CE - 110010315000202303847001SENTENCIA20230830155345

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de tutela Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03847-00

Actor: Aurelio de Jesús Garrido Bohórquez Demandado: Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de

Cundinamarca

Tema: Acción de tutela contra providencia judicial/ falta del cumplimiento del requisito general de relevancia constitucional

Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso , ii) acceso a la administración de justicia; e iii) igualdad

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela presentada por el actor contra la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.2

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03847-00

Actor: Aurelio de Jesús Garrido Bohórquez

I.ANTECEDENTES

La solicitud

1. El actor, a través de apoderado1, presentó acción de tutela contra la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, porque, a

I.ANTECEDENTES

La solicitud

1. El actor, a través de apoderado1, presentó acción de tutela contra la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, porque, a su juicio, al proferir la sentencia de 26 de mayo de 2023, en el proceso adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el núm. único de radicación 110013335024202000189-01, vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la igualdad.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en

síntesis, son los siguientes:

3. Señaló que, presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el laboratorio del Hospital de Suba , hoy la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., con el fin de que se declarara la nulidad del oficio núm. 20201100007381 de 14 de enero de 2020, a través del cual la entidad accionada “[…] negó la reclamación administrativa de reconocimiento y pago de todos los derechos laborales y prestacionales, como bacteriólogo […]”. Precisó que, a título de restablecimiento del derecho se ordenara a la demandada, el pago de las prestaciones de índole laboral causadas y no pagadas, desde el 1º de marzo de 2008 al 30 de junio de 2019.

4. El Juzgado Veinticuatro Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, mediante sentencia del 9 de mayo de 2022, negó las pretensiones de la demanda.

4. El Juzgado Veinticuatro Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, mediante sentencia del 9 de mayo de 2022, negó las pretensiones de la demanda.

1 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI, Documento denominado “ED_PODERES_17_7_20230(.pdf) Nr oActua 2”. Archivo aportado en forma digital.3

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03847-00

Actor: Aurelio de Jesús Garrido Bohórquez

5. La Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia del 26 de mayo de 2023, resolvió lo siguiente:

“[…] PRIMERO: REVÓCASE la sentencia proferida el nueve (9) de mayo de dos mil veintidós (2022) por el Juzgado Veinticuatro (24) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, por medio de la cual negó las súplicas de la demanda promovida por el señor Aurelio de Jesús Garrido Bohórquez contra la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. – Hospital de Suba, de conformidad con las consideraciones precedentes. En su lugar, se dispone :

1. DECLÁRESE la nulidad parcial del oficio No. 20201100007381 de 14 de enero de 2020, por medio del cual la Subred Integrada de Servicios d e Salud Norte E.S.E. le negó al demandante el reconocimiento de la relación laboral y las respectivas consecuencias prestacionales.

3. Como consecuencia de la anterior declaración de nulidad y a título de restablecimiento de derecho, CONDÉNASE a la SUBRED INTEGRADA DE

negó al demandante el reconocimiento de la relación laboral y las respectivas consecuencias prestacionales.

3. Como consecuencia de la anterior declaración de nulidad y a título de restablecimiento de derecho, CONDÉNASE a la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E., a reconocer y pagar al señor AURELIO DE JESÚS GARRIDO BOHÓRQUEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.921.575, el valor de las prestaciones sociales ordinarias o comunes de carácter legal devengadas por un empleado de planta que tuviera similar categoría y funciones a las desempeñadas por el (profesional universitario área de la salud código 237 grado 16), tales como: (i) las cesantías; (ii) los intereses a las cesantías; (iii) la compensación en dinero de las vacaciones, y (iv) las primas de carácter legal percibidas por los empleados públicos de la SISS-N-ESE en las condiciones referidas; para el efecto, debe tener en cuenta como base de liquidación las sumas pactadas y pagadas como honorarios en los diferentes contratos, durante los períodos en los que se demostró la existencia de la relación laboral, esto es, el comprendido entre 1.o de enero de 2017 y el 30 de julio de 2019, de conformidad con los extremos temporales de la relación señalados en el acápite 12.1.

