CE - 110010315000202303841011SENTENCIA20231026140700

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de tutela Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03841-01

Actora: María del Pilar Velasco Gallego

Demandados: Tribunal Administrativo del Cauca y Juzgado Noveno Administrativo

del Circuito Judicial de Popayán

Tema: Acción de tutela contra providencia judicial/ falta del cumplimiento del requisito general de relevancia constitucional

Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso, ii) igualdad y iii) acceso a la administración de justicia

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presen tada por la actora contra la sentencia de tutela del 6 de septiembre de 2023 proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por medio de la cual se declaró improcedente la solicitud de amparo.

La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.2

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Actora: María del Pilar Velasco Gallego

I. ANTECEDENTES

La solicitud

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Actora: María del Pilar Velasco Gallego

I. ANTECEDENTES

La solicitud

1. El señor Jose Alejandro Aguirre Gaviria, quien obra como agente oficioso de María del Pilar Velasco Gallego , presentó solicitud de tutela contra el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito Judicial de Popayán y el Tribunal Administrativo del Cauca, porque, a su juicio, el Juzgado al proferir la sentencia de 31 de marzo de 2020 y el Tribunal al proferir la sentencia de 26 de enero de 2023 en el proceso adelantado en ejercicio del medio de control de reparación directa identificado con el número único de rad icación 19001 33 33 009 2016 00308 01 , vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la administración de justicia.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en

síntesis, son los siguientes:

3. La actora presentó demanda contra la Nación – Ministerio de Defensa NacionalPolicía Nacional, en ejercicio del medio de control de reparación directa, con el fin de que se les declarara administrativamente responsables por los daños y perjuicios ocasionados, como consecuencia del fallecimiento del señor Fabi án Enrique

Velasco Gallego.

4. El Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Popayán profirió sentencia de primera instancia el 31 de marzo de 2020, por medio de la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

Velasco Gallego.

4. El Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Popayán profirió sentencia de primera instancia el 31 de marzo de 2020, por medio de la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

5. El Tribunal Administrativo del Cauca profirió sentencia de segunda instancia el 26

de enero de 2023, resolviendo lo siguiente:

“[…] PRIMERO. - CONFIRMAR la sentencia No. 040 del treinta y uno (31) de marzo de dos mil veinte (2020), proferida por el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Popayán, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa.3

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Actora: María del Pilar Velasco Gallego

SEGUNDO. - CONDENAR en costas a la parte demandante, fijándose en cero punto cinco por ciento (0.5%) sobre el valor de las pretensiones, conforme lo expresado en precedencia. TERCERO. - NOTIFÍQUESE la presente sentencia a las partes de acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 203 del CPACA […]”.

6. El Tribunal Administrativo del Cauca consideró lo siguiente:

“[…] La A quo denegó las pretensiones de la demanda, afirmando en síntesis, que las circunstancias que derivaron en el fallecimiento del patrullero de policía no constituyeron un hecho antijurídico imputable a la entidad demandada, sino un riesgo propio de la actividad voluntaria que desarrollaba al servicio de la institución, teniendo en cuenta que no se había acreditado la falla en el servicio policial, en tanto

constituyeron un hecho antijurídico imputable a la entidad demandada, sino un riesgo propio de la actividad voluntaria que desarrollaba al servicio de la institución, teniendo en cuenta que no se había acreditado la falla en el servicio policial, en tanto se tampoco se comprobó que fuese sometido a un riesgo adicional al que tenía que soportar […]”.

[…]

“[…] El Consejo de Estado ha señalado que la “imputabilidad es la atribución jurídica que se le hace a la entidad pública del daño antijurídico padecido y que por el que en principio estaría en la obligación de responder, bajo cualquiera de los títulos de imputación de los regímenes de responsabilidad, esto es, del subje tivo (falla en el servicio) u objetivo (riesgo excepcional y daño especial)” […]”.

[…]

“[…] En relación con los daños padecidos por los miembros de las fuerzas militares, que se salen de la órbita de los riesgos propios del servicio, se puede analizar la posible responsabilidad del Estado siempre que la parte demandante acredite, según sea el caso, i) la exposición de la víctima a un riesgo mayor al de los demás uniformados, rompiéndose así el principio de la igualdad de las cargas públicas, o ii) que la falla en el servicio militar -por acción u omisión - fue determinante en la materialización del hecho dañoso […]”.

[…]

“[…] Acorde con la información consignada en los informes trascritos en el acápite respectivo de esta providencia, también es dable aseverar que el patrullero y el subintendente fenecidos, previo al ataque en su contra, regresaban luego de entrevistarse con ciudadanos miembros de la red de apoyo, desplazándose hacia

respectivo de esta providencia, también es dable aseverar que el patrullero y el subintendente fenecidos, previo al ataque en su contra, regresaban luego de entrevistarse con ciudadanos miembros de la red de apoyo, desplazándose hacia sus lugares de residencia para tomar los alimentos respectivos, siendo emboscados y sorprendidos por los insurgentes, quienes luego de lograr su cometido hurtaron las armas de dotación de los policia les, no obstante, aquellas fueron recuperadas en el desarrollo del operativo que derivó en la captura de los ilegales junto con el material bélico que sirvió para el ataque realizado, información que se corrobora en los informes de policía judicial del mis mo 21 de octubre de 2014 sobre las 22:00 horas. Así las cosas, esta Sala considera que los anteriores hechos y precisiones no vislumbran ningún tipo de desconocimiento a los parámetros aplicables para el desarrollo de la labor oficial encomendada al patrullero fallecido, previniendo que la parte apelante se limita a afirmar sobre la exigencia de un grupo policial mayor para desplazamientos de manera genérica, sin argumentos y probanzas asertivas que4

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Actora: María del Pilar Velasco Gallego

permitan corroborar algún tipo de desconocimiento u omisión por parte de la entidad demandada que hubiese servido como desencadenante de los hechos suscitados. […]”.

[…]

“[…] A partir de lo señalado, no existe en el plenario ningún medio probatorio que permita afirmar que los efectivos policiales asignados a la Red de Apoyo MEPOY

[…]”.

[…]

“[…] A partir de lo señalado, no existe en el plenario ningún medio probatorio que permita afirmar que los efectivos policiales asignados a la Red de Apoyo MEPOY que desarrollaban labores propias de la gestión ciudadana sobre el sector urbano de la comuna 7, ve reda La Playa del municipio de Popayán, no estuvieran capacitados para el desempeño de sus funciones, resaltando que no se comprobó que no contaran con los elementos mínimos de seguridad dispuestos para el desplazamiento de su unidad de policía, pues se re salta por parte de esta Corporación, que la parte demandante se limita a realizar afirmaciones carentes de soporte probatorio sobre las presuntas falencias de seguridad de la unidad de Red de Apoyo, contrastando su funcionamiento con la Red Ganadera la cual no le asisten las funciones que desempeñaba el extinto patrullero Velasco Gallego, circunstancia que impide dar lugar a la configuración de la responsabilidad estatal. Resulta entonces indispensable señalar que dentro de las funciones de la Policía Nacional, recae el deber de seguridad que le compete prestar respecto de los ciudadanos al tenor de lo plasmado por la Constitución Política en su artículo 2°, cuando dispone que: “Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las per sonas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades , y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”. Ello en consonancia con el artículo 218 ibídem, que específicamente la define como “…un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y

artículo 218 ibídem, que específicamente la define como “…un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Col ombia convivan en paz”. (Se resalta) Es pues en ejercicio de esta función Constitucional, que le compete a dicha institución adelantar las estrategias correspondientes con el fin de garantizar la seguridad ciudadana para que se puedan desarrollar legítimamente […]”.

[…]

“[…] Es necesario prevenir que no son de recibo las argumentaciones expuestas por el apoderado demandante, relativas a solicitar que se efectúe un análisis del documento que tachó de falso en la oportunidad probatoria pertinente, pues se debe precisar que la ta cha la formuló respecto de un documento que había aportado al momento de presentar la demanda, situación que contraviene las disposiciones procesales aplicables, aunado a que el documento referido no es fundamental para la decisión impartida en los términos del artículo 272 del C.G.P. Se tiene, entonces, que la causa mediata y material del daño aquí demandado obedeció a un execrable ataque terrorista sorpresivo por parte de miembros de un grupo subversivo contra los policiales que se desplazaban en zona ur bana de la comuna 7 por el sector de la vereda La Playa del municipio de Popayán, sin que la parte actora hubiera demostrado las presuntas omisiones de la entidad estatal que a su entender contribuyeron a la materialización de hecho dañoso, al exponer al Patrullero FABIAN ENRIQUE VELASCO GALLEGO a un riesgo anormal o excepcional que no estaba en el deber jurídico de soportar. […]”.5

a su entender contribuyeron a la materialización de hecho dañoso, al exponer al Patrullero FABIAN ENRIQUE VELASCO GALLEGO a un riesgo anormal o excepcional que no estaba en el deber jurídico de soportar. […]”.5

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Actora: María del Pilar Velasco Gallego

La solicitud de tutela

Pretensiones

7. La actora solicitó en su escrito de tutela:

“[…] Sírvase Honorables Magistrados DECLARAR vulnerados mis derechos fundamentales por parte de las entidades accionadas y en su lugar dejar sin EFECTOS JURÍDICOS Página 38 de 39 la sentencia proferida en Primera Instancia por el JUZGADO NOVENO ADMINISTRATIVO DEL CICUTIO DE POPAYÁN y la sentencia proferida en Segunda Instancia por el H. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAUCA por los motivos antes expuestos y en su lugar se ordene REVOCAR las decisiones proferida con observancia de los precedentes jurisprudenciales al respecto y se ORDENE que se DECLARE administrativa y patrimonialmente responsable a la NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL por la muerte del señor FABIAN ENRIQUE VELASCO GALLEGO en los hechos ocurridos el 21 de octubre de 2014 y como consecuencia de ello se ORDENE pagar a los demandantes las sumas establecidas en la demanda ordinaria .

De manera subsidiaria sírvase conminar al JUZGADO NOVENA

ADMINISTRATIVO DEL CICUTIO DE POPAYÁN y al H. TRIBUNAL

a los demandantes las sumas establecidas en la demanda ordinaria .

De manera subsidiaria sírvase conminar al JUZGADO NOVENA ADMINISTRATIVO DEL CICUTIO DE POPAYÁN y al H. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAUCA, que cuando profiera la nueva sentencia se atenga estrictamente a los lineamientos expuestos en el precedente vertical de la H. Corte Constitucional y del H. Consejo de Estado. […]”.

8. La actora en su escrito de tutela señaló que el Tribunal Administrativo del Cauca incurrió en i) un defecto fáctico por indebida valoración probatoria, en un ii) defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial; y en la causal de iii) violación directa de la Constitución.

Actuación

9. El Despacho sustanciador de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, a través de auto del 21 de julio de 2023: i) admitió la acción de tutela; ii) ordenó notificar a l Tribunal Administrativo del Cauca y al Juzgado Noveno Administrativo del Circuito Judicial de Popayán ; y iii) vinculó al “[…] comandante general del Ejército Nacional, al ministro de defensa Nacional y a los señores Milena Paola Ordóñez Villota, Sarid Isabella Velasco Ordóñez, Mario Yamid Posso Ordóñez, Mario Aurelio Velasco, María Cecilia Velasco Gallego, Eddi Herney Velasco Gal lego, Marco Aurelio Velasco Gallego, Jair Herney Velasco Gallego, Hermes Darío Velasco Navarro, María Del Rocío Velasco Gallego, Mario Ernesto6

Velasco Gal lego, Marco Aurelio Velasco Gallego, Jair Herney Velasco Gallego, Hermes Darío Velasco Navarro, María Del Rocío Velasco Gallego, Mario Ernesto6

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03841-01

Actora: María del Pilar Velasco Gallego

Velasco Gallego y María Yamileth Velasco Gallego […]”, en calidad de terceros con interés legítimo , concediéndole s el término de dos (2) días para que rindieran informe sobre el particular.

Intervención de la demandada y de los terceros con interés legítimo

10. El Tribunal Administrativo del Cauca señaló que:

“[…] Una vez decantado lo anterior, se tiene que el motivo que sustenta la supuesta violación de los derechos fundamentales de la accionante, radica en su inconformidad frente a la interpretación establecida entre las pruebas allegadas al plenario y el régimen de responsabilidad aplicable, pretendiendo que se favorezcan sus pedimentos a través del trámite impetrado el cual toma como una instancia adicional del debate, consideraciones que a todas luces son arbitrarias y encaminadas hacia el beneficio de la parte actora por fuera de los parámetros aplicables al análisis jurídico pertinente, como se analizó dentro de la providencia ahora controvertida.

Así, no deben ser de recibo los argumentos expuestos por la parte actora, quien solicita que se deje sin efecto la decisión proferida por este Tribunal, pues el Tribunal Administrativo del Cauca en ningún momento desatendió las garantías constitucionales de la señora MARIA DEL PILAR VELASCO GALLEGO Y OTROS,

solicita que se deje sin efecto la decisión proferida por este Tribunal, pues el Tribunal Administrativo del Cauca en ningún momento desatendió las garantías constitucionales de la señora MARIA DEL PILAR VELASCO GALLEGO Y OTROS, pues aplicó en debida forma los parámetros legales analizand o en su integridad la prueba obrante en el expediente, garantizando su derecho al debido proceso, aducido equívocamente como vulnerado.

