CE - 110010315000202303934001SENTENCIA20230921150829

Demandantes: Luis Antonio Gamarra Díaz y otros Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera Radicado: 11001-03-15-000-2023-03934-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá D.C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-03934-00

Demandantes: LUIS ANTONIO GAMARRA DÍAZ Y OTROS

Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN PRIMERA

Tema: Tutela de fondo. Presunta mora judicial injustificada. Niega amparo

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la sala a resolver la acción de tutela formulada por los señores Luis Antonio Gamarra Díaz, Noris Leonor Zabaleta de Gamarra, Jaime Rafael Peña Arrieta y Arelis del Carmen González de Pérez contra la Sección Primera del Consejo de Estado , de conf ormidad con los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta corporación.

1. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta corporación.

1. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

Los señores Luis Antonio Gamarra Díaz, Noris Leonor Zaba leta de Gamarra, Jaime Rafael Peña Arrieta y Arelis del Carmen González de Pérez, por conducto de apoderado, instauraron acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Primera, con el fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la tutela judicial efectiva y a la igualdad.

Las referidas garantías constitucionales las consideraron transgredidas con ocasión de la presunta mora de la autoridad demandada en resolver la solicitud d e revisión eventual1 de la sentencia de 2 8 de septiembre de 2018 , proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre , que presentaron en el año 2019 y se halla en el despacho de la magistrada Nubia Margoth Peña Garzón desde el 10 de marzo de 2020; proceso que se identifica con el radicado 70001-33-33-003-2011-00320-01.

1 Frente a la sentencia de dictada en segunda instancia por el Tribunal Administrativo d e Sucre, en un proceso que fue ejercido como de grupo, y frente al cual el referido tribunal adecuó a una reparación directa, pese a que, con anterioridad, en sede de apelación, había determinado y ordenado al a quo tramitar el asunto como lo presentaron inicialmente los demandantes.Demandantes: Luis Antonio Gamarra Díaz y otros

Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera

ordenado al a quo tramitar el asunto como lo presentaron inicialmente los demandantes.Demandantes: Luis Antonio Gamarra Díaz y otros Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera Radicado: 11001-03-15-000-2023-03934-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1.2. Pretensiones

Los actores presentaron las siguientes:

PRIMERA: Puesto que también se invoca un derecho no señalado expresamente por la Constitución como fundamental (tutela judicial efectiva y acceso a la administración de justicia, art. 229 de la Constitución Política en conexidad con los artículos 272 a 274 Nral. 3º del C.P.A.C.A.), solicitamos que una vez se active la competencia del vértice constitucional, se aplique el art. 2º d el Decreto 2591 de 1991 y, en consecuencia, rogamos darle prelación a la presente acción de tutela en la revisión que haga la Corte Constitucional.

SEGUNDA: Comedidamente solicitamos al Honorable Consejo de Estado ordene o brinde la protección a los accio nantes, tutelándoles los derechos fundamentales al debido proceso (art. 29 de la C.P.), y acceso a la administración de justicia en procura de una tutela judicial efectiva (art. 229 de la Constitución Política en conexidad con los artículos 272 a 274 del C .P.A.C.A. y artículo 88 Inc, 2º de la Constitución), el derecho a la igualdad (artículo 13 C.P.).

TERCERA: Que como consecuencia de lo anterior, se exhorte, —muy respetuosa y

Constitución), el derecho a la igualdad (artículo 13 C.P.).

TERCERA: Que como consecuencia de lo anterior, se exhorte, —muy respetuosa y comedidamente—, a la Honorable Magistrada Dra. Nubia Margoth Peña Garzón de la Sección Primera del Consejo de Estado, para que resuelva sobre la solicitud de revisión eventual que se halla en su Despacho pendiente de decisión desde el día 10 de marzo de 2020, bajo el número de expediente 700013333 -003-2011-0032001, resolviendo al menos si revisará, o no revisará, el caso.2

1.3. Hechos

La parte actora fundó su petición de tutela en los siguientes:

Informó que el 13 de diciembre de 2003, 57 personas fueron detenidas por agentes estatales en el municipio de Betulia (Sucre), bajo la ac usación de pertenecer a las FARC.

Explicó que las mencionadas personas fueron liberadas, dado que las autoridades abandonaron la investigación y jamás presentaron pruebas que los relacionaran con el delito de rebelión.