En todo caso, teniendo en cuenta la incidencia de la doble vinculación del actor en el pago de la condena, la entidad demandada deberá pagar al señor Aurelio de Jesús Garrido Bohórquez únicamente lo demostrado en este proceso, esto es, que laboró

En todo caso, teniendo en cuenta la incidencia de la doble vinculación del actor en el pago de la condena, la entidad demandada deberá pagar al señor Aurelio de Jesús Garrido Bohórquez únicamente lo demostrado en este proceso, esto es, que laboró en turnos de 12 horas por 36 de descanso para el Hospital de Suba. Así mismo, deberá tener en cuenta la limitación señalada en el artículo 2. ° de la Ley 269 de 1996, es decir, que máximo podía laborar 12 horas diarias sin exceder de 66 horas a la semana en las dos entidades, es decir, en el Hospital de Suba y el Instituto Nacional de Cancerología.

4. CONDÉNASE a la SUBRED INTEGR ADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. a calcular si existen diferencias entre los aportes realizados mes a mes por el señor AURELIO DE JESÚS GARRIDO BOHÓRQUEZ, ya identificado, y los que se debieron efectuar en calidad de empleador, durante el periodo comprendido el 1.o de enero de 2017 y el 30 de julio de 2019, conforme a los extremos temporales de la relación señalados en el acápite 12.1 de este proveído, teniendo en cuenta los honorarios pactados en cada uno d e los contratos, debiendo para ello cotizar al respectivo régimen la suma que resultare faltante por concepto de aportes a pensión, siendo necesario que la parte actora acredite las cotizaciones efectuadas, y en caso de que exista diferencia o no se hubieran efectuado, deberá asumir el porcentaje correspondiente. Tales sumas deberán indexarse.

5. Las sumas resultantes de la condena impuesta a favor de la parte demandante se

de que exista diferencia o no se hubieran efectuado, deberá asumir el porcentaje correspondiente. Tales sumas deberán indexarse.

5. Las sumas resultantes de la condena impuesta a favor de la parte demandante se actualizarán, aplicando para ello la siguiente fórmula:4

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03847-00

Actor: Aurelio de Jesús Garrido Bohórquez

R = Rh Índice Final Índice Inicial

En la que el valor presente (R), se determina multiplicando el valor histórico (RH), que es lo dejado de percibir por el demandante, por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el DANE, vi gente en la fecha de ejecutoria de esta providencia, entre el índice vigente a la fecha en la cual se causó el derecho.

6. DECLÁRASE que el tiempo laborado por el AURELIO DE JESÚS GARRIDO BOHÓRQUEZ, bajo la modalidad de contratos de prestación de servicio s suscritos con la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E., entre el 1.o de enero de 2017 y el 30 de julio de 2019, se debe computar para efectos pensionales.

7. NIÉGUENSE las restantes pretensiones de la demanda.

8. Dese cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 192 y 195 de la Ley 1437 de 2011.

9. De conformidad con el artículo 365 del Código General del Proceso, se condena en costas en ambas instancias al Hospital de Suba, hoy SUBRED INTEGRADA DE

Ley 1437 de 2011.

9. De conformidad con el artículo 365 del Código General del Proceso, se condena en costas en ambas instancias al Hospital de Suba, hoy SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E., según lo señalado en precedencia; para tales efectos, se fija como agencias en derecho la suma de setecientos mil pesos moneda legal ($ 700.000 M/L). Liquídense por secretaría de la a quo. […]”.

5.1 Como fundamento de su decisión consideró que:

“[…] 12.1 Extremos temporales de la relación

Pues bien, en asuntos como el que aquí nos ocupa, la sala ha considerado que en la situación de tercerización laboral se deben tener en cuenta los contratos y/o acuerdos de trabajo asociado que se encuentren suscritos por las partes, en los que haya precisión temporal y las certificaciones que den cuenta de la prestación del servicio a través de cooperativas de trabajo asociado o empresas de servicios temporales, pero tan solo como un indicio de que existió un vínculo entre éstas y las empresas sociales del Estado.

