CE - 110010315000202303817011SENTENCIA20231120183045

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., diecisiete (17) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 110010315000-2023-03817-01

Referencia: Acción de tutela

Actoras: ALMA DELIA TANG GARCÉS Y OTRAS.

TESIS: SE CONFIRMA FALLO IMPUGNADO. LA ACCIÓN DE TUTELA

ES IMPROCEDENTE POR FALTA DEL REQUISITO GENERAL DE

RELEVANCIA CONSTITUCIONAL. MONTO DE INDEMNIZACIÓN

REPARACIÓN DIRECTA.

DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO, A LA DEFENSA

Y A LA SEGURIDAD JURÍDICA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por las actoras contra la sentencia de 25 de agosto de 2023, proferida en primera instancia por la SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “C”- DEL CONSEJO DE ESTADO1 que declaró improcedente la acción de tutela por falta del requisito general de la relevancia constitucional.

1 En adelante SECCIÓN TERCERA.2

Número único de radicación: 110010315000-2023-03817-01

Actor: ALMA DELIA TANG GARCÉS Y OTRAS.

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I.– ANTECEDENTES

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I.– ANTECEDENTES

I.1.- La Solicitud

Las señoras ALMA DELIA TANG GARCÉS , GIOVANNA LUMEY y DANIELA KATRINA GARCÍA TANG , actuando a través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitaron la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso , a la defensa y a la seguridad jurídica, los cuales estima n vulnerados por la SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “B” - DEL CONSEJO DE ESTADO al haber proferido en segunda instancia la sentencia de 25 de marzo de 2022, dentro de la acción de reparación directa identificada con el número único de radicación 080012331002-2006-01731-01.

I.2.- Hechos

Indicaron que en noviembre de 20 02, como consecuencia de un informe del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD -DAS2 y por orden de la FISCALÍA GENERAL DE LA

2 En adelante el DAS.3

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NACIÓN los señores DAGILMAR AMÉRICO LÓPEZ GARCÍA y

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NACIÓN los señores DAGILMAR AMÉRICO LÓPEZ GARCÍA y ELKIN RAFAEL GARCÍA fueron recluidos en establecimiento carcelario, al vinculárseles a un proceso penal por la presunta comisión de los delitos de terrorismo en concurso con daño en bien ajeno y tentativa de homicidio.

Manifestaron que el 28 de abril de 2004 el Juzgado Penal del Circuito de Barranquilla profirió sentencia absolutoria a favor de los dos investigados, decisión que fue confirmada el 5 de octubre de esa anualidad por el Tribunal Superior de la misma ciudad.

Precisaron que en el año 2006 los señores DAGILMAR AMÉRICO LÓPEZ y ELKIN RAFAEL GARCÍA promovieron una acción de reparación directa contra la RAMA JUDICIAL , la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN 3, el MINISTERIO DE DEFENSA , la POLICÍA NACIONAL y el DAS con la finalidad de que se les indemnizara por los perjuicios causados con ocasión de la privación de la libertad de la que fueron objeto.

Expusieron que el proceso aludido fue identificado con el número

3 En adelante la FISCALÍA.4

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único de radicación 080012331002-2006-01731-01 y atribuido para su trámite en primera instancia al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO 4 que, mediante sentencia de 29 de febrero de 2016, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

Comentaron que los señores DAGILMAR AMÉRICO LÓPEZ y ELKIN RAFAEL GARCÍA , así como las entidades condenadas, interpusieron el recurso de apelación respectivo el cual le correspondió a la SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “B”- de esta Corporación que, mediante sentencia de 25 de marzo de 2022 , modificó la decisión de primera instancia y, en consecuencia, ordenó disminuir la indemnización reconocida inicialmente.

Anotaron que la autoridad judicial accionada determinó que el daño era imputable sólo a la FISCALÍA por el tiempo en el que los demandantes estuvieron a su cargo, esto es, desde el momento de la captura y hasta la fecha en que quedó ejecutoriada la resolución de acusación, además que aplicó una sentencia de unificación que no existía al momento en que el expediente ingresó a l Despacho para fallo.

4 En adelante el TRIBUNAL.5

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fallo.

