CE - 110010315000202303913011SENTENCIA20231204102832

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., primero (1º) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001-03-15-000-2023-03913-01

Demandante: COMUNIDAD INDÍGENA WAYÚU DE LA LOMITA

Demandado: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTROS

Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA

ACCIÓN DE TUTELA – Petición ante autoridades / INEXISTENCIA DE VULNERACIÓN – Se corroboró que las autoridades demandadas contestaron la petición de la parte demandante / DERECHO FUNDAMENTAL A LA CONSULTA PREVIA – No se acreditó la afectación directa del pr oyecto cuya consulta solicita la comunidad demandante.

La Sala1 decide la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia del 21 de septiembre de 2023, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, que resolvió:

PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva formulada por el Presidente de la República, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y la Agencia Nacional de Minería, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hec ho superado,

Sostenible, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y la Agencia Nacional de Minería, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hec ho superado, frente a los reparos propuestos por el actor relacionados con su derecho fundamental de petición respecto del Ministerio del Interior y la Corporación Autónoma Regional de La Guajira – Corpoguajira, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: AMPARAR el derecho fundamental de petición del actor y, en consecuencia, ORDENAR a la Secretaría de Salud de La Guajira que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, responda el derecho de pet ición que le fue remitido por el Subdirector de Salud Ambiental (E), mediante escrito con radicado núm. 202321300054891 de 12 de enero de 2023 y notifique el contenido de la respuesta al peticionario, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: NEGAR, en lo demás, la solicitud de tutela presentada por el actor contra las autoridades demandadas, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

1 Se advierte que, el 8 de noviembre de 2023, el expediente ingresó al despacho de la magistrada ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.Radicación número: 11001-03-15-000-2023-03913-01

Demandante: Comunidad Indígena Wayúu de La Lomita Demandado: Presidencia de la República y otros Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

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Demandante: Comunidad Indígena Wayúu de La Lomita Demandado: Presidencia de la República y otros Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

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I. A N T E C E D E N T E S

1. Demanda

1.1. Pretensiones

El 21 de julio de 2023, el señor Calixto Fonseca Gouriyu, quien actúa en calidad de autoridad tradicional de la Comunidad Étnica Wayúu de La Lomita del Municipio de Hatonuevo2, por intermedio de apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra la Presidencia d e la República, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud y Protección Social y la sociedad Carbones del Cerrejón Limited , por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la vida, a la salud, al medio ambiente sano, de acceso al agua, a la seguridad alimentaria, al debido proceso, a la igualdad, de petición y a la consulta previa . Formuló las siguientes pretensiones:

1. Tutelar los derechos fundamentales a la vida, salud, seguridad alimentaria, acceso al agua del arroyo aguas blancas, derecho de petición, medio ambiente sano, igualdad, debido proceso, consulta previa, autonomía de la Comunidad

Étnica Indígena Wayúu de La Lomita Resguardo Indígena Wayúu de Lomamato Municipio de Hatonuevo La Guajira. Vulnerados por el Presidente de la Repúbli ca de Colombia, Ministerio del Interior, Ministerio de Salud y Protección Social y La Empresa Carbones del Cerrejón Limited, ocasionando perjuicios irremediables contra la Comunidad Indígena Wayúu de La Lomita Municipio de Hatonuevo La Guajira, donde más d e 2000 personas del

Protección Social y La Empresa Carbones del Cerrejón Limited, ocasionando perjuicios irremediables contra la Comunidad Indígena Wayúu de La Lomita Municipio de Hatonuevo La Guajira, donde más d e 2000 personas del resguardo Lomamato no tienen de dónde tomar acceso al agua, porque solo dependen del arroyo aguas blancas para subsistir.

2. Ordenar al Ministerio del Interior a convocar proceso de consulta previa entre la Comunidad Étnica Indígena Wayúu de la Lomita Resguardo Indígena de Lomamato Municipio de Hatonuevo La Guajira y la Empresa Carbones del Cerrejón Limited, para diseñar un plan con enfoque diferencial para conservar el agua del arroyo aguas blancas y su sistema ecológico de fauna, flora porque este se está destruyendo por las afectaciones y por las contaminaciones ambientales que están originando las explotaciones de carbón en su territorio colectivo y áreas de influencia.

3. Ordenar suspender la licencia ambiental expedida a la Empresa Carbones del Cerrejón Limited, para desviar el arroyo aguas blancas hasta que no se realice proceso de consulta previa entre la Comunidad Indígena Wayúu de la Lomita y la Empresa Carbones del Cerrejón L imited, para desviar el arroyo aguas blancas sin hacer consulta previa con la Comunidad Indígena Wayúu de la Lomita Municipio de Hatonuevo LA Guajira, esto está generando perjuicios irremediables, porque la comunidad étnica no tienen de dónde coger aguas para tomar. También están ocasionados perjuicios irremediables porque el agua del arroyo aguas blancas cada día está más contaminada del polvillo del

irremediables, porque la comunidad étnica no tienen de dónde coger aguas para tomar. También están ocasionados perjuicios irremediables porque el agua del arroyo aguas blancas cada día está más contaminada del polvillo del carbón, y no es agua apta para el consumo humano ni para la agricultura ni para la pesca.

4. Ordenar a la Empresa Carbones del Cerrejón Limited, elaborar un plan epidemiológico que garantice la vida, salud, presente y futura para la Comunidad Étnica de la Lomita, en el marco de un proceso de consulta previa.

5. Ordenar al Ministerio del Interior a convocar proceso de consulta previa entre

la Comunidad Indígena Wayúu de la Lomita del Resguardo Lomamato

2 Se advierte que, el 8 de noviembre de 2023, el expediente ingresó al despacho de la magistrada ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.Radicación número: 11001-03-15-000-2023-03913-01

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Municipio de Hatonuevo La Guajira y la Empresa Carbones del Cerrejón Limited, para elaborar un plan que garantice la seguridad alimentaria de la Comunidad Indí gena de la Lomita, afectadas directamente por las contaminaciones ambientales producidas por las explotaciones de carbón, que se están realizando en los diversos tajos ubicados en el área de influencia de la comunidad. Estos están generando perjuicios irremediables.

6. Ordenar al Ministerio de Salud y Protección Social, que investigue las

se están realizando en los diversos tajos ubicados en el área de influencia de la comunidad. Estos están generando perjuicios irremediables.

6. Ordenar al Ministerio de Salud y Protección Social, que investigue las enfermedades que se están originando en la población de la Comunidad Indígena Wayúu de la Lomita del Resguardo Lomamato Municipio de Hatonuevo La Guajira, por las explotaciones de carbón, realizadas a diario en su territorio colectivo y áreas de influencia, por la Empresa Carbones del Cerrejón Limited, y que la empresa elabore un plan con enfoque diferencial para prevenir y curar las enfermedades están afectando la salud de los miembros de Comunidad Indígena Wayúu de la Lomita.

7. Ordenar al Presidente de la República de Colombia, Ministerio de Salud y al Ministerio del Interior, contestar de fondo el derecho de petición que elevó ante ellos la Comunidad Indígena Wayúu d e la Lomita de fecha 20 de octubre del año 2022 y hasta la fecha no han respondido, además el Presidente de la República de Colombia, debe garantizar los derechos humanos de la Comunidad Indígena Wayúu de la Lomita, los cuales están siendo vulnerados.

1.2 Hechos y argumentos de la tutela

La comunidad indígena accionante manifestó que forma parte del Resguardo Indígena Lomamato del Municipio de Hatonuevo, la Guajira, conformado por más de 90 familias que han sido afectadas directamente por las explotaciones de carbón en su territorio ancestral colectivo y áreas de influencia, destruyendo sus fuentes hídricas y medio ambiente.

El 20 de octubre de 2022, presentaron peticiones ante el Presidente de la República,

en su territorio ancestral colectivo y áreas de influencia, destruyendo sus fuentes hídricas y medio ambiente.

El 20 de octubre de 2022, presentaron peticiones ante el Presidente de la República, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud y de la Protección Social , con el fin de que suspendiera la explotación de carbón en su territorio colectivo y en las áreas de influencia, solicitudes que, según sostuvieron, no han sido contestadas de fondo.

La comunidad expuso que, desde épocas ancestrales, el arroyo de aguas blancas ha sido su fuente principal espiritual en la que las comunidades étnicas realizan sus rituales religiosos , y está siendo afectado desde 1991 en su fauna, flora y contaminación diaria por la explotación de carbón cerca de su cauce.

