CE - 110010315000202303834001SENTENCIA20230825113437

Radicación: 11001-03-15-000-2023-03834-00

Demandante: Napoleón Botache Díaz

Calle 12 No. 7-65 – Tel: 57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-03834-00

Demandante: NAPOLEÓN BOTACHE DÍAZ Demandado: FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN -DIRECCIÓN EJECUTIVATemas: Tutela contra acto administrativo de reubicación . No se cumplen las condiciones para acreditar un perjui cio irremediable con el fin de habilitar el ejercicio de la acción de tutela como mecanismo transitorio

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela promovida por el señor Napoleón Botache Díaz , quien actúa en nombre pro pio, “como mecanismo transitorio”, contra la Fiscalía General de la Nación -Dirección Ejecutiva-, en la que pide el amparo constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso administrativo, defensa, contradicción, imparcialidad, as í como

“como mecanismo transitorio”, contra la Fiscalía General de la Nación -Dirección Ejecutiva-, en la que pide el amparo constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso administrativo, defensa, contradicción, imparcialidad, as í como el der echo colectivo de acceso al ser vicio público de justicia y a s u protección eficaz y oportuna “de los usuarios del s istema de justica que tienen soli citudes y trámites pendientes en el despac ho de la Fiscal ía 73 Delegada de la DEEDD , vulnerados, supuestamen te, con las Resoluciones Nos. 2577 de 19 de abril de 2023 y 4933 de 7 de julio de 2023 , mediante las cuales se ordenó, en su orden, la reubicación del demandante y resolvió no reponer dicha decisión y negó por improcedente el recurso de apelación.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

El accionante relató que la directora ejecutiva de la Fiscalía General de la Nación expidió la Resolución No. 2577 de 19 de abril de 2023, en la que se ordenó reubicar, por necesidades del servicio, el empleo de Fiscal Delegado ante los Jueces Municipales y Promiscuos del que es titular, “de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio a la Dirección Seccional de Bogotá”.Radicación: 11001-03-15-000-2023-03834-00

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2 Afirmó que contra l a anterior decisión interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación, en los que sustent ó en que el acto administrativo “ no obedece realmente a necesidades del servicio como allí se indicó, sino que tiene motivación en un sistemático acoso labor al orquestado por el señor FRANCISCO

ROBERTO BARBOSA DELGADO”.

Por último, manifestó que mediante Resolución No. 4933 de 7 de julio de 2023, la directora ejecutiva no repuso la Resolución No. 2577 de 19 de abril de 2023 y negó por improcedente el recurso de apelación.

2. Fundamentos de la acción

El demandante presentó acción de tutela, como mecanismo transitorio, en procura de que el juez constitucional pr oteja los derechos fundamentales al debido proceso administrativo, defensa, contradicción, imparcialidad, así como el derecho colectivo de acceso al ser vicio público de justicia y a s u protección ef icaz y oportuna, vulnerados, supuestamente, con las Resoluciones Nos. 2577 de 19 de abril de 2023 y 4 933 de 7 de julio de 2023 , mediante l as cuales se ordenó la reubicación del empleo que ocupa el demandante y resolvió no repon er dicha decisión y negó por improcedente el recurso de apelación.

Luego de hacer referencia a los argumentos que sustentaron la declaratoria de improcedencia del recurso de apelación contra la citada decisión administrativa,

decisión y negó por improcedente el recurso de apelación.

Luego de hacer referencia a los argumentos que sustentaron la declaratoria de improcedencia del recurso de apelación contra la citada decisión administrativa, indicó que en el trámite administrativo no cuenta con ningún otro recurso jurídico para defender sus derechos, a lo que agregó que aunque cuenta con el medio de control para reprochar los actos administrativos en la jurisdicción contencioso administrativa, el mismo resultaría ineficaz frente a la afectación a los derechos invocados, toda vez que según la Circular No. 0031 de 2 de noviembre de 2022, cuenta con un escaso término de 8 días para legalizar o formalizar la reubicación, tiempo que inició el 11 de julio de 2023 y llegaría hasta el 21 del mismo mes y año, razón por la cual, afirma, acude a la solicitud de amparo constitucional como mecanismo de protección transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Insistió en que ha sido objeto de acoso laboral, lo que “tiene como finalidad producir en mi sentimientos de frustración, aburrimiento, desesperanza; asimismo, lograr que mi rendimiento laboral baje al punto que no supere los compromisos adquiridos con la entidad para luego ser despedido de mi cargo”. De igual forma, se refirió a los resultados de la gestión realizada en el primer semestre del presente año, con el fin de que sean comparados con los obtenidos por los otros fiscales delegados que realizan la misma función.

