CE - 110010315000202304027011SENTENCIAFALLO20231207080529

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., dieciséis (16) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Tutela Radicación: 11001-03-15-000-2023-04027-01

Demandante: Jaime Cuadros Ávila

Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá

Temas: Tutela contra providencia judicial / Nulidad y restablecimiento del derecho para reclamar el reco nocimiento y pago de sanción moratoria por la no consignación de cesantías anualizadas en favor de docente / Desconocimiento del precedente.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA __________________________________________________________________

Decide la Sala la impugnación interpuesta por Jaime Cuadros Ávila, en contra de la sentencia proferida el 14 de septiembre de 2023 por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, mediante la cual se decidió la solicitud de amparo de la referencia.

1. Antecedentes

1.1. La solicitud1

Jaime Cuadros Ávila promovió solicitud de tutela con el fin de que se ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la seguridad social y de acceso a la administración de justicia , los cuales consideró vulnerados con ocasión de la sentencia proferida el 2 6 de mayo de 2023 por el Tribunal

sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la seguridad social y de acceso a la administración de justicia , los cuales consideró vulnerados con ocasión de la sentencia proferida el 2 6 de mayo de 2023 por el Tribunal Administrativo de Boyacá, en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado 15001-33-33-003-2022-00040-01.

Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:

1. Jaime Cuadros Ávila , en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, impetró demanda en contra de la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG y el departamento de Boyacá, con el fin de que se declarara la nulidad del BOY2021EE026798 del 25 de agosto de 2021 , por medio del cual se le negó el reconocimiento y pago de la sanción por mora por la no consignación oportuna de

1 Ver índice 2 de SAMA em el expediente 11001031500020230398500. Archivo denominado «1_DemandaWeb_Demanda-(.pdf) NroActua 2»2

Radicado: 11001-03-15-000-2023-04027-01

Demandante: Jaime Cuadros Ávila

las cesantías anualizadas correspondiente al año 2020.

1. El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Tunja, mediante sentencia proferida el 7 de octubre de 2022 negó las súplicas de la demanda con el argumento de que los docentes no son acreedores de la sanción moratoria ni de la indemnización solicitada, en tanto pertenecen a un régimen prestacional especial

sentencia proferida el 7 de octubre de 2022 negó las súplicas de la demanda con el argumento de que los docentes no son acreedores de la sanción moratoria ni de la indemnización solicitada, en tanto pertenecen a un régimen prestacional especial que no fijó una fecha límite para el pago anualizado de tal derecho, lo cual se diferencia de aquellos vinculados a fondos privados. En contra de esta decisión la parte demandante interpuso recurso de apelación.

1. El Tribunal Administrativo de Boyacá, a través de la sentencia del 26 de mayo de 2023 confirmó lo resuelto por el a quo, al considerar que la sanción moratoria por la consignación tardía de las cesantías establecida en el régimen de la Ley 50 de 1990 no le es aplicable al demandante.

1. En relación con esa decisión, la parte actora considera que la corporación judicial demandada vulneró sus derechos fundamentales al incurrir en desconocimiento del precedente, en tanto se omitió la aplicación del criterio fijado por el Consejo de Estado2 y la Corte Constitucional3 según el cual debían efectuarle el pago (i) de la sanción moratoria establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y (ii) de la indemnización por el pago tardío de los intereses a las cesantías traída en la Ley 52 de 1975 y en el Decreto 1176 de 1991. Asimismo, citó algunos pronunciamientos emitidos por los tribunales y juzgados administrativos del país.

