CE - 110010315000202303806001SENTENCIA20230921160311

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de tutela Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03806-00

Actores: Franckdey Sneider Bustamante Franco y otro1

Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima

Tema: Acción de tutela contra providencia judicial/ falta del cumplimiento del requisito general de relevancia constitucional

Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso , ii) acceso a la administración de justicia, iii) igualdad y iv) dignidad humana

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por los actores contra el Tribunal Administrativo del Tolima.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES La solicitud

1. Franckdey Sneider Bustamante Franco, quien actúa en nombre propio y como agente oficioso de la menor de 18 años de edad ZCBF 2, a través de apoderado3, presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Tolima, porque, a su

1 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI, Documento denominado “ED_CARATULA(.pdf) NroActua 2”. Archivo aportado en forma digital.

presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Tolima, porque, a su

1 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI, Documento denominado “ED_CARATULA(.pdf) NroActua 2”. Archivo aportado en forma digital. 2 Este Despacho adopta como medida de protección del derecho a la intimidad de la menor de 18 años de edad relacionada en este proceso la supresión de los datos que permiten su identificación, razón por la cual, sus nombres serán reemplazados por las siguientes iniciales ZCBF. 3 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI, Folio 15 del documento denominado “ED_1TUTELA(.pdf) NroActua 2”. Archivo aportado en forma digital.2

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Actores: Franckdey Sneider Bustamante Franco y otro

juicio, al proferir la sentencia de 19 de enero de 2023, en el proceso adelantado en ejercicio del medio de control de reparación directa identificado con el número único de radicación 730013333009201300716 -01, vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la igualdad y a la dignidad humana.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en

síntesis, son los siguientes:

3. Indicaron que, se presentó demanda contra el Hospital Regional del Líbano E.S.E., Cafesalud E.P.S., y el Hospital Federico Lleras Acosta E.S.E. , en ejercicio

síntesis, son los siguientes:

3. Indicaron que, se presentó demanda contra el Hospital Regional del Líbano E.S.E., Cafesalud E.P.S., y el Hospital Federico Lleras Acosta E.S.E. , en ejercicio del medio de control de reparación directa, con el fin de que se les declarara administrativamente responsables por los daños y perjuicios ocasionados, como consecuencia de la falla médica que finalmente le causó la muerte a Brenda Sorany Franco Castro, el día 25 de abril de 2011.

4. El Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito de Ibagué profirió sentencia de primera instancia el 2 1 de enero de 2021, accediendo parcialmente a las pretensiones de la demanda.

5. El Tribunal Administra tivo del Tolima profirió sentencia de segunda instancia el

19 de enero de 2023, resolviendo lo siguiente:

“[…] PRIMERO: CONFIRMASE PARCIALMENTE la sentencia proferida el veintinueve (29) de enero de dos mil veintiuno (2021) por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Ibagué, por medio de la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, de con formidad con lo manifestado en la parte motiva de la presente sentencia.

SEGUNDO: MODIFÍQUESE los numerales tercero, en los siguientes términos:

“CONDENAR como consecuencia de la anterior declaración al Hospital Regional del Líbano E.S.E. y a Cafesalud E.P.S., a pagar a los siguientes demandantes las siguientes sumas por concepto de perjuicios morales:3

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03806-00

siguientes sumas por concepto de perjuicios morales:3

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Actores: Franckdey Sneider Bustamante Franco y otro

Perjudicado parentesco Perjuicio Moral Patricia Castro Madre 100 s.m.l.m.v. Yinna Paola Franco Castro Hermana 50 s.m.l.m.v. Sandra Milena Franco Castro Hermana 50 s.m.l.m.v. José Fausto Franco Castro Hermano 50 s.m.l.m.v. Yadira Fernanda Franco Castro Hermana 50 s.m.l.m.v.

TERCERO: CONDENASE en costas de segunda instancia a la parte demandada Hospital Regional del Líbano E.S.E., hoy Hospital Regional Alfonso Jaramillo Salazar E.S.E., y Cafesalud EPS en Liquidación, conforme a lo dispuesto en el artículo 188 del C.P.A.C.A., siempre que en el expediente se demuestre que se causaron y en la medida de su comprobación, para lo cual se fija el equi valente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente por concepto de agencias en derecho, y se ordena que por Secretaría del juzgado de origen se realice la correspondiente liquidación en los términos del artículo 366 del Código General del Proceso […]”.

6. El Tribunal Administrativo del Tolima consideró que:

“[…] De acuerdo con lo expuesto, para este Tribunal surge claramente la falla del servicio médico asistencial prestado por la entidad hospitalaria accionada - Hospital Regional del Líbano E.S.E, la cual se enmarcó en una inobservancia a los exámenes

“[…] De acuerdo con lo expuesto, para este Tribunal surge claramente la falla del servicio médico asistencial prestado por la entidad hospitalaria accionada - Hospital Regional del Líbano E.S.E, la cual se enmarcó en una inobservancia a los exámenes iniciales que se debían agotar para establecer las características de la masa que presentaba la señora Brenda Sorany Franco Castro y que se itera retraso la búsqueda de la atención médica especializada requerida, situación de tal proporción que merece reproche desde esta judicatura en la medida de que sin duda el servicio médico que prestó no fue inicialmente adecuado y eficiente; y que si bien y posteriormente fue diagnosticado, por su parte Cafesalud EPS – no autorizó el procedimiento quirúrgico que fuere ordenado por la especialidad de oncología del Hospital Federico Lleras Acosta E.S.E. (quirúrgico marginal o amputación), perdiendo una oportunidad vital para recuperar su salud.

En este sentido, debe recordarse que el órgano de cierre jurisdiccional de lo contencioso administrativo ha dispuesto con respecto a la perdida de oportunidad, que ésta es considerada como un daño de naturaleza autónoma, dado a que “se ubica en el campo del daño – sin desconocer que por elementales razones guarda estrecho vínculo con la relación de causalidad, -la causalidad existente entre el hecho imputable y el daño para estructurar la responsabilidad - y por lo mismo, resulta ser un perjuicio autónomo” 3 5; y en este orden, es que se compromete la responsabilidad patrimonial del Hospital Regional del Líbano E.S.E., hoy Hospital Regional Alfonso Jaramillo Salazar E.S.E., y Cafesalud EPS en Liquidación.

responsabilidad patrimonial del Hospital Regional del Líbano E.S.E., hoy Hospital Regional Alfonso Jaramillo Salazar E.S.E., y Cafesalud EPS en Liquidación.

Ahora, y pese a que en el plenario está debidamente a creditada la perdida de oportunidad en la recuperación de la Salud de la señora Brenda Sorany Franco Castro (q.e.p.d.) esta instancia judicial no reducirá el quantum indemnizatorio que fueron reconocidos por el a quo, esto, en consideración a que en los re cursos de alzada no se planteó cargo alguno en relación con los mismos.4

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Actores: Franckdey Sneider Bustamante Franco y otro

No obstante, lo anterior, lo que sí ha de establecer esta superioridad es que la autoridad judicial de instancia inadvirtió en el momento del fallo que, pese a que en el escrito de d emanda se relacionó como parte demandante a los menores Franckdey Sneider Bustamante Franco […]” y la menor de 18 años de edad ZCBF “[…] quienes concurrían en calidad de hijos de la señora Brenda Sorany Franco Castro (q.e.p.d.), los mismo fueron excluidos del presente litigo desde el auto admisorio de la demanda calendado el 15 de diciembre de 2014, y obrante a folios 220-224 del cuad. I ppal. del expediente digital, esto, por falta de representación legal de quien ostentaba la patria potestad (padre), así:

“En el caso en concreto, se presentan en calidad de demandantes los señores JOSÉ

FAUSTO FRANCO CASTRO, YINA PAOLA FRANCO CASTRO, YADIRA

legal de quien ostentaba la patria potestad (padre), así:

“En el caso en concreto, se presentan en calidad de demandantes los señores JOSÉ FAUSTO FRANCO CASTRO, YINA PAOLA FRANCO CASTRO, YADIRA FERNANDA FRANCO CASTRO, SANDRA MILENA FRANCO y PATRICIA CASTRO, quienes acuden a través de apoderada judicial por con siderarse afectados con el presunto hecho dañino objeto de demanda, por lo que están legitimados para promover este medio de control, además que acreditan parentesco con la víctima directa.

Es preciso indicar, que no obstante las gestiones efectuadas por el Despacho para que el ICBF, dentro del marco de su competencia, ejerciera la representación judicial de los menores FRANCKDEY SNEIDER BUSTAMANTE FRANCO […]” y la menor de 18 años de edad ZCBF , “[…] ello no pudo concretarse, aunado a la falta de interés del padre de los menores para comparecer en este proceso al ser quien ostenta la patria potestad – según lo manifestado por la parte actora-, no es posible tener a los menores referidos como integrantes de la parte demandante, por lo que solo se tendrá como extremo activo de la presente Litis a las personas anteriormente mencionadas.”

Entonces, y como quiera que esto corresponde a una situación concreta que quedó definido antes de trabarse la Litis, y que fue inadvertida por el a quo, este Tribunal considera que la decisión de instancia deberá ser modificada a efectos de excluir a los menores FRANCKDEY SNEIDER BUSTAMANTE FRANCO […]” y la menor de 18 años de edad ZCBF “[…] del reconocimiento indemnizatorio, por cuanto no se tuvieron como parte demandante dentro del proceso.

los menores FRANCKDEY SNEIDER BUSTAMANTE FRANCO […]” y la menor de 18 años de edad ZCBF “[…] del reconocimiento indemnizatorio, por cuanto no se tuvieron como parte demandante dentro del proceso.

Así las cosas, el numeral tercero de la sentencia recurrida será modificada en los siguientes términos:

Perjudicado parentesco Perjuicio Moral Patricia Castro Madre 100 s.m.l.m.v. Yinna Paola Franco Castro Hermana 50 s.m.l.m.v. Sandra Milena Franco Castro Hermana 50 s.m.l.m.v. José Fausto Franco Castro Hermano 50 s.m.l.m.v. Yadira Fernanda Franco Castro Hermana 50 s.m.l.m.v.

Planteado el escenario procesal de la forma vista, esta Corporación confirmará parcialmente la sentencia apelada y, modificará el numeral tercero de la sentencia proferida el 29 de enero de 2021 por el Juzgado Quinto Administrativo Oral del5

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Circuito de Ibagué, esto, conforme a los argumentos expuestos en parte precedente […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

7. Los actores solicitaron en su escrito de tutela:

“[…] Tutelar los derechos fundamentales que les fueron vulnerados a mi representado Franckdey y Sneider Bustamante Franco y a su hermana menor […]” “[…] al debido proceso, acceso a la administración e igualdad, a la dignidad;

“[…] Tutelar los derechos fundamentales que les fueron vulnerados a mi representado Franckdey y Sneider Bustamante Franco y a su hermana menor […]” “[…] al debido proceso, acceso a la administración e igualdad, a la dignidad; derechos fundamentales excepcionales de los menores artículo 44 de la Constitución Política de Colombia en concordancia con los artículos 1, 2, 8, 9 y 197 de la ley 1098 de 2006, vulnerados por el Tribunal Administrativo del Tolima, al incurrir en un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto.

2. En consecuencia, declarar que mi representado Franck dey Sneider Bustamante Franco y a su hermana menor […]” “[…] les asiste el legítimo derecho al reconocimiento y pago de la indemnización de perjuicios dentro del proceso de reparación directa, por los daños que les ocasiono (sic) la muerte de la madre, por ser ellos las víctimas de especial protección y las más perjudicadas.

3. En consecuencia, ordenar al Tribunal Administrativo del Tolima proferir una nueva sentencia en la que se corrija el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto y se incluyan a Franckdey Sneider Bustamante Franco y a su hermana menor […]”, “[…] como lo ordeno (sic) el Juzgado Quinto Administrativo de Ibagué en sentencia de primera instancia […]”.

