CE - 110010315000202303921011SENTENCIA20231117104311

Radicación: 11001-03-15-000-2023-03921-01

Demandante: PROMOCENTRAL LTDA.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., dieciséis (16) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-03921-01

Demandante: PROMOTORA DE CENTROS PARA AUTOMOTORES LTDA. –

PROMOCENTRAL LTDA.

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN

TERCERA, SUBSECCIÓN “C”

TEMAS: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de reparación directa con el fin de que se declare la indemnización por los daños ocasionados con la medida cautelar impuesta por la administración de impuestos en un proceso ad ministrativo.

Defecto procedimental absoluto y decisión sin motivación

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación presentada por la sociedad demandante contra la sentencia de 22 de agosto de 2023, dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B”, que negó las pretensiones de la acción de tutela por no configurarse el defecto procedimental alegado.

2023, dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B”, que negó las pretensiones de la acción de tutela por no configurarse el defecto procedimental alegado.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

La sociedad accionante manifestó que el 20 de noviembre de 2019 , tuvo conocimiento de un embargo realizado a su cuenta corriente No. (…), por concepto de impuesto predial por el periodo 2015, correspondiente al predio de su propiedad identificado con Folio de Matrícula No. 050N-00934747, CHIP AAA0144FKEA.

Sostuvo que con ocasión del embargo, verificó la página web de notificaciones de la Secretaría de Hacienda y evidenció que: (i) el Requerimiento Especial No. 2017EE7460 de 1 de junio de 2017 , fue notificado por aviso el 10 de octubre del mismo año, con fundamento en la causal de devolución por parte de la empresa de correos fue “dirección deficiente” y (ii) la Resolución No. DDI-1511 de 31 de enero de 2018, contentiva de la liquidación oficial de revisión , también se notificó de la misma forma el 7 de marzo de 2018, ya que el acto fue devuelto por “dirección errada”.

Señaló que que “la declaración del impuesto predial de 2015 se encontraba en firme cuando fue publicado el aviso de notificación el 10 de octubre de 2017, pues el término para notificar este acto administrativo venció el 19 de junio de 2017 . Por lo tanto, elRadicación: 11001-03-15-000-2023-03921-01

Demandante: PROMOCENTRAL LTDA.

notificar este acto administrativo venció el 19 de junio de 2017 . Por lo tanto, elRadicación: 11001-03-15-000-2023-03921-01

Demandante: PROMOCENTRAL LTDA.

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2 requerimiento especial y la liquidación oficial de revisión carecen de valor legal y no producen efecto.

Indicó que , con fundamento en lo anterior, el 2 de diciembre de 2019, presentó petición ante la Subdirección Jurídica de la Dirección Distrital de Impuestos , en la que solicitó el levantamiento del embargo.

Informó que , el 18 de diciembre de 2019, esa entidad le manifestó que no e ra procedente acceder a la referida solicitud porq ue “dentro de las competencias asignadas a la oficina de Cobro Prejurídico, se encuentra la de proferir resoluciones de embargo, dentro del procedimiento de cobro de los títulos ejecutivos que se encuentren en firme, es decir, sobre las obligaciones claras, expresas y actualmente exigibles reportadas mediante cartera certificada por parte de la Dirección de Impuestos Distritales ” y que “teniendo en cuenta que ya se venció el término para interponer el Recurso de Reconsideración” debía presentar una solicitud de revocatoria directa.

Expuso que después de varias peticiones presentadas, la Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá, mediante la Resolución No. DDI-000394 de 17 de marzo de 2021, revocó la Resolución No. DDI -1511 de 31 de enero de 2018, a l considerar

Impuestos de Bogotá, mediante la Resolución No. DDI-000394 de 17 de marzo de 2021, revocó la Resolución No. DDI -1511 de 31 de enero de 2018, a l considerar que “la declaración tributaria adquirió firmeza el 19/06/2017 y el requerimiento especial fue notificado el 10/10/2017, fecha para la que ya había operado la caducidad de la acción, resultando de paso improcedente el acto liquidatorio”.