1.1.2. Pretensiones

Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó lo siguiente:

«[…] Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ en la sentencia

1.1.2. Pretensiones

Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó lo siguiente:

«[…] Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ en la sentencia proferida el día 5/26/2023, en el expediente rad. No. 15001333300320220004001 , transgredió los derechos fundamentales: AL DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, SITUACIÓN MÁS FAVORABLE AL TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN LA APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES FORMALES DE DERECHO, GARANTÍA A LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTI CIA, PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LA PERPETUATIO JURISDICTIONIS, SEGURIDAD JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE JUDICIAL VERTICAL , de la accionante, por considerar qu e las razones de la decisión no se ajustan a los postulados de la ley y a la abundante

2 Al respecto, citó: i) la Sentencia de Unificación del 6 de agosto de 2020 con radicado 08001-23-33000-201300666-01 (0833 -16); ii) 76001 -23-31000200900867-01, No. Interno: 4854 -2014; iii) 11001-0315000-201803499-01; iv) 08001 23 33 000 2014 001 73-01 (1688-16); v) 08001-23-33000-201400208-01; vi) 08001 -23-31000-201400254-01 (4960 -2017); vii) 08001 -23-33000201400132-01; viii) 08001 23 31 000 2014 00815 01 (4979 –2017); ix) 08001 -23-33000-201500331-01; x) 19001 -23-33000-201500445-02(048320); xi) 08001 -23-33000-201401127-01 (1002-2021); xii) 40001 -23-40000-201700134-01 (2208 -2020); xiii) 080001 -23-40000-201590008-01 (2387 -2020); xiv) 080001 -23-40000-201490022-01 (5154 -2016); xv) 080001 -23-33000-201700931-01 (1001-2021); xvi) 080001-23-33000-201500075-01 (2660-2020); xvii) 7600123-33000-201300756-01 (2224-2020); xviii) 080001-23-40000-201700795-01 (2659-2020); xix) 47-001-23-33000-201900359-01 (4004 -2021); xx) 47 -001-23-33000-2019-0037601 ( 44622021); xxi) 08001-23-33000-201500509-01 (2140-2020); xxii) 08001-23-33000-201590124-01 (2394-2020) y xiii) 47001-23-33000-2018-023101 (0871-2020) 3 Sentencia SU-098 de 2018, Sentencia SU-332 de 2019, Sentencia SU-041 de 2020.3

Radicado: 11001-03-15-000-2023-04027-01

Demandante: Jaime Cuadros Ávila

jurisprudencia constitucional y de este órgano de cierre en la jurisdicción contencioso administrativo, por lo que se encuentra vulnerando los derechos fundamentales de la accionada.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ; dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en las sentencias SU 098 de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del H. Consejo de Estado mediante diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la sanción por mora como fue solicitada en la demanda, […]».

1.2. Informes rendidos en el proceso

1.2.1. La Fiduprevisora S.A. 4 informó que las entidades administradoras de cesantías creadas por la Ley 50 de 1990 solo podrán hacerlo respecto de cuentas individuales, característica que no tiene el Fomag, el cual se creó mediante la Ley 91 de 1989 bajo el principio de unidad de caja, lo cual se traduce en que la totalidad

cesantías creadas por la Ley 50 de 1990 solo podrán hacerlo respecto de cuentas individuales, característica que no tiene el Fomag, el cual se creó mediante la Ley 91 de 1989 bajo el principio de unidad de caja, lo cual se traduce en que la totalidad de recursos que lo constituye conforman un patrimonio autónomo administrado a través del esquema fiduciario, por ello «los valores que corresponden a las cesantías no se consignan, sino que ya están presupuestados y trasladados al fondo, desde el primer mes de cada vigencia».

Recordó que de acuerdo con el artículo 57 de la Ley 1955 de 2019, «para el pago de las prestaciones económicas y los servicios de salud, el Fondo deberá aplicar el principio de unidad de caja con el fin de lograr mayor eficiencia en la administración y pago de las obligaciones definidas en la ley, […]», principio que «permite que con el recaudo de todos los rubros se conforme una caja común destinada a atender el pago de las obligaciones asumidas, en este caso, lo correspondiente a las prestaciones económicas de los docentes (incluidas las cesantías y los intereses de las cesantías) y los servicios de salud».

Señaló que todo el esquema referido se rige por un conjunto normativo especifico: las leyes 91 de 1989 y 715 de 2001 y el Decreto 196 de 1995 5, el cual se surte en las siguientes fases:

«[…] • Elaboración del cálculo actuarial que determina el total del pasivo prestacional a cargo de la entidad territorial con el FOMAG. Este cálculo se elabora con cargo a los recursos del fondo y se presenta de manera separada la deuda por concepto de cesantías y pensiones.

cargo de la entidad territorial con el FOMAG. Este cálculo se elabora con cargo a los recursos del fondo y se presenta de manera separada la deuda por concepto de cesantías y pensiones. • Una vez definido el monto de la deuda a pagar, y previa revisión del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la sociedad fiduciaria (en este caso Fiduprevisora S.A.) comunica a la entidad territorial las cifras correspondientes a este concepto. • Esta deuda se cubre con el traslado de los recursos del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales -FONPETal Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio -FOMAG-.

4 Ver índice 1 2 de SAMAI en el expediente 11001031500020230 402700. Archivo denominado «RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_ANEXO20230402700(.pdf) NroActua 12 » 5 Por medio del cual se reglamentan parcialmente el artículo 6 de la Ley 60 de 1993 y el artículo 176 de la Ley 115 de 1994, relacionados con la incorporación o afiliación de docentes al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y se dictan otras4

Radicado: 11001-03-15-000-2023-04027-01

Demandante: Jaime Cuadros Ávila

• En caso de que estos recursos no fueren suficientes para cubrir la deuda, la entidad territorial deberá disponer de sus propios recursos hasta cubrir la totalidad de las obligaciones corrientes que correspondan. […]»

De acuerdo con lo expuesto, concluyó que: i) el esquema normativo que rige para el Fomag no refiere la creación de cuentas individuales para cada uno de sus

obligaciones corrientes que correspondan. […]»

De acuerdo con lo expuesto, concluyó que: i) el esquema normativo que rige para el Fomag no refiere la creación de cuentas individuales para cada uno de sus afiliados, por lo que se configura imposibilidad jurídica para su creación a través de órdenes judiciales; ii) no opera la consignación de cesantías, pero sí su retiro según la solicitud que eleve el docente con el lleno de los requisitos de ley y iii) no puede configurarse la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, ya que el origen de esta es la consignación tardía de las cesantías, cuya operación no procede para sus afiliados.

Respecto del desconocimiento del precedente alegado, explicó que existe una indebida interpretación de la sentencia SU-098 de 2018 de la Corte Constitucional, caso en el cual solo se vinculó al municipio de Santiago de Cali, «quien no había realizado la afiliación del docente al FOMAG, y de contera, no había trasladado los periodos correspondientes a las cesantías en las que el docente no estuvo afiliado al fondo», y en la que se ordenó emitir una nueva decisión contencioso -administrativa con fundamento en el principio de favorabilidad, en el entendido del derecho de los docentes al reconocimiento y pago de la sanción moratoria establecida en la Ley 50 de 1990.

En cumplimiento de la anterior decisión, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, profirió la sentencia del 24 de enero de 2019, en la que, a título de restablecimiento, condenó al municipio de Santiago de Cali a reconocer y pagar al

Subsección B, profirió la sentencia del 24 de enero de 2019, en la que, a título de restablecimiento, condenó al municipio de Santiago de Cali a reconocer y pagar al entonces demandante la sanción moratoria en los términos del artículo 99 de la Ley 50 de 1999, en tanto el ente territorial «no realizó la afiliación del docente al FOMAG y, por ende, tampoco realizó la consecuencia consignación de las cesantías».

Dicho ello, señaló que la situación fáctica allí descrita y la de Jaime Cuadros Ávila son diferentes, pues esta última se encuentra afiliado al Fomag y su reclamo obedece a la no consignación de las cesantías en los plazos establecidos por en la Ley 50 de 1990, respecto de lo cual, insistió, es imposible el reconocimiento de la mora alegada de cara «a un hecho que la administración no puede ejecutar en el régimen especial de los docentes», ante la inexistencia de cuentas individuales para cada afiliado.

De acuerdo con todo lo expuesto, concluyó que la solicitud de tutela se torna improcedente ante la inexistencia de vulneración de derechos fundamentales, además, solicitó su desvinculación del asunto por carecer de legitimación por pasiva, pues su actuació n es como vocera y administradora del patrimonio autónomo del Fomag.5

Radicado: 11001-03-15-000-2023-04027-01

Demandante: Jaime Cuadros Ávila

1.2.2. El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Tunja6, si bien allegó el link del expediente contencioso -administrativo solicitado, guardó silencio respecto al escrito de tutela

1.2.2. El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Tunja6, si bien allegó el link del expediente contencioso -administrativo solicitado, guardó silencio respecto al escrito de tutela

1.2.3. El Tribunal Administrativo de Boyacá 7 solicitó que se declare la improcedencia de la tutela o, en su defecto, se nieguen las pretensiones de amparo, toda vez que, no se puede utilizar este instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural.

1.2.4. El departamento de Boyacá8 solicitó desestimar la pretensiones de amparo, toda vez que, en materia de reconocimiento y pago de sus cesantías, a los docentes oficiales afiliados al Fomag no les aplica la Ley 50 de 1990; punto de discusión respecto del cual el órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso – administrativo no ha preferido sentencia de unificación, y si bien la Corte Constitucional en la sentencia SU -098 de 2018 ordenó la aplicación de dicha normativa a un docente oficial, este estaba vinculado a un fondo de pensiones privado, por lo que no resulta ser un criterio vinculante dada la difer encia fáctica respecto de la situación de Jaime Cuadros Ávila quien si está afiliad o al fondo del magisterio.

En cuanto a la transferencia de los recursos de la Nación al Fomag para pagar las cesantías del sector docente oficial, explicó que de acuerdo con el Decreto 3752 de 2003: i) se descontarán directamente de los recursos de la participación para educación del Sistema General de Participaciones y de los recursos que aporte

cesantías del sector docente oficial, explicó que de acuerdo con el Decreto 3752 de 2003: i) se descontarán directamente de los recursos de la participación para educación del Sistema General de Participaciones y de los recursos que aporte adicionalmente la Nación en los términos de la Ley 812 de 2003; ii) las entidades territoriales que administren plantas de personal docente pagadas con recursos del Sistema General de Participaciones y/ o con recursos propios, deben reportar a la sociedad fiduciaria que administre los del fondo las nóminas de los docentes activos afiliados y todas las novedades que se llegaren a presentar, dentro de los 10 primeros días de cada mes; y iii) la sociedad fid uciaria administradora, de acuerdo con la información que se le suministre, deberá proyectar para la siguiente vigencia fiscal el monto correspondiente a los aportes previstos en el artículo 81 de la Ley 812 de 2003 y en el numeral 4 del artículo 8 de la L ey 91 de 1989; lo cual deberá reportarse a los entes territoriales a más tardar el 15 de abril de cada año.

De acuerdo con la anterior, concluyó que «para el pago de las cesantías el Fondo recibe recursos de diferentes fuentes, principalmente de la Nación, los cuales administra de acuerdo con un programa anual de caja (PAC); por lo tanto, en este régimen especial no se tiene prevista la consignación de las cesantías a sus afiliados, sino que los recursos, previamente incluidos en el presupuesto, ingresan al FOMAG mediante un giro global. […]»

6 Ver índice 1 1 de SAMAI en el expediente 11001031500020230 402700. Archivo denominado « 13_MemorialWeb_Respuesta(.pdf) NroActua 11»

6 Ver índice 1 1 de SAMAI en el expediente 11001031500020230 402700. Archivo denominado « 13_MemorialWeb_Respuesta(.pdf) NroActua 11» 7 Ver índice 13 de SAMAI en el expediente 11001031500020230 402700. Archivo denominado « RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_20200402700CONTES(.pdf) NroActua 13 » 8 Ver índice 14 de SAMAI . Archivo denominado « 18_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda(.pdf) NroActua 14»6

Radicado: 11001-03-15-000-2023-04027-01

Demandante: Jaime Cuadros Ávila

En cuanto al proceso de liquidación de cesantías del año 2020, la entidad explicó que:

«[…] la sectorial realizo el proceso de liquidación de cesantías del año 2020 para los docentes de régimen de anualidad del Departamento de Boyacá, y una vez terminado dicho proceso se envió comunicación por correo electrónico a FIDUPREVISORA, S.A. el día 4 de febrero de 2021, es decir que una vez realizado el proceso de liquidación el fondo proceda a generar en línea el reporte de las cesantías del 2020 a través del Sistema Humano para su respectiva validación; posteriormente, se remitió a FIDUPREVISORA el día 4 de febrero de 2021 donde se informa que el FOMAG realizo la confrontación de los reportes a las cesantías del año 2020, los cuales serán procesados e incluidos como insumos para la liquidación y pago de los intereses a las cesantías, igualmente se procedió a enviar el proceso de liquidación de cesantías del año 2020. […]»

procesados e incluidos como insumos para la liquidación y pago de los intereses a las cesantías, igualmente se procedió a enviar el proceso de liquidación de cesantías del año 2020. […]»

Adujo que resolver cualquier reclamación relacionada con las cesantías y la liquidación y el pago de los intereses de estas es competencia del Fomag a través de la Fiduprevisora S.A., es decir, ello no le corresponde a ese ente territorial.

Señaló que, tal como lo explicó el Tribunal Administrativo de Boyacá en la sentencia acusada, en el asunto bajo estudio no se desconoció la aplicación del principio de favorabilidad en favor del docente, pues no se está frente a un vacío legal que regule el tema, sino ante la existencia de un régimen especial en favor de los docentes oficiales el cual debe ser aplicado de forma integral al ser el más favorable.

Concluyó que la decisión acusada está debidamente motivada, sin que incurra en ninguna irregularidad, la cual fue proferida por el Tribunal Administrativa de Boyacá en ejercicio de su función constitucional y de los principios de autonomía e independencia judicial.

1.3 Sentencia de primera instancia9

El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, mediante sentencia del 14 de septiembre de 2023 declaró improcedente la solicitud de tutela al considerar que no supera el requisitos d la relevancia constitucional, toda vez respecto de los argumentos traídos por el demandante «ya se profirió una decisión, sin que corresponda al juez de tutela analizar el fondo del asunto, en abierto desconocimiento de los principios de autonomía e interpretación judicial».

1.4. El escrito de impugnación10

al juez de tutela analizar el fondo del asunto, en abierto desconocimiento de los principios de autonomía e interpretación judicial».

1.4. El escrito de impugnación10

La parte demandante impugnó la decisión del a quo para lo cual reiteró los argumentos expuestos en el escrito de tutela , es decir, que existe una posición unificada respecto de la aplicación de la Ley 50 de 1990 en favor de los docentes oficiales.

9 Ver índice 19 de SAMAI expediente 11001031500020230 402700. Archivo de denominado «SENTENCIA(.pdf) NroActua 19» 10 Ver índice 2 7 de SAMAI expediente 11001031500020230 402700. Archivo de denominado «3 29_MemorialWeb_Otro(.pdf) NroActua 27»7

Radicado: 11001-03-15-000-2023-04027-01

Demandante: Jaime Cuadros Ávila

2. Consideraciones

En atención a los argumentos expuestos en el escrito de impugnación y a las pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el siguiente orden: i) competencia para decidir, ii) procedencia de la tutela contra providencia judicial, iii) problema jurídico y iv) análisis de la Sala.

2.1. Competencia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el Decreto 1382 de 2000 11 y el Acuerdo 80 del 12 de marzo de 2019 12, esta Sala es competente para conocer la presente impugnación contra la sentencia de tutela proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A.

competente para conocer la presente impugnación contra la sentencia de tutela proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A.

2.2. Procedencia de la tutela contra providencia judicial

En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso -administrativo del Consejo de Estado13 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las distintas posturas que en su interior se habían desarrollado sobre el tema. 14 Al respecto señaló lo siguiente:

«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC -10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente. [Resalta la Sala].

Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual corresponde verificar cu áles son esos «parámetros fijados hasta el momento

necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual corresponde verificar cu áles son esos «parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.

11 Por medio del cual se establecen competencias para el reparto de la acción de tutela. 12 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado. 13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, radicado 11001-03-15-000-200901328-01, M.P. María Elizabeth García González. 14 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñada.8

Radicado: 11001-03-15-000-2023-04027-01

Demandante: Jaime Cuadros Ávila

Sobre el particular, el Consejo de Estado, Sala Plena, 15 adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C -590 de 2005 para establecer la procedencia de la tutela como mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86 Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta solicitud se puede presentar además contra decisiones de las altas cortes que desconozcan derechos fundamentales.

Ahora bien, la Corte Constitucional 16 ha señalado que la solicitud de amparo debe cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea relevante constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se haya presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado

cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea relevante constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se haya presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado inmediatez; y iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será declarar improcedente el amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.

A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos, 17 el juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad judicial, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad de la solicitud de amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno de los requisitos específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto sea de tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos fundamentales.18

Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal entidad que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir el debate que se había planteado en la instancia correspondiente.

2.3. Problema jurídico

La Sala deberá definir si: ¿El Tribunal Administrativo de Boyacá vulneró los derechos fundamentales de Jaime Cuadros Ávila con ocasión de la sentencia del

2.3. Problema jurídico

La Sala deberá definir si: ¿El Tribunal Administrativo de Boyacá vulneró los derechos fundamentales de Jaime Cuadros Ávila con ocasión de la sentencia del 26 de mayo de 2023, a través de la cual confirmó la negativa frente a la pretensión de reconocimiento y pago de la indemnización moratoria por la no consignación oportuna de las cesantías anualizadas en favor de un docente oficial, con lo cual incurrió, presuntamente, en desconocimiento del precedente?

15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso -administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014, Ref.: 11001 -03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela -Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 16 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y C-590 de 2005. 17 Corte Constitucional, Sentencia T-309 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño. 18 Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.9

Radicado: 11001-03-15-000-2023-04027-01

Demandante: Jaime Cuadros Ávila

2.4. Análisis de la Sala

2.4.1. Sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

La Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad de la solicitud de tutela y, en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que invalide lo actuado, procederá a efectuar el estudio del fondo del asunto planteado.

La Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad de la solicitud de tutela y, en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que invalide lo actuado, procederá a efectuar el estudio del fondo del asunto planteado.

2.4.2. Desconocimiento del precedente judicial

En este punto, en cuanto al desconocimiento de precedente alegado se recuerda que un análisis sistemático del artículo 230 de la Constitución Política permite afirmar que los jueces guardan una carga de respetar los precedentes relevantes como un imperativo derivado del principio de igualdad y un medio para promover la seguridad jurídica, la confianza de la sociedad en la estabilidad, la predictibilidad de las decisiones judiciales y la unificación de la interpretación de las normas jurídicas. Adicionalmente, el principio de legalidad ordena un manejo adecuado de estos, como medio para erradicar la arbitrariedad de las decisiones judiciales, presupuesto esencial del Estado Social de Derecho.

La Corte Constitucional ha considerado que el precedente es toda decisión previa adoptada principalmente por los órganos de cierre de las diferentes jurisdicciones que, por abordar un problema jurídico originado en hechos idénticos o semejantes desde un punto de vista jurídicamente relevante al que debe resolver el juez, debe ser tenido en cuenta como condición de eficacia del principio de igualdad. El adecuado manejo del precedente conlleva entonces la obligación de seguir el curso de decisión trazado en la ratio decidendi de una o varias sentencias previas, salvo si existen razones jurídicas particularmente poderosas que impongan modificarlo.

Esas razones pueden provenir de un cambio en el ordenamiento positivo, de la modificación de las bases axiológicas del sistema jurídico o de una drástica

si existen razones jurídicas particularmente poderosas que impongan modificarlo.

Esas razones pueden provenir de un cambio en el ordenamiento positivo, de la modificación de las bases axiológicas del sistema jurídico o de una drástica transformación de las condi