4 En adelante el TRIBUNAL.5

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Precisaron que en el curso de la segunda instancia del proceso aludido fueron reconocidas como sucesoras procesales 5 del señor

ELKIN RAFAEL GARCÍA.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

Expusieron que la indemnización debía haber sido calculada por todo el tiempo en que el señor ELKIN RAFAEL GARCÍA estuvo privado de la libertad y no sólo hasta el momento en que estuvo ejecutoriada la resolución de acusación.

Adujeron que la autoridad judicial accionada no analizó en debida forma las pruebas allegadas al proceso, en particular, las documentales sobre la etapa de juicio , conforme con las cuales fue probado que la FISCALÍA “[…] actuó siempre convencida de la culpabilidad de los procesados, saciándose hasta las últimas actuaciones en querer demostrar culpa en los encartados […]”.

Señalaron que conforme con el artículo 20 de la Ley 600 de 24 de julio de 20006, la FISCALÍA debía investigar tanto lo favorable como

5 Conforme consta en la providencia cuestionada. 6 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”.6

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6 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”.6

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lo desfavorable a los procesados, no obstante, solo se centró en esto último, al punto de errar al momento de formular la orden de detención preventiva y luego la resolución de acusación.

Afirmaron que no era correcto que la autoridad judicial accionada estimara que el ente acusador sólo debía responder hasta el momento en que formuló la acusación, porque dicho organismo actuó durante todo el proceso sin tener pruebas sobre la comisión del delito que se atribuía a los señores DAGILMAR AMÉRICO LÓPEZ y ELKIN

RAFAEL GARCÍA.

Apuntaron que lo anterior “[…] conllevó a que se liquidara de manera ERRADA Y EQUIVOCADA, los perjuicios morales y el lucro cesante, el término indemnizatorio que tenían derecho los demandantes, pues solo aplicó el tiempo instructivo y no la totalidad del tiempo de la privación injusta de la libertad de los procesados […]”.

Anotaron que además para fijar el monto de las indemnizaciones la autoridad judicial accionada dio aplicación a una sentencia de unificación que no existía “[…] al momento de entrar el proceso al despacho accionado […]”.7

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despacho accionado […]”.7

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I.4.- Pretensiones

Como consecuencia de lo anterior, las actoras pretenden lo siguiente:

“[…] Por todo lo anteriormente expuesto solicito al HONORABLE CONSEJERO CONSTITUCIONAL HOY JUEZ DE TUTELA, tutelar los derechos fundamentales esgrimidos en la presente acción de tutela, teniendo en cuenta que se configuran una trasgresión por vía de hecho, al violentarse los principios rectores de derechos fundamentales vulnerados como el debido proceso, derecho de defensa, seguridad jurídica de las providencias, perfeccionándose vías de hecho con causales de defecto procedimental en exceso ritual manifiesto, defecto fáctico, defecto material y sustantivo y decisión infundada. Ordenando al despacho accionado, se sirva a corregir el fallo en los términos solicitados en esta presente acción, o en su defecto, el señor juez Constitucional de tutela CONSEJERO CONSTITUCIONAL se sirva a modificar el fallo emitido colocando el que por ley corresponda […]”.

I.5.- Defensa

I.5.1.- La SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “B” - de esta Corporación indicó que, en su sentir, la presente acción de tutela es improcedente, comoquiera que lo pretendido por las actoras es “[…] crear, indebida e injustificadamente, una tercera instancia frente a

Corporación indicó que, en su sentir, la presente acción de tutela es improcedente, comoquiera que lo pretendido por las actoras es “[…] crear, indebida e injustificadamente, una tercera instancia frente a una sentencia en la que se hizo un correcto análisis fáctico, probatorio y jurídico ya que la providencia fue sustentada en derecho8

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y con base en los medios de prueba valorados de manera razonada e integral […]”.

Explicó que en la providencia cuestionada sólo condenó al ente investigador por el tiempo en el que los procesados estuvieron detenidos a su cargo , porque en primera instancia el TRIBUNAL exoneró a la RAMA JUDICIAL quien tuvo a cargo la decisión de la libertad de los procesados durante la etapa de juicio, sin que ese aspecto hubiese sido apelado.