Indicó que las 57 víctimas de la de tención masiva y sus familiares (aproximadamente 300 ciudadanos) presentaron una acción de grupo contra la Fiscalía General de la Nación, la Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional, con el fin de obtener una indemnización por la privación injusta de la libertad. A este proceso le correspondió el radicado 70001-33-31-003-2011-0032000.

Expuso que, en sede de la primera instancia, el a quo decretó la nulidad de todo lo

libertad. A este proceso le correspondió el radicado 70001-33-31-003-2011-0032000.

Expuso que, en sede de la primera instancia, el a quo decretó la nulidad de todo lo actuado al considerar que el proceso se debía tramitar como una acción de reparación directa con acumulación subjetiva de pretensiones.

Dispuso que tal decisión fue apelada y le correspondió por reparto al Tribunal Administrativo de Sucre que, mediante auto de 2 de agosto de 2012, revocó la declaratoria de nulidad y determinó que el proceso debía tramitarse como una acción de grupo.

2 Transcrito del original, con posibles errores.Demandantes: Luis Antonio Gamarra Díaz y otros Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera Radicado: 11001-03-15-000-2023-03934-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Alegó que una vez fue proferida la sentencia de primer grado 3, las partes la apelaron, razón por la cual el expediente nuevamen te fue asignado al Tribunal Administrativo de Sucre que, a través de providencia de segunda instancia 4, decidió declarar que el proceso debía resolverse como una acción de reparación directa y no como una acción de grupo, pese a que en una oportunidad previa había dejado claro lo contrario.

Resaltó que, si bien en el fallo de segunda instancia se condenó a las demandadas, únicamente se benefició a quienes sí habían otorgado poder para promover la acción (a excepción del señor Jaime Rafael Peña Arrieta) y se

Resaltó que, si bien en el fallo de segunda instancia se condenó a las demandadas, únicamente se benefició a quienes sí habían otorgado poder para promover la acción (a excepción del señor Jaime Rafael Peña Arrieta) y se excluyeron a más de 200 víctimas directas e indirectas que no hicieron parte del proceso, pero que por ministerio de la ley debían incluirse en el grupo de accionantes y ser cobijados por la sentencia.

Puso de presente que en el 2019 se radicó una sol icitud de eventual revisión , la cual fue remitida a l Consejo de Estado y asignada el 14 de marzo de ese año al magistrado Alberto Montaña Plata , para que fuera tramitada como un recurso extraordinario de revisión, bajo el radicado 11001-03-26-000-2019-00049-005.

No obstante, señaló que mediante auto de 19 de febrero de 2020 la mencionada autoridad judicial determinó que los demandantes « no habían interpuesto ningún recurso extraordinario de revisión, sino una solicitud de eventual revisión, la cual debía ser objeto de estudio desde esa perspectiv a». Por lo tanto, ordenó que tramitara como tal.

3 Según los informes allegados por las partes y terceros vinculados, la sentencia de primera instancia fue proferida el 25 de agosto de 2017 por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Sincelejo. 4 De igual manera, de los informes presentado s y el material probatorio allegado al proceso, se extrae que la sentencia de segundo grado data del 2 8 de septiembre de 2018. En la parte resolutiva se determinó lo siguiente:

[…]

4 De igual manera, de los informes presentado s y el material probatorio allegado al proceso, se extrae que la sentencia de segundo grado data del 2 8 de septiembre de 2018. En la parte resolutiva se determinó lo siguiente:

[…]

SEGUNDO: REVOCAR el numeral PRIMERO de la sentencia datada 25 de agosto de 2017, proferida por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Sincelejo, según lo expuesto en la parte motiva de esta providencia, entendiéndose entonces , que el pres ente asunto no trata de un medio de control de reparación de perjuicios ocasionados a un grupo, sino de una reparación directa.

TERCERO: REVOCAR el numeral noveno de la sentencia de fecha 25 de agosto de 2017, proferida por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Sincelejo, conforme lo anotado; en consecuencia, las costas del proceso se regirán por lo que se afirma más adelante.

CUARTO: NO CONDENAR en costas de primera o segunda instancia a las partes, conforme lo afirmado en el art. 171 de C.C.A. y lo dicho anteriormente.

QUINTO: REVOCAR el numeral DÉCIMO PRIMERO de la sentencia de fecha 25 de agosto de 2017, proferida por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Sincelejo, al tratarse el presente asunto de un medio de control de reparación directa.