Se refirió a que los continuos cambios generan traumatismos, a lo que agregó que está pendiente por resolver varios derechos de petición, solicitudes de entrega de automotores y presentación de demandas, las cuales relacionó en el escrito de tutela.

Se refirió a que los continuos cambios generan traumatismos, a lo que agregó que está pendiente por resolver varios derechos de petición, solicitudes de entrega de automotores y presentación de demandas, las cuales relacionó en el escrito de tutela.

Sostuvo que “es indispensable que el juez(a) de conocimiento de la presente acción constitucional conceda la presente acción de tutela como mecanismo transitorio, a fin de evitar perjuicios irremediables, no solo al servidor que se opone a ser reubicado de forma injusta (castigo), sino también de los ciudadanos queRadicación: 11001-03-15-000-2023-03834-00

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3 tienen trámites pendientes con el suscrito como titular del despacho fiscal 73 de la DIRECCIÓN ESPECIALIZADA DE EXTINCIÓN DEL DERECHO DE DOMINIO DE LA FISCALÌA GENERAL DE LA NACIÓN”, lo que sustentó en los artículos 6 y 8 del Decreto 2591 de 1991.

Afirmó que previo a interponer el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho debe agotar la conciliación prejudicial, lo que puede tardar alrededor de dos a tres meses.

Resaltó que la Resolución No. 4933 de 7 de julio de 2023, vulneró el debido proceso pues “el recurso de reposición en el No. 7, presentado el día cuatro (4) de mayo del año que avanza en contra de la Resolución No. 2577 del 19 de abril de

proceso pues “el recurso de reposición en el No. 7, presentado el día cuatro (4) de mayo del año que avanza en contra de la Resolución No. 2577 del 19 de abril de 2023, se solicitó la práctica de once pruebas”. Agregó que la vulneración del derecho al debido proceso se fundamenta en el artículo 79 de la Ley 1437 de 2011, en lo relativo a la práctica de pruebas para resolver los recursos en sede administrativa.

Agregó que “con la práctica de esas pruebas se pretende acreditar que la Resolución No. 2577 del 19 de abril de 2023, obedece a un evidente ABUSO DE PODER, por parte del señor FRANCISCO ROBERTO BARBOSA DELGADO, en el cual la señora ASTRID TORCOROMA ROJAS SARMIENTO, es un instrumento fungible de ejecución del designio criminal del primero”.

Señaló que el argumento de que se negara la práctica de pruebas, fue el hecho de que con estas el actor pretende controvertir el acto administrativo de reubicación, lo que desconoce su derecho a contradecir la Resolución No. 2577 de 19 de abril de 2023, lo que, a su vez, vulnera los principios de imparcialidad, moralidad y a la defensa establecidos en el artículo 3 de la Ley 1437 de 2011.

Finalmente, manifestó que “se omite hacer un análisis integral de los medios de prueba, tanto de las aportadas como de las practicadas; pero como ni se realizaron las solicitadas, ni se analizaron las aportadas, sino que se mira el video de grabación y la incapacidad de la servidora solicitada como hecho aislado, más la parcialidad de la servidora que resuelve, no puede llegar a otra consideración

realizaron las solicitadas, ni se analizaron las aportadas, sino que se mira el video de grabación y la incapacidad de la servidora solicitada como hecho aislado, más la parcialidad de la servidora que resuelve, no puede llegar a otra consideración diferente a que las mismas no son conducentes, pertinentes, ni útiles. La vía de hecho se presenta cuando el acto administrativo se soporta exclusivamente en argumentos de tipo jurídico y olvida la construcción probatoria de los hechos, por lo que nos preguntamos que solidez y legalidad puede tener ese documento”.

3. Pretensiones

En el escrito de tutela se formulan las siguientes:

“PRIMERO: Declarar violado los derechos al debido proceso, la contradicción, la defensa, la valor ación probatoria del acc ionante con la expedición la Resolución No. 2577 del 19 de abril y 4933 del 07 de julio de 2023.

SEGUNDO: Declarar violado los derechos Acceso al servicio público de justicia y a su prestación eficaz y oportuna. De los usuarios del sistema de justicia que tienen solicitudes y trámites pendientes en el despacho de la Fiscalía 73 Delegada de laRadicación: 11001-03-15-000-2023-03834-00

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4 DEEDD al reubicar injustam ente y sin ningún motivo cierto y real al accionante del despacho fiscal en que cumple su función sin que exista una motivación legal.

