CE - 110010315000202304026001SENTENCIA20230825165439

Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -04026 -00

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de tutela Radicación: 11001-03-15-000-2023-04026-00

Accionante: Guillermina González Amézquita

Accionados: Tribunal Administrativo de Boyacá

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial dictada en proceso de nulidad y restablecimiento del dere cho, en la que se confirmó la decisión de negar las pretensiones de la demanda tendientes a lograr el reconocimiento y pago de la sanción moratoria de que trata la Ley 50 d e 1990 a docente oficial afiliad a al

FOMAG.

FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

ASUNTO

La Subsección decide la acción de tutela instaurada por la señora Guillermina González Amézquita contra el Tribunal Administrativo de Boyacá por la expedición de la sentencia del 26 de mayo de 2023 , en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 15001-33-33-009-2022-00088-00.

HECHOS

de la sentencia del 26 de mayo de 2023 , en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 15001-33-33-009-2022-00088-00.

HECHOS

La señora Guillermina González Amézquita afirmó que labora en la entidad territorial certificada en educación del departamento de Boyacá desde 1990, por lo cual tiene derecho al rec onocimiento y pago de ces antías del régimen anualizado y de los intereses cada año.Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -04026 -00

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Así mismo, indicó que el 15 de febrero de 2021 el Ministerio de Educación Nacional, en su condición de empleado r, no consignó las cesantías correspondientes a los servici os que prestó en el 2020, al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio ( en adelante FOMAG), al cual pertenece como trabajadora del Estado.

Igualmente, señaló que el 29 de julio de 2021, al haber transcurrido 5 meses sin que le fuera realizad a la respectiva consignac ión, solicitó, además de su pago, el reconocimiento de la sanción moratoria establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y en la reiterada jurisprudencia de la Secció n Segunda del Consejo de Estado.

Expuso que mediante acto administrativo identificado como 1.2.5.1.1. – 38 del 26

de 1990 y en la reiterada jurisprudencia de la Secció n Segunda del Consejo de Estado.

Expuso que mediante acto administrativo identificado como 1.2.5.1.1. – 38 del 26 de agosto de 2021, el señor Marco Antonio Fonseca Sánchez, profesional universitario de Liquidación y Nómina de la Secretaría de Educación d e Boyacá negó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria.

Por consiguiente, m anifestó que presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho y el 1.° de noviembre de 2023 el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Tunja dictó sentencia de primera instancia, en la que negó las súplicas de la demanda.

De la misma form a, expuso que interpuso recurso de apelación en contra de la anterior providencia, al considerar que le asistía derecho a la mencionada sanción, conforme a lo sostenido por la jurisprudencia de los órganos de cierre de las jurisdicciones constitucional y c ontencioso administrativo; sin embargo , refirió que el 26 de mayo de 2023 el Tribunal Administrativo de Boyacá confirmó la decisión recurrida.

INCONFORMIDAD

La accionante consideró que el Tribunal Administrativo de Boyacá vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, seguridad social, igualdad, acceso a la administración de justicia y los principios de favorabilidad, seguridad jurídica y perpetuatio jurisdictionis.Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -04026 -00

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Para el efecto, en primer lugar, explicó el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela para discutir providencias judiciales en el caso concreto, con especial énfasis en la exigencia de la relevancia constituciona l, para lo cual resaltó que no resulta factible, en atención a los principios de igualdad e in dubio pro operario y a la Ley 244 de 1995, adicionada por la Ley 1071 de 2006, excluir al sector oficial docente de la aplicación de la Ley 50 de 1990 , pues tienen el carácter de servidores públicos.

Posteriormente, afirmó que el aquí accionad o incurrió en violación directa de la Constitución Política, puesto que en la sentencia cuestionada se inobservó el artículo 53, relativo a la aplicación de la situación más favorable al trabajador, y en defecto sustantivo, al negar el reconocimiento de la sanción moratoria.

Para el efecto, realizó un recuento de los antecedentes sobre la obligación del Ministerio de Educación Nacional de consignar de manera efectiva las ce santías de los docentes vinculados después del 1.° de enero de 1990 en el FOMAG, antes del 15 de febrero de cada anualidad, y afirmó que la Sección Segunda del Consejo de Estado ha dictado 22 sentencias entre el 2021 y el 2023, en las que ha accedido al re conocimiento y pago de la sanción moratoria a favor de doce ntes oficiales vinculados al FOMAG con posterioridad al 1.° de enero de 1990, en

accedido al re conocimiento y pago de la sanción moratoria a favor de doce ntes oficiales vinculados al FOMAG con posterioridad al 1.° de enero de 1990, en atención al artículo 99 de la Ley 50 de 1990, proveídos con los cuales se le generó la confianza legítima de que su proceso sería resuelto en el mismo sentido, en atención al principio de seguridad ju rídica; no obstante, el Tribunal accionado adoptó una decisión contraria.

Así, identificó las providencias dictadas, en su mayoría, por las distintas subsecciones de la S ección precitada con las siguientes fechas y radicados: 6 d e agosto de 2020, 2013-00666-01 (0833-16); 24 de enero de 2019, 2009 -000867-01 (4854-2014); 29 de julio de 2019, 2018 -03499-01; 2 de diciembre de 2019, 201400173-01 (1688-16); 10 de junio de 2020, 2014-00208-01; 22 de octubre de 2020, 2014-00254-01 (4960 -2017); 12 de noviembre de 2020, 2014 -00132-01; 17 de junio de 2021, 2015 -00031-01; 17 de junio de 2021, 2014 -00815-01 (4979-2017); 4 de noviembre de 2021, 2015 -00445-02 (0483 -20); 25 de noviembre d e 2021, 2014-01127-01 (1002 -2021); 25 de noviembre de 2021, 2017-00134-01 (22084 de noviembre de 2021, 2015 -00445-02 (0483 -20); 25 de noviembre d e 2021, 2014-01127-01 (1002 -2021); 25 de noviembre de 2021, 2017-00134-01 (22082020); 11 de noviembre de 2021, 2015 -90008-01 (2387-2020); 11 de noviembreRadicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -04026 -00

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de 2021, 2014 -90022-01 (5154 -2016); 20 de enero de 2022, 2017 -00931-01 (1001-2021); 3 de marzo de 202 2, 2015 -00075-01 (2660 -2020); 28 de abril de 2022, 2013 -00756-01 (2224 -2020); 9 de m ayo de 2022, 2017 -00795-01 (26592020); 19 de mayo de 2022, 2019 -00359-01 (4004 -2021); 1.° de julio de 2022, 2019-00376-01 (4462-2021); 22 de agosto de 2022, 2015 -00509-01 (2140-2020); 22 de septiembre de 2022, 2015 -90124-01 (2394 -2020); 19 de enero de 202 3, 2012-00212-02 (4470-2021); y 26 de enero de 2013, 2018-0231-01 (0871-2020).

Adicionalmente, manifestó que esa posición también ha sido adoptada por la Corte

2012-00212-02 (4470-2021); y 26 de enero de 2013, 2018-0231-01 (0871-2020).

Adicionalmente, manifestó que esa posición también ha sido adoptada por la Corte Constitucional en las sentenci as SU098/18, SU332/19 y SU041/20. Sobre el particular, añadió que en los tribunales administrativos del país también existen precedentes judiciales, en los que se ha reconocido el derecho a la sanción moratoria a docentes vinculados desp ués del 1.° de enero de 1990, por la falta de consignación de las cesantías por part e del patrono, Ministerio de Educación Nacional, el 15 de febrero del 2021, al FOMAG y que corresponden a su labor como maestros oficiales en el 2020, como son las sentenci as con las siguientes fechas y radicados: 21 de junio de 20 22, 2018-00097-00; 24 de enero de 2023, 2019-00046-01; 31 de mayo de 2019, 2013 -00734-00. Así mismo, identificó las siguientes providencias expedidas por distintos juzgados: 23 de junio de 2022, 2022-00020-00; 9 de septiembre de 2002, 2022 -00115-00; 21 de septiembre de 2022, 2022 -00085-00; 27 de septiembre de 2022, 2022 -00095-00; 28 de septiembre de 2022, 2022 -00066-00; 28 de septiembre de 2022, 2022 -00065-00;

