CE - 110010315000202303882001SENTENCIASENTENCIA20230914230938

Radicado: 11001-03-15-000-2023-03882-00

Demandante: Catalina Yaver Escobar y otros

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá D.C., catorce (14) de septiembre de dos mil veintitrés (2023) Referencia Acción de tutela Radicación 11001-03-15-000-2023-03882-00 Demandante CATALINA YAVER ESCOBAR Y OTROS Demandado CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN A Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Defectos sustantivo, por desconocimiento del precedente, fáctico y por violación directa de la Constitución Política. Medio de control de reparación directa. Ocupación permanente de inmueble por particulares. D esalojo. Acción Reivindicatoria. SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA Corresponde a la Sección Cuarta del Consejo de Estado, decidir en primera instancia, la acción de tutela incoada por Catalina Yaver Escobar y otros, de conformidad con lo dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones El 20 de junio de 2023 1, los señores Catalina Yaver Escobar, Anuar Jalil Yaver Escobar y Sonia Amparo Escobar Yaver interpusieron acción de tutela contra el

ANTECEDENTES

1. Pretensiones El 20 de junio de 2023 1, los señores Catalina Yaver Escobar, Anuar Jalil Yaver Escobar y Sonia Amparo Escobar Yaver interpusieron acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia y al debido proceso, con ocasión de la sentencia del 3 de febrero de 2023 proferida en segunda instancia en el medio de control de reparación directa Nro. 20001-23-39-000-201300425-00/01, por la que se negaron las pretensiones indemnizatorias.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones: “6.1.- Declarar sin ningún valor ni efecto la sentencia de fecha 3 de febrero de 2023, proferida en segunda instancia por la Subsección A, Sección Tercera, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado dentro del proceso de reparación directa radicado con el No. 20001-23-39-000-2013-00425-01 (57.601), por medio de la cual se revocó la sentencia del tribunal, denegó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a los demandantes. 6.2.- Como consecuencia de la anterior medida, ordenar a la autoridad accionada que, dentro del término perentorio de diez días siguientes a la notificación de la sentencia de tutela, profieran una nueva decisión en el referido proceso de reparación, que acate las consideraciones de aquella o en su defecto, atendidas las actuales circunstancias del caso, confirmar la proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar en primera instancia.

profieran una nueva decisión en el referido proceso de reparación, que acate las consideraciones de aquella o en su defecto, atendidas las actuales circunstancias del caso, confirmar la proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar en primera instancia. 6.3.- Ordenar que en lo sucesivo las autoridades accionadas se abstengan de incurrir en conductas violatorias de los derechos fundamentales”.

2. Hechos En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

1 Tutela radicada en el correo de oficina judicial, Seccional Neiva.Radicado: 11001-03-15-000-2023-03882-00

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2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2.1. Los accionantes manifestaron ser objetivo militar desde años atrás por grupos al margen de la ley, reconocidos como víctimas, por lo que se trasladaron a vivir a la ciudad de Bogotá. 2.2. La señora Catalina Yaver Escobar es propietaria de un predio ubicado en el municipio de Bosconia, Cesar. Anunciaron que el predio fue invadido por un grupo considerable de personas indeterminadas que, sin autorización se posesionaron del mismo con cambuches y viviendas improvisadas. Por tal motivo la propietaria presentó querella de lanzamiento por ocupación de hecho ante la alcaldía de Bosconia, Cesar, en la que manifestó que el 20 de septiembre de 2011 se enteró que personas indeterminadas habían invadido el inmueble de su propiedad. Mediante Resolución Nro. 599 del 7 de octubre de 2011 el alcalde de Bosconia,

