CE - 110010315000202303868011SENTENCIA20231212215922

Radicación: 11001 03 15 000 2023 03868 01

Accionante: Clelia Andrea Anaya Benavides

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001 03 15 000 2023 03868 01

Accionante: CLELIA ANDREA ANAYA BENAVIDES

Accionados: JUZGADO ONCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE

TUNJA Y TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ –

SALA DE DECISIÓN NRO. 3

Tesis: Vulnera el derecho fundamental al buen nombre e incurre en violación directa de la Constitución la providencia judicial que impuso una sanción por desacato, sin tener en cuenta que la orden de tutela no era posible cumplirla.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora en contra del fallo de tutela proferido el 31 de agosto de 2023 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado.

1. SÍNTESIS DEL CASO

La señora Clelia Andrea Anaya Benavides promovió acción de tutela en

del fallo de tutela proferido el 31 de agosto de 2023 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado.

1. SÍNTESIS DEL CASO

La señora Clelia Andrea Anaya Benavides promovió acción de tutela en contra del Juzgado Once Administrativo del Circuito de Tunja y el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión nro. 3, y para ello formuló las siguientes pretensiones1:

1 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 03868 00.Radicación: 11001 03 15 000 2023 03868 01

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“[…] PRIMERO: AMPARAR mis derechos fundamentales al debido proceso, a la tutela judicial efectiva, buen nombre y patrimonio, vulnerados por el JUZGADO ONCE

ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE TUNJA y el

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ – SALA DE

DECISIÓN NO 3, teniendo en cuenta lo ya expuesto y la Sentencia SU-034 de 2018 de la Corte Constitucional.

SEGUNDO: ORDENAR al JUZGADO ONCE ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO TUNJA, modular los efectos del fallo del 11 de mayo de 2022 , en cumplimiento de la Sentencia SU -034 de 2018 y el Auto 206 de 2017 de la Corte Constitucional, en la medida

ORAL DEL CIRCUITO TUNJA, modular los efectos del fallo del 11 de mayo de 2022 , en cumplimiento de la Sentencia SU -034 de 2018 y el Auto 206 de 2017 de la Corte Constitucional, en la medida que se cumplió con la orden al expedir la Resolución 04102019730824-del 11 de agosto de 2020, con fundamento en la Resolución No. 01049 de 2019 , que reconoció el derecho a la entrega de la indemnización al señor JHON SEBASTIAN HERNANDEZ GARCIA y dispuso la aplicación del método técnico de priorización, en atención a que no acreditó un criterio de priorización.

Y, en consecuencia, INAPLICAR Y/O DEJAR SIN EFECTOS las sanciones impuestas en los autos de fechas:

• Auto del 15 de septiembre de 2022, impuestas al doctor ENRIQUE ARDILA FRANCO en calidad de reparaciones para ese momento consistente en multa equivalente a dos (02) salarios mínimos legales mensuales, y al doctor RAMÓN ALBERTO RODRÍGUEZ en calidad de director general de la UARIV para ese momento, con multa equivalente a un (01) salario mínimo legal mensual, decisión CONFIRMADA por el TRIBUNAL

ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ – SALA DE DECISIÓN NO 3 en auto del 22 de septiembre de 2022.

• Auto del 14 de febrero de 2023 en contra de la suscrita en calidad de directora de reparaciones para ese momento consistente en multa equivalente a dos (02) salarios mínimos legales mensuales, y a la doctora PATRICIA TOBÓN YAGARÍ en calidad de directora general de la UARIV, con multa equivalente a un

de directora de reparaciones para ese momento consistente en multa equivalente a dos (02) salarios mínimos legales mensuales, y a la doctora PATRICIA TOBÓN YAGARÍ en calidad de directora general de la UARIV, con multa equivalente a un (01) salario mínimo legal mensual, decisión CONFIRMADA por el

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ – SALA DE

DECISIÓN NO 3 en auto del 22 de febrero de 2023.

