CE - 110010315000202304028011SENTENCIA20231031115952

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001-03-15-000-2023-04028-01

Demandante: JOSÉ AGUSTÍN AYALA BARÓN

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ

Referencia: SENTENCIA DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – Debe reunir los requisitos generales establecidos por la jurisprudencia constitucional, para que proceda su estudio de fondo / REQUISITO GENERAL DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – No se cumple en este caso, dado que el actor busca discutir aspectos netamente económicos.

La Sala decide1 la impugnación interpuesta por la parte actora cont ra la sentencia del 25 de agosto de 2023, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, por medio de la cual se declaró improcedente la acción de tutela de la referencia.

I. A N T E C E D E N T E S

1. Demanda

1.1. Pretensiones

El 11 de mayo de la presente anualidad, el señor José Agustín Ayala Barón , por medio de apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Boyacá, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia. Formuló las siguientes pretensiones:

Administrativo de Boyacá, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia. Formuló las siguientes pretensiones:

1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ en la sentencia proferida el día 6/16/2023, en el expediente rad. No. 15001333300420220002401, transgredió los derechos fundamentales: AL

DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL,

SITUACIÓN MÁS FAVORABLE AL TRABAJADOR EN CASO DE DUDA

EN LA APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES

1 La Sala advierte que, e l 2 de octubre de 2023 , el expediente ingresó al despacho de la magistrada ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.Radicación: 11001-03-15-000-2023-04028-01

Demandante: José Agustín Ayala Barón Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

2

FORMALES DE DERECHO, GARANTÍA A LA SEGURIDAD SOCIAL, A

LA IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA,

PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LA PERPETUATIO JURISDICTIONIS, SEGURIDAD JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE JUDICIAL VERTICAL, del (la) accionante, por considerar que las razones de la decisión no se ajustan a los postulados de la ley y a la abundante jurisprudencia constitucional y de este órgano de cierre en la jurisdicción contencioso administrativo, por lo que se encuentra vulnerando los derechos fundamentales de la accionada.

la abundante jurisprudencia constitucional y de este órgano de cierre en la jurisdicción contencioso administrativo, por lo que se encuentra vulnerando los derechos fundamentales de la accionada.

2. Como consecuencia de la anterior declar ación, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ; dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en las sentencias SU 098 de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del H. Consejo de Estado mediante diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la sanción por mora como fue solicitada en la demanda, de acuerdo a los postulados establecidos en los

siguientes expedientes:

3.CORTE CONSTITUCIONAL N o.

RADICADO

EXPEDIENTE

FECHA

DECISIÓN

MAGISTRADO

PONENTE

CONSEJEROS

FIRMANTES

1 Exp. T-6.736.200 17 de octubre de 2018

Dra. GLORIA

STELLA ORTIZ

DELGADO

SENTENCIA DE

UNIFICACIÓN

098/2018 DE LA

CORTE

CONSTITUCIONAL

2 Exp. T-5904426 y otros 25 de julio de 2019

Dra. GLORIA

STELLA ORTIZ

DELGADO

SENTENCIA DE

UNIFICACIÓN 332

/2019 DE LA CORTE CONSTITUCIONAL 3 Exp. T 7.182 -312 y otros 6 de febrero de 2020

Dr. LUIS

GUIILLERMO

GUERRERO

PÉREZ

/2019 DE LA CORTE CONSTITUCIONAL 3 Exp. T 7.182 -312 y otros 6 de febrero de 2020

Dr. LUIS

GUIILLERMO

GUERRERO

PÉREZ

SENTENCIA DE

UNIFICACIÓN 041

/2020 DE LA CORTE

CONSTITUCIONAL

CONSEJO DE ESTADO

No. RADICADO

EXPEDIENTE

FECHA

DECISIÓN

MAGISTRADO

PONENTE

CONSEJEROS

FIRMANTES 1 08001-23-3300020130066601 (0833-16) 6 de agosto de 2020

Dra. SANDRA

LISETH IBARRA

SENTENCIA DE

UNIFICACIÓN DEL

CONSEJO DE

ESTADO

2 76001-23-3100020090086 7-01, No.