Manifestó que, el 8 de agosto de 1991 la Empresa Carbones del Cerrejón Limited obtuvo la licencia ambiental, a través de la Resolución 717 proferida por el INDERENA para desviar más de 10 kilómetros del arroyo aguas blancas sin realizar proceso alguno de consulta previa con las comunidades étnicas, teniendo en cuenta que las afectaciones cada día son mayores , sin ningún control ambiental.

Señaló que ante tal contaminación las comunidades no están consumiendo el agua de ese arroyo, pues les está generando enfermedades en la piel, en el estómago, yRadicación número: 11001-03-15-000-2023-03913-01

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cáncer en los pulmones, sumado a que las plantas están destruyéndose por el

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cáncer en los pulmones, sumado a que las plantas están destruyéndose por el polvillo del carbón.

El 29 de octubre de 2022, el presidente de la República le comunicó que lo solicitado era de competencia del Ministerio del Interior y del Ministerio de Minas y Energía, lo cual, a su juicio, le vulnera sus derechos fundamentales, por cuanto esa autoridad fue quien celebró el cont rato de concesión minera por 30 años para que explotara el carbón.

El 1º de febrero de 2023, la Empresa Carbones del Cerrejón Limited contestó la petición, pero, a su juicio, no lo hizo de fondo y, además, se contradijo, al manifestar que esa comunidad no está en el área de influencia de la mina, pero luego señaló que sí desvió el arroyo aguas blancas, que nace en las montañas del Resguardo de Lomamato.

Finalmente, sostuvo que la sociedad Carbones del Cerrejón Limited implementó en mayo y junio de 2023 un acuerdo para conservar la parte ecológica del Arroyo Aguas Blancas, lagunas y todo el ecosistema del resguardo de Lomamato, el cual, según expuso, no ha sido consultado con la comunidad de La Lomita y las demás comunidades, lo que genera afectación directa.

2. Trámite impartido e intervenciones

2.1. Mediante auto del 26 de julio de 2023, el despacho del magistrado sustanciador en primera instancia admitió la acción de tutela y ordenó notificar a l presidente de

2. Trámite impartido e intervenciones

2.1. Mediante auto del 26 de julio de 2023, el despacho del magistrado sustanciador en primera instancia admitió la acción de tutela y ordenó notificar a l presidente de la República, al ministro del Interior, al ministro de Salud y Protección Social, al director de la Corporación Autónoma Regional de La Guajira , y al representante legal de Carbones del Cerrejón Limited, como parte demandada, y al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, al Ministerio de Minas y Energía, al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible , a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y a la Agencia Nacional de Minería, como terceros con interés. las autoridades demandadas.

2.2. La Agencia Nacional de Minería adujo que carece de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto sus funciones y competencias no tienen un marco de acción que involucre actuaciones concernientes a la consulta previa o de una licencia ambiental.

Expuso que el Ministerio del Interior es la entidad facultada para adelantar los trámites relacionados con la consulta previa, y que es su deber garantizar el debidoRadicación número: 11001-03-15-000-2023-03913-01

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proceso y los derechos fundamentales de los sujetos colect ivos de protección especial que se registran en el área de influencia de un proyecto que sea objeto de consulta.

En lo que tiene que ver con el derecho de petición, expuso que, mediante

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proceso y los derechos fundamentales de los sujetos colect ivos de protección especial que se registran en el área de influencia de un proyecto que sea objeto de consulta.

En lo que tiene que ver con el derecho de petición, expuso que, mediante memorando 2 -2022-027291, el Ministerio de Minas y Energía le remitió por competencia la solicitud, sin embargo, mediante radicado ANM 20233500322891 del 31 de enero de 2023 , le dieron traslado a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y, mediante radicado ANM 20233500322881 de esa misma fecha, se le dio traslado a la sociedad Carbones del Cerrejón Limited, por considerar que eran las competentes para dar respuesta a esa petición . Lo anterior fue puesto en conocimiento del señor Calixto Darío Marulanda, el 6 de febrero de la presente anualidad, mediante radicado 20233 5003231161.

Sostuvo que la demanda no cumple con el requisito de subsidiariedad, puesto que está encaminada a juzgar la legalidad de actos administrativos y suspender su aplicación, actos que pueden ser demandado s ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa; además, pretende que se protejan derechos colectivos indeterminados, lo cual puede tramitarse a través de la acción popular.