Anotó que el hecho de tener por más de 16 meses su cuenta bancaria embargada, le configuró un daño antijurídico que no debía soportar, por lo que el 23 de mayo de 2023 instauró una demanda de reparación directa contra la Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá.

Señaló que el Juzgado Treinta y Uno Administrativo de l Circuito de Bogotá, mediante auto de 22 de julio de 2022, proferido en el radicado No. 1100133360312022-00151-00, inadmitió la demanda al considerar que las pretensiones “no son propias del presente medio de control. Igualmente, no hay una condena específica, la cual debe ser clara, expresa y realmente exigible ”, y que el 5 de agosto de 2022, presentó memorial de subsanación.

Adujo que, por auto de 22 de septiembre de 2022, la mencionada autoridad judicial determinó que se dio cumplimiento a lo requerido , pero inadmitió de nuevo la demanda porque “no se aportó la constancia de conciliación prejudicial ante la procuraduría como requisito de procedibilidad de la acción, por lo que es necesa rio previo

determinó que se dio cumplimiento a lo requerido , pero inadmitió de nuevo la demanda porque “no se aportó la constancia de conciliación prejudicial ante la procuraduría como requisito de procedibilidad de la acción, por lo que es necesa rio previo a pronunciarse sobre la admisión, requerir al apoderado de la accionante, para que en el término (sic) de 10 días aporte la documentación requerida, so pena de rechazo”.

Refirió que el 26 de septiembre de 2022, reenvió a ese despacho, el correo electrónico recibido el 1 de marzo de 2022, por parte de la Procuraduría 85 Judicial, junto con la constancia y el acta de conciliación, con el fin de dar cumplimiento a la anterior providencia.

Relató que el 4 de noviembre de 2022, el Juzgado Treinta y Uno Administrativo del Circuito de Bogotá rechazó la demanda , al considerar que había operado la caducidad del medio de control de reparación directa teniendo en cuenta que “el embargo de la cuenta se conoció el 20 de noviembre de 2019, como consta en el o ficio dirigido a la ahora demandada el 29 de noviembre de 2019 (…) el término de caducidad empezó a correr a partir del día siguiente, esto es, el 30 de noviembre de 2019, lo que significa que los demandantes contaban hasta el 30 de noviembre de 2021. La solicitud de conciliación prejudicial se presentó el 04 de noviembre de 2021.Por lo que el término se

suspendió por 26 días, y toda vez que la audiencia se llevó a cabo el 28 de febrero de 2022,Radicación: 11001-03-15-000-2023-03921-01

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3 las partes contaban hasta el 26 de marzo de 2022 para radicar la demanda, pese a ello solo hasta el 23 de mayo de 2022 interpusieron la demanda”.

Indicó que , contra la anterior decisión interpuso recurso de apelación en el que explicó que el daño antijurídico causado es de carácter continuado, por lo que presentó la demanda dentro del término legal de dos años. Agregó que “sólo se tuvo certeza de la cesación de la conducta ilegal por parte de la Administración, cuando después de revocado oficiosamente su propio acto administrativo, la Administración desembarga el 6 de mayo de 2021 la cuenta. Por lo tanto, sólo hasta ese momento empieza a correr el término de caducidad de la acción, esto es, a partir del 6 de mayo de 2021”.

Manifestó que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “C”, en decisión de 28 de junio de 2023, confirmó la decisión de primera instancia, pero por diferentes razones , ya que c onsideró que el accionante debió promover demanda de nulidad y restablecimiento del derecho porque el daño antijuridico presuntamente ocasionado proviene de un acto administrativo de carácter particular.

promover demanda de nulidad y restablecimiento del derecho porque el daño antijuridico presuntamente ocasionado proviene de un acto administrativo de carácter particular.

Por lo anterior, esa autoridad concluyó que el término para instaurar el mencionado medio de control empezó a contar a partir del día en la que tuvo conocimiento de la liquidación oficial de revisión, es decir, el 2 de diciembre de 2019 , fecha en la que formuló el derecho de petición ante la Dirección de Hacienda Distrital.

2. Fundamentos de la acción

La parte actora presentó acción de tutela con el ob jeto de que se amparen los derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia, al debido proceso, a la defensa y al principio de la no reformatio in pejus , supuestamente vulnerados por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera Subsección “C”, con la providencia de 28 de junio de 2023, que confirmó el rechazo la demanda por caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado No. 110013336031-2022-00151-01.

Señaló que el auto de 28 de jun io de 2023, proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca carece de motivación , pues no abordó el problema jurídico planteado en el recurso de apelación y “demuestra un total desconocimiento del procedimiento tributario”.

Explicó que conforme con el artículo 720 del Estatuto Tributario , no era posible instaurar el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho , ya que no presentó de manera oportuna el recurso de reconsideración contra la liquidación

Explicó que conforme con el artículo 720 del Estatuto Tributario , no era posible instaurar el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho , ya que no presentó de manera oportuna el recurso de reconsideración contra la liquidación oficial de revisión , ni se atendió el requerimiento especial , pues no tuvo conocimiento de esos actos administrativos por su indebida y extemporánea notificación.

Afirmó que mediante la Resolución DDI-000394 del 17 de marzo de 2021, se declaró la firmeza de la declaración del impuesto predial del año 2015 y la revocatoria de la liquidación oficial de revisión, por lo que es ineficaz acudir a la jurisdicción para solicitar la declaratoria de nulidad un acto que fue previamente revocado por la administración.

Mencionó que de acuerdo con el artículo 703 del Estatuto Tributario “no puede haber liquidación oficial de revisión sin que previamente haya habido un requerimiento especial notificado en forma debida y de manera oportuna, lo cual no ocurrió en este caso particular, dejando claramente sin ningún valor legal y confirmando su ineficacia absoluta la liquidaciónRadicación: 11001-03-15-000-2023-03921-01

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4 oficial que en palabras del despacho accionado, debió ser demandada, lo que confirma el imposible jurídico a que se está sometiendo a mi cliente con esta decisión”.

Finalmente, refirió que la demanda de reparación directa fue presentada en tiempo

oficial que en palabras del despacho accionado, debió ser demandada, lo que confirma el imposible jurídico a que se está sometiendo a mi cliente con esta decisión”.

Finalmente, refirió que la demanda de reparación directa fue presentada en tiempo y sobre ella no recae la figura de la caducidad , porque no había ningún acto demandable a través del medio de nulidad y restablecimiento del derecho.

3. Pretensiones

En el escrito de tutela se formulan las siguientes:

“De acuerdo con lo anterior, solicito al Honorable Despacho qu e tutelen los derechos fundamentales invocados, y se ordene a la SUBSECCIÓN “C” DE LA SECCIÓN TERCERA

DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA – DESPACHO DE LA H.

MAGISTRADA MARÍA CRISTINA QUINTERO FACUNDO, en DECISIÓN DEL 28 DE JUNIO DE 2023, revocar su fallo y emitir una nueva decisión basada en los argumentos expuestos en el recurso de apelación contra el “AUTO QUE RECHAZÓ LA DEMANDA POR CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL ” del 28 de junio de 2023, dentro del proceso 110013336031 2022 00151-01 ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA radicada en el Juzgado 31 Administrativo del Circuito de Bogotá.”.

4. Pruebas relevantes

Se allegó copia digital de las actuacion es surtidas en el medio de control de reparación directa radicado con el No. 2022-00151-01, actor: Promotora de Centro para Automotores Ltda. – PROMOCENTRAL Ltda.

5. Trámite procesal

Por auto de 25 de julio de 2023, la Sección Tercera, Subsección “B” del Consejo de

para Automotores Ltda. – PROMOCENTRAL Ltda.

5. Trámite procesal

Por auto de 25 de julio de 2023, la Sección Tercera, Subsección “B” del Consejo de Estado admitió la demanda y ordenó notificar a los accionantes y a la autoridad judicial accionada. Igualmente, al Juzgado Treinta y Uno Administrativo del Circuito de Bogotá y al secretario Distrital de Hacienda , como terceros interesados en e l resultado del proceso.

6. Oposición

6.1. Respuesta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “C”

La ponente de la decisión objetada rindió informe en el que solicitó que, se declarara la improcedencia de la solicitud por falta de relevancia constitucional, pues si bien el demandante identificó los derechos fundamentales presuntamente desconocidos, no indicó los defectos en los que supuestamente incurrió el auto de 28 de junio de 2023.

Afirmó que el actor acude a la acción de tutela como una tercera instancia para obtener una modificación a la decisión que sea favorable a sus intereses, y precisó que en la decisión objeto de debate constitucional se explicaron las razones por las cuales se confirmó el auto que rechazó la demanda por caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

6.2. el Juzgado Treinta y Uno del Circuito de Bogotá y la Secretaría Distrital de Hacienda guardaron silencio pese a que fueron notificados en debida forma.Radicación: 11001-03-15-000-2023-03921-01

Demandante: PROMOCENTRAL LTDA.

Hacienda guardaron silencio pese a que fueron notificados en debida forma.Radicación: 11001-03-15-000-2023-03921-01

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7. Sentencia de tutela impugnada

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B”, por medio de sentencia de 22 de agosto 2023, negó las pretensiones formuladas por la parte actora en el escrito de tutela.

Consideró que se cumplieron los requisitos de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, porque la parte demanda nte discute la supuesta vulneración de derechos fundamentales con la decisión de segunda instancia que confirmó el rechazo de la demanda , la cual se basó en argumentos distintos, los cuales no constituyen una reiteración de lo discutido en el proceso ordinario.

Indicó que , el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “C” no incurrió en un defecto procedimental, ni en una omisión o análisis irrazonable, puesto que el daño antijuridico alegado fue producto de un acto administrativo que ordenó el embargo de la cuenta corriente de propiedad de la demandante, motivo por el cual el medio de control procedente era el de nulidad y restablecimiento del derecho y no el de reparación directa.

Explicó que la decisión que rechazó la demanda por caducidad del medio de control de nulidad y establecimiento del derecho , se encuentra ajustada a la ley y a la

restablecimiento del derecho y no el de reparación directa.

Explicó que la decisión que rechazó la demanda por caducidad del medio de control de nulidad y establecimiento del derecho , se encuentra ajustada a la ley y a la jurisprudencia del Consejo de Estado, pues si bien en la demanda la parte actora presentó consideraciones fácticas y jurídicas de tipo resarcitorio, lo cierto es que la legalidad y la validez de la liquidación oficial de revisión debe ser discutida a través del mencionado medio de control , habida cuenta de que fue dicho acto administrativo el que originó los supuestos daños.

Sostuvo que, si bien el numeral 2 del artículo 161de la Ley 1437 de 2011, establece como requisito previo de procedibilidad para demandar un acto administrativo en nulidad y restable cimiento del derecho , que se hayan interpuesto y decidido los recursos que fueren obligatorios, también es cierto que la sociedad conoció la existencia de los actos administrativos, pues reconoció que revisó la página web de notificaciones de la Secretaría de Hacienda y formuló una petición ante el jefe de la Oficina de Liquidación de la Dirección de Hacienda Distrital , con el fin de que se revocara la medida cautelar, dada la firmeza de la declaración tributaria del año 2015.

Manifestó que lo anterior resulta relevante para la decisión cuestionada, porque la actora desde que tuvo conocimiento de la actuación administrativa , se entiende notificada por conducta concluyente y, por ende, pudo proceder a demandar los actos a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, y no pretender cambiar la fuente del daño y acudiendo a la reparación directa.

notificada por conducta concluyente y, por ende, pudo proceder a demandar los actos a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, y no pretender cambiar la fuente del daño y acudiendo a la reparación directa.

En este sentido, concluyó que la decisión objeto de reproche constitucional no fue arbitraria ni transgresora de los derec hos fundamentales invocados por la parte demandante.

8. Escrito de impugnación

Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, la sociedad demandante impugnó el fallo de primera instancia y solicitó que se revocara , con fundamento en las siguientes razones:

Sobre el particular, indicó que la decisión de primera instancia no hizo pronunciamiento sobre los derechos fundamentales y el principio de la no reformatioRadicación: 11001-03-15-000-2023-03921-01

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6 in pejus que consideró vulnerados con la decisión del Tribun al Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “C”.

Reiteró los hechos que impulsaron la acción de tutela, para indicar que, pese a que instauró el medio de control de reparación directa bajo el criterio de daño continuado, la demanda fue rechazada por caducidad en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

Solicitó que en esta instancia se efectúe un pronunciamiento sobre el hecho de que

continuado, la demanda fue rechazada por caducidad en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

Solicitó que en esta instancia se efectúe un pronunciamiento sobre el hecho de que la demanda de reparación directa fue inadmitida en 2 ocasiones por el Juzgado Treinta y Uno Administrativo del Circuito de Bogotá, y que pese a que fue subsanada ese despacho procedió al rechazo de la misma ,por lo que, en su concepto, “si el Juzgado iba a rechazar la demanda, en aras de los principios de economía y celeridad consagrados en el artículo 3 del CPACA, debió haberla rechazado de plano, y no inadmitirla dos veces por razones inocuas, para que, luego de haber subsanado según sus exigencias, viniera el auto de rechazo.

Manifestó que el mencionado despacho judicial cometió un error, al computar el término de caducidad de la demanda de reparación directa, toda vez que la solicitud de conciliación se presentó el 4 de noviembre de 2021 y la audiencia se celebró el 28 de febrero de 2022, por lo que la suspensión fue de 3 meses y 25 días.

Mencionó que “[a]lgo tan sencillo en apariencia, se convirtió en un asunto de, prácticamente una revictimización de mi cliente, pues tuvo que soportar un embargo injustificado por más de un año y tres meses, dejándolo en una situación financiera muy crítica, incluyendo los tiempos de pandemia con ocasión del COVID 19. Posteriormente, el Juzgado 31, haciendo unas cuentas equivocadas y además olvidándose del concepto del daño continuado, le niega a mi representada el ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE

Juzgado 31, haciendo unas cuentas equivocadas y además olvidándose del concepto del daño continuado, le niega a mi representada el ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA; y además, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en una decisión sorprendente, en manera alguna analiza los argumentos presentados en la apelación, sino que toma la decisión de rechazar la demanda, con unos ARGUMENTOS TOTALMENTE DISTINTOS, que además consideramos carecen d e fundamento legal, y sobre los cuales no había ninguna posibilidad de controvertir”.

Señaló que el contrario a lo expuesto por el juez constitucional de primera instancia, la razón del rechazo de la acción de reparación directa no fue por “caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho ”, sino porque a juicio del Juzgado Treinta y Uno Administrativo del Circuito de Bogotá , el término de 2 años para presentar el medio de control de reparación directa debió “computarse desde el momento del embargo de la cuenta bancaria, y no desde el momento en que la Dirección Distrital de Impuestos revocó la liquidación oficial de revisión”.

Explicó que el fallo impugnado no contiene los elementos generales que presentó en el escrito de tutela , ya que no se refiere “a los defectos de procedimiento argumentados por el Tribunal, sino a la ausencia de motivación de su decisión, pues en manera alguna se pronunció sobre los argumentos del Juzgado 31 Administrativo para rechazar la demanda, ni sobre los que expuse en el recurso de apelación ”, así como tampoco se pronunció respecto a la violación del principio de la no reformatio in pejus.

Desarrolló la firmeza de la declaración tributaria para afirmar que , tanto el

tampoco se pronunció respecto a la violación del principio de la no reformatio in pejus.

Desarrolló la firmeza de la declaración tributaria para afirmar que , tanto el requerimiento especial como la liquidación oficial fueron notificad os de manera indebida y extemporánea, por lo que los términos legales “NUNCA comenzaron a correr porque las notificaciones NO fueron hechas en debida forma”.

Reiteró que no fue posible iniciar el medio de control de nulidad y restablecimiento, pues teniendo en cuenta que los actos administrativos no fueron notificados enRadicación: 11001-03-15-000-2023-03921-01

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7 debida forma, no presentó el recurso de reconsideración contra la liquidación oficial ni atendió el requerimiento especial, por lo que se incumplieron los artículos 161 del CPACA y 720 del Estatuto Tributario.