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4 DEEDD al reubicar injustam ente y sin ningún motivo cierto y real al accionante del despacho fiscal en que cumple su función sin que exista una motivación legal.

TERCERO: Como consecuencia de lo anterior se ordene a la señora ASTRID TORCOROMA ROJAS SARMIENTO, no aplicar la Resoluci ón No. 2577 del 19 de abril y 4933 del 07 de julio de 2023, hasta tanto la jurisdicción contenciosa administrativa n o decida la acción de nulidad y restablecimiento del derecho que se interpondrá de forma oportuna, tal como lo dispone el inciso final del artículo octavo del Decreto Ley 2.591 de

1991”.

4. Pruebas relevantes

El demandante allegó, junto con el escrito de tutela, los siguientes documentos:

• Resolución No. 2577 de 19 de abril de 2023, mediante la cual se dispuso la reubicación del señor Napoleón Botache Díaz. • Recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la Resolución No. 2577 de 19 de abril de 2023. • Resolución No. 4933 de 7 de julio de 2023, en la que no se repuso el acto administrativo de reubicación y se negó por improcedente el recurso de apelación. • Copia del auto de 26 de julio de 2023 del Procurador 196 Judicial I para Asuntos Administrativos de Bogotá, mediante el cual se inadmitió la solicitud de conciliación del señor Napoleón Botache Díaz contra la Fiscalía General de la Nación.

5. Trámite procesal

Administrativos de Bogotá, mediante el cual se inadmitió la solicitud de conciliación del señor Napoleón Botache Díaz contra la Fiscalía General de la Nación.

5. Trámite procesal

Por auto de 14 de julio de 2023, el Juzgado Cuarenta y Siete Pe nal del Circuito con Función de Conocimiento de Bog otá remitió por competencia la acción de tutela al Consejo de Estado. El expediente fue remitido media nte correo electrónico del mismo día.

Mediante auto de 25 de julio de 2023, el despacho de la magistrada sustanciadora admitió la demanda y ordenó notificar al accionante , a las autoridades judiciales accionadas, así como a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

La Secretaría Gener al de esta Corpo ración libró los oficios 75691 a 75694 de 27 de julio de 2023 1 , con el fin de notificar a las partes.

El expediente de tutela ingresó al despacho para fallo el 8 de agosto de 2023.

6. Oposición

6.1. Respuesta de la Fiscalía General de la Nación

6.1.1. Por medio de oficio d e 28 de julio de 2023, la directora ejecutiva de la entidad solicitó que se declare la improcedencia de la ac ción de tutela, por no cumplir con el requisito de la subsidiariedad ni demostró la configuración de un perjuicio irremediable.

1 La parte accionante, la autoridad judicial demandada y los terceros interesados fueron notificados a las siguientes direcciones de correo el ectrónico: napoleon.botache@fiscalia.gov.co; nbotachediaz@gmail.com,

perjuicio irremediable.

1 La parte accionante, la autoridad judicial demandada y los terceros interesados fueron notificados a las siguientes direcciones de correo el ectrónico: napoleon.botache@fiscalia.gov.co; nbotachediaz@gmail.com, jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co; juridicanotificacionestutela@fiscalia.gov.co, tutelasnacionales@defensajuridica.gov.co, deajnotif@deaj.ramajudicial.gov.co.Radicación: 11001-03-15-000-2023-03834-00

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Afirmó que la Fiscalía General de la Nación puede realizar m ovimientos de personal por estric tas necesidades del servicio, máxime cuando los servidores al aceptar el cargo en el que fu eron nombrados tienen conocimiento de la facultad ius variandi de la entidad debido al carácter global y flexible de la planta de personal que permite que sean reubicados en cu alquier parte del territorio nacional, situación que no es ajena al accionante.

Sostuvo que el demandante puede desarrollar sus reproches relacionadas con el acto administrativo de reubicación a trav és del medio de control d e nulidad y restablecimiento del derecho, en el que puede solicitar medidas cautelares, co mo la suspensión de los efectos de la decisión.

Indicó que en la Resolución No. 2577 de 19 de abril de 2023 se motivó suficientemente, sin que sea necesario desarrollar páginas extensas, pues solo es

la suspensión de los efectos de la decisión.

Indicó que en la Resolución No. 2577 de 19 de abril de 2023 se motivó suficientemente, sin que sea necesario desarrollar páginas extensas, pues solo es pertinente indicar d e manera concre ta el motivo que lleva a la administración a adoptar la decisión de reubicación.

Señaló que el cumplimiento de sus labores hace parte de sus deberes como servidor pú blico y, en cons ecuencia, la buena condu cta y el desempeño en sus actividades, es lo que se espera, mas no es una limitante para ejercer la facultad con que goza la Fiscalía General de la Nación.

Resaltó que la reubicación que se realizará al deman dante no desmejo ra sus derechos laborales ni pr estacionales, toda vez que e l cargo es el m ismo, por lo que su estabilidad laboral no se verá afectada.

Agrego que la oficina de salud ocupacional adscrita a la Subdirección de Talento Humano de la entida d verificó las condiciones de salud y demás particulares, y concluyeron que el accionante no presenta restricciones ni condiciones que impidieran su reubicación.

De otro lado, afirmó que el recurso de apelación contra la Resolución No. 2577 de 19 de abril de 2023, no resulta ba procedente en virtud del art ículo 74 de la Ley 1437 de 2011, disposición que establece que no habrá apelación contra las decisiones de los ministros, directores de departamentos administrativos, superintendentes y representantes legales de las entidades descentralizadas ni de los dir ectores u o rganismos superiores de los órganos constitucionales

decisiones de los ministros, directores de departamentos administrativos, superintendentes y representantes legales de las entidades descentralizadas ni de los dir ectores u o rganismos superiores de los órganos constitucionales autónomos, pues el acto administrativo de la directora ejecutiva “subroga al Fiscal General de la Nación”,

Por otra parte, sostuvo que a la queja presentada por el actor se le corrió traslado a la Secr etaría del C omité de Convivencia Laboral del Niv el Central para su trámite pertinente.

Indicó que de enero a abril de 2023 se han realizado traslados y reubicaciones de servidores de forma generalizada , basados en l as necesidades del ter ritorio nacional.Radicación: 11001-03-15-000-2023-03834-00

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6 Para terminar, manifestó que la solicitud de amparo no cumple con el requisito de subsidiariedad, pues el actor cuenta con el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, además que no demostró la con figuración de u n perjuicio ir remediable que amerite medidas urgentes e impostergables por parte del juez de tutela, como mecanismo transitorio.

6.1.2. En oficio de 31 de julio de 2023, el director de asunto jurídicos del ente acusador pidió que se declare la improcede ncia de la acció n d e tutela por no cumplir con el req uisito de subsidiariedad relacionadas con el amparo al derecho

acusador pidió que se declare la improcede ncia de la acció n d e tutela por no cumplir con el req uisito de subsidiariedad relacionadas con el amparo al derecho fundamental al debido proceso y la orden de reintegro al cargo que desempeñaba con anterioridad a la reubicación. Igualmente , que se niegue la pretensión relacionada con el acce so a la administración de justicia de los usuario s que ostenta trámites ante la oficina del demandante.

Afirmó que el demandante por los m ismos hechos pr esentó otra acción de tutela, la cual le correspondió el radicado No. 11001 -31-09-014-2023-00116-01, resuelta por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en fallo de 26 de junio de 2023.

Sostuvo que la solicitud de am paro no cu mple con el req uisito de subsidiariedad, pues el accionante aceptó en el escrito de tutela que n o ha pres entado la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho , ni la solicitud de conciliación prejudicial ante el Ministerio Público.

Por último, r esaltó que el accion ante cuenta con las medidas ca utelares establecidas en el artículo 230 de la Ley 1437 de 2011, entre esas, la suspensión provisional de los efectos del acto administrativo.

6.2. Respuesta de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

En oficio de 31 de julio de 2023, el abogado de la División de Procesos de la Unidad de Asistencia Legal solicitó que se declare la falta de legitimación en la causa por pasiva, en razón a que no fue la entidad que expidió el acto a dministrativo de

de Asistencia Legal solicitó que se declare la falta de legitimación en la causa por pasiva, en razón a que no fue la entidad que expidió el acto a dministrativo de reubicación ni tuvo injerencia frente a dicha decisión.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019 ), la Sección Cuarta del Consejo de Estado es compet ente para decidir el asunto objeto de estudio.

2. Cuestiones previas

2.1. En primer lugar, respecto a la solicitud de la Dirección Ejecutiva de Administración judicial relacionada con su desvinculación por falta de legitimación en la ca usa por pasiva , se advierte que en el auto admisorio de 25 de j ulio deRadicación: 11001-03-15-000-2023-03834-00

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7 2023, proferido por la magistrada sustanciadora , no se vinculó a dicha entidad como demandada ni como tercer o con interés, razón por la cual la Sala no considera necesari o efectuar algún pr onunciamiento sobre la solicitud realizada por la mencionada entidad.