2.3. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República informó q ue dio respuesta a las peticiones el 29 de octubre de 2022, mediante los oficios OFI2200132521/ GFPU 12000002 , que fueron enviados a la autoridad competente por medio de OFI22-00132531/GFPU 12000002 y OFI22-00132532.

00132521/ GFPU 12000002 , que fueron enviados a la autoridad competente por medio de OFI22-00132531/GFPU 12000002 y OFI22-00132532.

Adicionalmente, indicó que no ostent a la competencia para atender las solicitudes planteadas, pues no es la entidad facultada para otorgar protección en materia de minería, ya que esto le corresponde a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales. Indicó que tampoco le corresponde definir y garantizar el derecho de consulta previa, pues dicha competencia recae en el Ministerio del Interior, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, pero no a ellos.

2.4. El Ministerio de Minas y Energía expuso que mediante Oficio 2 -2022-027292 del 14 de noviembre de 2022 remitió la solicitud de la comunidad accionante a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, y mediante Oficio 2 -2022-027291 de esa misma fecha, le remitió la petición a la Agencia Nacional de Minería al fungir como autoridad minera nacional para que atendiera lo relacionado con el contrato de concesión.Radicación número: 11001-03-15-000-2023-03913-01

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2.5. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales manifestó que el 15 de diciembre de 2022, dio respuesta a la comunidad demandante . Señaló que la competencia para determinar la procedencia y oportunidad de la consulta previa es del Ministerio del Interior, por lo que, mediante radicado 202314837 -2-000 dio traslado a dicha cartera ministerial.

competencia para determinar la procedencia y oportunidad de la consulta previa es del Ministerio del Interior, por lo que, mediante radicado 202314837 -2-000 dio traslado a dicha cartera ministerial.

Señaló que, bimestralmente, realiza seg uimiento al Plan de Manejo Ambiental Integral establecido en aquella oportunidad por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, modificado po r la Resolución 1386 de 2014, distribuido en tres zonas, « que no incluye el tajo denominado por tutelante c omo tajo siete ». Expuso que, el proyecto El Cerrejón no se encuentra en el área de influencia directa el resguardo indígena de Lomamato , pero sí en el área de influencia indirecta.

En lo que tiene que ver con las obras de desviación del arroyo aguas b lancas, expuso que el permiso para la ejecución de dichas obras fue otorgado por el INDERENA, permiso que forma parte de los actos administrativos relacionados con la explotación minera de la zona Cerrejón Norte, en el que, de conformidad con el artículo t ercero, fue acumulada la operación minera, de transporte férreo y operación portuaria.

2.6. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible pidió que se declarara la falta de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto no ha lesionado ni puesto en riesgo los derechos fundamentales alegados por la parte demandante.

En relación con la solicitud de consulta previa, manifestó que es un asunto de competencia del Ministerio del Interior y que, en cuanto a la licen cia ambiental, afirmó que ello le compete a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.Radicación número: 11001-03-15-000-2023-03913-01

competencia del Ministerio del Interior y que, en cuanto a la licen cia ambiental, afirmó que ello le compete a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.Radicación número: 11001-03-15-000-2023-03913-01

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2.7. La sociedad Carbones del Cerrejón Limited expuso que la comunidad tutelante se encuentra por fuera del área de influencia físico-biótica del proyecto Cerrejón, en el que no se están materializando impactos ambientales asociados a la operación del proyecto. Expuso que la distancia de la explotación a la zona resguardada es de 4.07 kilómetros.

Expuso que las aguas del arroyo Aguas Blancas cumplen con los parám etros definidos en el Decreto 1076 de 2015 , y que no ha existido destrucción ni contaminación del mismo.

Señaló que tal comunidad se encuentra ubicada aguas arriba del tramo del arroyo que fue intervenido, y la modificación parcial de ese cauce no genera ningún efecto asociado a la calidad y cantidad de agua que requiere la comunidad tutelante.

Manifestó que no hay afectación relacionad a con el ruido, por cuanto en el sector de Lomamato de acuerdo con los niveles son menores a 35 dBA y los niveles máximos permitidos corresponden a 45 dBA.