Agregó que, además, el monto de las indemnizaciones tuvo como fundamento la sentencia de unificación proferida en el año 2019 sobre la materia , aplicable a todos los procesos que estuvieran pendientes de resolución.

Concluyó que, en ese orden de ideas, la solicitud de amparo es improcedente, dado que lo que las actoras pretenden es debatir nuevamente un asunto ya resuelto en derecho.

I.5.2.- La FISCALÍA, vinculada en calidad de tercera con interés

improcedente, dado que lo que las actoras pretenden es debatir nuevamente un asunto ya resuelto en derecho.

I.5.2.- La FISCALÍA, vinculada en calidad de tercera con interés directo en las resultas del proceso, solicitó declarar improcedente la acción de tutela, dado que en su sentir las actoras no han a gotado9

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todos los mecanismos judiciales que tienen para controvertir la providencia cuestionada, además porque no sustentaron de forma suficiente las causales específicas de procedibilidad y pretenden retrotraer actuaciones procesales con la finalidad de obtener reconocimientos económicos.

I.5.3.- La FIDUPREVISORA S.A., vinculada en calidad de tercer a con interés directo en las resultas del proceso, como administradora del patrimonio autónomo creado con ocasión de la supresión del DAS, solicitó denegar las pretensiones de las actoras, en razón a que este mecanismo no es idóneo para “[…] controvertir los resultados adversos de una decisión adoptada por el Juez natural del conflicto […]”.

Explicó que de los argumentos planteados por las actoras no se evidenciaba una circunstancia excepcional que permitiera adoptar una decisión sobre el fondo del asunto, dado que es claro que el disenso de aquellas deviene del simple hecho de que la providencia cuestionada haya sido adversa a sus intereses.

evidenciaba una circunstancia excepcional que permitiera adoptar una decisión sobre el fondo del asunto, dado que es claro que el disenso de aquellas deviene del simple hecho de que la providencia cuestionada haya sido adversa a sus intereses.

I.5.4.- El TRIBUNAL, vinculado en calidad de tercero con interés directo en las resultas del proceso, remitió copia digital del10

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expediente origen de la controversia, sin embargo, no se pronunció sobre el fondo del asunto.

II.- FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

La SECCIÓN TERCERA de esta Corporación, mediante sentencia de 25 de agosto de 2023, declaró improcedente la acción de tutela de la referencia por falta del requisito general de relevancia constitucional.

Indicó que los argumentos planteados por las actoras versan sobre aspectos que fueron analizados en la providencia cuestionada de manera detallada, por lo que advertía que lo que pretendía n era reabrir la misma discusión.

Explicó que debe preverse que corresponde al juez de lo contencioso administrativo, dentro de su órbita funcional, analizar la situación fáctica planteada en la demanda y valorar el material probatorio para finalmente determinar el régimen jurídico aplicable y las circunstancias en que habrá de decidir el asunto puesto bajo su

administrativo, dentro de su órbita funcional, analizar la situación fáctica planteada en la demanda y valorar el material probatorio para finalmente determinar el régimen jurídico aplicable y las circunstancias en que habrá de decidir el asunto puesto bajo su conocimiento, por lo que el juez de tutela no puede invadir esta esfera.11

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III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

Las actoras impugnaron la sentencia proferida en primera instancia, iterando que la vulneración a los derechos deprecados deviene del hecho de que no se haya condenado a la FISCALÍA por todo el tiempo que los procesados estuvieron privados de la libertad.

Adujeron que la providencia cuestionada constituyó una vía de hecho, dado que la autoridad judicial accionada desconoció que el ente acusador fue el “[…] responsable de la privación injusta de la libertad de los demandantes, llevando pruebas mal apreciadas y valoradas y sin un sopeso jurídico, a la etapa de juicio, actuaciones que impedía que la señora juez revocara o sustituyera la medida de aseguramiento intramural […]”.

Precisaron que por lo anterior la presente solicitud de amparo sí tiene relevancia constitucional, porque los argumentos de la autoridad accionada para fijar los montos de la indemnización violan los

aseguramiento intramural […]”.

