CE - 110010315000202303987011SENTENCIA20231120100804

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., diecisiete (17) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Radicación: 11001-03-15-000-2023-03987-01

Accionante: LIDIA JUDITH CEPEDA AMADO

Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ Referencia: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Se confirma sentencia impugnada que declaró improcedente el mecanismo de amparo por no cumplir con el requisito general de procedencia de relevancia constitucional.

Sanción moratoria

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación presentada por la señora Lidia Judith Cepeda Amado contra la sentencia de 29 de agosto de 2023, proferida por la Sección TerceraSubsección «B»- del Consejo de Estado.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. La señora Lidia Judith Cepeda Amado, por intermedio de apoderado judicial, solicitó el amparo de sus derechos fundamentales «AL DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, SITUACIÓN MÁS FAVORABLE AL TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN LA APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES

el amparo de sus derechos fundamentales «AL DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, SITUACIÓN MÁS FAVORABLE AL TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN LA APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES FORMALES DE (sic) DERECHO, GARANTÍA A LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA

IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PRINCIPIO

CONSTITUCIONAL DE LA PERPETUATIO JURISDICTIONIS, SEGURIDAD JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO DE (sic) PRECEDENTE JUDICIAL VERTICAL», cuya vulneración le atribuyó a la sentencia de 26 de mayo de 2023, proferida por la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Boyacá, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado núm. 15001-33-33-010-2022-00039-00/01.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:2

Radicación: 11001-03-15-000-2023-03987-01

Accionante: Lidia Judith Cepeda Amado

2.1. Relató que labora como docente desde el año 1990, en el Departamento de Boyacá, razón por la que tiene: «[…] derecho al reconocimiento y pago de cesantías anualizadas, con pago de intereses cada año […]».

2.2. Indicó que, el 15 de febrero de 2021, el Ministerio de Educación Nacional no

Boyacá, razón por la que tiene: «[…] derecho al reconocimiento y pago de cesantías anualizadas, con pago de intereses cada año […]».

2.2. Indicó que, el 15 de febrero de 2021, el Ministerio de Educación Nacional no consignó al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio las cesantías causadas a su favor por los servicios prestados en el año 2020, por lo que el 27 de julio de 2021, le solicitó al Departamento de Boyacá el reconocimiento y pago de la sanción por mora establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 19901.

2.3. Comentó que , mediante Oficio núm. BOY2021EE029843 de 29 de agosto de 2021, la Secretaría de Educación del Departamento de Boyacá negó su solicitud.

2.4. Señaló que, debido a lo anterior, promovió la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho núm. 15001-33-33-010-2022-00039-00/01 en contra de la Nación – Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y del Departamento de Boyacá para que se declarara la nulidad del acto administrativo que negó su solicitud de reconocimiento y pago de la sanción por mora establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 19902.

2.5. Mencionó que el proceso fue conocido en primera instancia por el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Tunja, autoridad judicial que , mediante sentencia de 19 de agosto de 2022, negó las pretensiones de la demanda.

2.6. Refirió que inconforme con la decisión de primera instancia interpuso recurso de apelación.

sentencia de 19 de agosto de 2022, negó las pretensiones de la demanda.

2.6. Refirió que inconforme con la decisión de primera instancia interpuso recurso de apelación.

2.7. Esgrimió que el recurso fue desatado por la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante sentencia de 26 de mayo de 2023, en la que se confirmó la decisión de primera instancia porque la sanción moratoria por la consignación tardía de las cesantías dispuesta en la Ley 50 de 1990 no era aplicable a la parte demandante, como tampoco el régimen de la Ley 52 de 19753.

2.8. Puso de presente que, el Tribunal censurado incurrió en un «desconocimiento del precedente jurisprudencial », ya que existe una abierta discordancia entre lo expresado por la Corte Constitucional y por la Sección Segunda del Consejo de Estado en más de 26 sentencias dictadas durante los años 2021 y 2023 , y la decisión objeto de esta acción constitucional.

