPAL,

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PRIMERA: DECLARAR que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE y el JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE YOPAL, vulneraron los derechos al acceso a la administración de justicia, seguridad jurídica y debido proceso de la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE ESP, con ocasión a las providencias judiciales proferidas dentro del mecanismo constitucional de ACCIÓN POPULAR correspondiente al expediente 85001-33-33-002-2022-00211-00.

SEGUNDA: Como consecuencia de lo anterior, DEJAR SIN EFECTOS la decisión contenida en el auto de fecha 20 de abril de 2023 proferido por el Tribunal Administrativo de Casanare, con ponencia de la doctora Aura Patricia Lara Ojeda, el cual confirma el auto de fecha 27 de octubre de 2022 dictado por el Juzgado Tercero Administrativo de Yopal, dentro del medio de control de ACCIÓN POPULAR correspondiente al expediente 8500133-33-002-2022-00211-00.

TERCERA: ORDENAR al accionado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE, que como consecuencia de lo anterior REVISE NUEVAMENTE la decisión contenida en el auto de fecha 20 de abril de 2023 proferido por el Tribunal Administrativo de Casanare, con ponencia de la doctora Aura Patricia Lara Ojeda, e cual confirma el auto de fecha 27 de octubre de 2022 dictado por el Juzgado Tercero Administrativo de Yopal, dentro del medio de control de ACCIÓN POPULAR correspondiente al expediente 85001 -33-33-0022022-00211-00 y

e cual confirma el auto de fecha 27 de octubre de 2022 dictado por el Juzgado Tercero Administrativo de Yopal, dentro del medio de control de ACCIÓN POPULAR correspondiente al expediente 85001 -33-33-0022022-00211-00 y profiera una nueva decisión de la medida cautelar, aplicando en debida forma el precedente jurisprudencial aplicable al caso y de acuerdo con el material probatorio obrante en el expediente. (Sic a toda la cita).

1.3. Hechos

4. La Sala resume los supuestos fácticos relevantes de la tutela de la

referencia, de la siguiente manera:

5. El señor René Leonardo Puentes Vargas, en ejercicio de la acción popular, demandó a la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal. Lo anterior, con el fin de que se protegieran, entre otros, los derechos colectivos a la moralidad administrativa, al patrimonio público y de acceso a lo s servicios públicos.

6. Las anteriores transgresiones se las adjudicó al contrato 148 de colaboración empresarial y alianza estratégica, celebrado entre la accionada y la empresa de ingeniería Ingenicontec SAS, el 13 de septiembre de 2022. El objeto del referido acuerdo de voluntades consistió en «la transferencia tecnológica de la PTAR3 existente con tecnología KWI (…) y diseño y construcción de la nueva PTAR, y diseños de plan maestro de acueducto y alcantarillado del casco urbano del municipio de Yopal, Casanare» y su duración es de 30 años, más 2 de gracia.

7. Con la demanda, la parte actora del referido proceso popular solicitó que

del municipio de Yopal, Casanare» y su duración es de 30 años, más 2 de gracia.

7. Con la demanda, la parte actora del referido proceso popular solicitó que

3 Planta de tratamiento de aguas residuales.Demandante: Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal EICE ESP Demandados: Tribunal Administrativo de Casanare y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-03804-00

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se decretara como medida cautelar de urgencia la suspensión de los procedimientos tendientes al perfeccionamiento y ejecución del contrato 148 de 2022, y que se ordenara el estudio necesario para establecer la naturaleza del daño al patrimonio público que se puede ocasionar con la materialización d el acuerdo de voluntades.

8. Mediante auto de 27 de octubre de 2022, el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Yopal accedió a la suspensión de los

efectos del contrato, en los siguientes términos:

PRIMERO: DECRETAR COMO MEDIDA CAUTELAR DE URGENCIA la SUSPENSIÓN del trámite de legalización, perfeccionamiento y/o ejecución del CONTRATO DE COLABORACI ÓN EMPRESARIAL EN ALIANZA ESTRATEGICA No. 00148.22, suscrito por la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL –EAAAY E.I.C.E. E.S.P. – y la empresa

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES TECNICAS S.A.S. -INGENICONTEC

ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL –EAAAY E.I.C.E. E.S.P. – y la empresa INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES TECNICAS S.A.S. -INGENICONTEC S.A.S, así como todos sus efectos, hasta que se tome una decisión de fondo en el proceso de la referencia.

9. Para arribar a la decisión citada, analizó los requisitos contemplados en el artículo 231 de la Ley 1437 de 2011 (en adelante CPACA), así:

1. La demanda se encuentra razonablemente fundada en derecho, en tanto que se mencionan los derechos colectivos presuntamente quebrantados bajo la consideración de que el multicitado contrato no se suscribió con el lleno de los requisitos legalmente requeridos, aunado a que el contratista no posee la capacidad financiera.

1. El demandante demostró la titularidad de los derechos invocados.

1. Se utilizó la modalidad de contratación directa, de conformidad con el artículo 36 de la Resolución 1273 de 23 de agosto de 2021 (manual de contratación de la entidad ), pero no se realizó ningún trabajo comparativo que permitiera evidenciar que la oferta presentada por Ingenicontec SAS resultara «una oportunidad de negocio o de tal magnitud que deba tener el carácter de urgente para ser aprovechada, ni la necesidad de competencia en el mercado por parte de la empresa y que por ello amerite estar inmersa dentro de la excepción plasmada por la norma para permitir la contratación directa».

1. A partir de una serie de hechos que se acreditaron en esa fase del proceso se demostró una inminente amenaza de los derechos colectivos invocados.

Frente a la moralidad administrativa, se advirtió un grave indicio de violación al

1. A partir de una serie de hechos que se acreditaron en esa fase del proceso se demostró una inminente amenaza de los derechos colectivos invocados.

Frente a la moralidad administrativa, se advirtió un grave indicio de violación al principio de s elección objetiva y sobre el patrimonio público se indicó que la contratista no acreditó tener la capacidad financiera para llevar a cabo el proyecto.

10. La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal apeló lo decidido por el a quo. Indicó que no se evidenciaba una situación de apremio queDemandante: Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal EICE ESP Demandados: Tribunal Administrativo de Casanare y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-03804-00

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ameritara la urgencia para prescindir del traslado de la solicitud cautelar. Añadió que la medida era improcedente porque un contrato es una decisión bilateral, la cual no puede ser suspendida por los jueces. Finalmente, aclaró que para que proceda el decreto debe existir una palmaria violación de las normas invocadas y que el manual de contratación de la entidad contempla también la modalidad de contratación directa.

11. En providencia de 20 de abril de 2023, el Tribunal Administrativo de Casanare confirmó el auto del a quo . Explicó que , frente a la suspensión provisional de un contrato , el análisis de su procedencia se debe ceñir a lo

11. En providencia de 20 de abril de 2023, el Tribunal Administrativo de Casanare confirmó el auto del a quo . Explicó que , frente a la suspensión provisional de un contrato , el análisis de su procedencia se debe ceñir a lo consignado en el artículo 231 del CPACA . Afirmó que tal estudio fue realizado por el juez de primer grado, aunado a que es posible prescindir del traslado de la solicitud.

12. Resaltó que, si bien en el encabezado del contrato se establece que la inversión estará a cargo del contratista, lo cierto es que, cumplidos los 2 años del periodo de gracia la empresa de acueducto se obligó a pagar una tarifa mensual.

Este aspecto, ni la entrega de la nueva planta de tratamiento y su funcionamiento fueron analizados en los estudios previos. De otro lado, no hay soporte que acredite que la contr atista cuenta con los recursos que ofreció para cumplir el objeto contractual, ni su experiencia en la construcción de plantas de tratamiento con la tecnología KWI.

1.4. Sustento de la vulneración

13. La parte actora aseveró que la providencia objeto de reproche pasó por alto que la petición cautelar es idéntica a la formulada con la demanda. De otro lado, que la suspensión que se decretó no tuvo en cuenta los lineamientos del artículo 231 del CPACA.

14. Alegó que el juzgado y el tribu nal aludieron que el contrato 148 se regía por la Ley 80 de 1993, pero que esta norma no cobija el asunto en cuestión pues le son aplicables las normas del manual de contratación de la entidad. Adicionó que no se realizó un test de ponderación en el que qu ede claro que es más

por la Ley 80 de 1993, pero que esta norma no cobija el asunto en cuestión pues le son aplicables las normas del manual de contratación de la entidad. Adicionó que no se realizó un test de ponderación en el que qu ede claro que es más gravoso no acceder a la medida que concederla.

15. Precisó que el accionante no aportó ninguna prueba de la cual se pueda predecir, siquiera de forma sumaria, la transgresión de los derechos colectivos invocados ni cuál es el perjuicio que se causa. Asimismo, que el no decretar la medida no tendría efectos nugatorios respecto al fallo en el que se determine el fondo del asunto.

16. En su sentir, la medida cautelar decretada es improcedente, pues no se está suspendiendo un procedimiento o actuación de origen contractual , sino la ejecución de un contrato suscrito en el ejercicio de la autonomía de la voluntad privada de los contratantes.Demandante: Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal EICE ESP Demandados: Tribunal Administrativo de Casanare y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-03804-00

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17. Señaló que se desconoció el estudio comparativo que elaboró respecto de las propuestas presentadas por Ingenicontec SAS y Prolatam. Asimismo, que a partir de dicho análisis eligió la que cumplía suficientemente con el fin técnico a contratar. Agregó que las autoridades judiciales reprochadas no contaban con los documentos precontractuales d el proceso que llevó a cabo, ni se advierte un

partir de dicho análisis eligió la que cumplía suficientemente con el fin técnico a contratar. Agregó que las autoridades judiciales reprochadas no contaban con los documentos precontractuales d el proceso que llevó a cabo, ni se advierte un fundamento legal para que hubiese hecho el estudio objetado.

18. De conformidad con lo anterior, sostuvo que las providencias enjuiciadas adolecen de los defectos sustantivo, fáctico, procedimental y de desconocimiento del precedente.

19. Sobre el primer cargo, iteró que se adoptó la suspensión pedida por la parte actora del proceso popular sin el lleno de los requisitos establecidos por el artículo 231 del CPACA. Adicionó que las decisiones reprochadas incurrieron en una extralimitación, en el sentido de que con estas se está coadministrando e irrespetando el ejercicio de la autonomía privada contractual.

20. Frente al yerro fáctico, expuso que « no se contaba con pruebas válidas para decretar la medida cautelar». En cuanto al procedimental reiteró lo sostenido en los dos cargos ya narrados.

21. Finalmente, sobre el desconocimiento de precedente citó las siguientes sentencias del Consejo de Estado, pero sobre las mismas se limitó a enunciar

apartes extensos:

Radicación Sala ponente 52001-33-31-008-200800304-01 Sala Especial 10 de Decisión 44001-23-31-000-2012-0005901 Sección Tercera, Subsección B 73001-23-31-000-2011-00611-01 Sección Primera 85001-2333-000-2020-00040-01 Sección Tercera, Subsección C

73001-23-31-000-2011-00611-01 Sección Primera 85001-2333-000-2020-00040-01 Sección Tercera, Subsección C 08001-23-31-000-2003-01953-01 Sección Tercera

1.5. Trámite de primera instancia

22. Por auto de 2 de agosto de 2023, el ponente de esta decisión admitió la solicitud de amparo. En consecuencia, ordenó notificar en calidad de accionados al Tribunal Administrativo de Casanare y al Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Yopal . Asimismo, vinculó en calidad de terceros con interés a Ingenicontec SAS, al señor René Leonardo Puentes Vargas y a la

Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

23. De otro lado, con el fin de garantizar la correcta comunicación con todos aquellos sujetos que ostentan interés en el proceso se le s ordenó a las autoridades judiciales accionadas realizar una anotación en el expediente en el que informaran sobre la presente acción de tutela.Demandante: Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal EICE ESP Demandados: Tribunal Administrativo de Casanare y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-03804-00

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1.6. Intervenciones

1.6.1. Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Yopal

24. Refirió las distintas etapas que se han surtido al interior del proceso de protección de los derechos e intereses colectivos y concluyó que el asunto no

1.6.1. Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Yopal

24. Refirió las distintas etapas que se han surtido al interior del proceso de protección de los derechos e intereses colectivos y concluyó que el asunto no satisface el requisito general de la relevancia constitucional. Afirmó que, pese a que la parte actora aduce que las providencias objetadas adolecen de distintos defectos, lo que pretende en últimas es convertir el mecanismo constitucional en una instancia adicional del proceso.

25. Agregó que el escrito tutelar carece de una referencia concreta de violación de los derechos fundamentales presuntamente lesionados y que se limita a cuestionar aspectos contractuales. Indicó que lo que alega la parte tutelante ya fue zanjado a través del recurso de apelación por el Tribunal

Administrativo de Casanare.

26. Pese a lo anterior, explicó que no se configura el defecto sustantivo, pues tuvo la necesidad de estudiar la medida cautelar de urgencia para evitar la conculcación de los derechos colecti vos sobre los que se invoca la protección.

Tampoco el defecto fáctico, toda vez que la providencia cuestionada contiene un amplio examen probatorio. De igual forma ocurrió con el procedimental, respecto al cual aclaró que con el auto de la medida cautelar no se resolvió el fondo del asunto.

1.6.2. Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

27. Sostuvo que no se cumplen con los «requisitos procedimentales» para que prospere el estudio perseguido. Puntualmente, aseveró que el examen bajo estudio no satisface los criterios de relevancia constitucional ni de subsidiariedad.

27. Sostuvo que no se cumplen con los «requisitos procedimentales» para que prospere el estudio perseguido. Puntualmente, aseveró que el examen bajo estudio no satisface los criterios de relevancia constitucional ni de subsidiariedad.

28. Señaló que no incurrió en la vulneración de los derechos deprecados y que carece de legitimación en la causa por pasiva. Frente al último supuesto, explicó que lo alegado en la tutela no guarda afinidad con las facultades legalmente asignadas.

1.6.3. Superintendencia de Industria y Comercio

29. Expuso las funciones que tiene a cargo e indicó que, dada su naturaleza, no tiene competencia para pronunciarse sobre el objeto de la acción constitucional. Adicionó que carece de legitimación en la causa por pasiva, y con base en ello, solicitó que se declare que no vulneró los derechos constitucionales de la parte tutelante.

1.6.4. Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal EICE ESP

30. Agregó un memorial a través del cual buscó «ampliar el marco conceptualDemandante: Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal EICE ESP Demandados: Tribunal Administrativo de Casanare y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-03804-00

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bajo el cual se concretó el contrato». Al respecto, indicó que la infraestructura actual respecto al tratamiento de aguas es obsoleta y ello ha conllevado a que se deban cubrir multas por contaminación con recursos dispuestos para otros fines.

bajo el cual se concretó el contrato». Al respecto, indicó que la infraestructura actual respecto al tratamiento de aguas es obsoleta y ello ha conllevado a que se deban cubrir multas por contaminación con recursos dispuestos para otros fines.

31. Sostuvo que para frenar la problemática actual cuenta con dos vías. A saber, la primera «tiene que ver con (…) la localización de la PTAR y sus bajos niveles de eficiencia en la rem oción de cargas contaminantes que caracterizan las aguas residuales municipales, asociados con la propia obsolescencia del sistema de tratamiento que se opera», y la segunda « determina la carencia de un catastro de redes del sistema de alcantarillado».

