CE - 110010315000202303988011SENTENCIA20231030130534

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-03988-01

Accionante: Angélica María Novoa Hernández

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-03988-01

Accionante: Angélica María Novoa Hernández

Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá

Tema: Acción de tutela en contra de providencia judicial, emitida en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en la que se confirmó la decisión de negar el reconocimiento de la sanción moratoria, por la consignación inoportuna de las cesantías anualizadas de un docente afiliado al FOMAG. Cumplimiento del requisito de relevancia constitucional. Ausencia de los defectos invocados.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala la impugnación formulada por la parte accionante en contra de la sentencia proferida el 4 de septiembre de 2023 por la Subsección A de la Sección Tercera de esta corporación, mediante la cual declaró improcedente la acción de la referencia.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

sentencia proferida el 4 de septiembre de 2023 por la Subsección A de la Sección Tercera de esta corporación, mediante la cual declaró improcedente la acción de la referencia.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, la señora Angélica María Novoa Hernández , por intermedio de apoderado judicial, promovió demanda en orden a que se tutelen sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, acceso a la administración de justicia y seguridad social y, junto con2

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ellos, los principios de favorabilidad en materia laboral, perpetuatio jurisdictionis y seguridad jurídica.

Como consecuencia de lo anterior, requirió ordenar al Tribunal Administrativo de Boyacá dejar sin efectos la sentencia proferida el 26 de mayo de 2023 en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 15001-33-33-010-202200047-01, para, en su lugar, proferir una nueva decisión, en la que se aplique el precedente judicial fijado por la Corte Constitucional, en la sentencia SU-098 de 2018, y por el Consejo de Estado, Sección Segunda, en su reiterada jurisprudencia, con el fin de reconocer y pagar la sanción moratoria en los términos en que fue solicitada en la demanda.

y por el Consejo de Estado, Sección Segunda, en su reiterada jurisprudencia, con el fin de reconocer y pagar la sanción moratoria en los términos en que fue solicitada en la demanda.

1.1.2. Hechos de la solicitud

El apoderado de la parte accionante narró como hechos relevantes los siguientes:

1. La señora Angélica María Novoa Hernández labora con posterioridad al año 1990 como docente en el departamento de Boyacá , por lo que tiene derecho al reconocimiento y pago de cesantías del régimen anualizado y de los intereses cada año.

1. El 15 de febrero de 2021, el Ministerio de Educación Nacional no consignó las cesantías correspondientes a los servicios que aquella prestó en el 2020, al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (en adelante FOMAG).

1. Por lo anterior, el 27 de julio de 2021 , al haber transcurrido 5 meses sin que fuera realizada la respectiva consignación, solicitó a la Secretaría de Educación de Boyacá, además de su pago, el reconocimiento de la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y en la reiterada jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado. Sin embargo, aquella entidad, mediante el Oficio núm.

BOY2021EE029843 del 29 de agosto de igual anualidad, resolvió de manera desfavorable ese pedimento.3

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1. La señora Angélica María Novoa Hernández instauró demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Nación – Ministerio de Educación Nacional – FOMAG y del departamento de Boyacá, con el fin de obtener la nulidad del acto administrativo precitado y, adicionalmente, a título de restablecimiento del derecho, solicitó a) el reconocimiento y pago de la sanción moratoria establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 , equivalente a un día de salario por cada día de retardo, contados desde el 15 de febrero de 2021, fecha en que debió consignarse el valor correspondiente a las cesantías del año 2020 en el respectivo fondo, y hasta el momento en que se efectúe el pago de la prestación; y b) la indemnización por el pago tardío de los intereses a las cesantí as, prevista en las Leyes 52 de 1975, artículo 1.°, y 50 de 1990 y el Decreto 1176 de 1991.

1. El 19 de agosto de 2022, el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito Judicial de Tunja negó las pretensiones de la demanda, por lo cual la parte demandante interpuso recurso de apelación en contra de la anterior decisión.