Interno: 4854-2014 24 de enero de

2019

Dra. SANDRA

LISETH IBARRA

Dr. CÉSAR

PALOMINO

CORTÉS - Dr.

CARMELO

PERDOMO

CUÉTER 3 11001-0315000-201804617-01 17 de junio de 2019

Dr. NICOLÁS

YEPES

CORRALES

Dr. JAIME

ENRIQUE

RODRÍGUEZ NAVAS - Dr.Radicación: 11001-03-15-000-2023-04028-01

Demandante: José Agustín Ayala Barón Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

3

GUILLERMO

SÁNCHEZ LUQUE

4

Demandante: José Agustín Ayala Barón Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

3

GUILLERMO

SÁNCHEZ LUQUE 4 11001-03-15000-201804679-01) 28 de junio de 2019

Dr. ROBERTO

AUGUSTO

SERRATI

VALDÉS

DRA. NUBIA

MARGOTH PEÑA

GARZÓNDR.

HERNANDO

SÁNCHEZ

SÁNCHEZ 5 11001-0315000-201803499-01 29 de julio de 2019

Dr. NICOLÁS

YEPES

CORRALES

Dr. JAIME

ENRIQUE

RODRÍGUEZ

NAVAS - Dr.

GUILLERMO

SÁNCHEZ LUQUE 6 08001 23 33

000 2014 00173-01 (1688-16) 2 de diciembre de 2019

Dr. RAFAEL

FRANCISCO

SUÁREZ

VARGAS

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZ - Dr.

GABRIEL

VALBUENA 7 08001-23-3300020140020801 10 de junio de 2020

Dra. SANDRA

LISETH IBARRA

Dr. CÉSAR

PALOMINO

CORTÉS - Dr.

CARMELO

PERDOMO

CUÉTER 8 08001-23-31000-201400254-01 (4960-2017) 22 de octubre de 2020

Dr. WILLIAM

CORTÉS - Dr.

CARMELO

PERDOMO

CUÉTER 8 08001-23-31000-201400254-01 (4960-2017) 22 de octubre de 2020

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZ

Dr. RAFAEL

FRANCISCO

SUÁREZ

VARGAS - Dr.

GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ 9 08001-23-3300020140013201 12 de noviembre de 2020

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZ

Dr. RAFAEL

FRANCISCO

SUÁREZ

VARGAS - Dr.

GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ 10 08001 23 31

000 2014 00815 01 (4979 – 2017) 17 de junio de 2021

Dr. GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZDr. RAFAEL

FRANCISCO

SUÁREZ VARGAS 11 08001-23-33000-201500331-01 17 de junio de 2021

Dr. CÉSAR

PALOMINO

CORTÉS

Dra. SANDRA

LISSET IBARRA

VÉLEZ - Dr.

CARMELO

PERDOMO CUÉTERRadicación: 11001-03-15-000-2023-04028-01

Demandante: José Agustín Ayala Barón Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

4

CUÉTERRadicación: 11001-03-15-000-2023-04028-01

Demandante: José Agustín Ayala Barón Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

4

12 19001-23-33000-20150044502(048320) 4 de noviembre de 2021

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZ

Dr. RAFAEL

FRANCISCO

SUÁREZ

VARGAS - Dr.

GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ 13 08001-23-3300020140112701 (1002-2021) 25 de noviembre de 2021

Dra. SANDRA

LISETH IBARRA

Dr. CÉSAR

PALOMINO

CORTÉS - Dr.

CARMELO

PERDOMO

CUÉTER 14 40001-23-4000020170013401 (2208-2020) 25 de noviembre de 2021

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZ

Dr. RAFAEL

FRANCISCO

SUÁREZ

VARGAS - Dr.

GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ 15 080001-234000020159000801 (2387-2020) 11 de noviembre de 2021

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZ

Dr. RAFAEL

FRANCISCO

SUÁREZ

VARGAS - Dr.

GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ

16

de 2021

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZ

Dr. RAFAEL

FRANCISCO

SUÁREZ

VARGAS - Dr.

GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ 16 080001-234000020149002201 (5154-2016) 11 de noviembre de 2021

Dr. GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZDr. RAFAEL

FRANCISCO

SUÁREZ VARGAS 17 080001-233300020170093101 (1001-2021) 20 de enero de 2022

Dr. GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZDr. RAFAEL

FRANCISCO

SUÁREZ VARGAS 18 080001-233300020150007501 (2660-2020) 3 de marzo de 2022

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZ

Dr. RAFAEL

FRANCISCO

SUÁREZ

VARGAS - Dr.

GABRIEL

VALBUENA HERNÁNDEZRadicación: 11001-03-15-000-2023-04028-01

Demandante: José Agustín Ayala Barón Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

5

19 76001-23-3300020130075601 (2224-2020) 28 de abril de

Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

5

19 76001-23-3300020130075601 (2224-2020) 28 de abril de 2022

Dr. CARMELO

PERDOMO

CUÉTER

Dr. CÉSAR

PALOMINO

CORTÉS - Dra.

SANDRA LISETH

IBARRA 20 080001-234000020170079501 (2659-2020) 9 de mayo de 2022

Dr. RAFAEL

FRANCISCO

SUÁREZ

VARGAS

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZ - Dr.

GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ 21 47-001-233300020190035901 (4004-2021) 19 de mayo de 2022

Dra. SANDRA

LISETH IBARRA

Dr. CÉSAR

PALOMINO

CORTÉS - Dr.

CARMELO

PERDOMO

CUÉTER 22 47-001-2333000-20190037601 (44622021) 1 de julio de 2022

Dra. SANDRA

LISETH IBARRA

Dr. CÉSAR

PALOMINO

CORTÉS - Dr.

CARMELO

PERDOMO

CUÉTER 23 08001-23-3300020150050901 (2140-2020) 22 de agosto de 2022

Dr. CÉSAR

PALOMINO

CORTÉS

Dr. SANDRA

CUÉTER 23 08001-23-3300020150050901 (2140-2020) 22 de agosto de 2022

Dr. CÉSAR

PALOMINO

CORTÉS

Dr. SANDRA

LISSET IBA RRA

VELEZ – Dr.

CARMELO

PERDOMO

CUÉTER 24 08001-23-3300020159012401 (2394-2020) 22 de septiembre de 2022

Dr. CESAR

PALOMINO

CORTÉS

Dr. SANDRA

LISSET IBARRA

VELEZ – Dr.

CARMELO

PERDOMO

CUÉTER 25 76001-23-31000-201200212-02 (4470-2021) 19 de enero de 2023

Dr. WILLIAM

HERNANDEZ

GOMEZ

DR. RAFAEL

FRANCISCO

SUAREZ

VARGAS – Dr.

GABRIEL

VALBUENA

HERNANDEZ 26 47001-23-33000-2018023101 (0871-2020) 26 de enero 2023

DR. RAFAEL

FRANCISCO

GOMEZ

DR. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZ – DR.

GABRIEL

VALBUENA

1.2. HechosRadicación: 11001-03-15-000-2023-04028-01

Demandante: José Agustín Ayala Barón Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

6

De la solicitud de tutela y del expediente se extraen los siguientes hechos

Demandante: José Agustín Ayala Barón Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

6

De la solicitud de tutela y del expediente se extraen los siguientes hechos jurídicamente relevantes:

El señor José Agustín Ayala Barón labora como docente «con la entidad certificada en educación del Departamento de Boyacá ». Además, se enc uentra afiliado al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio 2 y es beneficiario del régimen de cesantías anualizadas.

El 29 de julio de 2021, el hoy accionante le solicitó a la Secretaría de Educación Departamental de Boyacá y al Fomag el re conocimiento y pago de la sanción por la no consignación de cesantías y la indemnización por el pago tardío de los intereses, con fundamento en el régimen establecido en las Leyes 52 de 1975 y 50 de 1990. A través de oficio del 2 5 de agosto de 2021, la Se cretaría de Educación del Departamento de Boyacá negó la solicitud del demandante.

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, el señor José Agustín Ayala Barón demandó al Ministerio de Educación Nacional – Fomag y al Departamento de Boyacá, con el fin de que se declarara la nulidad del acto administrativo que negó la petición de reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la no consignación de las cesantías y la indemnización por el pago tardío de los intereses.