SEXTO: CONFIRMAR en lo restante la sentencia de fecha 25 de agosto de 2017, proferida por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Sincelejo, conforme lo anotado. 5 De la revisión del expediente realizad a en Samai se observó que el 6 de agosto de 2019, la

Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Sincelejo, conforme lo anotado. 5 De la revisión del expediente realizad a en Samai se observó que el 6 de agosto de 2019, la Sección Tercera del Consejo de Estado ordenó la remisión del proceso a reparto para que fuera tramitado como una eventual remisión. Luego, el 29 de octubre de ese año , l a Sección Primera devolvió el expediente a aquella.Demandantes: Luis Antonio Gamarra Díaz y otros Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera Radicado: 11001-03-15-000-2023-03934-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Reseñó que, como consecuencia de la decisión adoptada por la Sección Tercer a en el auto de 19 de febrero de 2020 , el 10 de marzo de 2020 el expediente fue remitido a l despacho de la magistrada Nubia Margoth Peña Garzón 6, con el radicado 700013333-003-2011-00320-01, sin que a la fecha « se defina, tan siquiera si la solicitud de eventual revisión que imploramos sí va a ser tramitada».

Narró que desde octubre de 202 1 solicitó a la autoridad judicial accionada que ordenara a la Fiscalía General de la Nación que suspendiera el trámite del pago de la sentencia, comoquiera que dicha entidad le informó sobre la asignación de un turno desde marzo de 2019. No obstante, refutó que nunca se ha atendido esta ni las otras solicitudes que se han formulado.

1.4. Fundamentos de la solicitud

un turno desde marzo de 2019. No obstante, refutó que nunca se ha atendido esta ni las otras solicitudes que se han formulado.

1.4. Fundamentos de la solicitud

La parte accionante consideró vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la tutela judicial efectiva y a la igualdad, con ocasión de la demora injustificada de la Sección Primera del Consejo de Estado en tramitar la solicitud de eventual revisión que presentó desde el 2019; proceso identificado con el radicado 70001-33-33-003-2011-00320-01.

En primer lugar, los actores informaron que Jaime Rafael Peña Arrieta, adulto mayor de 77 años que padece graves dolencias de salud , y su esposa, la señora González Pérez, adulta mayor de 66 años, son sujetos de especial protección constitucional, dado que «viven en deplorables condiciones de dignidad humana por extrema pobreza y graves quebrantos de salud».

De otro lado, señalaron que el señor Gamarra Díaz y su esposa, quienes además de pertenecer a la tercera edad presentan quebrantos de salud, s e preguntan si nunca se hará efectiva la indemnización con la que resultaron beneficiados por el fallo del Tribunal Administrativo de Sucre.

Destacaron que desde hace 20 años vienen siendo victimizados y revictimizados por el Estado, primero porque la Fis calía General de la Nación los encarceló y estigmatizó al exhibirlos como criminales en los noticieros y periódicos, luego en la acción de grupo al dejarlos por fuera de la indemnización ordenada en el fallo de segunda instancia y, finalmente, cuando no se resolvió la solicitud de eventual

estigmatizó al exhibirlos como criminales en los noticieros y periódicos, luego en la acción de grupo al dejarlos por fuera de la indemnización ordenada en el fallo de segunda instancia y, finalmente, cuando no se resolvió la solicitud de eventual revisión radicada hace más de 57 meses.

Reiteraron que más de 300 víctimas resultaron revictimizadas por el actuar del Tribunal Administrativo de Sucre al minimizar los efectos del proceder del Estado e impedir que las v íctimas reclamaran en grupo su derecho , cuando convirtió la acción de grupo en un proceso de reparación directa.

Finalmente, precisaron lo que se trascribe a continuación:

6 Magistrada a quien el 15 de agosto de 2019, se le repartió el proceso para que lo tramitara como una eventual revisión. No obstante, con auto de 29 de octubre de 2019 ordenó la remisión del expediente a la Sección Tercera del Consejo de Estado.Demandantes: Luis Antonio Gamarra Díaz y otros Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera Radicado: 11001-03-15-000-2023-03934-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Se pone de relieve la vulneración al derecho a la igualdad de los accionantes en el cuadro excel, expedido por la Secretaría General del Consejo de Estado, quedando verificado que desde enero de 2018 a 31 de enero de 2023, hay 55 radicados con solicitudes en ejercicio del mecanismo de eventual revisión respecto de fallos de

cuadro excel, expedido por la Secretaría General del Consejo de Estado, quedando verificado que desde enero de 2018 a 31 de enero de 2023, hay 55 radicados con solicitudes en ejercicio del mecanismo de eventual revisión respecto de fallos de acciones de g rupo, de los cuale s 41 ya fueron definidos de fondo y 14 siguen activos; de ese total en la única que se ha incumplido el artículo 274 del CPACA, por más de 40 meses, es la acción de grupo de marras (se anexa como prueba el cuadro en mención).

