CE - 110010315000202303826001SENTENCIA20230921151254

Demandantes: Lady Diana Molano Caicedo y otros Demandados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-03826-00

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D.C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-03826-00

Demandantes: LADY DIANA MOLANO CAICEDO Y OTROS

Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA Y

OTRO

Temas: Tutela contra providencia judicial – desconocimiento del precedente y defecto sustantivo – niega.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala resuelve la acción constitucional de la referencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 20151.

I. ANTECEDENTES

1.1. La tutela

1. Los ciudadanos Amalia Banguera Mondragón, Anderson Mosquera Rivas, Ana Milena Olaya Cuervo, Andrés Mauricio Obando Hurtado, Carlos Andrés Campiño López, Denis Viveros, L ady Diana Molano Caicedo, Dilian Dayana

Rentería Aguirre, Elizabeth Ramos Montaño, Faustino Ortiz Quiñ onez, Hollyday

Ana Milena Olaya Cuervo, Andrés Mauricio Obando Hurtado, Carlos Andrés Campiño López, Denis Viveros, L ady Diana Molano Caicedo, Dilian Dayana Rentería Aguirre, Elizabeth Ramos Montaño, Faustino Ortiz Quiñ onez, Hollyday Cándelo Martínez, Jackelín Zoe Cándelo Riasgos, Jan Carlos Hernández Valencia, Jaller Manuel Román Arboleda, Marling Paola Sinisterra Valencia, Jerson Fabian Isaza Hurtado, Modesto Vladimir Castro Devia, Rubén David Caicedo Restrepo, Rubén A lberto Guerra Velasco, Sandra Lorena Payán Asprilla, Sara Patricia Riascos Vergara, Víctor Cevero Riascos Arboleda, Wilfrido Román Arboleda, Wilmer Córdoba Martínez, Wilson Alfredo Villa Caicedo, Wilson Quiñónez Rentería, Cintia Yaritza Boya Rentería, Yand ra Vanesa Mosquera y Yisela Garcés Córdoba (en adelante la parte actora) , actuando a través de apoderado judicial, presentaron acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Buenaventura2. Con su solicitud de amparo pretenden que se les protejan los

1 Modificado por el artículo 1º del Decreto Nacional 333 de 2021. 2 El escrito de tutela fue radicado por la ventanilla virtual del Consejo de Estado el 14 de julio de 2023.Demandantes: Lady Diana Molano Caicedo y otros Demandados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-03826-00

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derechos fundamentales al debido proceso , de acceso a la administraci ón de justicia, al trabajo, al mínimo vital y a la seguridad social.

2. Las anteriores garantías, a su juicio, fueron vulneradas con ocasión de las providencias dictadas por las autoridades judiciales accionadas respectivamente, el 19 de octubre de 2022 3 y el 16 de enero de 20234, en el proceso de nulidad simple con radicado 76109-33-33-002-2019-00235-00/1.

1.2. Pretensiones

3. La parte actora solicitó lo siguiente:

PRIMERA: Tutelar los derechos fundamentales de Diana Molano (y otros) al debido proceso, acceso a la administración de justicia, a la igualdad, trabajo, mínimo vital y seguridad social.

SEGUNDA: En consecuencia, con la declaración anterior, dejar sin efecto y valor la sentencia del 18 de agosto de 2021, mediante la cual el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Buenaventura declaró la nulidad de los decretos 928 del 3 de diciembre de 2018 “por medio del cual se determina la estructura administrativa de la Alcaldía Distrital de Buenaventura” y el 876 del 13 de diciembre de 2019 “por medio del cual se modifica el decreto 928 de 2018”.

TERCERO: Ordenar que en un término que se considere pru dencial el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Buenaventura dicte una nueva sentencia,

de 2019 “por medio del cual se modifica el decreto 928 de 2018”.

TERCERO: Ordenar que en un término que se considere pru dencial el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Buenaventura dicte una nueva sentencia, teniendo en cuenta las limitaciones del principio de integración por unidad normativa. Además, que garantice el derecho de defensa de los funcionarios implicados directamente con la acción. (Sic a toda la cita).