de septiembre de 2011 se enteró que personas indeterminadas habían invadido el inmueble de su propiedad. Mediante Resolución Nro. 599 del 7 de octubre de 2011 el alcalde de Bosconia, Cesar, admitió la querella y ordenó el lanzamiento por ocupación de hecho de todas las personas que se encontraban en el inmueble de propiedad de la señora Yaver Escobar y, para la práctica de la diligencia delegó al inspector de policía de Bosconia, quien le pidió a la actora solicitar apoyo de la policía de carreteras y del ESMAD. 2.3. Mediante auto del 1º de noviembre de 2011 el inspector de policía ordenó el lanzamiento por ocupación de hecho de todas las personas indeterminadas que se encontraban en el inmueble de propiedad de la actora Catalina Yaver Escobar y, posteriormente, en auto del 24 de noviembre de 2011 fijó como fecha para llevar a cabo diligencia de lanzamiento por ocupación el 14 de diciembre de ese mismo año. Sin embargo, en días previos a la diligencia, los actores se reunieron con la administración municipal para establecer aspectos relacionados con la diligencia, entre ellos, la necesidad de contar con el ESMAD, lo que implicaba correr con unos gastos de traslado, alimentación y hospedaje de los hombres de apoyo, lo que no podía ser cubierto por los actores ya que superaba los 40 millones de pesos dada la necesidad de contar con personal suficiente, pues que estaban asentadas varias familias allí con cambuche s y carpas improvisadas, la mayoría personas desplazadas por la violencia, niños y ancianos. Pese a los distintos intentos de llevar a cabo la diligencia en diversas fechas

que estaban asentadas varias familias allí con cambuche s y carpas improvisadas, la mayoría personas desplazadas por la violencia, niños y ancianos. Pese a los distintos intentos de llevar a cabo la diligencia en diversas fechas programadas, finalmente no pudo realizarse. Se intentó una entrega voluntaria y se logró la entrega de una parte del terreno pero, la señora Yaver Escobar no aceptó entregas parciales al quedar alrededor de 69 familias en el área de terreno aún pendientes por desocupar. Hechos relativos al medio de control de reparación directa Nro. 20001 -23-39000-2013-00425-00/01 2.4. Los señores Catalina Yaver Escobar, Anuar Jalil Yaver Escobar y Sonia Amparo Escobar Yaver, en ejercicio del medio de control de reparación directa promovieron demanda contra el municipio de Bosconia, Cesar, con el fin de que se le declarara patrimonialmente responsable “por la conducta omisiva de no haber efectuado el lanzamiento de las personas que invadieron el inmueble urbano de propiedad de la señora Catalina Yaver Escobar” y, en consecuencia, pidieron el reconocimiento y pago de perjuicios materiales y morales, así: (i) Daño Emergente, correspondiente al valor del inmueble, gastos de traslado, alojamiento y demás por el constante traslado desde Bogotá para la defensa legal y material del predio invadido por la ocupación de hecho de losRadicado: 11001-03-15-000-2023-03882-00

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3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co particulares, (ii) lucro cesante, por concepto de los frutos producidos por el inmueble y (iii) perjuicios morales, por el sufrimiento y zozobra por el temor de tener como perdido un bien que heredaron de su padre. 2.5. En primera instancia conoció del asunto el Tribunal Administrativo del Cesar, bajo el radicado Nro. 20001-23-39-000-2013-00425-00. E n sentencia del 5 de mayo de 2016, dicha autoridad accedió a las pretensiones de la demanda al concluir que la administración no podía trasladar al ciudadano la obligación de proteger la vida, honra y bienes de las personas y, que los costos que se debían cubrir para el traslado, alojamiento y alimentación de los uniformados, a fin de garantizar la diligencia de desalojo de los invasores del predio de propiedad la señora Yaver Escobar era excesivo. En ese orden de ideas, afirmó que se configuraba la responsabilidad por falla del servicio del municipio de Bosconia, Cesar, por la conducta omisiva de no efectuar el lanzamiento por ocupación de hecho de las personas indeterminadas que invadieron el lote de propiedad de la actora Catalina Yaver Escobar y, que por tanto, sí existía un nexo vinculante entre la omisión de la entidad demandada y el hecho dañoso, ya que a las víctimas habían sufrido un daño que no estaban en la obligación de soportar. 2.6. La anterior decisión fue apelada por el municipio de Bosconia, Cesar ante el

entidad demandada y el hecho dañoso, ya que a las víctimas habían sufrido un daño que no estaban en la obligación de soportar. 2.6. La anterior decisión fue apelada por el municipio de Bosconia, Cesar ante el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A que, en sentencia del 3 de febrero de 2023 <<notificada por correo electrónico el 22 de febrero de 2023>>, la revocó y, en su lugar, negó las pretensiones de los demandantes. Para la Sección Tercera de esta Corporación, del material probatorio allegado no era posible tener por acreditado que efectivamente la parte actora hubiera perdido la propiedad de su bien inmueble y que, por tanto, ameritara el estudio de la imputación respecto de la demanda. A esta conclusión llegó, luego de verificar que dado el carácter policivo del procedimiento de lanzamiento por ocupación de hecho, las medidas en él adoptadas subsistían mientras el juez no decidiera otra cosa, de manera que el éxito o fracaso del querella nte en esa actuación no impedía que el mismo asunto pudiera tramitarse ante el juez civil, sobre todo en los eventos en que dicho trámite no fuera eficaz en la protección de la posesión, caso en el cual el afectado podría ejercer, en aras de la protección de su derecho, la acción reivindicatoria regulada en los artículos 946 a 971 del Código Civil. En ese sentido, consideró que la razón por la que el reconocimiento de la indemnización por la pérdida definitiva del inmueble resultaría procedente, solo en el evento en que quedara acreditado que el predio no podía recuperarse debido a razones de interés general que harían que el desalojo fuera

indemnización por la pérdida definitiva del inmueble resultaría procedente, solo en el evento en que quedara acreditado que el predio no podía recuperarse debido a razones de interés general que harían que el desalojo fuera impracticable, aunque fuera ordenado por el juez civil en un proceso posesorio o reivindicatorio. Precisó que, aunque el procedimiento de lanzamiento por ocupación de hecho no culminó con la restitución de la posesión del predio de propiedad de la parte actora, esa situación no había derivado en una pérdida absoluta o definitiva del inmueble de su propiedad, por cuanto no quedó demostrado que razones de orden social hicieran impracticable una futura orden de desalojo dictada en un juicio reivindicatorio.

3. Fundamentos de la acción Los accionantes consideraron que al proferir la sentencia del 3 de febrero de 2023 en el medio de control de reparación directa Nro. 20001-23-39-000-2013-0042500/01 el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A incurrió en los defectosRadicado: 11001-03-15-000-2023-03882-00

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4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co sustantivo, por desconocimiento del precedente jurisprudencial, fáctico , por violación directa de la Constitución Política. 3.1. Defecto sustantivo. Para la parte actora, se dejaron de aplicar tanto el artículo 90 de la Constitución Política como los artículos 140, 190 inciso segundo y 191 de la Ley 1437 de 2011, que se refieren a la responsabilidad patrimonial del

90 de la Constitución Política como los artículos 140, 190 inciso segundo y 191 de la Ley 1437 de 2011, que se refieren a la responsabilidad patrimonial del Estado por daños antijurídicos y su r eparación por la invasión de bienes de propiedad privada y su no desalojo por causa de aquel. Dijeron que se activaron oportuna y de manera diligente los mecanismos administrativos para la protección de sus derechos de propiedad que no se ejecutó de forma efectiva y eficiente por el incumplimiento de las autoridades en el ejercicio de sus funciones constitucionales y legales y además, consideraron que no era necesario interponer otras acciones judiciales o administrativas para la recuperación material de los bienes, dado que además de que su ejercicio era potestativo, el precedente del Consejo de Es tado los exoneraba de agotar todas las vías existentes cuando había una imposibilidad material de ejecutar el desalojo por una situación social o de interés general que estaba debidamente probada. Para los actores, la decisión atacada perdió de vista que la administración municipal escudada en pretextos se había rehusado a desalojar a los invasores y que, por el contrario, patrocinaba la ilegal ocupación instalando obras de servicios públicos en dicho lugar. Además, que se imponían cargas adicionales como la utilización de la acción civil reivindicatoria o posesoria para determinar en el futuro la materialización de un daño que ya estaba causado en el presente y que era cierto. En su criterio, la autoridad judicial accionada trató erradamente de significar que, las diligencias policivas iniciadas por los afectados no eran las idóneas para garantizar sus derechos, en especial el de posesión, por lo que debieron acudir a la jurisdicción civil.