32. Aseveró que por iniciativa suya invitó empresas especializadas en el manejo operativo del sector, con miras a superar las limitaciones se estructuración que padece el sector. Producto de esa gestión recibió ofertas de dos empresas colombianas. Una de estas aseguraba la posibilidad de «acceder a un paquete tecnológico de última generación con alta calidad de agua tratada, rápida puesta en marcha y lodos más espesos».

33. Aclaró que seleccionó a Ingenicontec SAS debido a su amplia experiencia.

Especificó que la compañía está dirigida por un ingeniero ambiental con más de 20 años de práctica certificada en diseño, laboratorio de aguas, construcción, operación, interventoría y supervisión en proyectos de plantas de tratamiento de agua potable y plantas de tratamiento de aguas residuales.

34. Sobre los recursos, comentó que los proveerá un holding de banca privada en Suiza el cual es aliado estratégico del contratista, pero que no era posible divulgar el modelo financiero. Por último, precisó que los costos «de medios

34. Sobre los recursos, comentó que los proveerá un holding de banca privada en Suiza el cual es aliado estratégico del contratista, pero que no era posible divulgar el modelo financiero. Por último, precisó que los costos «de medios iniciales de inversión, operación, mantenimiento, administración, financieros y el cálculo de utilidades operacionales se proyectaron con un valor de $875,00 (…)».

1.6.5 Veeduría Ciudadana al Contrato de Colaboración Empresarial en Alianza Estratégica entre la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal y la Empresa Ingeniería y Construcciones Técnicas Ingenicontec SAS

35. A través del presidente, solicitó que se le vinculara al trámite tutelar o se le reconociera como coadyuvante. Requirió que se decidieran de forma favorable las pretensiones de la parte actora, pues los despachos judiciales accionados sí incurrieron en la vulneración deprecada.

36. Añadió que, por razones técnicas es necesaria la construcción de un nuevo sistema de aguas residuales en Yopal. Entre otras razones, por la ubicación de la planta actual de tratamiento, la obsolescencia de la tecnología actual y la capacidad de tratamiento.Demandante: Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal EICE ESP Demandados: Tribunal Administrativo de Casanare y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-03804-00

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1.6.6. Joel López Camargo

8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

1.6.6. Joel López Camargo

37. Manifestó que coadyuva los fundamentos esgrimidos por la parte actora porque: es residente de Yopal desde hace 54 años, es un hecho notorio el crecimiento vertiginoso de la población del municipio, es inconcebible que los vecinos que viven cerca de la planta actual de tratamiento deban soportar intensos olores por la contaminación y es necesaria la construcción de una nueva planta.

38. Afirmó que se configura la vía de hecho narrada en el escrito tutelar y que con el contrato 148 de 2022 no se está conculcando ningún derecho colectivo.

1.6.7. El Tribunal Administrativo de Casanare, el accionante del proceso popular, Ingenicontec SAS y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado fueron notificados en debida forma del auto admisorio, pero guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

39. Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de tutela presentada por la parte actora contra el Tribunal Administrativo de Casanare y el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Yopal.

Lo anterior, de conformidad con lo establecido por el Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el Decret o 1069 de 2015 modificado por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

2.2. Cuestión previa

concordancia con el Decret o 1069 de 2015 modificado por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

2.2. Cuestión previa

40. Las Superintendencias de Servicios Públicos Domiciliarios y la de Industria y Comercio aludieron que carecen de legitimación en la causa por pasiva para estar vinculadas en este trámite tutelar.