30 de septiembre de 2022, 2022-00109-00; 6 de octubre de 2022, 2022-00072-00; 25 de octubre de 202 2, 2022-00122-00; 16 de n oviembre de 2022, 2022 -0000800; y 19 de enero de 2023, 2022-00098-00.

Aunado a ello, consideró que si el accionado pretendía efectuar un cambio de jurisprudencia debió argumentarlo de esa forma, pero ello no ocurrió en el asunto, pues lo único que aquel expresó fue que, primero, existía el principio de unidad de caja en el manejo de los recursos del FOMAG —a pesar de que ello no es óbice para el reconocimiento reclamado, p ues esa unidad no se predica de los recursos que aún no han sido transferidos por la cartera ministerial y, en todo caso, no puede confundirse con el momento en que deben girarse los recursos —, y, segundo, que no había sentencia unificada, con lo cual dejó de lado las múltiples providencias expedidas por el órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, antes reseñadas.Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -04026 -00

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Así mismo, sostuvo que el Tribunal Administrativo de Boyacá incurrió en tres errores, comoquiera que no es cierto que de la Ley 344 de 1996 hubiera nacido la obligación de c onsignar las cesantías pa ra los servidores públicos del nivel

Así mismo, sostuvo que el Tribunal Administrativo de Boyacá incurrió en tres errores, comoquiera que no es cierto que de la Ley 344 de 1996 hubiera nacido la obligación de c onsignar las cesantías pa ra los servidores públicos del nivel territorial, pues lo que allí se estableció es que hasta su fecha de promulgación se respetaría el régimen de cesantías que cada emplea do público de ese orden tuviera; la posición de aquel impli caría desconocer de dónde proviene el patrimonio del FOMAG; y resulta un exabrupto señalar que un docente vinculado por una entidad territorial tiene derecho a la sanción moratoria, sin que la Naci ón se hubiese enterado y aquel no estuviese afiliado a dicho fondo.

En esa medida, coligió que la conclusión del Tribunal Administrativo de Boyacá consistente en que el Ministerio de Educación Nacional no debe girar los recursos de las cesantías en debid a forma de los docentes que ya se encuentran afiliados al FOMAG requiere una efectiva corrección de orden legal.

PRETENSIONES

La parte actora solicitó declarar que el accionado, en la sentencia dictada el 26 de mayo de 2023 en el proceso que promovió, transgredió sus derechos fundamentales al debido proceso, seg uridad social, igualdad, acceso a la administración de justicia y los principios de favorabilidad, seguridad jurídica y perpetuatio jurisdictionis, al adoptar una decisión que no se ajusta a los postulados legales y jurisprudenciales de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado.

En consecuencia, requirió ordenar al Tribunal Administrativo de Boyacá dejar sin efectos el proveído precitado y proferir uno nuevo, en el que atienda a la

legales y jurisprudenciales de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado.

En consecuencia, requirió ordenar al Tribunal Administrativo de Boyacá dejar sin efectos el proveído precitado y proferir uno nuevo, en el que atienda a la multiplicidad de precedentes judiciales que sobre el tema edificó el máximo tribunal constitu cional en la sentencia SU098/18 y la Sección Segunda de esta corporación, en el sentido de ordenar el reconocimiento y pago de la sanción moratoria, como fue solicitado en la demanda.