2.2. En segundo lugar, la Fiscalía General de la Nación advierte que en la acción

considera necesari o efectuar algún pr onunciamiento sobre la solicitud realizada por la mencionada entidad.

2.2. En segundo lugar, la Fiscalía General de la Nación advierte que en la acción de t utela con radicado No. 11001-31-09-014-2023-00116-01, la Sala Penal d el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en fallo de 26 de junio de 2023 , se pronunció sobre los mismos hechos que p lantea el actor en la solicitud de amparo que ocupa la atención de la Sala.

Al respecto, se advierte que en la acción de tutel a No. 11001-31-09-014-202300116-01, se accedió al amparo del derecho fundamental de petic ión alegado por el señor Nap oleón Botache Díaz , en razón a la falta de trámite de la que ja por supuesto acoso laboral por parte de la Dirección de Asuntos J urídicos de la Fiscalía General de la Nación. Mientras que en la presente solicitud de amparo constitucional, lo que se reprocha son las Resoluciones Nos. 2577 de 19 de abril de 2023 y 4933 de 7 de julio de 2023 , mediante la s cuales el ente acus ador procedió a reubicar al demandante.

Por lo anterior, la Sala e videncia que no se trat a de un escenario de acción de tutela temeraria o que duplicidad de acciones, pues la solicitud de amparo que se mencionó en el referido informe responde a otra situación que no se deb ate en esta oportunidad.

3. Planteamiento del problema jurídico

De conformidad con el escr ito de tutela y los informes rendidos en el trámite

mencionó en el referido informe responde a otra situación que no se deb ate en esta oportunidad.

3. Planteamiento del problema jurídico

De conformidad con el escr ito de tutela y los informes rendidos en el trámite constitucional, l e corresponde a la Sala determinar si en el presente caso se configuran los elementos de un perjuicio irremediable que habiliten la procedencia de la acción de tutela como mecanismo trans itorio, y si la autoridad jud icial accionada vulneró los derechos f undamentales al debido proceso administrativo, defensa, contradicción, imparcialidad, as í como el der echo colectivo de acceso al servicio público de justicia y a s u protección eficaz y oportuna “de los usuarios del sistema de justica que tienen solicitudes y trámites pendientes en el despac ho de la Fiscalía 73 Delegada de la DEEDD ”, con las Resoluciones Nos. 2577 de 19 de abril de 2023 y 4933 de 7 de julio de 20 23, mediante las cuales la Dir ección Ejecutiva de la Fiscal ía General de la Nación re ubicó su empleo , sin que se valoraran todas las pruebas aportadas que demostraban que era injustificado.

4. Procedencia de la acción de tutela como mecanismo transitorio

El artículo 86 de la Constitu ción Política señala que toda persona tendrá la acción de tutela par a reclamar ante los jueces la protección inmed iata de sus derechos constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos r esulten vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”. Destaca esa disposición que dicha solicitud de amparo, “solo procederá cuando el afectado no disponga de otro

constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos r esulten vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”. Destaca esa disposición que dicha solicitud de amparo, “solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecani smo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”.Radicación: 11001-03-15-000-2023-03834-00

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8 En efe cto, la acción de tutela se c aracteriza por su natu raleza excepciona l y subsidiaria, es decir, solo procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que éste no resulte eficaz para la protección de los derechos fundamentales y sea necesario adoptar una m edida transitoria para evitar un perjuicio irremediable.

De hecho, la posibilidad de presentar la acción de t utela como mecanismo transitorio lo dispone el artículo 8 del Decreto 2591 de 1991, así:

“ARTICULO 8 - La tutela co mo mecanismo transitorio. Aun cuando el afectado disponga de otro me dio de defensa judicial, la acción de tutela procederá cuando se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

En el caso del inciso anterior, el juez señalará expresamente en la sentencia que su orden permanecerá vigente sólo durante el término que la autoridad judicial competente

utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

En el caso del inciso anterior, el juez señalará expresamente en la sentencia que su orden permanecerá vigente sólo durante el término que la autoridad judicial competente utilice para decidir de fondo sobre la acción instaurada por el afectado.

En todo caso el afectado deberá ejercer dicha acción en u n término máximo de cuatro (4) meses a partir del fallo de tutela.

