CE - 110010315000202304058011SENTENCIA20231018101817

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., diecisiete (17) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001-03-15-000-2023-04058-01

Accionante: Fernando Arévalo Carrascal Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda –

Subsección C Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – Improcedencia / – instancia adicional – la parte actora pretende reabrir el debate al no estar de acuerdo con lo decidido por el juez natural / SU BSIDIARIEDAD – no agotó el recurso extraordinario de revisión.

Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la parte actora en contra de la sentencia proferida el 24 de agosto de 2023, por el Consejo de Estado – Sección Quinta mediante la cual se resolvió declarar improcedente la acción de tutela.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos

1.- El 26 de julio de 2023, el señor Fernando Arévalo Carrascal interpuso demanda de tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección C, con el fin de que se dejara sin efectos la sentencia de 25 de enero de 2023 1 , proferida por dicha autoridad en el marco del proceso de nulidad y

Subsección C, con el fin de que se dejara sin efectos la sentencia de 25 de enero de 2023 1 , proferida por dicha autoridad en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho2 que promovió contra la Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho.

2.- Dicho proceso fue iniciado con el propósito de que se declarara la nulidad de las Resoluciones 484 del 11 de julio de 2016 y 0478 del 13 de julio de 2018 3, a través

1 Notificado el 30 de enero de 2023. 2 Radicado: 11001-33-42-049-2016-00718-01. 3 Con ese acto administrativo, se aclaró la resolución anterior, en el sentido de indicar que el señor Arévalo estaba vinculado al Viceministerio de Promoción de la Justicia.Radicación: 11001-03-15-000-2023-04058-01

Accionante: Fernando Arévalo Carrascal

Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección C Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

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de las cuales la entidad aceptó la renuncia del tut elante a partir del 12 de junio de

2016. La inconformidad planteada en ese momento se fundaba en que, según el demandante, no había renunciado y simplemente le manifestó al Ministro que “dejaba a su disposición el cargo que [venía] desempeñando como Director de la Dirección de Desarrollo del Derecho y del Ordenamiento Jurídico de este Ministerio”.

3.- El asunto le correspondió en primera instancia al Juzgado 49 Administrativo del Circuito de Bogotá, quien en sentencia de 16 de diciembr e de 2020 accedió a las

3.- El asunto le correspondió en primera instancia al Juzgado 49 Administrativo del Circuito de Bogotá, quien en sentencia de 16 de diciembr e de 2020 accedió a las pretensiones de la demanda, al considerar que los actos acusados se fundamentaron en un hecho errado, pues el demandante no manifestó de manera clara e inequívoca su intención de renunciar, máxime, cuando se encontraba pendiente de lo resuelto en una acción de tutela interpuesta por el Ministerio de Justicia relacionada con su reintegro. Bajo tal panorama, encontró demostrado que el demandante no presentó renuncia a su cargo, y al haber motivado la administración su acto de retiro en la causal de renuncia regularmente aceptada, cuando esta nunca se presentó, era dable declarar la nulidad de los actos demandados.

4.- Inconforme con la anterior decisión, la entidad demandada presentó recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda - Subsección C, quien por sentencia de 25 de enero de 2023 revocó la decisión del juez de primera instancia y negó las pretensiones. Estimó que, la manifestación hecha por el señor Arévalo Carrascal relacionada con poner a disposición su cargo, contiene una declaración explícita equivalente a la renuncia, es decir, que no se opone a su desvinculación y deja en libertad de su nuevo jefe la facultad de removerlo. Además, sostuvo que por la calidad del cargo que ostentaba el demandante -libre nombramiento y remoción-, podía ser desvinculado en cualquier momento, pues no requería la entidad solicitar la renuncia ni aceptarla, ya que podía declararlo insubsistente libremente, de allí que concluyó que lo ale gado por el

el demandante -libre nombramiento y remoción-, podía ser desvinculado en cualquier momento, pues no requería la entidad solicitar la renuncia ni aceptarla, ya que podía declararlo insubsistente libremente, de allí que concluyó que lo ale gado por el demandante no deja de ser una mera formalidad que no incide en lo sustancial del asunto, lo cual era el deseo de la entidad de prescindir de sus servicios.