A partir de lo anterior, se extracta que lo que pretende la demandante con la acción de tutela es, una vez más, un estudio de la situación particular que desfavorece sus intereses, pues, de la lectura de la acción impetrada contra esta Corporación no se demuestra sino la intención de la accionante de utilizarla como un medio alternativo, adicional o complementario al que en su momento adelantara la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Con fundamento en lo expuesto, respetuosamente solicito se declare la improcedencia de la acción, o, que se denieguen las pretensiones de la acción de tutela de la referencia, atendiend o que esta Corporación no ha afectado derecho fundamental alguno. […]”.

11. La Policía Nacional adujo que:

“[…] Es importante mencionar que dentro del medio de control de reparación directa no se allegó prueba alguna que permitiera establecer un nexo de causalidad frente a la responsabilidad de la Policía Nacional, por lo cual no es bien recibido por parte de esta oficina asesora las meras afirmaciones del apoderado de los accionantes en cuanto a la existencia de un defecto fáctico por una indebida valora ción probatoria, toda vez que como se puede evidenciar tanto el A-quo como el Ad-quem realizaron un completo y armónico análisis de los hechos y pruebas allegadas al medio de

cuanto a la existencia de un defecto fáctico por una indebida valora ción probatoria, toda vez que como se puede evidenciar tanto el A-quo como el Ad-quem realizaron un completo y armónico análisis de los hechos y pruebas allegadas al medio de control por las partes a fin de proferir decisión conforme a las disposiciones normativas y jurisprudenciales aplicables al caso […]”.7

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Actora: María del Pilar Velasco Gallego

12. Viviana Paola Ordoñez Villota 1, Eddi Herney Velasco Gallego y Marco Aurelio

Velasco Gallego manifestaron que:

“[…] Las sentencias reprochas (sic) son inconstitucionales, en razón, que han desconocido los derechos fundamentales de los actores al debido proceso, acceso efectivo a la administración de justicia, igualdad y aunado a ellos, estos fallos han desconocido los precedentes jurisprudenciales s obre el deber del Estado de velar por la protección de sus funcionarios al momento que prestan su servicio, más para la fuerza pública, aun sabiendo que es una actividad de riesgo el Estado debe brindar mayor protección a estas personas para que cumplan su s funciones con la mayor seguridad posible y no dejarlos a la deriva en zonas de alto riesgo, como lo sucedió en el presente asunto, lo cual se evidencia con el documento tachado de falso y del cual se pudo probar que la firma impuesta en este documento no pertenecía al señor FABIAN ENRIQUE VELASCO GALLEGO (Q.E.P.D), sino, que fue impuesto por un tercer al parecer para que pareciera que el patrullero VELASCO GALLEGO

FABIAN ENRIQUE VELASCO GALLEGO (Q.E.P.D), sino, que fue impuesto por un tercer al parecer para que pareciera que el patrullero VELASCO GALLEGO (Q.E.P.D) hubiese firmado en vida dicha minuta y aceptado que recibió las órdenes y medidas de seguridad impuestas por sus superior. […]”.

[…]

“[…] Es evidente la responsabilidad Estatal en el presente asunto, por cuanto, que no existió el deber de cuidado para con los policías que prestaban su servicio el día 21 de octubre del 2014, en razón, de que fueron enviadas estas personas a prestar un servicio en una zona roja sin las medidas de protección pertinentes, es decir, sin las armas adecuadas, sin el número de personal pertinente y demás medidas de seguridad que debieron tener los superiores al momento de ordenar realizar la labor encomendada, pues, eran conocedores que el sector donde se presentó la muerte del señor FABIAN ENRIQUE VELASCO GALLEGO (Q.E.P.D) y su compañero UBERLEY MENESES LUNA era una zona catalogada como roja, por ser de alto riegos, por cuanto, que en el sector hacían presencia grupos al margen de la ley como guerrillas, es por ello, que la omisión del estado fue equivoco, y como consecuencia de esa omisión se produjo el fatal desenlace.