1.5. Trámite de la acción de tutela

Con auto de 25 de julio de 2023, el magistrado ponente de esta decisión admitió la acción de tutela y ordenó notificar a los magistrados de la Sección Primera del Consejo de Estado para que, si lo consideraban del caso, inter vinieran en el presente proceso en calidad de demandados.

Así mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto Ley 2591 de 1991, vinculó como tercero con interés al Tribunal Administrativo de Sucre y al Juzgado Tercero Administrativo de Descongestión de Sincelejo o al despacho que hubiera asumido sus funciones [ autoridades que conocieron el proceso de grupo/reparación directa ]; a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Admin istración Judicial, Fiscalía General de la Nación [ extremo pasivo del proceso de grupo/reparación directa ]; y a Norma de Jesús Atencia España, Alfonso de Jesús Atencia España, Rafael Jacobo Hernández Aguas, Luis Carlos Morales Bravo, Yonathan Blanco Atenci a,

General de la Nación [ extremo pasivo del proceso de grupo/reparación directa ]; y a Norma de Jesús Atencia España, Alfonso de Jesús Atencia España, Rafael Jacobo Hernández Aguas, Luis Carlos Morales Bravo, Yonathan Blanco Atenci a, Samir Alfonso Atencia Márquez, Yadira Margarita Atencia Márquez, Luz Marina España Méndez, Juan Carlos Hernández Durán, Flor María Durán Cardeño, Candelaria Consuelo Lastre Mejía, Ana Leonor Gamarra Zabaleta, Rebeca del Carmen Gamarra Zabaleta, Carlos A gustín Gamarra Zabaleta, Roniss Rafael Gamarra Zabaleta, Jaider Gamarra Zabaleta, Islena Candelaria Gamarra Zabaleta, Ramón Emiro Gamarra Zabaleta y otros [ parte demandante del proceso de grupo/reparación directa].

Para lograr el conocimiento de esta acción de tutela por parte de la totalidad de los integrantes del proceso identificado con el radicado 70001-33-33-003-2011-0032001, se dispuso que, a través de la Secretaría General del Consejo de Estado, se requiriera al Tribunal Administrativo de Sucre para qu e efectuara las notificaciones correspondientes y una vez realizadas, allegara las constancias pertinentes.

De otro lado, se tuvo en calidad de agente oficioso al abogado William Oswaldo Corredor Vanegas, respecto de los señores Jaime Rafael Peña Arriet a y Arelis del Carmen González de Pérez, y se le reconoció personería para actuar como apoderado judicial de Luis Antonio Gamarra Díaz y Noris Leonor Zabaleta de Gamarra.

Finalmente, se ordenó a la oficina de sistemas de la Corporación que realizara la publicación de la información relativa al proceso de la referencia en la página del

apoderado judicial de Luis Antonio Gamarra Díaz y Noris Leonor Zabaleta de Gamarra.

Finalmente, se ordenó a la oficina de sistemas de la Corporación que realizara la publicación de la información relativa al proceso de la referencia en la página del

Consejo de Estado.Demandantes: Luis Antonio Gamarra Díaz y otros Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera Radicado: 11001-03-15-000-2023-03934-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1.6. Contestaciones

Efectuadas las notificaciones correspondientes a través de mensajes enviados por correo electrónico, se presentaron las siguientes intervenciones:

1.6.1. Dirección Seccional de Administración Judicial Sincelejo – Sucre

El apoderado de la entidad, luego de hacer un recuento sobre los hechos y las pretensiones elevadas por los actores en la presente acción constitucional, consideró que no se han vulnerado los derechos fundamentales invocados por los accionantes y que no existe la obligación de la entidad en intervenir, pues el objetivo de la acción de tutela es la de insistir en que la Sección Primera del Consejo de Estado dé trámite al mecanismo de eventual revisión de un proceso.