De ahí que, teniendo en cuenta que en el presente caso no se aportó el contrato de prestación de servicios o el acuerdo de asociación entre dichas empresas y la entidad demandada, la sala, como lo ha hec ho en anteriores oportunidades, tan solo puede considerar que durante ese periodo la relación contractual se originó directamente con Coopagestión, la Clínica Odontológica del Occidente y Servicios y Asesorías que no con la entidad accionada, lo que impide analizar si durante ese periodo se configuró un vínculo laboral con la SISSNESE.

Ahora, si bien en otros casos esta corporación ha analizado de fondo la controversia,

no con la entidad accionada, lo que impide analizar si durante ese periodo se configuró un vínculo laboral con la SISSNESE.

Ahora, si bien en otros casos esta corporación ha analizado de fondo la controversia, tal situación ocurrió porque al efecto fueron aportados otros elementos materiales de juicio, que permitieron a la sala llegar a la convicción de la configuración de la relación laboral por el periodo reclamado en esas circunstancias, como son, los acuerdos de trabajo asociado debidamente suscritos por las partes, de los que fue posible determinar los extremos temporales, el cargo desempeñado, las funciones a realizar y el acuerdo de asociación/o contrato celebrado entre las cooperativas y la entidad5

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03847-00

Actor: Aurelio de Jesús Garrido Bohórquez

demanda, aunado a que se encontró debidamente acreditada la subordinación en dicho periodo de tiempo. No obstante, en el presente ocurr e todo lo contrario, por lo cual, no se le pueden dar los mismos efectos, dado que no es lo mismo que la parte asuma las cargas probatorias que le corresponden respecto de los hechos que alega, a que omita asumir esa obligación. […]”.

[…]

“[…] 12.5 Subordinación

Continuando con el análisis que corresponde, se advierte que en el decurso procesal se acreditó la subordinación a la que estuvo sometido el demandante durante el término en el cual se extendió la relación contractual que lo vinculaba a la entida d enjuiciada, como se precisará a continuación:

12.5.1 Naturaleza del servicio contratado

término en el cual se extendió la relación contractual que lo vinculaba a la entida d enjuiciada, como se precisará a continuación:

12.5.1 Naturaleza del servicio contratado

El primer elemento que permite arribar a tal conclusió n es la naturaleza del servicio contratado, que era propio del objeto misional de la entidad demandada, pues como quedó establecido en el plenario, el accionante desarrolló labores de bacteriólogo. Para el efecto, es menester recordar que de conformidad con el numeral 2.o del artículo 195 de la Ley 100 de 1993, y el artículo 2.o del Decreto 1876 de 1994, el objeto de las Empresas Sociales del Estado, como la aquí demandada, es la prestación de los servicios de salud.

En tal entendido, las funciones que cumplía el demandante no eran especializadas, temporales o ajenas al giro ordinario del establecimie nto de salud , por el contrario eran de aquellas permanentemente requeridas para el cumplimiento de la misión encomendada a la entidad demandada, lo que desde ya desnaturaliza la relación contractual que sostuvieron las partes. […]”.

[…]

“[…] De manera que, la conclusión a la que se logra arribar es que la naturaleza del servicio contratado era propia del objeto misional de la entidad demandada; de igual manera, el demandante no podía actuar de forma aislada o independiente, adoptando los mecanismos que considerara apropiados para el análisis de las muestras, pues cada actuación que adelantaba era producto de los lineamientos fijados por la SISSNESE. Por ello, no se puede considerar que entre las partes existió una relación de simple coordinación.

cada actuación que adelantaba era producto de los lineamientos fijados por la SISSNESE. Por ello, no se puede considerar que entre las partes existió una relación de simple coordinación.