Insistió que la única vía para objetar la liquidación oficial de revisión fue mediante la solicitud de revocatoria directa, pero “la misma Dirección Distrital de Impuestos, a través de la Subdirección Jurídica, manifestó que en casos como estos, los actos administrativos no producen efectos y lo que debe operar es la revocatori a de oficio por parte de la administración”.

Finalmente, concluyó que de conformidad con el artículo 72 de la ley 1437 de 2011, la liquidación oficial de revisión no produjo efectos legales por no haber sido notificada en debida forma y, por ende, los términos no empezaron a correr de

Finalmente, concluyó que de conformidad con el artículo 72 de la ley 1437 de 2011, la liquidación oficial de revisión no produjo efectos legales por no haber sido notificada en debida forma y, por ende, los términos no empezaron a correr de acuerdo con el artículo 567 del Estatuto Tributario, motivo por el cual la decisión del tribunal accionado de confirmar el rechazo de la demanda del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho , carece de bases legales y conduce a una violación flagrante de los derechos fundamentales.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la presente impugnación.

2. Delimitación del debate y planteamiento del problema jurídico

2.1. En el escrito de impugnación, la parte actora se refirió a los autos de inadmisión de la demanda y de rechazo proferidos por el Juzgado Treinta y Uno Administrativo del Circuito de Bogotá, sin embargo, se observa que la s pretensiones y fundamentos de la solicitud de amparo van dirigidos únicamente a cuestionar la decisión que puso fin al proceso, esto es, el auto de 28 de junio de 2023, expedido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “B”, que rechazó la demanda por caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. En consecuencia, la Sala se abstendrá de examinar

por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “B”, que rechazó la demanda por caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. En consecuencia, la Sala se abstendrá de examinar los reproches efectuados en la impugnación referidos a las providencias expedidas por el citado juzgado.

2.2. La sociedad demandante se refiere a los defectos procedimental absoluto y de decisión sin motivación, los cuales sustenta con argumentos similares, por consiguiente, la Sala procederá a estudiarlos en conjunto y bajo la caracterización del defecto procedimental absoluto.

2.3. Precisado lo anterior, le corresponde a la Sala establecer si debe revocar el fallo de 22 de agosto de 2023, proferido por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B”, que negó en amparo solicitado por la actora, porque el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el auto de 28 de junio de 2023, le vulneró los derechos fundamentales de acceso a la administ ración de justicia, al debido proceso, a la defensa y al principio de la no reformatio in pejus , pues, supuestamente, incurrió en los defectos procedimental absoluto y en decisión sin motivación, al confirmar el rechazo de la demanda porque había operado l a caducidad en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, sin resolverse los argumentos planteados en el recurso de apelación.Radicación: 11001-03-15-000-2023-03921-01

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3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”, mandato que materializa las obligaciones internacionales contenidas en los artículos 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos1 y 2.3 literal a) del Pacto de Derechos Civiles y Políticos 2, instrumentos q ue hacen parte de la legislación interna en virtud del bloque de constitucionalidad (art. 93 de la Carta).

Esta Corporación judicial en la sentencia de unificación emanada de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 31 de julio de 2012 3, acogió la tesis de admitir la procedencia excepcional de la solicitud de tutela contra providencias judiciales, cuando se advierta una manifiesta vulneración iusfundamental.

Más adelante, la misma Sala en sentencia de unificación del 5 de agosto de 20144, precisó el ámbito de aplicación de la acción de tutela contra providencias judiciales, lo que llevó a concluir que su procedencia se debe predicar, también, respecto “de sus máximos tribunales ”, en tanto se trata de autoridades públicas que “pueden eventualmente vulnerar los derechos fundamentales de personas ”. En la misma

lo que llevó a concluir que su procedencia se debe predicar, también, respecto “de sus máximos tribunales ”, en tanto se trata de autoridades públicas que “pueden eventualmente vulnerar los derechos fundamentales de personas ”. En la misma decisión, el Consejo de Estado acogió las condiciones de aplicación que sistematizó la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 20055.

Los requisitos generales de procedencia que deben ser verificados, son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada; (iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración (…); (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un e fecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora (…); (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible (…) y (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.

Ahora bien, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la jurisprudencia constitucional en la misma sentencia C -590 de 2005, son lo