1.3. Hechos

4. La Sala resume los supuestos fácticos relevantes de la tutela de la

referencia, de la siguiente manera:

5. El señor Dinectry Andrés Aranda Jiménez , en ejercicio del medio de control de nulidad simple, controvirtió los siguientes actos administrativos:

• el Decreto 185 de 29 de febrero de 2016 5, el cual ajustó el manual específico de funciones, requisitos de los cargos y competencias laborales de la planta de personal de la alcaldía distrital de Buenaventura. - la Resolución 574 de 15 de mayo de 2018 6 que adicionó la anterior

3 Auto que confirmó la providencia que negó la solicitud de coadyuvancia y apelación presentada por los tutelantes. 4 Auto que resolvió el recurso de queja presentado por los tutelantes contra la decisión de 19 de octubre de 2022, en el sentido de considerar bien denegado el recurso de reposición. 5 Por el cual se ajusta el Manual Específico de Funciones, Requisitos Mínimos de Cargos y Competencias Labores de la Planta de Personal de la Alcaldía Distrital de Buenaventura . 6 Por el cual se adiciona a l Decreto 0185 del 29 de febrero de 2016, el Contenido Funcional,

Competencias Labores de la Planta de Personal de la Alcaldía Distrital de Buenaventura . 6 Por el cual se adiciona a l Decreto 0185 del 29 de febrero de 2016, el Contenido Funcional, Conocimientos Básicos y Esenciales, Competencias Comunes y Comportamentales, RequisitosDemandantes: Lady Diana Molano Caicedo y otros Demandados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-03826-00

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decisión en cuanto a conocimientos básicos y esenciales, competencias comunes y comportamentales, requisito s de formación académica y experiencia de los empleos de comandante, subcomandante y agente de tránsito de la alcaldía de Buenaventura. - el Decreto 669 de 25 de junio de 2018 7, en el cual se adicionaron unos cargos de nivel directivo 8, profesional9 y técnico 10 y se estableció el personal de la planta que tendría a su cargo las funciones propias de la administración central distrital.

6. El proceso le correspondió por reparto al Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Buenaventura. La demanda fue admitida por auto de 18 de diciembre de 2019 y posteriormente, en sentencia de 18 de agosto de 2021, el a quo accedió a las pretensiones de la demanda. Por ende, declaró la nulidad de los actos administrativos controvertidos.

7. Además, en el fallo ordinario de primera instancia se decidió aplicar el

el a quo accedió a las pretensiones de la demanda. Por ende, declaró la nulidad de los actos administrativos controvertidos.

7. Además, en el fallo ordinario de primera instancia se decidió aplicar el principio de integración de la unidad normativa y, en consecuencia, también se

declararon nulos los siguientes decretos:

• 928 de 3 de diciembre de 201811 y- - 876 de 13 de diciembre de 201912.

8. El a quo explicó que, de conformidad con el artículo 2.2.12.1. del Decreto 1083 de 2015 y el artículo 46 de la Ley 909 de 2004, eran obligatorios los estudios técnicos que acreditaran la necesidad de los cargos creados con el Decreto 669 de 2018, el análisis de las cargas de trabajo e impacto en la modernización, estudios sobre costos comparativos entre la planta vigente y la propuesta, los efectos sobre la adquisición de bienes y servicios de la entidad , entre otros. No obstante, no hay prueba de que se haya realizado alguna de estas actuaciones.

9. Ahora bien, respecto a los Decretos 928 de 2018 y 876 de 2019, explicó que fue el distrito de Buenaventur a quien le informó a través de los alegatos de conclusión que estos actos administrativos tampoco contaron con los estudios técnicos respectivos. En virtud de ello, acudió al principio de integración de la unidad normativa y concluyó que se cumplían las exigencias determinadas por la jurisprudencia para acoger el mencionado principio. Así, pese a que los Decretos 928 de 2018 y 876 de 2019 no fueron indicados de forma expresa en la demanda,

unidad normativa y concluyó que se cumplían las exigencias determinadas por la jurisprudencia para acoger el mencionado principio. Así, pese a que los Decretos 928 de 2018 y 876 de 2019 no fueron indicados de forma expresa en la demanda, «integran unidad normativa con aquellos actos administrativos que ha n sido

de Formación Académica y Experiencia de los Empleos: Comandante de Tránsito, Subcomandante de Tránsito, Técnico Operativo de Tránsito y Agente de Tránsito de la Alcaldía Distrital de Buenaventura. 7 Por medio del cual se ajusta la planta global de cargos de la Alcaldía Distrital de Buenaventura. 8 1 director técnico y 2 alcaldes locales. 9 1 comandante de tránsito. 10 1 subcomandante de tránsito, 6 técnicos operativos de tránsito y 55 agentes de tránsito. 11 Por medio del cual se determina la Estructura Administrativa de la Alcaldía Distrital de Buenaventura. 12 Por el cual se modifica el Decreto 928 de 2018.Demandantes: Lady Diana Molano Caicedo y otros Demandados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-03826-00

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acusados directamente como inconstitucionales en el texto de la demanda».