5.- La parte actora manifestó que la autoridad judicial vulneró sus derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia, tutela judicial efectiva, debido proceso y trabajo en condiciones dignas, en la medida en que incurrió en los siguientes defectos:

6.- “Decisión judicial sin motivación – desconocimiento del precedente judicial y defecto fáctico”, en tanto el tribunal desconoció el precedente sobre la regularidad de toda renuncia, para ello citó los fallos proferidos por el Consejo de Estado, el 19 de abril de 2012, radicado 41001-23-31-000-1998-01061-02(0469-11) y, 12 de julio de 2012, radicado 05001 -23-31-000-1998-02319-01(0412-12). Posteriormente, expuso que el Tribunal se desligó del imperio de la ley el cual exige que toda renuncia debe ser escrita, inequívoca, l ibre y manifiesta, esto, al considerar que la cartaRadicación: 11001-03-15-000-2023-04058-01

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enviada al Ministro de turno en la cual ponía a su disposición el cargo, era un acto de renuncia.

7.- “Defecto sustantivo - decisión judicial sin motivación - desconocimiento del precedente y defecto fáctico”, porque se incurrió en una grave y deficiente motivación de la sentencia al dar por demostrado, sin estarlo, que el demandante sí presentó renuncia al cargo que ejercía, extrayendo del escrito dirigido al nuevo Ministro lo que nunca existió: una manifestación inequívoca, libre y espontánea de renunciar.

8.- “Defecto fáctico y sustantivo ”, en tanto se valoró de forma arbitraria la carta en la cual dejó a disposición del nuevo Ministro su cargo, pues de esta no se puede concluir su renuncia. Sumado a ello, adujo que estando el demandante cobijado por una sentencia que había ordenado recientemente su reintegro al cargo, mal podía renunciar al mismo, por lo que consideró que hubo una deficiente interpretación por parte del tribunal al haber presumido que se presentó una renuncia explícita.

9.- “Defectos fáctico y sustantivo y decisión sin motivación ”, toda vez que el tribunal esbozó argumentos que no tenían nada que ver con el problema jurídico debatido, el cual era la exigencia de que toda renuncia debe ser escrita, inequívoca, libre y espontánea y, consecuentemente si hubo o no renuncia de su parte ; pues, a

debatido, el cual era la exigencia de que toda renuncia debe ser escrita, inequívoca, libre y espontánea y, consecuentemente si hubo o no renuncia de su parte ; pues, a su juicio, se discutió el asunto de los cargos de libre nombramiento y remoción, las facultades discrecionales del nominador frente a ese tipo de cargos, el fuero de estabilidad y el cumplimiento de funciones del demandante, cuando aquello no era el objeto de debate, situación que considera carente de congruencia

10.- Por último, informó que interpuso oportunamente el recurso extraordinario de revisión contra la sentencia censurada, estando a la espera de su trámite legal, “que resulta demorado” , por lo que acude a la presente acción como mecanismo transitorio, máxime cuando continúa en el tiempo la afectación de los de rechos fundamentales invocados.

B. Sentencia de primera instancia

11.- Mediante providencia del 24 de agosto de 2023 4, el Consejo de Estado – Sección Quinta declaró improcedente la soli citud de amparo, al considerar que el asunto no cumplía con el requisito de relevancia constitucional, en la medida en que al revisar el escrito que dio origen a la acción de tutela pudo colegir que la parte actora pretende reabri r el debate zanjado por el juez ordinario por no estar de acuerdo con la interpretación dada a su escrito de renuncia.

12.- Concluyó que los defectos invocados por el tutelante fueron orientados a controvertir la valoración otorgada al escrito en el que dejó a disposición su cargo

4 Notificada el 28 de agosto de 2023.Radicación: 11001-03-15-000-2023-04058-01

controvertir la valoración otorgada al escrito en el que dejó a disposición su cargo

4 Notificada el 28 de agosto de 2023.Radicación: 11001-03-15-000-2023-04058-01

Accionante: Fernando Arévalo Carrascal

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ante el nuevo Ministro de Justicia y del Derecho, para efectos de que se entendiera que el juez nat ural debió optar por interpretar que la manifestación en mención no constituía los elementos de una renuncia libre, clara y espontánea; por lo cual , más allá de plantear una discusión sobre el alcance de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados, pretende reabrir el debate surtido en sede ordinaria; por lo que, a su juicio, no existe una argumentación tendiente a demostrar la grave violación de los derechos fundamentales invocados y solo se plantea un desacuerdo con el análisis probatorio.