TRÁMITE DEL PROCESO

El 28 de julio de 2023 el magistrado ponente admi tió la acción de tutela de la referencia mediante proveído, en el que se ordenó notificar y correr traslado, paraRadicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -04026 -00

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que ejercieran su derecho de defensa, al Tribunal Administrativo de Boyacá, como accionado; y a la Nación-Ministerio de Educación Nacional , Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y al departamento de Boyacá , como terceros con interés en las resultas del proceso.

POSICIÓN DEL ACCIONADO

El Tribunal Administrativo de Boyacá, por conducto del magistrado Félix Alberto Rodríguez Riveros, manifestó que la acción de tutela de la referencia no es procedente, puesto que el asunto ya fue objeto de debate jurídico en el contexto legal y jurisprudencial aplicable y lo pretendido es reabrir una controversia zanjada

Rodríguez Riveros, manifestó que la acción de tutela de la referencia no es procedente, puesto que el asunto ya fue objeto de debate jurídico en el contexto legal y jurisprudencial aplicable y lo pretendido es reabrir una controversia zanjada en sede ordinaria por el juez natural, so pretexto de la aplicación de los criterios jurisprudenciales de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, pese a que los casos corresponden a situaciones fácticas y jurídicas diferentes y, por tanto, no resultan aplicables a la accionante.

Mencionó que no se evidencia la acreditación del cumplimiento del requisito de relevancia constitucional , toda vez que la parte accionante solo se refiere a la aplicación de la Ley 50 de 1990, sin señalar de manera precisa en que consiste la afectación de sus derechos fundamentales. Agregó que lo discutido en esta sede fue analizado extensamente en la sentencia que resolvió el recurso de apelación , en la cua l se concluyó que la sanción moratoria por la consignación tardía de las cesantías e stablecida en el régimen de la Ley 50 de 1990 no es aplicable a la demandante, en tanto las particularidades administrativas de la consignación de la prestación al interior del régimen especial de los docentes, esto es, el de la Ley 91 de 1989 no configura los supuestos legales para que resulte procedente la aplicación de sanción por consignación luego del 15 de febrero siguiente a la causación.

Expuso que de l a sola lectu ra de la sentencia censurada se avizora que la decisión fue debidamente motivada y que el sustento jurídico y jurisprudencial en el que se cimentó la decisión fue pertinente y abordó con suficiencia el problema

decisión fue debidamente motivada y que el sustento jurídico y jurisprudencial en el que se cimentó la decisión fue pertinente y abordó con suficiencia el problema jurídico del caso.Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -04026 -00

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POSICIÓN DE LOS VINCULADOS

La Fiduprevisora S.A. , mediante la coordinadora de t utelas, sostuvo que la argumentación de la parte accionante es exigua en relación con la configuración de las causales generales y específicas de procedencia de la acción de tutela para discutir providencias judiciales, porque aquella está siendo utilizada para invalidar actuaciones procesales realizadas con anterioridad.

De otra parte, adujo que, en virtud del artículo 2.° del Decreto 1582 de 1998, las entidades administradoras de cesantías cread as en la Ley 50 de 1990 podrán administrar en cuentas indiv iduales los recursos para el pago de las cesantías , lo cual no es aplicable para el FOMAG, que se creó mediante la Ley 91 de 1989, bajo el principio de unidad de caja. Aclaró que la totalidad de los recursos con que se constituye el mencionado fondo conforman el patrimonio autónom o que se administra por medio de un esquema fiduciario , por lo que los recursos se gestionan conforme a las indicaciones de la mencionada ley.

En esa medida, explicó que la imposibilidad física y jurídica de apertura de cuentas i ndividuales para los doce ntes afiliados al FOMAG se extiende a la

gestionan conforme a las indicaciones de la mencionada ley.