Por otro lado, estamos de acuerdo con los argumentos expuestos en el escrito de tutela y coadyuvamos esta postura, pues los fallos tachados a todas luces efectuaron una indebida valoración probatoria tanto de las pruebas testimoniales, las documentales y la prueba pericial practicada dentro de l proceso, esta indebida valoración probatoria, sumado al desconocimiento del precedente jurisprudencial es

una indebida valoración probatoria tanto de las pruebas testimoniales, las documentales y la prueba pericial practicada dentro de l proceso, esta indebida valoración probatoria, sumado al desconocimiento del precedente jurisprudencial es lo que conllevo a negar las pretensiones de la demanda, toda vez, que al realizar un examen detallado de todas las pruebas practicadas dentro del pr oceso en primera instancia, se podía determinar que el Estado en cabeza de la Policía Nacional era responsable de la muerte del VELASCO GALLEGO (Q.E.P.D) y de su compañero […]”.

1 Vivian Paola Ordoñez Villota actuando en representación de los menores de edad ERFD y GHIO. Esta Sala adopta como medida de protección a la intimidad de l os menores de 18 años relacionada en este proceso la supresión de los datos que permiten su identificación, razón por la cual, sus nombres serán reemplazados por las siguientes iniciales ERFD y GHIO.8

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Actora: María del Pilar Velasco Gallego

12.1.Jair Herney Velasco Gallego, Hermes Darío Velasco Navarro, María del Rocío Velasco Gallego, Mario Ernesto Velasco Gallego y María Yamileth Velasco Gallego adujeron que:

“[…] Las sentencias reprochas son inconstitucionales, en razón, que han desconocido los derechos fundamentales de los actores al debido proceso, acceso efectivo a la administración de justicia, igualdad y aunado a ellos, estos fallos han desconocido los precedentes jurisprudenciales sobre el deber del Estado de velar

desconocido los derechos fundamentales de los actores al debido proceso, acceso efectivo a la administración de justicia, igualdad y aunado a ellos, estos fallos han desconocido los precedentes jurisprudenciales sobre el deber del Estado de velar por la protección de sus funcionarios al momento que prestan su servicio, mas para la fuerza pública, aun sabiendo que es una actividad de riesgo el Estado debe brindar mayor protección a estas personas para que cumplan sus funciones con la mayor seguridad posible y no dejarlos a la deriva en zonas de alto riesgo, como lo sucedió en el presente asunto, lo cual se evidencia con el documento tachado de falso y del cual se pudo probar que la firma impuesta en este documento no pertenecía al señor FABIAN ENRIQUE VELASCO GALLEGO (Q.E.P.D), sino, que fue impuesto por un tercer al parecer para que pareciera que el patrullero VELASCO GALLEGO (Q.E.P.D) hubiese firmado en vida dicha minuta y aceptado que recibió las órdenes y medidas de seguridad impuestas por sus superior […]”.

[…]

“[…] Se puede establecer entonces, que el juez se está apartando de los precedentes jurisprudenciales para el caso que nos ocupa de manera directa y sin justificación alguna que valide la tesis que aplico al asunto de la referencia, siendo así, que dar una interpre tación distinta a lo que la jurisprudencia del órgano de cierre de lo Contencioso Administrativo ha establecido para asunto de similares hechos facticos y jurídicos, vislumbra un evidente defecto sustantivo, encaminado a desconocer que existe unos lineamie ntos pactados por máximo órgano de lo Contencioso Administrativo […]”.

13. El Juzgado Noveno Administrativo del Circuito Judicial de Popayán y los señores

existe unos lineamie ntos pactados por máximo órgano de lo Contencioso Administrativo […]”.

13. El Juzgado Noveno Administrativo del Circuito Judicial de Popayán y los señores Milena Paola Ordóñez Villota, Mario Aurelio Velasco y María Cecilia Velasco Gallego guardaron silencio en esta oportunidad procesal.

La sentencia impugnada

14. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado mediante sentencia del 6 de septiembre de 2023, resolvió lo siguiente:

“[…] 1º) Declárase improcedente la acción de tutela presentada por la parte actora por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia […]”.

15. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado consideró que:9

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Actora: María del Pilar Velasco Gallego

“[…] En los términos en que fue propuesta la controversia la Sala declarará su improcedencia por el incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, por las razones que procederá a exponer […]”.

[…]

“[…] 3) Sin embargo, de entrada, la Sala advierte que en el presente asunto la parte actora no cumplió con la carga mínima que le asistía, pues, si bien alegó que con la decisión atacada se trasgredieron sus derechos fundamentales del debido proceso y acceso a la administración de justicia por la configuración de los defectos antes mencionados, lo cierto es que no expuso con claridad ni una suficiencia mínima las

decisión atacada se trasgredieron sus derechos fundamentales del debido proceso y acceso a la administración de justicia por la configuración de los defectos antes mencionados, lo cierto es que no expuso con claridad ni una suficiencia mínima las razones de raigambre constitucional que habilitaran la intervención del juez de tutela.

1. No se explicó con un mínimo de argumentación la relevancia constitucional del asunto, pues se limitó a relatar los antecedentes del proceso ordinario y a transcribir las generalidades de los requisitos especiales de la acción de tutela contra providencia judicial, sin que haya justificado o cuando menos mencionado cuál fue el precedente supuestamente desconocido, la razón de la decisión o ratio decidendi vinculante de esa providencia, su similitud con su caso ni su alcance en términos de unificación que permitiera tener por demostrado que las reglas allí expuestas constituyen un criterio vinculante y de imperioso cumplimiento para el juez natural de la causa.

1. Así como tampoco se explicó cuáles fueron las supuestas pruebas que se valoraron de manera irrazonable y que daban cuenta de que la policía faltó a sus deberes de cuidado y protección sobre sus miembros.

1. En este punto cabe considerar que no es posible que por el carácter informal de la acción de tutela el juez pueda flexibilizar la formalidad de exigir un mínimo de argumentación que habilite el examen de fondo sobre providencias judiciales y con ello se puedan suplir las falencias argumentativas de quienes reclaman el amparo.

1. Cuestión diferente es que la parte actora presente una serie de planteamientos sin invocar de manera específica alguna de las causales específicas de procedencia

ello se puedan suplir las falencias argumentativas de quienes reclaman el amparo.

1. Cuestión diferente es que la parte actora presente una serie de planteamientos sin invocar de manera específica alguna de las causales específicas de procedencia pero que sean suficientes para que, a partir de ellos, el juez de tutela estime notorio que se enmarcan en un defecto concreto y sea posible su estudio teniendo en cuenta las inconformidades planteadas por el accionante.

1. Más allá de meras afirmaciones generales, la demanda de acción de tutela carece de inconformidades concretas en contra de la providencia enjuiciada y en ella no se justificó la alegada vulneración de derechos fundamentales.

1. Al respecto, conviene recordar que en la sentencia SU -573 de 2019, la Corte Constitucional fue enfática en señalar que cuando se trata de acciones de tutela contra providencias judiciales constituye una carga de las partes explicar y justificar la relevancia constitucional del asunto sometido a consideración del juez de tutela y, para ello, se debe explicar con un mínimo d e suficiencia argumentativa las razones por las cuales se considera que la providencia atacada incurrió en un defecto o yerro de bulto, pues la simple inconformidad con la decisión de instancia no basta para que el estudio sea procedente.

1. En similare s términos, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 señaló que uno de los elementos de la relevancia constitucional es precisamente la carga mínima argumentativa y que en aquellos casos en los que dicho presupuesto no se10

Consejo de Estado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 señaló que uno de los elementos de la relevancia constitucional es precisamente la carga mínima argumentativa y que en aquellos casos en los que dicho presupuesto no se10

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Actora: María del Pilar Velasco Gallego

cumpla la acción de tutela se torna improcedente, pues no basta con que se indique la vulneración de una garantía fundamental, sino que se requiere un mínimo de explicación y justificación de los defectos que se pretenden proponer, en los siguientes términos3: […]”.

[…]

“[…] 11) Lo expuesto permite concluir que la actora pretendió emplear a la acción de tutela como una instancia adicional y buscó obtener una decisión favorable a sus intereses en el proceso en que se profirió la providencia atacada.

1. En consecuencia, para la Sala se encuentra acreditado que la acción de tutela promovida por la accionante no reviste relevancia constitucional por ausencia de carga mínima argumentativa, por lo cual se declarará improcedente el amparo. […]”.

La impugnación

16. La actora impugnó la sentencia proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado. En ese orden de ideas, señaló lo siguiente2:

“[…] No es de recibido los argumentos que expone la Sala en el fallo de tutela, al decir que el actor simplemente se limitó a relatar antecedentes del proceso y a transcribir generalidades de la acción de tutela, así decidiendo negar la acción de

“[…] No es de recibido los argumentos que expone la Sala en el fallo de tutela, al decir que el actor simplemente se limitó a relatar antecedentes del proceso y a transcribir generalidades de la acción de tutela, a