C. La impugnación

13.- En desacuerdo con lo anterior, la parte accionante interpuso impugnación en la cual reiteró lo indicado en la demanda. Adicionó que su solicitud de amparo sí cumple con el requisito de relevancia constitucional, pues el tribunal vulneró los derechos invocados, al adoptar una providencia que se aparta ostensiblemente de la línea jurisprudencial sobre la regularidad de las renuncias que exige sean escritas, libres, inequívocas, espontáneas, sin apremio ni vicios del consentimiento, por lo que mal se pudo aceptar una interpretación que se opone totalmente a ello.

jurisprudencial sobre la regularidad de las renuncias que exige sean escritas, libres, inequívocas, espontáneas, sin apremio ni vicios del consentimiento, por lo que mal se pudo aceptar una interpretación que se opone totalmente a ello.

14.- Agregó que no es cierto que el asunto se qued a en el plano legal, ya que ello trasciende a lo constitucional por violar los derechos al trabajo en condiciones dignas y justas, debido proceso sustancial a ser juzgado conforme a las leyes preexistentes y mediante una motivación debida y en derecho, no caprichosa, atendible jurídicamente, seria y suficiente, lo cual a su juicio no sucedió. También sostuvo que el asunto no contiene una pretensión económica, sino que todo va encaminado a la protección de sus derechos fundamentales.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

D. Competencia

15.- La Sala es competente para conocer de la impugnación, en virtud de lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.

E. Análisis del caso concreto

16.- Del escrito de tutela y la impugnación se puede concluir que los reproches del accionante se concretan en dos cuestiones específicas: (i) la valoración realizada por el Tribunal sobre el escrito en el que dejó a disposición su cargo ante el Ministro de Justicia y del Derecho, que luego sirvió de sustento para proferir las resoluciones en las que se aceptó su renuncia y, (ii) la indebida motivación del fallo acusado, ya que el tribunal esbozó argumentos que no tenían nada que ver con el problema

en las que se aceptó su renuncia y, (ii) la indebida motivación del fallo acusado, ya que el tribunal esbozó argumentos que no tenían nada que ver con el problema jurídico debatido, generando un problema de congruencia.Radicación: 11001-03-15-000-2023-04058-01

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17.- Teniendo claro lo anterior, la Sala considera que el asunto carece de relevancia constitucional, frente al primer punto de debate, pues, se advierte que la parte actora pretende convertir el amparo constitucional en una instancia adicional al proceso ordinario, al no estar de acuerdo con la decisi ón adoptada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección C. Adicional a ello no se acredita el presupuesto de la subsidiariedad en lo que se refiere al segundo argumento, en la medida en que el actor puede hacer uso del recurso extraordinario de revisión para cuestionar la supuesta falta congruencia del fallo, aunado a que no advierte un perjuicio irremediable que haga procedente este mecanismo de forma transitoria.

18.- Así las cosas, respecto de la valoración realizada al escrito de l 1 de junio de 2016, a través del cual el actor dejó a disposición su cargo ante el Ministro de Justicia y del Derecho, como ya se mencionó, esta Sala de Subsección considera que el accionante pretende reabrir el debate al no estar de acuerdo con la decisión, pretendiendo imponer su visión de las cosas, y el análisis e interpretación que, a su

y del Derecho, como ya se mencionó, esta Sala de Subsección considera que el accionante pretende reabrir el debate al no estar de acuerdo con la decisión, pretendiendo imponer su visión de las cosas, y el análisis e interpretación que, a su juicio, debió dársele al mentado escrito.

19.- Por interesar a la causa, se traerán a colación apartes del fallo cuestionado -25 de enero de 2023-:

<< (…) CASO CONCRETO:

En el sub examine se encuentra demostrado que en cumplimiento a fallo judicial proferido por este Tribunal, por Resolución No. 0549 del 8 de agosto de 2013, el Ministerio de Justicia y del De recho dispuso reintegrar al señor Fernando Arévalo Carrascal para desempeñar el cargo de Director Técnico, Código 0100, Grado 23 de la Dirección de Política Criminal y Penitenciaria de la Planta Global del Ministerio de Justicia y del Derecho (cargo de libre nombramiento y remoción), posesionándose en el mismo el 16 de agosto de 2013.

Posteriormente, a través de Resolución No.0020 del 16 de enero de 2014, se ordenó el traslado del accionante para desempeñar el cargo de Director Técnico, código 0100 grado 2 3 de la planta global en la Dirección de Desarrollo del Derecho y del Ordenamiento Jurídico del Viceministerio de Promoción de la Justicia, cargo que no se discute, sea de libre nombramiento y remoción, tomando posesión el 20 de enero de 2014.

El 1 de junio de 2016, el demandante manifestó al Ministro de Justicia de ese entonces:

discute, sea de libre nombramiento y remoción, tomando posesión el 20 de enero de 2014.

El 1 de junio de 2016, el demandante manifestó al Ministro de Justicia de ese entonces: “Con la presente, le manifiesto mi respetuosa felicitación y satisfacción por su nombramiento como Ministro de Justicia y del Derecho y, en concordancia con ello, pongo a su dispo sición el cargo que vengo desempeñando como Director de la Dirección de Desarrollo del derecho y del Ordenamiento Jurídico de este Ministerio (…)”.

Por Resolución No.0464 del 11 de julio de 2016 corregida a través de Resolución No. 478 del 13 de julio de 2016, se aceptó una renuncia presentada por el actor al cargo de Director Técnico, código 0100 grado 23 de la Dirección de Desarrollo del DerechoRadicación: 11001-03-15-000-2023-04058-01

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y Ordenamiento Jurídico del Ministerio de Justicia y del derecho del Despacho del Viceministerio de Promoción de la Justicia.

Así se tiene que en el presente asunto, el punto de discusión consiste en que en concepto de la parte actora, el escrito del 1 de junio de 2016 colocando a disposición del Ministro entrante el cargo que ocupara para ese entonces, no contie ne las características de una renuncia, porque él nunca tuvo la intención de dimitir a su cargo, ni prestó su consentimiento para renunciar a éste, se repite lo pretendido fue colocarlo

del Ministro entrante el cargo que ocupara para ese entonces, no contie ne las características de una renuncia, porque él nunca tuvo la intención de dimitir a su cargo, ni prestó su consentimiento para renunciar a éste, se repite lo pretendido fue colocarlo a disposición, y dada tales circunstancia, las resoluciones que aceptaron una renuncia, que según él no presentó adolecen de nulidad. Dicha tesis fue acogida por el a quo, que atendió las pretensiones de la demanda.

En efecto de los hechos narrados en la demanda, se sabe que el 1 de junio de 2016, el Secretario General del Ministerio de Justicia y del Derecho Dr. Álvaro Gómez Trujillo, le solicitó la renuncia a todos los empleados del nivel Directivo y Asesor incluido el actor por detentar un cargo de esta categoría , lo que se corrobora con el dicho de la testigo Gloria Inés Córdoba Rocha (atrás trascrito) cuando indicó:” PREGUNTADO: Le pregunto, si sabe usted, si al Señor Fernando Arévalo Carrascal le exigieron la renuncia al cargo que ocupaba en el Ministerio demandado, en caso afirmativo cuál fue la reacción del señor Arévalo Carrascal frente a dicho pedimento. CONTESTO: Supimos que le habían solicitado de la renuncia protocolaria a todos los directores por medio del cual él me pidió el favor de que pusiéramos a disposición ese cargo”.

De ahí, que se entiende que en principio una vez hubo cambio de nominador se sugirió la renuncia, es decir aquella conocida como protocolaria, en razón a la naturaleza del cargo que d esempeñaba el demandante que era de libre nombramiento y remoción. Ese cargo de director, era un cargo de alta dirección que requiere plena

la renuncia, es decir aquella conocida como protocolaria, en razón a la naturaleza del cargo que d esempeñaba el demandante que era de libre nombramiento y remoción. Ese cargo de director, era un cargo de alta dirección que requiere plena confianza del nominador, y dada tal condición estaba sometido a la discrecionalidad con la que cuenta el nominador para integrar sus grupos de trabajo de acuerdo a las necesidades del servicio y los diseños institucionales de dirección cuando ocurre un cambio de gerencia en una entidad del Estado.

Dicha facultad potestativa, se presume ejercida en aras del b uen servicio, facultando al nominador a disponer discrecionalmente y en cualquier momento el retiro de sus colaboradores a través de la causal prevista en la ley denominada insubsistencia, siempre conforme a los fines de la norma que la autoriza y en propo rcionalidad a los hechos que le sirven de causa. Así mismo, le permite en un momento dado insinuar la presentación de la renuncia, en aras de no hacer uso de la facultad discrecional y procurar un retiro decoroso del servidor . Siendo un proceder que se encuentra autorizado legalmente en favor de la administración en relación con los cargos de libre nombramiento y remoción, que se supone ampliamente conocido por las personas que prestan el servicio al Estado bajo la mencionada calidad.

Vista desde esta ópti ca la solicitud para la presentación de renuncia, lejos de ser un acto de presión, intimidación o arbitrariedad hacia el demandante, se constituye en una manifestación cortés de la decisión tomada por el nominador de considerar su retiro por un medio legal e idóneo, toda vez que los cargos de libre nombramiento y remoción no le otorgan al empleado fuero de estabilidad alguno.

manifestación cortés de la decisión tomada por el nominador de considerar su retiro por un medio legal e idóneo, toda vez que los cargos de libre nombramiento y remoción no le otorgan al empleado fuero de estabilidad alguno.

Así entonces, no es ilegal que el nominador al querer reformar sus equipos de trabajo haya solicitado al actor la presentación de s u renuncia, si lo hizo; ello encuentra justificación en la naturaleza del cargo y la discrecionalidad, facultad ampliamente conocida por el actor desde el momento mismo de su designación y posesión como Director, sin que el hecho de ordenar su reintegro judicialmente en el 2013, y a lo cualRadicación: 11001-03-15-000-2023-04058-01

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la entidad dio cumplimiento cabalmente y el trámite de la impugnación del fallo tutela, que a diferencia del a quo, se determinó se encuentra en firme sin que exista decisión pendiente por proferir, haga inamovible al actor en el cargo de Director Técnico, código 0100 grado 23 de la Dirección de Desarrollo del Derecho y Ordenamiento Jurídico del Ministerio de Justicia y del derecho.

Ahora bien, retomando el cauce del asunto, se tiene que el 1° de junio de 2016, el Secretario General del Ministerio de Justicia y del Derecho sugirió la renuncia protocolaria a los servidores de los niveles directivos y asesor, dentro de los que se incluye el actor, pero a cambio de presentarla, éste en su condición de Director optó

Secretario General del Ministerio de Justicia y del Derecho sugirió la renuncia protocolaria a los servidores de los niveles directivos y asesor, dentro de los que se incluye el actor, pero a cambio de presentarla, éste en su condición de Director optó por colocar a disposición su cargo, proceder que a modo de ver de la Sala buscó hacer incurrir en error a la administración, que interpretó que con la comunicación escrita presentada el mismo día en que se solicitará la renuncia, dio respuesta aceptándola ante la manifestación del actor al expresar se dispusiera del cargo por él ocupado y en tal virtud, el nominador decidió designar en su remplazo a la Dra. Diana Remolina, según lo informado por la testigo Gloría Inés Córdoba Rocha, pues de lo contrario lo procedente sería haberlo declarado insubsistente.

Es decir, que esa manifestación de poner a disposición el cargo, conlleva una declaración explícita equivalente a la renuncia, esto es, anuncia que no se opone a su desvinculación y deja en libertad al nuevo jefe, y así lo entendió la administración. Lo sustancial es la facultad de removerlo, ya sea declarándole insubsistente, nombrando un reemplazo o aceptando una renuncia. En efecto, es sabido que la necesidad de cambiar el personal de confianza por el nuevo jefe de la entidad con la finalidad de conformar un equipo de trabajo que considera tiene la capacidad de desarrollar sus proyectos y programas. En este caso, el querer del servidor de permanecer en el cargo, cede ante la facultad que tiene la administración de prescindir de sus servicios…

En el mismo sentido, entre otras, sentencia de 25 de marzo de 2010, C.P., Luis Rafael Vergara Quintero, rad. 7716-05. En otra ocasión…

cede ante la facultad que tiene la administración de prescindir de sus servicios…

En el mismo sentido, entre otras, sentencia de 25 de marzo de 2010, C.P., Luis Rafael Vergara Quintero, rad. 7716-05. En otra ocasión…

Se desprende, que en los empleos de libre nombramiento y remoción la insinuación de la pr esentación de la renuncia no es ilegal. Que por la naturaleza del cargo, y la necesidad del jefe de la entidad de conformar su equipo de trabajo y de permitirle al funcionario una salida ajena a cualquier connotación negativa que tiene la decisión de que su cargo sea declarado insubsistente.

Así la voluntad de dejar en libertad al nominador para reorganizar la entidad, ya sea poniendo a disposición el cargo o renunciando, para que la Administración en un acto de cortesía, para no hacer uso de la facultad discrecional de la que se encuentra investido el nominador, sobre todo cuando se halla frente a un empleado que no goza de fuero de estabilidad.

En otras palabras, con o sin la manifestación hecha, dado que el actor como empleado que servía bajo la modalidad de libre nombramiento y remoción, podía ser desvinculado en cualquier momento, no requería la entidad solicitar la renuncia ni aceptarla, pues pudo declararlo insubsistente libremente, de allí que lo alegado por el demandante no deja de ser una mera formalidad que no incide en lo sustancia l del asunto, como era el deseo de prescindir de sus servicios.Radicación: 11001-03-15-000-2023-04058-01

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En este punto, frente al ejercicio laboral la parte actora y sus calidades laborales y profesionales, su alto desempeño y compromiso con la entidad ampliamente expuesto por las deponentes, recuérdese que era su obligación constitucional y legal desempeñarse adecuadamente, dado que toda persona que sirve al Estado debe cumplir altos estándares de eficiencia y servicio calificado. Tal exigencia no genera a su favor un factor de ina movilidad o fuero de permanencia en los cargos de libre nombramiento y remoción; ello solo indica el ejercicio responsable y comprometido en su desempeño laboral conforme a su obligación constitucional y legal de realizar un trabajo diligente, con óptimos resultados y con excelencia a nombre de la institución donde laboró.

De otra parte, se resalta que, desde el inicio, esto es, desde que ingresó a la entidad, el actor conocía su vínculo de libre remoción por parte del nominador, razón por la cual no es ra zonable que pese a ello, con su escrito y en busca de obtener decisión diferente a su retiro en cuanto a que el nuevo nominador reconsiderara la postergación de su nombramiento, ello no desplaza las características que por ley están otorgadas a un cargo de libre nombramiento y libre remoción, cuyos titulares pueden ser retirados a discreción.

En suma y por lo expuesto, la Sala acoge los argumentos presentados por la apoderada de la demandada en el recurso de alzada. En consecuencia, se revocará

a discreción.

En suma y por lo expuesto, la Sala acoge los argumentos presentados por la apoderada de la demandada en el recurso de alzada. En consecuencia, se revocará la decisión del a quo que accedió a las pretensiones de la demanda, y, por tanto, se revocará el fallo impugnado y se negarán las pretensiones de la demanda (…)>>.

20.- En consonancia con lo anterior, la Sala advierte que la autoridad accionada hizo un análisis completo , adecuado y coherente del caso, empleando las normas y jurisprudencia actual relacionada s con el asunto, y sin desconocer o darle una interpretación irracional a las pruebas allegadas al plenario, específicamente, a la carta en la que el actor dejó a disposición del nuevo Ministro el cargo que ejercía ; pues con base en ello, pudo determinar bajo el principio de libre valoración de la prueba, que el escrito de 1 de junio de 2016 , que el señor Arévalo presentó ante el nuevo Ministro conllevaba una declaración explícita equivalente a su renuncia, pues no solo lo presentó el mismo día en el que había pedido la renuncia protocolaria a los servidores de los niveles directivos y asesor, dentro de los que se incluía el actor, sino que en la misma anunció que no se oponía a su desvinculación; todo lo cual hizo entender a la administración que se trataba de un acto de renuncia.

21.- Así las cosas, esta Sala de Subsección observa que el actor centr ó su inconformidad en la valoración que se le hizo al mencionado escrito, para efectos de que se entienda que el juez natural debió optar por interpretar que la manifestación

21.- Así las cosas, esta Sala de Subsección observa que el actor centr ó su inconformidad en la valoración que se le hizo al mencionado escrito, para efectos de que se entienda que el juez natural debió optar por interpretar que la manifestación hecha en su carta no contenía los elementos de una renuncia libre, clara y espontánea; cuando es claro sustraer de la lectura del fallo enjuiciado, que el tribunal realizó un estudio que contempló de manera global y completa el asunto, valorando las pruebas allegadas al plenario de manera armónica, con el contexto en el que el actor presentó su escrito, llegando a la conclusión antes descrita. Así, es claro que la autoridad judicial accionada no limitó su análisis a la literalidad del escrito , como lo pretende el demandante, sino que tuvo en cuenta el conjunto de pruebasRadicación: 11001-03-15-000-2023-04058-01

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aportadas al proceso, y las situaciones que se acreditaron con las mismas. En este punto, se recuerda, que todo proceso judicial debe ser una correlación de todas las pruebas allegadas al plenario, y no un análisis parcial de las que favorezcan solo a una de las partes de la litis.

22.- En razón a ello, se observa que el tribunal expuso ampliamente las razones por las cuales, en su criterio, la manifestación del actor elevada ante el Ministro entrante podía considerarse como una “renuncia” a su cargo, sustentando tal decisión en

22.- En razón a ello, se observa que el tribunal ex