En lo que tiene que ver con el tren, el punto de partida se encuentra a 10 kilómetros de la comunidad La Lomita, y el trayecto de este no está en las proximidades de la línea férrea.

En lo que tiene que ver con el tren, el punto de partida se encuentra a 10 kilómetros de la comunidad La Lomita, y el trayecto de este no está en las proximidades de la línea férrea.

En cuanto al material particulado, expuso que las direcciones del viento predominantes del área del sector de Lomamato no provienen de la mina, pues la norma de calidad del aire máximo permisible para PM10 anual es de 50/m3, mientras que los aportes netos de Cerrejón en el sector de Lomamato son inferiores a 0.9/m3.

Señaló que sí otorgó respuesta al accionante de la solicitud presentada. Y que no resulta cierto que hubiera implementado un acuerdo para conservar las partes ecológicas del arroyo Aguas Blancas, pues, seg ún manifestó, están adelantando acciones de conservación ambiental en predios propios en los cuales no habitan comunidades indígenas , puesto que Parques Nacionales Naturales efectuó el registro del área protegida denominada «Reserva Natural de la Sociedad Civil Aguas Blancas – Santa Helena – Mushaisa, a través de la Resolución 119 del 15 de septiembre de 2023, que surgió de la voluntad de la empresa Cerrejón para dedicarlos a la conservación, y tal acto no implica afectación directa de la comunidad demandante.Radicación número: 11001-03-15-000-2023-03913-01

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2.8. La Corporación Autónoma Regional de la Guajira expuso que, el 2 de agosto

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2.8. La Corporación Autónoma Regional de la Guajira expuso que, el 2 de agosto de 2023, dio respuesta a la petición presentada por el accionante , por lo que pidió que se declarara la carencia de objeto por hecho superado.

2.9. El Ministerio del Interior explicó que no es de competencia de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa iniciar de manera autónoma un proceso consultivo para determinar la posible afectación directa o el impacto que han podido causar los distintos proyectos, obras o actividades que está ejecutando la empresa Cerrejón Limited.

Expuso que no existe prueba sumaria que evidenci e la afectación a la comunidad étnica accionante.

Finalmente, p idió que se declarara la carencia de objeto por hecho superado, en relación con la petición presentada por la parte demandante, puesto que el 2 de agosto de 2023, trasladaron dicha petición por competencia a la empresa Cerrejón Limited.

2.10. El Ministerio de Salud y Protección Social señaló que el 13 de enero de 2023, dio respuesta a la petición en la que le comunicó al demandante que se trasladó por competencia al Ministerio de Ambiente, a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, a la Corporación Autónoma Regional de la Guajira y a la Secretaría de Salud Departamenta l de la Guajira. Pidió, además, que se declarara la falta de legitimación en la causa por pasiva respecto de esa entidad , por cuanto carece de competencia para actuar frente a la seguridad alimentaria, el acceso al agua y la consulta previa.

legitimación en la causa por pasiva respecto de esa entidad , por cuanto carece de competencia para actuar frente a la seguridad alimentaria, el acceso al agua y la consulta previa.

En relación con la investigación solicitada respecto de las enfermedades que se están originando en la población de la comunidad demandante, resaltó que es al ente territorial al que le corresponde realizar dichos estudios.

2.11. Mediante auto del 28 de agosto de 2023, el magistrado sustanciador del proceso en primera instancia vinculó a la secretaria de Salud del Departamento de La Guajira, toda vez que el Ministerio de Salud y Protección Social, en el informe que rindió, informó que había remitido la petición de la comunidad demandante a esa autoridad departamental.

3. Fallo impugnadoRadicación número: 11001-03-15-000-2023-03913-01

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En sentencia del 21 de septiembre de 2023, la S ección Primera del Consejo de Estado declaró la carencia de objeto respecto de varias de las soli citudes presentadas ante las autoridades demandadas y amparó el derecho fundamental de petición, ordenándole a la Secretaría de Salud del Departamento de La Guajira que contestara la petición.

El a quo también negó las pretensiones de la demanda respecto de la Presidencia de la República, el Ministerio de Salud y Protección Social , el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible , y la Agencia Nacional de Minería , por cuanto se demostró en el proceso que aquellas remitie ron por

de la República, el Ministerio de Salud y Protección Social , el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible , y la Agencia Nacional de Minería , por cuanto se demostró en el proceso que aquellas remitie ron por competencia la petición del demandante a las autoridades respectivas.

En cuanto a la supuesta vulneración del Ministerio del Interior y la Corporación Autónoma Regional de La Guajira, sostuvo que debía declararse la carencia de objeto por hecho superado, por cuanto la petición fue resuelta durante el curso del presente proceso.

Finalmente, analizó si la respuesta brindada por la sociedad Carbones del Cerrejón Limited vulneraba o no el núcleo esencial del derecho de petición y concluyó que la sociedad demandada puso en conocimiento la respuesta a la solicitud, le explicó con suficiencia que la comunidad de La Lomita del Resguardo Lomamato se encontraba por fuera del área de afectación directa de Cerrejón, al encontrarse ubicada aguas arriba del tramo del arroyo Aguas Blancas, y que la actividad minera no generaba ningún impacto en el arroyo, ni afectación a la salud por el material particulado, y además, que contaba con un Plan de Manejo Ambiental a través del cual se realizaba seguimiento y control de las diferentes actividades desarrollada por la empresa. Por lo anterior, el juez de primera instancia consideró que se debía negar el amparo solicitado.

Por último, en cuanto a la respuesta dada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, consideró que sí le explicó con suficiencia las actuaciones que estaba realizando frente al proyecto minero El Cerrejón, precisándole que sus acciones se

Por último, en cuanto a la respuesta dada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, consideró que sí le explicó con suficiencia las actuaciones que estaba realizando frente al proyecto minero El Cerrejón, precisándole que sus acciones se relacionan con lo resuelto por la Corte Constitucional en la sentencia T-704 de 2016, por lo que concluyó que no había vulneración alguna del derecho fundamental de petición.

4. Impugnación

Inconforme con lo anterior, la parte demandante la impugnó y manifestó que dicha comunidad sí está ubicada en el área de influencia de la mina El Cerrejón . Que, además, se está viendo afectada directamente por la actividad minera, que desvióRadicación número: 11001-03-15-000-2023-03913-01

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el arroyo Aguas Blancas para explotar carbón en su cauce ancestral sin agotar la consulta previa con la comunidad accionante.

Finalmente, pidió que se ordenara una inspecci ón judicial con el fin de verificar las afectaciones directas alegadas en la demanda de tutela.

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico

En los términos de la impugnación, corresponde a la Sala determinar si hay lugar a confirmar, modificar o revocar la sentencia del 21 de septiembre de 2023, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado. Para tal efecto, se deberá establecer si las autoridades demandadas vulneraron los derechos fundamentales de petición,

confirmar, modificar o revocar la sentencia del 21 de septiembre de 2023, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado. Para tal efecto, se deberá establecer si las autoridades demandadas vulneraron los derechos fundamentales de petición, al debido proceso y a la consulta previa de la Comunidad Indígena Wayúu de La Lomita.

2. Análisis de la Sala

2.1. El derecho fundamental de petición

Este derecho fundamental, consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, tal como lo ha concebido la doctrina, es « un derecho que -antes que otra funciónfacilita la expresión de las personas en su relación con un determinado poder constituido»3 y, particularmente, en su relación con el Estado de Derecho. Es, por tanto, «una de esas formas de vinculación entre el poder público y los particulares, para que estos ejerzan control y fiscalización sobre el Estado »4.

Este derecho tiene un núcleo esencial complejo que se integra por (i) la facultad que tiene una persona de presentar peticiones respetuosas, en interés general o particular, ante las autoridades y también ante organizaciones privadas, previa reglamentación del legislador, y (ii) los deberes correlativos del sujeto pasivo de recibir la petición, evitar tomar represalias por su ejercicio, otorgar una respuesta material en el pla zo dispuesto legalmente y notificarla en debida forma. La Corte Constitucional también ha señalado que la respuesta emitida debe ser clara, oportuna y congruente con lo solicitado.

3 MARÍN CORTÉS, Fabián G. Naturaleza jurídica del derecho de petición. En: Derecho público.

Constitucional también ha señalado que la respuesta emitida debe ser clara, oportuna y congruente con lo solicitado.

3 MARÍN CORTÉS, Fabián G. Naturaleza jurídica del derecho de petición. En: Derecho público. Biblioteca Jurídica Diké – Universidad Pon