CE - 110010315000202303924011SENTENCIA20231204095848

Radicación: 11001-03-15-000-2023-03924-01

Demandantes: Sandra Milena Patiño Venegas

Calle 12 No. 7-65 – Tel: 57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D. C., treinta (30) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-03924-01

Demandantes: SANDRA MILENA PATIÑO VENEGAS

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN “D”

Temas: Tutela contra providencia judicial. Nulidad y restablecimiento del derecho. Defectos por decisión sin motiv ación y desconocimiento del precedente judicial. Improcedencia cuando se incumple presupuesto de subsidiariedad. Prevalencia de l principio de autonomía judicial cuando no existe postura jurisprudencial unificada sobre un asunto en corporaciones conformadas por distintas salas de decisión.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación presentada por la accionante, a través de apoderado, contra la sentencia de 24 de agosto de 2023, dictada por la Sección Quinta del Consejo de Estado , en la que

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación presentada por la accionante, a través de apoderado, contra la sentencia de 24 de agosto de 2023, dictada por la Sección Quinta del Consejo de Estado , en la que declaró improcedente la acción de tutela por incumplirse el requisito de procedibilidad de subsidiariedad en lo pertinente a los defectos fáctico y decisión sin motivación, y negó las pretensiones en torno al des conocimiento del precedente judicial.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

La actora relató que mediante Decreto No 010 de 19 de enero de 2015 , fue nombrada en provisionalidad, en el cargo de auxiliar administrativo, código 407, grado 18 de la planta globalizada de la Alcaldía Municipal de Sopó , Cundinamarca. Afirmó que ese nombramiento fue prorrogado en diferentes periodos hasta el 16 de diciembre de 2019.

Indicó que por medio del oficio DA -0382-2019 de 16 de diciembre de 2019 , el alcalde municipal informó que el 1 8 de ese mes y año , se cumplía el término de cinco meses por el cual se había efectuado el último nombramiento por DecretoRadicación:11001-03-15-000-2023-03924-01

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2 159 de 16 de julio de 2019 , y que el mismo no sería prorrogado . Explicó, que en

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2 159 de 16 de julio de 2019 , y que el mismo no sería prorrogado . Explicó, que en dicho acto administrativo el ente territorial consideró que de conformidad con lo preceptuado en la Ley 909 de 2004 , la expiración del término de seis meses es una razón suficiente para proceder a la desvinculación.

Manifestó que, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, demandó al municipio de Sop ó con el fin de que se declarara la nulidad del oficio DA -0382-2019 de 16 de diciembre de 2019, al considerar que el vencimiento del término por el cual se efectuó el nombramiento , no constituye un motivo suficiente y razonable para justificar su desvinculación laboral.

Indicó que , por sentencia de 24 de marzo de 2022 , el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Zipaquirá accedió a las pretensiones de la demanda, en el sentido de declarar la nulidad del oficio DA-0382-2019 de 16 de diciembre de 2019 y, a título de restablecimiento del derecho , ordenó el reintegro al cargo y el pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir.

Narró que el municipio de Sopó presentó recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, el cual fue resuelto por sentencia de 16 de febrero de 2023 , proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca , Sección Segunda, Subsección “ D”, que revocó la decisión recurrida y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda. Lo anterior con fundamento en el Decreto 1227 de

proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca , Sección Segunda, Subsección “ D”, que revocó la decisión recurrida y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda. Lo anterior con fundamento en el Decreto 1227 de 2005, que reglamentó la Ley 909 de 2004 y el Decreto 1083 de 2015 , los cuales establecen que el nominador antes de que se cumpla el término correspondiente puede dar por terminados los nombramientos provisionales, mediante acto administrativo debidamente motivado.

2. Fundamentos de la acción

La actora presentó acción de tutela en defensa de los derechos fundamen tales al debido proceso, igualdad y de acceso a la administración de justicia , los cuales consideró vulnerados con la sentencia de 16 de febrero de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “D” , que revocó la sentencia de 24 de marzo de 2022 , proferida por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Zipaquirá y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida contra el municipio de Sopó, con el fin de que se declarara la nulidad del oficio DA-0382-2019 de 16 de diciembre de 2019 , en virtud del cual se produjo la desvinculación del cargo que ocupaba en provisionalidad.

Adujo que se cumplen los presupuestos generales de procedencia de tutela contra providencia judicial, en tanto, se presentó dentro del término de seis meses desde la notificación de la s entencia de segunda instancia -21 de febrero de 2023 - y, teniendo en cuenta , que la providencia cuestionada fue proferida en segunda

providencia judicial, en tanto, se presentó dentro del término de seis meses desde la notificación de la s entencia de segunda instancia -21 de febrero de 2023 - y, teniendo en cuenta , que la providencia cuestionada fue proferida en segunda instancia, se agotaron los mecanismos de defensa judicial ordinarios por lo que se cumple el presupuesto de subsidiariedad. También, afirmó que se identificaron los hechos que constituyen causa de la vulneración ius fundamental invocada y que no se trata de tutela contra tutela.Radicación:11001-03-15-000-2023-03924-01

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3 Asimismo, adujo que se trata de un asunto de relevancia constitucional , teniendo en cuenta que se invoca la protección de derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso y de acceso a la administración de justicia por el desconocimiento del precedente judicial horizontal , y porque además no se efectuó un pronunciamiento en torno a la pretensión subsidiaria de reparación directa.

En ese orden, alegó la configuración de los siguientes defectos:

2.1. Desconocimiento del precedente judicial, en tanto, se habrían desconocido las siguientes sentencias proferidas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca respecto de asuntos que presentan similitud fáctica , al considerarse que , el vencimiento del término por el cual se efectuó el nombramiento, no constituye una motivación válida y suficiente para desvincular un empleado provisional. En ese sentido, c omenzó por referirse a dos sentencias

considerarse que , el vencimiento del término por el cual se efectuó el nombramiento, no constituye una motivación válida y suficiente para desvincular un empleado provisional. En ese sentido, c omenzó por referirse a dos sentencias que abordaron casos puntuales de empleados de la planta de personal del municipio de Sopó.

• Sentencia de 24 de junio de 2021 , proferida por la Sección Segunda

Subsección “A” 1 .

• Sentencia de 5 de agosto de 2021 , proferida por la Sección Segunda

Subsección “A” 2 .

De igual modo, se refirió a sentencias que han abordado el estudio de actos administrativos de desvinculación de empleados nombrados en provisionalidad por vencimiento del periodo, en otras entidades.

• Sentencia de 4 de septiembre de 2020 proferida por la Sección Segunda,

Subsección “E” 3 . • Sentencia de 25 de mayo de 2017 proferida por la Sección Segunda, Subsección “E” 4 .

También, alegó el desconocimiento de la sentencia T-147 de 2013, proferida por la Corte Constitucional en la que se refirió a la debida motivación para la desvinculación de un funcionario nombrado en provisionalidad y, señaló en ese sentido, que “una motivación constitucionalmente admisible en estos casos es aquella que se sustenta en argume ntos puntuales como lo son la provisión definitiva del cargo una vez superado el concurso de méritos, la calificación insatisfactoria del funcionario, la imposición de alguna sanción disciplinaria, y cualquier otra razón específica atinente al servicio que presta el funcionario,

definitiva del cargo una vez superado el concurso de méritos, la calificación insatisfactoria del funcionario, la imposición de alguna sanción disciplinaria, y cualquier otra razón específica atinente al servicio que presta el funcionario, excluyendo cualquier tipo de referencia genérica”.