10. Expuso que los actos demandados , junto con los que decidió integrar , constituían un todo pues regulaban la reforma o reestructuración de la planta de

acusados directamente como inconstitucionales en el texto de la demanda».

10. Expuso que los actos demandados , junto con los que decidió integrar , constituían un todo pues regulaban la reforma o reestructuración de la planta de cargos del distrito.

11. Finalmente, ordenó al distrito de Buenaventura respetar las condiciones laborales de las personas prepensionadas o de quienes hubieren adquirido la pensión en vigencia de las decisiones anuladas . Por lo tanto, dispuso que no habría lugar al reintegro de salarios y prestaciones recibidos de buena fe.

Adicionalmente, le ordenó a la citada autoridad territorial desarrollar los estudios previos correspondientes, «bajo las directrices del Departamento Administrativo de la Función Pública y de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP, tal como lo dispone el artículo 46 de la Ley 909 de 2004».

12. Contra la anterior decisión se presentaron tres recursos de apelación. A saber, del distrito de Buenaventura, de un abogado alegando la agencia oficiosa «de la comunidad de Buenaventura» y de los tutelantes. Se precisa que la alzada del municipio, se fundó en que, era necesario informar de la existencia del proceso a la comunidad interesada para evitar futuras nulidades, pues de conformidad con el artículo 171 del CPACA se debió notificar a los sujetos interesados. Explicó que, si bien a través de los alega tos de conclusión solicitó que se declararan nulos los Decretos 928 de 2018 y 876 de 2019, ejerció una acción de lesividad contra estos actos y está siendo definida en el proceso 7610933-33-002-2020-00113-00.

que se declararan nulos los Decretos 928 de 2018 y 876 de 2019, ejerció una acción de lesividad contra estos actos y está siendo definida en el proceso 7610933-33-002-2020-00113-00.

13. Por auto de 16 de septiembre de 2021, el juzgado concedió la apelación del municipio en el efecto suspensivo y negó las otras dos solicitudes . En particular, respecto de los tutelantes, expres ó que no era suficiente con que indicaran que desconocían la existencia del proceso, pues sus nombramientos y posesiones en la planta del distrito de Buenaventura sucedieron con posterioridad a que se admitiera la demanda . Agregó que tenían hasta la audiencia inicial para hacerse partícipes del medio de control, de conformidad con el artículo 223 de la Ley 1437 de 2011 (en adelante CPACA), pero no lo hicieron pese a que se publicó la demanda en la página web de la Rama Judicial.

14. Con posterioridad, el municipio presentó un escrito de desistimiento del recurso de apelación. Asimismo, el abogado de los accionantes presentó un recurso de reposición y en subsidio apelación contra la decisión del 16 de septiembre de 2021.

15. Por auto de 1 .º de julio de 2022, el juzgado aceptó el desistimiento del recurso impetrado por el municipio de Buenaventura y dejó en firme la sentencia de 18 de agosto de 2021. Contra dicha decisión, el abogado de los tutelantes presentó recurso de reposición y en subsi dio queja. Aseveró que no era posible dejar en firm e el fallo, toda vez que se encontraba pendiente de resolver su

de 18 de agosto de 2021. Contra dicha decisión, el abogado de los tutelantes presentó recurso de reposición y en subsi dio queja. Aseveró que no era posible dejar en firm e el fallo, toda vez que se encontraba pendiente de resolver su recurso contra el auto de 16 de septiembre de 2021.Demandantes: Lady Diana Molano Caicedo y otros Demandados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-03826-00

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16. En consecuencia, por auto de 12 de agosto de 2022, el juzgado resolvió dejar sin efectos el numeral 2.º del auto de 1.º de julio de 2022, en el que se dispuso dejar en firme la decisión de primer grado. Luego, en providencia de 19 de octubre de 2022, se decidió no reponer el auto de 16 de septiembre de 2022, se rechazó la apelación y se remitió el expediente al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca para que tramitara el recurso de queja.