En esa medida, explicó que la imposibilidad física y jurídica de apertura de cuentas i ndividuales para los doce ntes afiliados al FOMAG se extiende a la consignación de cesantías , razón por la cual no podría configurarse la sanción moratoria contemplada en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, ya que esta ocurre por la consignación inoportuna de las cesantías.

Adicionalmente, expuso que la señora Guillermina González Amézquita parte de una exegesis indebida de la jurisprudencia citada como desconocida, pues, de un lado, la Sentencia SU098/18 se trata de una providencia interpretativa y que n o tiene los mismos supues tos de hecho al caso analizado y, de otro, en los pronunciamientos del Consejo de Estado se decidieron casos particulares y concretos en donde las pretensiones no han prosperado por estar prescritas.

En ese orden de ideas, precisó que las autoridades jud iciales que conocieron el proceso actuaron conforme a la normativa establecida, sin que pueda aducirse que los funcionarios judiciales accionados hayan inobservado los prec edentes judiciales sobre la materia objeto de la demanda o vulnerado las garantías fundamentales de la accionante. Por consiguiente, requirió declarar improcedenteRadicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -04026 -00

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la acción de tutela de la referencia y desvincularl a, por falta de legitimación en la causa por pasiva.

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la acción de tutela de la referencia y desvincularl a, por falta de legitimación en la causa por pasiva.

El Departamento de Boyacá , a través de apoderada, solicitó desestimar las pretensiones de la accionante , ante la ausencia de vulneración de los derechos fundamentales conculcados. Para el efecto, se pronunció sobre el procedimiento para la tr ansferencia de los recursos de la Nación al FOMAG para paga r las cesantías y aclaró que este último administra los recursos que recibe de acuerdo con un programa anual de Caja , por lo cual no tiene prevista la consignación de las cesantías a sus afiliados.

En esa medida, refirió que la sanción moratoria establec ida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 no es aplicable a los docentes oficiales afiliados al FOMAG , en razón a que a esos servidores los ampara un régimen jurídico especia l en materia de reconocimiento y pago de cesantías que no la contempla.

Así mismo, adujo que en la Senten cia SU098/18 la Corte Constitucional resolvió una tutela de un docente nombrado en provisionalidad que nunca fue afiliado al FOMAG y que solicitó al ente territorial el rec onocimiento y pago de sus cesantías conforme a la Ley 50 de 1990, por lo cual no gua rda identidad fáctica o jur ídica con el que se debate en el presente proceso . Aunado a ello, aludió a la Sentencia SU573/19, en la que se indicaron las situaciones a las qu e no aplica la anterior decisión, entre las que se encuentra que el docente esté afiliado al FOMAG.

SU573/19, en la que se indicaron las situaciones a las qu e no aplica la anterior decisión, entre las que se encuentra que el docente esté afiliado al FOMAG.

Además, esclareció que la sanción moratoria y el pago de intereses es competencia del FOMAG a través de la Fiduprevisora S.A. , por lo cual no le corresponde resolver de fondo la reclamación de la parte demandante. Añadió que efectuó todas las acciones pertinentes para que se diera el pago de forma oportuna, como son la liquidación y la remisión de copia de ello al FOMAG.

De otra parte, afirmó que el Tribu nal Administrativo de Boyacá fundamentó su decisión de mane ra razonable y que, en es a medida, no constituye una vía de hecho, máxime cuando el órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo no ha expedido una sentencia de unificación que zanje la discusión.Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -04026 -00

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OPOSICIÓN A LAS CONTESTACIONES

La señora Guillermina González Amézquita allegó memorial, en el cual afirmó que la autonomía judicial no es absoluta, en tanto deben respetarse , de un lado, ciertos límites en la interpretación y a plicación de la ley y, de otro, el precedente judicial, pue s de lo contrario se pres cindiría de un deber constitucional de cooperación para lograr un correcto funcionamiento de la administración de justicia. En esa medida, debe prevalecer la aplicación del principio de igualdad y la

judicial, pue s de lo contrario se pres cindiría de un deber constitucional de cooperación para lograr un correcto funcionamiento de la administración de justicia. En esa medida, debe prevalecer la aplicación del principio de igualdad y la garantía de la seguridad jurídica en las actuaciones judiciales.