• Auto del 31 de mayo de 2023 en contra de la suscrita en calidad de directora de reparaciones para ese momento consistente en multa equivalente a cinco (05) salarios mínimos legales mensuales, y a la doctora PATRICIA TOBÓN YAGARÍ en calidad de directora general de la UARIV, con multa equivalente a tres (03) salarios mínimos legales mensuales, decisión CONFIRMADA

por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ – SALA DE

DECISIÓN NO 3 en auto del 07 de junio de 2023.Radicación: 11001 03 15 000 2023 03868 01

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TERCERO: ORDENAR al JUZGADO ONCE ADMINISTRATIVO

ORAL DEL CIRCUITO DE TUNJA y al TRIBUNAL

ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ – SALA DE DECISIÓN NO 3 , que comunique a la autoridad encargada de la ejecución de la sanción de multa, que las mismas se han levantado con ocasión a la acreditación de la imposibilidad del cumplimiento de la orden judicial

que comunique a la autoridad encargada de la ejecución de la sanción de multa, que las mismas se han levantado con ocasión a la acreditación de la imposibilidad del cumplimiento de la orden judicial de tutela.

CUARTO: CONMINAR al JUZGADO ONCE ADMINISTRATIVO

ORAL DEL CIRCUITO DE TUNJA y al TRIBUNAL

ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ – SALA DE DECISIÓN NO 3, a que acate y aplique los precedentes jurisprudenciales frente a la procedencia del levantamiento de la sanción, previa acreditación del cumplimiento de la orden y/o acreditando las razones que imposibilitan su cumplimiento, con base en la naturaleza persuasiva del incidente de desacato […]”. [Mayúsculas, negrillas y subrayado del escrito de tutela].

2. SITUACIÓN FÁCTICA

La accionante informó que , mediante fallo de tutela del 11 de mayo de 2022, el Juzgado Once Administrativo de l Circuito de Tunja amparó los derechos fundamentales al debido proceso y a la reparación administrativa del señor Jhon Sebastián Hernández García.

Sostuvo que, como consecuencia de lo anterior, se ordenó a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas – UARIV que “(…) dentro de los cincos (5) días contados a partir de la notificación del fallo respectivo, emita pronunciamiento a través del cual establezca un término en el que se efectuará de manera material el desembolso de la indemnización administrativa que se reconoció a su favor mediante la Resolución nro. 04102019-730824 del 11 de agosto de 2020, atendiendo

en el que se efectuará de manera material el desembolso de la indemnización administrativa que se reconoció a su favor mediante la Resolución nro. 04102019-730824 del 11 de agosto de 2020, atendiendo su actual situación socioeconómica con base en los hechos narrados en la acción de tutela, conforme se pueda constatar de la información aportada o que allegue el interesado y según verificación de las bases de datos o sistemas actualizados con que cuenta el Estado para tal efecto (…)”2.

2 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 03868 00.Radicación: 11001 03 15 000 2023 03868 01

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Manifestó que, por escrito radicado el 13 de mayo de 2022 , la UARIV comunicó el resultado de no favorabilidad del método técnico de priorización aplicado al señor Jhon Sebastián Hernández García, toda vez que no se acreditó criterio alguno de priorización que permitiera el ingreso a la lista de pago para la vigencia fiscal correspondiente.

Señaló que el Juzgado Once Administrativo del Circuito de Tunja, por auto proferido el 15 de septiembre de 2022 sancionó al señor Enrique Ardila Franco, en calidad de director de reparaciones para ese momento, con una multa de dos (2) salarios mínimos mensuales legales vigentes, y al señor Ramón Alberto Rodríguez, en calidad de director general de la

Franco, en calidad de director de reparaciones para ese momento, con una multa de dos (2) salarios mínimos mensuales legales vigentes, y al señor Ramón Alberto Rodríguez, en calidad de director general de la UARIV en ese entonces, con una multa de un (1) salario mínimo mensual legal vigente, porque no se había dado cumplimiento al fallo de tutela.

Indicó que, por auto del 22 de septiembre de 2022, la Sala de Decisión nro. 3 del Tribunal Administrativo de Boyacá, en sede de consulta, confirmó las precitadas sanciones.

Adujo que el 29 de septiembre de 2022, el 11 de octubre de 2022, el 23 de febrero de 2023 y el 8 de junio de 2023 , la UARIV presentó ante el Juzgado Once Administrativo del Circuito de Tunja solicitud de inaplicación de las sanciones impuestas reiterando que, de acuerdo con la Resolución nro. 04102019-730824 del 11 de agosto de 2020 y los resultados del método técnico de priorización de los años 2021 y 2022, se concluyó que para el señor Jhon Sebastián Hernández García no era procedente materializar la entrega de la indemnización en esas vigencias teniendo en cuenta (i) el puntaje total obtenido en la última aplicación del método técnico de priorización del año 2022 fue de 38.1844, y que el puntaje mínimo para acceder a la medida indemnizatoria para ese año era de 46.6053, (ii) la aplicación del método técnico de priorización, (iii) la imposibilidad jurídica de cumplir el fallo, (iv) la improcedencia del desacato ante la imposibilidad de cumplir el fallo, (v) el debido proceso

46.6053, (ii) la aplicación del método técnico de priorización, (iii) la imposibilidad jurídica de cumplir el fallo, (iv) la improcedencia del desacato ante la imposibilidad de cumplir el fallo, (v) el debido proceso administrativo de la UARIV, entre otros.Radicación: 11001 03 15 000 2023 03868 01

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Expuso que, el Juzgado Once Administrativo del Circuito de Tunja, tras abrir nuevo incidente de desacato , mediante auto proferido el 14 de febrero de 2023, la sancionó en calidad de directora de reparaciones para ese momento, con una multa de dos (2) salarios mínimos mensuales legales vigentes, junto con la señora Patricia Tobón Yagarí, en calidad de directora general de la UARIV, quien fue sancionada con una multa equivalente a un (1) salario mínimo mensual legal vigente, bajo la consideración que aún no s e había dado cumplimiento al fallo de tutela. Agregó que dichas sanciones fueron confirmadas, en sede de consulta, por auto proferido el 22 de febrero de 2023 por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión nro. 3.

Anotó que el precitado juzgado, por auto proferido el 31 de mayo de 2023 le impuso una segunda sanción, en calidad de directora de reparaciones para ese momento , consistente en una multa equivalente a cinco (5) salarios mínimos mensuales legales vigentes, junto con la señora Patricia

le impuso una segunda sanción, en calidad de directora de reparaciones para ese momento , consistente en una multa equivalente a cinco (5) salarios mínimos mensuales legales vigentes, junto con la señora Patricia Tobón Yagarí, quien también fue sancionada por segunda vez con una multa equivalente a tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Precisó que la anterior decisión fue confirmada, en sede de consulta, por auto del 7 de junio de 2023 proferido por la Sala de Decisión nro. 3 del Tribunal Administrativo de Boyacá, y que, mediante auto del 20 de junio de 2023, el Juzgado Once Administrativo del circuito de Tunja obedeció y cumplió lo dispuesto por el citado tribunal.

En el acápite denominado “De las acciones desplegadas por la Unidad para las Víctimas para acreditar las gestiones realizadas para el cumplimiento al fallo de tutela del 11 de mayo de 2022 proferido por el Juzgado Once Administrativo Oral del circuito de Tunja ”, explicó que la UARIV, dando aplicación al procedimiento administrativo dispuesto en la Resolución nro. 1049 de 2019, decidió por medio de la Resolución nro. 04102019-730824 del 11 de agosto de 2020 reconocer al señor Jhon Sebastián Hernández García la medida de indemnización administrativa por el hecho victimizante de desplazamiento forzado y aplicarle el método técnico deRadicación: 11001 03 15 000 2023 03868 01

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priorización con el fin de disponer el orden de la entrega de la indemnización.

La accionante informó que el 31 de julio de 2022, la UARIV aplicó para el caso del señor Hernández García el método técnico de priorización, con el propósito de determinar, de manera proporcional a los recursos presupuestales asignados a dicha unidad en el año 2022, el orden de entrega de la indemnización reconocida a su favor; sin embargo, conforme al resultado de la aplicación del precitado método, se concluyó que no era procedente hacer la entrega de la indemnización ya reconocida por el hecho victimizan te de desplazamiento forzado, debido a que el puntaje mínimo definido en el año 2022 para acceder a la indemnización administrativa era de 46,6053 y el puntaje obtenido por el señor Hernández García fue de 38,1844.

Manifestó que “(…) de acuerdo con lo establecido en el procedimiento administrativo contemplado en la Resolución 1049 de 2019, a la Unidad para las Víctimas le es imposible otorgar una fecha de pago, pues para el caso del señor Jhon Sebastián Hernández García, el resultado d e la aplicación del método técnico de priorización si bien determinó un orden, este no se ubicó dentro del universo de víctimas que accederán a la indemnización administrativa conforme a la disponibilidad presupuestal asignada a la entidad para el año 2022 (…)”3.

