CE - 110010315000202303987001SENTENCIA20230911115551

Radicado: 11001-03-15-000-2023-03987-00

Accionante: Lidia Judith Cepeda Amado Se declara la improcedencia

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ

Bogotá D.C. veintinueve (29) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de tutela Radicación: 11001-03-15-000-2023-03987-00

Accionante: Lidia Judith Cepeda Amado

Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala Primera de Decisión

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / Nulidad y restablecimiento del derecho / Sanción moratoria por falta de pago de las cesantías / Régimen laboral y prestacional de los docentes oficiales / Defecto sustantivo / Violación directa de la Constitución / Desconocimiento de las reglas jurisprudenciales / Se declara la improcedencia por falta de relevancia constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela presentada contra la sentencia del 26 mayo de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo d e Boyacá, Sala Primera de Decisión dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 15001-33-33-0102022-00039-00/01. Ese proceso fue adelantado por la accionante contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (en adelante <<FOMAG>>) y contra el Departamento de Boyacá para

2022-00039-00/01. Ese proceso fue adelantado por la accionante contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (en adelante <<FOMAG>>) y contra el Departamento de Boyacá para que se declarara la nulidad del acto administrativo que negó el reconocimiento de la sanción moratoria por la falta de pago de las cesantías y sus intereses correspondientes al año 2020. En la providencia objeto de reproche se confirmó la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda.

La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente para conocer el asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, en los Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 333 de 2021 y en el Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.Radicado: 11001-03-15-000-2023-03987-00

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I. ANTECEDENTES

A. Solicitud de amparo

1.- El 25 de julio de 2023, mediante apoderado judicial, Lidia Judith Cepeda Amado presentó acción de tutela para obtener la protección de sus derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso, seguridad social y acceso a la administración de justicia, y a los principios de favorabilidad laboral, perpetuatio iurisdictionis, seguridad jurídica y aplicación del precedente vulnerados, en su concepto, por el tribunal accionado al negar el pago de la sanción moratoria por la falta de pago de las cesantías y la indemnización por la falta de pago de los respectivos intereses.

seguridad jurídica y aplicación del precedente vulnerados, en su concepto, por el tribunal accionado al negar el pago de la sanción moratoria por la falta de pago de las cesantías y la indemnización por la falta de pago de los respectivos intereses.

2.- En la acción de tutela se formularon las siguientes pretensiones, que se transcriben textualmente:

<<Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ en la sentencia proferida el día 5/26/2023, en el expediente rad. No. 15001333301020220003901, transgredió los derechos fundamentales: AL DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, SITUACIÓN MÁS FAVORABLE AL TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN LA APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES

FORMALES DE DERECHO, GARANTÍA A LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA

IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PRINCIPIO

CONSTITUCIONAL DE LA PERPETUATIO JURISDICTIONIS, SEG URIDAD

JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE JUDICIAL VERTICAL, del

(la) accionante, por considerar que las razones de la decisión no se ajustan a los postulados de la ley y a la abundante jurisprudencia constitucional y de este órgano de cierre en la jurisdicción contencioso administrativo, por lo que se encuentra vulnerando los derechos fundamentales de la accionada.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ; dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ; dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en las sentencias SU 098 de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del H. Consejo de Estado mediante diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la sanción por mora como fue solicitada en la demanda, de acuerdo a los postulados establecidos en los siguientes expedientes: (…)>>

B. HechosRadicado: 11001-03-15-000-2023-03987-00

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3.- La accionante basó su solicitud de amparo en las siguientes afirmaciones:

3.1.- Se vinculó al servicio educativo estatal en vigencia de la Ley 91 de 1989. En consecuencia, le es aplicable el régimen anualizado de cesantías. Labora con una entidad territorial certificada en educación por el Departamento de Boyacá.

3.2.- El Ministerio de Educación Nacional omitió consignar en el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio - FOMAG las cesantías e intereses correspondientes al año 2020.

