CE - 110010315000202303895011SENTENCIA20231219132653

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., veintitrés (23) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Acción : Tutela (impugnación) Expediente : 11001-03-15-000-2023-03895-00011

Actor : Aquiles Alberto Sánchez Noguera Accionados : Tribunal Administrativo del Atlántico Tema : Tutela contra providencia judicial Derechos presuntamente vulnerados : Al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, al mínimo vital y a la dignidad humana

Procede la Sala a decidir la impugnación formulada por el demandante contra la sentencia del 18 de agosto de 2023, proferida por el Consejo de Estado, Sección Cuarta2, que declaró improcedente el trámite constitucional de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1.1 Contexto fáctico.

De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los hechos probados en el expediente de tutela, así como los argumentos expuestos por el actor frente a la providencia judicial objeto de censura. Luego, se revisará lo relativo a la procedencia general de la acción de tutela y, finalmente, se determinará lo que, en Derecho corresponda en torno a las pretensiones del accionante.

Hechos probados.

a) El 19 de noviembre de 1999 el actor fue designado en provisionalidad en el cargo de inspector del trabajo, código 3185, grado 8, de la Dirección Territorial del

Hechos probados.

a) El 19 de noviembre de 1999 el actor fue designado en provisionalidad en el cargo de inspector del trabajo, código 3185, grado 8, de la Dirección Territorial del Atlántico del hoy Ministerio del Trabajo, empleo cuya denominación fue modificada, a través del Decreto 1616 de 2015, que lo reclasificó como inspector de trabajo y seguridad social, código 2003, grado 12.

1 Resulta oportuno precisar que las presentes diligencias reposan en el expediente digital contenido en la herramienta electrónica para la gestión judicial denominada Samai. 2 C. P. Milton Chaves GarcíaAcción de tutela 11001-03-15-000-2023-03895-01

Actor: Aquiles Alberto Sánchez Noguera

2 b) La Comisión Nacional del Servicio Civil, mediante Acuerdo 20161000001296 de 29 de julio de 2016, convocó a concurso de méritos para proveer empleos en entidades del orden nacional, en el que ofreció 39 cargos profesionales del Ministerio del Trabajo, de los cuales 31 correspondían al de inspector del trabajo y seguridad social, código 2003, grado 14, de la Dirección Territorial del Atlántico de dicha cartera.

c) Con Resolución 3813 del 3 de septiembre de 2018, el accionante fue nombrado en provisionalidad en el empleo de inspector de trabajo y seguridad social, código 2003, grado 14, en la Dirección Territorial del Atlántico del Ministerio del Trabajo.

d) Luego de surtirse las diferentes etapas del procedimiento de selección, la Comisión Nacional del Servicio Civil, a través de la Resolución 20192120020265 de

2003, grado 14, en la Dirección Territorial del Atlántico del Ministerio del Trabajo.

d) Luego de surtirse las diferentes etapas del procedimiento de selección, la Comisión Nacional del Servicio Civil, a través de la Resolución 20192120020265 de 29 de marzo de 2019, “ conform[ó] y adopt[ó]” la lista de elegibles para proveer los cargos de inspector del trabajo y seguridad social, código 2003, grado 14, integrada con cincuenta (50) personas.

e) El 5 de mayo de 2019 el accionante informó al Ministerio del Trabajo que tenía la condición de padre cabeza de familia, pues sus cuatro (4) menores hijos y su esposa dependían de él, por ende, debía garantizarse la continuidad de su nombramiento, petic ión desestimada por la aludida autoridad, mediante Oficio 8SE2019420100000020578 del 29 de los mismos mes y año, en razón a que no era posible su reubicación, dado que el número de concursantes consignados en la lista de elegibles era superior a los cargos con la denominación que él ocupaba y debían privilegiarse los derechos de carrera administrativa.

f) Mediante Resolución 4143 del 10 de octubre de 2019, el Ministerio del Trabajo (i) nombró en período de prueba a algunos aspirantes al cargo de inspector del trabajo y seguridad social, código 2003, grado 14, de la dirección territorial del Atlántico; y (ii) dio por terminado “ automáticamente los nombramientos en provisionalidad ” de quienes ocupaban los empleos, dentro de los que se encontraba el tutelante.

g) El 1º de julio de 2020 el accionante instauró demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Nación – Ministerio del Trabajo

quienes ocupaban los empleos, dentro de los que se encontraba el tutelante.