Afirmó que la UARIV procederá a aplicarle nuevamente el método técnico

indemnización administrativa conforme a la disponibilidad presupuestal asignada a la entidad para el año 2022 (…)”3.

Afirmó que la UARIV procederá a aplicarle nuevamente el método técnico de priorización al señor Hernández García en el mes de septiembre de 2023, y le informará su resultado. Aclaró que, si dicho resultado le permite acceder a la entrega de la indemnización administrativa en el año 2023, será citado para tal efecto, pero, si conforme al resultado de la aplicación del método no resulta viable el acceso a la medida indemnizatoria, le informará las razones por las cuales no fue priorizado

3 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 03868 00.Radicación: 11001 03 15 000 2023 03868 01

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y la necesidad de aplicar nuevamente el método para el año siguiente, sin que se fije un turno de pago.

Alegó que las providencias cuestionadas incurren en defecto sustantivo por desconocimiento del precedente establecido en la sentencia SU – 034 de 2018 de la Corte Constitucional, que señala las reglas jurisprudenciales para que los jueces de tutela modulen el cumplimiento del fallo, en especial los que se relacionan con el pago de indemnización administrativa.

Argumentó que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en defecto fáctico por valoración defectuosa del material probatorio allegado

especial los que se relacionan con el pago de indemnización administrativa.

Argumentó que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en defecto fáctico por valoración defectuosa del material probatorio allegado al proceso, comoquiera que “ (…) al momento de valorar los escritos emitidos por la Unidad para las Víctimas, como también la resolución que resolvió el reconocimiento a la medida indemnizatoria y el oficio de no favorabilidad de la actora (sic) de la acción constitucional de la referencia, valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, sin razón valedera da por no probado el hecho del incumplimiento de la sentencia, y adicional no tiene en cuenta las explicaciones manifestadas en distintas oportunidades en relación al debido proceso administrativo gestado en la Resolución 01049 de 2019, respecto a cómo es el procedimiento para la entrega de la indemnización administrativa a las víctimas del conflicto armado dentro de un marco de igualdad entre las demás víctimas (…)”4.

Resaltó que no se valoró de forma íntegra el informe de cumplimiento presentado a las autoridades judiciales accionadas, en el cual se indicó el resultado de la aplicación del método técnico de priorización y la imposibilidad de asignar una fecha cierta de pago.

Aseveró que se configura el defecto de violación directa de la Constitución porque las decisiones atacadas vulneran los derechos fundamentales de la accionante, al desconocer el procedimiento de reconocimiento de la

4 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 03868 00.Radicación: 11001 03 15 000 2023 03868 01

4 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 03868 00.Radicación: 11001 03 15 000 2023 03868 01

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indemnización administrativa previsto en la Resolución nro. 01049 de 2019.

Anotó que “ (…) la imposibilidad por parte de la Unidad de Víctimas en cuanto a establecer un término en el que se efectuará de manera material el desembolso de la indemnización administrativa, se encuentra en una condición excepcional que valide su incumplimiento material. Lo anterior teniendo que, como lo señala el marco normativo, la entrega de las medidas de reparación, atención y asistencia, deben cumplir los principios de progresividad, gradualidad y sostenibilidad fiscal, por cuanto no es viable jurídicamente, ni materialmente indemnizar a todas las víctimas al mismo tiempo (…)”5.

Adujo que el juez de tutela de primera instancia, que tiene a su cargo el seguimiento del cumplimiento del fallo, debe sopesar los informes allegados por la entidad y evaluar que el no pago inmediato de la indemnización, no obedece a una actitud negligente del funcionario público, sino al contexto de un estado de cosas inconstitucionales por la violación masiva de derechos en el marco del conflicto armado.

Arguyó que las autoridades judiciales accionadas vulneraron sus derechos

público, sino al contexto de un estado de cosas inconstitucionales por la violación masiva de derechos en el marco del conflicto armado.

Arguyó que las autoridades judiciales accionadas vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, a la tutela judicial efectiva, buen nombre y patrimonio, pues a pesar de que la UARIV ha presentado reiterados informes sobre la imposibilidad de dar cumplimiento al fallo de tutela no ha sido posible obtener el levantamiento de la sanción.

