CE - 110010315000202303993011SENTENCIASENTENCIA20231026222956

Radicado: 11001-03-15-000-2023-03993-01

Demandante: Andrea Liseth Monroy Moreno

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá D.C., veintiséis (26) de octubre de dos mil veintitrés (2023) Referencia Acción de tutela Radicación 11001-03-15-000-2023-03993-01

Demandante ANDREA LISETH MONROY MORENO

Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO D E BOYACÁ, SALA DE DECISIÓN

Nro. 2 Temas Tutela contra providencia judicial. Requisitos generales de procedibilidad de la acción. La relevancia constitucional. Medio de control de nulidad y restablecimiento. Sanción moratoria por consignación tardía de las cesantías del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 a docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA La Sala decide la impugnación interpuesta por la señora Andrea Liseth Monroy Moreno contra la sentencia de 1 de septiembre de 2023, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, que dispuso: “DECLARAR improcedente el amparo constitucional solicitado por Andrea Liseth Monroy Moreno, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia .”

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

“DECLARAR improcedente el amparo constitucional solicitado por Andrea Liseth Monroy Moreno, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia .”

ANTECEDENTES

1. Pretensiones El 25 de julio de 20231, la señora Andrea Liseth Monroy Moreno interpuso acción de tutela, mediante apoderado judicial, contra el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión Nro. 2, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, a la igualdad y al acceso a la administración de justicia, con la sentencia del 10 de mayo de 2023 que confirmó la decisión de primera instancia en la cual se negaron las pretensiones del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Nro. 15001-33-33-009-2022-00032-01.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones: “1 Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ en la sentencia proferida el día 5/11/2023, en el expediente rad. No. 15001333300920220003201, transgredió los derechos fundamentales: AL DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, SITUACIÓN MÁS FAVORABLE AL TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN LA APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES FORMALES DE DERECHO, GARANTÍA A LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LA PERPETUATIO JURISDICTIONIS, SEGUR IDAD JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE JUDICIAL VERTICAL, del (la) accionante, por considerar que las

PERPETUATIO JURISDICTIONIS, SEGUR IDAD JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE JUDICIAL VERTICAL, del (la) accionante, por considerar que las razones de la decisión no se ajustan a los postulados de la ley y a la abundante jurisprudencia constitucional y de este órgano de cierre en la j urisdicción contencioso

1 Samai, índice 1. Expediente Nro. 11001-03-15-000-2023-03993-00.Radicado: 11001-03-15-000-2023-03993-01

Demandante: Andrea Liseth Monroy Moreno

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co administrativo, por lo que se encuentra vulnerando los derechos fundamentales de la accionada.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ; dejar sin efectos la providencia refer ida en el numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en las sentencias SU 098 de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del H. Consejo de Estad o mediante diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la sanción por mora como fue solicitada en la demanda […]”.

2. Hechos Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes: 2.1. En el año 2022, la señora Andrea Liseth Monroy Moreno presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el Ministerio de Educación Nacional , Fondo Nacional de Prestaciones

2.1. En el año 2022, la señora Andrea Liseth Monroy Moreno presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el Ministerio de Educación Nacional , Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y el departamento de Boyacá, con el fin de que se declarara la nulidad del acto administrativo mediante el cual se negó el pago de la sanción moratoria por consignación tardía de las cesantías y el pago de la indemnización por el pago extemporáneo de los intereses sobre las cesantías. 2.2. El Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Tunja conoció en primera instancia el asunto, bajo el radicado Nro. 15001-33-33-009-2022-00032-00. Mediante sentencia del 15 de noviembre de 2022, dicha autoridad judicial negó las pretensiones de la demanda, por considerar que la sanción por mora por consignación tardía de las cesantías no es aplicable para los docentes afiliados al FOMAG, pues estos tienen una norma especial que regula la materia, que es la Ley 91 de 1989, y en ese régimen no está contemplada dicha sanción, entre otras razones. 2.3. La anterior providencia fue apelada por la parte demandante. Mediante sentencia del 10 de mayo de 2023, el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión Nro. 2, confirmó la decisión por similares razones.

3. Fundamentos de la acción 3.1. La parte actora argumentó que se cumplieron los requisitos generales de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, incluyendo el de relevancia constitucional, puesto que se pretende el amparo de derechos

3. Fundamentos de la acción 3.1. La parte actora argumentó que se cumplieron los requisitos generales de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, incluyendo el de relevancia constitucional, puesto que se pretende el amparo de derechos fundamentales vulnerados ant e la falta de reconocimiento de la sanción moratoria y la protección de principios constitucionales como la seguridad jurídica, la confianza legítima y la favorabilidad. Y agregó que : “no se podrá entender este recurso de amparo como una tercera instancia bajo ningún escenario, por cuanto fue interpuesto, únicamente ante la vulneración de los derechos fundamentales del accionante”.

Seguido, indicó que, al proferir la sentencia de 10 de mayo de 2023, el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión Nro. 2, incurrió en violación directa de la Constitución, por el desconocimiento del artículo 53 constitucional, que consagra el principio de favorabilidad. Sobre ese punto, mencionó que han existido otros casos en los cuales la Corte Constitucional ha aplica do el régimen general a personas que están amparadas bajo un régimen especial, sin que tal situación conlleve al desconocimiento del principio deRadicado: 11001-03-15-000-2023-03993-01

Demandante: Andrea Liseth Monroy Moreno

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co inescindibilidad. Es el caso de la aplicación de la norma sobre el reconocimiento y pago de la sanción morator ia de cesantías a los servidores públicos por el pago tardío de las mismas en favor de los docentes del sector oficial.

inescindibilidad. Es el caso de la aplicación de la norma sobre el reconocimiento y pago de la sanción morator ia de cesantías a los servidores públicos por el pago tardío de las mismas en favor de los docentes del sector oficial. Luego manifestó que el Tribunal Administrativo de Boyacá desconoció 22 sentencias del Consejo de Estado, en las cuales se establece que la Ley 50 de 1990 sí es aplicable a los docentes afiliados al FOMAG vinculados después del 1 de enero de 1990 por disposición expresa de las Leyes 91 de 1989 y 344 de 1996 y los Decretos Nacionales 1582 de 1998, 1252 de 2000 y 3752 de

2003. Consecuentemente, sostuvo que de esas providencias se desprende la obligación del Ministerio de Educación Nacional de consignar las cesantías a dicho fondo a más tardar el 15 de febrero de cada año.

Por ende, manifestó que se pasaron por alto los principios de igualdad, confianza legítima, seguridad jurídica y favorabilidad de los docentes, ante el desconocimiento de tales decisiones judiciales, muchas proferidas entre el año 2021 y 2022 por la Sección Segunda del Consejo de Estado. Puntualmente, se refirió a las siguient es sentencias proferidas por el Consejo de Estado, Sección Segunda y respecto de algunas de estas efectuó una transcripción de sus apartes: N°. Fecha de la Providencia Expediente No. Magistrado (a) Ponente 1 SU de 6 de agosto de 2020 08001-23-33-000-2013-00666-01 Sandra Liseth Ibarra Vélez

sus apartes: N°. Fecha de la Providencia Expediente No. Magistrado (a) Ponente 1 SU de 6 de agosto de 2020 08001-23-33-000-2013-00666-01 Sandra Liseth Ibarra Vélez 2 Sentencia de 24 de enero de 2019 76001-23-31-000-2009-00867-01 Sandra Liseth Ibarra Vélez 3 Sentencia de 17 de junio de 2019 11001-03-15000-201804617-01 Nicolás Yepes Corrales 4 Sentencia de 28 de junio de 2019 11001-03-15000-201804679-01 Roberto Augusto Serrato Valdés 5 Sentencia de 29 de julio de 2019 11001-0315-000-2018-03499-01 Nicolás Yepes Corrales 6 Sentencia de 2 de diciembre de 2019 08001-23-33-000-2014-00173-01 Rafael Francisco Suárez Vargas 7 Sentencia de 10 de junio de 2020 08001-23-33000-2014-00208-01 Sandra Liseth Ibarra Vélez 8 Sentencia de 22 de octubre de 2020 08001-23-31000-2014-00254-01 William Hernández Gómez 9 Sentencia de 12 de noviembre de 2020 08001-23-31000-2014-00132-01 William Hernández Gómez 10 Sentencia de 17 de junio de 2021 08001-23-31-000-2014-00815-01 Gabriel Valbuena Hernández 11 Sentencia de 17 de junio de 2021 08001-23-33000-2015-00331-01 César Palomino Cortés

11 Sentencia de 17 de junio de 2021 08001-23-33000-2015-00331-01 César Palomino Cortés 12 Sentencia de 4 de noviembre de 2021 19001-23-33-000-2015-00445-02 William Hernández Gómez 13 Sentencia de 25 de noviembre de 2021 08001-23-33-000-2014-01127-01 Sandra Liseth Ibarra Vélez 14 Sentencia de 25 de noviembre de 2021 40001-23-40-000-2017-00134-01 William Hernández Gómez 15 Sentencia de 11 de noviembre de 2021 080001-23-40-000-2015-90008-01 William Hernández Gómez 16 Sentencia de 11 de noviembre de 2021 080001-23-40-000-2014-90022-01 Gabriel Valbuena Hernández 17 Sentencia de 20 de enero de 2022 080001-23-33-000-2017-00931-01 Gabriel Valbuena Hernández 18 Sentencia de 3 de marzo de 2022 080001-23-33-000-2015-00075-01 William Hernández Gómez 19 Sentencia de 28 de abril de 2022 76001-23-33-000-2013-00756-01 Carmelo Perdomo Cuéter 20 Sentencia de 9 de mayo de 2022 080001-23-40-000-2017-00795-01 Rafael Francisco Suárez Vargas 21 Sentencia de 19 de mayo de 2022 47-001-23-33-000-2019-00359-01 Sandra Liseth Ibarra Vélez 22 Sentencia de 1 de julio de 2022 47-001-23-33-000-2019-00376-01 Sandra Liseth Ibarra Vélez

22 Sentencia de 1 de julio de 2022 47-001-23-33-000-2019-00376-01 Sandra Liseth Ibarra Vélez 23 Sentencia de 22 de agosto de 2022 08001-23-33-000-015-00509-01 César Palomino Cortés 24 Sentencia de 22 de septiembre de 2022 08001-23-33-000-015-90124-01 César Palomino Cortés 25 Sentencia de 19 de enero de 2023 76001-23-31-000-2012-00212-02 William Hernández Gómez 26 Sentencia de 26 de enero 2023 47001-23-33-000-2018-0231-01 Rafael Francisco Suárez Vargas A su vez, aseveró que no se cumplen los requisitos establecidos para realizar un cambio de jurisprudencia, pues lo único que se expresó es que existía unidad de caja en el manejo de los recursos del FOMAG y que no existe sentencia unificada, pese a la gran cantidad de sentencias expedidas por las dos secciones que conforman la Sección Segunda del Consejo de Estado. Sin embargo, la unidad de caja, sostuvo, solo implica que los recursos de salud pueden utilizarse para pagar pen siones y cesantías de los docentes, pero no desdibuja la obligación de consignación oportuna de las cesantías.Radicado: 11001-03-15-000-2023-03993-01

Demandante: Andrea Liseth Monroy Moreno

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Igualmente, se refirió a las Sentencias de Unificación SU -098 de 2018, SU4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Igualmente, se refirió a las Sentencias de Unificación SU -098 de 2018, SU332 de 2019 y SU -041 de 2020, respecto de las cuales también efectuó u na transcripción de algunos de sus apartados. Reconoció que, si bien en el pasado existían dos posiciones sobre la materia, lo cierto es que después del estudio hecho en la Sentencia SU-098 de 2018 la Corte Constitucional y el Consejo de Estado acogieron u na interpretación favorable, en el sentido de indicar que a los docentes oficiales sí les aplica la Ley 50 de 1990 que castiga la falta de consignación oportuna de las cesantías. Por ende, aseguró que es falso afirmar, como lo hacen las entidades involucradas, que en la Sentencia SU -098 de 2018 se estudian supuestos fácticos diferentes al presente. Agregó que en el año 2006 jurisprudencialmente se argumentó que la aplicación de la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y el régimen especial de los docentes contemplado en la Ley 91 de 1989 generaba una violación al principio de inescindibilidad. Sin embargo, aseguró que tal principio no se transgrede, puesto que no se aplican de manera fragmentada los contenidos normativos, de dis tintas fuentes, que más favorecen al trabajador. Al contrario, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional han reconocido que existe un vacío normativo, dado que el régimen de docentes no regula la figura de la sanción moratoria por la no

favorecen al trabajador. Al contrario, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional han reconocido que existe un vacío normativo, dado que el régimen de docentes no regula la figura de la sanción moratoria por la no consignación de cesantías. Por esa razón, se debe acudir al régimen general, es decir a la Ley 50 de 1990. También, desestimó el argumento según el cual la sanción por mora establecida en la Ley 50 de 1990 sólo opera para los docentes que no han sido afiliados al FOMAG, mas no para aquellos que sí pertenecen a este. Al respecto, la parte actora sostuvo que a partir del artículo 4 de la Ley 91 de 1989 los docentes vinculados con posterioridad al 1 de enero de 1990 serán afiliados automáticamente al FOMAG, a fin de que el docente ya no reclamara sus cesantías directamente a su patrono, sino a dicho fondo con los recursos consignados por el empleador. Finalmente, transcribió varias sentencias proferidas por tribunales y juzgados administrativos del circuito en las que también se opta por el reconocimiento de la sanción moratoria solicitada por la parte actora. 3.2. Por otra parte, la parte actora expuso una serie de razones por las cuales consideró que los docentes sí tienen derecho a la consignación oportuna de cesantías y, consecuentemente, a la sanción moratoria cuando esta se realiza extemporáneamente. Al respecto, la parte actora efectuó un recuento normativo sobre la regulación de las cesantías para docentes y sus distintos regímenes, en el cual incluyó la Ley 6 de 1945, el Decreto Ley 3118 de 1968, la Ley 91 de 1989 y la Ley 50 de

de las cesantías para docentes y sus distintos regímenes, en el cual incluyó la Ley 6 de 1945, el Decreto Ley 3118 de 1968, la Ley 91 de 1989 y la Ley 50 de

1990. Con base es en este, afirmó que el Gobierno Nacional, las entidades territoriales, las Cajas Departamentales y Nacionales de Previsión, el Fondo Nacional del Ahorro y el Ministerio de Educación tienen la obligación de consignar las cesantías al FOMAG antes del 15 de febrero de 2021, independientemente de si trata de docentes vinculados antes del 31 de diciembre de 1980, docentes nacionales pertenecientes al régimen anualizado de cesantías desde 1968 o docentes vinculados después de 1990.Radicado: 11001-03-15-000-2023-03993-01

Demandante: Andrea Liseth Monroy Moreno

5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Seguido, aseguró que no existe ningún régimen especial de las cesantías para docentes, puesto que “las cesantías anualizadas de los maestros oficiales, se liquidan de la misma forma, como se liquidan a los a los empleados públicos y privados del país, la única diferencia radica en los intereses a las cesantías, los cuales, se les cancela liquidando el DTF sobre el saldo acumulado (…) pero esta es una situaci ón no es una circunstancia novedosa como lo quiere hacer ver la entidad demandada y la sentencia hoy en reproche, PUES ESTOS INTERESES A LAS CESANTÍAS, YA SE LES PAGABA A LOS DOCENTES NACIONALES

DESDE 1968”.

como lo quiere hacer ver la entidad demandada y la sentencia hoy en reproche, PUES ESTOS INTERESES A LAS CESANTÍAS, YA SE LES PAGABA A LOS DOCENTES NACIONALES

DESDE 1968”.

Indicó que el supuesto régimen especial es inexi stente, puesto que la Ley 91 de 1989 asignó la competencia de la consignación de los recursos al FOMAG y las cuantías. Y sostuvo que el presunto régimen especial de docentes no es más favorable, pues la liquidación de intereses es menor que la de los demás servidores públicos. Afirmó que el propósito del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, según el cual: “Los docentes nacionales y los que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990, para efecto de las prestaciones económicas y sociales se regirán por las norm as vigentes aplicables a los empleados públicos del orden nacional, Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o que se expidan en el futuro, con las excepciones consagradas en esta Ley” era dar un tratamiento igualitario tanto a los maestros que ya eran nacionales afiliados al Fondo Nacional del Ahorro. En esa medida, sostuvo que a los docentes le son aplicables los Decretos Nacionales 3118 de 1968, 3135 de 1968, 1848 de 1969, 1042 de 1978 y 1045 de 1978 y las demás normas expedidas con posteriori dad, es decir la Ley 50 de 1990 y la Ley 344 de 1996, que consagran la obligación del patrono de consignar las cesantías a los docentes oficiales en el FOMAG a más tardar el 15 de febrero de cada anualidad.

de 1990 y la Ley 344 de 1996, que consagran la obligación del patrono de consignar las cesantías a los docentes oficiales en el FOMAG a más tardar el 15 de febrero de cada anualidad. Reprochó que el FOMAG y la Fiduciaria La Previsor a hayan asumido la postura de que no existe obligación de consignar las cesantías antes del 15 de febrero de cada anualidad, solo para favorecer los intereses del Ministerio de Educación Nacional.

4. Trámite impartido e intervenciones 4.1. Mediante auto de 28 de julio de 2023, se admitió la acción de tutela interpuesta por la señora Andrea Liseth Monroy Moreno contra el Tribunal Administrativo de Boyacá; se ordenó vincular en calidad de terceros a l Juzgado Noveno

Administrativo del Circuito Judicial de Tunja, al Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y al departamento de Boyacá; se reconoció al abogado Yobany Alberto López Quintero como apoderado judicial de la parte demandante; y se dispuso efectuar las notificaciones correspondientes. 4.2. La Fiduprevisora S.A.2 señaló que, de conformidad con el Decreto 1582 de 1998, las entidades administradoras de cesantías creadas por la Ley 50 de 1990 podrán administrar en cuentas individuales los recursos para el pago de las cesantías. Sin embargo, aseveró que las cesantías d e los docentes no se administran en cuentas individuales, ya que esa modalidad de administración corresponde exclusivamente a las entidades administradoras de cesantías creadas por la Ley 50 de 1990, dentro de las cuales no está el FOMAG. Este

administran en cuentas individuales, ya que esa modalidad de administración corresponde exclusivamente a las entidades administradoras de cesantías creadas por la Ley 50 de 1990, dentro de las cuales no está el FOMAG. Este

2 Samai, índice 11. Expediente Nro. 11001-03-15-000-2023-03993-00.Radicado: 11001-03-15-000-2023-03993-01

Demandante: Andrea Liseth Monroy Moreno

6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co último, por el contrario, se creó mediante la Ley 91 de 1989 y se rige bajo el principio de unidad de caja. Explicó que en el FOMAG no hay cuentas individuales para los docentes. Por ende, “anualmente se realiza la actividad operativa de la liquidación de las cesantías, ya que los recursos están inmersos en el FOMAG antes del 1 de febrero de cada vigencia, bajo el principio de unidad de caja” . E indicó que la liquidación anual de cesantías se comprueba con los comunicados que emite dirigidos a las diferentes secretarías de educación certificadas y a los encargados de las oficinas de prestaciones económicas de las entidades territoriales, sobre la fecha de entrega del reporte de cesantías para pago de intereses en la primera nómina de cada vigencia. En consecuencia, aseveró que es imposible jurídicamente crear cuentas individuales para cada uno de los afiliados del FOMAG, en virtud del principio de unidad de caja y, en consecuencia, no es posible aplicar la figura de “consignación de cesantías” pues l os docentes tienen la posibilidad de retirar

individuales para cada uno de los afiliados del FOMAG, en virtud del principio de unidad de caja y, en consecuencia, no es posible aplicar la figura de “consignación de cesantías” pues l os docentes tienen la posibilidad de retirar sus cesantías cuando cumplan los requisitos establecidos para tal efecto. Por lo tanto, no puede aplicarse la sanción moratoria establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, pues esa figura se consagró para los eventos en que se da consignación tardía en las cuentas individuales; lo cual no ocurre en el caso de los docentes. De otra parte, señaló que la decisión judicial cuestionada no desconoce el precedente judicial, puntualmente la Sentencia SU -098 de l a Corte Constitucional, puesto que en ese caso la sanción moratoria reclamada devenía del hecho de que el municipio de Cali no realizó la afiliación del docente al FOMAG y, consecuentemente, tampoco realizó el pago de las cesantías. En cambio, lo solicitado por el tutelante es la sanción moratoria por la consignación extemporánea de sus cesantías en los plazos establecidos en la Ley 50 de 1990 e indemnización por pago inoportuno de los intereses, frente a lo cual, reiteró “es imposible que se cause una demo ra respecto de un hecho que la administración no puede ejecutar en el régimen especial de los docentes, ya que resulta imposible realizar una consignación ante la ausencia de cuentas individuales por cada afiliado”. Finalmente, aseveró que no se vulnerar on los derechos fundamentales de la parte accionante, ya que la decisión judicial cuestionada aplicó los precedentes judiciales vinculantes para la decisión adoptada. E indicó que no

afiliado”. Finalmente, aseveró que no se vulnerar on los derechos fundamentales de la parte accionante, ya que la decisión judicial cuestionada aplicó los precedentes judiciales vinculantes para la decisión adoptada. E indicó que no tiene competencia para atender las pretensiones de la demanda, por lo que solicitó su desvinculación del trámite de la acción de tutela y la declaratoria de improcedencia de la tutela 4.3. El departamento de Boyacá3 precisó que a los docentes oficiales afiliados al FOMAG no se les aplica la Ley 50 de 1990, por lo cual solicitó desestimar las pretensiones de amparo. Asimismo, adujo no tener competencia para resolver las reclamaciones relacionadas con las cesantías y la liquidación y el pago de los intereses de estas. Señaló que, la sentencia SU-098 de 2018 no guarda similitud fáctica ni jurídica con el caso de la señora Monroy Moreno y que no hay lugar a que el juez de tutela emita un pronunciamiento sobre hechos debatidos en un proceso ordinario. De otra parte, afirmó que no se desconoció la aplicación del principio

3 Samai, índice 12. Expediente Nro. 11001-03-15-000-2023-03993-00.Radicado: 11001-03-15-000-2023-03993-01

Demandante: Andrea Liseth Monroy Moreno

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de favorabilidad en favor de la docente, pues no se está frente a un vacío legal que regule el tema, sino ante la existencia de un régimen especial en favor de

www.consejodeestado.gov.co de favorabilidad en favor de la docente, pues no se está frente a un vacío legal que regule el tema, sino ante la existencia de un régimen especial en favor de los docentes oficiales el cual debe ser aplicado de forma integral al ser el más favorable. Concluyó que la decisión acusada está debidamente motivada, sin que incurra en ninguna irregularidad, la cual fue proferida por el Tribunal Administrativa de Boyacá en ejercicio de su función constitucional y de los principios de autonomía e independencia judicial. 4.4. El Juzgado Noveno Administrativo del Circuito Judicial de Tunja 4 realizó un recuento sobre el trámite que le dio al asunto, e indicó que agotó el debido proceso y actuó con estricto apego a la ley. Aludió que carece de legitimación en la causa por pasiva, pues la presunta vulneración se la adjudica la actora al Tribunal Administrativo de Boyacá. Consideró que, en todo caso, las proposiciones de la tutelante no demuestran la vulneración de sus derechos fundamentales, sino que se encontró inconforme con lo definido en el curso del proceso. Así las cosas, corresponde declarar que el mecanismo de amparo es improcedente, dado que la acción de tutela no se diseñó como una tercera instancia para reabrir debates ya concluidos. Acotó que no se agotaron todos los mecanismos judiciales de defensa, pero no hizo referencia de cual p udo valerse la tutelante. Adicionó que no se configuró un perjuicio irremediable que permita que el juez de tutela se inmiscuya en el asunto ordinario ya resuelto, revestido de cosa juzgada. Asimismo, que, en últimas las pretensiones propuestas recaen en l o

configuró un perjuicio irremediable que permita que el juez de tutela se inmiscuya en el asunto ordinario ya resuelto, revestido de cosa juzgada. Asimismo, que, en últimas las pretensiones propuestas recaen en l o meramente económico y por ello no se satisface el requisito general de la relevancia constitucional. Finalmente, añadió que, respecto del desconocimiento del precedente, este no se acreditó pues tanto el juzgado como el Tribunal expusieron de manera clara, idónea y suficiente las razones para apartarse de la sentencia SU-098 de 2018 y de las sentencias del Consejo Estado que tal precedente generó. 4.5. El Tribunal Administrativo de Boyacá 5, realizó un análisis acerca de los requisitos generales y específicos d e procedibilidad de la tutela contra providencia judicial e indicó que los mismos no se cumplen dentro del caso en estudio, en razón a que el asunto tiene un carácter meramente legal y económico, al tratarse de la sanción moratoria. Asimismo, señaló que lo que se pretende con la tutela de la referencia es usarla como una tercera instancia del proceso ordinario. En consecuencia, solicitó que se declare la improcedencia de la misma. 4.6. La parte actora6, a través de su apoderado judicial, presentó memorial en el cual se pronunció sobre las respuestas dadas por el Departamento de Boyacá, la Fiduprevisora S.A., el Tribunal Administrativo de Boyacá y el Juzgado Noveno Administrativo de Tunja. Allí, reiteró los argumentos expuestos en el escrito de tutela insistiendo en que jurisprudencialmente se ha reconocido que, ante el vacío normativo frente al límite temporal (15 de febrero de cada

Noveno Administrativo de Tunja. Allí, reiteró los argumentos expuestos en el escrito de tutela insistiendo en que jurisprudencialmente se ha reconocido que, ante el vacío normativo frente al límite temporal (15 de febrero de cada

4 Samai, índice 9, 10 y 13. Expediente Nro. 11001-03-15-000-2023-03993-00. 5 Samai, índice 14. Expediente Nro. 11001-03-15-000-2023-03993-00. 6 Samai, índice 15. Expediente Nro. 11001-03-15-000-2023-03993-00.Radicado: 11001-03-15-000-2023-03993-01

Demandante: Andrea Liseth Monroy Moreno

8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co anualidad) para la consignación de las cesantías de los docentes vinculados después del 1 de enero de 1990, s e aplica el régimen de liquidación y pago del auxilio de cesantías de todos los servidores públicos, que es el consagrado en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990. Reiteró que el asunto sí es de relevancia constitucional, porque “dentro del escrito de la acción de tutela se plasmó de manera contundente los motivos por los cuales se pretende la protección inmediata del derecho fundamental al debido proceso, asimismo, se evidencia una violación directa a la Constitución por la omisión a la aplicación del princi pio de favorabilidad, así como también, al final del ejercicio este estudio desemboca en el derecho fundamental a la seguridad social”. Asimismo, insistió en la inexistencia de un régimen especial de cesantías para

favorabilidad, así como también, al final del ejercicio este estudio desemboca en el derecho fundamental a la seguridad social”. Asimismo, insistió en la inexistencia de un régimen especial de cesantías para los docentes teniendo en cuenta que estas se liquidan anualmente como las de cualquier empleado del sector público o privado, el único aspecto diferencial es el pago de los intereses. Sostuvo que los docentes vinculados después del 1 de enero de 1990 no gozan de pensión gracia, sus cesantías se liquidan de la misma forma que el resto de trabajadores del orden nacional, con los mismos factores y que reciben la misma prima de navid ad y de vacaciones que el resto de servidores públicos del