3.3.- El 27 de julio de 2021 la accionante presentó reclamación administrativa para que se pagaran las cesantías dejadas de pagar y la sanción moratoria por la falta de pago de las cesantías, en los términos del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, y la indemnización por el pago extemporáneo de sus intereses.

que se pagaran las cesantías dejadas de pagar y la sanción moratoria por la falta de pago de las cesantías, en los términos del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, y la indemnización por el pago extemporáneo de sus intereses.

3.4.- Mediante acto administrativo BOY2021EE029575 del 29 de agosto de 2021, la Secretaría de Educación de Boyacá negó el reconocimiento de la sanción moratoria por la falta de pago de las cesantías y de la indemnización por el pago tardío de los intereses. La accionante presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra ese acto administrativo.

3.5.- El 23 de agosto de 2022 el Juzgado Décimo Administrativo de Tunja profirió sentencia de primera instancia, en la que negó las pretensiones de la demanda.

3.6.- La accionante interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión. En síntesis, sostuvo que la ley, la jurisprudencia constitucional (en particular, la sentencia SU-098 de 2018) y el precedente de esta Corporación permiten que a los docentes oficiales se les aplique lo previsto en la Ley 50 de 1990 en materia de cesantías y la sanción moratoria, en igualdad de condiciones con los otros servidores públicos.

3.7.- Mediante sentencia del 26 de mayo de 2023 el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala Primera de Decisión confirmó el fallo de primera instancia. El tribunal consideró que la sanción moratoria e indemnización que pretende eran incompatibles con el régimen especial de los docentes: en la ley especial no existe

Boyacá, Sala Primera de Decisión confirmó el fallo de primera instancia. El tribunal consideró que la sanción moratoria e indemnización que pretende eran incompatibles con el régimen especial de los docentes: en la ley especial no existe un plazo para la consignación de las cesantías e intereses, estas no sonRadicado: 11001-03-15-000-2023-03987-00

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consignadas en cuentas individuales y la sentencia SU-098 de 2018 no era aplicable porque partía de supuestos distintos.

C. Fundamentos de la vulneración

4.- La accionante alega que la sentencia objeto de reproche vulneró sus derechos fundamentales porque incurrió en (i) un defecto sustantivo y (ii) una violación directa de la Constitución. Además, se infiere que la accionante también reprocha un (iii) desconocimiento de las reglas jurisprudenciales ya que invoca varias providencias de esta Corporación, de la Corte Constitucional, y tribunales y juzgados administrativos del país que habrían sido inaplicadas por la autoridad judicial accionada.

4.1.- En cuanto al defecto sustantivo, alega que no se aplicaron en debida forma las Leyes 52 de 1975, 91 de 1989, 50 de 1990, 344 de 1996 y 1955 de 2019. Insiste en que, según la Ley 91 de 1989 (que creó el FOMAG y reguló el régimen prestacional de los docentes oficiales) el Ministerio de Ed ucación Nacional, en calidad de empleador de los docentes oficiales, debe pagar o consignar al FOMAG los recursos

que, según la Ley 91 de 1989 (que creó el FOMAG y reguló el régimen prestacional de los docentes oficiales) el Ministerio de Ed ucación Nacional, en calidad de empleador de los docentes oficiales, debe pagar o consignar al FOMAG los recursos correspondientes a, entre otros conceptos, las cesantías e intereses de las mismas.

4.1.1.- Esos recursos constituyen una de las fuentes de financiación de ese Fondo y deben consignarse en unas fechas previstas, de manera que se garantice la disponibilidad de los mismos cuando el beneficiario solicite el pago de las cesantías parciales o definitivas. De lo contrario, se puede afectar la estabilidad financiera del Fondo y se aumenta el riesgo de que este incurra en una sanción moratoria en los términos de la Ley 1071 de 2006 (que modificó la Ley 244 de 1995 y consagra una sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías qu e solicita el trabajador al fondo en el cual está afiliado).

4.1.2.- Indica que la Ley 91 de 1989, que dispone el régimen especial de los docentes oficiales, no es excluyente con las reglas generales previstas para los demás trabajadores públicos. En efecto, el artículo 15 de esa ley indica que las prestaciones sociales de los docentes vinculados con posterioridad al 1º de enero de 1990 se regirán por lo previsto en los Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978 <<o que se expidan en el futuro>>.Radicado: 11001-03-15-000-2023-03987-00

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1045 de 1978 <<o que se expidan en el futuro>>.Radicado: 11001-03-15-000-2023-03987-00

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4.1.3.- En ese sentido, las Leyes 50 de 1990 y 344 de 1996 le serían aplicables a la accionante, pues fueron proferidas con posterioridad a la Ley 91 de 1989. La primera consagra la sanción moratoria por la consignación extemporánea de las cesantías a cargo del empleador y a favor del fondo al cual se afilió el empleado 1. Es esta sanción moratoria la que exige la accionante. Así, la Ley 344 de 1996 extendió la aplicación de la Ley 50 de 1990 a los empleados públicos, incluyendo a los docentes oficiales.

4.1.4.- También exige la aplicación de la Ley 52 de 1975, que regula la indemnización por el pago tardío de los intereses de las cesantías. A juicio de la accionante, las Leyes 52 de 1975 y 90 de 1990 (según el mandato de la Ley 344 de 1996) son aplicables a los docentes oficiales regidos por la Ley 91 de 1989.

4.1.5.- Por otro lado, reprocha una indebida aplicación del artículo 57 de la Ley 1955 de 2019. Esa norma positivizó el principio de unidad de caja, bajo el cual se rige el FOMAG. Contrario a lo establecido en la sentencia cuestionada, ese principio no es contradictorio con la aplicación de la Ley 50 de 1990, pues una cosa es el régimen de unidad de caja y otro la procedencia de los recursos y la obligación de

FOMAG. Contrario a lo establecido en la sentencia cuestionada, ese principio no es contradictorio con la aplicación de la Ley 50 de 1990, pues una cosa es el régimen de unidad de caja y otro la procedencia de los recursos y la obligación de consignarlos en determinados términos, so pena de una sanción. En otras palabras, en virtud de la Ley 50 de 1990, el Ministerio de Educación Nacional debe consignar oportunamente las cesantías al FOMAG y , una vez pagadas, el fondo las administrará bajo el principio de unidad de caja: luego ambas normas no son excluyentes y se refieren a asuntos distintos.

4.2.- Alega una violación directa de la Constitución . Ello, por cuanto se desconocieron los principios de igualdad, favorabilidad laboral y progresividad por no aplicar las Leyes 52 de 1975 y 50 de 1990. Sostiene que la justificación de un régimen especial es que este tenga mayores beneficios o al menos no sea menos favorable que el régimen general, pues de lo contrario se configuraría un trato discriminatorio. Así, es posible aplicar lo previsto en las referidas leyes, sin que ello conlleve una vulneración al principio de inescindibilidad de la ley laboral.

1 A efectos de mayor claridad, cabe diferenciar la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990 de aquella regulada por la Ley 244 de 1995 (modificada por la Ley 1071 de 2006). La primera aplica al empleador que no afilia al trabajador a un fondo de cesa ntías o no paga las cesantías anuales antes del 15 de febrero de cada año; mientras que las segunda aplica al fondo de cesantías que, previa solicitud del empleado público, no le

afilia al trabajador a un fondo de cesa ntías o no paga las cesantías anuales antes del 15 de febrero de cada año; mientras que las segunda aplica al fondo de cesantías que, previa solicitud del empleado público, no le paga a este las cesantías parciales o definitivas en los términos de ley.Radicado: 11001-03-15-000-2023-03987-00

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4.2.1.- Precisa también que no es necesario que se profiera una sentencia de unificación en la materia, pues ya existe una postura reiterada, uniforme y pacífica en la Sección Segunda de esta Corporación, lo cual genera una confianza legítima en las provid encias judiciales que deben proferir los jueces. Es decir, que desconocer la postura actual de la jurisprudencia configura una violación a la seguridad jurídica. No desconoce la posibilidad de apartarse del precedente, pero reitera que para ello es necesar io argumentar las razones de forma suficiente, lo que no sucedió en este caso.

