CE - 110010315000202303963011SENTENCIA20231120102550

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., diecisiete (17) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Radicación: 11001-03-15-000-2023-03963-01

Accionante: ESPERANZA MARÍN TABARES Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA Referencia: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA DECISIÓN JUDICIAL – Se revoca el fallo impugnado – Se declara improcedente el mecanismo de amparo por no cumplir con el requisito general de procedencia de relevancia constitucional

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación presentada por la señora Esperanza Marín Tabares, a través de apoderado judicial, contra la sentencia de 24 de agosto de 2023, proferida por la Sección Segunda -Subsección «B»- del Consejo de Estado.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. La señora Esperanza Marín Tabares solicitó, a través de apoderado judicial, el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la seguridad social, cuya vulneración le atribuyó a la providencia de 27 de junio de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

administración de justicia y a la seguridad social, cuya vulneración le atribuyó a la providencia de 27 de junio de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con número de radicado 76001-33-33-011-2019-00120-00/01.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo

siguiente:

2.1. Manifestó que la señora Yuliana Andrea Álvarez Serna promovió el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho núm. 76001-33-33-011-201900120-00/01 en contra de la Caja de Sueldos de la Policía Nacional -en adelante2

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Accionante: Esperanza Marín Tabares

CASUR-, para que se declarara la nulidad de las resoluciones núms. 3648 de 20 de junio de 2018 y 5195 de 4 de septiembre de 2018.

2.2. Agregó que a través de los actos administrativos demandados se resolvieron las solicitudes de sustitución de la asignación de retiro percibida por el señor Jhon Alberto Bolaños.

2.3. Indicó que en dichos actos se dispuso cancelar el 50% de la asignación mensual de retiro a favor de la menor A.D.B.M.1, y se negó el pago del 50% restante a ella y

Alberto Bolaños.

2.3. Indicó que en dichos actos se dispuso cancelar el 50% de la asignación mensual de retiro a favor de la menor A.D.B.M.1, y se negó el pago del 50% restante a ella y a la señora Yuliana Andrea Álvarez Serna, hasta que el juez competente decidiera sobre la titularidad del derecho.

2.4. Refirió que el Juzgado Once Administrativo del Circuito de Cali, mediante sentencia de 5 de mayo de 2022, declaró la nulidad parcial de las resoluciones núms. 3648 y 5195 de 2018; y ordenó reconocer a favor de la señora Yuliana Andrea Álvarez Serna el 50% de la asignación mensual de retiro del causante.

2.5. Expuso que contra la mencionada decisión presentó recurso de apelación, debido a que, en su criterio, no estaba acreditado que la señora Yuliana Andrea Álvarez Serna y el fenecido hubiesen tenido una convivencia real, constante y permanente.

2.6. Adujo que solicitó la suspensión del proceso por prejudicialidad, en tanto que en el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Cali se tramitaba la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho núm. 76001-33-33-005-2022-00123-00 promovida por ella en contra de CASUR.

2.7. Comentó que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante la sentencia de 9 de noviembre de 2022 , confirmó la decisión de primera instancia y omitió pronunciarse sobre la solicitud de suspensión.

2.8. Manifestó que el 16 de noviembre de 2022 solicitó la nulidad de todo lo actuado

sentencia de 9 de noviembre de 2022 , confirmó la decisión de primera instancia y omitió pronunciarse sobre la solicitud de suspensión.

2.8. Manifestó que el 16 de noviembre de 2022 solicitó la nulidad de todo lo actuado a partir de la sentencia de segunda instancia, petición que le fue negada mediante auto de 27 de junio de 2023.

2.9. Señaló que la anterior decisión vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia , en conexidad con la seguridad social, al incurrir, presuntamente, en defecto procedimental absoluto y en un defecto fáctico.

2.10. Frente al defecto procedimental absoluto sostuvo que se presentó porque la autoridad judicial no resolvió la solicitud de suspensión del proceso p or prejudicialidad, sino que profirió sentencia de segunda instancia y con posterioridad se negó la solicitud de nulidad señalando que «[…] la suspensión del proceso por prejudicialidad no era viable, si se tiene en cuenta primero que se presentó después de haberse emitido sentencia de primera instancia y segundo que, ante esta

1 La Sala se abstiene de revelar los nombres completos de los menores de 18 años de edad.3

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Accionante: Esperanza Marín Tabares

situación particular, el pronunciamiento en segunda instancia no dependía necesariamente de lo que se hubiere decidido en otro proceso judicial […]».

2.11. Sobre el defecto fáctico indicó que la autoridad judicial no tuvo un sustento probatorio para negar la nulidad procesal y abstenerse de tramitar la solicitud de suspensión del proceso por prejudicialidad.

2.11. Sobre el defecto fáctico indicó que la autoridad judicial no tuvo un sustento probatorio para negar la nulidad procesal y abstenerse de tramitar la solicitud de suspensión del proceso por prejudicialidad.

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

«[…] 4.1. Tutelar los derechos fundamentales vulnerados al actor por la entidad judicial demandada.

4.2. DEJAR sin efectos el auto interlocutorio No. 120 de fecha 27 de junio de 2023 proferido por el Tribunal Admi nistrativo del Valle del Cauca - M.P. Dra. PAOLA ANDREA GARTNER HENAO en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con Radicación No. 76001 -33-33-011-201900120-01.

4.3. Como consecuencia de lo anterior, se ordene al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. M.P. Dra. PAOLA ANDREA GARTNER HENAO, para que profiera un nuevo pronunciamiento en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho adelantado con Radicación No. 76001 -33-33-011-2019-00120-01, para que declare la nulidad procesal a p artir de la sentencia de segunda instancia, inclusive, y proceda a resolver conforme a la norma procesal la solicitud de suspensión del proceso por prejudicialidad, teniendo en cuenta los lineamientos que considere su Despacho en la sentencia de tutela, en procura de la protección de los derechos fundamentales del actor […]». (Negrilla original del texto)

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

lineamientos que considere su Despacho en la sentencia de tutela, en procura de la protección de los derechos fundamentales del actor […]». (Negrilla original del texto)

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 27 de julio de 2023, el magistrado a cargo de la sustanciación del proceso d e la Sección Segunda -Subsección «B»- del Consejo de Estado admitió la presente acción de tutela. Asimismo, se vincularon en calidad de terceros con interés en las resultas del proceso a CASUR, al Juzgado Once Administrativo del Circuito de Cali, al Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Cali y a la

señora Yuliana Andrea Álvarez Serna.

V. INTERVENCIONES

5. Realizadas las notificaciones a la accionada y a l os sujetos vinculados, se

allegaron los siguientes informes:

5.1. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca , a través de la magistrada ponente de la decisión de 27 de junio de 2023, expuso que la parte actora promovió la solicitud de suspensión prejudicial luego de haberse proferido la decisión de4

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Accionante: Esperanza Marín Tabares

primera instancia, por lo que se evidencia que buscaba desnaturalizar la finalidad de la figura procesal de la prejudicialidad.

5.2. Agregó que, de acuerdo con el artículo 161 de la Ley 1564 de 12 de julio de 20122, es factible suspender el proceso antes de que se profiera sentencia cuando las partes lo soliciten de común acuerdo o si la sentencia que se va a dictar depende

20122, es factible suspender el proceso antes de que se profiera sentencia cuando las partes lo soliciten de común acuerdo o si la sentencia que se va a dictar depende de lo que se decida en otro proceso judicial.

5.3. Advirtió, que una vez revisado el aplicativo SAMAI se pudo observar que la accionante esperó hasta el 9 de junio de 2022 para promover una nueva demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, que le correspondió al Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Cali, pese a que con anterioridad había sido vinculada al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con núm. de radicado 7600133-33-011-2019-00120-00/01, en calidad de litisconsorte necesario.

5.4. El Juez Quinto Administrativo del Circuito de Cali hizo un recuento de las actuaciones adelantadas dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con número de radicado 76001-33-33-005-2022-00123-00.

5.5. Finalmente, señaló que la inconformidad de la accionante es frente a la decisión proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por lo que se atiene a lo decido en el trámite de la presente tutela.

VI. EL FALLO IMPUGNADO

6. Mediante fallo de tutela de 24 de agosto de 2023, la Sección Segunda -Subsección «B»- del Consejo de Estado negó el amparo deprecado, al considerar que no se encontraban acreditados los requisitos para que se accediera a la solicitud de suspensión del proceso por prejudicialidad, en tanto que esta no fue solicitada de común acuerdo por ambas partes y para dictar la sentencia de segunda instancia

encontraban acreditados los requisitos para que se accediera a la solicitud de suspensión del proceso por prejudicialidad, en tanto que esta no fue solicitada de común acuerdo por ambas partes y para dictar la sentencia de segunda instancia no era necesario que se resolviera el proceso de nulidad y restablecimiento núm. 76001-33-33-005-2022-00123-00.

7. Explicó el a quo que la autoridad judicial accionada advirtió que lo pretendido por la parte actora desnaturalizaba la finalidad de la figura procesal de la prejudicialidad, mediante la cual se busca evitar que se profieran decisiones judiciales contradictorias en procesos conexos.

8. En cuanto al defecto procedimental absoluto, señaló que en el escrito de tutela no se demostró que la decisión objeto de la presente acción constitucional se hubiese apartado del procedimiento establecido.

9. Frente al defecto fáctico, indicó que la decisión de negar la solicitud de nulidad estuvo sustentada en el análisis de la procedencia de la suspensión del proceso por prejudicialidad.

2 «Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones».5

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Accionante: Esperanza Marín Tabares

10. Finalmente, sostuvo que a la parte actora se le respetaron sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, por cuanto fue integrada al contradictorio en calidad de litisconsorte necesario.

VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

11. La señora Esperanza Marín Tabares , por conducto de apoderado judicial,

cuanto fue integrada al contradictorio en calidad de litisconsorte necesario.

VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

11. La señora Esperanza Marín Tabares , por conducto de apoderado judicial, impugnó el fallo de primera instancia, por las siguientes razones:

11.1. Afirmó que el fallo de primera instancia incurrió en un error al afirmar que la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca no dependía del resultado del proceso núm. 76001-33-33-005-2022-00123-00, ya que la solicitud de prejudicialidad se fundamentó en que se solicitó la nulidad de los mismos actos que estaban siendo demandados en el proceso conocido por la autoridad judicial accionada.

11.2. Seguidamente, indicó que la suspensión por prejudicialidad puede ser decretada en segunda instancia y que no existe norma que lo prohíba.

11.3. Señaló que, a su juicio, el defecto fáctico se configuró porque el Tribunal accedió a las pretensiones de la demanda instaurada por la señora Yuliana Andrea Álvarez Serna y concluyó, sin existir prueba de ello, que esta persona era la compañera permanente del causante.

11.4. Por último, explicó que el defecto procedimental absoluto se configuró porque la autoridad judicial desconoció el numeral 3º del artículo 133 de la Ley 1564 2012CGP, y el artículo 29 de la Constitución Política, pese a que la solicitud de suspensión del proceso por prejudicialidad se radicó antes de quedar ejecutoriado el auto que admitió el recurso de apelación dentro del proceso de nulidad y

CGP, y el artículo 29 de la Constitución Política, pese a que la solicitud de suspensión del proceso por prejudicialidad se radicó antes de quedar ejecutoriado el auto que admitió el recurso de apelación dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho núm. 76001-33-33-005-2022-00123-00.

VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VIII.1. Competencia de la Sala

12. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de noviembre de 19913, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm. 1069 de 26 de mayo de 20154, modificado por el artículo 1º del Decreto núm. 333

3 «Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política». 4 «Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho».6

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Accionante: Esperanza Marín Tabares

de 6 de abril de 20215, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de 20196.

VIII.2. Problemas jurídicos

13. De acuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado debe ser confirmado, modificado o revocado7, la Sala debe establecer:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia

corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado debe ser confirmado, modificado o revocado7, la Sala debe establecer:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello es así, se deberá determinar:

b) Si existió una vulneración de los derechos fundamentales de la parte actora, con ocasión de la providencia de 27 de junio de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con número de radicado 76001-33-33-0112019-00120-00/01.

14. Con el fin de resolver estos problemas jurídicos, resulta pertinente pronunciarse de manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, requisitos generales y especiales de procedibilidad; para posteriormente ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.

VIII.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad

15. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia de 31 de julio de 20128, cambió su postura inicial y decidió asumir el estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

16. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte

judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

16. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

17. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto

5 «Por la cual se modifican l os artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela». 6 «Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado». 7 Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991. 8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contenci oso Administrativo, Radicación: 2009 -01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.7

Radicación: 11001-03-15-000-2023-03963-01

Accionante: Esperanza Marín Tabares

decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los

Radicación: 11001-03-15-000-2023-03963-01

Accionante: Esperanza Marín Tabares

decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.

18. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez constitucional dejar sin efectos una providencia judicial9, la sentencia C-590 de 2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución10.

19. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de esta manera «[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]»11 que encaje en dichos parámetros.

20. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad

procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

21. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 1100103-15-000-2012-02201-01.

9 Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T -619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio Palacio. 10 Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de jurisdicción o competencia para ello. Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido. Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica sin existir evidencia probatoria de la misma. Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión. Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales. Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y

ese engaño lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales. Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial. Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las normas establecidas en la Constitución Política. 11 Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado

Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo.8

Radicación: 11001-03-15-000-2023-03963-01

Accionante: Esperanza Marín Tabares

VIII.4. El caso concreto

22. La señora Esperanza Marín Tabares solicitó, a través de apoderado judicial, el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la seguridad social, cuya vulneración le atribuyó a la providencia de 27 de junio de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con número de radicado 76001-33-33-011-2019-00120-00/01.

23. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en especial, el requisito de relevancia constitucional.

23. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en especial, el requisito de relevancia constitucional.

VIII.4.1. Del requisito general de procedibilidad de la relevancia constitucional

24. En cuanto atañe al requisito de procedencia adjetiva de relevancia constitucional, cabe recordar que este se entiende cumplido cuando se acredita que el asunto gira en torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental12 y no cuando guarda relación con asuntos de carácter meramente legal o de contenido económico que deberán ser definidos por otras jurisdicciones13.

25. Ahora bien, en las acciones de tutela contra providencias judiciales 14, el referido requisito se cumple siempre que se evidencie, a primera vista, la afectación o vulneración de las garantías constitucionales o el núcleo esencial de los derechos fundamentales y se descarte el uso del mecanismo de amparo como una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces15.

26. Así, en virtud a la relevancia constitucional de la controversia, como uno de los requisitos generales de procedencia de la acción de amparo, sostuvo la Sala Plena del Consejo de Estado, en sentencia de unificación16, que:

«[…] La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.

El primer elemento dice (sic) relación con la carga argumentativa del actor

la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.

El primer elemento dice (sic) relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus der echos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

12 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-590 de 2005, Exp. No. D-5428, M.P. Jaime Córdoba Triviño; 8 de junio de 2005. 13 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencias SU-439 de 2017, M.P. Alberto Rojas Ríos; 13 de julio de 2017 y T-458 de 2016, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; 29 de agosto de 2016. 14 Donde sin lugar a dudas se exige una carga argumentativa lo suficientemente sólida y consistente para efectos de cuestionar el contenido de una decisión judicial. 15 Corte Constitucional. Sala Séptima. Sentencia T-102 de 2006, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; 16 de febrero de 2006. En igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18. 16 Consejo de Estado. Sala Plena. Expediente No. 2012-02201-01, C.P. Dr. Jorge Octavio Ramírez Ramírez; 5 de agosto de 2014.9

Radicación: 11001-03-15-000-2023-03963-01

Accionante: Esperanza Marín Tabares

de agosto de 2014.9

Radicación: 11001-03-15-000-2023-03963-01

Accionante: Esperanza Marín Tabares

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rech azar o declarar improcedente el amparo constitucional […]». (Negrilla fuera del texto)

27. Recientemente, la Corte Constitucional en la sentencia SU – 215 de 2022 17 precisó, en relación con el alcance del requisito de la relevancia constitucional,

cuáles eran los deberes del juez constitucional:

«[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución P olítica o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales. (…)

a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental

advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales. (…)

a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental

42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.

(…)

b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal

45. Aunque la acción de tute la interpuesta por PRTI hace referencia a la violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de amparo está construida sobre lo que el demandante cons idera es una mejor interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.

(…)

c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica

65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno estrictamente privado o particular . Esto no significa, claro está, que jamás proceda la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica, pues eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra providencias judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos

pues eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra providencias judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos pensionales; (ii) pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…)

17 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.10

Radicación: 11001-03-15-000-2023-03963-01

Accionante: Esperanza Marín Tabares

entre otras materias que implican pretensiones económicas, la Corte ha reconocido la relevancia constitucional del asunto siempre que se advierta con claridad que la acción de tutela está dirigida a obtener la protección de un derecho fundamental y no a reabrir la discusión definida ante los jueces ordinarios.

(…)

d. La acción de tutela no cumple con la carga argume