12.5.2 Labor permanente e idéntica a la asignadas a los funcionarios de planta

Adicionalmente, observa la corporación que el demandante desarrolló una labor que fue permanente, pues fue contratada por un espacio de dos (2) años y siete (7) meses en los cuales desempeñó funciones de bacteriólogo en el laboratorio clínico, aunado a que las obligaciones específicas consignadas en los informes de ejecución de los contratos suscritos eran similares a aquellas asignadas al personal de planta, y los oficios desempeñados eran propios del objeto misional de la entidad demandada, como lo es la prestación del servicio de salud […]”.

[…]

“[…] Por lo tanto, es claro que a la parte actora se le deben reconocer entre las prestaciones legales, lo correspondiente a la compensación en dinero de las6

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03847-00

Actor: Aurelio de Jesús Garrido Bohórquez

vacaciones no disfrutadas, en la proporción que les corresponda conforme a los extremos temporales de la relación contractual.

Así las cosas, se dispondrá que la SISSN -ESE pague al señor Aurel io de Jesús Garrido Bohórquez el valor de las prestaciones sociales comunes u ordinarias que “perciben los empleados públicos de la entidad demandada, las cuales se encuentran a cargo directamente del empleador”, y devengadas por un empleado de planta que tuviera similar categoría y funciones a las desempeñadas por el actor (profesional

“perciben los empleados públicos de la entidad demandada, las cuales se encuentran a cargo directamente del empleador”, y devengadas por un empleado de planta que tuviera similar categoría y funciones a las desempeñadas por el actor (profesional universitario área de la salud código 237, grado 16), tales como: (i) las cesantías; (ii) los intereses a las cesantías; (iii) la compensación en dinero de las vacaciones, y (iv) las primas de carácter legal percibidas por los empleados públicos de la SISSN-ESE, en las condiciones referidas.

Lo anterior, teniendo en cuenta como base de liquidación las sumas pactadas y pagadas como honorarios en los diferentes contratos, durante los períodos en los que se demostró la existencia de la relación laboral, esto es, el comprendido entre el 1.o de enero de 2017 y el 30 de julio de 2019, sin interrupciones, de conformidad con los extremos temporales de la relación señalados en el acápite 12.1.

Adicionalmente, y teniendo en cuenta la incidencia de la doble vinculación del accionante, en el pago de la condena la entidad demandada deberá reconocer lo demostrado en est e proceso, esto es, que el demandante laboró en turnos de 12 horas por 36 de descanso. Así mismo, deberá tener en cuenta la limitación señalada en el artículo 2. ° de la Ley 269 de 1996, esto es, que máximo podía laborar 12 horas diarias sin exceder de 66 horas a la semana en las dos entidades, es decir, en el Hospital de Suba y el INC.

Lo anterior, toda vez que no se puede ordenar el pago de la condena como si el accionante hubiese laborado en cumplimiento de la jornada ordinaria de un servidor

Hospital de Suba y el INC.

Lo anterior, toda vez que no se puede ordenar el pago de la condena como si el accionante hubiese laborado en cumplimiento de la jornada ordinaria de un servidor público, pues como se dijo, el señor Aurelio de Jesús Garrido Bohórquez laboró po r el sistema de turnos de 12 x 36 en el Hospital de Suba, hoy SISSN-ESE. […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

6. El actor solicitó en su escrito de tutela:

“[…] PRIMERO: Dejar sin valor, ni efecto jurídico lo relacionado con el parámetro de liquidación de las prestaciones sociales reconocidas en la sentencia proferida por el

H. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA – SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “E”, el veintiséis (26) de mayo de dos mil veintitrés (2023), M.P. Jaime Alberto Galeano Garzón, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado No. 11001-3335-024-2020-00189-01.

SEGUNDO: Que se ordene al H. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA – SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “E” que en un término no mayor a treinta (30) días, se sirva proferir una nueva decisión dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por AURELIO DE JESÚS GARRIDO BOHÓRQUEZ contra SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E., identificado con el radicado No. 11001 - 3335-024-2020-7

JESÚS GARRIDO BOHÓRQUEZ contra SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E., identificado con el radicado No. 11001 - 3335-024-2020-7

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03847-00

Actor: Aurelio de Jesús Garrido Bohórquez

00189-01, en el que se respete el precedente jurisprudencial decantado por el H. CONSEJO DE ESTADO en asuntos de primacía de la realidad, ordenando la liquidación de las prestaciones sociales conforme al salario que percibe un empleado de planta. […]”.

7. El actor señaló que la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial.

Actuación

8. El Despacho sustanciador, mediante auto de 25 de julio de 2023: i) admitió la acción de tutela; ii) ordenó notificar a los magistrados de la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, iii) vinculó, al Juzgado Veinticuatro Administrativo Oral del Circuito de Bogotá y a la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., en calidad de terceros con interés legítimo concediéndoles el término de tres (3) días para que rindieran informe sobre el particular.

Intervención de la demandada y de los terceros con interés legítimo

9. La Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca solicitó declarar la improcedencia de la acción de tutela, al considerar

lo siguiente:

Intervención de la demandada y de los terceros con interés legítimo

9. La Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca solicitó declarar la improcedencia de la acción de tutela, al considerar

lo siguiente:

“[…] Pues bien, al revisar la presente solicitud de tutela considero que en cuanto a los primeros requisitos se puede sostener fundada y razonablemente que la petición de la parte accionante no cumple con lo dispuesto en el numeral vi), esto es, “que la cuestión planteada sea de eviden te relevancia constitucional, lo que exige que el caso trate sobre un asunto de rango constitucional y no meramente legal o económico”, por lo que la acción de tutela impetrada se torna improcedente.

Lo dicho, en razón a que no estamos frente a una cue stión de evidente relevancia constitucional, en tanto que la parte accionante controvierte cuestiones de orden estrictamente legal que en su momento fueron planteadas y resueltas en el proceso de marras, pero que no corresponde tratar en sede constituciona l, precisamente porque no tienen esta relevancia. En efecto, la parte accionante sostiene que las prestaciones sociales reconocidas a título de restablecimiento del derecho se le deben liquidar conforme al salario que devengaba un empleado de planta.

Sin embargo, revisada la decisión de segunda instancia cuestionada se tiene que al declarar la existencia de una relación laboral entre el señor Aurelio de Jesús Garrido Bohórquez y la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., en adelante SISSN-ESE, en el acápite correspondiente fueron estudiados y analizados por la8

Bohórquez y la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., en adelante SISSN-ESE, en el acápite correspondiente fueron estudiados y analizados por la8

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03847-00

Actor: Aurelio de Jesús Garrido Bohórquez

sala de decisión los argumentos por los cuales la configuración de la relación laboral encubierta no le otorga al demandante la calidad de empleado público, y mucho menos implica que se deba realizar una nivelación con el salario de los empleados de planta, tan solo concede el derecho a percibir las prestaciones sociales dejadas de devengar, tomando como base los honorarios pactado en los contratos de prestación de servicios y no lo que devengaba un empleado de planta, siguiendo el precedente vertical obligatorio; asunto este, eminentemente de carácter legal, no Constitucional […]”.

[…]

“[…] Al efecto, considera que el criterio mayoritario acogido por la sección segunda subsección B de la corporación de cierre de la jurisdicción contenciosa administrativa ha sido el de ordenar la liquidación de las prestaciones con base en el salario devengado por un empleado de planta de la entidad, cuando se ha acreditado que el empleo desarrolla do por el contratista demandante existe en la planta de personal y es desempeñado en igualdad de condiciones que los servidores públicos de planta, como en el caso del señor Aurelio de Jesús Garrido Bohórquez […]”.

[…]

“[…] De manera que, la situación planteada pone en evidencia que no se trata de un conflicto de derechos Constitucionales como lo quiso hacer ver el actor, sino de

[…]”.