que, las diligencias policivas iniciadas por los afectados no eran las idóneas para garantizar sus derechos, en especial el de posesión, por lo que debieron acudir a la jurisdicción civil. 3.2. Defecto por desconocimiento del precedente jurisprudencial. Manifestaron que la autoridad judicial accionada se apartó del precedente sin justificación alguna, en concreto, de las sentencias SU -157 de 2022 de la Corte Constitucional y, de la Sección Tercera del Consejo de Estado mencionando a pie de página los siguientes datos: sentencia del 26 de agosto de 2015, expediente Nro. 30827 de la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado, con ponencia del doctor Hernán Andrade Rincón (E). Insistieron en que no era posible que después de 12 años se hubiera perdido el dominio material del predio y el juez de segunda instancia hubiera manifestado que, ante la imposibilidad de realizar el desalojo, debía adelantarse un proceso judicial reivindi catorio, lo que nuevamente censuró como anunció en el defecto sustantivo propuesto. 3.3. Defecto fáctico. Por cuanto se dejó de apreciar que las pruebas allegadas en el proceso de reparación directa se concluía la pérdida absoluta de la posesión del inmueble por los afectados en la medida que sobre él ya estaba conformado un asentamiento humano organizado como viviendas de un gran número de personas y que incluso las autoridades municipales y las empresas de servicios públicos habían venido “legalizando” con acciones como la apertura de vías y la instalación de servicios públicos. Que tampoco se apreció del acervo probatorio que la situación de despojo o invasión ilegal, no obstante haber sido denunciada oportunamente, no había

apertura de vías y la instalación de servicios públicos. Que tampoco se apreció del acervo probatorio que la situación de despojo o invasión ilegal, no obstante haber sido denunciada oportunamente, no había sido contenida ni revertida por parte de las autoridades de policíaRadicado: 11001-03-15-000-2023-03882-00

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5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co competentes, omisión que fue causa eficiente y definitiva para la pérdida material absoluta de la posesión del inmueble y los daños antijurídicos que se les ocasionaron. 3.4. Defecto por violación directa de la Constitución Política. Cuyo sustento fue el siguiente: “Mas sin embargo, a pesar de que se evidenció en el proceso de reparación que las autoridades municipales expidieron las resoluciones No. 599 de octubre de 2011, expedida por el Alcalde Municipal de Bosconia donde ordena el desalojo de todas las personas q ue se encontraran o llegaran al predio, y delega al inspector Central de Policía del Municipio de Bosconia las facultades para señalar fecha y hora para efectuar el determinado lanzamiento para efectos de restablecer la posesión de la demandante, y la Reso lución No. 642 de noviembre de 2011, por medio de la cual confirma la anterior decisión, lo cierto es que no las hicieron cumplir. Esta omisión obedeció a la anteposición de una serie de circunstancias que encuadran con la imposición de restricciones irrazonables y desproporcionadas y de todo tipo de barreras para

hicieron cumplir. Esta omisión obedeció a la anteposición de una serie de circunstancias que encuadran con la imposición de restricciones irrazonables y desproporcionadas y de todo tipo de barreras para lograr su ejecución que terminaron por enervar el mecanismo de defensa para la protección real y material de los derechos de los accionantes, sin que el desconocimiento de estas garantías pese a ser patentes en el proceso de reparación, le merecieran ninguna corrección al juez ordinario, por la no materialización de la tutela judicial efectiva”.

4. Trámite impartido e intervenciones 4.1. Por auto del 25 de julio de 2023, el despacho ponente admitió la acción de tutela, ordenó notificar a las partes accionante y accionada y, dispuso la vinculación del Municipio de Bosconia, Cesar quien actuó como demandado en el proceso de reparación directa y al Tribunal Administrativo del Cesar quien emitió la decisión de primera instancia. 4.2. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, rindió informe en el que manifestó que la decisión se había adoptado conforme con las normas, lo probado en el expediente y con apego al debido proceso.