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:

5 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 03868 00.Radicación: 11001 03 15 000 2023 03868 01

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3.1. La tutela fue radicada el 18 de julio de 20236 a través del aplicativo de recepción de tutelas en línea de la página web de la Rama Judicial y correspondió por reparto a la Sección Cuarta del Consejo de Estado que, por auto del 26 de julio de 20237 la admitió y dispuso notificar8 a los magistrados que integran la Sala de Decisión nro. 3 del Tribunal Administrativo de Boyacá y al Juzgado Once Administrativo del Circuito de Tunja , como partes accionadas, así como vincular a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las

Administrativo de Boyacá y al Juzgado Once Administrativo del Circuito de Tunja , como partes accionadas, así como vincular a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas – UARIV9, al señor Jhon Sebastián Hernández García 10 y a la señora Patricia Tobón Yagarí11, como terceros interesados en el resultado del proceso.

De igual forma, requirió al Juzgado Once Administrativo del Circuito de Tunja que allegara copia digital o el hipervínculo del expediente de la acción de tutela identificada con el radicado nro. 15001 33 33 011 2022 00122 00, el cual fue remitido12.

3.2. La titular del Juzgado Once Administrativo del Circuito de Tunja rindió informe13 en el que solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela, o se nieguen las pretensiones de amparo, porque no se presenta vulneración alguna de los derechos fundamentales invocados por la accionante.

Señaló que las providencias cuestionadas, por medio de las que se impusieron sanciones por desacato, “(…) están orientadas a que se logre

6 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 03868 00. 7 Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 03868 00. 8 Esta orden se cumplió el 1 de agosto de 2023. Visto en el índice 7 de la Sede Electrónica

radicado nro. 11001 03 15 000 2023 03868 00. 8 Esta orden se cumplió el 1 de agosto de 2023. Visto en el índice 7 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 03868 00. 9 Esta orden se cumplió el 1 de agosto de 2023. Visto en el índice 7 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 03868 00. 10 Esta orden se cumplió el 3 de agosto de 2023. Visto en el índice 11 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 03868 00. 11 Ibidem. 12 Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 03868 00. 13 Visto en el índice 13 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 03868 00.Radicación: 11001 03 15 000 2023 03868 01

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la ejecución real de las medidas de amparo, toda vez la entidad accionada y los incidentados solamente han excusado su actuar omisivo en la presunta imposibilidad en el cumplimiento de la sentencia, sin indicar las

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la ejecución real de las medidas de amparo, toda vez la entidad accionada y los incidentados solamente han excusado su actuar omisivo en la presunta imposibilidad en el cumplimiento de la sentencia, sin indicar las razones de fondo para ello, más allá de r eiterar los argumentos ya analizados en las sentencias proferidas en ambas instancias dentro de la acción de tutela y desconociendo circunstancias que se le han puesto de presente en el trámite incidental, como que ha sido insistente la manifestación del actor sobre su carencia de recursos económicos y que se encuentra privado de la libertad (…)”.

Indicó que, frente a lo que la accionante denomina la configuración del defecto sustantivo, no explicó en qué medida las providencias cuestionadas se basaron e n normas inexistentes o inaplica bles, o son contradictorias en cuanto a los fundamentos y la decisión.

En relación con el desconocimiento del precedente, precisó que, si bien se hizo mención a la sentencia SU-034 de 2018 de la Corte Constitucional, la parte actora no expuso con claridad de qué forma el despacho se había apartado de tal decisión.

Sobre el defecto fáctico aseveró que no se materializó, comoquiera que “(…) la información allegada por la UARIV ha sido debidamente valorada y tenida en cuenta, siendo diferente, que no se le haya dado el alcance que pretende la entidad, que no es otro que probar el cumplimiento de la sentencia (…)”.

En cuanto a la imposibilidad de cumplir el fallo de tutela alegado por la accionante, anotó que esa tesis no se analizó en las providencias

que pretende la entidad, que no es otro que probar el cumplimiento de la sentencia (…)”.