1.6.2. Consejo de Estado, Sección Primera

La magistrada ponente7 de la actuación reprochada por los actores solicitó que se desestimen las pretensiones del mecanismo de amparo. Para tal efecto, realizó un recuento de las actuaciones surtidas al interior de los procesos que dieron lugar a la presentación de esta acción constitucional, así:

desestimen las pretensiones del mecanismo de amparo. Para tal efecto, realizó un recuento de las actuaciones surtidas al interior de los procesos que dieron lugar a la presentación de esta acción constitucional, así:

• Los demandantes instauraron una acción de grupo c ontra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional, la Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se les reconocieran y pagaran los perjuicios causados por la privación injusta de la libertad de la que fueron objeto con ocasión del pro ceso penal adelantado por el Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de San Luis de Sincé (radicado 70742-31-89-001-2004-00266-00).

• El proceso correspondió por reparto al Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Sincelejo , autoridad judicial qu e profirió sentencia el 25 de agosto de 2017 y en ella dispuso: (i) denegar la excepción relacionada con la improcedencia de la acción de grupo , (i) declaró la caducidad del medio de control respecto de algunos de los accionantes, (iii) denegó las pretensi ones respecto de algunos demandantes, y (iv) declaró responsable administrativa y patrimonialmente a la Fiscalía General de la Nación en favor de 11 de los demandantes y de su grupo familiar.

• La anterior decisión fue apelada por la parte actora y la Fisc alía General de la Nación y los recursos fueron resueltos por el Tribunal Administrativo de Sucre en sentencia de 28 de septiembre de 2018, en el sentido de revocar parcialmente el fallo de primer grado y declarar que el presente asunto no se

la Nación y los recursos fueron resueltos por el Tribunal Administrativo de Sucre en sentencia de 28 de septiembre de 2018, en el sentido de revocar parcialmente el fallo de primer grado y declarar que el presente asunto no se trataba de una acción de grupo, sino de una reparación directa.

• Los actores solicitaron la revisión eventual del fallo dictado por el Tribunal Administrativo de Sucre, para que el Consejo de Estado unificara su posición respecto al tema, dado que se trataba de un asun to de importancia jurídica y trascendencia social.

7 Dra. Nubia Margoth Peña Garzón.Demandantes: Luis Antonio Gamarra Díaz y otros Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera Radicado: 11001-03-15-000-2023-03934-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co • El Tribunal Administrativo de Sucre remitió el expediente a la Sección Tercera del Consejo de Estado mediante auto de 27 de noviembre de 2018, al interpretar que se trataba de un recurso extraordinario de revisión. Esta decisión fue recurrida y confirmada con auto de 31 de enero de 2019, por lo que el expediente fue enviado a esta corporación y asignado al consejero Alberto Montaña Plata.

• El 1.° de abril de 2019, los accionantes interpusieron una acción d e tutela que fue repartida en primera instancia a la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado que, en sentencia de 27 de mayo de 2019 , amparó los

que fue repartida en primera instancia a la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado que, en sentencia de 27 de mayo de 2019 , amparó los derechos fundamentales de los actores y dejó sin efectos los autos del 27 de noviembre de 2018 y del 31 de enero de 2019, proferidos por el Tribunal Administrativo de Sucre. Esta decisión fue impugnada.

• Mientras se tramitaba la impugnación del fallo de tutela, el magistrado Alberto Montaña Plata profirió el auto de 6 de agosto de 2019, con el cual remitió a la Secretaría General el expediente contentivo del recurso extraordinario de revisión para que efectuara el reparto y fuera tramitada como una eventual revisión.

• No obstante, la Sección Tercera , Subsección C del Consejo de Estado en sentencia de segunda instancia de 16 de agosto de 2019, revocó la decisión de primera instancia y dejó en firme los autos 27 de noviembre de 2018 y 31 de enero de 2019.

• En consecuencia, mediante auto de 28 de octubre de 2019 , la magistrada Nubia Margoth Peña Garzón remitió por competencia el proceso a la Sección Tercera de esta corporación, comoquiera que el fallo de tutela de 16 de agosto de 2019 dejó en firme los autos de 27 de noviembre de 2018 y 31 de enero de 2019, a través de los cuales el Tribunal Administrativo de Sucre interpretó la revisión eventual como un recurso extraordinario de revisión.

• El expediente nuevamente fue asignado al consejero Alberto Montaña Plata

2019, a través de los cuales el Tribunal Administrativo de Sucre interpretó la revisión eventual como un recurso extraordinario de revisión.

• El expediente nuevamente fue asignado al consejero Alberto Montaña Plata quien, mediante auto de 5 de febrero de 2020, volvió a enviar el expediente a

reparto para lo cual argumentó lo siguiente:

[…] que el juez de tutela señaló que a quien le correspondía decidir cuál era el recurso procedente era a su Despacho, por ser allí donde se tramitaba el asunto; y que si bien el Tribunal Administrativo de Sucre decidió que se esta ba en presencia de una acción de reparación directa y no de una acción de grupo, lo cierto era que el artículo 274 de la Ley 1437 establecía que la solicitud de revisión eventual debía promoverse ante los Tribunales quienes estaban en el deber de remitir, con destino a la correspondiente Sección del Consejo de Estado, el expediente, de ahí que como la parte demandante solicitó expresamente la revisión de la sentencia de 28 de septiembre de 2018, la solicitud tenía que estudiarse en los términos señalados.

• El 10 de marzo de 2020, la Secretaría General de la corporación remitió el expediente al despacho de la consejera Nubia Margoth Peña Garzón para que se surtiera el trámite de la solicitud de revisión eventual.Demandantes: Luis Antonio Gamarra Díaz y otros Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera Radicado: 11001-03-15-000-2023-03934-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Luego del mencionado recuento, la autoridad j udicial informó que el proyecto a través del cual se decidirá sobre la selección para la revisión eventual de la sentencia de 2 8 de septiembre de 2018 dictada por el Tribunal Administrativo de Sucre, fue registrado para ser discutido en sala de 11 de mayo de 2023, sin que a la fecha se hubiese llegado a un acuerdo sobre el asunto en cuestión dada su complejidad.

En ese sentido, puso de manifiesto la inexistencia de la vulneración del derecho al debido proceso alegada por los actores, comoquiera que « dentro de la acción de grupo 70001 -33-33-003-2011-00320-01 han surgido diversas vicisitudes que han dificultado el curso normal del proceso, precisamente originadas en la complejidad del asunto bajo examen».

De otro lado, citó las sentencias T -186 de 2017 y T -230 de 2013 de la Corte Constitucional y de 16 de julio de 2020, de la Sección Primera del Consejo de Estado dentro del expediente 11001 -03-15-000-2020-02786-00, M.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, para destacar que no se configura ninguno de los aspectos mencionados por las altas cortes para tener acreditada la violación del derecho de acceso a la administración de justicia por la falta de resolución oportuna de un asunto sometido a conocimiento de un servidor judicial.

1.6.3. Tribunal Administrativo de Sucre

El secretario general del Tribunal Administrativo de Sucre allegó la constancia de

oportuna de un asunto sometido a conocimiento de un servidor judicial.

1.6.3. Tribunal Administrativo de Sucre

El secretario general del Tribunal Administrativo de Sucre allegó la constancia de notificación por aviso del auto admisorio de la presente acción constitucional a través de su página web.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta sala es competente para conocer en primera instancia de la acción de tutela presentada por el señor Luis Antonio Gamarra Díaz y otros contra la Sección Primera del Consejo de Estado, de conformidad con los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por e l Decreto 333 de 2021 y, el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la sala determinar si, en el caso concreto, se presenta una vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la tutela judicial efectiva y a la igualdad de los señores Luis Antonio Gamarra Díaz, Noris Leonor Zabaleta de Gamarra, Jaime Rafael Peña Arrieta y Arelis del Carmen González de Pérez, por parte de la Sección Primera del C onsejo de Estado , por presuntamente haber incurrido en una tardanza injustificada en dar trámite a la solicitud de revisión eventual de la sentencia de 28 de septiembre de 2018 del Tribunal Administrativo de Sucre.

Para resolver este problema, se analizar án los siguientes aspectos: (i) la naturaleza de la acción de tutela , (ii) las generalidades de los derechos al debido proceso y de acceso a la administración de justicia , (iii) la mora judicial justificada,

Para resolver este problema, se analizar án los siguientes aspectos: (i) la naturaleza de la acción de tutela , (ii) las generalidades de los derechos al debido proceso y de acceso a la administración de justicia , (iii) la mora judicial justificada, y (iv) el análisis del caso concreto.Demandantes: Luis Antonio Gamarra Díaz y otros Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera Radicado: 11001-03-15-000-2023-03934-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2.3. Naturaleza de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos en que indica el Decreto 2591 de 1991.

La jurisprudencia constitucional de manera enfática y uniforme ha señalado que la acción de amparo fue instituida como un inst rumento de defensa judicial de los derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo anterior implica que su ejercicio solo es procedente de manera supletiva, es decir, cuando no sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se promueva para precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable8.

2.4. Derecho al debido proceso y de acceso a la administración de justicia

Considera la Sala nec