Mediante sentencia del 1 de noviembre de 2022, el Juzgado Cuarto Administrativo de Tunja negó las súplicas de la demanda , por considerar que el señor Ayala

tardío de los intereses.

Mediante sentencia del 1 de noviembre de 2022, el Juzgado Cuarto Administrativo de Tunja negó las súplicas de la demanda , por considerar que el señor Ayala Barón se encontraba afiliad o al Fomag y, por tanto, tenía un régimen especial de cesantías en el cual no operaba la sanción por mora.

Contra la anterior decisión, el accionante interpuso recurso de apelación en el cual expuso que la Corte Constitucional y el Consejo de Estado han establecido que era posible aplicar la Ley 50 de 1990 a los docentes oficiale s, con fundamento en el principio de favorabilidad. Es decir, que como en la Ley 91 de 1989 —régimen especial de los docentes — no existe regulación sobre la sanción moratoria por la no consignación de las cesantías, se debía aplicar la norma más favorable, esto es, la Ley 50 de 1990, que sí lo estableció.

2 En adelante Fomag.Radicación: 11001-03-15-000-2023-04028-01

Demandante: José Agustín Ayala Barón Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

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En providencia del 16 de junio de 2023, el Tribunal Administrativo de Boyacá confirmó la decisión de primera instancia, bajo el argumento de que el demandante no podía beneficiarse de la sanción moratori a prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, debido a que «no resulta aplicable en el caso en concreto, esto teniendo en cuenta que los supuestos de hecho de las sanciones son de imposible ocurrencia para esta clase de servidores».

99 de la Ley 50 de 1990, debido a que «no resulta aplicable en el caso en concreto, esto teniendo en cuenta que los supuestos de hecho de las sanciones son de imposible ocurrencia para esta clase de servidores».

Luego, mediante la técnica distinguishing y empleando el mismo criterio de la SU 573 de 2019, determinó que no existe identidad fáctica entre el caso estudiado en la sentencia SU 098 de 2018 y el caso en concreto, debido a que, entre otras razones, (i) aquí el demandante sí fue afiliada al Fomag y (ii) las entidades accionadas no vulneraron los derechos fundamentales de l hoy accionante, pues «los recursos independientemente del momento en que fueron transferidos por parte del Ministerio responsable de su giro, se encuentra n a disposición de la docente para cuando pretenda su retiro parcial o definitivo ».

Indicó que tampoco existe identidad fáctica entre las providencias del 24 de enero de 20193 y del 10 de julio de 2020 4, proferidas por la Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación, y el caso sub lite, porque en aquellos casos , la entidad territorial incumplió su obligación de afiliar al demandante al FOMAG; omitió consignar las cesantías en su favor y, en consecuencia, no trasladó al FOMAG la responsabilidad respecto del pago de la prestación.

1.3. Argumentos de la tutela

A lo largo del escrito de tutela, de forma resumida, la parte actora sostuvo que el Tribunal Administrativo de Boyacá desconoció el precedente fijado por la Corte Constitucional en la sente ncia SU -098 de 2018, así como en 2 6 sentencias del

Tribunal Administrativo de Boyacá desconoció el precedente fijado por la Corte Constitucional en la sente ncia SU -098 de 2018, así como en 2 6 sentencias del Consejo de Estado, entre las cuales se destacan la sentencia de tutela del 29 de julio de 2019 y la SU -2013-00666 del 6 de agosto de 2020, en las que se determinó que la sanción moratoria prevista en el ar tículo 99 de la Ley 50 de 1990 sí resultaba aplicable a los docentes oficiales.

3 Sentencia del 24 de enero de 2019, ex p. 76001 -23-31-000-2009-00867-01, M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez. 4 Sentencia del 10 de julio de 2020, exp. 08001 -23-33-000-2014-00208-01, M.P. Sandra Lisset

Ibarra Vélez.Radicación: 11001-03-15-000-2023-04028-01

Demandante: José Agustín Ayala Barón Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

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Luego de hacer un recorrido histórico sobre el Fomag y su funcionamiento, adujo que, si bien los docentes gozan de un régimen especial, lo cierto es que, en virtud del principio de favorabilidad, se les debe aplicar la normativa del régimen general que consagra la sanción moratoria por la no consignación de las cesantías, esto es, la Ley 50 de 1990.

