CE - 110010315000202303937001SENTENCIA20230901112436

Radicación: 11001-03-15-000-2023-03937-00

Demandante: HERMES JULIÁN BERMÚDEZ CÁRDENAS

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 - 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-03937-00

Demandante: HERMES JULIÁN BERMÚDEZ CÁRDENAS

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA ,

SECCION SEGUNDA, SUBSECCION “D”

Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para obtener la reliquidación de la prima de actividad para miembros de la fuerza pública. Reiteración de los argumentos propuestos en el proceso ordinario. Defecto procedimental por falta de congruencia, defecto sustantivo y violación directa de la Constitución

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela promovida por el señor Hermes Julián Bermúdez Cárdenas, quien actúa a través de apoderado judicial, contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela promovida por el señor Hermes Julián Bermúdez Cárdenas, quien actúa a través de apoderado judicial, contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “D”, en la que pide el amparo constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad, vulnerados, supuestamente, por la sentencia de 19 de enero de 2023 , mediante la cual la autoridad judicial accionada confirmó la sentencia desfavorable de primera instancia, en el marco de la dema nda de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió contra el Ejército Nacional, con el fin de que se le condenara al reconocimiento y pago de la diferencia salaria l del 20% , y al pago de la prima de actividad y del subsidio familiar.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

El accionante a firmó que presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el Ejército Nacional , con el fin de que se le condenara al reconocimiento y pago de la diferencia salarial del 20% , de la prima de actividad y del subsidio familiar.

Sostuvo que c omo hechos acreditados dentro del proceso , en relación con la reclamación del subsidio familia r, se encontraban que i) por medio de la escritura pública No. 476 de 22 de septiembre de 2014 de la Notaría Segunda de Sevilla , Valle, declaró con la señora Isabel Cristina Ospina Murcia, que tiene n unión marital de hecho desde el 22 de septiembre de 2009 y ii) q ue por medio de la orden administrativa de personal No. 1027 de 30 de enero de 2015 “se le

marital de hecho desde el 22 de septiembre de 2009 y ii) q ue por medio de la orden administrativa de personal No. 1027 de 30 de enero de 2015 “se le reconoció el subsidio de familia en cuantía del 23% con base en lo señalado en el decreto 1161 de 2014. NO SE RECOCONOCIO EL SUBSIDIO” (sic).Radicación: 11001-03-15-000-2023-03937-00

Demandante: HERMES JULIAN BERMUDEZ CARDENAS

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2 Indicó que por sentencia de 25 de agosto de 20 22, el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Girardot denegó las pretensiones de la demanda.

Señaló que, inconforme con la anterior decisión, interpuso recurso de apelación en el que se presentaron como motivos de d isenso frente cinco cargos, a saber: i) que e l despacho atribuy ó un alcance que no se compadece al artículo 11 de Decreto 1794 de 2000 , ii) que la sentencia dio por probado, sin estarlo, que la entidad demandada desvirtuó la presunción de inconstitucionalidad del acto administrativo que negó el reconocimiento del reajuste del subsidio familia r sobre el Decreto 1161 de 2014, “situación que comporta un desconocimiento del precedente constitucional aplicable al presente caso, contenido entre otras sentencias en las siguient es: C-038 de 2004; C -671 de 2002; C -931 de 2004; Tprecedente constitucional aplicable al presente caso, contenido entre otras sentencias en las siguient es: C-038 de 2004; C -671 de 2002; C -931 de 2004; T1318 de 2005 ; T043 de 2007 ; T-273 de 2007 ; T-267 de 2006 y T-418 de 2007”, iii) que era totalmente contraria al artículo 53 de la constitución en lo que tiene que ver con el principio in dubio pro operario, iv) que era contraria al artículo 53 de la Constitución Política en lo que tiene que ver con el principio la condición más beneficiosa, pues desconoció la afectación del derecho a recibir el subsidio de familia, del cual existe una expec tativa legítima, y v) que era contraria al artículo 13 de la Carta Política en lo que tiene que ver con el principio y derecho fundamental a la igualdad, pues señala que los dos sujetos invocados en la comparación no son pasibles de la comparación.

Afirmó que el recurso de apelación fue desatado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsecció n “D” , que por sentencia de 19 de enero de 2023, confirmó el fallo de primera instancia.

Por último, refirió que en la actualidad está en trámite un recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia contra la sentenci a objetada , únicamente en lo relativo al reconocimiento de la diferencia salarial del 20%.

2. Fundamentos de la acción

El accionante presentó acción de tutela con el obje to de que el juez constitucional proteja los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad, vulnerados, supuestamente, con la sentencia de 19 de enero de 2023 , mediante la cual la

El accionante presentó acción de tutela con el obje to de que el juez constitucional proteja los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad, vulnerados, supuestamente, con la sentencia de 19 de enero de 2023 , mediante la cual la autoridad judicial accionada confirmó la sentencia desfavorable d e primera instancia, en el marco de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió contra el Ejército Nacional , con el fin de que se le condenara al reconocimiento y pago de la diferencia salarial del 20% , de la prima de actividad y del subsidio familiar.

En primer lugar, hizo referencia al cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de donde resaltó que la solicitud cumple con el requisito de la subsidiariedad, en tanto, afirmó, “en lo que tiene que ver con la reclamación del subsidio de familia, no procede ningún recurso ordinario, pues la mi sma es una sentencia de segunda instancia. En lo que respecta a los recursos extra ordinarios, contra la sentencia se presentó el RECURSO EXTRAORDINARIO DE UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA DE LA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA, pero en lo relacionado con las pretensiones del reconocimiento de la diferencia salarial del 20% (…) de manera tal que el debate con relación a la interpretación y aplicación sustancial del contenido del artículo 11 del decreto 1794 de 2000, no está supeditado a ningún recurso extraordinario que deba ser agotado”.

De otra parte, indicó que la providencia objetada no resolvió “de forma completa, exhaustiva, y rigurosa lo relacionado con el reparo o crítica a la sentencia proferida

recurso extraordinario que deba ser agotado”.

De otra parte, indicó que la providencia objetada no resolvió “de forma completa, exhaustiva, y rigurosa lo relacionado con el reparo o crítica a la sentencia proferida por el Juzgado con relación al reconocimiento DEL SUBSIDIO DE FAMILIA ”, porRadicación: 11001-03-15-000-2023-03937-00

Demandante: HERMES JULIAN BERMUDEZ CARDENAS

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3 lo que la misma incurre en i) defecto procedimental, en tanto, adujo, la sentencia fue emitida con incongruencia, pues lo que se pidió en el recurso de apelación no fue objeto de pronunciamiento en la sentencia, en específico lo relacionado con la presunción de inconstitucionalidad del acto administrativo que no fue desvirtuada en el proceso, la aplicación del princip io de favorabilidad y condiciones beneficiosas, el juicio de igualdad rogado y los yerros argumentativos de la sentencia de primera instancia.

Sostuvo que el fallo objetado incurre en ii) defecto sustantivo por la interpretación errónea del artículo 11 de l Decreto 1794 de 2000 , en tanto , aduce, “la interpretación correcta puede darse en el siguiente sentido: EL SOLDADO PROFESIONAL DE LAS FUERZAS MILITARES, QUE TENGA UNA UNIÓN MARITAL DE HECHO VIGENTE (DE VIGĒRE 'TENER VIGOR' ES DECIR QUE ESTÉ EN VIGOR), pese a no estar declarada por ser de hecho, ENTRE LAS

MARITAL DE HECHO VIGENTE (DE VIGĒRE 'TENER VIGOR' ES DECIR QUE ESTÉ EN VIGOR), pese a no estar declarada por ser de hecho, ENTRE LAS FECHAS DEL 1° DE ENERO DE 2001 HASTA EL 23 DE JUNIO DE 2014, TIENE

“DERECHO AL RECONOCIMIENTO MENSUAL DE UN SUBSIDIO FAMILIAR

EQUIVALENTE AL CUATRO POR CIENTO (4%) DE SU SALARIO BÁSICO

MENSUAL MÁS LA PRIMA DE ANTIGÜEDAD”.

Sobre el particular, refirió que d e dicha interpretación se sigue que “para que el soldado profesiona l de las Fuerzas Militares, puede tener “derecho al reconocimiento mensual de un subsidio familiar equivalente al cuatro por ciento (4%) de su salario básico mensual más la prima de antigüedad” deberá tener acreditado, de un lado: tener las condiciones de casado; o de otro: tener una unión marital de hecho vigente. Situación que huelga señalar al Despacho que el Demandante acreditó en el presente proceso ”. N o obstante, señala, el tribunal accionado confundió “ el hecho constitutivo de una situación jurídica; el hecho declarativo de una situación jurídica; y el hecho extintivo de una situación jurídica ”, en lo relacionado con el nacimiento de la unión marital de hecho en el caso.

Adujo que el fallo objetado también incurre en iii) violación directa de la Constitución, en específico del derecho a la igualdad , en tanto, declara, en la sentencia cuestionada la autoridad judicial accionada realiza un trato desigual sin un criterio objetivo que lo justifique, frente al trato que dio en los expedientes 2018Constitución, en específico del derecho a la igualdad , en tanto, declara, en la sentencia cuestionada la autoridad judicial accionada realiza un trato desigual sin un criterio objetivo que lo justifique, frente al trato que dio en los expedientes 201800039-01, 2020-00183-01 y 2020-00021-01, en los que se accedió a las pretensiones bajo los mismos supuestos de hecho del caso que originó la controversia.

Sobre el particular, sostuvo que los casos citados , así como el suyo , se tratan de soldados profesiona les que tienen uniones maritales de hecho que fueron constituidas antes del 23 de junio de 2014 y que fueron declaradas después del 23 de junio de 2014; que devengan el subsidio de familia con base en el Decreto 1161 del 2014; que los tres sujetos pidieron el re ajuste del subsidio familia r con base en el artícul o 11 del Decreto 1794 del 2000, y que “ la situación se torna diferente cuando se revisa el resultado que obtuvieron con relación a la petición del reajuste del subsidio de familia con base en el artículo 1 1 del derecho 1794 del 2000, y cuando se habla de la petición se utiliza el contenido específico del derecho de acción, es decir, del medio de control incoado por los tres. Pues, hecha la salvedad, mientras que para los dos primeros sujetos: SUJETO 1 y SUJETO 2, hubo sentencia favorable a sus pretensiones, es decir, hubo reconocimiento del subsidio de familia con base en el artículo 11 del derecho 1794 del 2000, mientras que para ellos sí, para el tutelante, no hubo tal reconocimiento”.

3. Pretensiones

reconocimiento del subsidio de familia con base en el artículo 11 del derecho 1794 del 2000, mientras que para ellos sí, para el tutelante, no hubo tal reconocimiento”.

3. Pretensiones

En el escrito de tutela se formulan las siguientes:Radicación: 11001-03-15-000-2023-03937-00

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4 “4.1. Como consecuencia de las anteriores declaraciones, le ruego encarecidamente al Honorable Despacho, que proceda a dejar, PARCIALMENTE (únicamente lo relacionado con el subsidio de familia) sin efectos, SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA proferida por el TRIBUNAL

ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN “D” Bogotá, D. C., diecinueve (19) de enero de dos mil veintitrés

(2023) MAGISTRADO PONENTE: Dr. CERVELEÓN PADILLA LINARES

PROCESO No.: 253 07-33-33-001-2020-00151-01. DEMANDANTE: HERMES

JULIÁN BERMÚDEZ CÁRDENAS. DEMANDADA: NACIÓN – MINISTERIO DE

DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL. CONTROVERSIA:

REAJUSTE SALARIAL DEL 20%; RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LA PRIMA DE ACTIVIDAD; Y REAJUSTE DEL SUBSIDI O FAMILIAR CONFORME AL DECRETO 1794 DE 2000.

A. PRETENSIÓN PRINCIPAL:

DE ACTIVIDAD; Y REAJUSTE DEL SUBSIDI O FAMILIAR CONFORME AL DECRETO 1794 DE 2000.

A. PRETENSIÓN PRINCIPAL:

4.2. Así mismo le ruego al Honorable Despacho que ordene al Honorable TRIBUNAL ADMINISTRATIVO proferir nueva sentencia en la cual resuelva la totalidad de los cargos presentados en el recurso de apelación con relación al tema de subsidio de familia, para de esa forma corregir la falta de congruencia de la sentencia del Honorable Tribunal Administrativo.

B. PRETENSIONES SUBSIDIARIAS:

4.3. En caso de no accederse a las anteriores pret ensiones, le ruego al Honorable Despacho que ordene al Honorable TRIBUNAL ADMINISTRATIVO proferir nueva sentencia en la cual se ordene declare la nulidad del acto administrativo demandado y se ordene el restablecimiento del derecho con relación al tema de subsidio de familia.

4.4. Así mismo le ruego al Honorable Despacho que ordene al Honorable TRIBUNAL ADMINISTRATIVO proferir nueva sentencia en la cual se ordene declare la nulidad del acto administrativo demandado y se ordene el restablecimiento del derecho con relación al tema de subsidio de familia.

4.5. Así mismo le ruego Honorable Despacho que ordene al Honorable TRIBUNAL ADMINISTRATIVO que en la nueva sentencia se abstenga de aplicar la prescripción del derecho, como quiera que “existía un impediment o legal que no permitía exigir el reconocimiento” y “el derecho a devengarlos surgió a partir de los efectos ex tunc de la sentencia que declaró la nulidad” del

aplicar la prescripción del derecho, como quiera que “existía un impediment o legal que no permitía exigir el reconocimiento” y “el derecho a devengarlos surgió a partir de los efectos ex tunc de la sentencia que declaró la nulidad” del decreto 3770 de 2009. Esto con la finalidad de evitar otro posible yerro del Honorable Tribunal y que el demandante se vea en la penosa labor de interponer una nueva acción de tutela”.

4. Pruebas relevantes

Se allegó copia digital del expediente d el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado Nº 2020-00151-01, actor : Hermes Julián Bermúdez Cárdenas.

5. Trámite procesal

Por auto de 25 de julio de 2023, el despacho admitió la demanda y ordenó notificar al accionante y a la autoridad judicial accionada. Igualmente, al Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Girardot, al Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado , como terceros interesados en el resultado del proceso.Radicación: 11001-03-15-000-2023-03937-00

Demandante: HERMES JULIAN BERMUDEZ CARDENAS

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5 La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios 75895 a 75899, todos de 9 de julio de 2023, con el fin de notificar a las partes 1 .

6. Oposición

6.1. Respuesta del Ministerio de Defensa Nacional

de 9 de julio de 2023, con el fin de notificar a las partes 1 .

6. Oposición

6.1. Respuesta del Ministerio de Defensa Nacional

El apoderado de la cartera ministerial rindió informe en el que solicitó que se declare la improcedencia de la solicitud por cuanto , sostuvo, no cumple con los requisitos para habilitar el estudio de fondo “porque el actor no realizó un estudio de los requisitos específicos de procedencia ni tampoco acredita la presunta vulneración del derecho fundamental, se puede evidenciar con el escr ito de tutela que el actor si menciona una vulneración a derechos fundamentales por parte de lo fallado por las autoridades judiciales aquí accionadas pero en ninguno de sus acápites argumenta y justifica tal aseveración”.

6.2. Los demás vinculad os al trá mite constitucional, aun cuando fueron debidamente notificad os del auto admisorio de la acción de tutela , guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto de estudio.

2. Planteamiento del problema jurídico

En tanto se observa una similitud sustancial entre los argumentos que sustentan la presente acción de tutela con los esgrimidos por el accionante en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que originó la controversia, corresponde a la Sala determinar si la solicitud cumple el requi sito de procedencia de la

presente acción de tutela con los esgrimidos por el accionante en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que originó la controversia, corresponde a la Sala determinar si la solicitud cumple el requi sito de procedencia de la relevancia constitucional , necesario para el estudio de fondo de los argumentos que la soportan.

En caso de que la respuesta a ese interrogante sea afirmativa y se cumplan los restantes requisitos generales, debe establecer se si la sentencia de 19 de enero de 2023 , mediante la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “D”, confirmó la sentencia desfavorable de primera instancia en el marco de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que el actor promovió contra el Ejército Nacional , incurre en i) defecto procedimental , por haber sido emitida con incongruencia , en tanto lo que se pidió en el recurso de apelación no fue objeto de pronunciamiento en la sentencia, ii) defecto sustantivo por la interpretación errónea del artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, y iii) violación directa de la Constitución , en específico del derecho a la igualdad, en tanto, declara, en la sentencia cuestionada realiza un trato desigual sin un crit erio objetivo qu e lo justifique, frente al trato que dio en los expedientes 2018-00039-01, 2020-00183-01 y 2020-00021-01, en los que se accedió a las

1 La notificación se efectuó a lo s siguientes correos electrónicos: notificaciones@wyplawyers.com, stectadmincund@cendoj.ramajudicial.gov.co; des01tadmcund@cendoj.ramajudicial.gov.co;

1 La notificación se efectuó a lo s siguientes correos electrónicos: notificaciones@wyplawyers.com, stectadmincund@cendoj.ramajudicial.gov.co; des01tadmcund@cendoj.ramajudicial.gov.co; scs02sb04tadmincdm@notificacionesrj.gov.co; scregtadmcun@cendoj.ramajudicial.gov.co rmemorialessec02sdtadmcun@cendoj.ramajudicial.gov.co; jadmin01gir@cendoj.ramajudicial.gov.co, notificaciones.bogota@mindefensa.gov.co; ceoju@buzonejercito.mil.co.Radicación: 11001-03-15-000-2023-03937-00

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6 pretensiones bajo los mismos supuestos de hecho del caso que originó la controversia.

3. El presupuesto de la relevancia constitucional

Esta condición de procedencia precisada en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en el marco de las acciones de tutela contra providencias judiciales, tiene por finalidad “(i) proteger la autonomía e independencia judicial y (ii) ev itar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones2.

Al respecto, esa corporación judicial ha establecido un conjunto de reglas dirigidas a definir cuándo un asunto presenta relevancia constitucional, pa rtiendo del hecho que de la actuación objeto de reproche constitucional se advierta una posible vulneración a los derechos y deberes constitucionales. Así, por ejemplo, en la

a definir cuándo un asunto presenta relevancia constitucional, pa rtiendo del hecho que de la actuación objeto de reproche constitucional se advierta una posible vulneración a los derechos y deberes constitucionales. Así, por ejemplo, en la sentencia T-310 de 20053, la Corte indicó que cuando se acuda al mecanismo de amparo constitucional para cuestionar la legalidad de un acto administrativo, sin que se encuentre de por medio la violación de derechos fundamentales se estaría frente a un asunto que carece de relevancia constitucional que conlleva la improcedencia de la tutela.

En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado partiendo de los lineamientos fijados por la Corte Constitucional en la Sentencia C -590 de 2005 sobre la procedencia excepcional de la tutela contra decisiones judiciales, fijó las condiciones que corresponde verificar al juez de tutela para determinar si la acción de tutela cumple o no con el requisito de relevancia constitucional4.

Al respecto, estableció que este requisito tiene una doble connotación, como criterio de selección en sede de revisión de la Corte Constitucional y como requisito de procedencia de la acción de tutela que busca evitar que el trámite de la acción de amparo se convierta en una instancia adicional.

Esta Sala 5, de conformidad con lo anterior ha precisado que este re quisito de procedencia exige la verificación de los siguientes elementos:

1. Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de derechos fundamentales . En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para plantear situacion es inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de

de derechos fundamentales . En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para plantear situacion es inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.

1. Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por v ulneración de derechos fundamentales . Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales». Es necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.

1. Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la decisión objeto de tutela . La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.

2 Sección Cuarta, sentencia del 8 de febrero de 2018. Expediente 2017 -01745-01 M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 3 Corte Constitucional M.P. Jaime Córdoba Triviño. Reiterada en sentencia T -136 de 2015 M.P. María Victoria Calle Correa. 4 Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014. Expediente 2012-02201-01. 5

Calle Correa. 4 Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014. Expediente 2012-02201-01. 5 Expediente 2020-05131-00, M. P. Julio Roberto Piza Rodríguez.Radicación: 11001-03-15-000-2023-03937-00

Demandante: HERMES JULIAN BERMUDEZ CARDENAS

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7 iv. Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.

1. Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedim ientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecie ron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.

Los referidos parámetros, se constituyen en una guía orientadora para verificar si

insistir en los argumentos que se ofrecie ron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.

Los referidos parámetros, se constituyen en una guía orientadora para verificar si en cada caso concreto se cumple esta condición de aplicación, condiciones que, en últimas, buscan preservar el valor de la cosa juzgada, la seguridad jurídica y la autonomía judicial.

4. Estudio y solución del caso concreto

4.1. El accionante considera que la sentencia de la sentencia de 19 de enero de 2023, mediante la cual el Tribunal Admin istrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsecció n “D” , confirmó la sentencia desfavorable de primera instancia, en el marco de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió contra el Ejército Nacional, incurre en i) defecto procedimental, por haber sido emitida con incongruencia , en tanto lo que se pidió en el recurso de apelación no fue objeto de pronunciamiento en la sentencia, ii) defecto sustantivo por la interpretación errónea del artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, y iii) vi olación directa de la Constitución , en específico del derecho a la igualdad, en tanto, declara, en la sentencia cuestionada realiza un trato desigual sin un crit erio objetivo que lo justifique, frente al trato que dio en los expedientes 2018-00039-01, 2020-00183-01 y 2020-00021-01, en los que se accedió a las pretensiones bajo los mismos supuestos de hecho del caso que originó la controversia.

La Sala anticipa que declarará la improcedencia de la acción de tutela porque no

pretensiones bajo los mismos supuestos de hecho del caso que originó la controversia.

La Sala anticipa que declarará la improcedencia de la acción de tutela porque no cumple el requisito de la releva ncia constitucional, en tanto se acude a ella con el propósito de dar continuidad al debate legal que fue resuelto en dos instancias.

4.2. Del expediente ordinario aportado como prueba a este trámite constitucional , se observa que, en primera instancia, e l Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Girardot por sentencia de 25 de agosto de 20 22, negó las pretensiones de la demanda, luego de considerar que en tanto el demandante declaró la existencia de su unión marital de hecho el 22 de septiembre de 2 014, esto es, bajo la vigencia del Decreto 1161 de 2014 , no le asist ía el derecho al reconocimiento del subsidio familiar bajo el Decreto 1794 de 2000, por cuanto no declaró la existencia de su unión marital de hecho durante el tiempo en que el artículo 11 del mismo estuvo excluido del ordenamiento legal.

Allí, el referido juzgador, luego de hacer amplía referencia a las normas aplicables y al desarrollo jurisprudencial de la Sección Segunda del Consejo de Estado sobre la materia, indicó:

“(…) dentro del plenario se encuentra acreditado que el señor HÉRMES JULIÁN BERMÚDEZ declaró la existencia de la unión marital de hecho con la señora ISABEL CRISTINA OSPINA MURCIA el 22 de septiembre de 2014 conforme se desprende deRadicación: 11001-03-15-000-2023-03937-00

Demandante: HERMES JULIAN BERMUDEZ CARDENAS

CRISTINA OSPINA MURCIA el 22 de septiembre de 2014 conforme se desprende deRadicación: 11001-03-15-000-2023-03937-00

Demandante: HERMES JULIAN BERMUDEZ CARDENAS

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

8 la Escritura Pública No. 476 de la NOTA RÍA SEGUNDA DE SEVILLA VALLE, esto es, bajo la vigencia del Decreto 1161 de 2014.

Por lo anterior, teniendo en cuenta que el demandante consolidó su derecho el 22 de septiembre de 2014, esto es, se reitera, en vigencia del Decreto 1161 de 2014, no le asis te el derecho al reconocimiento al subsidio familiar pedido, habida consideración que no se cumple el presupuesto normativo y jurisprudencial relacionado con que, durante el tiempo en que el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 estuvo excluido del ordenam iento legal, haya declarado la existencia de su unión marital de hecho , máxime cuando mediante la Orden Administrativa de Personal EJC No. 1027 de 30 de enero de 2015, el jefe de Desarrollo Humano del EJÉRCITO NACIONAL, en virtud del Decreto No. 1161 de 20 14 le reconoció el subsidio familiar al demandante por el nacimiento de su primer hijo y por su unión marital de hecho con la señora ISABEL CRISTINA OSPINA MURCIA en un 23%”.

Contra la anterior determinación el accionante interpuso recurso de apelación, en el que , en lo relativo al reconocimiento del subsidio familiar sostuvo i) que e l

Contra la anterior determinación el accionante interpuso recurso de apelación, en el que , en lo relativo al reconocimiento del subsidio familiar sostuvo i) que e l despacho atribuy ó un alcance que no se compadece