Del defecto sustantivo, sostuvo que no se evidenciaba la inaplicación de las normas que eran procedentes al caso concreto, del defecto fáctico precisó que no se indicó de manera específica cuáles habían sido las pruebas dejadas de valorar o valoradas de ma nera incompleta y que, por el contrario, en la providencia estaban enunciados los medios de prueba tenidos en cuenta de manera que lo que se evidenciaba era una inconformidad en la forma como se había hecho tal análisis al no haber sido favorable a sus intereses.

providencia estaban enunciados los medios de prueba tenidos en cuenta de manera que lo que se evidenciaba era una inconformidad en la forma como se había hecho tal análisis al no haber sido favorable a sus intereses. En cuanto al defecto por desconocimiento del precedente, indicó que no bastaba la enunciación de una cita jurisprudencial de manera aislada sino que era necesario contextualizar las razones por la que se trataba de un precedente desconocido y, concluyó que tampoco se advertía una vulneración de los postulados de la Constitución Política. Finalmente, consideró que el actor buscaba revivir la controversia y que la tutela no podía ser entendida como una tercera instancia, por lo que, en su criterio, la misma era improcedente. 4.3. El Municipio de Bosconia, Cesar, en su informe citó unos apartes jurisprudenciales en relación con los requisitos de procedencia de la tutela contra providencia judicial y, en consecuencia, pidió se desestimaran las pretensiones de la demanda. 4.4. El Tribunal Administrativo del Cesar, remitió el enlace de acceso al expediente. No se pronunció del fondo del asunto en esta oportunidad.Radicado: 11001-03-15-000-2023-03882-00

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CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y reglamentada por el Decreto 2591 de 1991 2, fue concebida como un mecanismo

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y reglamentada por el Decreto 2591 de 1991 2, fue concebida como un mecanismo para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales, ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales de altas corporaciones La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales, y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales3 y especiales4 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos especiales de la acción.

Cuando por vía de tutela se cuestiona una providencia judicial proferida por la Corte Suprema de Justicia o por el Consejo de Estado, la procedencia de la acción de amparo es más restrictiva debido a que estas corporaciones son las encargadas de unificar la jurisprudencia en sus respectivas jurisdicciones. Por ende, los principios de autonomía e independencia judicial adquieren mayor relevancia. Es así como, la Corte Constitucional ha indicado que, como presupuesto adicional para admitir la procedencia de la acción de tutela, la providencia judicial atacada debe contener un error ostensible, manifiesto y flagrante que riña de manera directa con la

Corte Constitucional ha indicado que, como presupuesto adicional para admitir la procedencia de la acción de tutela, la providencia judicial atacada debe contener un error ostensible, manifiesto y flagrante que riña de manera directa con la Constitución Política y que justifique la intervención del juez constitucional. Según lo anterior, en los eventos en que por vía de tutela se cuestione una providencia proferida por una alta corporación, corresponde al juez de tutela verificar el cumplimiento de: i) los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; ii) la existencia de una o varias causales especiales de procedibilidad; y iii) la configuración de un defecto en la providencia judicial acusada que haga que esta riña de manera abierta con la Constitución Política y sea incompatible con la jurisprudencia constitucional.

3. Delimitación y planteamiento del problema jurídico 3.1. De acuerdo con los fundamentos planteados por la parte actora, advierte la Sala que en relación con el defecto por violación directa de la Constitución Política que anunciaron los actores, en realidad lo que se plantea es una inconformidad frente a los argumentos de la sentencia cuestionada que, a su

2 Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnera dos o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto”.

nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnera dos o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto”. 3 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; v) que no se trate de una decisión pro ferida en sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en la providencia atacada. 4 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) defecto orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii) defecto por violación directa de la Constitución.Radicado: 11001-03-15-000-2023-03882-00