17. Mediante auto de 16 de enero de 2023, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca estimó bien denegada la reposición. Explicó que, al interior de lo s procesos de simple nulidad cualquier persona puede actuar como coadyuvante sin tener un interés directo, de acuerdo con el artículo del CPACA que indicó el a quo. Así, dado que, la demanda se admitió y el auto fue notificado el 17 de enero

procesos de simple nulidad cualquier persona puede actuar como coadyuvante sin tener un interés directo, de acuerdo con el artículo del CPACA que indicó el a quo. Así, dado que, la demanda se admitió y el auto fue notificado el 17 de enero de 2020 y la audiencia inicial se celebró el 7 de julio de 2021, pero los accionantes acudieron al proceso ordinario hasta el 3 de septiembre de 2021, en ese momento había fenecido el término para que fueran aceptados como coadyuvantes.

18. Aclaró que no era de recibo el argumento consistente en que con anterioridad no se enteraron de la demanda, pues en el expediente figura una constancia secretarial de 31 de julio de 2020 del Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Buenaventura sobre la publicación en la página web de la Rama Judicial, en la que se le informó a la comunidad sobre la existencia del proceso.

19. Acto seguido, el apoderado de la parte actora radicó una solicitud de nulidad de todo lo actuado, pero le fue rechazad a de plano por auto de 13 de febrero de 2023. Contra esta decisión interpuso recurso de apelación, pero posteriormente desistió del mismo.

1.4. Sustento de la vulneración

20. La parte actora refirió que se superaban los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. De forma particular, el de la relevancia constitucional, por estar en juego derechos laborales de un grupo significativo de servidores de la pla nta de personal del distrito de Buenaventura.

21. Aludió que la providencia cuestionada incurrió en desconocimiento del

particular, el de la relevancia constitucional, por estar en juego derechos laborales de un grupo significativo de servidores de la pla nta de personal del distrito de Buenaventura.

21. Aludió que la providencia cuestionada incurrió en desconocimiento del precedente. Puntualmente, de la sentencia C -879 de 2011 de la Corte Constitucional, la cual desarrolló las tres circunstancias en las que se puede considerar que hay unidad normativa. Alegó que el juzgado accionado utilizó de forma indebida la figura, pues los Decretos 928 de 2018 y 876 de 2019 no guardan una intrínseca relación con los actos demandados en el curso del proceso de simple nulidad.

22. Agregó que, no se advirtieron dudas sobre la constitucionalidad o legalidadDemandantes: Lady Diana Molano Caicedo y otros Demandados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-03826-00

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de los Decretos 928 de 2018 y 876 de 2019, y que «la simple presencia de una unidad jurídica no faculta al juez para aplicar el principio de integración».

23. Afirmó que existe una línea jurisprudencial de la Corte Constitucional relacionada con el principio de unidad normativa. Al respecto, citó las sentencias C-182 de 2016, C-246 de 2017, C-495 de 2019 y C-025 de 2021. Sobre cada una de estas decisiones, citó un extenso aparte.

C-182 de 2016, C-246 de 2017, C-495 de 2019 y C-025 de 2021. Sobre cada una de estas decisiones, citó un extenso aparte.

24. Sostuvo que se configuró un defecto sustantivo, toda vez que el juez de primer grado no respetó el principio de congruencia. Por ende, no hay una relación entre lo pedido y lo fallado, sino que el administrador de justicia se extralimitó. Iteró que no se desvirtuó la presunción de legalidad y constitucionalidad de los Decretos 928 de 2018 y 876 de 2019.

25. Sobre el mismo yerro, a rguyó que no se le dio a la comunidad la oportunidad de intervenir en el proceso de simple nulidad que se llevó a cabo en contra de los citados decretos, pues se enteraron del estudio que se abordó sobre estos hasta la sentencia de primera instancia. Indicó que, con los Decretos 928 de 2018 y 876 de 2018 se crearon derechos subjetivos a su cargo, y por ello tenían el legítimo interés de actuar en el proceso. Aceptar lo contrario conllevaría a que, como funcionarios de la alcaldía que fueron designados en los cargos creados, se les conculcara el derecho fundamental al debido proceso.

26. Insistió que el auto admisorio de la demanda no especificó que el proceso incluiría el estudio de legalidad contra los Decretos 928 de 2018 y 876 de 2019.

Al saber hasta la sentencia que se realizó el estudio pedido en la demanda, con la inclusión de estos actos, se les impidió la posibilidad de actuar en defensa de sus derechos.

27. Refirió que los mencionados actos administrativos fueron sometidos a una

Al saber hasta la sentencia que se realizó el estudio pedido en la demanda, con la inclusión de estos actos, se les impidió la posibilidad de actuar en defensa de sus derechos.

