CE - 110010315000202303991011SENTENCIA20231204101825

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., primero (1º) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001-03-15-000-2023-03991-01

Demandante: MIGUEL ANTONIO MIRANDA YEMAY USA

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ

Referencia: SENTENCIA DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – Debe reunir los requisitos generales establecidos por la jurisprudencia constitucional, para que proceda su estudio de fondo / REQUISITO GENERAL DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – No se cumple en este caso, dado que el accionante busca dis cutir aspectos netamente económicos.

La Sala decide1 la impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia del 5 de octubre de 2023, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado , por medio de la cual se declaró improcedente la acción de tutela de la referencia.

I. A N T E C E D E N T E S

1. Demanda

1.1. Pretensiones

El 25 d e julio de la presente anualidad, el señor Miguel Antonio Miranda Yemayasu, mediante apoderado judicial , interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrat ivo d e Boyacá , por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la se guridad social, a la igualdad y de acceso

Yemayasu, mediante apoderado judicial , interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrat ivo d e Boyacá , por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la se guridad social, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia. Formuló las siguientes preten siones:

1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ en la sentencia proferida el día 6/16/2023, en el expediente rad. No. 15001333300320220006201, transgredi ó́ los derechos fundamentales: AL

DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, SITUACI ÓN

MÁS FAVORABLE AL TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN LA

APLICACIÓN E INTERPRETACI ÓN DE LAS FUENTES FORMALES DE

1 La Sala advierte que, el 10 de noviembre de 2023, el expediente ingresó al despacho de la magistrada ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.Radicación: 11001-03-15-000-2023-03991-01

Demandante: Miguel Antonio Miranda Yemay usa Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

2

DERECHO, GARANT ÍA A LA SEGURIDAD SOCIA L, A LA IGUALDAD,

ACCESO A LA ADMINISTRACI ÓN DE JUSTICIA, PRINCIPIO

CONSTITUCIONAL DE LA PERPETUATIO JURISDICTIONIS, SEGURIDAD JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE JUDICIAL VERTICAL, del accionante, por considerar que las razones de la decisió n no se ajustan a los postulados de la ley y a la abundante jurisprudencia

JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE JUDICIAL VERTICAL, del accionante, por considerar que las razones de la decisió n no se ajustan a los postulados de la ley y a la abundante jurisprudencia constitucional y de este órgano de cierre en la jurisdicción contencioso administrativo, por lo que se encuentra vulnerando los derechos fundamentales por parte del accionada.

2. Como c onsecuencia de la anterior declaración, se ordene al Tribunal Administrativo d e Boyacá; dejar sin ef ectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en las sentencias SU 098 de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del

H. Consejo de Estado mediante diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la sanción por mora como fue solicitada en la demanda, de a cuerdo a los postulados establecidos en los siguientes

expedientes:

3.CORTE CONSTITUCIONAL N o.

RADICADO

EXPEDIENTE

FECHA

DECISIÓN

MAGISTRADO

PONENTE

CONSEJEROS

FIRMANTES

1 Exp. T-6.736.200 17 de octubre de 2018

Dra. GLORIA

STELLA ORTIZ

DELGADO

SENTENCIA DE

UNIFICACIÓN

098/2018 DE LA

CORTE

CONSTITUCIONAL

2 Exp. T-5904426 y otros 25 de julio de 2019

Dra. GLORIA

STELLA ORTIZ

DELGADO

SENTENCIA DE

UNIFICACIÓN 332

CORTE

CONSTITUCIONAL

2 Exp. T-5904426 y otros 25 de julio de 2019

Dra. GLORIA

STELLA ORTIZ

DELGADO

SENTENCIA DE

UNIFICACIÓN 332

/2019 DE LA CORTE CONSTITUCIONAL 3 Exp. T 7.182 -312 y otros 6 de febrero de 2020

Dr. LUIS

GUIILLERMO

GUERRERO

PÉREZ

SENTENCIA DE UNIFICACIÓN 0 41

/2020 DE LA CORTE

CONSTITUCIONAL

CONSEJO DE ESTADO

No. RADICADO

EXPEDIENTE

FECHA

DECISIÓN

MAGISTRADO

PONENTE

CONSEJEROS

FIRMANTES 1 08001-23-3300020130066601 (0833-16) 6 de agosto de 2020

Dra. SANDRA

LISSET IBARRA

SENTENCIA DE

UNIFICACIÓN DEL

CONSEJO DE

ESTADO

2 76001-23-3100020090086 7-01, No.

Interno: 4854-2014 24 de enero de

2019

Dra. SANDRA

LISSET IBARRA

Dr. CÉSAR

PALOMINO

CORTÉS - Dr.

CARMELO

PERDOMO CUÉTERRadicación: 11001-03-15-000-2023-03991-01

Demandante: Miguel Antonio Miranda Yemay usa Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

3

3 11001-0315000-201804617-01

Demandante: Miguel Antonio Miranda Yemay usa Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

3

3 11001-0315000-201804617-01 17 de junio de 2019

Dr. NI COLÁS

YEPES

CORRALES

Dr. JAIME

ENRIQUE

RODRÍGUEZ

NAVAS - Dr.

GUILLERMO

SÁNCHEZ LUQUE 4 11001-03-15000-201804679-01) 28 de junio de 2019

Dr. ROBERTO

AUGUSTO

SERRATO

VALDÉS

DRA. N UBIA

MARGOTH PEÑA

GARZÓN - DR.

HERNANDO

SÁNCHEZ

SÁNCHEZ 5 11001-0315000-201803499-01 29 de julio de 2019

Dr. NICOLÁS

YEPES

CORRALES

Dr. JAIME

ENRIQUE

RODRÍGUEZ

NAVAS - Dr.

GUILLERMO

SÁNCHEZ LUQUE 6 08001 23 33

000 2014 00173-01 (1688-16) 2 de dicie mbre de 2019

Dr. RAFAEL

FRANCISCO

SUÁREZ

VARGAS

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZ - Dr.

GABRIEL

VALBUENA 7 08001-23-3300020140020801 10 de junio de 2020

Dra. SANDRA

LISSET IBARRA

Dr. CÉSAR

PALOMINO

GABRIEL

VALBUENA 7 08001-23-3300020140020801 10 de junio de 2020

Dra. SANDRA

LISSET IBARRA

Dr. CÉSAR

PALOMINO

CORTÉS - Dr.

CARMELO

PERDOMO

CUÉTER 8 08001-23-31000-201400254-01 (4960-2017) 22 de octubre de 2020

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZ

Dr. RAFAEL

FRANCISCO

SUÁREZ

VARGAS - Dr.

GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ 9 08001-23-3300020140013201 12 de noviembre de 2020

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZ

Dr. RAFAEL

FRANCISCO

SUÁREZ

VARGAS - Dr.

GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ 10 08001 23 31

000 2014 00815 01 (4 979– 2017) 17 de junio de 2021

Dr. GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZDr. RAFAEL

FRANCISCO

SUÁREZ VARGASRadicación: 11001-03-15-000-2023-03991-01

Demandante: Miguel Antonio Miranda Yemay usa Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

4

11 08001-23-33000-2015Demandante: Miguel Antonio Miranda Yemay usa Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

4

11 08001-23-33000-201500331-01 17 de junio de 2021

Dr. CÉSAR

PALOMINO

CORTÉS

Dra. SANDRA

LISSET IBARRA

VÉLEZ - Dr.

CARMELO

PERDOMO

CUÉTER 12 19001-23-33000-20150044502(048320) 4 de noviembre de 2021

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZ

Dr. RAFAEL

FRANCISCO

SUÁREZ

VARGAS - Dr.

GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ 13 08001-23-3300020140112701 (1002-2021) 25 de n oviembre de 2021

Dra. SANDRA

LISSET IBARRA

Dr. CÉSAR

PALOMINO

CORTÉS - Dr.

CARMELO

PERDOMO

CUÉTER 14 40001-23-4000020170013401 (2208-2020) 25 d e noviembre de 2021

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZ

Dr. RAFAEL

FRANCISCO

SUÁREZ

VARGAS - Dr.

GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ 15 080001-234000020159000801 (2387-2020) 11 de noviembre de 2021

VARGAS - Dr.

GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ 15 080001-234000020159000801 (2387-2020) 11 de noviembre de 2021

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZ

Dr. RAFAEL

FRANCISCO

SUÁREZ

VARGAS - Dr.

GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ 16 080001-234000020149002201 (5154-2016) 11 de n oviembre de 2021

Dr. GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZDr. RAFAEL

FRANCISCO

SUÁREZ VARGAS 17 080001-233300020170093101 (1001-2021) 20 de enero de 2022

Dr. GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZDr. RAFAEL

FRANCISCO

SUÁREZ VARGASRadicación: 11001-03-15-000-2023-03991-01

Demandante: Miguel Antonio Miranda Yemay usa Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

5

18 080001-233300020150007501 (2660-2020) 3 de marzo de 2022

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZ

Dr. RAFAEL

FRANCISCO

SUÁREZ

3300020150007501 (2660-2020) 3 de marzo de 2022

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZ

Dr. RAFAEL

FRANCISCO

SUÁREZ

VARGAS - Dr.

GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ 19 76001-23-3300020130075601 (2224-2020) 28 de abril de 2022

Dr. CARMELO

PERDOMO

CUÉTER

Dr. CÉSAR

PALOMINO

CORTÉS - Dra.

SANDRA LIS SET

IBARRA 20 080001-234000020170079501 (2659-2020) 9 de mayo de 2022

Dr. RAFAEL

FRANCISCO

SUÁREZ

VARGAS

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZ - Dr.

GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ 21 47-001-233300020190035901 (4004-2021) 19 de mayo de 2022

Dra. SANDRA

LISSET IBARRA

Dr. CÉSAR

PALOMINO

CORTÉS - Dr.

CARMELO

PERDOMO

CUÉTER 22 47-001-2333000-20190037601 (44622021) 1 de julio de 2022

Dra. SANDRA

LISSET IBARRA

Dr. CÉSAR

PALOMINO

CORTÉS - Dr.

CARMELO

PERDOMO

CUÉTER

23

1. 1 de julio de

2022

Dra. SANDRA

LISSET IBARRA

Dr. CÉSAR

PALOMINO

CORTÉS - Dr.

CARMELO

PERDOMO

CUÉTER 23 08001-23-3300020150050901 (2140-2020) 22 de agosto de 2022

Dr. CÉSAR

PALOMINO

CORTÉS

Dr. SANDRA

LISSET IBARRA

VELEZ – Dr.

CARMELO

PERDOMO

CUÉTER 24 08001-23-3300020159012401 (2394-2020) 22 de septiembre de 2022

Dr. CESAR

PALOMINO

CORTÉS

Dr. SANDRA

LISSET IBARRA

VELEZ – Dr.

CARMELO

PERDOMO

CUÉTER 25 76001-23-31000-201200212-02 (4470-2021) 19 de enero de 2023

Dr. WILLIAM

HERNANDEZ

GOMEZ

DR. RAFAEL

FRANCISCO

SUÁREZ

VARGAS – Dr.

GABRIEL

VALBUENA HERNÁNDEZRadicación: 11001-03-15-000-2023-03991-01

Demandante: Miguel Antonio Miranda Yemay usa Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

6

26 47001-23-33000-2018023101 (0871-2020) 26 de enero 2023

DR. RAFAEL

FRANCISCO

SUÁREZ

6

26 47001-23-33000-2018023101 (0871-2020) 26 de enero 2023

DR. RAFAEL

FRANCISCO

SUÁREZ

DR. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZ – DR.

GABRIEL

VALBUENA

1.2. Hechos

De la solicitud de tutela y del expediente se extraen los siguientes hechos jurídicamente relevantes:

El señor Miguel Antonio Miranda Yemayasu labora como docente «con la entidad certificada en educación d el Departamento de Boyacá ». Además, se encuentra afiliado al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio 2 y es beneficiario del régimen de cesantías anualizadas.

El 28 de j ulio de 2021, el hoy accionante le solicitó a la Secretaría de Educació n Departamental de Boyacá y al Fom ag el reconocimiento y pago de la sanción por la no consignación de cesantías y la indemnización por el pago tardío de los intereses, con fundamento en el régimen establecido en las Leyes 52 de 1975 y 50 de 1990.

Mediante oficio del 2 6 de agosto de 2021, la Secretaría de Educación del Departamento de Boyacá negó la solicitud de l demandante.

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, el señor Miguel Antonio Miranda Yemay usa demandó al Min isterio de Educación Nacional – Fomag y al Departamento de Boyacá, con el fin de que se declarara la nulidad del acto administrativo que negó la petición de reconocimiento y pago de

señor Miguel Antonio Miranda Yemay usa demandó al Min isterio de Educación Nacional – Fomag y al Departamento de Boyacá, con el fin de que se declarara la nulidad del acto administrativo que negó la petición de reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la no consignación de las cesantías y la indemniz ación por el pago tardío de los intereses.

Mediante sentencia del 28 de octubre de 2022, el Juzgado Tercero Administrativo de Tunja negó las súplicas de la demanda , por considerar que el señor Miranda Yemayusa se encontraba afiliad o al Fomag y, por tanto, tenía un régimen especial de cesantías en el cual no operaba la sanción por mora.

2 En adelante Fomag.Radicación: 11001-03-15-000-2023-03991-01

Demandante: Miguel Antonio Miranda Yemay usa Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

7

Contra la anterior decisión, el accionante interpuso recurso de apelación en el cual expuso que la Corte Constitucional y el Consejo de Estado han establecido que era posible aplicar la Ley 50 de 1990 a los docentes oficiales, con fundamento en el principio de favorabilidad. Es decir, que como en la Ley 91 de 1989 —régimen especial de los docentes — no existe regulación sobre la sanción moratoria por la no consignación de las cesantías, se debía aplicar la no rma más favorable , esto es, la Ley 50 de 1990, que sí lo estableció.

En providencia del 16 de junio de 2023, el Tribunal Administrativo de Boyacá

no consignación de las cesantías, se debía aplicar la no rma más favorable , esto es, la Ley 50 de 1990, que sí lo estableció.

En providencia del 16 de junio de 2023, el Tribunal Administrativo de Boyacá confirmó la decisión de primera instancia, bajo el argumento de que no era posible hacer extensiva la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 al caso de l señor M iranda Yemayusa , quien había ocupado el cargo de docente oficial al servicio del departamento de Boyacá y se encontraba cubiert o por el sistema anualizado de cesantías regulado por la Ley 91 de 1989.

De igual modo, determinó que no existía un precedente consolidado de obligatoria aplicación y, por tanto, en aplicación del principio de autonomía e independencia judicial, consideró que el régimen general de cesantías consagrado en las Leyes 50 de 1990 y 52 de 1975 consagra la obligación de reconocer, liquidar y pagar las cesantías a un fondo privado hasta el 15 de febrero de cada año, generándose por el incumplimiento del plazo legal las sanciones establecidas en dichas normas.

Finalmente, insistió en que dicho régimen no se aplica al sector docente, sino a los servidores afiliados a fondos privados de cesantías.

1.3. Argumentos de la tutela

A lo largo del escrito de tutela, de forma resumida, la parte actora sostuvo que el Tribunal Administrativo de Boyacá desconoció el precedente fijado por la Corte Constitucional en la sentencia SU -098 de 2018, así como en 2 6 sentencias del Consejo de Estado, entre las cuales se destacan la sentencia de tute la del 29 de

Constitucional en la sentencia SU -098 de 2018, así como en 2 6 sentencias del Consejo de Estado, entre las cuales se destacan la sentencia de tute la del 29 de julio de 2019 y la SU -2013-00666 del 6 de agosto de 2020, en las que se determinó que la sanción moratoria p revista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 sí resultaba aplicable a los docentes oficiales.

Luego de hacer un recorrido histórico sobre el Fomag y su funcionamiento, adujo que, si bien los docentes gozan de un régimen especial, lo cierto es que, en virtud del principio de favorabilidad, se les debe aplicar la normativa del régimen generalRadicación: 11001-03-15-000-2023-03991-01

Demandante: Miguel Antonio Miranda Yemay usa Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

8

que consagra la sanción moratoria por la no c onsignación de las cesantías, esto es, la Ley 50 de 1990.

De otra parte, el accionante señaló que el ad quem no argumentó con claridad por qué se apartó del precedente fijado en las 22 sentencias emitidas por el Consejo de Estado, pues lo único que expres ó es que «existía unidad de caja en el manejo de los recursos del FOMAG y que no existe sentencia unificada, despreciando la masividad de sentencias expedidas por las 2 secciones que conforman la sección 2da del H.C.E.».