En cuanto a la imposibilidad de cumplir el fallo de tutela alegado por la accionante, anotó que esa tesis no se analizó en las providencias cuestionadas a partir de los criterios de la sentencia SU-034 de 2018 de la Corte Constitucional, toda vez que la orden de amparo objeto de debate no va dirigida a que se le realice el pago de la indemnización administrativa reconocida en favor del señor Jhon Sebastián Hernández García, sino a que se le informe la fecha en que se efectuará el pago.Radicación: 11001 03 15 000 2023 03868 01

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3.3. El magistrado titular del despacho nro. 6 del Tribunal Administrativo de Boyacá allegó informe14 en el que solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela, o que se nieguen las pretensiones.

Manifestó que la solicitud de amparo no cumple con el requisito de procedibilidad consistente en que “no se trate de una tutela contra una decisión de tutela ”. Al respecto, adujo que “(…) si bien, la accionante afirma inicialmente que el debate se centra en las decisiones proferidas en sede desacato, los argumentos de la acción de tutela están relacionados directa e inescindiblemente con las órdenes proferidas en la sentencia de tutela de 11 de mayo de 2022, confirmada por el Tribunal Administrativo de Boyacá”.

relacionados directa e inescindiblemente con las órdenes proferidas en la sentencia de tutela de 11 de mayo de 2022, confirmada por el Tribunal Administrativo de Boyacá”.

Afirmó que tampoco se cumple con el requisito general de relevancia constitucional, en la medida en que la parte actora busca debatir en una tercera instancia las razones por las cuales no está de acuerdo con las sentencias proferidas en primera y segunda instancia en la acción de tutela identificada con el radicado 15001 33 33 011 2022 00122 00/01, y con los autos que decidieron los incidentes de desacatos.

3.4. El señor Jhon Sebastián Hernández García presentó escrito15 en el que señaló que es víctima directa de desplazamiento forzado y de reclutamiento ilegal de menores, y expuso las razones por las cuales promovió acción de tutela en contra de la UARIV. Indicó que “ (…) la mayoría de víctimas reciben desembolso cuando el juez ordena y en mi caso el desacato lleva más de un año (…)”.

4. EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

14 Visto en el índice 14 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 03868 00. 15 Visto en el índice 15 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 03868 00.Radicación: 11001 03 15 000 2023 03868 01

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radicado nro. 11001 03 15 000 2023 03868 00.Radicación: 11001 03 15 000 2023 03868 01

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La Sección Cuarta del Consejo de Estado, en sentencia del 31 de agosto de 202316, dispuso lo siguiente:

“[…] 1. Declarar la falta de legitimación en la causa por activa de la señora Clelia Andrea Anaya Benavides para cuestionar los autos del 15 de septiembre de 2022 y del 22 de septiembre de 2022, y los del 14 de febrero, 22 de febrero de 2023, 31 de mayo y 7 de junio de 2023, en lo que concerniente a la decisión de sanción contra Patricia Tobón Yagarí.

2. Declarar improcedente la acción de tutela en lo demás […]”.

[Negrillas originales de la providencia].

Para ello analizó, por una parte, la legitimación en la causa por activa de la accionante para cuestionar las sanciones por desacato impuestas en su contra y frente a los señores Enrique Ardila Franco y Ramón Alberto Rodríguez, así como de la señora Patricia Tobón Yagarí, y por otra, el cumplimiento del requisito general de relevancia constitucional de las providencias cuestionadas.

Frente a lo primero, expuso que , a la señora Clelia Andrea Anaya Benavides no le asiste legitimación en la causa para cuestionar los autos del 15 de septiembre de 2022 y del 22 de septiembre de 2022, en la

Frente a lo primero, expuso que , a la señora Clelia Andrea Anaya Benavides no le asiste legitimación en la causa para cuestionar los autos del 15 de septiembre de 2022 y del 22 de septiembre de 2022, en la medida en que no fue sancionada en dichas providencias, y que, en lo concerniente a los autos del 14 de febrero de 2023, 22 de febrero de 2023, 31 de mayo de 2023 y 7 de junio de 2023, solo está legitimada para cuestionar la sanción en su contra.

En cuanto al cumplimiento del requisito general de relevancia constitucional, manifestó que en el asunto objeto de estudio no está superado, en la medida que la accionante acude a este mecanismo constitucional para insistir en los mismos argumentos que la UARIV planteó en la acción de tutela en la que se profirió la orden de amparo y en los incidentes de desacato en que resultó sancionada.

16 Visto en el índice 18 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 03868 00.Radicación: 11001 03 15 000 2023 03868 01

Accionante: Clelia Andrea Anaya Benavides

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