27. Refirió que los mencionados actos administrativos fueron sometidos a una acción de tutela por la señora María Antonia Navarro. Aseveró que, en virtud de dicho proceso «los juzgados de pr imera y segunda instancia acogieron sus pretensiones y ordenaron suspender los efectos del decreto 0876 de 13 de diciembre de 2019 hasta tanto la accionante acudiera al mecanismo ordinario de defensa judicial ante la jurisdicción contencioso administrativa », pero ello no ocurrió.

28. Indicó que, pese a que se levantó la suspensión ordenada en el curso de la acción de tutela, no se les ha permitido regresar a ejecutar sus labores y «desde hace 3 años y 3 meses mis poderdantes no cuentan con los recursos monetarios suficientes para sufragar los gastos que les aseguren una congrua subsistencia».

1.5. Trámite de primera instancia

29. Por auto de 1.º de agosto de 2023, el ponente de esta decisión admitió la solicitud de amparo. En consecuencia, ordenó notificar en calidad de accionadosDemandantes: Lady Diana Molano Caicedo y otros Demandados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-03826-00

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al Tribunal Administrativo d el Valle del Cauca y al Juzgado Segundo

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al Tribunal Administrativo d el Valle del Cauca y al Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Buenaventura. Asimismo, vinculó en calidad de terceros con interés a la alcaldía y al concejo municipal de Buenaventura, al señor Dinectry Andrés Aranda Jiménez y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

30. Asimismo, se le s ordenó a las autoridades judiciales accionadas que dejaran una constancia al interior de cada instancia en la que informaran a los interesados de este trámite sobre la existencia de esta tutela.

1.6. Intervenciones

1.6.1. Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Buenaventura

31. Manifestó que, con ocasión de la providencia debatida, los accionantes presentaron en el curso del proceso ordinario una solicitud de nulidad de todo lo actuado. Sin embargo, esta se rechazó de plano, y pese a que, contra esta decisión se impetraron los recursos de repos ición y en subsidio apelación, por auto de 28 de febrero de 2023 se negó el primero y se concedió el segundo en el efecto devolutivo al tiempo que se remitió el expediente al superior jerárquico.

32. No obstante, el abogado de los tutelantes desistió de la apelación 13. En ese sentido, su solicitud fue aceptada en providencia de 21 de marzo de 2023.

Allí finalizó el trámite procesal.

1.6.2. Departamento Administrativo de la Presidencia de la República14

ese sentido, su solicitud fue aceptada en providencia de 21 de marzo de 2023. Allí finalizó el trámite procesal.

1.6.2. Departamento Administrativo de la Presidencia de la República14

33. Solicitó que se declarara su falta de legitimación en la causa por pasiva, de acuerdo a sus competencias y funciones. Adicionó que no ha vulnerado los derechos fundamentales invocados por los tutelantes. Por último, requirió de forma subsidiaria que se niegue el amparo.

1.6.3. Alcaldía de Buenaventura

34. Expuso el trámite administrativo en virtud del cual se dictaron los actos administrativos que se anularon a través del proceso de simple nulidad 201900235. También lo que sucedió en el curso del medio de co ntrol. Puso de presente que, por auto de 21 de marzo de 2023 , se aceptó el desistimiento del recurso de apelación presentado por el apoderado de los tutelantes.

13 Revisado el memorial de desistimiento presentado por el apoderado, se advierte que el escrito carece de argumento alguno que haya sido ventilado en tal oportunidad o con base en el cual se haya tomado la decisión. 14 De la verificación del expediente elec trónico dispuesto en Samai, no se advierte que se haya notificado a esta entidad ni se haya ordenado tal actuación. Sin embargo, intervino en el trámite tutelar.Demandantes: Lady Diana Molano Caicedo y otros Demandados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-03826-00

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-03826-00

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35. Comentó que presentó demanda de lesividad contra los Decretos 928 de 2018 y 876 de 2019, y que la demanda se encuentra en curso dentro del expediente 76109-33-33-002-2020-00113-00.

36. Añadió que no se superó el requisito de procedibilidad de la inmediatez, pues han transcurrido más de seis meses desde la expedición de la sentencia que se reprocha, aunado a que los tutelantes se encontraban vinculados a sus cargos cuando se admitió la demanda cuya providencia se cuestiona. En ese sentido, debieron acudir dentro de la oportunidad procesal correspondiente.