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7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co juicio, lesionó sus derechos y garantías, sin un desarrollo que permita un estudio de este defecto, razón por la que el análisis estará circunscrito a los

www.consejodeestado.gov.co juicio, lesionó sus derechos y garantías, sin un desarrollo que permita un estudio de este defecto, razón por la que el análisis estará circunscrito a los defectos sustantivo, por desconocimiento del precedente y fáctico, anunciados por los accionantes. 3.2. Hecha la anterior precisión, teniendo en cuenta el escrito de tutela y la situación fáctica concreta, corresponde a la Sala determinar, si al proferir la sentencia del 3 de febrero de 2023, dentro del proceso de reparación directa Nro. 20001-23-39-000-2013-00425-00/01, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, incurrió en los defectos sustantivo, por desconocimiento del precedente jurisprudencial y fáctico, al haber considerado que no había lugar a declarar la responsabilidad del Estado con ocasi ón de la imposibilidad de haber llevado a cabo el desalojo de quienes actualmente habitan el predio de la accionante Catalina Yaver Escobar y, anunciar que tenían a disposición la posibilidad de iniciar una acción reivindicatoria. Además, por no haber hecho a juicio de los accionantes, un adecuado estudio y valoración de los elementos de prueba que obraban en el expediente y que demostraban l a ocupación de personas en el predio, así como actos por parte de la autoridad territorial que llevaban a evidenciar que estaban de algún modo legalizando la situación de la ocupación del predio.

4. Defectos sustantivo, por desconocimiento del precedente y fáctico, propuestos por la parte actora. 4.1. El defecto sustantivo, es un vicio relacionado con la interpretación y aplicación de las disposiciones que integran el ordenamiento jurídico, que tiene una

propuestos por la parte actora. 4.1. El defecto sustantivo, es un vicio relacionado con la interpretación y aplicación de las disposiciones que integran el ordenamiento jurídico, que tiene una incidencia directa en la decisión y del que se puede predicar que de forma directa y autónoma lesiona los derechos fundamentales. La jurisprudencia constitucional ha considerado que este defecto se produce, entre otros eventos, cuando la aplicación de la norma al caso concreto no se encuentra dentro del marco de interpretación razonable o la aplicación de la regla es inaceptable por tratarse de una interpretación contra legem5. Respecto del defecto sustantivo por inaplicación de una norma, en la sentencia T -281 de 2015 , la Corte Constitucional precisó que , entre otras razones, se presenta cuando: (i) La norma aplicable al caso concreto es ignorada y por ende inaplicada; (ii) La decisión cuestionada se funda en una norma indiscutiblemente inaplicable al caso concreto, porque es impertinente, no se encuentra vigente al haber sido derogada o declarada inexequible o es inconstitucional y el funcionario se abstuvo de aplicar la excepción de inconstitucionalidad; (iii) La interpretación o aplicación que se hace de la norma en el caso concreto, desconoce sentencias con efectos erga omnes que han definido su alcance; (iv) La interpretación del precepto normativo se hace de manera aislada, sin considerar otras disposiciones aplicables al caso; (v) Se fundamenta la decisión en una disposición cuya aplicación en el caso concreto resulta contraria a la Constitución; (vi) Aplica la norma desconociendo las sentencias con efectos erga omnes de la jurisdicción

disposiciones aplicables al caso; (v) Se fundamenta la decisión en una disposición cuya aplicación en el caso concreto resulta contraria a la Constitución; (vi) Aplica la norma desconociendo las sentencias con efectos erga omnes de la jurisdicción constitucional o de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, que contienen precedentes vinculantes, excepto cuando se brindan argumentos razonables y suficientes para desatenderlos”. 4.2. Por su parte, el precedente judicial alude a que un caso similar ya ha sido resuelto en el pasado y sirve como referente para que se decidan otros conflictos semejantes. Ese precedente, por su pertinencia, debe ser considerado por el juez al momento de decidir el nuevo caso. Por lo anterior,

5 Corte Constitucional. Sentencia T-367 de 2018. M.P. Cristina Pardo Schlesinger.Radicado: 11001-03-15-000-2023-03882-00

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8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co la aplicación del precedente busca armonizar y salvaguardar los principios de igualdad y seguridad jurídica para que asuntos idénticos se decidan de la misma forma y, consecuentemente, se garantice el debido pr