g) El 1º de julio de 2020 el accionante instauró demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Nación – Ministerio del Trabajo (expediente 08001 -33-33-007-2020-00090-00), con el propósito de obtener: la anulación del acto administrativo señalado en precedencia, su reintegro y el pago de los salarios y demás emolumentos dejados de recibir, por cu anto se retiró delAcción de tutela 11001-03-15-000-2023-03895-01

Actor: Aquiles Alberto Sánchez Noguera

3 servicio sin advertir que era padre cabeza de familia y sin contar con autorización del juez del trabajo, lo cual era indispensable por tener fuero sindical, circunstancias de las que se infieren que su desvinculación fue ilegal.

h) El Juzgado Séptimo (7º) Administrativo de Barranquilla negó las pretensiones ordinarias mediante fallo del 29 de marzo de 2022, al considerar que las normas invocadas en la demanda no eran aplicables a la situación fáctica debatida, porque ellas establecen que, la reubicación de las personas que ocupan un cargo público en provisionalidad procede cuando existan empleos disponibles, lo cual no acontece en relación con el de inspector del trabajo y seguridad social, código 2003, grado 14, pues se ofrecieron 31 y la lista de elegibles fue integrada con 50 personas.

1. El demandante interpuso recurso de apelación, señalando que, al momento de ser retirado aún estaban disponibles cargos de la misma denominación al que ocupaba y la parte ahí demandada no acreditó la adopción de medidas orientadas

1. El demandante interpuso recurso de apelación, señalando que, al momento de ser retirado aún estaban disponibles cargos de la misma denominación al que ocupaba y la parte ahí demandada no acreditó la adopción de medidas orientadas a garantizar los derech os de los servidores públicos en situaciones de vulnerabilidad. Además, el a quo no advirtió que, por ser destinatario de fuero sindical, su desvinculación del servicio estaba supeditado a la autorización de un juez laboral, trámite que no se surtió, por tanto, su desvinculación fue ilegal.

j) El Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión conformó el fallo de primera instancia, habida cuenta de que los servidores públicos nombrados en provisionalidad gozan de estabilidad laboral relativa, por cuanto sus retiros están condicionados a que en los cargos que ocupan sean designados personas que superen un concurso de méritos, como aconteció en el asunto analizado, dado que el accionante fue removido en atención a que, en el empleo que desempeñaba se designó a una persona que integró la lista de elegibles conformada en el marco del respectivo procedimiento de selección convocado por la Comisión Nacional del Servicio Civil, por medio del Acuerdo 20161000001296 del 29 de julio de 2016.

La demanda de tutela.

El señor Aquiles Alberto Sánchez Noguera , por conducto de apoderado, p resenta acción de tutela con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, al mínimo vital y a la dignidad humana, presuntamente quebrantados por el Tribunal Administrativo del

acción de tutela con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, al mínimo vital y a la dignidad humana, presuntamente quebrantados por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión “C”.Acción de tutela 11001-03-15-000-2023-03895-01

Actor: Aquiles Alberto Sánchez Noguera

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Como consecuencia de lo anterior, pide dejar sin efectos el fallo del 29 de marzo de 20233, mediante el cual el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión “C” confirmó el del 29 de marzo de 2022, mediante el cual el Juzgado Séptimo (7º) Administrativo de Barranquilla negó las pretensiones del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovido contra la Nación – Ministerio del Trabajo (expediente 08001 -33-33-007-2020-00090-00); en su lugar, se les ordene a las autoridades accionadas emitir una nueva providencia en la que atiendan el ordenamiento jurídico.

Hechos.

En criterio del accionante, la providencia cuestionada comporta defecto sustantivo, toda vez que, inobservó (i) el artículo 2.2.5.3.2 del Decreto 648 de 2017, que prevé que la provisión de empleos en el marco de un concurso de méritos debe efectuarse en atención a las particularidades de quienes los ocupan en provisionalidad; y (ii) el artículo 405 del Código Sustantivo del Trabajo, que establece la prohibición de despedir a trabajadores que tienen fuero sindical sin autorización previa del juez laboral, puesto que fue retirado del servicio sin que la administración de justicia haya consentido esa determinación.

despedir a trabajadores que tienen fuero sindical sin autorización previa del juez laboral, puesto que fue retirado del servicio sin que la administración de justicia haya consentido esa determinación.