1.6.4. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca , el concejo municipal de Buenaventura , el señor Dinectry Andrés Aranda Jiménez y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado fueron notificados en debida forma, pero guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

37. Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de tutela presentada por la parte actora contra el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Buenaventura y el Tribunal Admini strativo del Valle del Cauca. Lo anterior, de conformidad con lo establecido por el Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el Decret o 1069 de 2015 modificado por el Decreto

Oral del Circuito Judicial de Buenaventura y el Tribunal Admini strativo del Valle del Cauca. Lo anterior, de conformidad con lo establecido por el Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el Decret o 1069 de 2015 modificado por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

2.2. Cuestión previa

38. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República solicitó que se le desvincule del trámite tutelar. Alegó que carece de legitimación en la causa por pasiva, de conformidad con las funciones que tiene a su cargo.

39. Se negará su solicitud, toda vez que, no fue vinculado como tercero con interés al presente asunto ni se efectuó alguna notificación tendiente a enterarlo de este proceso.

40. De otro lado, la Sala aclara que, si bien Rubén David Caicedo Restrepo y Sara Patricia Riascos Vergara presentaron otra acción de tutela que fue definida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia con ocasión de su desvinculación laboral, por la suspensión de los Decretos 928 de 2018 y 876 de 2019, no habría lugar a configurarse la temeridad o la cosa juzgada.

41. En primer lugar, se descarta la temeridad porque la tutela asumida por la Corte Suprema de Justicia se interpuso contra la Alcaldía de Buenaventura por la mencionada desvinculación laboral. En esta oportunid ad, se accionó a dos autoridades judiciales por la presunta vulneración de garantías tales como el debido proceso o el acceso a la administración de justicia, toda vez que en elDemandantes: Lady Diana Molano Caicedo y otros

autoridades judiciales por la presunta vulneración de garantías tales como el debido proceso o el acceso a la administración de justicia, toda vez que en elDemandantes: Lady Diana Molano Caicedo y otros Demandados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-03826-00

9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

proceso de nulidad simple de radicado 2019 -00235, se les impidió ejercer su derecho de defensa y se definió la ilegalidad de dos actos administrativos que no fueron inicialmente demandados y en los cuales tenían interés. En ese sentido, entre esta tutela y la definida por el órgano de cierre en materia civil no concurre la identidad de partes, ni de causa petendi. Ello descarta de plano una posible actuación temeraria.

42. En cuanto a la cosa juzgada, la Corte Constitucional ha sido enfática en precisar que se descarta ante la presencia de hechos nuevos. Así las cosas, si bien el origen de la vulneración de los derechos fundamentales de los señores Rubén David Caicedo Restrepo y Sara Patricia Riascos Vergara fue la desvinculación de los cargos que desempeñaban en la alcaldía de Buenaventura, con ocasión del fallo de tutela de 10 de enero de 2020, en esta oportunidad discuten una cuestión diametralmente distinta. Se itera, lo que los llevó a promover esta segunda tutela que, pese a tener relación con la anterior, difieren entre ambas, fue el hecho de no poder intervenir en el curso del pro ceso de

discuten una cuestión diametralmente distinta. Se itera, lo que los llevó a promover esta segunda tutela que, pese a tener relación con la anterior, difieren entre ambas, fue el hecho de no poder intervenir en el curso del pro ceso de nulidad simple en el que se declaró la nulidad de los Decretos 928 de 2018 y 876 de 2019.

43. De conformidad con lo expuesto, se descarta la existencia de temeridad y cosa juzgada en relación con el actuar de Rubén David Caicedo Restrepo y Sara

Patricia Riascos Vergara.

2.3. Legitimación en la causa

44. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).

45. La Sala advierte que el grupo de tutelantes, pese a no ser accionantes ni accionados del proceso de simple nulidad con radicado 76109-33-33-002-201900235-00/1, tienen legitimación en la causa por activa para reclamar sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, al trabajo, al mínimo vital y a la seguridad social.

46. Lo anterior, teniendo en cuenta que, en primer lugar, present aron una solicitud de intervención al interior del citado proceso, la cual le s fue resuelta de forma desfavorable. De otro lado, dado que, de conformidad con el artículo 137 de la Ley 1437 de 2011 « Toda persona podrá solicitar por sí, o por medio de

solicitud de intervención al interior del citado proceso, la cual le s fue resuelta de forma desfavorable. De otro lado, dado que, de conformidad con el artículo 137 de la Ley 1437 de 2011 « Toda persona podrá solicitar por sí, o por medio de representante, que se declare la nulidad de los actos administrativos de carácter general», y si bien no fue la parte actora quien promovió el ci