[…]

“[…] De manera que, la situación planteada pone en evidencia que no se trata de un conflicto de derechos Constitucionales como lo quiso hacer ver el actor, sino de interpretaciones normativas, en tal entendido, es claro que para tal fin no fue establecida la acción de tutela. Por ende, cuando esta situación se presenta y prospera el amparo invocado, se afecta el principio de la independencia del juez en la aplicación de las reglas jurídicas, y si como ha quedado establecido, la interpretación realizada por la sala de decisión en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho de marras no es una interpretación caprichosa o arbitraria, se descarta entonces que esta pueda ser objeto de una decisión de tutela. En consecuencia, al no estar en presencia de un conflicto de garantí as Constitucionales deviene la ineptitud de la tutela respecto de providencias judiciales, por lo cual, la inconformidad contra la providencia proferida por la sala de decisión en la vía ordinaria se debió plantear por medio de los recursos ordinarios o extraordinarios dispuestos para controvertirla, lo que en el presente se echa de menos, con lo cual, se incurre en una causal de improcedencia de la acción de tutela (art. 6-1 Decreto 2591/91).

Se concluye entonces que, la decisión cuestionada fue debid amente sustentada y razonada, atendiendo para ello la normatividad vigente aplicable al caso, considerando las pruebas legalmente arrimadas al expediente y los argumentos planteados en la apelación, y por el hecho de que la parte accionante no comparta la postura acogida por la sala de decisión, ello no significa que esta haya incurrido

considerando las pruebas legalmente arrimadas al expediente y los argumentos planteados en la apelación, y por el hecho de que la parte accionante no comparta la postura acogida por la sala de decisión, ello no significa que esta haya incurrido en defectos procedimentales o sustanciales que hagan viable la procedencia de la tutela […]”.

[…]

“[…] De acuerdo con los planteamientos expuestos, respetuosamente solicito al H. Consejo de Estado se sirva rechazar por improcedente el amparo que por vía de tutela se invoca, debido a que con el pedimento constitucional la parte accionante pretende generar un a tercera instancia para discutir asuntos y procedimientos propios del proceso ordinario que fueron resueltos en esas instancias.9

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03847-00

Actor: Aurelio de Jesús Garrido Bohórquez

De manera subsidiaria, solicito se sirvan negar la pretensión de tutela en razón a que los vicios endilgados para sustentar l a procedibilidad de este mecanismo de protección constitucional contra la sentencia proferida el pasado 26 de mayo de 2023 no se configuraron, por consiguiente, no se acreditó la violación de los derechos fundamentales invocados. […]”.

10. La Sección Segunda del Juzgado Veinticuatro Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá allegó copia digital del expediente del proceso adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 110010315000202303847-00.

11. La Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. guardó silencio en

ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 110010315000202303847-00.

11. La Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. guardó silencio en esta oportunidad procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

12. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991 2, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de 20213 y en armonía con el Acuerdo 377 de 11 de diciembre de 20184 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019 5, que asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

13. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a

2 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''

3 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 4 “[…] Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado […]”. 5 Reglamento Interno del Consejo de Estado.10

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03847-00

Actor: Aurelio de Jesús Garrido Bohórquez

falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Problema jurídico

14. Corresponde a la Sala establecer: i) si, en efecto, es procedente la acción de tutela, acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias judiciales, concretamente si se cumplió con el requisito general de relevancia constitucional.

15.Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes temas: i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, ii) requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra providencias judiciales; iii) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso; iv) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al acceso a la administración de justicia ; v) marco normativo y jurisprudencial del der echo fundamental a la igualdad, vi) procediendo

fundamental al debido proceso; iv) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al acceso a la administración de justicia ; v) marco normativo y jurisprudencial del der echo fundamental a la igualdad, vi) procediendo posteriormente a resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando, se satisfagan los requisitos generales.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

16. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala Plena6, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profieraque resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro determine la ley y la propia doctrina judicial.

6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.11

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03847-00

Actor: Aurelio