CE - 110010315000202303868001SENTENCIA20230901163107

Consejo de Estado

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Título: CE - 110010315000202303868001SENTENCIA20230901163107
Autor: Consejo de Estado
Categoría: Jurisprudencia
Área del derecho: Administrativo
Año: —

Radicado: 11001-03-15-000-2023-03868-00

Demandante: Clelia Andrea Anaya Benavides

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2023-03868-00

Demandante: CLELIA ANDREA ANAYA BENAVIDES

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ Y OTRO

Temas:

Tutela contra providencia judicial. Contra auto que negó solicitud de inaplicación de la sanción impuesta por desacato.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por la señora Clelia Andrea Anaya Benavides, contra el Juzgado Once Administrativo Oral de Tunja y el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión Número Tres, de conformidad con lo establecido en el artículo 1° del decreto 333 del 2021.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión Número Tres, de conformidad con lo establecido en el artículo 1° del decreto 333 del 2021.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

La señora Clelia Andrea Anaya Benavides interpuso acción de tutela contra las citadas autoridades judiciales, por estimar vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso y al buen nombre . En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

“(…) PRIMERO: AMPARAR mis derechos fundamentales al debido proceso, a la tutela judicial efectiva, buen nombre y patrimonio, vulnerados por el Juzgado Once Administrativo Oral del Circuito de Tunja y el Tribunal Administrativo de Boyacá – Sala de Decisión No 3, teniendo en cuenta lo ya expuesto y la sentencia SU -034 de 2018 de la Corte Constitucional.

SEGUNDO: ORDENAR al Juzgado Once Administrativo Oral del Circuito de Tunja, modular los efectos del fallo del 11 de mayo de 2022, en cumplimiento de la sentencia SU-034 de 2018 y el auto 206 del 2017 de la Corte Constitucional, en la medida que se cumplió con la orden al expedir la Resolución 04102019-730824del 11 de agosto de 2020, con fundamento en la Resolución No. 01094 del 2019, reconoció el derecho a la entrega de la indem nización al señor Jhon Sebastián Hernández García y dispuso la aplicación del método técnico de priorización, en atención a que no acreditó un criterio de priorización.

Y, en consecuencia, inaplicar y/o dejar sin efectos las sanciones impuestas en los aut os de las fechas:

Auto del 15 de septiembre de 2022, impuestas al doctor Enrique Ardila Franco en calidad

Y, en consecuencia, inaplicar y/o dejar sin efectos las sanciones impuestas en los aut os de las fechas:

Auto del 15 de septiembre de 2022, impuestas al doctor Enrique Ardila Franco en calidad de director de reparaciones para ese momento consistente en multa equivalente a dos (02) Salarios Mínimos Legales Mensuales, y al doctor Ramón Alberto Rodriguez en calidad de director general de la URIAV (sic) para ese momento, con multa equivalente a un (01) Salario Mínimo Legal Mensual, decisión confirmada por el Tribunal Administrativo

de Boyacá -Sala de Decisión No 3 en auto del 22 de septiembre de 2022.Radicado: 11001-03-15-000-2023-03868-00

Demandante: Clelia Andrea Anaya Benavides

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Auto del 14 de febrero de 2023 en contra de la suscrita en calidad de directora de reparaciones para ese momento consistente en multa equivalente a dos (02) Salarios Mínimos Legales Mensuales, y a la doctora Patricia Tobón Yagarí en calidad de directora general de la URIAV (sic), con multa equivalente a un (01) Salario Mínimo Legal Mensual,

decisión confirmada por el Tribunal Administrativo de Boyacá-Sala de Decisión No 3 en auto del 22 de febrero de 2023.

general de la URIAV (sic), con multa equivalente a un (01) Salario Mínimo Legal Mensual, decisión confirmada por el Tribunal Administrativo de Boyacá-Sala de Decisión No 3 en auto del 22 de febrero de 2023.

Auto del 31 de mayo de 2023 en contra de la suscita en calidad de directora de reparaciones para ese momento consistente e multa equivalente a cinco (05) Salarios Mínimos Legales Mensuales, y a la doctora Patricia Tobón Yagarí en calidad de directora general de la URIAV (sic), con multa equivalente a tres (03) Salarios Mínimos Legales Mensuales, decisión confirmada por el Tribunal Administrativo de Boyacá -Sala de

Decisión No 3 en auto del 07 de junio de 2023.