Así mismo, expuso la necesidad de que se analice el presente asunto, ante la copiosa jurisprudencia sobre el tratamiento igualitario a todos los empleados públicos que le prestan servicios al país y e l reconocimiento de la sanción moratoria de los docentes vinculados después del 1.° de enero de 1990, por la no consignación oportuna de las cesantías, en los términos del artículo 99 de la Ley 50 de 1990. Agregó que el argumento propuesto por el Ministerio de Educación Nacional desconoce el contenid o de la Ley 91 de 1989 y el desarrollo legal y jurisprudencial.

Adicionalmente, indicó que la sanción moratoria está consagrada en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 5 0 de 1990, la cual se extendió a todas las personas que se vincularan a los órganos y entidades del Estado desde el 31 de diciembre de 1996, según lo previsto en el artículo 13 de la Ley 344 de 1996, lo cual incluye necesariamente a los docentes oficiales conforme se ha señalado en las sentencias C741/12, C486/16 y SU336/17 dictadas por la Corte Constitucional y la proferida el 18 de julio de 2018, expediente 2014 -00580-01, por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado. En ese entendido, e stimó que la

proferida el 18 de julio de 2018, expediente 2014 -00580-01, por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado. En ese entendido, e stimó que la inaplicación del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 implica la transgresión al principio de favorabilidad contemplado en el artículo 53 de la Constitución Política.

Sumado a lo anterior, señaló que tampoco es de recibo el razonamiento de la Fiduprevisora S.A. al afirmar que el presente asunto versa sobre derechos de carácter e conómico accesorios y no se trata de mínimos laborales , dado que el asunto se circunscribe a la obligatoriedad que recae en el Ministerio de Educación Nacional y la entidad territorial a la cual se encuentre adscrito el docente deRadicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -04026 -00

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garantizar el pago en tie mpo y forma del auxilio de cesantías , lo que conlleva al derecho fundamental a la seguridad social.

Igualmente, advirtió que la postura que pretende se aplique sigue siend o el criterio vigente del Consejo de Estado, pues durante el interregno en el cual s e radicó la acción de tutela y la fecha de ese memorial se profirió un pronunciamiento, con fecha del 19 de enero de 2023, sobre la materia.

En esa medida, señaló que el Consejo de Estado ha dictado alrededor de 2 1 sentencias, en las que ha sostenido qu e a los docentes afiliados al FOMAG les es

fecha del 19 de enero de 2023, sobre la materia.

En esa medida, señaló que el Consejo de Estado ha dictado alrededor de 2 1 sentencias, en las que ha sostenido qu e a los docentes afiliados al FOMAG les es aplicable la Ley 50 de 1990, por lo cual la solicitud es que se otorgue un trato igualitario, razón por la que no puede aceptarse la interpretación restrictiva del Tribunal Administrativo de Boyacá sobre la existencia de un régimen especial para dichos docentes.

Agregó que han existido ocasiones en las que la Corte Constitucional ha aplicado el régimen general a personas amparad as bajo uno especial, sin que ello conlleve al desconocimiento del principio de inescin dibilidad, como ha sido la aplicación de la norma sobre el reconocimiento y pago de la sanción moratoria de cesantías a los servidores públicos por el pago tardío de estas , en la s sentencias C741/12,

C486/16, SU336/17 y SU098/18.

Así mismo, adujo que la tesis de que existe un régimen especial de cesantías debe ser superado por parte del operador jurídico y merece un especial pronunciamiento del despacho , máxime si se tiene presente que el Tribunal Administrativo de Boyacá concluyó erróneamente que los doc entes se encontraban excluidos de la sanción moratoria y que la única diferencia con los demás empleados del país es que el valor de los intereses de las cesantías se paga al liquidar el DTF sobre el saldo acumulado.

Añadió que existe una irregularidad, puesto que el FOMAG y la Fiduprevisora S.A., en defensa del Ministerio de Educación, adujeron que no existía la necesidad

paga al liquidar el DTF sobre el saldo acumulado.

Añadió que existe una irregularidad, puesto que el FOMAG y la Fiduprevisora S.A., en defensa del Ministerio de Educación, adujeron que no existía la necesidad de consignar las cesantías cuando en el anterior plan de desarrollo, en especial, el artículo 57 de la Ley 19 55 de 2019, el Estado tuv o que apropiarse de 1.1 billones de pesos, con el fin de pagar las demandas que el primero de los mencionados ha recibido durante los últimos 7 años aproximadamente , justamente por no tener losRadicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -04026 -00

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recursos de la consignación de las cesantías de los docentes por parte del patrono al 15 de febrero de cada anualidad.

Por último, refirió que acudió a la jurisdicción con conocimiento previo de todos los pronunciamientos recientes de las altas cortes sobre la aplicación de la Ley 50 de 1990 a los docentes oficiale s en lo atinente a la sanción moratoria por la no consignación en tiempo de las cesantías anualizadas , los cuales deben ser tenidos en cuenta para el asunto bajo estudio.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Para efectos de resolver la presente acción , la Sala ab ordará las siguientes temáticas: I) procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales y II) caso concreto.

I. Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales

Para efectos de resolver la presente acción , la Sala ab ordará las siguientes temáticas: I) procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales y II) caso concreto.

I. Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales

La Corte Constitucional ha admitido la pr ocedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos fundamentales1, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales y al menos una de las causales específicas establec idas en la Sentencia C590/052. Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU034/18, estas se enlistaron así:

“(i) Que el asunto objeto de estudio tenga una clara y marcada relevancia constitucional, lo que excluye que el juez cons titucional se inmiscuya e n controversias cuya resolución corresponde a los jueces ordinarios, imponiéndole entonces la carga de exponer los motivos por los cuales la cuestión trasciende a la esfera constitucional, por estar comprometidos derechos fundamentales.

(ii) Que se hayan desplegado todos los mecanismos de defensa judicial, tanto ordinarios como extraordinarios, de que disponía el solicitante, a menos que se pretenda conjurar la consumación de un perjuicio irremediable a sus derechos fundamentales; exigencia enfocada a evi tar que la tutela sea utilizada para sustituir el medio judicial ordinario.

1 Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013. 2 M.P. Jaime Córdoba TriviñoRadicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -04026 -00

1 Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013. 2 M.P. Jaime Córdoba TriviñoRadicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -04026 -00

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(iii) Que la acción de tutela se haya interpuesto dentro de un término razonable y proporcionado a partir del evento que generó la vulneración alegada, es decir, que se cumpla con el requisito de inmediatez; con el fin de que no se sacrifiquen los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica que sustentan la certidumbre sobre las decisiones de las autoridades judiciales.

(iv) Que si se trata de una irre gularidad procesal, tenga una incidencia directa y determinante sobre el sentido de la decisión a la cual se atribuye la violación. Empero, de acuerdo con la sentencia C-591 de 2005, si la irregularidad constituye una grave lesión de derechos fundamentales , la protección de los mi smos se genera independientemente del efecto sobre la decisión y, por lo tanto, hay lugar a la anulación del juicio (v. gr. prueba ilícita susceptible de imputarse como cri men de lesa humanidad).

(v) Que el solicitante identifique de forma razonable los hechos generadores de la vulneración y los derechos afectados, y que hubiere alegado tal circunstancia al interior del proceso en donde se dictó la sentencia atacada.

(vi) Que la acción no se dirija en contra de sentencias de tutel a, con el fin de