1. El 26 de mayo de 2023, el Tribunal Administrativo de Boyacá confirmó la sentencia de primera instancia, al considerar que a la demandante no le era aplicable la sanción

recurso de apelación en contra de la anterior decisión.

1. El 26 de mayo de 2023, el Tribunal Administrativo de Boyacá confirmó la sentencia de primera instancia, al considerar que a la demandante no le era aplicable la sanción moratoria por la consignación tardía de las cesantías establecida en el régimen de la Ley 50 de 1990 , comoquiera que no se configuraban los supuestos legales, en atención a las particularidades administrativas con que funciona la consignación de la prestación al interior del régimen especial aplicable a los docentes en la Ley 91 de

1989.

1.1.3. Fundamentos de la solicitud de amparo

La accionante afirmó que el Tribunal Administrativo de Boyacá, al expedir la sentencia del 26 de mayo de 2023, vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al acceso a la administración de justicia y a la seguridad social y, junto con ellos, los principios de favorabilidad en materia laboral, perpetuatio jurisdictionis y seguridad jurídica. Para el efecto, expuso lo siguiente:

1. En el presente asunto se cumplen cada uno de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela en contra de providencias judiciales, en particular,4

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el requisito de relevancia constitucional, por cuanto lo que se busca es la protección de los derechos fundamentales de los docentes del sector oficial, pues, según la

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el requisito de relevancia constitucional, por cuanto lo que se busca es la protección de los derechos fundamentales de los docentes del sector oficial, pues, según la Sentencia SU-098 de 2018, en virtud del principio de igualdad e in dubio pro operario, no se debe excluir al sector oficial docente de la aplicación de la Ley 50 de 1990, ya que al tener también el carácter de servidores públicos, son beneficiarios de la sanción moratoria.

1. En la providencia cuestionada se configuró una violación directa de la Constitución Política y un defecto sustantivo, comoquiera que la autoridad accionada aplicó una postura restrictiva y con ello desconoció el artículo 53 constitucional, según el cual debe aplicarse la situación más favorable al trabajador, en caso de duda en la interpretación de las fuentes formales del derecho.

1. El Tribunal d esatendió el contenido de la ley y la jurisprudencia de la Corte Constitucional1 y del Consejo de Estado2, en las que se definió que la Ley 50 de 1990 le resulta aplicable a los docentes vinculados al FOMAG y, por ello, tienen derecho al reconocimiento de la sanción por mora derivada de consignación tardía de las cesantías anuales.

1. Igualmente, la corporación precitada confundió los regímenes de cesantías de los docentes con la obligación del empleador de consignar las cesantías de los trabajadores del sector de la educación al fondo al cual se encuentran afiliados, a pesar de que son dos cosas diferentes. Al respecto, mencionó los antecedentes normativos

1 Citó las sentencias SU-098 de 2018, SU-332 de 2019 y SU-041 de 2020.

de que son dos cosas diferentes. Al respecto, mencionó los antecedentes normativos

1 Citó las sentencias SU-098 de 2018, SU-332 de 2019 y SU-041 de 2020. 2 Concretamente, mencionó las sentencias de unificación del 24 de enero de 2019, expediente 7600123-31-000-2009-00867 y del 6 de agosto de 2020, expediente 08001 -23-33-000-2013-00666-01, y los pronunciamientos del 17 de junio de 2019, expediente 11001-03-15-000-2018-04617-01; 28 de junio de 2019, expediente 11001 -03-15-000-2018-04679-01, 29 de julio de 2019, expediente 11001 -0315-0002018-03499-01; 2 de diciembre de 2019, expediente 08001 23 33 000 2014 00173 -01; 10 de junio de 2020, expediente 08001 -23-33-000-2014-00208-01; 22 de octubre de 2020, expediente 08001 -23-31000-2014-00254-01; 12 de noviembre de 2020, expediente 08001 -23-33-000-2014-00132-01; 17 de junio de 2021, expedientes 08001 -23-31-000-2014-00815-01 y 08001-23-33-000-2015-00331-01; 4 de noviembre de 2021, expediente 19001 -23-33-000-2015-00445-02; 11 de noviembre de 2021,

expedientes 080001-23-40-000-2015-90008-01 y 080001-23-40-000-2014-90022-01; 25 de noviembre de 2021, expedientes 08001 -23-33-000-2014-01127-01 y 40001 -23-40-000-2017-00134-01; 20 de enero de 2022, expediente 080001 -23-33-000-2017-0093101; 3 de marzo de 20 22, expediente 080001-23-33-000-2015-00075-01; 28 de abril de 2022, expediente 76001 -23-33-000-2013-00756-01; 9 de mayo de 2022, expediente 080001 -23-40-000-2017-00795-01; 19 de mayo de 2022, expediente 47001-23-33-000-2019-00359-01; 1.° de julio de 2022, expediente 47-001-23-33-000-2019-00376-01; 22 de agosto de 2022, expediente 08001 -23-33-000-2015-00509-01; 22 de septiembre de 2022, expediente 08001-23-33-000-2015-90124-01, 19 de enero de 2023, expediente 76001-23-31-000-201200212-02, y 26 de enero de 2023, expediente 47001-23-33-000-2018-00231-01.5

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sobre las cesantías de liquidación anual y el reconocimiento de intereses y, precisó que, a partir de la expedición de la Ley 91 de 1989, el FOMAG tiene a su cargo las prestaciones de los docentes nacionales y nacionalizados y debe consignar las cesantías que la Nación, como patrono, previamente le traslada, antes del 15 de febrero de 2021 y, en caso de no hacerlo, en virtud del principio de igualda d, de favorabilidad y en atención al precedente reiterado de las altas cortes, reconocer la sanción moratoria.

1. El Tribunal no tuvo en cuenta las sentencias proferidas entre el 2021 y el 2023 por la Sección Segunda del Consejo de Estado en las que resolvió de manera positiva el problema jurídico relativo a si es aplicable o no la Ley 50 de 1990 a los docentes afiliados al FOMAG y, en ese sentido, contrario a la conclusión de la autoridad accionada, sí existe la obligación de consignar antes del 15 de febrero de cada año las cesantías y, en caso de no hacerlo, es viable reconocer la indemnización por su pago inoportuno.

1. Se desconoció el principio de seguridad jurídica, pues a pesar de la copiosa jurisprudencia existente sobre la posibilidad de aplicar el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 al personal docente vinculado al FOMAG, no atendió esa postura y, por el contrario, otorgó un trato diferencial a situaciones iguales. Por esa última razón, considera

1990 al personal docente vinculado al FOMAG, no atendió esa postura y, por el contrario, otorgó un trato diferencial a situaciones iguales. Por esa última razón, considera necesario que en esta sede constitucional se defina la posición jurisprudencial y, de esta forma, protejan los derechos fundamentales de los docentes.

1.2. Actuación procesal

El 26 de julio de 2023, el despacho de la magistrada María Adriana Marín (i) admitió la acción de tutela instaurada por la señora Angélica María Novoa Hernández en contra del Tribunal Administrativo de Boyacá y (ii) vinculó, como terceros interesados en los resultados del proceso, al Ministerio de Educación Nacional, al FOMAG y al departamento de Boyacá. En consecuencia, les otorgó un término de dos (2) días para que rindieran informe sobre los hechos expuestos en el escrito de tutela y, adicionalmente, allegaran las pruebas que pretendieran hacer valer.

1.3. Contestación de la demanda6

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1.3.1. Ministerio de Educación Nacional

El jefe de la Oficina Asesora Jurídica, Walter Epifanio Asprilla Cáceres, afirmó que en el presente asunto no se encuentra satisfecho el requisito general de relevancia constitucional, puesto que, si bien es cierto que la accionante alega la presunta vulneración del derecho al debido proceso y de algunos principios de naturaleza

el presente asunto no se encuentra satisfecho el requisito general de relevancia constitucional, puesto que, si bien es cierto que la accionante alega la presunta vulneración del derecho al debido proceso y de algunos principios de naturaleza constitucional, también lo es que debe cumplirse con una carga argumentativa suficiente que demuestre que el asunto que se discute goza de una marcada importancia constitucional. Ad emás, resaltó que el debate que se presenta es de naturaleza estrictamente económica, pues involucra intereses privados, situación que excede la competencia del juez de tutela, por lo que solicitó declarar improcedente la acción de la referencia.

1.3.2. Tribunal Administrativo de Boyacá

El magistrado Félix Alberto Rodríguez Riveros, luego de hacer un recuento de las actuaciones judiciales adelantadas en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, afirmó que en el presente asunto no se acreditó el requisito de relevancia constitucional, comoquiera que la parte accionante solo se refirió a la aplicación de las normas de la Ley 50 de 1990, sin señalar de manera precisa en qué consiste la afectación o amenaza de sus derechos fundamentales.

Sobre el particular, resaltó que el Consejo de Estado en reciente pronunciamiento, determinó que no es procedente la acción de tutela si lo pretendido es que con fundamento en precedentes de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado se aplique lo dispuesto en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, toda vez que tal pretensión no cumple con la exigencia general de procedibilidad mencionada.

Adicionalmente, frente a las providencias que invoca la accionante para sustentar la

aplique lo dispuesto en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, toda vez que tal pretensión no cumple con la exigencia general de procedibilidad mencionada.

Adicionalmente, frente a las providencias que invoca la accionante para sustentar la aplicación de la norma precitada, en virtud del principio de favorabilidad, advirtió que en la providencia cuestionada se pronunció sobre ese aspecto, concluyendo que los precedentes invocados comportan supuestos fácticos distintos a los que se presentan en el caso que hoy se estudia.7

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1.3.3. Departamento de Boyacá

La apoderada judicial de la entidad territorial referida Angela Patricia Zorro Cardozo adujo que no es viable que el Consejo de Estado, en sede de tutela, emita un nuevo pronunciamiento sobre los hechos debatidos en el proceso ordinario, máxime cuando no se cuenta con una sentencia de unificación por parte de esa corporación como órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

Adicionalmente, manifestó que en las actuaciones adelantadas en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho se garantizó el derecho al debido proceso de los intervinientes y, además, que la sentencia emitida por el Tribunal Administrativo de Boyacá estuvo soportada en las situaciones fácticas y jurídicas probadas en el proceso. Finalmente, sostuvo que emitir un pronunciamiento en las condiciones que

de los intervinientes y, además, que la sentencia emitida por el Tribunal Administrativo de Boyacá estuvo soportada en las situaciones fácticas y jurídicas probadas en el proceso. Finalmente, sostuvo que emitir un pronunciamiento en las condiciones que expone el demandante se aparta totalmente de los principios de la confianza legítima y la seguridad jurídica, que deben estar presentes en todas las actuaciones judiciales. Por tanto, solicitó desestimar las pretensiones formuladas en la presente acción.

1.4. Sentencia impugnada

El 4 de septiembre de 2023, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela instaurada por la señora Angélica María Novoa Hernández, al considerar que no se encontraba satisfecho el requisito general de relevancia constitucional, puesto que la controversia, en el fondo, es de carácter legal e indudablemente se direcciona a un debate económico, comoquiera que se pretende el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la no consignación de sus cesantías, aspectos que, en criterio de esa Sala, no se orientan a la protección de los derechos fundamentales invocados en la solicitud de amparo. Además, resaltó que la accionante no aportó elementos probatorios mínimos que den cuenta de la afectación de su mínimo vital por la no consignación de sus cesantías del 2020.

En todo caso, y sin perjuicio de lo anterior, advirtió que la sentencia cuestionada no desconoció los pronunciamientos jurisprudenciales invocados por la accionante, dado8

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desconoció los pronunciamientos jurisprudenciales invocados por la accionante, dado8

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que estos no comparten identidad fáctica y, en su mayoría, tampoco elementos jurídicos con el caso que aquí se analiza y, además, que el Tribunal accionado argumentó suficientemente por qué se apartó del precedente sentado en algunas sentencias de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado.

1.5. Impugnación

La parte accionante interpuso recurso de impugnación contra el fallo de primera instancia. Como fundamento de su recurso, arguyó que no es cierto que no exista una posición unificada al interior del Consejo de Estado con respecto a la aplicación de la Ley 50 de 1990 a los docentes oficiales pues, a su juicio, esta posición está decantada desde el 2019, para lo cual reiteró todas las providencias señaladas en el escrito inicial. Además, s ostuvo que en controversias similares se ha aplicado el principio de favorabilidad, según el cual, es necesaria la aplicación de la Ley 50 de 1990 en materia de sanción moratoria por la consignación extemporánea de las cesantías anualizadas.

De otro lado, e xplicó las generalidades del requisito de relevancia constitucional y afirmó que en el presente asunto este se encontraba acreditado, ya que justificó de manera razonable los hechos que consideraba como vulneradores de los derechos

De otro lado, e xplicó las generalidades del requisito de relevancia constitucional y afirmó que en el presente asunto este se encontraba acreditado, ya que justificó de manera razonable los hechos que consideraba como vulneradores de los derechos fundamentales invocados , al evidenciar el yerro en que se incurrió el Tribunal Administrativo de Boyacá , al no reconocer la sanción moratoria alegada ni aplicar el principio de favorabilidad.

Por último, indicó que el auxilio de cesantías implica una protección tanto al trabajador como a su núcleo familiar, pues se configura como una ayuda económica para suplir necesidades como la vivienda y la educación superior y busca que el trabajador tenga un respaldo que n o comprometa los recursos necesarios para su mínimo vital. Por tanto, alegó que, al no reconocerse el pago de la sanción morat oria, se vulnera su derecho fundamental a la seguridad social, debido a que es la consignación oportuna de dicha prestación la que lo garantiza.

2. Consideraciones

2.1. Competencia9

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La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 constitucional y en el inciso segundo del artículo 25 del Acuerdo 80 de 20193, según el cual «las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a reparto por

dispuesto en el artículo 86 constitucional y en el inciso segundo del artículo 25 del Acuerdo 80 de 20193, según el cual «las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto».

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar, en primer lugar, si la presente acción de tutela cumple con los requisitos generales de procedencia para controvertir la sentencia del 26 de mayo de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 15001-33-33-010-2022-0004701. En caso afirmativo, se analizará, en segundo lugar, si se configuraron los defectos de desconocimiento de precedente judicial, sustantivo y violación directa de la Constitución Política, y, por ende, si se vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, acceso a la administración de justicia y seguridad social de la accionante.

2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales

La jurisprudencia constitucional 4 ha evolucionado en torno a la consideración de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial, y ha desarrollado diferentes reglas para su estudio, consolidadas en la sentencia C-590 de 2005,5 en la que se hace distinción entre causales genéricas, aquellas que hacen referencia a los requisitos que posibilitan la interposición de la acción, y causales

desarrollado diferentes reglas para su estudio, consolidadas en la sentencia C-590 de 2005,5 en la que se hace distinción entre causales genéricas, aquellas que hacen referencia a los requisitos que posibilitan la interposición de la acción, y causales

3 Por medio del cual se modificó el reglamento interno del Consejo de Estado. 4 Sentencias C-543 de 1992, T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de 1995, T-492 de 1995, T-567 de 1998, SU-047 de 1999, T-382 de 2001, T-1031 de 2001, T-441 de 2003, T-462 de 2003, T-589 de 2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004. 5 Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.10

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específicas de procedibilidad, que persiguen verificar la procedencia del amparo una vez cotejada la validez de su interposición.

De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedencia las siguientes: i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la

siguientes: i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, contado a partir del hecho que originó la vulneración; iv) que cuando se trate de u na irregularidad procesal, se señale, de manera clara, que esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales del solicitante del amparo; v) que la parte actora identifique razonablemente tan to los hechos que generaron la vulneración como los derechos trasgredidos y que hubiere alegado tal violación en el proceso judicial, siempre que esto hubiere sido posible; y vi) que no se trate de sentencias de tutela. Frente a estas causales el juez debe hacer un examen exigente y cuidadoso, al ser precisamente la acción de tutela contra providencia judicial de naturaleza «excepcional».

En igual sentido, se señalaron como causales específicas de procedibilidad , aquellas que se centran en el estudio de la providencia que se ataca, las siguientes: defecto orgánico, defecto procedimental absoluto, defecto fáctico, defecto material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedent e y violación directa de la Constitución. La Corte hizo hincapié en el hecho de que para que proceda el amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una de las anteriores causales o defectos.

2.4. Verificación del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia

que proceda el amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una de las anteriores causales o defectos.

2.4. Verificación del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia

2.4.1. En cuanto al primer requisito de procedibilidad, esto es, que el asunto tenga relevancia constitucional, la Sala advierte que el 4 de septiembre de 2023 la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró improcedente la presente acción, al considerar que no se encontraba satisfecho la exigencia mencionada, en razón a que (i) la accionante centraba la discusión en un tema11

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Accionante: Angélica María Novoa Hernández

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netamente legal y económico y (ii) no se aportó suficiente material probatorio que acreditara que la no consignación de las cesantías afectó sus derechos fundamentales.

No obstante, para la Sala el presente asunto sí reviste una marcada importancia constitucional, comoquiera que el debate gira en torno a la presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al acceso a la administración de justicia y a la seguridad social y el principio de favorabilidad por parte del Tribunal Administrativo de Boyacá, con ocasión de la expedición de la providencia del 26 de mayo de 2023, sin un inadecuado análisis jurisprudencial y normativo, argumentos que la accionante encuadró en los defectos de desconocimiento del precedente judicial,

mayo de 2023, sin un inadecuado análisis jurisprudencial y normativo, argumentos que la accionante encuadró en los defectos de desconocimiento del precedente judicial, sustantivo y violación directa de la Constitución Política, por lo que no se está únicamente ante una controversia m eramente legal y económica , pues más allá de cuestionarse el reconocimiento de la sanción moratoria de que trata la Ley 50 de 1990 por el pago tardío de las cesantías a los docentes del sector oficial afiliados al FOMAG, lo que se discute es el desconocimiento del principio de favorabilidad, aspecto que trasciende a la esfera constitucional.

Al respecto, se aclara que si bien es cierto que el despacho ponente de la presente decisión, en anteriores oportunidades 6, consideró que en estos casos no se encontraba colmada esta exigencia de procedibilidad, también lo es que , en atención a la expedición de la Sentencia de Unificación SUJ-032-CE-S2-2023 del 11 de octubre de 2023 , resulta indispensable determinar si la decisión adoptada por la autoridad judicial accionada se acompasa con lineamientos trazados por la Sección Segunda del Consejo de Estado, en el proveído de unificación precitado , comoquiera que se encuentran en juego las prerrogativas constitucionales mencionadas, por lo que a partir de la presente providencia s e modificará la anterior posición y se acogerá el criterio mayoritario de la Sala frente a este asunto.

Así las cosas , al encontrarse cumplid o el presupuesto general mencionado, se revocará la sentencia proferida el 4 de septiembre de 2023 por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado y procederán a analizarse los demás requisitos

revocará la sentencia proferida el 4 de septiembre de 2023 por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado y procederán a analizarse los demás requisitos

6 Procesos de tutela con radicado 11001-03-15-000-2023-02216-00, 11001-03-15-000-2023-01500-01 y 11001-03-15-000-2023-04027-00, entre otros.12

Radicación: 11001-03-15-000-2023-03988-01

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