CE - 110010315000202304033001SENTENCIA20230927192725

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-04033-00

Referencia: Acción de tutela

ACTOR: GERMÁN CONTRERAS HERNÁNDEZ

TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO RESPECTO AL

DERECHO DE PETICIÓN PRESENTADO FRENTE A AUTORIDADES JUDICIALES.

DENIEGA EL AMPARO SOLICITADO RESPECTO A LA MORA JUDICIAL ALEGADA, TODA VEZ QUE NO SE HA INCURRIDO EN MORA JUDICIAL INJUSTIFICADA. EL EXPEDIENTE SE ENCONTRABA SURTIENDO EL TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA, POR LO QUE NO LE ERA POSIBLE AL A QUO RESOLVER EL

INCIDENTE DE REGULACIÓN DE HONORARIOS PROPUESTO.

DERECHO FUNDAMENTAL: DE PETICIÓN.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por el actor

contra la SALA DE CONJUECES DE LA SECCIÓN SEGUNDA DEL

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA 1 y la SALA DE CONJUECES DE LA SECCI ÓN SEGUNDA DEL CONSEJO DE ESTADO2 y su SECRETARÍA.

1 En adelante TRIBUNAL. 2 En adelante SECCIÓN SEGUNDA.2

DE CONJUECES DE LA SECCI ÓN SEGUNDA DEL CONSEJO DE ESTADO2 y su SECRETARÍA.

1 En adelante TRIBUNAL. 2 En adelante SECCIÓN SEGUNDA.2

NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2023-04033-00

ACTOR: GERMÁN CONTRERAS HERNÁNDEZ

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

I – ANTECEDENTES

I.1. La Solicitud

El señor GERMÁN CONTRERAS HERNÁNDEZ, actuando en nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de su derecho fundamental de petición, el cual, a su juicio, le fue vulnerado por el TRIBUNAL, la SECCIÓN SEGUNDA y su SECRETARÍA, por incurrir en presunta mora judicial, por cuanto no se ha resuelto el incidente de regulación de honorarios que presentó el 19 de diciembre de 2018, ni las peticiones que radicó el 17 de marzo de 2022 y el 13 de marzo de 2023, dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho identificada con el número único de radicación 250002325000-2010-00824-02.

I.2. Hechos

Afirmó que el señor ALBERTO VERGARA MOLANO suscribió contrato de prestación de servicios profesionales de abogado con el

250002325000-2010-00824-02.

I.2. Hechos

Afirmó que el señor ALBERTO VERGARA MOLANO suscribió contrato de prestación de servicios profesionales de abogado con el señor DANIEL GONZÁLEZ ARDILA, que tenía por objeto agotar la vía gubernativa y presentar la respectiva demanda ordinaria previ a conciliación extrajudicial ante la Procuraduría General de la Nación.3

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Señaló que el señor VERGARA MOLANO se obligó a pagar al abogado DANIEL GONZÁLEZ ARDILA por concepto de honorarios, la suma equivalente al veinte por ciento (20%) del total de los valores que se orden aran a pagar de manera retroactiva por concepto de diferencia de la bonificación por compensación por la administración o a través de la corresp ondiente sentencia judicial, conciliación, transacción o cualquiera de las formas que d iera por terminado el respectivo proceso ordinario.

Indicó que el 25 de junio de 2010, el abogado DANIEL GONZÁLEZ ARDILA le realizó cesión del contrato de prestación de servicios profesionales, con los mismos derechos y obligaciones ya pactados.

Manifestó que, pese a cumplir con todas las obligaciones pactadas en el respectivo contrato, haber actuado con diligencia y realizado todas

ARDILA le realizó cesión del contrato de prestación de servicios profesionales, con los mismos derechos y obligaciones ya pactados.

Manifestó que, pese a cumplir con todas las obligaciones pactadas en el respectivo contrato, haber actuado con diligencia y realizado todas las gestiones profesiona les encomendadas para la defensa de los intereses del señor VERGARA MOLANO, sin justificación alguna y sin acuerdo con relación al pago de los honorarios, el 6 de marzo de 2018 le fue revocado el mandato, encontrándose el proceso ordinario resuelto en primera instancia por el TRIBUNAL de manera favorable a los intereses del allí demandante.4

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Sostuvo que, por lo anterior, el 19 de diciembre de 2018 presentó incidente de regulación de honorarios ante el TRIBUNAL, petición que reiteró el 29 de agosto de 2019.

Adujo que el TRIBUNAL remitió el expediente al Consejo de Estado, con el fin de que se surtieran los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia de primera instancia, sin decidir el incidente de regulación de honorarios , no obstante, se le informó que esta Corporación se ocuparía del asunto.

Afirmó que el referido proceso fue radicado en el Consejo de Estado el 17 de octubre de 2019, bajo el número único de radicación 201000824-02.

Corporación se ocuparía del asunto.

Afirmó que el referido proceso fue radicado en el Consejo de Estado el 17 de octubre de 2019, bajo el número único de radicación 201000824-02.

Comentó que , al no existir pronunciamiento alguno frente al incidente de regulación de honorarios, el 17 de mar zo de 2022 , solicitó a la SECCIÓN SEGUNDA que se pronunciara al respecto.

Relató que el 20 de abril de 2022, la SECRETARÍA realizó el paso al Despacho del mencionado proceso, en el que adjunto el memorial mediante el cual solicitó pronunciamiento en cuanto al incidente de regulación de honorarios.5

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Sostuvo que la anterior petición fue reiterada el 13 de marzo de 2023, sin haber obtenido una respuesta a la fecha de la presentación de la acción de tutela de la referencia.

Finalmente, resaltó que no se ha proferido decisión alguna respecto al incidente de regulación de honorarios.

I.3 Fundamentos de la solicitud

A juicio de la parte actora, la s autoridades judiciales accionadas incurrieron en una mora judicial injustificada al no haber resuelto el incidente de regulación de honorarios interpuesto desde el 19 de diciembre de 2018, pese a haberse efectuado varios requerimientos sin obtener respuesta alguna.

incurrieron en una mora judicial injustificada al no haber resuelto el incidente de regulación de honorarios interpuesto desde el 19 de diciembre de 2018, pese a haberse efectuado varios requerimientos sin obtener respuesta alguna.

I.4. Pretensiones

El actor solicitó que se ampare su derecho fundamental de petición invocado como vulnerado y, en consecuencia:

“[…] se ordene a la Sala de Conjueces del H. Consejo de Estado, presidida por el doctor CARLOS MARIO ISAZA la resolución del Incidente de Regulación de Honorarios radicada por el suscrito desde el 19 de diciembre 2018 dentro del proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho radicado bajo el número 25000232500020100082402 […]”.6

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I.5. Defensa

I.5.1.- La SECCIÓN SEGUNDA adujo que la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para lograr dar impulso a asuntos que están a cargo de un despacho judicial, comoquiera que no es posible saltar el turno que corresponde a cada proceso sin ninguna razón que así lo amerite.

Sostuvo que contrario a lo advertido por el actor, la petición cuestionada no corresponde a una actuación administrativa sino judicial, de tal forma que su pretensión está encaminada a obtener

lo amerite.

Sostuvo que contrario a lo advertido por el actor, la petición cuestionada no corresponde a una actuación administrativa sino judicial, de tal forma que su pretensión está encaminada a obtener un pronunciamiento de la Sala relacionada con la liquidación de honorarios por la gestión que adelantó como apoderado judicial.

De otra parte, manifestó que el incidente de regulación de honorarios presentado ante el juez de primera instancia, no habilita per se la competencia del ad quem, por lo que no le corresponde a la segunda instancia resolver la petición de trámite que persigue el actor sino al juez que admitió la revocatoria del poder , pues es quien puede evaluar el trabajo profesional hasta ese momento r ealizado por el abogado, a través de un incidente que se tramita con independencia del proceso o de la actuación posterior.7

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Señaló que no se ha vulnerado derecho fundamental alguno del actor y menos el de petición, pues aun cuando no ha dado respuesta a su solicitud, ello se debe a las dificultades técnicas relacionadas con el manejo de SAMAI y lo correspondiente al expediente mixto, así como a las condiciones en las que los conjueces realizan su labor, pues el informe secretarial no especifica el contenido de las actuaciones que ingresan, de tal forma que la dinámica del trabajo impone el trámite de unas etapas relacionadas con la admisión del recurso de

a las condiciones en las que los conjueces realizan su labor, pues el informe secretarial no especifica el contenido de las actuaciones que ingresan, de tal forma que la dinámica del trabajo impone el trámite de unas etapas relacionadas con la admisión del recurso de apelación, siendo impensable que lleguen pendientes que debieron ser resueltos por el Juez de primera instancia.

Sin embargo, informó que una vez ingresó el expediente al Despacho se proyectó el fallo de segunda instancia, el cual fue aprobado por la Sala de Conjueces y se encuentra en proceso de notificación la respectiva decisión.

Resaltó que a quien corresponde resolver el incidente de regulación de honorarios es al a quo, una vez le sea enviado el expediente para lo de su cargo.8

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I.5.1.- La SALA TRANSITORIA DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA refirió que, a la fecha, no tiene certeza del estado del proceso ante el superior, como tampoco conoce las causas o motivos por las que se promovió el incidente de regulación de honorarios.

I.5.2.- El señor ALBERTO VERGARA MOLANO adujo que no es de tal acierto lo afirmado por el actor, toda vez que no se cumplió con todas las obligaciones pactadas en el contrato de prestación de

regulación de honorarios.

I.5.2.- El señor ALBERTO VERGARA MOLANO adujo que no es de tal acierto lo afirmado por el actor, toda vez que no se cumplió con todas las obligaciones pactadas en el contrato de prestación de servicios celebrado, lo que llevó a que se revocara el poder de forma justificada.

Comentó que dichas o bligaciones incumplidas se concretan en la ausencia de información respecto a la evolución del asunto encomendado, pese a múltiples solicitudes en las que se buscaba información real y actual del proceso desde hace poco más de cuatro (4) años previos a la revocatoria del mandato, situación que generó que se nublara la confianza depositada en el actor.

Agregó que el comportamiento contrario al obj eto del contrato, así como el descuido en su defensa dio lugar a que se afectara el trámite9

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del proceso ordinario que ha perdurado por más de diez (10) años, y con ello, los intereses patrimoniales y jurídicos perseguidos.

De otra parte, destacó que no existe vulneración alguna de los derechos fundamentales del actor y que, además, no tiene vocación de prosperidad el incidente de regulación de honorarios , máxime cuando este se promovió por fuera de los treinta (30) días siguientes

De otra parte, destacó que no existe vulneración alguna de los derechos fundamentales del actor y que, además, no tiene vocación de prosperidad el incidente de regulación de honorarios , máxime cuando este se promovió por fuera de los treinta (30) días siguientes a la revocatoria del ma ndato, situación que genera el rechazo de plano por extemporáneo.

Finalmente, solicitó que se le desvincule del presente trámite constitucional por no tener injerencia en los hechos que motivaron el presente asunto y, si bien lo tiene el juez constitucional, se ordene proceder al rechazo del incidente de regulación de honorarios.

I.5.3.- La DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL solicitó que se le declare la falta de legitimación en la causa por pasiva y se despachen desfavorablemente las pretensiones de la acción de tutela por ausencia de las causales procedibilidad.10

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IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 1983 de 30 de noviembre de 2017 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de 11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de las acciones de tutela entre las

de noviembre de 2017 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de 11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de las acciones de tutela entre las Secciones; y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Cuestión previa

Previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario precisar los extremos de la litis para efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión como el alcance del contenido de la sentencia.

La Sala advierte que tanto el señor ALBERTO VERGARA MOLANO

como la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN11

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JUDICIAL formularon petición de desvinculación en la presente acción de tutela.

Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001 de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva en los siguientes términos: “[…] En relación con la falta de le gitimidad por pasiva, esta Corporación en la Sentencia T -416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia

“[…] En relación con la falta de le gitimidad por pasiva, esta Corporación en la Sentencia T -416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretens ión de contenido material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares por la acción u omisión que provoque la viol ación de los12

Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares por la acción u omisión que provoque la viol ación de los12

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derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).

Y más adelante, en sentencia T -519 de 2001 M.P. Clara Inés Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que el demandado no es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).

Comoquiera que el incidente de regulación de honorarios objeto de debate tiene su origen en el contrato de prestación de servicios profesionales de abogado suscrito con el señor ALBERTO VERGARA MOLANO, la Sala concluye que a este le asiste interés en la decisión de la acción constitucional de la referencia.

Igual ocurre con la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL , ya que actuó como parte

MOLANO, la Sala concluye que a este le asiste interés en la decisión de la acción constitucional de la referencia.

Igual ocurre con la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL , ya que actuó como parte demandada dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho identificada con el número único de radicación 2010-0082402, esto es, dentro del proceso en el que se presentó el incidente de regulación de honorarios objeto del presente estudio.13

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Así las cosas, la Sala denegará las solicitudes de desvinculación , como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.

Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley 2591 de 19 de noviembre de 19913. Dicha acción se establece como instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el afectado no disponga de otros medios de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio irremediable.

instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el afectado no disponga de otros medios de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio irremediable.

Caso Concreto

En el presente caso, la parte actora instauró acción de tutela con el fin de obtener el amparo de su derecho fundamental de petición, el

3 "Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".14

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cual estimó vulnerado por el TRIBUNAL y la SECCIÓN SEGUNDA y su SECRETARÍA, por presunta mora judicial injustificada, por cuanto no se ha resuelto el incidente de regulación de honorarios que presentó el 19 de diciembre de 2018, ni las peticiones que radicó con el mismo fin el 17 de marzo de 2022 y el 13 de marzo de 2023 , dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho identificada con el número único de radicación 2010-00824-02.

En ese orden de ideas, corresponde a la Sala determinar si la s autoridades judiciales accionadas vulneraron el derecho fundamental de petición invocado por la parte actora, al incurrir en una presunta mora judicial injustificada dentro del proceso ordinario aludido y al

En ese orden de ideas, corresponde a la Sala determinar si la s autoridades judiciales accionadas vulneraron el derecho fundamental de petición invocado por la parte actora, al incurrir en una presunta mora judicial injustificada dentro del proceso ordinario aludido y al no dar respuesta a las solicitudes radicadas el 17 de marzo de 2022 y el 13 de marzo de 2023.

Antes de abordar el estudio del caso concreto, resulta pertinente hacer algunas precisiones respecto del derecho de petición ejercido ante autoridades judiciales.

Del derecho de petición instaurado ante autoridades judiciales15

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Frente al derecho de petición que se ejerce ante autoridades judiciales, esta Sala ha sido enfática en considerar que su amparo no resulta procedente por vía de acción de tutela, cuando lo que se pretende es obtener pronunciamientos por parte de un juez durante el curso de un proceso, pues para ello el legislador previó los trámites para lograr dicho cometido. De igual forma, el operador constitucional se encuentra en la obligación de determinar si el contenido de la solicitud persigue cuestiones netamente judiciales o administrativas, pues en caso de que sea el segundo evento, el amparo del mencionado derecho sí resulta procedente.

La Sala así lo precisó en sentencia de 17 de noviembre de 20174, en

contenido de la solicitud persigue cuestiones netamente judiciales o administrativas, pues en caso de que sea el segundo evento, el amparo del mencionado derecho sí resulta procedente.

La Sala así lo precisó en sentencia de 17 de noviembre de 20174, en la que se reiteró lo expuesto en providencia de 18 de junio de 2015, proferida dentro de la acción de tutela radicada bajo el número único de radicación 11001-03-15-000-2015-01196-00:

“[…] En relación con el derecho de petición presentado ante autoridades judiciales, esta Sala ha sido enfática en considerar que su amparo no resulta procedente por vía de acción de tutela, cuando lo que se pretende es obtener pronunciamientos por parte de un juez durante el curso de un proceso, pues para ello el legislador previó los trámites para lograr dicho cometido. De igual forma, el operador constitucional se encuentra en la obligación de determinar si el

4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 17 de diciembre de 2017, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación: 11001-03-15-0002017-02583-00.16

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contenido de la solicitud persigue cuestiones net amente judiciales o administrativas, pues en caso de que sea el segundo

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contenido de la solicitud persigue cuestiones net amente judiciales o administrativas, pues en caso de que sea el segundo evento, el amparo del mencionado derecho sí resulta procedente.

Así lo apreció la Sala en sentencia de 17 de julio de 2008, con ponencia del Magistrado doctor Marco Antonio Velilla Mo reno, proferida dentro de la acción de tutela radicada bajo el nro. 200800517, en la que se indicó lo siguiente:

En cuanto a la violación del derecho de petición, cabe resaltar que el criterio mayoritario de la Sala ha sido el de que no es procedente el ejercicio del derecho de petición como tal frente a autoridades judiciales en el curso de un proceso, por cuanto para ello el legislador ha establecido los procedimientos pertinentes mediante los cuales se tramitan los requerimientos de las partes en los procesos; y que acceder al reconocimiento de derechos de petición por fuera de los cauces procesales llevaría al caos a la administración de justicia, pues implicaría destinar gran parte del tiempo a responder solicitudes como la de la actora en detrimento de la actividad judicial.

En efecto, en sentencia de 11 de agosto de 2005 (Expediente núm. AC -2005-00304, Actor: Jorge Ignacio Cano Montoya, Consejera ponente doctora María Claudia Rojas Lasso), la Sala sostuvo:

“Es necesario precisar que en el presente asunto no se trata precisamente del ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política sino de un derecho de petición en el caso de un proceso judicial.

Acerca del alcance del derecho de petición solicitado a autoridades judiciales en el curso de un proceso, la Corte

el artículo 23 de la Constitución Política sino de un derecho de petición en el caso de un proceso judicial.

Acerca del alcance del derecho de petición solicitado a autoridades judiciales en el curso de un proceso, la Corte

Constitucional ha expresado:

“El derecho de petición no procede para poner en marcha el aparato judicial o para solicitar a un servidor público que cumpla sus funciones jurisdiccionales, ya que esta es una actuación reglada que está sometida a la ley procesal. Ahora bien, en caso de mora judicial puede existir transgresión del debido proceso y del derecho de acceso efectivo a la justicia; pero no del derecho de petición. Dentro de las actuaciones ante los jueces pueden distinguirse dos. De un lado, los actos estrictamente judiciales y, de otro lado, los actos administrativos. Respecto de éstos últimos se aplican las normas que rigen la administración, esto es, el Código Contencioso Administrativo. Por el contrario, las17

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peticiones en relación con actuaciones judiciales no pueden ser resueltas bajo los lineamientos propios de las actuaciones administrativas, como quiera que “las solicitudes que presenten las partes y los intervinientes dentro de aquél [del proceso] en asuntos relacionados con la litis tienen un trámite en el que prevalecen las reglas del proceso”. (Sentencia T-377 de 2000 MP

administrativas, como quiera que “las solicitudes que presenten las partes y los intervinientes dentro de aquél [del proceso] en asuntos relacionados con la litis tienen un trámite en el que prevalecen las reglas del proceso”. (Sentencia T-377 de 2000 MP

ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO)

Una cosa es el juez como autoridad administrativa y respecto de asuntos que no se encuentran bajo su estudio y decisión y otra muy distinta es el juez como autoridad judicial dentro del trámite de un proceso a su cargo.

En este último caso no es procedente el ejercicio del derecho de petición como tal, pues para ello el legislador ha establecido los procedimientos pertinentes mediante los cuales se tramitan los requerimientos de las partes en los procesos. Acceder al reconocimiento de derechos de petición por fuera de los cauces procesales llevaría al caos de la administración de justicia pues implicaría destinar gran parte del tiempo a responder solicitudes como la del accionante en detrimento de la actividad judicial.

Así lo ha reiterado la Corte Constitucional:

“Desde luego, como ya lo ha señalado la Corte, esto no es aplicable a las autoridades judiciales en el curso de los procesos, ya que éstos se rigen por las normas legales propias de cada uno, sin que sea lo adecuado impulsarlos mediante la formulación de peticiones en cada uno de los momentos procesales.” (Sentencia T -178-00. MP JOSÉ GREGORIO HERNANDEZ GALINDO) […]” (Negrillas y subrayas fuera del texto).

Asimismo, en reiterada jurisprudencia, la Corte Constitucional ha explicado que la jurisdicción en general ha sido entendida como la potestad del Estado para administrar justicia en ejercicio de su

Asimismo, en reiterada jurisprudencia, la Corte Constitucional ha explicado que la jurisdicción en general ha sido entendida como la potestad del Estado para administrar justicia en ejercicio de su soberanía, mediante el conocimiento y decisión de d iferentes asuntos; por ello, es que todos los jueces ejercen jurisdicción en nombre del Estado, pero en el marco de su competencia, la cual hace18

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referencia a la porción asignada a cada juez o Tribunal para su conocimiento.

Así lo consideró la Corte en sentencia C-154 de 2004:

“[…] Al respecto debe señalarse que la competencia de una autoridad judicial ha sido entendida como la porción, la cantidad, la medida o el grado de la jurisdicción que corresponde a cada juez o tribunal, mediante la determinación de los asuntos que le corresponde conocer, atendidos determinados factores (materia, cuantía, lugar, etc)5.

La Corte ha explicado, así mismo que la jurisdicción en general consiste en la potestad que tiene el Estado para administrar justicia en ejercicio de la soberanía de que es titular, mediante el cono