Agregó que, contrario a la decisió n del Tribunal, la aplicación de l a Ley 50 de 1990 a los doce ntes oficiales no desconoce el principio de inescindibilidad, pues,

2da del H.C.E.».

Agregó que, contrario a la decisió n del Tribunal, la aplicación de l a Ley 50 de 1990 a los doce ntes oficiales no desconoce el principio de inescindibilidad, pues, como se ha evidenciado, se aplica la norma de manera integral favoreciendo al docente oficial. Además, indicó que, al existir u n vacío normativo, lo más lógico es llenarlo con la norma más favorable.

Asimismo, mencionó que la autoridad judicial accionada desconoció el principio de seguridad jurídica, toda vez que « existe una abierta discordancia, entre lo expresado por la Sección Segunda, en más de 22 ocasiones e ntre los años 2021, 2022 y 2023 y la decis ión adoptada (…) por el Tribunal Administrativo de Boyacá».

Sostuvo que existe una sucesión de « irregularidades sustantivas » dentro de la decisión de segunda instancia emitida por el Tribunal Administrativo de Boyacá.

Finalmente, citó 1 0 sentencias proferidas por diferentes juzgados administrativos del país, en las que, con fundamento en el principio de favorabilidad, se reconoció la sanción moratoria por la consignación t ardía de las cesantías anuales a los docentes demandantes, al amparo de lo dispuesto en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

2. Trámite impartido e intervenciones

2.1. En auto del 28 de julio de 2023, el despacho sustanciador solicitó a la parte accionante que aportara copia integral de la solicitud de amparo , debido a que no era posible identificar cuáles era n los hechos que mot ivó que el señor Miranda

accionante que aportara copia integral de la solicitud de amparo , debido a que no era posible identificar cuáles era n los hechos que mot ivó que el señor Miranda Yemayusa presentara el referido escrito de tutela.Radicación: 11001-03-15-000-2023-03991-01

Demandante: Miguel Antonio Miranda Yemay usa Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

9

2.2. Mediante auto del 17 de agosto de 2023 , el despacho sustanciador de primera instancia admitió la acción de tutela y ordenó que aquel se notificara a los magistrados que integran el Tribunal Administrativo d e Boyacá , como parte demandada, y, como terceros con interés, al juez tercero administrativo de Tunja, al Ministerio de Educación Nacional , a la Fiduprevisora, en calidad de administradora del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – Fomag. Asimismo, en auto del 15 de septiembre de 2023, vinculó a la secretaría de educación del departamento de Boyacá.

2.3 La Fiduprevisora, en calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio manifestó que las cesantías de los docentes no se administran en cuentas individuales, por cuanto el Fomag fue creado mediante la Ley 91 de 1989 bajo el principio de unidad de caja. En ese sentido, los valores que corresponden a las cesantías no se consignan, sino que « ya están presupuestados y tra sladados al fondo, desde el primer mes de cada vigencia».

Solicitó que se declarara improcedente la tutela porque la autoridad judicial accionada decidió la controversia conforme a la normativa establecida y observó

primer mes de cada vigencia».

Solicitó que se declarara improcedente la tutela porque la autoridad judicial accionada decidió la controversia conforme a la normativa establecida y observó las garantías procesales.

2.4. El Tribunal Administrati vo de Boyacá solicitó que se declar ara improce dente la solicitud de amparo, debido a que el demandante pretende convertir la sede de tutela en una instancia adicional del proceso de nulidad y restable cimiento del derecho con radicado 15001-33-33-003-2022-00062-01.

2.5. En memorial del 14 de septiembre de 2023, la parte accionante insistió en los argumentos de la solicitud de amparo.

2.6. El Departamento de Boyacá pidió que se negara la acción de tutela. Para tal efecto, manifestó que el pago de las cesantías al Fomag ingresan mediante un giro global, el cual no tiene prevista la consignación de las cesantías a sus afiliados. Advirtió, además, que esos recursos provienen de la Nación y del Sistema General de Participaciones para el sec tor educativo, situación que no es competencia del departamento.Radicación: 11001-03-15-000-2023-03991-01

Demandante: Miguel Antonio Miranda Yemay usa Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

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Agregó que la Ley 50 de 1990 resulta inaplicable a los docentes oficiales afiliados al Fomag, puesto que estos tienen un régimen jurídico especial en materia de reconocimiento y pago de cesantías que no contempla la sanción moratoria.

Sostuvo que la sentencia SU -098 de 2018 no resulta vinculante, toda vez que no

al Fomag, puesto que estos tienen un régimen jurídico especial en materia de reconocimiento y pago de cesantías que no contempla la sanción moratoria.

Sostuvo que la sentencia SU -098 de 2018 no resulta vinculante, toda vez que no guarda identidad fáctica y jurídica con lo que se debate en este proceso, pues en aquel se trató de un docente nombrado en provisionalidad que nunca fue afiliado al Fomag.

Por último, indicó que no existía posición unificada en la jurisprudencia sobre el reconocimiento de la sanción moratoria consagrada en la Ley 50 de 1990 al sector docente, pues el régimen general de cesantías consagrado en las Leyes 50 de 1990 y 52 de 1975 consagra la obligación de reconocer, liquidar y pagar las cesantías a un fondo privado de cesantías hasta el 15 de febrero de cada año, generándose por el incumplimiento del plazo legal las sanciones establecidas en dichas normativas. Pero, insis tió, dicho régimen no se ap lica al sector docente, sino a los servidores afiliados a fondos privados de cesantías.

2.7. Los demás sujetos procesales guardaron silencio .

3. Fallo impugnado

La Sección Cuarta del Consejo de Estado, en providencia del 5 de octubre de 2023, declaró improcedente la acción de tutela, por considerar que no cumple con el requisito de relevancia constitucional. En su criterio, la parte accionante pretende convertir ese mecanismo constitucional en una instancia adicional al proceso de nulidad y restab lecimiento del derecho con radica do 15001-33-33-003 2022-00062-01, simplemente porque no está de acuerdo con la interpretación del

pretende convertir ese mecanismo constitucional en una instancia adicional al proceso de nulidad y restab lecimiento del derecho con radica do 15001-33-33-003 2022-00062-01, simplemente porque no está de acuerdo con la interpretación del juez natural, esto es, que el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 es inaplicable a los docentes oficiales, y no porque la provid encia contenga alguna anomalía que exija la intervención del juez constitucional.

4. Impugnación

La parte actora impugnó la anterior decisión, para lo cual reiteró los argumentos expuestos en la tutela y agregó que, contrario a lo establecido en el fallo de primera instancia, la acción de tutela sí cumple con el requisito de la relevancia constitucional. Que, de hecho, en un caso similar, la Sección Segunda,Radicación: 11001-03-15-000-2023-03991-01

Demandante: Miguel Antonio Miranda Yemay usa Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

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Subsección B, del Consejo de Estado, en providencia del 23 de marzo de 2023, concedió el amparo solicitado.

II. CONSIDERACIONES

1. Problema Jurídico

Corresponde a la Sala determinar si hay lug ar a confirmar, modificar o revocar el fallo proferido el 5 de octubre de 2023, por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante el cual se declaró improc edente la acción de tutela.

Para el efecto, primero se deberá analizar si en el caso concreto la solicitud de amparo cumplió con los requisitos generales de la tutela contra providencia

Estado, mediante el cual se declaró improc edente la acción de tutela.

Para el efecto, primero se deberá analizar si en el caso concreto la solicitud de amparo cumplió con los requisitos generales de la tutela contra providencia judicial, particularmente, el de relevancia constitucional. Sólo en e l evento de que se hubiera cumplido tal requisito , junto con los demás exigidos por la jurisprudencia, la Sala descenderá al análisis de fondo que corresponde, para establecer si la autoridad demand ada vulner ó o no los derechos fundamentales invocados por la parte actora.

2. Análisis de la Sala

2.1. Del cumplimiento del requisito de relevancia constitucional, en relación con la supuesta falta de aplicación del artículo 99 de la Ley 50 de 1990

En sentencia del 5 de agosto de 2014, la Sala Plena de esta C orporación señaló que el requisito de la relevancia constitucional tiene como f inalidad (i) prote ger la autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones. De ah í que, para determinar si una solicitud de amparo de tutela tiene o no relevancia constitucional, es necesario examinar dos elementos.