41. La Sala aclara que, corresponde negar sus peticiones teniendo en cuenta que, pese a que se les notificó del auto admisorio, no fueron vinculadas ni se dio tal orden en el auto de 2 de agosto de 2022. Así las cosas, pese a que la Secretaría General del Consejo de Estado les remitió a través de correo electrónico la providencia admisoria de la acción de amparo, lo cierto es que de su lectura denota que no fueron vinculados al trámite ni les fue adjudicada de alguna forma la vulneración cuya protección reclama la parte actora.

42. De otro lado, la Veeduría Ciudadana al Contrato de Colaboración Empresarial en Alianza Estratégica entre la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal y la Empresa Ingeniería y Construcciones Técnicas Ingenicontec SAS y el señor Joel López Camar go manifestaron su intención de coadyuvar a la parte tutelante, al tiempo que establecieron que síDemandante: Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal EICE ESP Demandados: Tribunal Administrativo de Casanare y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-03804-00

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ocurrió la conculcación de los derechos fundamentales indicados por la empresa actora.

43. Al respecto, la Sala se permite traer a colación la figura de la coadyuvancia en la acción de tutela. Sobre el tema, la Corte Constitucional en sentencia T-1062

de 2010, expuso:

Coadyuvancia surge en los procesos de tutela, como la participación de un tercero con interés en el resultado del proceso que manifiesta compartir las reclamaciones y argumentos expuestos por el demandante de la tutela, sin que ello suponga que éste pueda realizar planteamientos distintos o reclamaciones propias que difieran de las hechas por el demandante, pues de suceder esto se estaría realmente ante una nueva tutela, lo que desvirtuaría entonces la naturaleza jurídica de la coadyuvancia.

44. Con base en la tesis expuesta se admitirán en calidad de coadyuvantes a la veeduría y al ciudadano indicados. No obstante, se les advierte que bajo tal calidad asumen el proceso en las mismas condiciones que la parte actora. Ello conlleva a que no puedan presentar alegatos adicionales a los expuestos en el trámite tutelar y a que se atienen a lo que allí se aportó y planteó.

2.3. Legitimación en la causa

45. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve

trámite tutelar y a que se atienen a lo que allí se aportó y planteó.

2.3. Legitimación en la causa

45. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).

46. Con fundamento en lo expuesto, la Sala advierte que la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal EICE ESP fungió como accionada en el medio de control de protección de derechos e intereses colectivos de radicado 85001-33-33-003-2022-00211-00/1. Por tanto, es la titular de los derechos fundamentales cuya protección reclama. En consecuencia, goza de legitimación en la causa por activa.

47. Por otro lado, la Sala evidencia que las autoridades judiciales accionadas se encuentran legitimadas en la causa por pasiva. Lo anterior, por haber proferido las providencias objeto de reproche.

2.4. Problemas jurídicos

48. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, el material probatorio recaudado y el informe presentado; los problemas jurídicos a

resolver en el caso concreto son los siguientes:

● ¿Se superan los requisitos generales de procedibilid ad de la acción de tutela contra providencias judiciales?Demandante: Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal EICE ESP Demandados: Tribunal Administrativo de Casanare y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-03804-00

tutela contra providencias judiciales?Demandante: Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal EICE ESP Demandados: Tribunal Administrativo de Casanare y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-03804-00

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49. De resultar afirmativa la respuesta a la pregunta anterior, la Sala analizará

lo siguiente:

● ¿El Tribunal Administrativo de Casanare y el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Yopal vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia de la empresa accionante al dictar los autos de 27 de octubre de 2022 y 20 de abril de 2023?

50. Para resolver los interrogantes planteados, se analizar án los siguientes temas: (i) la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, (ii) los requisitos generales de procedibilidad , y de superarse los anteriores supuestos, (iii) el caso concreto.

2.5. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

51. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias judiciales, en fallo de 31 de julio de 2012 4. Lo anterior, por que hasta ese momento, las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes posturas sobre este tema 5. En la referida sentencia se estableció que la tutela contra providencias judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos especiales y excepcionales6.

momento, las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes posturas sobre este tema 5. En la referida sentencia se estableció