Afirma que la sentencia atacada también involucra un defecto fáctico, por cuanto no advirtió que los elementos de convicción allegados al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 08001-33-33-007-2020-00090-00, dan cuenta de que el Ministerio del Trabajo no agotó el procedimiento fijado en el sistema normativo para retirar a un servidor público con fuero sindical y que tenía la condición de padre cabeza de familia, lo que imponía su reubicación.

Que el fallo censurado incurre en desconocimiento del precedente, habida cuenta de que no tuvo en cuenta el criterio del Consejo de Estado 4 y de la Corte Constitucional5, según el cual los servidores nombrados en provisionalidad en circunstancias de debilidad manifiesta deben ser reubicados cuando en los cargos que ocupan se designan a personas que superen concursos de méritos. Asimismo,

3 M. P. César Augusto Torres Ormaza. 4 Sentencias de (i) 3 de marzo de 2011, expediente 11001-03-15-000-2010-01271-01; (ii) 16 de agosto de 2018, C. P. Oswaldo Giraldo López, expediente 11001 -03-15-000-2018-01547-00; y (iii) 15 de julio de 2019, C. P. Gabriel Valbuena Hernández, expediente 11001-03-15-000-2019-01744-00.

Giraldo López, expediente 11001 -03-15-000-2018-01547-00; y (iii) 15 de julio de 2019, C. P. Gabriel Valbuena Hernández, expediente 11001-03-15-000-2019-01744-00. 5 Sentencia SU-691 de 2017, M. P. Alejandro Linares Cantillo.Acción de tutela 11001-03-15-000-2023-03895-01

Actor: Aquiles Alberto Sánchez Noguera

5 desatendió la providencia del 13 de febrero de 2020, a través de la cual el Tribunal Superior de Medellín, dentro de la acción de amparo con radicación «2019-00065», ordenó reintegrar a una persona despedida que tenía fuero sindical.

1.3 Contestaciones de la acción.

1.3.1 El Ministerio del Trabajo . Pidió negar el amparo deprecado, comoquiera que el retiro del actor se produjo por la necesidad de privilegiar los derechos de carrera administrativa y no gozaba de estabilidad en el empleo, dado que su vinculación era en provisionalidad, por tanto, esta ba condicionada a la realización de un concurso de méritos.

Que la Comisión Nacional del Servicio Civil realizó la “ convocatoria 428 de 2016 ”, orientada a proveer cargos en entidades del orden nacional, dentro de las que se encontraba el Ministerio del Trabajo, procedimiento de selección en el que se ofrecieron un (31) plazas de inspector del trabajo, código 2003, grado 14, y se integró la cor respondiente lista de elegibles con cincuenta (50) aspirantes, de manera que no era dable reubicar al actor, por cuanto el número de personas que superaron el concurso de méritos era mayor a las vacantes ofrecidas.

integró la cor respondiente lista de elegibles con cincuenta (50) aspirantes, de manera que no era dable reubicar al actor, por cuanto el número de personas que superaron el concurso de méritos era mayor a las vacantes ofrecidas.

Concluye que, si bien el sistema normativo señala que la remoción de servidores públicos que tienen fuero sindical debe estar precedida de una autorización del juez laboral, esa exigencia no opera cuando el retiro de ellos tiene como propósito la designación en los cargos que ocupan de personas que superaron un concurso de méritos, conforme al art ículo 24 de la Ley 760 de 2005, en consecuencia, para desvincular al actor no se requería beneplácito alguno de la administración de justicia.

1.3.2 El Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión “C” . Se pronunció sobre las actuaciones surtidas en segunda instancia, dentro del expediente 08001-33-33-007-2020-00090-00, pero no hizo mención alguna respecto de las pretensiones del tutelante.

1.4 Providencia impugnada.

El Consejo de Estado, Sección Cuarta, por medio de sentencia del 7 de septiembre de 2023 declaró improcedente la tutela de la referencia, al considerar que noAcción de tutela 11001-03-15-000-2023-03895-01

Actor: Aquiles Alberto Sánchez Noguera

6 satisface la exigencia de la subsidiariedad, toda vez que, el actor debía solicitar la adición del fallo atacado, en virtud del artículo 287 del Código General del Proceso (CGP), y no lo hizo, con el fin de que las autoridades accionadas se pronunciaran sobre su condición de servidor público con fuero sindical, ya que omitieron decidir

adición del fallo atacado, en virtud del artículo 287 del Código General del Proceso (CGP), y no lo hizo, con el fin de que las autoridades accionadas se pronunciaran sobre su condición de servidor público con fuero sindical, ya que omitieron decidir sobre el particular.

Que, además, la tutela tampoco colma el requisito de procedibilidad de relevancia constitucional, en razón a que los argumentos empleados en la solicitud de amparo son los mismos que formuló en sede contencioso-administrativa, de lo que se colige que emplea este mecanismo judicial como una tercera instancia.

1.5 Impugnación.

Inconforme con la anterior decisión, el accionante la impugna con fundamento en las mismas aserciones planteadas en la solicitud de amparo, a las que agrega que las autoridades accionadas si analizaron su “condición de aforado”, por consiguiente, no era dable que solicitara la adición del fallo censurado.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia.

En virtud de los artículos 326 del Decreto ley 2591 de 19917 y 258 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 9 expedido por la Sala Plena del Consejo de Estado, esta Subsección es competente para conocer de la presente impugnación.

2.2 Análisis general de procedencia de la acción de tutela.

Para determinar la procedencia de esta acción constitucional, se debe precisar que la jurisprudencia constitucional 10 ha establecido para tal propósito los siguientes requisitos generales:

6 «Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días

la jurisprudencia constitucional 10 ha establecido para tal propósito los siguientes requisitos generales:

6 «Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico correspondiente […]». 7 «Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política». 8 «[…] Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera y en segunda instancia se someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto. […]». 9 «Reglamento interno del Consejo de Estado». 10 Corte Constitucional, SU-128 de 2021, M. P. Cristina Pardo Schlesinger.Acción de tutela 11001-03-15-000-2023-03895-01

Actor: Aquiles Alberto Sánchez Noguera

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Requisito Explicación

1. Relevancia constitucional Que la tutela no se emplee como una instancia adicional del juicio ordinario ni que comporte discusiones meramente legales y/o económicas, es decir, se debe fundamentar porqué la cuestión planteada afecta derechos fundamentales.

Al respecto, la Corte Constitucional, en Sentencia SU -573 de 201911, determinó que este presupuesto tiene 3 finalidades: «(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional 12 y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad 13; (ii) restringir el ejercicio de la

de las jurisdicciones diferentes a la constitucional 12 y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad 13; (ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales 14 y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces15».

2. Subsidiariedad Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable.

3. Inmediatez Que la tutela se interponga en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración

4. Irregularidad procesal debe tener impacto en la sentencia que se ataca Se debe demostrar, en caso de alegarse alguna irregularidad procesal, que esta tiene un efecto decisivo o determinante en la providencia objeto de reproche y que afecta garantías superiores de la parte actora. 5. Identificación de hechos y exponerlos en sede ordinaria Que el actor identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial siempre que esto hubiese sido posible.

6. Que no se trate de sentencias de tutela Que la providencia reprochada no haya decidido un trámite de tutela.

Adicionalmente, es necesario precisar que, el Consejo de Estado, mediante

siempre que esto hubiese sido posible.

6. Que no se trate de sentencias de tutela Que la providencia reprochada no haya decidido un trámite de tutela.

Adicionalmente, es necesario precisar que, el Consejo de Estado, mediante sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente 11001-03-15-000-2012-02201-0116, en cuanto al presupuesto de la inmediatez, precisó como término razonable para ejercer la acción de tutela contra providencias judiciales dictadas por la jurisdicción contencioso-administrativa, seis (6) meses contados a partir de su notificación o ejecutoria.

Para arribar a la anterior conclusión, el Consejo de Estado sostuvo que, aunque el presupuesto de inmediatez es exigible para todas las acciones de tutela, lo cierto es que, cuando se trata de un recurso de amparo contra providencias judiciales, el lapso de seis (6) meses se justifica como resultado de la garantía de los principios

11 M. P. Carlos Bernal Pulido. 12 Sentencia C-590 de 2005. 13 Al respecto, ver las sentencias T-335 de 2000, T-1044 de 2007, T-658 de 2008, T-505 de 2009, T-610 de 2009, T-896 de 2010, T-040 de 2011, T -338 de 2012, T-512 de 2012, T -543 de 2012, T -1061 de 2012, T-931 de 2013, T -182 de 2014 y T406 de 2014. 14 Sentencia C-590 de 2005. 15 Sentencia T-102 de 2006. 16 Demandante: Alpina Productos Alimenticios S. A., Accionada: Sección Primera, Consejo de Estado, C. P. Jorge Octavio

406 de 2014. 14 Sentencia C-590 de 2005. 15 Sentencia T-102 de 2006. 16 Demandante: Alpina Productos Alimenticios S. A., Accionada: Sección Primera, Consejo de Estado, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.Acción de tutela 11001-03-15-000-2023-03895-01

Actor: Aquiles Alberto Sánchez Noguera

8 de cosa juzgada y seguridad jurídica, sin contar que, con ello se pueden vulnerar derechos de terceros.

Sin perjuicio de lo expuesto, en dicha providencia se advirtió que resulta indispensable analizar la situación concreta sometida al juez de tutela, en particular, «(…) (i) si existe un motivo válido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el núcleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tardío de la acción y la vulneración de los derechos fundamentales del interesado; 17 (iv) si el fundamento de la acción de tutela surgió después de acaecida la actuación violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposición18.”19».

De igual modo, aceptó que, conforme a la jurisprudencia constitucional 20, existen dos excepciones a la aplicación del requisito de inmediatez, estas son: «(i) cuando se demuestre que la vulneración es permanente en el tiempo y que, pese a que el hecho que la originó por primera vez es muy antiguo respecto de la presentación de la tutela, la situación es continua y actual. Y (ii) cuando la especial situación de aquella persona a quien se le han vulnerado sus derechos

pese a que el hecho que la originó por primera vez es muy antiguo respecto de la presentación de la tutela, la situación es continua y actual. Y (ii) cuando la especial situación de aquella persona a quien se le han vulnerado sus derechos fundamentales, hace desproporcionado el hecho de adjudicarle la carga de acudir a un juez; por ejemplo, el estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad física, ent re otros». Situaciones que deberán ser analizadas en cada caso, en el evento en que se acuda a la tutela en un término superior al mencionado (6 meses).

Esbozado el anterior panorama, debe examinarse si los anteriores presupuestos se configuran en el presente asunto, con el fin de proseguir con el estudio de las causales específicas de procedibilidad (que se explicarán más adelante), de la siguiente manera:

Requisito Cumplimiento Si - No 1. Relevancia constitucional Sí. Por cuanto (i) recae sobre la presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, mínimo vital y dignidad humana del accionante. Por lo anterior, no se comparte la determinación

17 Sentencia SU-961/99. 18 Sentencia T-814/05. Ver también, Sentencia T-728/02. 19 Corte Constitucional. Sentencia T-189 de 2009. 20 Sentencia T-584 de 2011.Acción de tutela 11001-03-15-000-2023-03895-01

Actor: Aquiles Alberto Sánchez Noguera

9 adoptada en primera instancia, acerca de la falta del cumplimiento de este requisito justificando que la parte accionante pretende hacer uso del recurso de amparo para

Actor: Aquiles Alberto Sánchez Noguera

9 adoptada en primera instancia, acerca de la falta del cumplimiento de este requisito justificando que la parte accionante pretende hacer uso del recurso de amparo para insistir en lo discutido en el proceso ordinario, dado que el análisis de la discusión n o se trata de la legalidad del acto administrativo sino de violación de derechos fundamentales en el trámite de la decisión del proceso ordinario. 2. Subsidiariedad Sí. Contra el proveído acusado no procede recurso alguno, toda vez que, se emitió en segunda instancia y se encuentra ejecutoriado y la figura de la figura de la adición de la sentencia no es un instrumento idóneo para acceder a las pretensiones de la demanda dado que afectaría el principio de inmutabilidad consagrado en el artículo 285 CGP. 3. Inmediatez Sí. el requisito de inmediatez se satisface, comoquiera que la determinación judicial atacada 21 quedó ejecutoriada al 27 de abril de 2023 y la solicitud de amparo se instauró el 19 de julio siguiente, es decir, dentro de un término prudencial (2 meses y 22 días)

4. Irregularidad procesal debe tener impacto en la sentencia que se ataca Sí. No se alega irregularidad procesal alguna.

5. Identificación de hechos y exponerlos en sede ordinaria Sí. Se establecieron los hechos que originaron el supuesto quebranto de las aludidas garantías superiores

6. Que no se trate de sentencia de tutela Sí. La providencia acusada no desató una acción de tutela

ordinaria Sí. Se establecieron los hechos que originaron el supuesto quebranto de las aludidas garantías superiores

6. Que no se trate de sentencia de tutela Sí. La providencia acusada no desató una acción de tutela

De lo anterior se evidencia que la presente acción de tutela cumple los presupuestos generales de procedibilidad contra providencia judiciales, razón por la cual esta Sala procederá a formular el problema jurídico que deberá resolver en el presente asunto.

2.3 Problema jurídico.

Corresponde a la Sala determinar si la sentencia del 29 de marzo de 2023, dictada por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión “C” lesionó los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, al mínimo vital y a la dignidad humana , tras considerar que, en esencia, (i) se presentó un defecto sustantivo, (ii) violación directa de la Constitución y (iii) un defecto fáctico.

Con ese propósito, la Sala se pronunciará, concretamente, sobre cada uno de los requisitos específicos de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial anteriormente mencionados.

21 El correo electrónico, mediante el que se comunicó la decisión cuestionada, fue enviado el 20 de abril de 2023, motivo por el cual se entiende notificada a los dos (2) días siguientes, esto es, el 24 de los mismos mes y año, conforme al artículo 20 5 (numeral 2) del CPACA.Acción de tutela 11001-03-15-000-2023-03895-01

Actor: Aquiles Alberto Sánchez Noguera

10 2.4 La acción.

(numeral 2) del CPACA.Acción de tutela 11001-03-15-000-2023-03895-01

Actor: Aquiles Alberto Sánchez Noguera

10 2.4 La acción.

La acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983 de 2017, fue concebida como un mecanismo excepcionalísimo para la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos, en todo tiempo y lugar frente a su amenaza o transgresión, en principio, frente a la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, y, en casos concretos respecto a particulares, siempre que no se disponga de otro medio de defensa jud icial, salvo que se trate de impedir la ocurrencia de un perjuicio irremediable, en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.

El perjuicio se considera irremediable cuando concurren unas circunstancias específicas que si bien se analizan en cada caso concreto, deben hallarse presentes, a saber: (i) que su ocurrencia sea inminente, es decir, no resulta suficiente que exista una mera posibilidad de que se produzca el daño; (ii) que la gravedad de los hechos sea de tal magnitud que cause un daño de gran intensidad sobre la persona afectada; (iii) que resulte urgente la medida de protección para que el sujeto supere la condición de amenaza en la que se encuentra; y (iv) que la acción sea impostergable, esto es, que de configurarse el perjuicio no exista forma de reparar el daño producido a ese derecho22.

2.5 La acción de tutela contra providencias judiciales.

acción sea impostergable, esto es, que de configurarse el perjuicio no exista forma de reparar el daño producido a ese derecho22.

2.5 La acción de tutela contra providencias judiciales.

La Sentencia C-590 de 2005 de la Corte Constitucional sistematizó las denominadas vías de hecho en las cuales podían incurrir las providencias dictadas por los jueces de la República en sus distintas especialidades (penal, civil, laboral, contencioso administrativo, y demás) y, por consiguiente, la procedencia excepcional de la acción de tutela en c ontra de estas. Posteriormente, mediante la Sentencia T -217 de 2010 esa misma Corporación rediseñó el ámbito de comprensión de la acción de tutela contra sentenc ias y quedó superada la noción de vía de hecho por la de causales generales y específicas de procedibilidad con el propósito de destacar, con mayor énfasis, la excepcionalidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales, la cual solamente cuando te nga indudable relevancia constitucional resulta procedente. Dicha tesis sigue vigente, por ejemplo, entre otras, en la

22 Corte Constitucional, sentencia T-003 de 2022, M. P. Jorge Enrique Ibáñez Najar.Acción de tutela 11001-03-15-000-2023-03895-01

Actor: Aquiles Alberto Sánchez Noguera

11 Sentencia SU-128 de 2021.

En esa medida, la actual doctrina constitucional establece que únicamente procede la acción de tutela en contra de decisiones judiciales cuando se cumplen, además de los requisitos generales relacionados en precedencia, los específicos que se relacionan a continuación, denominados, defectos:

Defecto Explicación

la acción de tutela en contra de decisiones judiciales cuando se cumplen, además de los requisitos generales relacionados en precedencia, los específicos que se relacionan a continuación, denominados, defectos:

Defecto Explicación

1. Orgánico Se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia.

2. Procedimental absoluto Se origina cuando el juez actúa completamente al margen del procedimiento establecido.

3. Fáctico Surge cuando el juzgador carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. 4. Material o sustantivo Cuando se funda la decisión en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre las consideraciones y la decisión. 5. Error inducido Se da cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño