CE - 110010315000202303979011SENTENCIA20231124084606

Radicación: 11001 03 15 000 2023 03979 01

Accionante: Gloria Inés Daza Vargas

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001 03 15 000 2023 03979 01

Accionante: GLORIA INÉS DAZA VARGAS

Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ , SALA DE

DECISIÓN NRO. 2

Tesis: La acción de tutela es improcedente cuando el debate planteado por la parte actora es de naturaleza legal y económica.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la accionante en contra del fallo de tutela proferido el 31 de agosto de 2023 por la Subsección A, Sección Segunda del Consejo de Estado, que negó la solicitud de amparo.

1. SÍNTESIS DEL CASO

La señora Gloria Inés Daza Vargas, actuando por conducto de apoderado, promovió acción de tutela en contra de la sentencia proferida el 25 de mayo de 2023 por la Sala de Decisión nro. 2 del Tribunal Administrativo

La señora Gloria Inés Daza Vargas, actuando por conducto de apoderado, promovió acción de tutela en contra de la sentencia proferida el 25 de mayo de 2023 por la Sala de Decisión nro. 2 del Tribunal Administrativo de Boyacá, y para ello formuló las siguientes pretensiones1:

“[…] 1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ en la sentencia proferida el día 5/25/2023, en el

1 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 03979 00.Radicación: 11001 03 15 000 2023 03979 01

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expediente rad. No. 15001333301020220003001, transgredió los derechos fundamentales: AL DEBIDO PROCESO, DERECHO A

LA SEGURIDAD SOCIAL, SITUACIÓN MÁS FAVORABLE AL

TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN LA APLICACIÓN E

INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES FORMALES DE DERECHO,

GARANTÍA A LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA IGU ALDAD,

ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PRINCIPIO

CONSTITUCIONAL DE LA PERPETUATIO JURISDICTIONIS, SEGURIDAD JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE JUDICIAL VERTICAL , de la accionante, por considerar que las razones de la decisión no se ajustan a los

CONSTITUCIONAL DE LA PERPETUATIO JURISDICTIONIS, SEGURIDAD JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE JUDICIAL VERTICAL , de la accionante, por considerar que las razones de la decisión no se ajustan a los postulados de la ley y a la abundante jurisprudencia constitucional y de este órgano de cierre en la jurisdicción contencioso administrativo, por lo que se encuentra vulnerando los derechos fundamentales de la accionada.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ; dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en las sentencias SU 098 de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del H. Consejo de Estado mediante diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la sanción por mora como fue solicitada en la demanda […]”. [Mayúsculas y negrillas en el escrito de tutela].

2. SITUACIÓN FÁCTICA

La parte actora informó que es docente y que labora para el departamento de Boyacá, con vinculación posterior al año de 1990, razón por la que considera tiene derecho al reconocimiento y pago de las cesantías por el régimen anualizado, con pago de interés cada año.

Aseveró que el 15 de febrero de 2021 no le fueron consignadas las cesantías por parte del Ministerio de Educación Nacional al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio - FOMAG, fondo al que pertenece por los servicios prestados en el año 2020.

cesantías por parte del Ministerio de Educación Nacional al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio - FOMAG, fondo al que pertenece por los servicios prestados en el año 2020.

Manifestó que el 23 de julio de 2021 solicitó al precitado ente territorial el pago de las cesantías y el reconocimiento de la sanción por mora establecida por el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y en la reiterada jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado.Radicación: 11001 03 15 000 2023 03979 01

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Señaló que mediante el acto administrativo identificado con el radicado BOY2021EE028616 del 27 de agosto de 2021, la Secretaría de Educación de Boyacá le negó el conocimiento y pago de la sanción por mora dispuesto en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, así como la indemnización por el pago tardío de los inter eses a las cesantías establecida en la Ley 51 de 1975.

La accionante, actuando por conducto de apoderado, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la NaciónMinisterio de Educación - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio - FOMAG - y el departamento de Boyacá , con el fin que se declarara la nulidad del precitado acto administrativo.

La demanda correspondió por reparto al Juzgado Décimo Administrativo

Magisterio - FOMAG - y el departamento de Boyacá , con el fin que se declarara la nulidad del precitado acto administrativo.

La demanda correspondió por reparto al Juzgado Décimo Administrativo de Tunja que, en s entencia del 19 de agosto de 2022, negó las pretensiones, providencia contra la que la hoy accionante interpuso recurso de apelación, y la Sala de Decisión nro. 2 d el Tribunal Administrativo de Boyacá , en sentencia del 25 de mayo de 2023 la confirmó.

La parte actora indicó que “ (…) de acuerdo con la sentencia SU 098 de 2018, en virtud del principio de igualdad, in dubio pro operario y de conformidad con la Ley 244 de 1995 adicionada por la Ley 1071 de 2006 no se debe excluir al sector oficial docente de l a aplicación de la Ley 50 de 1990, pues al tener los mismos carácter de servidores públicos, son beneficiarios de la sanción moratoria prevista en dichas disposiciones a modo de correctivo, represivo e inclusive preventivo para garantizar el pago oportuno de la prestación social (…)”2.

Anotó que, en el trámite del proceso ordinario, los juzgadores de manera caprichosa no aplicaron el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 a los docentes del sector oficial en calidad de servidores públicos, y que dicha decisión

2 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 03979 00.Radicación: 11001 03 15 000 2023 03979 01

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radicado nro. 11001 03 15 000 2023 03979 00.Radicación: 11001 03 15 000 2023 03979 01

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no sólo vulneró su derecho fundamental a la igualdad, sino también el derecho a la seguridad social.

Expuso que “ (…) la decisión por parte del órgano colegiado en la jurisdicción contencioso administrativo del Departamento del Quindío (sic), partió del des conocimiento del derecho (…) para adoptar una decisión, desconociendo toda la legislación del sector docente oficial de antaño (…)”3.

Sostuvo que la sentencia cuestionada no fue proferida acorde con la normatividad que regula la materia y la jurisprudencia, ni el tribunal accionado tuvo en cuenta “ (…) las últimas 21 sentencias del Consejo de Estado, donde esta alta jurisdicción contenciosa administrativa se hace la pregunta ¿le es aplicable sí o no, la Ley 50 de 1990 a los docentes afiliados al FOMAG? Y el Consejo de Estado, al unísono, en su sección segunda en sus diferentes salas, compuestas por sus 6 consejeros, cada uno de ellos en sus diferentes ponencias han expedido sentencias haciéndose la misma pregunta y la respuesta ha sido siempre positiva (…)”4.

Al respecto, hizo una relación de las sentencias proferidas por la Sección Segunda de esta Corporación el 6 de agosto de 2020 5, 24 de enero de 20196, 17 de junio de 20197, 28 de junio de 20198, 29 de julio de 20199,

Segunda de esta Corporación el 6 de agosto de 2020 5, 24 de enero de 20196, 17 de junio de 20197, 28 de junio de 20198, 29 de julio de 20199, 2 de diciembre de 201910, 10 de junio de 202011, 22 de octubre de 202012, 12 de noviembre de 2020 13, 17 de junio de 2021 14, 4 de noviembre de

3 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 03979 00. 4 Ibidem. 5 Proceso identificado con el radicado nro. 08001 23 33 000 2013 00666 01. 6 Proceso identificado con el radicado nro. 76001 23 31 000 2009 00867 01. 7 Proceso identificado con el radicado nro. 11001 03 15 000 2018 04617 01. 8 Proceso identificado con el radicado nro. 11001 03 15 000 2018 04679 01. 9 Proceso identificado con el radicado nro. 11001 03 15 000 2018 03499 01. 10 Proceso identificado con el radicado nro. 08001 23 33 000 2014 00173 01. 11 Proceso identificado con el radicado nro. 08001 23 33 000 2014 00208 01. 12 Proceso identificado con el radicado nro. 08001 23 31 000 2014 00254 01. 13 Proceso identificado con el radicado nro. 08001 23 33 000 2014 00132 01.

12 Proceso identificado con el radicado nro. 08001 23 31 000 2014 00254 01. 13 Proceso identificado con el radicado nro. 08001 23 33 000 2014 00132 01. 14 Procesos identificados con los radicados nro. 08001 23 31 000 2014 00815 01 y nro. 08001 23 33 000 2015 00331 01.Radicación: 11001 03 15 000 2023 03979 01

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202115, 25 de noviembre de 2021 16, 11 de noviembre de 2021 17, 20 de enero de 202218, 3 de marzo de 202219, 28 de abril de 202220, 9 de mayo de 202221, 19 de mayo de 202222, 1 de julio de 202223, 22 de agosto de 202224, 22 de septiembre de 202225, 19 de enero de 202326 y 26 de enero de 202327.

Agregó que también se desconoció lo dispuesto por la Corte Constitucional en las sentencias SU-098 del 17 de octubre 2018, SU-332 del 25 de julio 2019 y SU-041 del 6 de febrero 2020.

Explicó que, en sede de tutela, la Subsección B, Sección Segunda del Consejo de Estado, en providencia proferida el 23 de marzo de 2023 28 “(…) analizó un caso con una idéntica naturaleza al que nos ocupa, encontrando superados los requisitos de procedibilidad de la tutela y de

Consejo de Estado, en providencia proferida el 23 de marzo de 2023 28 “(…) analizó un caso con una idéntica naturaleza al que nos ocupa, encontrando superados los requisitos de procedibilidad de la tutela y de manera específica consideró que el juzgador de segunda instancia incurrió en desconocimiento del precedente (…)”29, por lo tanto, solicitó que en el presente asunto se dicte sentencia de tutela en igual sentido.

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:

15 Proceso identificado con el radicado nro. 19001 23 33 000 2015 00445 02. 16 Procesos identificados con los radicados nro. 08001 23 33 000 2014 01127 01 y 40001 23 40 000 2017 00134 01. 17 Procesos identificados con los radicados nro. 08001 23 40 000 2014 90022 01 y 080001 23 40 000 2015 90008 01. 18 Proceso identificado con el radicado nro. 08001 23 33 000 2017 00931 01. 19 Proceso identificado con el radicado nro. 08001 23 33 000 2015 00075 01. 20 Proceso identificado con el radicado nro. 76001 23 33 000 2013 00756 01. 21 Proceso identificado con el radicado nro. 08001 23 40 000 2017 00795 01. 22 Proceso identificado con el radicado nro. 47001 23 33 000 2019 00359 01.

21 Proceso identificado con el radicado nro. 08001 23 40 000 2017 00795 01. 22 Proceso identificado con el radicado nro. 47001 23 33 000 2019 00359 01. 23 Proceso identificado con el radicado nro. 47001 23 33 000 2019 00376 01. 24 Proceso identificado con el radicado nro. 08001 23 33 000 2015 00509 01. 25 Proceso identificado con el radicado nro. 08001 23 33 000 2015 90124 01. 26 Proceso identificado con el radicado nro. 76001 23 31 000 2012 00212 02. 27 Proceso identificado con el radicado nro. 47001 23 33 000 2018 00231 01. 28 Proceso identificado con el radicado nro. 11001 03 15 000 2023 01063 00. 29 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 03979 00.Radicación: 11001 03 15 000 2023 03979 01

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3.1. La tutela fue radicada el 25 de julio de 202330 a través de la ventanilla virtual de esta Corporación y correspondió por reparto a la Subsección A, Sección Segunda que, por auto del 28 de julio de 202331 la admitió y dispuso notificar 32 al Tribunal Administrativo de Boyacá como parte

virtual de esta Corporación y correspondió por reparto a la Subsección A, Sección Segunda que, por auto del 28 de julio de 202331 la admitió y dispuso notificar 32 al Tribunal Administrativo de Boyacá como parte accionada, así como vincular 33 a la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y al departamento de Boyacá, como terceros interesados en las resueltas del proceso.

De igual forma, solicitó al Juzgado Décimo Administrativo de Tunja que allegaran copia digital o el hipervínculo de consulta del proceso identificado con el radicado nro. 15001 33 33 010 2022 00030 00/01, el cual fue remitido34.

3.2. La coordinadora de tutelas de la Fiduprevisora S.A. presentó escrito35, en el que solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela y se desvincule a dicha entidad del trámite tutelar, por no estar legitimados en la causa por pasiva.

Manifestó que Fiduprevisora S.A. actúa en calidad de vocera y administradora del Patr imonio Autónomo del FOMAG, y que las autoridades judiciales que conocieron el proceso actuaron conforme con las normas aplicables, sin que se pueda aducir que el tribunal accionado haya desconocido los precedentes judiciales relacionados con el tema objeto de debate.

30 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del p roceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 03979 00. 31 Visto en el índice 5 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con

radicado nro. 11001 03 15 000 2023 03979 00. 31 Visto en el índice 5 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 03979 00. 32 Esta orden se cumplió el 10 de agosto de 2023. Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 03979 00. 33 Ibídem. 34 Visto en el índice 1 0 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 03979 00. 35 Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 03979 00.Radicación: 11001 03 15 000 2023 03979 01

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3.3. La titular del Juzgado Décimo Administrativo de Tunja allegó escrito36 en el que solicitó que se declare improcedente la solicitud de amparo y se nieguen las pretensiones de la parte actora.

Señaló que no se encuentra probada la vulneración de los derechos fundamentales invocados, “(…) pues no se indica en la demanda en qué consiste dicha violación, en tanto se limita a sustentar la interpretación de las normas aplicables que en su particular criterio debía prevalecer en

fundamentales invocados, “(…) pues no se indica en la demanda en qué consiste dicha violación, en tanto se limita a sustentar la interpretación de las normas aplicables que en su particular criterio debía prevalecer en la solución del litigio (…)”.

Anotó que, en la parte considerativa de las decisiones adoptadas en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho , se evidencia el cumplimiento de la carga argumentativa suficiente, basada en las normas legalmente aplicables al caso y en los particulares supuestos de hecho que se debatieron en las respectivas instancias.

3.4. El magistrado ponente de la providencia cuestionada rindió informe37, en el que solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela, comoquiera que la cuestión discutida carece de relevancia constitucional.

Indicó que el asunto bajo examen versa sobre prerrogativas eminentemente legales y de carácter económico, como son la sanción moratoria por la consignación extemporánea de las cesantías anualizadas y la indemnización por el pago tardío de los intereses a las ces antías. Agregó que dichos conceptos laborales no tienen relación directa con un derecho fundamental, y que la accionante, en ningún momento afirmó que se esté vulnerando su mínimo vital, máxime cuando mantiene una relación legal y reglamentaria de la que s e deriva una remuneración habitual y periódica.

36 Visto en el índice 1 0 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 03979 00. 37 Visto en el índice 11 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con

radicado nro. 11001 03 15 000 2023 03979 00. 37 Visto en el índice 11 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 03979 00.Radicación: 11001 03 15 000 2023 03979 01

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3.5. La apoderada del departamento de Boyacá presentó escrito38 en el que solicitó que se desestimen las pretensiones de la accionante, comoquiera que no existe vulneración de sus derechos fundamentales.

Expuso que la sanción moratoria dispuesta en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 no es aplicable a los docentes afiliados al FOMAG, en razón a que a estos servidores los ampara un régimen jurídico especial en materia de reconocimiento y pago cesantías que no contempla tal sanción.

Explicó que el trámite, tal como está establecido en la norma especial, se cumplió en su integridad, puesto que la liquidación para el año 2021 se realizó dentro de los 20 primeros días hábiles del mes de enero y se remitió al fondo en medio electrónico el 4 de febrero y en medio de físico el 5 de febrero de 2021.

Anotó que “ (…) el Tribunal Administrativo de Boyacá fundamentó su decisión de manera razonable y razonada y que, en esa medida, no constituye una vía de hecho. Asunto diferente es que el actor no comparta

Anotó que “ (…) el Tribunal Administrativo de Boyacá fundamentó su decisión de manera razonable y razonada y que, en esa medida, no constituye una vía de hecho. Asunto diferente es que el actor no comparta el criterio expuesto por el juez de segunda instancia; sin embargo, no es la acción de tutela un mecanismo que permita interferir en la autonomía judicial (…)”.

3.6. Por escrito radicado el 22 de agosto de 202339, el apoderado de la accionante manifestó que se pronunciaba sobre “las contestaciones a la acción de tutela radicadas respectivamente por el Tribunal Administrativo de Boyacá, el Juzgado 10 Administrativo de Tunja y la FIDUPREVISORA S.A.”. Insistió en qu e el régimen de liquidación y pago del auxilio de cesantías aplicable para la totalidad de los servidores públicos del orden territorial es el dispuesto por el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, para lo cual sostuvo que los docentes oficiales pueden ser cat alogados como empleados públicos.

38 Visto en los índices 12 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 03979 00. 39 Visto en el índice 1 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 03979 00.Radicación: 11001 03 15 000 2023 03979 01

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Agregó que “la jurisprudencia del Consejo de Estado ha reconocido el pago de la sanción moratoria por no consignación de las cesantías en tiempo, aplicando lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 a servidores públicos docentes sin distinción , siempre y cuando estuviesen vinculados después del 1 de enero de 1990”.

4. EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

La Subsección A, Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia del 31 de agosto de 202340, negó la solicitud de amparo al considerar que no se evidenció que la providencia cuestionada haya incurrido en alguna de las causales especiales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial.

Señaló que la posición jurídica asumida por autoridad judicial accionada no configura ningun o de los defectos alegados por la parte accionante toda vez que, a partir de la valoración integral del material probatorio obrante en el proceso, la normatividad vigente y las providencias judiciales proferidas al respecto, estableció que la sanción solicitada no era compatible con la normatividad aplicable a los docentes.

Aclaró que no ha sido expedida una sentencia de unificación vinculante que imponga el reconocimiento de la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990 por la consignación tardía de las cesantías a los docentes que se encuentran en la misma situación fáctica de la accionante , por lo que

que imponga el reconocimiento de la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990 por la consignación tardía de las cesantías a los docentes que se encuentran en la misma situación fáctica de la accionante , por lo que el tribunal accionado resolvió el asunto bajo un análisis plausible, con una carga de argumentación suficiente y razonable que debe ser respetada en virtud de los principios de autonomía e independencia judicial.

Adujo que las conclusiones a las que llegó la autoridad judicial accionada para resolver el caso y no acceder a las súplicas de la demanda no obedecieron a un capricho o arbitrariedad, ni se fundaron en su simple

40 Visto en el índice 16 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 03979 00.Radicación: 11001 03 15 000 2023 03979 01

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voluntad, sino que se basaron en un razonable ejercicio de interpretación normativa.

Precisó que “(…) la acción de tutela no procede para resolver divergencias interpretativas de la ley, pues el criterio de la autoridad judicial de conocimiento prevalece frente a la opinión del juez constitucional, no sólo porque es el juez natural, sino también porque este se encuentra amparado por los principios de autonomía e independencia judicial que imponen el respeto por la cosa juzgada (…)”.

5. EL MOTIVO DE LA IMPUGNACIÓN

porque es el juez natural, sino también porque este se encuentra amparado por los principios de autonomía e independencia judicial que imponen el respeto por la cosa juzgada (…)”.

5. EL MOTIVO DE LA IMPUGNACIÓN

Inconforme con el fallo de primera instancia, la accionante lo impugnó 41 manifestando lo siguiente:

Sostuvo que existe “(…) una posición pacífica respecto de la aplicación de la Ley 50 de 1990 a los docentes del sector oficial, ya que la postura está decantada desde el año 2019 hasta la fecha (…)”. Al respecto, enlistó nuevamente las veintiséis sentencias de la Sección Segunda de esta Corporación que había relacionado en el escrito de tutela.