1 Expediente No 25899-33-33001-2019-00142-01, demandante: Yudith Rocío Rodríguez Suárez. 2 Expediente No 25899-33-33002-2019-00138-00. demandante: Gloria Gaitán Bernal. 3 Expediente No 25899-33-33-002-2017-00314-01. 4 Expediente No 25899-33-33-0022012-00175-01.Radicación:11001-03-15-000-2023-03924-01

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4 En este punto, señaló que la autoridad judicial accionada no expresó las razones por las cuales se apartaba de su propio precedente judicial. Aseveró que le correspondía evidenciar que los casos no presentan identidad fáctica o la necesidad de variar la postura que venía adoptándose en relación con si el vencimiento del plazo resultaba motivación suficiente y razonable para ordenar la desvinculación de un empleado que ocupaba un cargo en provisionalidad.

2.2. Decisión sin motivación , el cual se habría configurado porque en la demanda incluyó una pretensión subsidiaria que no fue abordada en la sentencia

desvinculación de un empleado que ocupaba un cargo en provisionalidad.

2.2. Decisión sin motivación , el cual se habría configurado porque en la demanda incluyó una pretensión subsidiaria que no fue abordada en la sentencia de segunda instancia, la cual consistía en que se declarara al municipio de Sopó responsable administrativa y patrimonialmente por los perjuicios derivados de la “operación administrativa conformada en el Oficio DA -0382-2019 de diciembre 16 de 2019 y la irregular notificación del mismo”.

Aseveró, que en la sentencia de primera instan cia ese aspecto no fue objeto de decisión, porque se acce dió a las pretensiones principales , sin embargo, al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “D” , sí le correspondía efectuar un pronunciamiento sobre la pretensión subsidiaria teniendo en cuenta que revocó el fallo apelado y , en su lugar , negó las solicitudes principales de la demanda.

2.3. Defecto fáctico, al respecto, reiteró lo reprochado en torno a la omisión en la que supuestamente incurrió la autoridad judicial acci onada por no efectuar un pronunciamiento sobre la pretensión subsidiaria expresada en la demanda , dado que se aportaron pruebas para ese análisis que no fueron valoradas, en las cuales se demostraron los errores en la diligencia de notificación del acto ad ministrativo de desvinculación. En ese ese sentido no individualizó los elementos probatorios que habrían sido desconocidos.

3. Pretensiones

En el escrito de tutela se formulan las siguientes:

“1.- Dejar sin efecto la sentencia de febrero 16 de 2023, p roferida por la Sección

que habrían sido desconocidos.

3. Pretensiones

En el escrito de tutela se formulan las siguientes:

“1.- Dejar sin efecto la sentencia de febrero 16 de 2023, p roferida por la Sección Segunda Subsección “D” del Tribunal Administrativo de Cundinamarca vulneradora de derechos de la accionante.

2.- Como consecuencia de lo anterior ordenar a la Sección Segunda Subsección “D” del Tribunal Administrativo de Cundinama rca la expedición de una nueva sentencia que respete las reglas de decisión contenidas en los precedentes horizontales y las reglas de tratamiento de tales precedentes. Que en caso de ser necesario examine y considere las pretensiones subsidiarias de repar ación directa valorando las pruebas del caso”.

4. Pruebas relevantes

Obra en el expediente los siguientes documentos:

• Copia de la sentencia de 24 de marzo de 2022 , proferida por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Zipaquirá.Radicación:11001-03-15-000-2023-03924-01

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5 • Copia de la s entencia de 16 de febrero de 2023 , dictada por la Sección Segunda, Subsección “D” del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

5. Trámite procesal

Por auto de 26 de julio de 2023, la Sección Quinta del Consejo de Estado admitió la demanda y ordenó notificar a la demandante y a la autoridad judicial accionada,

5. Trámite procesal

Por auto de 26 de julio de 2023, la Sección Quinta del Consejo de Estado admitió la demanda y ordenó notificar a la demandante y a la autoridad judicial accionada, así como al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Zipaquirá y al alcalde municipal de Sopó, como terceros interesados en el resultado del proceso.

De igual forma , dispuso oficiar al Juzgad o Segundo Administrativo del Circuito de Zipaquirá, para que allegara copia digitalizada del expediente No 25899-33-330022021-00056-00/01, que corresponde al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por la señora Sandra Milena Patiño Venegas.

6. Oposición

6.1. Respuesta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “D”

El Magistrado ponente de la decisión cuestionada pidió que se nieguen las pretensiones de la demanda , al considerar que no se vulneraron lo s derechos fundamentales invocados.

Al respecto, explicó que en la providencia cuestionada se expresaron los fundamentos en los que se sustenta la decisión de negar las pretensiones de la demanda, en el sentido de que el Decreto 1227 de 2005 que reglamen tó la Ley 909 de 2004 y el Decreto 1083 de 2015 establecen que el nominador, en este caso, el alcalde municipal de Sopó, puede dar por terminados los nombramientos provisionales, como el de la demandante, por resolución motivada y, una de esas razones, puede ser la expiración del término de nombramiento.

caso, el alcalde municipal de Sopó, puede dar por terminados los nombramientos provisionales, como el de la demandante, por resolución motivada y, una de esas razones, puede ser la expiración del término de nombramiento.

Adujo que la Corte Constitucional en las sentencias T -147 de 2013 y T -360 de 2015, estableció que el vencimiento del término por el cual ha sido designado el funcionario constituye una razón suficiente para motivar su desvinculación.

De igual forma, aseveró que no se incurrió en desconocimiento del precedente judicial horizontal porque en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca no existe una posición unificada en torno al asunto bajo análisis, por lo qu e en virtud de lo consagrado en los artículo s 228 y 230 de la Constitución Política , el juez goza de autonomía e independencia judicial y se encuentra sujeto únicamente a la ley.

Finalmente, sobre el reproche relativo a la falta de pronunciamiento de las pretensiones subsidiarias expresadas en la demanda, adujo que “ciñó su análisis a los argumentos expuestos en el recurso de alzada presentado por el Municipio de Sopó, en tanto como lo ha mencionado el Consejo de Estado, es el margen de acción “el marco de la resolución judicial en segunda instancia lo establece la sentencia y el recurso de apelación”, y aseveró que, en todo caso, “ la reparación del daño, sería una consecuencia lógica si se acogieran las pretensiones de laRadicación:11001-03-15-000-2023-03924-01

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6 demanda, pero como esto no ocurrió , no constituía una materia que fuera inescindible a la decisión, y por ende no era necesario pronunciarnos al respecto”.

6.2. Respuesta del Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Zipaquirá

El secretario del despacho envió el link habilitado par a consultar el expediente No 25899-33-33-0022021-00056-00, y sobre la demanda manifestó que “se atiene a lo resuelto por este estrado judicial en providencia de 24 de marzo de 2022 y la decisión del superior, aquí también accionado, que revocó esta sente ncia dentro del medio de control de nulidad”.

6.3. Respuesta del municipio de Sopó

A través de apoderada, el alcalde municipal pidió que se nieguen las pretensiones de la demanda, en tanto la autoridad judicial accionada no vulneró los derechos fundamentales invocados , toda vez que la decisión cuestionada se encuentra debidamente fundamentada en el Decreto 1227 de 2005 , que en los artículos 9 y 10 señala que el nombramiento en provisionalidad puede darse por finalizado por vencimiento del término, mediante acto administrativo motivado.

De igual modo, indicó que , en ese mismo sentido, el Decreto 1083 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública” en el artículo 2.2.5.3.4 , sobre la terminación del nombr amiento en

medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública” en el artículo 2.2.5.3.4 , sobre la terminación del nombr amiento en provisionalidad establece que “antes de cumplirse el término de duración del encargo, de la prórroga o del nombramiento provisional, el nominador, por resolución motivada, podrá darlos por terminados”.

Indicó que la Corte Constitucional en las sentencias T-147 de 2013 y T -360 de 2015, también ha admitido como una razón v álida para la desvinculación de un empleado en provisionalidad es el vencimiento del término por el cual fue designado. En la misma línea, indicó que por sentencia de tutela de 1 5 de julio de 2021, la Sección Cuarta del Consejo de Estado 5 reiteró esa postura para señalar que la pr órroga de un nombramiento en provisionalidad no genera derechos de estabilidad laboral reforzada.

De esta manera, señaló que la autoridad judicial acc ionada no desconoció el precedente judicial, todo lo contrario, a su juicio la decisión se encuentra conforme con la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado.

7. Sentencia de tutela impugnada

La Sección Quinta de l Consejo de Estado en sentencia de 24 de agosto de 2023, declaró improcedente la acción de tutela en lo pertinente a los defectos fáctico y decisión sin motivación, y negó las pretensiones en torno al desconocimiento del precedente judicial.

5 M.P. Milton Chaves García. Expediente 11001-03-15-000-2021-03010-00.Radicación:11001-03-15-000-2023-03924-01

precedente judicial.

5 M.P. Milton Chaves García. Expediente 11001-03-15-000-2021-03010-00.Radicación:11001-03-15-000-2023-03924-01

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7 En primer término, señaló qu e no se cumple el presupuesto de subsidiariedad respecto del reproc he a la falta de pronunciamiento sobre la pretensión subsidiaria, dirigida a que se declara la responsabilidad patrimonial del municipio de Sopó por los daños derivados de la indebida notif icación del Oficio DA-03822019 de diciembre 16 de 2019 , que la actora desarrolló bajo la caracterización de los defectos fáctico y decisión sin motivación. En ese sentido, aseveró que para tal efecto dispone del recurso extraordinario de revisión consagrado en el artículo 250 de la Ley 1437 de 2011 , bajo la causal quinta, esto es existir nulidad originada en la sentencia, que en este caso sería la incongruencia negativa.

En segundo lugar, consideró que no se configuró el defecto por desconocimiento del pr ecedente judicial horizontal, en tanto las sentencias alegadas como desconocidas, fueron proferidas por una subsección diferente - Subsección “A”-, a la que profirió la sentencia objeto de reproche constitucional, esto es, la Subsección “ D”, y teniendo en cuenta que no existe postura unificada sobre la materia objeto de controversia en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, prevalece el principio de autonomía judicial.

Subsección “ D”, y teniendo en cuenta que no existe postura unificada sobre la materia objeto de controversia en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, prevalece el principio de autonomía judicial.

8. Escrito de impugnación

Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, la actora, a través de apoderado, impugnó el fallo de primera instancia y solicit ó que se revocara, en virtud de los siguientes argumentos:

• Consideró que el artículo 250 de la Ley 1437 de 2011 , no contempla la falta de motivación como causal del recurso extraordinario de revisión, por lo que calificó de arbitrario el argumento del a quo en ese sentido , en tanto, a su juicio está modificando las causales específicas de procedencia de tutela contra providencia judicial que ha establecido la j urisprudencia constitucional y dentro de las cuales se encuentra la falta de motivación.

• Señaló que el principio de autonomía judicial no resulta un argumento válido para que la autoridad judicial accionada pueda desconocer el precedente judicial establecido por el mismo Tribunal Administrativo de Cundinamarca , en sentencias en las que se han resuelto casos idénticos al suyo. Señaló que la conformación por subsecciones tampoco permite proferir decisiones diferente en casos idénticos.

Reprochó que la Subs ección “D” Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca no expresara las razones por las cuales se apartaba de la postura que había adoptado en otras sentencias, que resolvieron casos de otras empleadas vinculadas en provisionalidad a la planta de personal del municipio de Sopó.Radicación:11001-03-15-000-2023-03924-01

apartaba de la postura que había adoptado en otras sentencias, que resolvieron casos de otras empleadas vinculadas en provisionalidad a la planta de personal del municipio de Sopó.Radicación:11001-03-15-000-2023-03924-01

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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la presente impugnación.