Precisaron que por lo anterior la presente solicitud de amparo sí tiene relevancia constitucional, porque los argumentos de la autoridad accionada para fijar los montos de la indemnización violan los derechos fundamentales deprecados, en particular, porque no tienen “[…] apoyo jurídico alguno […]”.

Insistieron en que conforme con el artículo 20 de la Ley 600 de 2000,12

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a la FISCALÍA también le correspondía investigar lo favorable a los procesados “[…] es decir, podía en vez de mantener la resolución de acusación, variarla a preclusión de la investigación, libertad a los procesados etc, pero no lo hizo […]”.

Reiteraron que el monto de la indemnización fue fijado con base en una sentencia de unificación que no existía al momento en que el proceso entró a despacho para sentencia, por lo que ese precedente no era aplicable.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021

de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de negocios entre las secciones.13

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La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello, Consejera ponente doctora María Elizabeth García González) , en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la violación de derechos constitucionales fundament ales, debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corp oración o aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).14

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En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es

so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y15

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decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y15

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seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora [7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C -591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad , la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor

judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afect ación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela [9]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en vir tud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales16

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especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.

demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela pr ocede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

1. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del17

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texto)

En el caso bajo examen, las actoras pretenden que se deje sin efecto la sentencia de 25 de marzo de 2022 , proferida por la SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “B”- DEL CONSEJO DE ESTADO dentro de la acción de reparación directa identificada con el número único de radicación 080012331002-2006-01731-01.

En el proceso aludido se dirimió un litigio sobre la responsabilidad extracontractual por la privación de la libertad de los señores DAGILMAR AMÉRICO LÓPEZ y ELKIN RAFAEL GARCÍA entre noviembre de 2002 y abril de 2004, con ocasión de un proceso penal al que fueron vinculados y en el cual finalmente resultaron absueltos.

En el curso de la primera instancia de la acción de reparación directa el TRIBUNAL accedió de forma parcial a las pretensiones de la

al que fueron vinculados y en el cual finalmente resultaron absueltos.

En el curso de la primera instancia de la acción de reparación directa el TRIBUNAL accedió de forma parcial a las pretensiones de la demanda, no obstante, como consecuencia de los recursos de apelación que presentaron los sujetos procesales, la SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “B”- de esta Corporación modificó dicha decisión, entre otros aspectos, para disminuir el monto de la indemnización por perjuicios, por una parte, porque limitó el tiempo a reparar y, por otra, por la aplicación de los parámetros sobre18

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cuantías previstos en la sentencia de unificación sobre la materia.

El disenso de las actoras deviene del hecho de que, en su sentir, la FISCALÍA debía responder por todo el ti empo que los procesados estuvieron privados de la libertad, además porque no se podía aplicar una sentencia que no existía para el momento en que el expediente ingresó a despacho para fallo.

En el curso de la primera instancia la SECCIÓN TERCERA de esta Corporación declaró improcedente la solicitud de amparo por falta de relevancia constitucional, al establecer que la discusión planteada por las actoras ya fue resuelta por la autoridad accionada.

En la impugnación, las actoras indicaron que la solicitud de amparo

relevancia constitucional, al establecer que la discusión planteada por las actoras ya fue resuelta por la autoridad accionada.

En la impugnación, las actoras indicaron que la solicitud de amparo sí cumple con el requisito general de relevancia constitucional, dado que la autoridad judicial accionada sin fundamento jurídico fijó la indemnización por debajo de los valores que solicitaron y, además, iteraron en síntesis los argumentos iniciales.

Por lo anterior, la Sala debe determinar si el presente caso cumple con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial y, de ser así, establecer si la19

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Actor: ALMA DELIA TANG GARCÉS Y OTRAS.

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SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “B” - de esta Corporación vulneró los derechos deprecados e incurrió en las irregularidades aducidas por las actoras , al haber proferido la sentencia de 25 de marzo de 2022.

Precisado lo anterior, la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corpor ación, en especial, el requisito de la relevancia constitucional.

De acuerdo con la sentencia C590 de 2005 antes transcrita, cuando la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una

especial, el requisito de la relevancia constitucional.

De acuerdo con la sentencia C590 de 2005 antes