Reiteró que, en sede de tutela, la Subsección B, Sección Segunda del Consejo de Estado, en providencia del 23 de marzo de 2023 analizó un caso con idéntica naturaleza en el que se consideró que sí se superaban los requisitos generales de procedibilidad y, de manera específica, que la autoridad judicial accionada incurrió en desconocimiento del precedente.

En igual sentido, hizo referencia a la sentencia proferida el 17 de abril de 2023 en la acción de tutela identificada con el radicado nro. 11001 03 15 000 2023 00965 00 , y anotó que “ (…) así entonces, se expone una postura pacífica en lo atinente a que a los docentes no solo les es aplicable la sanción moratoria establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990,

41 Visto en el índice 2 0 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con

la sanción moratoria establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990,

41 Visto en el índice 2 0 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 03979 00.Radicación: 11001 03 15 000 2023 03979 01

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sino que también se vulneran derechos fundamentales al momento de negar tal sanción en favor de los docentes (…)”.

Por auto del 27 de septiembre de 2023 se concedió la impugnación42 y la misma fue asignada a esta Sección por acta de reparto del 12 de octubre de 202343.

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA

6.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN

Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 del 19 de noviembre de 1991 44, en concordancia con el numeral 5 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 201545, modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 2021 46, así como con fundamento en lo señalado por el artículo 13 del Acuerdo nro.080 del 12 de marzo de 201947 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de negocios entre las secciones.

fundamento en lo señalado por el artículo 13 del Acuerdo nro.080 del 12 de marzo de 201947 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de negocios entre las secciones.

42 Visto en el índice 2 5 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 03979 00. 43 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 03979 01. 44 El artículo 32 prevé lo siguiente: “ […] TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico correspondiente. El juez que conozca de la impugnación, estudiará el contenido de la misma, cotejándola con el acervo probatorio y con el fal lo. El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y ordenar la práctica de pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del expediente. Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, procederá a revocarl o, lo cual comunicará de inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará […]”. 45 Título 3 capítulo 1 secciones 1 y 2. 46 "Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del Decreto

1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela". 47 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de abril de 2019 en el Diario Oficial nro. 50913.Radicación: 11001 03 15 000 2023 03979 01

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6.2. HECHOS RELEVANTES

En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente48:

6.2.1. La señora Gloria Inés Daza Vargas , actuando por conducto de apoderada, promovió demanda en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG y el departamento de Boyacá, con el fin de que se declar ara la nulidad del acto administrativo identificado con el oficio BOY2021EE028616 del 27 de agosto de 2021, mediante la cual se negó el reconocimiento y pago de la sanción por mora por la no consignación oportuna de las cesantías establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, así como la indemnización por el pago tardío de los intereses a las cesantías prevista en la Ley 52 de 1975, la Ley 50 de 1990 y el Decreto 1176 de 1991.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se condenara a las

cesantías prevista en la Ley 52 de 1975, la Ley 50 de 1990 y el Decreto 1176 de 1991.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se condenara a las demandadas a reconocer y pagar la sanción por mora señalada en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, equivalente a un día de su salario por cada día de retardo, contados desde el 15 de febrero del año 2021; así como la indemnización por el pago tardío de los intereses a las cesantías, que se refiere el artículo 1 de la Ley 52 de 1975.

6.2.2. La demanda correspondió por reparto al Juzgado Décimo Administrativo de Tunja que, en sentencia proferida el 19 de agosto de 2022 negó las pretensiones.

6.2.3. En con tra de la precitada decisión la hoy accionante interpuso recurso de apelación, y el Tribunal Administrativo de Boyacá , Sala de Decisión nro. 2, en sentencia del 25 de mayo de 2023, la confirmó.

48 Lo que se desprende del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado nro. 15001 33 33 010 2022 00030 00/01 . Visto en el índice 1 0 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 03979 00.Radicación: 11001 03 15 000 2023 03979 01

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