De otra parte, el accionante señaló que el ad quem no argumentó con claridad p or qué se apartó del precedente fijado en las 22 sentencias emitidas por el Consejo

es, la Ley 50 de 1990.

De otra parte, el accionante señaló que el ad quem no argumentó con claridad p or qué se apartó del precedente fijado en las 22 sentencias emitidas por el Consejo de Estado, pues lo único que expresó es que « existía unidad de caja en el manejo de los recursos del FOMAG y que no existe sentencia unificada, despreciando la masividad de sentencias expedidas por las 2 secciones que conforman la sección 2da del H.C.E.».

Agregó que, contrario a la decisión del Tribunal, la aplicación de la Ley 50 de 1990 a los docentes oficiales no desconoce el principio de inescindibilidad, pues, como se ha evidenciado, se aplica la norma de manera integral favoreciendo al docente oficial. Además, indicó que, al existir un vacío normativo, lo más lógico es llenarlo con la norma más favorable.

Asimismo, mencionó que la autoridad judicial accionada desconoc ió el principio de seguridad jurídica, toda vez que «existe una abierta discordancia. entre lo expresado por la Sección Segunda, en más de 22 ocasiones entre los años 2021, 2022 y 2023 y la decisión adoptada el 6/16/2023 por el Tribunal Administrativo de Boyacá, en el expediente radicado No. 15001333300420220002401 ».

Sostuvo que existe una sucesión de « irregularidades sustantivas » dentro de la decisión de segunda instancia emitida por el Tribunal Administrativo d e Boyacá.

Finalmente, citó 1 0 sentencias pr oferidas por diferentes juzgados administrativos del país, en las que, con fundamento en el principio de favorabilidad, se reconoció la sanción moratoria por la consignación tardía de las cesantías anuales a los

Finalmente, citó 1 0 sentencias pr oferidas por diferentes juzgados administrativos del país, en las que, con fundamento en el principio de favorabilidad, se reconoció la sanción moratoria por la consignación tardía de las cesantías anuales a los docentes demandantes, al amparo de lo dispue sto en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

2. Trámite impartido e intervenciones

2.1. Mediante auto del 31 de julio de 2023, el despacho sustanciador de primera instancia admitió la acción de tutela y ordenó que aquel se notificara a losRadicación: 11001-03-15-000-2023-04028-01

Demandante: José Agustín Ayala Barón Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

9

magistrados que integran el Tribunal Administrativo d e Boyacá , como parte demandada, y, como terceros con interés, al Juzgado Cuarto Administrativo de Tunja, al Ministerio de Educación Nacional , a la Fiduprevisora, en calidad de administradora del Fondo Nacional de Prest aciones Sociales del Magisterio – Fomag, y al departamento de Boyacá.

2.2. La Fiduprevisora, en calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio manifestó que las cesantías de los docent es no se administran en cuentas individuales, por cuanto el Fomag fue creado mediante la Ley 91 de 1989 bajo el principio de unidad de caja. En ese sentido, los valores que corresponden a las cesantías no se consignan, sino que « ya están presupuestados y t rasladados al fondo, desde el primer mes de cada vigencia».

unidad de caja. En ese sentido, los valores que corresponden a las cesantías no se consignan, sino que « ya están presupuestados y t rasladados al fondo, desde el primer mes de cada vigencia».

Solicitó que se declarara improcedente la tutela porque la autoridad judicial accionada decidió la controversia conforme a la normativa establecida y observó las garantías procesales.

2.3. El Tribunal Administrativo de Boyacá solicitó que se declarara improcedente la presente solicitud de amparo, debido a que la parte actora pretende reabrir el debate jurídico que se resolvió en sede ordinaria y, además, de la sola lectura de la sentencia de s egunda instancia, se advierte que la decisión fue razonada y abordó todos los reparos que presentó el hoy accionante en el recurso de apelación.

2.4. El Departamento de Boyacá pidió que se negara la acción de tutela. Para tal efecto, manifestó la Ley 50 de 1990 resulta inaplicable a los docentes oficiales afiliados al Fomag, puesto que estos tienen un régimen jurídico especial en materia de reconocimiento y pago de cesantías que no contempla la sanción moratoria.

Sostuvo que la sentencia SU -098 de 2018 no resulta vinculante, toda vez que no guarda identidad fáctica y jurídica con lo que se debate en este proceso, pues en aquel se trató de un docente nombrado en provisionalidad que nunca fue afiliado al Fomag.

Por último, indicó que no existía posición unificada en la jurisprudencia sobre el reconocimiento de la sanción moratoria consagrada en la Ley 50 de 1990 al sectorRadicación: 11001-03-15-000-2023-04028-01

Por último, indicó que no existía posición unificada en la jurisprudencia sobre el reconocimiento de la sanción moratoria consagrada en la Ley 50 de 1990 al sectorRadicación: 11001-03-15-000-2023-04028-01

Demandante: José Agustín Ayala Barón Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

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docente, pues el régimen general de cesantías consagrado en las Leyes 50 de 1990 y 52 de 1975 consagra la obligación de reconocer, liq uidar y pagar las cesantías a un fondo privado de cesantías hasta el 15 de febrero de cada año, generándose por el incumplimiento del plazo legal las sanciones establecidas en dichas normativas. Pero, insistió, dicho régimen no se aplica al sector docente, sino a los servidores afiliados a fondos privados de cesantías.

2.5. En memorial radicado el 11 de agosto de 2023, el apoderado del accionante insistió en los argumentos de la tutela.

2.6. Los demás sujetos procesales guardaron silencio .

3. Fallo impugnado

La Sección Primera del Consejo de Estado, en providencia del 25 de agosto de 2023, declaró improcedente la solicitud de amparo, por considerar que no cumple con el requisito de relevancia constitucional. Esto, debido a que (i) el accionante pretende convertir ese mecanismo constitucional en una instancia adicional al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 15001-33-33-0042022-00024-01, simplemente porque no está de acuerdo con la interpretación del

pretende convertir ese mecanismo constitucional en una instancia adicional al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 15001-33-33-0042022-00024-01, simplemente porque no está de acuerdo con la interpretación del juez natural, esto es, que el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 es inaplicable a los docentes oficiales, y no porque la providencia contenga alguna anomalía que exija la intervención del juez constitucional y (ii) el señor Ayala Barón planteó u na discusión de carácter legal e indudab lemente económico.

4. Impugnación5

La parte actora impugnó la anterior decisión, para lo cual reiteró los argumentos expuestos en la tutela y agregó que, contrario a lo establecido en el fallo de primera instancia, la acción de tutela sí cumple con el r equisito de la relevancia constitucional. Que, de hecho, en un caso similar, la Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado, en providencia del 23 de marzo de 2023, concedió el amparo solicitado.

5 Concedida mediante auto del 18 de septiembre de 2023, M.P. Hernando Sánchez Sánchez. Documento con id 11001031500020230402800005025100028, visible en el índice 2 3 del expediente digital cargado en el aplicativo Samai.Radicación: 11001-03-15-000-2023-04028-01

Demandante: José Agustín Ayala Barón Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

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II. CONSIDERACIONES

1. Problema Jurídico

Demandante: José Agustín Ayala Barón Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

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II. CONSIDERACIONES

1. Problema Jurídico

Corresponde a la Sala determinar si hay lugar a confirmar, modificar o revocar el fallo proferido el 23 de junio de 2023, por la Sección Primera del Consejo de Estado, mediante el cual se declaró improcedente la acción de tutela.

Para el efecto, primero se deber á analizar si en el caso concreto la solicitud de amparo cumplió con los requisitos generales de la tutela contra providencia judicial, particularmente, el de relevancia constitucional. Sólo en el evento de que se hubiera cumplido tal requisito , junto con los demás exigidos por la jurisprudencia, la Sala descenderá al análisis de fondo que corresponde, para establecer si la autoridad demandada vulner ó o no los derechos fundamentales invocados por la parte actora.

2. Análisis de la Sala

2.1. Del cumplimiento del requisito de relevancia constitucional, en relación con la supuesta falta de aplicación del artículo 99 de la Ley 50 de 1990

En sentencia del 5 de agosto de 2014, la Sala Plena de esta Corporación señaló que el requisito de la relevancia constituc ional tiene como finalidad (i) proteger la autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones. De ahí que, para determinar si una solicitud de amparo de tutela t iene o no relevancia constitucional, es necesario examinar dos elementos.

El primero de ellos consiste en que el actor cumpla su carga argumentativa, esto

determinar si una solicitud de amparo de tutela t iene o no relevancia constitucional, es necesario examinar dos elementos.

El primero de ellos consiste en que el actor cumpla su carga argumentativa, esto es, que justifique suficientemente la relevancia constitucional por la vulneración de derechos fund amentales. Debe tenerse en cuenta que para ello « [n]o basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales ».

El segundo hace referencia a que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, toda vez que este valioso mecanismo de estirpe constitucional fue creado para protegerRadicación: 11001-03-15-000-2023-04028-01

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derechos fundamentales y no para que las partes de un proceso judicial ventilen sus discrepancias con las providencias que allí se dicten.

Ciertamente, la tutela no puede convertirse en la instancia adicional de los procesos judiciales, pues los principios de seguridad jurídica y de coherencia del ordenamiento jurídico no permiten la revisión permanente y a perpetuidad de las decisiones de los jueces y, por tanto, no puede admitirse, sin mayores excepciones, la procedencia de la tutela contra providencias judiciales.

En el asunto que ocupa la atención de la Sala, se reclama la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia, con ocasión de la sentencia proferida el

En el asunto que ocupa la atención de la Sala, se reclama la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia, con ocasión de la sentencia proferida el 16 de junio de 2023 por el Tribunal Administrativ o de Boyacá, por medio del cual confirmó la sentencia dictada el 1º de noviembre de 2022, por el Juzgado Cuarto Administrativo de Tunja, que negó las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada por el señor José Agustín Ayala Barón.

En el fondo, el accionante alega que tiene derecho al reconocimiento y el pago de la sanción moratoria por la no consignación de sus cesantías, pues, en su criterio, se le debe aplicar el artículo 99 de la ley 50 de 1990, que sí consagra dich a sanción.

La Sala anticipa que, tal como lo concluyó el a quo, la acción de tutela no tiene vocación de prosperidad. Tal afirmación encuentra respaldo en las siguientes razones:

En primer lugar, la solicitud de amparo elevada por el señor Ayala Barón carece de relevancia constitucional, debido a que es evidente que la controversia que aquí se examina, en el fondo, es de carácter legal e indudablemente se direcciona a un debate de índole económico, pues se pretende el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la no consignación de sus cesantías.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia de unificación SU - 573 de 2019, revocó diferentes fallos en los que se negaron tutelas que pretendían el pago de la sanción moratoria por la no con signación de sus cesantías, para, en su

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia de unificación SU - 573 de 2019, revocó diferentes fallos en los que se negaron tutelas que pretendían el pago de la sanción moratoria por la no con signación de sus cesantías, para, en su lugar, declararlas improcedentes por falta de relevancia constitucional, precisamente porque consideró que comprendían discusiones económicas oRadicación: 11001-03-15-000-2023-04028-01

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patrimoniales para las cuales no estaba instituida este instrumento cons titucional.

Así lo indicó:

[L]a sanción moratoria por no consignación oportuna de las cesantías no es un derecho fundamental ni está ligada a la satisfacción de una garantía de naturaleza constitucional. La jurisprudencia de esta Corporación ha reconocido el carácter irrenunciable de las cesantías, como una prestación patronal de rango legal cuya finalidad es “auxiliar a la persona que se queda temporalmente sin trabajo” 6 . Por tanto, solo en la medida en que lo reclamado sea dicha prestación, la tutela de vendría procedente cuando se advierta que su falta de pago conlleva la vulneración del derecho al mínimo vital y a la seguridad social del trabajador. En consecuencia, cualquier pago adicional que no corresponda a la finalidad misma de las cesantías, sino a una penalidad para el empleador que no las consigna al fondo o las paga al trabajador en los términos solicitados