2.9. También sostuvo que el desconocimiento de las sentencias proferidas por el máximo órgano de cierre de la jurisdicción contencioso -administrativa develan una

1 «Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones». 2 A título de restablecimiento del derecho solicitó que se reconociera y pagara la sanción moratoria establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y la inde mnización por pago tardío de los intereses a las cesantías dispuesta en el artículo 1 de la Ley 52 de 1975 y el Decreto 1176 de 1991. 3 «Por la cual se reconocen los intereses anuales a las cesantías de los trabajadores particulares».3

dispuesta en el artículo 1 de la Ley 52 de 1975 y el Decreto 1176 de 1991. 3 «Por la cual se reconocen los intereses anuales a las cesantías de los trabajadores particulares».3

Radicación: 11001-03-15-000-2023-03987-01

Accionante: Lidia Judith Cepeda Amado

transgresión de los principios de seguridad jurídica, confianza legítima y favorabilidad, así como una vulneración del der echo a la igualdad. En ese sentido, enunció que se desconocieron las sentencias de 6 de agosto de 2020 4, de 24 de enero de 20195, de 17 de junio de 20196, de 28 de junio de 20197, de 29 de julio de 20198, de 2 de diciembre de 2019 9, de 10 de junio de 2020 10, de 2 de octubre de 202011, de 12 de noviembre de 202012, de 17 de junio de 202113, de 4 de noviembre de 202114, de 25 de noviembre de 202115, de 11 de noviembre de 202116, de 20 de enero de 202217, de 3 de marzo de 202218, de 28 de abril de 202219, de 9 de mayo de 202220, de 19 de mayo de 2022 21, de 1° de julio de 2022 22, de 22 de agosto de 202223, de 22 de septiembre de 202224, de 19 de enero de 202325 y de 26 de enero de 202326.

2.10. Agregó que la autoridad cuestionada, al sustentar que no existe una posición unificada respecto del asunto bajo estudio, debió explicar con claridad y suficiencia

de 202326.

2.10. Agregó que la autoridad cuestionada, al sustentar que no existe una posición unificada respecto del asunto bajo estudio, debió explicar con claridad y suficiencia su decisión de apartarse de lo expuesto en las sentencias antes referidas.

4 Sentencia del 6 de agosto de 2020, expediente 08001 -23-33-000-2013-00666-01 (0833-16), M.P. Sandra Liseth Ibarra. 5 Sentencia del 24 de enero de 2019, expediente 76001 -23-31-000-2009-00867-01 (4854-2014), M.P. Sandra Liseth Ibarra. 6 Sentencia del 17 de junio de 2019, expediente 11001-03-15-000-2018-04617-01, M.P. Nicolás Yepes Corrales. 7 Sentencia del 28 de junio de 2019, expediente 11001 -03-15-000-2018-04679-01, M.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. 8 Sentencia del 29 de julio de 2019, expediente 11001-03-15-000-2018-03499-01, M.P. Nicolás Yepes Corrales. 9 Sentencia del 2 de diciembre de 2019, expediente 08001 -23-33-000-2014-00173-01 (1688-16), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas. 10 Sentencia del 10 de junio de 2020, expediente 08001-23-33-000-2014-00208-01, M.P. Sandra Liseth Ibarra. 11 Sentencia del 22 de octubre de 2020, expediente 08001-23-31-000-2014-00254-01 (4960-2017), M.P. William Hernández Gómez.

11 Sentencia del 22 de octubre de 2020, expediente 08001-23-31-000-2014-00254-01 (4960-2017), M.P. William Hernández Gómez. 12 Sentencia del 12 de noviembre de 2020, expediente 08001 -23-33-000-2014-00132-01, M.P. William Hernández Gómez. 13 Sentencia del 17 de junio de 2021, expediente 08001 -23-31-000-2014-00815-01 (4979-2017), M.P. Gabriel Valbuena Hernández. 14 Sentencia del 4 de noviembre de 2021, expediente 19001-23-33-000-2015-00445-02 (0483-20), M.P. William Hernández Gómez. 15 Sentencia del 25 de noviembre de 2021, expediente 08001 -23-33-000-2014-01127-01 (1002 -2021), M.P. Sandra Liseth Ibarra. 16 Sentencia del 11 de noviembre de 2021, expediente 08001 -23-40-000-2015-90008-01 (2387 -2020), M.P. William Hernández Gómez. 17 Sentencia del 20 de enero de 2022, expediente 08001-23-33-000-2017-00931-01 (1001-2021), M.P. Gabriel Valbuena Hernández. 18 Sentencia del 3 de marzo de 2022, expediente 08001 -23-33-000-2015-00075-01 (2660-2020), M.P. William Hernández Gómez. 19 Sentencia del 28 de abril de 2022, expediente 76001-23-33-000-2013-00756-01 (2224-2020), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.

Hernández Gómez. 19 Sentencia del 28 de abril de 2022, expediente 76001-23-33-000-2013-00756-01 (2224-2020), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter. 20 Sentencia del 9 de mayo de 2022, expediente 08001 -23-40-000-2017-00795-01 (2659-2020), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas. 21 Sentencia del 19 de mayo de 2022, expediente 47001-23-33-000-2019-00359-01 (4004-2021), M.P. Sandra Liseth Ibarra. 22 Sentencia del 1 de julio de 2022, expediente 47001-23-33-00-2019-00376-01 (4462-2021), M.P. Sandra Liseth Ibarra. 23 Sentencia del 22 de agosto de 2022, expediente 08 001-23-33-000-2015-00509-01 (2140-2020), M.P. César Palomino Cortés. 24 Sentencia del 22 de septiembre de 2022, expediente 08001 -23-33-000-2015-90124-01 (2394-2020), M.P. César Palomino Cortés. 25 Sentencia del 19 de enero de 2023, expediente 76001-23-31-000-2012-00212-02 (4470-2021), M.P. William Hernández Gómez. 26 Sentencia del 26 de enero de 2023, expediente 47001 -23-33-000-2018-0231-01 (0871-2020), M.P. Rafael Francisco Gómez.4

Radicación: 11001-03-15-000-2023-03987-01

Accionante: Lidia Judith Cepeda Amado

Francisco Gómez.4

Radicación: 11001-03-15-000-2023-03987-01

Accionante: Lidia Judith Cepeda Amado

2.11. En el mismo sentido, también enumeró y citó apartes textuales de varias providencias dictadas por la Corte Constitucional27, en relación con la aplicación del principio de favorabilidad respecto de las Leyes 91 de 198928, 50 de 1990 y 344 de 199629.

2.12. Insistió, por último, que si bien el artículo 8 de la Ley 91 de 1989 dispone que los recursos con los que se fina ncia el FOMAG pueden ser administrados bajo el principio de unidad de caja para el pago de sus prestaciones, lo cierto era que el Ministerio de Educación Nacional no estaba exento de trasladar al FOMAG, el 15 de febrero de cada anualidad, los recursos de l as cesantías de los docentes vinculados después del 1 º de enero de 1990, dado que es una obligación como “patrono de los docentes”. También adujo que el Tribunal confundió los regímenes de cesantías aplicables a los docentes con la obligación del Ministerio de Educación Nacional o del ente territorial correspondiente, de pagar o de consignar oportunamente las cesantías al Fondo que se encuentra afiliado la docente.

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

«[…] 1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ en la sentencia proferida el día 5/26/2023, en el expediente rad. No. 15001333301020220004701, [sic] transgredió los derechos fundamentales: AL

«[…] 1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ en la sentencia proferida el día 5/26/2023, en el expediente rad. No. 15001333301020220004701, [sic] transgredió los derechos fundamentales: AL

DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, SITUACIÓN

MÁS FAVORABLE AL TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN LA

APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES FORMALES DE (sic)

DERECHO, GARANTÍA A LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA IGUALDAD,

ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PRINCIPIO

CONSTITUCIONAL DE LA PERPETUATIO JURISDICTIONIS, SEGURIDAD JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE JUDICIAL VERTICAL, de la accionante, por considerar que las razones de la decisión no se ajustan a los postulados de la ley y a la abundante jurisprudencia constitucional y de este órgano de cierre en la jurisdicción contencioso administrativo, por lo que se encuentra vulnerando los derechos fundamentales de la accionada.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ; dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en las

27 Las siguientes: i) Corte Constitucional, sentencia del 17 de octubre de 2018, expediente T -6.736.200, M.P.

Gloria Stella Ortiz Delgado; ii) Corte Constitucional, sentencia del 25 de julio de 2019, expediente T -5904426 y otros, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; y iii) Corte Constitucional, sentencia del 6 de febrero de 2020, expediente T-7.182.312 y otros, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. Páginas 53 a 63 del archivo electrónico que contiene el escrito de tutela, ubicado en el índice 2 del expediente digi tal en el aplicativo SAMAI, identificado con certificado: 69FAAB46C657217C 4FCB2D9A5F343F19 5E58DFE196E2A892 C04EE1A940AC806C. 28 «Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio». 29 Enunció las siguientes: Sentencia de Unifica ción 098 del 17 de octubre de 2018, expediente T -6.736-200, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; Sentencia de Unificación 332 del 25 de julio de 2019, expediente T-5904426 y otros, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; y Sentencia de Unificación 041 del 6 de febrero de 2020, expediente T7.182.312 y otros, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.5

Radicación: 11001-03-15-000-2023-03987-01

Accionante: Lidia Judith Cepeda Amado

sentencias SU 098 de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del

H. Consejo de Estado mediante diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la sanción por mora como fue solicitada en la demanda, de acuerdo a los postulados establecidos en los siguientes expedientes […]». (Negrilla original del texto)

H. Consejo de Estado mediante diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la sanción por mora como fue solicitada en la demanda, de acuerdo a los postulados establecidos en los siguientes expedientes […]». (Negrilla original del texto)

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 28 de julio de 2023, el Despacho Sustanciador de la Sección Tercera -Subsección «B»- del Consejo de Estado admitió la presente acción de tutela. Asimismo, ordenó vincular en calidad de terceros con interés directo en las resultas del proceso «[…] al Juzgado Décimo Administrativo de Tunja, al Departamento de Boyacá, a la Nación - Ministerio de Educación Nacional, y al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) […]».

V. INTERVENCIONES

5. Una vez efectuadas las notificaciones a la autoridad judicial accionada y a l os

vinculados, se allegaron los siguientes informes:

5.1. El Tribunal Administrativo de Boyacá – Sala Primera de Decisión, a través de la magistrada ponente de la sentencia tutelada, solicitó declarar improcedente la presente acción de tutela porque no cumplía con el requisito general de procedencia de relevancia constitucional, de conformidad con la sentencia SU-573 de 201930 de la Corte Constitucional.

5.2. La sociedad Fiduprevisora S.A. , en calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, manifestó que la argumentación de la parte accionante era «[…] exigua […]» en relación con la configuración de las causales genéricas y específicas de

Patrimonio Autónomo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, manifestó que la argumentación de la parte accionante era «[…] exigua […]» en relación con la configuración de las causales genéricas y específicas de procedibilidad de la acción de tutel a contra providencias judiciales y que: «[…] el mecanismo tutelar se est [aba] utilizando con el ánimo de invalidar actuaciones procesales realizadas […]» en el marco de un proceso judicial.

5.3. Sostuvo que «[…] las entidades administradoras de cesantías creadas por la Ley 50 de 1990 podrán administrar en cuentas individuales los recursos para el pago de las cesantías. Esta modalidad de administración corresponde exclusivamente a las entidades administradoras de cesantías creadas por la Ley 50 de 1990, no así para el FOMAG, que se creó mediante la Ley 91 de 1989 bajo el principio de unidad de caja […]».

30 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-573 de 2019. M.P.: Carlos Bernal Pulido.6

Radicación: 11001-03-15-000-2023-03987-01

Accionante: Lidia Judith Cepeda Amado

5.4. Señaló que la sentencia SU-098 de 201831 era inaplicable al caso concreto «[…] por dos razones fundamentales: (i) porque se trata de una sentencia de unificación de jurisprudencia perteneciente a la tipología “interpretativas”, y (ii) porque los pronunciamientos del Consejo de Estado citados por la parte demandante deciden casos particulares y concretos en donde las pretensiones no han prosperado por estar prescritas […]».

5.5. Por último, solicitó su desvinculación del presente proceso.

pronunciamientos del Consejo de Estado citados por la parte demandante deciden casos particulares y concretos en donde las pretensiones no han prosperado por estar prescritas […]».

5.5. Por último, solicitó su desvinculación del presente proceso.

5.6. La Juez Décimo Administrativo del Circuito de Tunja hizo un recuento de las actuaciones surtidas en el proceso de nulidad y restablecimiento objeto de esta acción de tutela. Seguidamente, solicitó declarar improcedente este mecanismo de amparo por no cumplir el requisito general de procedencia de relevancia constitucional.

5.7. El Departamento de Boyacá, a través de apoderada judicial, solicitó negar las pretensiones de la acción de tutela en tanto que la decisión proferida por la autoridad judicial no vulneró los derechos fundamentales de la accionante.

VI. FALLO IMPUGNADO

6. Mediante fallo de tutela de 29 de agosto de 2023, la Sección Tercera -Subsección «B»- del Consejo de Estado declaró improcedente el presente mecanismo de amparo por no cumplir con el requisito general de procedencia de relevancia constitucional.

7. Como fundamento de lo anterior, se indicó que «[…] la acción de tutela reitera[ba] los mismos argumentos que fueron planteados en la apelación y resueltos en el fallo de segunda instancia proferido en el proceso ordinario […]».

VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

8. La parte accionante impugnó el fallo de primera instancia, en síntesis, con base

en los siguientes argumentos:

(i) Sostuvo que no era cierto que no haya una posición respecto de la aplicación

VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

8. La parte accionante impugnó el fallo de primera instancia, en síntesis, con base

en los siguientes argumentos:

(i) Sostuvo que no era cierto que no haya una posición respecto de la aplicación de la Ley 50 de 1990 a los docentes del sector oficial, por cuanto el Consejo de Estado ha definido esta controversia y, para el efecto, volvió a traer a colación las distintas sentencias proferidas en la por la jurisdicción de lo contencioso administrativo que tratan sobre el reconocimiento a la sanción moratoria a docentes oficiales.

31 Corte Constitucional. Sala Plena. Exp. T-6.736.200, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; 17 de octubre de 2018.7

Radicación: 11001-03-15-000-2023-03987-01

Accionante: Lidia Judith Cepeda Amado

(ii) Adujo que la presente acción de tutela sí cumplía con el requisito de la relevancia constitucional y, para tal efecto, trajo a colación las sentencias de tutela de 23 de marzo y de 17 de abril de 2023, proferidas por la Sección Segunda -Subsección «B»- de esta Corporación, en las cuales se resolvieron asuntos similares al presente y se concluyó que tenían relevancia constitucional.

(iii) Por último, reiteró los argumentos relacionados con la imposibilidad de que exista unidad de caja entre los recursos del Ministerio de Educación Nacional y los recursos del FOMAG.

VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VIII.1. Competencia de la Sala

exista unidad de caja entre los recursos del Ministerio de Educación Nacional y los recursos del FOMAG.

VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VIII.1. Competencia de la Sala

9. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de noviembre de 199132, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm. 1069 de 26 de mayo de 201533, modificado por el artículo 1º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de 202134, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de 201935.

VIII.2. Cuestión previa

10. La Sala advierte que, previamente a la definición de los problemas jurídicos que se habrán de resolver, resulta necesario pronunciarse respecto de la solicitud de desvinculación procesal presentada por la sociedad Fiduprevisora S.A., en calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo del Fondo Nacional de

Prestaciones Sociales del Magisterio - FOMAG.

11. Respecto de la legitimación en la causa por pasiva en procesos de tutela, la Corte Constitucional en la sentencia T - 1001 de 200636, señaló lo siguiente:

«[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito

Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la

32 «Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política». 33 «Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho». 34 «Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela». 35 «Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado». 36 Corte Constitucional, sentencia T-1412872 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.8

Radicación: 11001-03-15-000-2023-03987-01

Accionante: Lidia Judith Cepeda Amado

causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso. (…). Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o

preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción […]». (Negrilla fuera del texto)

12. Así las cosas, y teniendo en cuenta que la sociedad Fiduprevisora S.A. fue parte dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se profirió la sentencia que es objeto del presente mecanismo de amparo, la Sala considera que a esta entidad sí le asiste el interés jurídico para ser vinculada a esta acció n constitucional, razón por la cual se denegará la solicitud de desvinculación elevada, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.

VIII.3 Problemas jurídicos

13. De acuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado debe ser confirmado, modificado o revocado37, la Sala debe establecer: a) Si el presente caso cumple con los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello es así, se deberá

determinar:

b) Si la sentencia de 26 de mayo de 2023, proferida por la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Boyacá dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado núm. 15001-33-33-010b) Si la sentencia de 26 de mayo de 2023, proferida por la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Boyacá dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado núm. 15001-33-33-0102022-00039-00/01, vulneró los derechos fundamentales de la parte accionante, al haber incurrido presuntamente en un defecto sustantivo, en un desconocimiento del precedente judicial y en una violación directa de la Constitución.

14. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para posteriormente ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.

VIII.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad

37 Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.9

Radicación: 11001-03-15-000-2023-03987-01

Accionante: Lidia Judith Cepeda Amado

15. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia de 31 de julio de 201238, cambió su postura inicial y decidió asumir el estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

16. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

17. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.

18. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez constitucional dejar sin efectos una providencia judicial39, la sentencia C-590 de 2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución40.

19. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una

19. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de

38 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009 -01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González. 39 Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T -619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio Palacio. 40 Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de jurisdicción o competencia para ello. Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido. Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión, valora erradame nte los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica sin existir evidencia probatoria de la misma. Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión. Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.

inconstitucionales, o que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión. Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada