CE - 110010315000202303997011SENTENCIA20231123155502

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de tutela Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03997-01

Actora: Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta S.A.

Demandado: Sección Cuarta del Consejo de Estado1

Tema: Improcedencia de la acción de tutela por falta de cumplimiento del requisito general de procedibilidad de relevancia constitucional

Derecho Fundamental Invocado: Debido proceso

Derecho Fundamental Amparado: Ninguno

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la actora contra la sentencia de tutela de 25 de agosto de 2023 proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por medio de la cual negó la solicitud de amparo.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

1 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI. Documento denominado “ED_CARATULA(.pdf) NroActua 2”. Archivo aportado en forma digital.2

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03997-01

Actora: Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta S.A.

I. ANTECEDENTES

La solicitud

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03997-01

Actora: Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta S.A.

I. ANTECEDENTES

La solicitud

1. La actora, a través de apoderado, presentó solicitud de tutela contra la Sección Cuarta del Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo del Magdalena, porque, a su juicio, i) el Consejo de Estado, al proferir la sentencia de 30 de marzo de 2023; y ii) el Tribunal, al proferir la sentencia de 27 de octubre de 2021 , en el proceso adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 47001233300020180020401, vulneraron su derecho fundamental invocado supra.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en

síntesis, son los siguientes:

3. Señaló que, presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta y el Instituto Nacional de Vías – Invías, con el fin de que se declarara la nulidad del acto administrativo núm. 00229 de 1.º de febrero de 2018, mediante el cual se le facturó, a través del recibo de pago núm. 201800006851, el valor del impuesto predial correspondiente a los años 2017 y 2018 ; y, en consecuencia, se declarara que el Invías es el sujeto pasivo responsable del pag o. Precisó que, a título de restablecimiento del derecho, solicitó que se le reembolsara el dinero que

impuesto predial correspondiente a los años 2017 y 2018 ; y, en consecuencia, se declarara que el Invías es el sujeto pasivo responsable del pag o. Precisó que, a título de restablecimiento del derecho, solicitó que se le reembolsara el dinero que hubiese cancelado con ocasión del acto demandado.

4. Sostuvo que, el Invías presentó demanda de reconvención contra la Sociedad

Portuaria Regional de Santa Marta S.A.

5. Indicó que, e l Tribunal Administrativo del Magdalena profirió sentencia, en primera instancia, el 27 de octubre de 2021, mediante la cual negó las pretensiones de la demanda.3

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03997-01

Actora: Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta S.A.

6. Manifestó que, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante sentencia

de 30 de marzo de 2023, resolvió:

“[…] 1. Confirmar parcialmente la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, de fecha 27 de octubre de 2021, en lo que se refiere a la Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta S.A.

2. Declárase de oficio la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva de

(sic) Instituto Nacional de Vías (INVIAS). En consecuencia, se desvincula a dicha entidad de este proceso […]”.

6.1. Como fundamento de su decisión consideró lo siguiente:

“[…] Considerando lo anterior, se debe determinar si en el caso concreto el bien objeto de estudio es de naturaleza fiscal, en cuyo caso la entidad de la Nación será

6.1. Como fundamento de su decisión consideró lo siguiente:

“[…] Considerando lo anterior, se debe determinar si en el caso concreto el bien objeto de estudio es de naturaleza fiscal, en cuyo caso la entidad de la Nación será el sujeto pasivo del impuesto predial del mismo, o es de uso público, caso en el cual el mismo sólo estará gravado en cabeza de la SPRSM, si en este hay una explotación económica mediante establecimiento mercantil. […]”.

[…]

“[…] Considerando entonces que el inmueble se enmarca como un bien de uso público, corresponde definir: sí la administración de impuestos estaba habilitada para liquidar el impuesto predial a cargo de la SPRSM, si la sociedad concesionaria era sujeto pasivo de dicho impuesto bajo la Ley 1607 de 2012 y el artículo 13 del Acuerdo Nro. 004 de 19 de marzo de 2016, y si existía una explotación comercial realizada mediante establecimiento mercantil dentro del inmueble. […]”.

[…]

“[…] El recurrente afirma que la sociedad no era el sujeto pasivo del impuesto predial porque no estaba demostrado que ésta fuera quien explotara el predio económicamente a través de establecimiento de comercio. Para el efecto, dentro de la apelación pone de presente un plano con indicación de que en ese predio no hay establecimientos de comercio, y también señala que son terceros los que explotan dicho inmueble a través de otros establecimientos. […]”.

[…]

“[…] Tampoco hay pruebas en el expediente que soporten la afirmación del recurrente, en el sentido de que son terceros, a través de sus establecimientos, quienes explotan ese predio específico. Sobre esto no reposa en el expediente

[…]

“[…] Tampoco hay pruebas en el expediente que soporten la afirmación del recurrente, en el sentido de que son terceros, a través de sus establecimientos, quienes explotan ese predio específico. Sobre esto no reposa en el expediente indicación ni otras pruebas de cuáles son esos terceros y los establecimientos de comercio, diferentes a los de SPRSM, que están haciendo explotación económica a través de establecimiento de comercio en el inmueble objeto de debate.

A diferencia de lo anterior, en el expediente se observan pruebas de que la SPRSM, como concesionaria del puerto de Santa Marta, ejerce actividades de explotación económica en los terrenos que hacen parte del mismo, pues presta servicios portuarios por los cuales se lucra. También hay pruebas de que, la SPRSM tiene registrado un establecimiento de comercio para ejecutar sus actividades y que el mismo se encuentra ubicado en el Terminal Marítimo de Santa Marta, que está conformado por los predios entregados en concesión, del cual hace parte entre otros4

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03997-01

Actora: Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta S.A.

el predio identificado con matrícula inmobiliaria Nro. 080-046547.

Por lo expuesto previamente concluye la Sala que la accionante es el sujeto pasivo del impuesto predial en el Distrito de Santa Marta respecto de las vigencias objeto de los actos demandados, razón por la cual no prosperan los cargos del recurso de apelación interpuesto por la SPRS, y en este punto se confirmará la sentencia proferida por el Tribunal. […]”.

[…]

los actos demandados, razón por la cual no prosperan los cargos del recurso de apelación interpuesto por la SPRS, y en este punto se confirmará la sentencia proferida por el Tribunal. […]”.

[…]

“[…] La SPRSM interpuso acción de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Secretaría de Hacienda Distrital de Santa Marta e INVIAS. Con ocasión de esto, INVIAS interpuso demanda de reconvención, demandando a la SPRSM. […]”.

[…]

“[…] Ahora bien, en el caso específico, en cuentra la Sala que no es posible pronunciarse de fondo sobre lo solicitado por INVIAS, toda vez que debe proceder a declarar de oficio procedente la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva de dicha entidad, con lo cual el INVIAS no estab a legitimada para presentar demanda de reconvención […]”.

7. Indicó que, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante auto de 18

de mayo de 2023, resolvió lo siguiente:

“[…] Negar la solicitud de aclaración de sentencia, presentada por la parte demandante, conforme a las consideraciones expuestas en esta providencia […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

8. La actora solicitó en su escrito de tutela:

“[…] Primero. Que se declare que el Tribunal Administrativo del Magdalena y la Sección Cuarta del Consejo de Estado vulneraron el derecho al debido proceso de la Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta; y que, en consecuencia, se ampare el derecho fundamental de mi representada.

Segundo. Que, en consecuencia, se dejen sin efectos las decisiones del 27 de

la Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta; y que, en consecuencia, se ampare el derecho fundamental de mi representada.

Segundo. Que, en consecuencia, se dejen sin efectos las decisiones del 27 de octubre de 2021, del 30 de marzo de 2023 y del 18 de mayo de 2023, proferidas por el Tribunal Administrativo del Magdalena y por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, respectivamente.

Tercero. Que, también como consecuencia de las anteriores declaraciones, el Despacho, en ejercicio de los poderes y facultades reconocidas por el artículo 86 de la Constitución y el Decreto 2591 de 1991, ordene la adopción de cualquier otra medida tendiente a proteger los derechos fundamentales constitucionales de la Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta […]”.5

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03997-01

Actora: Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta S.A.

9. Como fundamento de su solicitud, la actora en su escrito de tutela señaló que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en un i) defecto f áctico, toda vez que, no valoraron en debida forma los documentos y testimonio allegados al proceso y que, a su juicio, “[…] demostraban que la totalidad o parte del inmueble objeto del proceso era un bi en fiscal y que en el inmueble no aparecen registrados establecimientos de comercio de propiedad de la SPRSM […]” ; y ii) en un defecto sustantivo, en la medida en que, por un lado, se configuró una indebida aplicación del artículo 54 de la Ley 1430 de 29 de diciembre 20102, modificado por el artículo

sustantivo, en la medida en que, por un lado, se configuró una indebida aplicación del artículo 54 de la Ley 1430 de 29 de diciembre 20102, modificado por el artículo 177 de la Ley 1607 de 26 de diciembre de 20123; y, por otra parte, se desconocieron el artículo 27 de la Ley 366 de 20 de diciembre de 19964, el artículo 365 de la Constitución Política, los artículos 5 y 6 de la Ley 1ª de 10 de enero de 19915, y el artículo 674 del Código Civil.

Actuación

10. El Despacho sustanciador de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante auto de 31 de julio de 2023: i) admitió la acción de tutela; ii) ordenó notificar a las autoridades judiciales demandadas; y iii) vinculó, como tercero con interés legítimo, al Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta y al Instituto Nacional de Vías, concediéndoles el término de dos (2) días para que rindieran informe sobre el particular.

Intervención de la demandada y de los terceros con interés legítimo

11. La Sección Cuarta del Consejo de Estado solicitó declarar la improcedencia de la acción de tutela, al considerar que no cumple con el requisito general de procedibilidad de relevancia constitucional. Para tal efecto, manifestó lo siguiente:

“[…] Para el caso bajo examen, la solicitud de amparo carece de relevancia constitucional porque de los argumentos presentados por la actora se observa que (i) a través de la acción de tutela, se está buscando es convertir en una instancia adicional lo decidido en el proceso ordinario, toda vez que los argumentos

constitucional porque de los argumentos presentados por la actora se observa que (i) a través de la acción de tutela, se está buscando es convertir en una instancia adicional lo decidido en el proceso ordinario, toda vez que los argumentos propuestos ya fueron resueltos por el juez ordinario, y (ii) la demandante no expone debidamente cómo la sentencia del 30 de marzo de 2023 vulneró sus derechos fundamentales o violó la constitución, sin o que se limita a controvertir la

2 “Por medio de la cual se dictan normas tributarias de control y para la competitividad”. 3 “Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones”. 4 "Por la cual se adopta el estatuto nacional de transporte". 5 “Por la cual se expide el Estatuto de Puertos Marítimos y se dictan otras disposiciones”.6

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03997-01

Actora: Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta S.A.

interpretación de la ley (el artículo 54 de la Ley 1430 de 2010, modificado por el artículo 177 de la Ley 1607 de 2012) contenida en dicha providencia, lo que impide tener por cumplido el requisito de relevancia constituci onal, según lo plantea la Sentencia SU-215 de 2022 […]”.

[…]

“[…] Como prueba de lo anterior, es decir que la actora solo está buscando una instancia adicional, en la acción interpuesta se evidencia que se traen aspectos adicionales no utilizados en el proceso ordinario para reforzar la argumentación que la actora ha deb ido presentar en su momento. Tal es el caso de las explicaciones adicionales que ofrece sobre la distribución de porcentajes de la contraprestación

adicionales no utilizados en el proceso ordinario para reforzar la argumentación que la actora ha deb ido presentar en su momento. Tal es el caso de las explicaciones adicionales que ofrece sobre la distribución de porcentajes de la contraprestación del contrato de concesión y, a la referencia a la respuesta brindada por la Cámara de Comercio de Santa Mart a al Tribunal Administrativo del Magdalena sobre los establecimientos de comercio existentes en el Terminal Marítimo de Santa Marta, sobre lo cual no se refirió en su momento en la apelación presentada […]”.

[…]

“[…] En ese contexto, se advierte que no es cierto, como lo afirma la actora, que esta Sala valoró indebidamente las pruebas mencionadas, por el contrario, fue a partir de estas, que se pudo corroborar que, el bien era de uso público, y la SPRSM era sujeto pasivo del impuesto predial para los períodos objeto de debate porque, bajo la concesión (título) explotaba comercialmente el bien, a través de establecimiento de comercio, en los términos de los artículos 177 de la ley 1607 de 2012 y 13 del Acuerdo Municipal Nro. 004 del 19 de marzo de 2016. Por estas razones se estima que no hay un defecto fáctico y se evidencia nuevamente que con la presente acción de tutela lo que persigue la sociedad es reabrir el debate que ya fue decidido en sede ordinaria, convirtiendo con ello un mecanismo de protección de derechos fundamentales en una tercera instancia […]”.

[…]

“[…] En consecuencia, contrario a lo planteado por la actora, la conclusión de que el predio concesionado a ello se tratara de un bien de uso público, encont ró sustento

fundamentales en una tercera instancia […]”.

[…]

“[…] En consecuencia, contrario a lo planteado por la actora, la conclusión de que el predio concesionado a ello se tratara de un bien de uso público, encont ró sustento en una interpretación razonable de las normas y jurisprudencia sobre la materia, y el material probatorio que reposaba en el expediente […]”.

12. El Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta solicitó i) su desvinculación, al considerar que carece de legitimación en la causa por pasiva; y ii) declarar la improcedencia de la acción de tutela, por las siguientes razones:

“[…] En la presente no se configura un perjuicio irremediable, con el cual la acción constitucional deba obrar como mecanismo transitorio, para salvaguardar derecho alguno o como se quiere presuntivo de fundamental y de protección inmediata.

Que, dentro del l ibelo de demanda de la acción constitucional, se evidencia que el distrito de Santa Marta, en el resorte del despacho de la alcaldía Distrital, no tiene injerencia de los hechos invocados por el accionante, sino que el mismo tuvo resorte de estudio judicial por parte del Tribunal Administrativo Del Magdalena en primera instancia y el Honorable Consejo de Estado en segunda instancia, configurándose para el caso en concreto una situación o cosa juzgada.7

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03997-01

Actora: Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta S.A.

Que se debe analizar desde el contexto que esta la pre sente acción y referente al Distrito que para el caso en concreto carece de legitimación en la causa por pasiva,

Actora: Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta S.A.

Que se debe analizar desde el contexto que esta la pre sente acción y referente al Distrito que para el caso en concreto carece de legitimación en la causa por pasiva, al no tener competencia y resolución de fondo de lo pretendido por el ACCIONANTE Maxime (sic) cuando las decisiones judiciales enjuiciadas por parte de la presente acción se encuentran ejecutoriadas y deben ser de obligatorio cumplimiento y acatamiento por la hoy accionante […]”.

13. El Tribunal Administrativo del Magdalena y el Instituto Nacional de Vías guardaron silencio en esta oportunidad procesal.

La sentencia impugnada

14. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado profirió sentencia, en primera instancia, el 25 de agosto de 2023, por medio de la cual resolvió

lo siguiente:

“[…] 1º. Niéguese el amparo del derecho constitucional fundamental al debido proceso invocado por la Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta S. A., por las razones expuestas en las consideraciones. […]”.

14.1. Como fundamento de su decisión consideró que:

“[…] Efectuadas las anteriores precisiones jurídicas, en el asunto sub judice la Sala observa que en la providencia cuestionada se indicó que la tutelante era sujeto pasivo del impuesto predial correspondiente al predio identificado con matrícula inmobiliaria 80-46547, por razón a que este es de uso público y de él se obtenía un provecho económico, con lo que se colmaron las exigencias enunciadas en el artículo 54 de la Ley 1430 de 2010, conclusión que para la actora comporta defecto

provecho económico, con lo que se colmaron las exigencias enunciadas en el artículo 54 de la Ley 1430 de 2010, conclusión que para la actora comporta defecto fáctico, porque omite que lo s elementos de convicción arrimados al expediente 47001-23-33-000-2018-00204-00 dan cuenta de que (i) el aludido bien es fiscal y (ii) no tiene establecimientos de comercio en él, presupuesto indispensable para que deba sufragar el mencionado tributo. […]”.

[…]

“[…] Ahora bien, la demandante sostiene que en varias pruebas se consignó que el inmueble era fiscal, como (i) su certificado de libertad y tradición; (ii) la Resolución 57729 «de 2007», con la que se trasfirió (sic) al Distrito de Santa Marta el dominio de aquel que estaba en cabeza del Ministerio de Transporte; y (iii) el testimonio del señor Luis Carlos Buelvas Sánchez. No obstante, aunque en esos elementos de convicción se señala que el bien es fiscal, con base en ellos no es dable inferir de manera inequívoca que aquel tiene dicha condición, porque los relacionados en precedencia dan cuenta de que es de uso público […]”.

[…]

“[…] Se aclara que las últimas de las mencionadas pruebas tienen mayor preponderancia que las referidas por la actora e n la solicitud de amparo, en virtud del criterio jurisprudencial del Consejo de Estado, según el cual cuando las8

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03997-01

Actora: Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta S.A.

circunstancias reales de un bien no coincidan con las registradas en la información

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03997-01

Actora: Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta S.A.

circunstancias reales de un bien no coincidan con las registradas en la información catastral para efectos de determinar el sujeto pasivo del i mpuesto predial, se privilegian las primeras, postura que atendieron las autoridades accionadas, circunstancia por lo que no resulta reprochable que hayan concluido que el inmueble es de uso público […]”.

[…]

“[…] Así las cosas, la Sala concluye que la p rovidencia cuestionada no incurre en defecto fáctico, porque los elementos de convicción, obrantes en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación 47001 -23-33-000-201800204-00, acreditan el cumplimiento de las exigencias previstas en el artículo 54 de la Ley 1430 de 2010 para que la tutelante sea considerada sujeto pasivo del impuesto predial del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 80-46547. […]”.

[…]

“[…] No obstante, tal como lo estudió la Sala al analizar el defecto fáctico, el anterior reproche no es de recibo, toda vez que los elementos de convicción que reposan en el expediente 47001-23-33-000-2018-00204-00 dan cuenta de que el referido bien es de uso público y la demandante lo explota monetariamente, situación po r la que se satisfacen los requisitos señalados en el 54 de la Ley 1430 de 2010 para que tenga la condición de sujeto pasivo del impuesto predial, por tanto, la providencia

es de uso público y la demandante lo explota monetariamente, situación po r la que se satisfacen los requisitos señalados en el 54 de la Ley 1430 de 2010 para que tenga la condición de sujeto pasivo del impuesto predial, por tanto, la providencia cuestionada tampoco incurre en defecto sustantivo […]”.

La impugnación

15. La actora impugnó la sentencia proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado por las siguientes razones:

“[…] En el fallo de primera instancia, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado señala que las autoridades judic iales demandas no incurrieron en el defecto factico (sic). Esto, por cuanto la conclusión acerca de la condición de sujeto pasivo del impuesto predial de la SPRSM está fundada en un debido análisis de las pruebas obrantes en el expediente. […]”.

[…]

“[…] Sin embargo, las tres pruebas citadas por el a quo fueron indebidamente valoradas, en tanto la Subsección B de la Sección Segunda, les otorgo (sic) un contenido y un alcance que objetivamente no tiene. En efecto,

(i) El a quo valoro (sic) indebidamente el contrato de concesión portuaria. En primer lugar, en parte alguna del contrato de concesión se identifica el terreno con matrícula inmobiliaria 080-46547. A diferencia de lo que señala el fallo, el Contrato No. 006 de 1993 no estipula que la totalidad de los bienes entregados en concesión sean de uso público […]”.

[…]

“[…] (ii) El a quo valoro (sic) indebidamente el oficio 20203030266461 de 12 de

1993 no estipula que la totalidad de los bienes entregados en concesión sean de uso público […]”.

[…]

“[…] (ii) El a quo valoro (sic) indebidamente el oficio 20203030266461 de 12 de septiembre de 2020 de la ANI. En el fallo impugnado se pretende derivar de un oficio aportado por una de las partes la naturaleza de uso público de un bien. […]”.9

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03997-01

Actora: Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta S.A.

[…]

“[…] (iii) El a quo valoro (sic) indebidamente 404 de 15 siguiente (sic), en el que el Instituto Agustín Codazzi(“IGAC”). según la Subsección B de la Sección Segunda, el IGAC “señaló que el área tenía la referida condición” de bien de uso público. Sin embargo, dicha interpretación contradice el tenor literal de la prueba. […]”.

[…]

“[…] Los defectos en la valoración probatoria de los jueces se tornan incluso más evidentes al analizar la conclusión que extraen de la lectura del certificado expedido por la Cámara de Comercio de Santa Marta […]”.

[…]

“[…] Por todas las razones anteriores, es claro que la valoración probatoria que han venido haciendo los jueces no se funda en un ejercicio razonable o legítimo protegido por los principios de autonomía e independencia judicial. De allí que se configure el defecto factico (sic) alegado en la acción de tutela. […]”.

[…]

“[…] Tanto los jueces de lo contencioso administrativo como el juez de tutela

por los principios de autonomía e independencia judicial. De allí que se configure el defecto factico (sic) alegado en la acción de tutela. […]”.

[…]

“[…] Tanto los jueces de lo contencioso administrativo como el juez de tutela incurrieron en un defecto sustantivo respecto del alcance del artículo 54 de la Ley 1430 de 2010 , modificado por el artículo 177 de la Ley 1607 de 2012. Esto, por considerar que la SPRSM es un sujeto pasivo del impuesto predial respecto de la totalidad del bien que fue concesionado por la ANI […]”.

[…]

“[…] En tales términos, si en gracia de discus ión se aceptara que el bien objeto de este proceso es un bien de uso público, esa sola condición no convierte a mi representada en responsable del impuesto predial regulado en el artículo 54 de la Ley 1430 de 2010, modificado por el artículo 177 de la Ley 1607 de 2012, y mucho menos sobre la totalidad del bien concesionado, como sucedió en este caso. Ello es así, porque, a partir de la vigencia de la Ley 1607 de 2012, los sujetos pasivos del impuesto predial son los terceros que ocupen y exploten económicamente áreas de los bienes de uso público concesionados a través de establecimientos mercantiles, y no los concesionarios respecto de la totalidad del bien […]”.6

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

16. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con los artículos 1.º y 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991 7, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la

con los artículos 1.º y 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991 7, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º de l Decreto núm. 333 de

6 Transcripción literal del texto. 7 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''10

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03997-01

Actora: Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta S.A.

6 de abril de 20218 y en armonía con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019 9, que asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

17. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos exp resamente indicados. Procede, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Cuestión previa

Falta de legitimación en la causa por pasiva

18. Advierte la Sala que, si bien la solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva formulada por el Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, no fue objeto de pronunciamiento por parte del A quo en

18. Advierte la Sala que, si bien la solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva formulada por el Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, no fue objeto de pronunciamiento por parte del A quo en el trámite de la primera instancia, esta Sala entrará a realizar el respectivo análisis.

19. Ahora bien, el artículo 13 del Decreto 2591 frente a la legitimación en la causa

por pasiva, señala expresamente lo siguiente:

“[…] La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.

Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se hubiere hecho la solicitud […]”.

8 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 9 Reglamento Interno del Consejo de Estado.11

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03997-01

Actora: Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta S.A.

9 Reglamento Interno del Consejo de Estado.11

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03997-01

Actora: Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta S.A.

20. De igual manera la Corte Constitucional, mediante sentencia T -1001 de 30 de noviembre de 200610, se refirió a la falta de l egitimación en la causa por pasiva

en los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye al demandado