El primero de ellos consiste en que el actor cumpla su carga argumentativa, esto es, que justifique suficientemente la relevancia constitucional por la vulneración de derechos fundamentales. Debe te nerse en cuenta qu e para ello « [n]o basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providenci as judiciales».Radicación: 11001-03-15-000-2023-03991-01

Demandante: Miguel Antonio Miranda Yemay usa

entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providenci as judiciales».Radicación: 11001-03-15-000-2023-03991-01

Demandante: Miguel Antonio Miranda Yemay usa Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

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El segundo hace referencia a que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, toda vez que este valioso mecanismo de estirpe constitucional fue creado par a proteger derechos fundamentales y no para que las partes de un proceso judici al ventilen sus discrepancias con las providencias que allí se dicten.

Ciertamente, la tutela no puede convertirse en la instancia adicional de los procesos judiciales, pues lo s principios de seguridad jurídica y de coherencia del ordenamiento jurídico no permiten la revisión permanente y a perpetuidad de las decisiones de los jueces y, por tanto, no puede admitirse, sin mayores excepciones, la procedencia de la tutela contra pr ovidencias judiciales.

En el asunto que ocupa la atención de la Sala, se recla ma la protección d e los derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia, con ocasión de la sentencia proferida el 16 de junio de 2023 por el Tribunal Administrativo d e Boyacá, por medio del cual confirmó la sentencia dictada el 28 de octubre de 2022, por el Juzgado Tercero Administrativo de Tunja, que negó las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada por el señor Miguel A ntonio Miranda Yemayusa.

Administrativo de Tunja, que negó las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada por el señor Miguel A ntonio Miranda Yemayusa.

En el fondo, el accionante alega que tiene derecho al reconocimiento y el pago de la sanción moratoria por la no consignación de sus cesantías, pues, en su criterio, se le de be aplicar el artículo 99 de la ley 50 de 1990, que sí consagra dicha sanción.

La Sala anticipa que, tal como lo concluyó el a quo, la acción de tutela no tiene vocación de prosperidad. Tal afirmación encuentra respaldo en las siguientes razones:

En prim er lugar, la solicitud de amparo elevada por el señor Miranda Yemayasu carece de relevancia constitucional, debido a que es evidente que la controversia que aquí se examina, en el fondo, es de carácter legal e indudablemente se direcciona a un debate de índole económico, pues se pretende el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la no consignación de sus cesantías.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia de unificación SU - 573 de 2019, revocó diferentes fallos en los que se neg aron tutelas que pretendían elRadicación: 11001-03-15-000-2023-03991-01

Demandante: Miguel Antonio Miranda Yemay usa Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

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pago de la sanción moratoria por la no consignación de sus cesantías, para, en su lugar, declararlas improcedentes por falta de relevancia constitucional, precisamente porque consideró que comprendían discusiones económicas o

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pago de la sanción moratoria por la no consignación de sus cesantías, para, en su lugar, declararlas improcedentes por falta de relevancia constitucional, precisamente porque consideró que comprendían discusiones económicas o patrimoniales para las cuales no estaba instituida este instrumento constitucional.

Así lo indicó:

[L]a sanción moratoria por no consignación oportuna de las cesantías no es un derecho fundamental ni está ligada a la satisfacción de una garantía de naturaleza constitucional. La jurisprudencia de esta Corporación ha reconocido el c arácter irrenunciable de las cesantías, como una prestación patronal de rango legal cuya finalidad es “auxiliar a la persona que se queda temporalmente sin trabajo” 3 . Por tanto, solo en la medida en que lo reclamado sea dicha prestación, la tutela devendría procedente cuando se advierta que su falta de pago conlleva la vulneración del derecho al mínimo vital y a la seguridad social del trabajador. En consecuencia, cualquier pago adicional que no corresponda a la finalidad misma de las cesantías, si no a una penalidad para el empleador que no las consigna al fondo o las paga al trabajador en los términos solicitados, es un reconocimiento de fuente legal con carácter netamente patrimonial, que no amerita la intervención del juez de tutela. Además, según se deriva de los antecedentes de los casos acumulados, no es prima facie admisible considerar que la falta de reconocimiento de aquella pretensión económica pueda comprometer su mínimo vital, en la medida en que los tres accionantes mantienen vigente su vínculo laboral co