4.2.2.- Agrega que este mecanismo constitucional no constituye un recurso adicional para instaurar una tercera instancia, sino que se trata de la única forma de salvaguardar los derechos fundamentales vulnerados.

4.3.- En cuanto al desconocimiento de las reglas jurisprudenciales , la accionante afirma que existe una postura uniforme y reiterada, tanto en la Corte Constitucional como en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, encaminada a aplicar la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990 a favor de los docentes oficiales.

como en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, encaminada a aplicar la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990 a favor de los docentes oficiales.

4.3.1.- Al respecto, cita las sentencias SU-098 de 2018 (que fundamenta las demás providencias proferidas por el Consejo de Estado), SU -332 de 2019 y SU -041 de

2020. La primera de estas sostuvo que, en virtud del principio de favorabilidad, la Ley 50 de 1990 sí es aplicable a los docentes oficiales en lo que atañe a la sanción moratoria, porque esta no fue prevista en el régimen especial. Así se garantiza el principio de favorabilidad y el derecho a la igualdad entre los empleados públicos.

Las dos últimas sentencias reiteran esa postura.Radicado: 11001-03-15-000-2023-03987-00

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4.3.2.- Igualmente invoca vei ntiséis (26)2 sentencias proferidas por esta Corporación, tres (3) 3 sentencias proferidas por tribunales administrativos y once (11)4 providencias proferidas por distintos juzgados administrativos.

2 Expresamente invoca las siguientes sentencias proferidas por el Consejo de Estado: sentencia del 24 de enero de 2019, radicado No. 76001 -23-31-000-2009-00867-01, Sección Segunda Subsección B, C.P. Sandra Liseth

Ibarra; sentencia del 17 de junio de 2019, radicado No. 11001 -03-15-000-2018-04617-01, Sección Tercera, Subsección C, C.P. Nicolás Yepes Corrales; sentencia del 28 de junio de 2019, radicado No. 411001 -03-15000-2018-04679-01, Sección Primera, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, sentencia del 29 de julio de 2019, radicado No. 11001 -0315-000-2018-03499-01, Sección Tercera Subsección C, C.P. Nicolás Yepes Corrales; sentencia del 2 de diciembre de 2019, radicado No. 08001 -23-33-000-2014-00173-01, Sección Segunda Subsección A, C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas; sentencia del 10 de junio de 2019, radicado No. 080 0123-33-000-2014-00208-01, Sección Segunda, Subsección B, C.P. Sandra Liseth Ibarra; sentencia de unificación del 6 de agosto de 2020, radicado No. 08001-23-33-000-2013-00666-01, Sala Plena, C.P. Sandra Liseth Ibarra; sentencia del 22 de octubre de 2020, radicado No. 08001 -23-31-000-2014-00254-01 Sección Segunda Subsección A, C.P. William Hernández Gómez; sentencia del 12 de noviembre, radicado No. 08001-23-33-0002014-00132-01, Sección Segunda, Subsección A, C.P. William Hernández Gómez; sentencia del 17 de junio de 2021, radicado No. 08001-23-31-000-2014-00815-01, Sección Segunda Subsección A, C.P. Gabriel Valbuena Hernández; sentencia del 17 de junio 2021, radicado No. 08001 -23-33-000-2015-00331-01, Sección Segunda Subsección A, C.P. César Palomino Cortés; sentencia del 4 de noviembre de 2021, radicado No. 19001-23-33000-2015-00445-02, Sección Segunda Subsección A, C.P. William Hernández Gómez; sentencia del 25 de noviembre de 2021, radicado No. 08001 -23-33-000-2014-01127-01, Sección Segunda Subsección B, C.P. Sandra Liseth Ibarra; sentencia del 25 de noviembre de 2021, radicado No. 40001 -23-40-000-2017-00134-01, Sección Segunda Subsección A; sentencia del 11 de noviembre de 2021, radicado No. 080001-23-40-000-201590008-01, Sección Segunda Subsección A, C.P. William Hernández Gómez; sentencia del 11 de noviembre de 2021, radicado No. 080001 -23-40-000-2014-90022-01, Sección Segunda Subsección A, C.P. William Hernández Gómez; sentencia del 20 de enero de 2022, radicado No. 080001 -23-33-000-2017-00931-01,

Sección Segunda Subsección A, C.P. Gabriel Valbuena Hernández; sentencia del 3 de marzo de 2022, radicado No. 080001 -23-33-000-2015-00075-01, Sección Segunda, Subsección A, C.P. William Hernández Gómez; sentencia del 28 de abril de 2022, radicado No. 76001 -23-33-000-2013-00756-01, Sección Segunda, Subsección B, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter; sentencia del 9 de mayo de 2022, radicado No. 080001 -23-40000-2017-00795-01, Sección Segunda, Subsección A, C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas; sentencia del 19 de mayo de 2022, radicado No. 47001 -23-33-000-2019-00359-01, Sección Segunda, Subsección B, C.P. Sandra Liseth Ibarra; sentencia del 1º de julio de 2022, radicado No. 47-001-23-33-000-2019-00376-01, Sección Segunda, Subsección B, C.P. Sandra Liseth Ibarra; sentencia del 22 de agosto de 2022, radicado No. 08 00123-33-000-2015-00509-01, Sección Segunda, Subsección B, C.P. César Palomino Cortés; y sentencia del 22 de septiembre de 2022, radicado No. 08001-23-33-000-2015-90124-01, Sección Segunda, Subsección B, C.P.

César Palomino Cortés, sentencia del 19 de ene ro de 2023, radicado No. 76001 -23-31-000-2012-00212-02 (4470-2021), Sección Segunda, Subsección A, C.P. William Hernández Gómez; y sentencia del 26 de enero de 2023, radicado No. 47001-23-33-000-2018-0231-01 (0871-2020), Sección Segunda, Subsección A, C.P. Rafael Francisco Gómez. 3 Sentencia del 31 de mayo de 2019, radicado No. 76 -001-23-33-000-2013-00734-00 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca; sentencia del 21 de julio de 2022, radicado No. 70001 -23-33-000-0201800097-00 proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre; y sentencia del 24 de enero de 2023, radicado No. 15001-33-33-007-2019-00046-01 proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá. 4 Sentencia del 23 de junio de 2022, radicado No. 66001 -33-33-001-2022-00020-00 proferida por el Juzgado Primero Administrativo de Pereira; sentencia del 9 de septiembre de 2022, radicado No. 70001-33-33-002-202200115-00 proferida por el Juzgado Segundo Administrativo de Sincelejo; sentencia del 21 de septiembre de 2022, radicado No. 05001 -33-33-019-2022-00085-00 proferida por el Juzgado Diecinueve Administrativo de

00115-00 proferida por el Juzgado Segundo Administrativo de Sincelejo; sentencia del 21 de septiembre de 2022, radicado No. 05001 -33-33-019-2022-00085-00 proferida por el Juzgado Diecinueve Administrativo de Medellín; sentencia del 27 de septiembre de 2022, radicado No. 76-001-33-33-002-2022-00095-00 proferida por el Juzgado Segundo Administrativo de Buga; sentencia del 28 de septiembre de 2022, radicado No. 76111-3333-003-2022-00066-00 proferida por el Juzgado Tercero Administrativo de Buga; sentencia del 28 de septiembre de 2022, radicado No. 68001 -33-33-002-2022-00065-00 proferida por el Juzgado Segundo Administrativo de Bucaramanga; sentencia del 30 de septiembre de 2022, radicado No. 68001-33-33-009-2022-Radicado: 11001-03-15-000-2023-03987-00

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D. Oposiciones e intervenciones

5.- El Tribunal Administrativo de Boyacá (accionado) indica que la acción de tutela es improcedente, pues carece de relevancia constitucional. Señala que en la sentencia SU-573 de 2019 la Corte Constitucional varió la tesis de la sentencia SU098 de 2018, que es la base del principal argumento del accionante. La sentencia SU-573 de 2019 aclaró que las acciones de tutela contra providencias que negaron el reconocimiento de la sanción moratoria a favor de los docentes oficiales carecen

098 de 2018, que es la base del principal argumento del accionante. La sentencia SU-573 de 2019 aclaró que las acciones de tutela contra providencias que negaron el reconocimiento de la sanción moratoria a favor de los docentes oficiales carecen de relevancia constitucional, pues (i) plantean una discusión eminentemente legal y de carácter económico particular, (ii) sin relación directa con un derecho fundamental, (iii) no está en entredicho el mínimo vital del accionante, (iv) en la tutela se reiteran los argumentos planteados en el proceso ordinario ya resueltos en el proceso ordinario, y (v) la sentencia cuestionada se encuentra debidamente motivada según la normativa y jurisprudencia aplicable. Agrega que la nueva postura ha sido acogida por la Sección Segunda de esta Corporación en sentencia del 23 de marzo de 2023, radicado No. 2023 -00786, C.P. Gabriel Valbuena Hernández.

6.- El Departamento de Boyacá (tercero con interés) solicita que se desestimen las pretensiones de la acción de tutela, pues no se vulneraron los derechos de la accionante. Sostiene que no se cumplieron los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial y que en el proceso ordinario se garantizaron los derechos de las partes, de forma que la sentencia cuestionada se fundamentó en los supuestos fácticos acreditados y la normativa aplicable.

6.1.- Aclara que, según el régimen especial aplicable a los docentes oficiales, el procedimiento para la transferencia de recursos de la Nación al FOMAG y el pago de las cesantías a favor de los docentes no implica la consignación de recursos en

6.1.- Aclara que, según el régimen especial aplicable a los docentes oficiales, el procedimiento para la transferencia de recursos de la Nación al FOMAG y el pago de las cesantías a favor de los docentes no implica la consignación de recursos en cuentas individuales, sino que opera por un giro global bajo el principio de unidad de caja. Así, la entidad territorial debe allegar una constancia de liquidación de las cesantías causadas cada año (mas no los recursos), la cual se remite a la

00109-00 proferida por el Juzgado Noveno Administrativo de Bucaramanga; sentencia del 6 de octubre de 2022, radicado No. 27001 -33-33-002-2022-00072-00 proferida por el Juzgado Segundo Administrativo de Quibdó; sentencia del 25 de octubre de 2022 radicado N o. 27001-33-33-005-2022-00122-00 proferida por el Juzgado Quinto Administrativo de Quibdó; sentencia del 16 de noviembre de 2022 radicado No. 76147-33-33-002-202200008-00 proferida por el Juzgado Segundo Administrativo de Buga; y la sentencia del 19 de en ero de 2023 radicado No. 11001 -3342-051-2022-00098-00 proferida por el Juzgado Cincuenta y Uno Administrativo de Bogotá.Radicado: 11001-03-15-000-2023-03987-00

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administradora del FOMAG para que esta genere el reporte de las cesantías y se incluyan como insumos.

6.2.- En todo caso, a las entidades territoriales no les corresponde resolver las

Se declara la improcedencia

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administradora del FOMAG para que esta genere el reporte de las cesantías y se incluyan como insumos.

6.2.- En todo caso, a las entidades territoriales no les corresponde resolver las reclamaciones de los docentes, ya que el pago de las cesantías es competencia del FOMAG, a petición del interesado: los recursos son aprovisionados, pero solo son efectivamente girados cuando el docente los solicita.

6.3.- Por otro lado, afirma que la sentencia SU -098 de 2018 no es aplicable al presente asunto, pues esa sentencia se profirió bajo un supuesto fáctico distinto: el docente accionante nunca fue afiliado al FOMAG, lo cual no sucedió en este caso. En cambio, la SU-573 de 2019 señaló que las tutelas contra providencias judiciales bajo el supuesto de la presente acción carecen de relevancia constitucional.

7.- El Juzgado Décimo Administrativo de Tunja (tercero con interés) sostiene que la solicitud de amparo no está llamada a prosperar, toda vez que no se encuentra probada la vulneración de los derechos fundamentales alegados. Indica que en el escrito de tut ela únicamente se insinúa una interpretación que, a criterio de la accionante, debió aplicarse en lugar de lo analizado por el tribunal accionado, lo cual no constituye un defecto. Lo anterior, máxime cuando la sentencia objeto de reproche aplicó la normat iva vigente, según los hechos pertinentes y las pruebas recaudadas. Adicionalmente, el precedente invocado no resulta pertinente al caso. Reitera que en el régimen prestacional de los docentes oficiales no existe consignación por parte del empleador, sino que el FOMAG recibe recursos del

recaudadas. Adicionalmente, el precedente invocado no resulta pertinente al caso. Reitera que en el régimen prestacional de los docentes oficiales no existe consignación por parte del empleador, sino que el FOMAG recibe recursos del Sistema General de Participaciones en educación, por lo que la decisión cuestionada sí se encuentra conforme a derecho.

8.- La Fiduprevisora S.A., en calidad de vocera y administradora del FOMAG (tercero con interés) también solicita que se declare la improcedencia de la solicitud de amparo, pues considera que no se argumentaron suficientemente los requisitos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales. Además, solicita que sea desvinculada del presente proceso.

8.1.- Enfatizó que al FOMAG le es aplicable el principio de unidad de caja, lo cual amerita un trato diferenciado al de los fondos de cesantías privados y regidos por la Ley 50 de 1990. En efecto, en el FOMAG no existen cuentas individuales para cadaRadicado: 11001-03-15-000-2023-03987-00

Accionante: Lidia Judith Cepeda Amado Se declara la improcedencia

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uno de los docentes, de lo cual se desprende que no existe una obligación legal de consignar en esas cuentas el valor de las cesantías que corresponda a cada afiliado.

8.2.- En cambio, los valores del FOMAG son presupuestados en cada vigencia y son remitidos por el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades TerritorialesFONPET, diferenciado entre lo que corresponde a pensiones y a cesantías. Posteriormente el FOMAG solicita a las entidades territoriales que alleguen los

son remitidos por el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades TerritorialesFONPET, diferenciado entre lo que corresponde a pensiones y a cesantías. Posteriormente el FOMAG solicita a las entidades territoriales que alleguen los reportes de cesantías para proceder a reco nocer los intereses que se causen en cada vigencia, y cuando se solicita el retiro definitivo o parcial de las cesantías el fondo acude al rubro asignado, se reitera, regido por el principio de unidad de caja y no por cuentas individuales.

8.3.- Lo anterior encuentra fundamento en un marco normativo especial: Ley 91 de 1989, artículo 8; Ley 715 de 2001, artículo 8 y 36; Decreto 196, artículos 12 y 13; Decreto 3752 de 2003, y Ley 1955 de 2019, artículo 57.

8.4.- Sostiene que las sentencias invocadas por la accionante no constituyen un precedente vinculante, pues resolvieron casos particulares y distintos al presente. Agrega que, en todo caso, no se vulneraron sus derechos fundamentales porque las actuaciones judiciales se adelantaron en debida forma y de conformidad con las pruebas y procedimientos legales.

9.- La Nación - Ministerio de Educación Nacional (tercero con interés) guardó silencio, pese a que fue debidamente notificado.

II. CONSIDERACIONES

10.- Se acogerá la posición mayoritaria de la Sala y se declarará la improcedencia de la acción de tutela porque no está acreditado el requisito de relevancia constitucional frente a los defectos presentados. Lo anterior, en la medida en que la acción de tutela reitera los mismos argumentos que fueron plantead os en la

de la acción de tutela porque no está acreditado el requisito de relevancia constitucional frente a los defectos presentados. Lo anterior, en la medida en que la acción de tutela reitera los mismos argumentos que fueron plantead os