TERCERO: ORDENAR al Juzgado Once Administrativo Oral del Circuito de Tunja y al

Tribunal Administrativo de Boyacá -Sala de Decisión No 3, que comunique a la autoridad encargada de la ejecución de la sanción de multa, que las mismas se han levantado con ocasión a la acreditación de la imposibilidad del cumplimiento de la orden judicial de tutela.

CUARTO: CONMINAR al Juzgado Once Administrativo Oral del Circuito de Tunja y al

Tribunal Administrativo de Boyacá -Sala de Decisión No 3, a que acate y aplique los precedentes jurisprudenciales frente a la procedencia del levantamiento de la sanción, previa acreditación del cumplimiento de la orden y/o acreditando las razones que imposibilitan su cumplimiento, con base en la naturaleza persuasiva del incidente de desacato.”.

Como medida provisional, solicitó:

“(…) respetuosamente a su Honorable Despacho, suspender provisionalmente la orden de

cumplimiento, con base en la naturaleza persuasiva del incidente de desacato.”.

Como medida provisional, solicitó:

“(…) respetuosamente a su Honorable Despacho, suspender provisionalmente la orden de multa que impuso el Juzgado Once Administrativo Oral del Circuito de Tunja, en nuestra contra mediante autos de fecha 14 de febrero de 2023 y 31 de mayo de 2023, confirmadas por el Tribunal Administrativo de Boyacá – Sala de Decisión No 3 a través de los autos fechados el día 22 de febrero de 2023 y 07 de junio de 2023, hasta tanto se resuelva de fondo el presente asunto litigioso, por encontrarse en inminente riesgo los derechos fundamentales invocados, según se acredita y demuestra en el presente escrito de tutela”.

2. Hechos

De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

El señor Jhon Sebastián Hernández García, mientras se encontraba recluido en la CPAMSEB - El Barne, ejerció acción de tutela con el fin de obtener desembolso de la indemnización que le fue reconocida mediante la Resolució n 04102019-730824 de 11 de agosto de 2020, por la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (en adelante UARIV), por el hecho victimizante de “desplazamiento forzado”.

El Juzgado Once Administrativo de Tunja, en sentencia del 11 de mayo de 2022 , accedió al amparo solicitado y, en consecuencia, ordenó a la UARIV que, dentro de los cinco días siguientes a la notificación del fallo, emit iera pronunciamiento en el que estableciera el término en el que se efectuar ía de manera material el

accedió al amparo solicitado y, en consecuencia, ordenó a la UARIV que, dentro de los cinco días siguientes a la notificación del fallo, emit iera pronunciamiento en el que estableciera el término en el que se efectuar ía de manera material el desembolso de la indemnización administrativa que se reconoció mediante la Resolución 04102019-730824 del 11 de agosto de 20201.

1 La parte resolutiva de la sentencia dispuso “PRIMERO. - TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso y a la reparación administrativa del señor JHON SEBASTIÁN HERNÁNDEZ GARCÍA, en relación con el proceso de verificación de priorización para el pago de la indemnización administrativa reconocida por la UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMASUARIV, conforme las consideraciones precedentes. SEGUNDO.- ORDENAR a la UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS que dentro de los cinco (5) días contados a partir de la notificación del fallo respectivo, emita pronunciamiento a través del cual establezca un término en el que se efectuará de manera material el desembolso de la indemnización administrativa que se reconoció a su favor mediante la Resolución No. 04102019-730824 del 11 de Agosto de 2020, atendiendo su actual situación socioeconómica con base en los hechosRadicado: 11001-03-15-000-2023-03868-00

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La UARIV impugnó el fallo de tutela y el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión Número Tres, en sentencia del 30 de junio de 2022, lo confirmó.

El señor Hernández García inició incidente de desacato y el Juzgado Once Administrativo de Tunja, en providencia del 15 de septiembre de 2022, declaró que los señores Enrique Ardila Franco , Director de Reparación de la UARIV y Ram ón Alberto Rodríguez , Director General de la UARIV , como superior jerárquico, incurrieron en desacato a las órdenes contenidas en las sentencias del 11 de mayo de 2022 y del 30 de junio de 2022 . El Tribunal Administrativo de Boy acá, Sala de Decisión Número Tres, en auto del 22 de septiembre de 2022, al resolver el grado jurisdiccional de consulta, confirmó la sanción.