2. Planteamiento del problema jurídico

En los términos de la impugnación, c orresponde a la Sala decidir si debe revocar la sentencia de 24 de agosto de 2023, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado , que declaró improcedente la acción de tutela en lo pertinente a los defectos fáctico y decisión sin motivación, y negó las pretensiones en torno al desconocimiento del precedente judicial , y si debe concederse la protección constitucional solicitada, en tanto la autoridad judicial accionada en la sentencia de 16 de febrero de 2023 revocó la decisión recurrida y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda, incurrió en los yerros alegados.

3. Procedencia ex cepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales

pretensiones de la demanda, incurrió en los yerros alegados.

3. Procedencia ex cepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales

El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública” , mandato que materializa las obligaciones internacionales contenidas en los artículos 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 6 y 2.3 lite ral a) del Pacto de Derechos Civiles y Políticos7, instrumentos que hacen parte de la legislación interna en virtud del bloque de constitucionalidad (art. 93 de la Carta).

Esta Corporación judicial en la sentencia de unificación emanada de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 31 de julio de 2012 8, acogió la tesis de admitir la procedencia excepcional de la solicitud de tutela contra providencias judiciales, cuando se advierta una manifiesta vulneración iusfundamental.

Más adelante, la misma S ala en sentencia de unificación del 5 de agosto de 20149, precisó el ámbito de aplicación de la acción de tutela contra providencias judiciales, lo que llevó a concluir que su procedencia se debe predicar, también, respecto “de sus máximos tribunales” , en tanto se trata de autoridades públicas que “pueden eventualmente vulnerar los derechos fundamentales de personas” . En la misma decisión, el Consejo de Estado acogió las condiciones de aplicación

6 Aprobada por el Congreso de la República medio de la Ley 16 de 1972. 7

que “pueden eventualmente vulnerar los derechos fundamentales de personas” . En la misma decisión, el Consejo de Estado acogió las condiciones de aplicación

6 Aprobada por el Congreso de la República medio de la Ley 16 de 1972. 7 Aprobado por el Congreso de la República medio de la Ley 74 de 1968. 8 Expediente Nº 2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González. 9 Expediente Nº 2012-02201-01, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.Radicación:11001-03-15-000-2023-03924-01

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9 que sistematizó la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 200510.

Los requisitos generales de procedencia que deben ser verificados, son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios - de defensa judic ial al alcance de la persona afectada; (iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración (…); (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora (…); (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los

efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora (…); (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible (…) y (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.

Ahora bien, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la jurisprudencia constitucional en la misma sentencia C -590 de 2005, son los siguientes: (i) Defecto orgánico 11; (ii) Defecto procedimental absoluto 12; (iii) Defecto fáctico 13; (iv) Defecto material o sustantivo 14; (v) Error in ducido15; (vi) Decisión sin motivación16; (vii) Desconocimiento del precedente17 y (viii) Violación directa de la Constitución 18 .

Al juez de tutela le corresponde verificar el cumplimiento estricto de todos los requisitos generales de procedencia, de tal modo que una vez superado ese examen formal pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos arriba mencionados, siempre y cuando, en principio, hayan sido alegados por el interesado. Estos presupuestos han sido acogidos en reiterada jurispru dencia del

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M. P. Jaime Córdoba Triviño.

11 Se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello. 12 Que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido. 13 Que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto

absolutamente, de competencia para ello. 12 Que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido. 13 Que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. 14 Como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión. 15 Que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales. 16 Que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. 17 Se presenta cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la ef icacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. 18 Esas consideraciones se han reiterado por la Corte Constitucional en las recientes sentencias SU-114 de 2023 y SU-061 de 2023, M. P. Diana Fajardo Rivera.Radicación:11001-03-15-000-2023-03924-01

Demandantes: Sandra Milena Patiño Venegas

Calle 12