Si no la instaura, cesarán los efectos de éste.

Cuando se utilice como mecanismo transitorio para evitar un daño irreparable, la acción de tutela también podrá ejercerse conjuntamente con la acción de nulidad y de la s demás procedentes ante la jurisdicció n de lo contencioso administrativo. En estos casos, el juez si lo estima procedente podrá ordenar que no se aplique el acto particular respecto de la situación jurídica concreta cuya prote cción se solicita, mientras d ure el proceso”.

A su turno, la Sala Plena de lo Contenci oso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia de 5 de marzo de 2014 2, consideró que no todo perjuicio irremediable conduce a la procedencia de la tutela como me canismo transitorio, pues es necesario que además de esa entidad, tal daño sea injustificado, que no provenga de una acción legítima de la autoridad contra quien se interpone, que en términos generales corresponde a lo que la jurisprudencia sobre la materi a, tanto de la Corte Constitu cional como de esta Corporación, han denominado presupuestos de procedibilidad.

Al respecto, la Corte Constitucional en la sentencia SU-544 de 2001, indicó que la

de la Corte Constitu cional como de esta Corporación, han denominado presupuestos de procedibilidad.

Al respecto, la Corte Constitucional en la sentencia SU-544 de 2001, indicó que la posibilidad de da r trámite a un a petición de amparo c omo mecanismo transitorio requiere, en primer lugar, demostrar que es inminente un p erjuicio irremediable para el derecho fundamental y, en segundo lugar, la existencia de otro mecanismo de defensa judicial. Sobre este ú ltimo, sostuvo , “ considerado como in strumento judicial principal u ordinari o, deberá ser de una entidad tal que por sus características pueda ser homologado tempor almente, es decir, mientras se tutel a ‘transitoriamente’”. Estos elementos no pueden, nuevamen te, considerar se en abstracto, sino a partir de las condiciones propias del proceso”.

Cabe resaltar que en cuanto al pe rjuicio irremediable, se deben seguir los criterios jurisprudenciales fijados por la Corte Constitucional en la sentencia T-225 de

2 Radicación 25000-23-42-000-2013-06871-01, M.P. Alfonso Vargas Rincón.Radicación: 11001-03-15-000-2023-03834-00

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9 1993 3 , rei terada, entre otras, en la SU-695 de 201 54, según la cu al debe comprobarse que el perjuicio alegado sea (i) inminente, es decir, que amenaza o

9 1993 3 , rei terada, entre otras, en la SU-695 de 201 54, según la cu al debe comprobarse que el perjuicio alegado sea (i) inminente, es decir, que amenaza o está por suceder p rontamente, esto es, tiende a un resultado cierto derivado de una causa que est á produciendo la inminencia; (ii) que las medidas que se requieren para conjurar el perj uicio irremediable sean urgentes, en el sentido de que se debe precisar una medida o reme dio de f orma rápida que evite la configuración de la lesión; (ii) grave, pues e l daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona, debe ser de gran intensidad y, por ú ltimo, que (iii) la urgencia y la gravedad hagan que la acción de tutela sea impostergable, ya que tiene que ser adecuada para restablecer el orden social justo en toda su integridad.

Por último, se debe recordar que en la sen tencia T -127 d e 2014 5 , la Corte Constitucional indi có que “quien afirma una vulneración de sus derechos fundamentales con estas características debe acompañar su afirmación de alguna prueba, al menos sumaria, pues la informalidad de la acción de tutela no exonera al actor de probar, aunque sea de manera su maria, los hechos en los que basa sus pretensiones”.

5. Estudio y solución del caso concreto

5.1. El señor Napoleón Botache Díaz , quien actú a en nombre propio, promovió acción de t utela como mecanismo transitorio, con el fi n de que s e conced a el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso administrativo,

5.1. El señor Napoleón Botache Díaz , quien actú a en nombre propio, promovió acción de t utela como mecanismo transitorio, con el fi n de que s e conced a el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso administrativo, defensa, contradicción, imparcialidad, as í como el der echo colectivo de acceso al servicio público de justicia y a s u protección eficaz y oportuna “de los usuarios del sistema de justica que tienen solicitudes y trámites pendientes en el despac ho de la Fiscal ía 73 Delegada de la DEEDD ”, supuestamente vulnerados con las Resoluciones Nos. 2577 de 19 de abril de 2023 y 4933 d e 7 de julio de 20 23, mediante las cuales l a Dirección Ejecutiva de la Fiscalía General de la Nación realizó el traslado, sin q ue se valorar an t