El Juzgado Once Administrativo de Tunja, en auto del 1 de febrero de 2023, ordenó nuevamente la apertura del trámite incidental, pero, frente a las nuevas funcionarias encargadas de dar cumplimiento a las órdenes de tutela, esto son, las señoras Clelia Andrea Anaya Benavides , Directora de Reparaciones de la UARIV, como

nuevamente la apertura del trámite incidental, pero, frente a las nuevas funcionarias encargadas de dar cumplimiento a las órdenes de tutela, esto son, las señoras Clelia Andrea Anaya Benavides , Directora de Reparaciones de la UARIV, como responsable directa , y Patricia Tobón Yagarí , Directora General de la UARIV, superior jerárquico de la primera. El despacho, en providencia del 14 de febrero de 2023, declaró que las funcionarias habían incurrido en desacato a las órdenes contenidas en las sentencias del 11 de mayo de 2022 y del 30 de junio de 2022, en consecuencia, impuso sanción por desacato, la cual fue confirmada por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión Número Tres, en auto de 22 de febrero de 2023.

El Juzgado Once Administrativo de Tunja, en auto de 24 de marzo de 2023, requirió a la señora Clelia Andrea Anaya Benavides responsable directa en la actualidad del cumplimiento del amparo de tutela, para que informara si lo cumplió. A nte la renuencia en contestar, en auto de 21 de abril de 2023, el despacho dispuso vincular a la señora Patricia Tobón Yagarí , para que, en calidad de superior jerárquico, requiriera la materialización del fallo por parte de la Directora de Reparaciones de esa Unidad2.

El Juzgado Once Administrativo de Tunja, en auto d el 17 de mayo de 2023, dio apertura incidente de desacato en contra de Clelia Andrea Anaya y Patricia Tobón Yagarí y en auto del 31 de mayo de 2023, declaró en desacato a las incidentadas

apertura incidente de desacato en contra de Clelia Andrea Anaya y Patricia Tobón Yagarí y en auto del 31 de mayo de 2023, declaró en desacato a las incidentadas con multa de 5 y 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes, respectivamente3,

narrados en la acción de tutela, conforme se pueda constatar de la información aportada o que allegue el interesado y según verificación de las bases de datos o sistemas actualizados con que cuenta el Estado para tal efecto. La anterior decisión, deberá ser puesta en conocimiento del accionante por parte de la UARIV dentro del mismo término de cinco (5) días, a través del Director y/o Oficina Jurídica de la Cárcel y Penitenciaria con Alta y Mediana Seguridad ‘El Barne’, donde se encuentra recluido en la actualidad el actor (Patio No. 13), y cuya constancia deberá allegarse copia al Juzgado una vez se realice la respectiva diligencia de notificación, como parte fundamental para acreditar el cumplimiento de la presente decisión judicial. TERCERO.- EXHORTAR al DIRECTOR TÉCNICO DE REPARACIÓN de la UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS, para que (i) en el próximo estudio de ‘método técnico de priorización’ que se efectúe en el caso del señor JHON SEBASTIÁN HERNÁNDEZ GARCÍA se discriminen cada uno de los fundamentos y/o soportes que dan lugar a los resultados que ponderen los factores de componente demográfico, estabilización económica, característica del hecho victimizante y avance en ruta de reparación, y se pongan en su conocimiento para que pueda ejercer en debida forma sus garantías fundamentales a la defensa y debido proceso y (ii) en lo sucesivo, realice el proceso de priorización para la entrega de las medidas de indemnización

avance en ruta de reparación, y se pongan en su conocimiento para que pueda ejercer en debida forma sus garantías fundamentales a la defensa y debido proceso y (ii) en lo sucesivo, realice el proceso de priorización para la entrega de las medidas de indemnización en los términos y bajo las condiciones señaladas en la Resolución 01049 de 2019, su correspondiente anexo y la Jurisprudencia vigente de la Corte Constitucional, en el sentido que al momento de dar a conocer sus resultados a las personas que se les ha reconocido el aludido derecho, poniendo en su conocimiento los plazos aproximados y orden en el que de no ser priorizados, las personas accederán a la indemnización administrativa a que haya lugar.”. 2 Nuevamente, el señor Jhon Sebastián Hernández García el 3 de marzo de 2023 radicó escrito, por medio del cual pidió que se estudiara la posibilidad de imponer sanciones de arresto en contra de las funcionarias encargadas de dar cumplimiento al fallo de tutela. 3 El juzgado odenó: “ PRIMERO: DECLARAR que las señoras CLE LIA ANDREA ANAYA BENAVIDES en su calidad de DIRECTORA DE REPARACIÓN DE LA UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS - UARIV y PATRICIA TOBÓN YAGARÍ quien actualmente se desempeña en condición de DIRECTORA GENERAL de la UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS -UARIV como y superior jerárquico de la primera de las mencionadas, incurrieron por segundaRadicado: 11001-03-15-000-2023-03868-00

Demandante: Clelia Andrea Anaya Benavides

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

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Lo anterior, porque no resultó aceptable la respuesta allegada, en la medida en que omitió fijar una fecha fija o aproximada en la cual se considerara que se daría lugar al desembolso de la indemnización administrativa que se le había reconocido al demandante en el año 2020, que, por el contrario, la respuesta lo que señalaba era que el peticionario debía esperar para que en el mes de julio de 2023 se volviera a dar aplicación al método de priorización para estudiar si podía o no tener al beneficio, motivo por el cual concluyó que no existía actuación positiva encaminada a demostrar el acatamiento a la orden judicial.

El Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión número tres, en auto del 7 de junio de 2023, confirmó la decisión por considerar que la sanción impuesta fue proporcional y razonable.

El 9 de junio de 2023, la UARIV solicitó la inaplicación de la sanción, que se declarara la imposibilidad de cumplir la orden consistente en señalar la fecha de desembolso de la indemnización administrativa y desvincular a la señora Clelia Andrea Anaya Benavides porque ya no presta los servicios a la entidad y a Patricia Tobón Yagarí, que la competente es la señora Andrea Nathalia Romero Figueroa.

desembolso de la indemnización administrativa y desvincular a la señora Clelia Andrea Anaya Benavides porque ya no presta los servicios a la entidad y a Patricia Tobón Yagarí, que la competente es la señora Andrea Nathalia Romero Figueroa.

El Juzgado Once Administrativo de Tunja, en auto del 20 de junio de 2023 resolvió obedecer y cumplir lo dispuesto por el tribunal en auto del 7 de junio de 2023 y decidió la solicitud de inaplicación de la sanción, en el sentido de indicar que no era posible acceder porque no se acreditó el cumplimiento de la orden judicial consistente en indicar la fecha en que se desembolsar ía la indemnización administrativa a favor del señor Hernández García.

3. Argumentos de la acción de tutela

Como fundamento de la acción de tutela, la señora Clelia Andrea Anaya Benavides estima vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso y al buen nombre, por las razones que se pasan a resumir.

Indicó que en el trámite de desacato la UARIV informó la imposibilidad de establecer el término en el que se efectuará de manera material el desembolso de la indemnización administrativa, porque:

vez en desacato a las órdenes contenidas en sentencia proferida por este Despacho el 11 de mayo de 2022, confirmada por el H. Tribunal Administrativo de Boyacá el 30 de junio de 2022, respectivamente, dentro de la acción de tutela de la referencia, conforme a lo motivado en la parte considerativa.

SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración: 2.1. IMPONER a la funcionaria CLELIA ANDREA ANAYA

conforme a lo motivado en la parte considerativa.

SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración: 2.1. IMPONER a la funcionaria CLELIA ANDREA ANAYA BENAVIDES en su calidad de DIRECTORA DE REPARACIÓN DE LA UNIDAD PARA LAS VÍCTIMASUARIV, SANCIÓN consistente EN MULTA EQUIVALENTE A CINCO (5) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES por desacato, conforme a las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2.2. IMPONER a la funcionaria PATRICIA TOBÓN YAGARÍ quien funge actualmente como DIRECTORA GENERAL de la UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS - UARIV en calidad de superior jerárquica de la señora CLELIA ANDREA ANAYA BENAVIDES, SANCIÓN consistente EN MULTA EQUIVALENTE A TRES (3) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES por desacato, conforme a las razones expuestas en las consideraciones de este proveído. (…) NOVENO: Por Secretaría, COMUNICAR la presente providencia y REQUERIR a la señora ANDREA NATHALIA ROMERO FIGUEROA, en su calidad de actual Directora de Reparación de la UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMASUARIV para que proceda a dar cumplimiento estricto a las órdenes constitucionales que se encuentran sin materializar en el trámite constitucional de la referencia, so pena de dar inicio de dar apertura de incidente de desacato en su contra.

DÉCIMO: COMPULSAR por Secretaría copias del expediente digital de la acción de tutela, así como de los incidentes de

desacato en su contra.

DÉCIMO: COMPULSAR por Secretaría copias del expediente digital de la acción de tutela, así como de los incidentes de desacato adelantados hasta la fecha en el proceso de la referencia a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y a la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, para que se investiguen las posibles conductas punibles y/o faltas disciplinarias en las que hayan incurrido los funcionarios adscritos a la UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMASUARIV encargados en cumplir las órdenes proferidas por este despacho judicial y el Tribunal Administrativo de Boyacá en las providencias emitidas al interior del sub examine.Radicado: 11001-03-15-000-2023-03868-00

Demandante: Clelia Andrea Anaya Benavides

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(i) mediante Resolución 0412019 -730824 del 11 de agosto de 2020 , reconoció a favor de Jhon Sebastián Hernández la medida de indemnización administrativa por el hecho victimizante del desplazamiento forzado y decidió aplicar el método técnico de priorizac ión, con el fin de disponer la orden de entrega;

(ii) el 31 de julio de 2022, la UARIV aplicó nuevamente el método técnico de

aplicar el método técnico de priorizac ión, con el fin de disponer la orden de entrega;

(ii) el 31 de julio de 2022, la UARIV aplicó nuevamente el método técnico de priorización, cuyo resultado fue que no era procedente materializar la entrega de la medida de indemnización ya reconocida porque el puntaje mínimo definido para acceder a la indemnización fue 46.6053 para el año 202 2 y el del señor Hernández García fue 38.1844;

(iii) de acuerdo con el procedimiento administrativo contemplado en la Resolución 1049 de 2019, no era posible otorgar fecha de pago porque el puntaje obtenido no lo ubicó en el universo de víctimas que acce derían a la indemnización conforme a la disponibilidad presupuestal del año 2022;

(iv) se informó que se aplicaría nuevamente el método en la vigencia 2023 con las víctimas que a 31 de diciembre de 2022 contaban con acto administrativo de reconocimiento y con orden de aplicación de método e,

(v) informó que, si el señor Hernández García contaba con una situación de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad, prevista en el artículo 4 de la Resolución 1049 de 2019 o 1 de la Resolución 582 de 2021, podría adjuntar la certificación y soportes necesarios para priorizar la entrega, al correo docuementacion@unidadvictimas.gov.co.

Indicó que, en cumplimiento de la orden séptima del auto 206 del 2017 de la Corte Constitucional, la UARIV profirió la Resolución 1049 del 15 de marzo de 2019, por medio del cual adoptó el procedimiento para reconocer y otorgar indemnización por

Constitucional, la UARIV profirió la Resolución 1049 del 15 de marzo de 2019, por medio del cual adoptó el procedimiento para reconocer y otorgar indemnización por vía administrativa, se crea el método técnico de priorización, la cual contempla 4 fases de procedimiento, dentro de la que está la entrega.

Igualmente, informó que se apl icaría el método técnico de priorización en el caso del señor Jhon Sebastián Hernández García durante la vigencia 2023 y se refirió ampliamente a la imposibilidad material del desembolso de la indemnización administrativa.

A su juicio, la autoridad judicial demandada incurrió en el defecto “sustantivo” por el desconocimiento de la s entencia SU – 034 de 2018 de la Corte Constitucional, en lo relacionado con “las reglas para modular el cumplimiento de los fallos, en especial, los que se relacionan con el pago de la indemnización administrativa”.

Igualmente, adujo la existencia del defecto fáctico porque las autoridades judiciales demandadas no valoraron los escritos presentados por la Unidad para Atención y Reparación Integral a las Víctimas - UARIV en que se aportó el oficio que resolvió el reconocimiento de la medida indemnizatoria, el oficio de no favorabilidad y lo relacionado con el procedimiento previsto en la Resolución 01049 de 2019.

Invocó el defecto por violación directa de la Constitución porque con las decisiones cuestionadas se afectan los principios constitucionales al debido proceso, a laRadicado: 11001-03-15-000-2023-03868-00

Demandante: Clelia Andrea Anaya Benavides

cuestionadas se afectan los principios constitucionales al debido proceso, a laRadicado: 11001-03-15-000-2023-03868-00

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seguridad jurídica, a la confianza legítima, buena fe y pod desconocer el auto 206 de 2017 y el procedimiento de reconocimiento de indemnización administrativa previsto en la Resolución 01049 de 2019.

4. Trámite Previo

El despacho sustanciador, en auto del 26 de julio de 2023, admitió la acción de tutela, ordenó notificar a la demandante, a los magistrados que conforman la Sala de Decisión Número 3 del Tribunal Administrativo de Boyacá y al titular del Juzgado Once Administrativo Oral de Tunja. Adicionalmente, a la UARIV - y a los señores Jhon Sebastián Hernández García y Patricia Tobón Yagari, como terceros con interés. Asimismo, publicar en la página web del Consejo de Estado la providencia para el conocimiento de todos los terceros interesados y ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

5. Oposición

El Juzgado Once Administrativo de Tunja precisó que , en cuanto a lo que denomina la actora “defecto sustantivo por desconocimiento del precedente establecido

Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

5. Oposición

El Juzgado Once Administrativo de Tunja precisó que , en cuanto a lo que denomina la actora “defecto sustantivo por desconocimiento del precedente establecido en la Sentencia SU034 de 2018 de la Corte Constitucional”, debe decirse que se trata de dos vicios totalmente diferentes, pues , por un lado, está el defecto sustantivo y por otro el desconocimiento del precedente.

En lo relacionado con el defecto sustantivo indicó que la accionante no expresó en qué término las decisiones adoptadas el 15 de septiembre de 2022, 14 de febrero y 31 de mayo de 2023, s e basaron en normas inexistentes o inaplicables, o son contradictorias en cuanto a los fundamentos y su decisión, que, por el contrario, se edificaron a partir de verificar que la entidad ha tenido una conducta omisiva respecto de lo ordenado por el juez constitucional, bajo argumentos que no resultan válidos.

En relación con el desconocimiento del precedente, dijo que, si bien se h izo mención a la sentencia SU-034 de 2018 de la Corte Constitucional, no indic ó con claridad de qué forma el despacho se apartó de tal decisión. De la misma manera, sostuvo que en ningún caso desconoció decisión alguna de la Corte Constitucional, concretamente, el auto 206 de 2017.

En lo atinente a la posible configuración de un defecto fáctico por valoración defectuosa del material probatorio, manifestó que es un vicio que no se presenta en las decisiones adoptadas, toda vez que la información allegada por la UARIV fue debidamente valorada y tenida en cuenta, diferente es que no se le haya dado

defectuosa del material probatorio, manifestó que es un vicio que no se presenta en las decisiones adoptadas, toda vez que la información allegada por la UARIV fue debidamente valorada y tenida en cuenta, diferente es que no se le haya dado el alcance que pretende la entidad, que no es otro que probar el cumplimiento de la sentencia –bajo argumentos que fueron inicialmente descartados por el juez constitucional.

En cuanto a la imposibilidad de cumplimiento de la sentencia, señaló que esta tesis no se analizó en las providencias refutadas a partir de los criterios de la sentencia de la Corte Constitucional SU-034 de 2018, toda vez que la orden de amparo en el asunto objeto de debate no va dirigida a que se le realice el pago de la indemnización administrativa reconocida en favor del señor Jhon Sebastián Hernández García, sino a que se le informe de la fecha en que se efectuará el pagoRadicado: 11001-03-15-000-2023-03868-00

Demandante: Clelia Andrea Anaya Benavides

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como garantía que permitirá salvaguardar su derecho al debido proceso y a la reparación integral.

En tal sentido, no podría aplicarse una presunta “imposibilidad en el cumplimiento de la sentencia” derivada de circunstancias relacionadas con el pago de la

como garantía que permitirá salvaguardar su derecho al debido proceso y a la reparación integral.

En tal sentido, no podría aplicarse una presunta “imposibilidad en el cumplimiento de la sentencia” derivada de circunstancias relacionadas con el pago de la indemnización, cuando, por ahora, lo que se procura es que se fije una fecha en la cual se le realizará el respectivo desembolso, en el entendido que mediante la orden el juez constitucional buscó la protección real de los derechos fundamentales que se determinaron como conculcados.

Destacó que, en ningún momento, los incidentados demostraron una conducta positiva tendiente a cumplir la orden, pues , contrario a esto, lo que señalan haber adelantado, corresponde a las mismas acciones que fueron censuradas por el juez constitucional en la sentencia primigenia, actuaciones que como se ha insistido lo único que promueven es continuar manteniendo al accionante en una total incertidumbre frente a una posible fecha de pago de la indemnización administrati

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