8. Los actores en su escrito de tutela señal aron que el Tribunal Administrativo del Tolima incurrió en un i) defecto procedimental por exceso ritual manifiesto y en un ii) defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial.

Actuación

9. El Despacho sustanciador, mediante auto de 25 de julio de 2023; i) admitió la

1. defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial.

Actuación

9. El Despacho sustanciador, mediante auto de 25 de julio de 2023; i) admitió la acción de tutela y ii) ordenó notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo del Tolima; y iii) vinculó al Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito de Ibagué, al Hospital Regional Alfonso Jaramillo Salazar E.S.E., a ATEB Soluciones Empresariales S.A.S., al Hospital Federico Lleras Acosta E.S.E. de Ibagué, a La Previsora S.A., a Patricia Castro, a José Fausto Castro Franco, a Yinna Paola Castro Franco, a Yadira Fernanda Franco Castro y a Sandra Milena Franco Castro,6

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en calidad de terceros con interés legítimo, concediéndoles el término de tres (3) días para que rindieran informe sobre el particular.

Intervenciones de la demandada y de los terceros con interés legítimo

10. ATEB Soluciones Empresariales S.A.S, sociedad que actúa como mandataria con representación de Cafesalud E.P.S. S.A. LIQUIDADA , solicitó que se le desvinculara del presente trámite de tutela, toda vez que se configuró la falta de legitimación en la causa por pasiva.

11. El Hospital Regional Alfonso Jaramillo Salazar E.S.E solicitó que se negaran las pretensiones del amparo, toda vez que el Tribunal Administrativo del Tolima no desconoció los derechos fundamentales de los actores.

11. El Hospital Regional Alfonso Jaramillo Salazar E.S.E solicitó que se negaran las pretensiones del amparo, toda vez que el Tribunal Administrativo del Tolima no desconoció los derechos fundamentales de los actores.

12. El Tribunal Administrativo del Tolima consideró lo siguiente:

“[…] En este orden, la decisión adoptada por este Tribunal se ajustó en todo momento a lo acreditado en el proceso, en estricto cumplimiento de la normativa y jurisprudencia aplicables a la materia; motivos suficientes para solicitar sean despachadas desfavorablemente las pretensiones tutelares.

Por último, es menester precisar que el hecho que la parte accionante no comulgue con la decisión judicial emitida por este Tribunal a través de la sentencia adiada el 19 de enero de 2023, hace improcedente el presente mecanismo tutelar, puesto que lo que se pretende en la práctica, es constituir a este instrumento constitucional en una tercera instancia que permita revivir términos, interpretaciones o valoraciones propias del juez natural […]”.

13. El Hospital Federico Lleras Acosta E.S.E. de Ibagué afirmó que:

“[…] No es posible, ante la ausencia de la mencionada preceptiva jurídica, admitir la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, pues ello quiebra la estructura política del Estado , conforme a la cual corresponde privativamente al legislador no a los jueces con sujeción a la Constitución Política, establecer las normas que reglamenten la tutela.

Si como es verdad, todo proceso cumple una función garantizadora de los derechos de los administrados, la acción de tutela no puede servir como instrumento para sustituir decisiones proferidas por los jueces, como consecuencia de procedimientos

Si como es verdad, todo proceso cumple una función garantizadora de los derechos de los administrados, la acción de tutela no puede servir como instrumento para sustituir decisiones proferidas por los jueces, como consecuencia de procedimientos y competencias que para cada caso han previsto la Constitución y la Ley […]”.7

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14. El Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito de Ibagué, La Previsora S.A., Patricia Castro, José Fausto Castro Franco, Yinna Paola Castro Franco, Yadira Fernanda Franco Castro y Sandra Milena Franco Castro guardaron silencio en esta oportunidad procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

15. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política; el artículo 1.º del Decreto núm. 1983 de 30 de noviembre de 2017, por el cual se establecen reglas para el reparto de la acción de tutela; y, el Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de

2019.

Generalidades de la acción de tutela

16. La acción de tutela ha sido instituida como un instrumento preferente y sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades

16. La acción de tutela ha sido instituida como un instrumento preferente y sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente señalados. Proce de, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Cuestión previa

17. La Sala advierte que previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario precisar el presupuesto procesal sobre la legitimación en la causa por pasiva, para efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión, como el alcance del contenido de la sentencia.8

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18. Ahora bien, el artículo 13 del Decreto 2591 frente a la legitimación en la causa

por pasiva, señala expresamente lo siguiente:

“[…] La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fal lo. De ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.

Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él

perjuicio de lo que se decida en el fal lo. De ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.

Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad públic a contra quien se hubiere hecho la solicitud […]”.

19. De igual manera la Corte Constitucional, mediante sentencia T -1001 de 30 de noviembre de 20064, se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva en

los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye a l demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y sumario, con ell o no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o

preferente y sumario, con ell o no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la Constitución como del decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares por la acción u omisión que provoque la violación

4 Corte Constitucional, sentencia T-1412872 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.9

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de los derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo estatuto."[5]. (Negrilla fuera de texto).

Y más adelante, en sentencia T -519 de 2.001 M.P. Clara Inés Vargas esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que el demandado no es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que inflige el daño […]”.

tutela en su contra. La legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que inflige el daño […]”.

20. La Sala advierte que ATEB Soluciones Empresariales S.A.S, sociedad que actúa como mandataria con representación de Cafesalud E.P.S. S.A. LIQUIDADA , solicitó que se le desvinculara del presente trámite de tutela, toda vez que se configuró la falta de legitimación en la causa por pasiva.

21. Al respecto, es preciso indicar que se declaró “[…] terminada la existencia legal de CAFESALUD E.P.S. S.A. EN LIQUIDACIÓN […]”, por lo que la consecuencia jurídica es que no puede ser demandada, ni mucho menos tener interés en lo que se decida en el presente trámite de tutela, en ese orden de ideas, de conformidad con el Decreto 2591 y la jurisprudencia anteriormente citada, la Sal a concluye que a ATEB Soluciones Empresariales S.A.S, sociedad que actúa como mandataria con representación de Cafesalud E.P.S. S.A. LIQUIDADA , no le asiste interés en la decisión de tutela que se profiera, por lo que se declarará probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva alegada.

Problema jurídico

22. Corresponde a la Sala establecer: i) si, en efecto, es procedente la acción de tutela, acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias judiciales, concretamente si se cumplió con el requisito general de relevancia constitucional.

tutela, acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias judiciales, concretamente si se cumplió con el requisito general de relevancia constitucional.

23. Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes temas: i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, ii)

5 “Esta posición, fue reiterada, entre otras, por la sentencias: T -213 de 2.001 M.P. Carlos Gaviria Díaz y T-562 de 2.002 M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-959 de 2.002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett”.10

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requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra providencias judiciales; iii) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso; iv) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al acceso a la administración de justicia ; v) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad; vi) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la dignidad humana, procediendo posteriormente a resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando, se satisfagan los requisitos generales.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

24. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

24. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala Plena6, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profieraque resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro determine la ley y la propia doctrina judicial.

Requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales

25. Esta Sección adoptó7 como parámetros a seguir los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 20058, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.

26. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta acción constitucional, cuando se dirige cont ra decisiones judiciales: i) la relevancia

6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328. 7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P. María Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328

7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P. María Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328 8 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.11

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constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de tutela contra tutela.

27. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial: en primer lugar, debe verifica r la presencia de los requisitos generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera “dejar sin efecto o modular la decisión”9 que encaje en dichos parámetros.

28. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar

“dejar sin efecto o modular la decisión”9 que encaje en dichos parámetros.

28. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desc onocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

29. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 201410.

Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela en el caso concreto

30. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005, proferida

9 Corte Constitucional. Sentencia T225 del 23 de marzo de 2010, M.P.Mauricio González C